Demian Reidel presentó su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares del país, en medio de investigaciones y denuncias que cuestionan su gestión. La dimisión fue confirmada por fuentes oficiales y se produce tras una serie de señalamientos vinculados a presuntas irregularidades en contratos y manejo de recursos.
El funcionario, que había asumido el cargo en abril de 2025, era considerado uno de los colaboradores cercanos al presidente Javier Milei dentro de la estructura estatal. Su salida se da en un contexto de creciente presión interna y cuestionamientos sobre la administración de la compañía.
Denuncias por presuntos sobreprecios y contratos bajo investigación
La renuncia se produce luego de que se multiplicaran las críticas internas y sindicales por presuntas irregularidades en procesos de contratación. Entre los principales cuestionamientos, se menciona un contrato tecnológico cuyo monto habría pasado de u$s600.000 a u$s7 millones, lo que generó dudas sobre la transparencia en las adjudicaciones.
Además, Reidel quedó bajo sospecha por investigaciones vinculadas a presuntos manejos irregulares de fondos y contratos con sobreprecios, lo que profundizó el clima de tensión dentro de la empresa estatal.
Durante las últimas semanas, también se registraron denuncias relacionadas con procesos de licitación y contratación de servicios en las centrales nucleares, lo que derivó en la suspensión de otros directivos y aumentó la presión sobre la conducción de la compañía.
Nuevo directorio en Nucleoeléctrica: quiénes son las autoridades designadas
Tras la salida de Reidel, este lunes se realizó la Asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina, en la que se definió la nueva estructura de conducción de la empresa.
Juan Martín Campos fue designado como nuevo presidente de la compañía, mientras que Martín Porro asumirá el cargo de vicepresidente.
El nuevo directorio estará integrado además por Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun como directores titulares. En tanto, José Ignacio Bruera Grifoni y Juan Cantarelli fueron designados como directores suplentes.
La conformación del nuevo equipo apunta a reorganizar la conducción de la empresa y asegurar el funcionamiento operativo de las centrales nucleares, en un contexto marcado por investigaciones internas y cambios en la estructura directiva.
Un nuevo capítulo en la conducción de la empresa estatal nuclear
La salida de Reidel se suma a una serie de cambios en áreas estratégicas del sector público y ocurre en un escenario de cuestionamientos sobre la gestión de empresas estatales y sus mecanismos de contratación.
La designación del nuevo directorio busca restablecer la conducción institucional de Nucleoeléctrica y garantizar la continuidad de las operaciones en un sector clave para la infraestructura energética del país.
En los últimos días de noviembre de 2024, luego de un cónclave celebrado entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron, se acordó la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind para Prefectura, en una operación que ronda los u$s2.000 millones.
A esas precisiones, tal y como informó Ámbito, se sumó otra que no cayó nada bien en la industria naval argentina: el encargado de construirlos será la fábrica francesa Naval Group, de capitales privados y con participación mayoritaria estatal. Sin embargo, la inestabilidad económica y financiera que aqueja a la Argentina, lo que quedó de manifiesto durante los meses preelectorales más allá del bloque discursivo oficialista, impidió que se avanzase en la operación.
Ahora, cuando todo parecía diluirse, en las últimas semanas, fue el propio Milei quien puso nuevamente el tema en agenda al mencionar ante la prensa extranjera que ya estaba tomada la decisión política de efectuar la compra. Cabe señalar que desde el hundimiento del Ara San Juan en noviembre de 2017, mientras realizaba tareas de inteligencia, la fuerza submarina argentina se encuentra inactiva.
Macron, en su visita a la Argentina con Milei en Casa Rosada.
No obstante, un elemento escapa al radar de la discusión pública: las numerosas denuncias internacionales por sobornos que tiene la mencionada empresa francesa desde fines del siglo XX hasta el presente. Más allá de los sucesivos cambios de nombre y los casos de corrupción en, por caso, Pakistán, Malasia y una llamativa filtración en India, las acusaciones incluyeron el contrato por cinco submarinos rubricado con Brasil en el marco del Lava Jato.
Las investigaciones, en la mayoría de los casos, apuntaron al rol de funcionarios públicos e intermediarios en los pagos de sobornos para obtener beneficios. Esas denuncias lograron que en 2017 la empresa francesa encabezara el Ranking de Corrupción Militar, de acuerdo con el Compendium of Arms Trade Corruption del Fletcher School (Tufts University), realizado para World Peace Foundation.
Cuando Ámbito consultó al Ministerio de Seguridad, en momentos en que aún era conducido por la hoy senadora Patricia Bullrich, sobre los motivos de la elección del astillero francés para, en su caso, la construcción de las lanchas, no obtuvo respuesta. Nada ha cambiado ya que quien la reemplazó, Alejandra Monteoliva, oficiaba como su lugarteniente. En el medio, se presentó una denuncia por licitación direccionada.
Sobre la espalda de Bullrich pesa el informe, de noviembre de 2024, de la Auditoría General de la Nación, la cual cuestionó la compra, mediante contratación directa, de cuatro lanchas a Israel tanto por el sobreprecio como por la opacidad en el desarrollo de la operatoria.
En esa línea, Argentina acaba de aprobar el financiamiento para comprar de manera directa cuatro helicópteros navales livianos por 71 millones de Euros, gracias a un préstamo de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, según informó el decreto 924, emitido el 26 de diciembre de 2025.
Cuadernos
Las denuncias de corrupción contra el mencionado astillero francés no comenzaron durante este centenio sino en el anterior. Ya en 1994, cuando Francia vendió tres submarinos a Pakistán, el fabricante estatal DCNS (hoy Naval Group) habría pagado 51 millones de euros en sobornos a los responsables políticos de ese país. A su vez, el astillero fue acusado de abonar 33 millones de euros a los intermediarios Ziad Takieddine y Abdul Rahman El-Assir, quienes a su vez son acusados de desviar los fondos hacia la fallida campaña presidencial de 1995 de Eduard Balladur en Francia.
Jean Guisnel, el principal especialista sobre el sistema de corrupción estatal que tiene a DCNS en el centro, lo describió como parte de “la naturaleza rutinaria y sistemática” de las prebendas. Por ejemplo, Guisnel contó y documentó que “entre 1991 y 2002, DCNS vendió barcos por un valor de 60.000 millones de francos (9.150 millones de euros), de los cuales entre un 8 y un 10 por ciento, es decir entre 732 y 915 millones de euros, se pagaron en Frais Commerciaux Exceptionelles (los FCE son gastos comerciales excepcionales). Estos pagos se destinaron a supuestos agentes y lobistas, quienes los redistribuyeron a sus beneficiarios finales. Se denominaba FCE a los pagos de comisiones, es decir, sobornos, que hasta la adhesión de Francia a la Convención de la OCDE contra la Corrupción en 1999 no solo eran legales, sino también deducibles de impuestos. Además, en algunos de los casos de la década de 1990, el pago de dichas comisiones se cargó a la agencia estatal francesa de exportación de armas, SOFRIMA, por lo que era una práctica habitual”.
Guisnel cuenta, en su libro “Armes de corruption massive”, que, durante un allanamiento que se produjo en 2008 en las oficinas de DCNS, se encontró un cuaderno de uno de los exdirectores financieros de la empresa, en el que se describe puntillosamente los procesos de comercialización y sobornos de los buques que fabricaba DCNS.
Ya en el siglo XXI, uno de los casos internacionales más resonantes se dio a raíz de la venta de submarinos a Malasia en 2002, que mucho después, en 2024, hizo que, en la propia Francia, la Fiscalía Nacional Financiera solicitara que Thales y DCNI (el ala internacional de DCNS), tres exejecutivos y un intermediario, sean llevados a juicio por sospecha de corrupción en la venta de submarinos.
Puntualmente, fueron acusados de sobornar al ministro de Defensa de Malasia, Najib Razak, para asegurarse de que eligiera la oferta francesa. De acuerdo con la documentación en poder de la Fiscalía, la empresa Terasasi, de escasa entidad y para la que no se encontró ningún trabajo de consultoría durante los registros de Thales y DCNI, habría servido como vehículo legal para realizar sobornos. Es más, un exfuncionario de la DCNI admitió durante la investigación que Terasasi era una empresa fantasma utilizada para evitar contratos directos con Abdul Razak Baginda, que habría oficiado como intermediario. Según el fiscal, esto se hizo para mantener la apariencia de cumplimiento de las normas anticorrupción.
En 2016, DCNS fue objeto de críticas por la filtración de un conjunto de planos e información sobre la capacidad de combate y sigilo de los seis submarinos Scorpene de la India. Los planos fueron presuntamente robados por un exoficial naval francés que trabajaba bajo contrato para DCNS.
Fue en 2017, cuando Francia, ante los daños que sufría la imagen de la fábrica naval, comunicó que el astillero naval DCNS, cuya empresa es en un 62% propiedad del Estado galo y en un 35% del grupo francés de electrónica de defensa Thales SA, pasaba a denominarse Naval Group. Los nombres anteriores de DCNS incluyen DCN y Direction des Constructions Navales.
Antecedentes
En 2017, se supo que fiscales franceses investigaban si DCNS había pagado un soborno como parte de un acuerdo de 2008 para vender cinco submarinos por un valor de 7500 millones de dólares a Brasil. Según informó en esa ocasión Le Palrisien, la investigación, iniciada en octubre de 2016, se refería a una posible «corrupción de funcionarios extranjeros» y estaba enmarcada dentro del Lava Jato, caso paradigmático de sobornos que involucró a cientos de políticos y figuras públicas de ese país.
Sin embargo, la cercanía geográfica y temporal no queda ahí, ya que hubo un caso controvertido durante la gestión de Bullrich en Seguridad con Mauricio Macri en la Casa Rosada. En esa oportunidad, tal y como informó Ámbito en marzo de 2025, Bullrich avanzó, mediante contratación directa en el marco de la emergencia en seguridad, en la compra de cuatro lanchas OPV solo que esta vez al Astillero Israel SHIPYARDS por 49 millones de dólares. Sobre ese procedimiento, y otro, puso su lupa la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe de noviembre de 2024.
De acuerdo con la AGN, según el estudio comparativo que llevó a cabo el Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA, se abonó 138% más que las mejores ofertas que se podían encontrar en el mercado por lanchas similares. Fue más allá aún: “Se verificó que la adquisición de 4 Lanchas Shaldag por un monto de USD 49.000.000 al Astillero Israel SHIPYARDS Ltd., por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, se apartó de la normativa de contratación aplicable”.
Finalmente, el informe concluye: “Se comprobó que las diversas irregularidades detectadas en materia de razonabilidad y transparencia y, el incumplimiento de la normativa aplicable, impiden evaluar la pertinencia del gasto efectuado”.
A este antecedente se sumó una denuncia penal presentada por el ingeniero naval Raúl Podetti, en la cual señala que en el caso de las lanchas OPV se direccionó la licitación hacia el mencionado Naval Group, que trabajará, de acuerdo con fuentes oficiales, junto con el astillero marplatense SPI. Especialistas marcan que este no tendría la capacidad física para desarrollarlos.
Julián Maradeo
Argentina, el país que se olvidó del mar, pero recuerda Naval Group:
La denuncia del ingeniero naval Raúl Podetti mencionada en esta nota, fue reproducida en AgendAR el 14 de noviembre pasado . Pero ya el 22 de agosto de 2018 nuestro columnista Daniel Arias escribió sobre otra compra, también impulsada por el presidente Macron ante otro presidente argentino. Una compra igualmente dudosa para el nuestros intereses.
Es cierto que Naval Goup, con otros nombres, es la constructora naval más antigua de Europa. Fue fundada en 1614 por Luis XIV, el Rey Sol pero su historia en las últimas décadas ha siso muy oscura.
En el marco de la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025/26, personal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación S.A (VENG) se encuentra navegando a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar” (RHAI) con destino a la Base Antártica Conjunta Belgrano II.
Allí, junto a personal de la dotación del RHAI, continuarán con la construcción de la Estación Terrena; este operativo forma parte del plan de fortalecimiento de la Red de Estaciones Terrenas de la CONAE. En esta ocasión, el objetivo principal de este equipo es finalizar la infraestructura técnica de soporte que permitirá, en campañas posteriores, avanzar con la instalación del sistema de antenas.
“El proyecto data de 2010 y los materiales, herramientas e insumos se empezaron a enviar a través del rompehielos en 2021. Se prevé que continuemos con esta instalación hasta el año 2030 aproximadamente. Este trabajo consiste en levantar dos antenas que serán operadas manual y remotamente desde Córdoba”, señaló Nicolás Cugat, ingeniero responsable de CONAE a bordo del rompehielos.
Con respecto al buque, agregó que es fundamental, “sin él no podríamos llevar la tonelada de material a la Base Antártica Belgrano II. Tengo solo palabras de agradecimiento hacia la Armada Argentina y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) por la predisposición y la prioridad que nos dan. También quiero agradecer a la dotación del RHAI que nos ayuda con la instalación y mantenimiento de la Estación Terrena”.
Por su posición estratégica (77º 52’ S), esta estación se convertirá en la más austral del país y en una de las más australes del mundo. Su ubicación mejorará la cobertura y la frecuencia de contactos con satélites de órbitas polares y permitirá hasta quince contactos diarios con satélites de observación de la Tierra. Además, permitirá fortalecer las capacidades espaciales y darle continuidad operativa a la recepción, seguimiento y control de misiones satelitales.
CONAE es la agencia espacial argentina, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, encargada de diseñar, ejecutar y controlar el Plan Nacional Espacial con fines pacíficos. En tanto, VENG es una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial.
La firma del acuerdo comercial entre la Argentina y EE.UU. es un hito histórico que fortalecerá el vínculo geopolítico entre Javier Milei y Donald Trump, abrirá oportunidades de mercado para las empresas locales y fomentará inversiones en el país. Pero, a la vez, este pacto no estará exento de polémicas. Las dos más visibles son el impacto en América Latina de la guerra tecnológica y comercial que enfrenta a Trump con China y una serie de controversias que abrirá este acuerdo con sectores gravitantes de la economía en la Argentina.
Lo que se selló no es un Tratado de Libre Comercio (TLC), sino un acuerdo de aranceles recíprocos. Eso implica que, para Trump, sólo basta una decisión ejecutiva para ponerlo en marcha. En la Argentina, como se anunció, deberá pasar por el Congreso.
Pero este pacto es mucho más, porque implica un proceso de facilitación de inversiones y desregulación que beneficia a compañías norteamericanas —en detrimento de las chinas— y que abre varias cajas de Pandora en la Argentina, con cambios en la propiedad intelectual para la biotecnología (semillas) y medicamentos, pero también en minerales críticos o la infraestructura tecnológica (5G y 6G).
La mayoría de los productos que vende la Argentina vuelven al nivel arancelario previo al famoso Liberation Day, (en su mayoría 0%). Luego hay un porcentaje que accede a 0% (35 posiciones) y otros en los que se fija un arancel máximo del 10% como tope. Habrá además, cupos para casi todos los productos agrícolas. La Argentina eliminará 221 posiciones arancelarias.
Según el cálculo del Gobierno, esto recuperará exportaciones por más de US$1000 millones. Pueden ser más si se anticipa que algunas empresas pueden invertir en la Argentina para exportar a EE.UU. aprovechando los aranceles extraordinarios.
Un caso interesante es el de la carne. No está en el acuerdo firmado entre las partes, sino en una negociación paralela entre los gobiernos. Para que se active el aumento de la cuota que el país venderá en EE.UU., Trump firmó una decisión ejecutiva. El ingreso preferencial para este producto se quintuplicaría (en 2026 pasarían de 20.000 toneladas a 80.000 toneladas). También ellos venderán a la Argentina, con una cuota que llegará a las 80.000 toneladas.
Otro tema que generó sorpresa es la cuota de 10.000 autos con arancel 0% que llegará de EE.UU. Se trató de una negociación bilateral —como la carne, se maneja por fuera del Mercosur—. Se sumarán así a los cupos de 50.000 autos (muchos chinos) extrazona que entran sin pagar el arancel común. Para un mercado local de más de 600.000 en 2025, es aún poco para presionar precios (el 53% del valor de autos son impuestos).
A esto se suma que las normas de seguridad aprobadas para los autos estadounidenses serán aceptadas desde ahora por las autoridades argentinas, lo que facilitará su importación, según la letra del acuerdo.
El ruido local
Más allá de que comiencen a llegar los Tesla a la Argentina, el acuerdo provocará algunas tensiones con sectores económicos locales. Es que algo parecido a lo que pasa con los autos ocurrirá con los remedios del país del norte. Una aprobación de la FDA —la Anmat del norte— será automáticamente aceptada por las autoridades argentinas, según el pacto firmado. Pero hay cosas que preocupan más a los laboratorios.
En el pacto con Trump, Milei se compromete a llevar antes del 30 de abril al Congreso el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984. En la industria local creen que ese tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) beneficia más que nada a las empresas de países desarrollados (EE. UU.), que así solicitan y obtienen mayor cantidad de patentes en todo el mundo. En el sector industrial local darían su opinión sobre el acuerdo el lunes que viene, pero creen que este pacto los deja en situación de desigualdad.
No es lo único que preocupa allí. “En medicamentos, la anomalía es la resolución 118/12, firmada en su momento por Débora Giorgi y Juan Manzur, que restringía fuertemente la patentabilidad de medicamentos en Argentina”, dijo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un hilo de X sobre una de las normas que derogará el Gobierno de manera inminente y que también tiene que ver con las patentes del sector. La otra es la resolución 283/15 del INPI, “la que no permite el patentamiento de innovaciones genéticas en biotecnología”, explicó “el coloso”, como lo llama Milei. Esto preocupa a los productores, que podrían vislumbrar un alza de costos en las cosechas, sobre todo en soja y trigo, a la hora de la reutilización de las semillas que hoy no pagan canon.
El acero y el aluminio seguirán pagando un arancel del 50%. No habrá cambios allí. Se trata de un sector que, por la sobrecapacidad china, está en el ojo de la tormenta para Trump. De hecho, será uno de los temas que se introdujo en el debate que se hará en el G20 en ese país. Estados Unidos se comprometió en el acuerdo sólo a continuar las negociaciones.
Sin nombrarlo, China aparece en el compromiso firmado. En la letra chica del mismo se afirma que la Argentina “priorizará a Estados Unidos” como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos, incluyendo productos en bruto, procesados y terminados, “por encima de las economías o empresas que manipulan el mercado”. El último textual tiene un sólo nombre: China. Esa priorización, además, llegará con la facilitación a empresas de EE.UU. para sumarse al RIGI, el régimen de inversiones creado por Javier Milei para empujar a sectores clave (energía y minería).
No es la única referencia velada al país oriental. El artículo 2.9 impulsa a no importar bienes que se produzcan en países que no respondan los derechos laborales enarbolados por la OIT. A contramano, en 3 años, a los bienes de EE.UU. se les eliminará un impuesto a las importaciones. Es la tasa estadística, que actualmente tiene un arancel del 3%.
Por último, aunque cada hora aparecen nuevos detalles sorprendentes, el acuerdo habla de proveedores de infraestructura en telecomunicaciones (5G y 6G) y satelital “confiables”. No dan nombres en particular para los mismos. En el Gobierno negaron que fuera una cláusula contra la empresa china Huawei.
El pacto formalizado entre Trump y Milei no es solo un acuerdo para mejorar la competitividad y productividad argentinas, y abrir mercados para las empresas de ambos países, sino que es la potenciación de un alineamiento geopolítico que muchos ven como duradero en el tiempo y, ahora cristalizado, difícil de romper, incluso para cualquier gobierno en el futuro.
En realidad, este fenómeno demográfico es más aguddo entre nosotros que en la mayoría de los países europeos. En la última década tuvo lugar la caída de nacimientos más abrupta y mantenida de la historia reciente argentina; pese a ser un fenómeno global, la versión local presenta varias particularidades
Lejos de estabilizarse, como ya ha sucedido en varios países europeos, en la Argentina la natalidad sigue cayendo año a año. También continúa a la baja el promedio de hijos por mujer y la edad promedio a la que ellas son madres. Así lo demuestra el último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, publicado a finales de enero, cuyos datos corresponden a 2024. Ese año, los nacidos vivos en territorio argentino fueron 413.135, número que representa una baja del 47% respecto de 2014, cuando habían nacido 777.000.
Fue en esta última década que tuvo lugar la caída de nacimientos más abrupta y sostenida de la historia reciente de nuestro país. Se trata de un fenómeno que, pese a ser global y a afectar a gran parte del mundo, muestra en su versión argentina varias particularidades.
“Acá, los nacimientos caen en escalones, con momentos de estancamiento y bajones bruscos, como el de la última década, que fue muy fuerte”, sintetiza el demógrafo Rafael Rofman, investigador provincial del Cippec, quien destaca que actualmente la Argentina presenta estadísticas similares a las de Chile, Uruguay y varios países del centro europeo en materia de nacimientos.
Comparativo histórico de nacidos vivos
Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS)
El investigador subraya, a su vez, que lo esperable es que, al igual que ya sucedió en los países nórdicos, también en la Argentina y en el resto de la región, la tendencia a la baja de los nacimientos llegue a un tope y los números comiencen a estabilizarse. Pero ese punto todavía no ha llegado y no es posible saber cuándo y de qué manera va a suceder.
La caída de los nacimientos tiene correlación con la baja en la tasa de fecundidad, indicador que marca el promedio de hijos que tiene cada mujer en edad fértil en la Argentina, que también se encuentra en su baja histórica. Mientras que para comienzos de 2000 se calculaba que las argentinas tenían un promedio de 2,5 hijos, este número se redujo a 2,3 para 2014.
Desde entonces la caída fue tan estrepitosa que en solo 10 años, para 2024, pasó a ser casi la mitad: 1,23. Este número se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo (2,1), es decir, la fecundidad mínima necesaria para que una población cerrada –sin contar la migración– se mantenga.
La tasa de fecundidad argentina es similar a la de Italia (1,21) y Polonia (1,2), y es de las más bajas de la región, junto con la de Chile (1,03) y la de Uruguay (1,25).Refleja una tendencia global que llega a todo el mundo en menor o mayor medida, salvo algunos países de África. En los países nórdicos, el número ya estabilizado ronda cerca de los 1,7 hijos por mujer, destaca Rofman.
“Es muy difícil saber en qué número nos vamos a estabilizar nosotros porque el gran problema con estos temas es que depende de una acumulación de millones de decisiones individuales que se toman por razones personales. Pero, si uno mira lo que ya sucedió en países más desarrollados, todo indica que tendríamos que estabilizarnos en torno a una tasa de fecundidad del 1,5 o 1,7. Habrá que esperar unas décadas más para saber. Después puede llegar a haber algún repunte”, anticipa este demógrafo.
Particularmente en la Argentina, la baja en la natalidad ya ha impactado en las políticas públicas. Un ejemplo es la reciente decisión del gobierno porteño de aprobar una reglamentación para el cierre de colegios privados. La medida responde a los numerosos cierres intempestivos de instituciones educativas, especialmente escuelas primarias y jardines de infantes, ocurridos en los últimos años. Detrás de estos cierres hay una frase que se repite una y otra vez en boca de los directivos y los docentes: “No hay chicos”. La crisis de la matriculación en escuelas es hoy la cara más visible del impacto del fenómeno de baja de nacimientos en el sistema educativo.
De Misiones a Ciudad de Buenos Aires: un escenario dispar
El escenario de baja de natalidad tiene variaciones de acuerdo a la región y la localidad que se estudie. La tasa de natalidad de algunas provincias llega incluso a duplicar la de otras. Entre las que mayor cantidad de nacidos vivos por cada 1000 habitantes tienen se encuentran Misiones (12,3), Chaco (11,9), Santiago del Estero (10,8) y Formosa (10,7). En el otro extremo se ubican la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, ambas con 6,9, Jujuy, con 8 y La Pampa y Río Negro, ambas con 8,1 y la provincia de Buenos Aires, con 8,4.
Tasa de natalidad por provincia en 2024
Fuente: Estadísticas Vitales Información Básica
En líneas generales, la caída de la natalidad suele ser atribuida sobre todo a cambios sociales, económicos y culturales, que incluyen una mayor autonomía de las mujeres y cambios en las expectativas reproductivas, así como también a una disminución de la maternidad adolescente y un aumento en la maternidad tardía.
“Hay muchas mujeres que bajan su fecundidad total, pero también hay muchas que postergan la maternidad. En las estadísticas argentinas ya se puede ver que la fecundidad de las mujeres más grandes no decrece. Incluso está aumentando la edad promedio de las madres”, dice Rofman.
El grupo etario que más hijos tuvo durante 2024 de acuerdo a las estadísticas vitales del Ministerio de Salud fue el que abarca a las mujeres de entre 25 y 29 años (25%), seguido por el de entre 30 y 34 años (23%), y por el de entre 20 y 24 años (22%). Como contrapartida, la tasa de fecundidad adolescente bajó más de un 65% en la última década.
Pese a que en general los países con mayor desarrollo económico tienen tasas de natalidad más bajas, esto no implica que pueda encontrarse una relación directa entre la abrupta baja de los nacimientos que se dio en la Argentina en los últimos 10 años y la situación económica nacional.
“Con el factor económico, la tendencia siempre es un poco más difusa. Por lo general, los países, al igual que las familias, a medida que se hacen un poco más ricos, tienen menos hijos. Y lo que vemos en la Argentina desde 2014 no es justamente una población que se está enriqueciendo, sino lo contrario. Entonces ahí la tendencia es más difusa, porque es cierto que la cuestión económica puede tener un peso a la hora de decidir cuándo ser madre o padre, o cuántos hijos tener. Pero en general la tendencia a nivel mundial suele ser al revés”, explicaron desde el Programa de Protección Social de Cippec.
El fenómeno de baja de natalidad argentino presenta algunas particularidades respecto a la tendencia regional y mundial. La principal es la manera en la que se producen las bajas de natalidad y de fecundidad.
“Mientras que en otros países, como Brasil y Colombia, donde la natalidad viene bajando de a poco, casi en línea recta, desde mediados del siglo pasado, en Argentina, por alguna razón que es más difícil de explicar, baja por la escalera. Entre el 2004 y el 2014, la natalidad no solo no había bajado, sino que había subido un poco. Y después bajó de manera muy fuerte”, explica Rofman, quien cree que puntualmente el declive de los últimos 10 años estuvo relacionado con una mayor efectividad de los anticonceptivos femeninos.
El gobierno de los Estados Unidos suscribió el miércoles de la semana pasada con Argentina y otros países, una serie de acuerdos que apuntan hacia el proyecto de una zona comercial preferencial para minerales críticos, en el marco de la Cumbre Ministerial de Minerales Críticos convocada por el Departamento de Estado de EE.UU. en Washington.
Entre los compromisos más relevantes figuran un acuerdo tripartito con Japón y la Unión Europea para explorar untratado comercial plurinacional, iniciativa que oficiaría como plataforma para la creación de la zona comercial preferencial, y un Plan de Acción con México.
La Cancillería argentina, por su parte, informó la firma de un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos que ratifica la asociación estratégica y el «compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo».
Por su lado, la Embajada de los EE.UU. en la Argentina agregó que «ambos países movilizarán el apoyo de los gobiernos y del sector privado mediante subvenciones, garantías, préstamos e inversiones de capital para impulsar proyectos de minería y procesamiento».
También precisó que implementarán medidas para «establecer mercados de alto estándar con marcos de precios de referencia que protejan frente a políticas no basadas en el mercado y prácticas comerciales desleales».
Argentina y EE.UU. se comprometieron a «identificar conjuntamente proyectos prioritarios y facilitar su financiamiento en un plazo de seis meses, creando una asociación sostenible de largo plazo basada en precios justos de mercado».
El acuerdo suscrito entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, se monta sobre la base de un memorando de entendimiento (MoU) sobre minerales críticos firmado en agosto de 2024.
Argentina es el quinto productor mundial de litio, uno de los minerales críticos de mayor demanda. En efecto, al menos un 30% de las importaciones de litio en los EE.UU. actualmente provienen de la Argentina.
EE.UU.: qué acuerdos en minerales críticos suscribió
Delegaciones de un total de 54 países y de la Unión Europea asistieron a la Cumbreo que contó con la presencia del vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Los funcionarios anunciaron que la intención última de los acuerdos es crear una zona comercial preferencial de minerales críticos. Las empresas de los países que formen parte de esta área comercial tendrán acceso a precios mínimos para blindar a las inversiones en los proyectos mineros de cualquier volatilidad en los precios internacionales.
Por el lado del continente americano participaron delegaciones de la Argentina,Bolivia, Brasil, Canadá, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
Otros países relevantes que estuvieron presentes fueron Japón, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Marruecos, República Democrática del Congo, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Corea del Sur y Uzbekistán.
El Departamento de Estado notificó la firma de un total de once nuevos marcos bilaterales sobre minerales críticos o MoU con países como la Argentina, las Islas Cook, Ecuador, Guinea, Marruecos, Paraguay, Perú, Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.
Acuerdo tripartito con la Unión Europea y Japón
EE.UU. busca crear una cadena internacional de suministro de minerales críticos independiente del control de China.
Sin embargo, el acuerdo más relevante que avanza en la dirección de la creación de la zona comercial preferencial fue suscrito entre la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU., la Comisión Europea (el poder ejecutivo de la U.E.) y Japón.
El acuerdo señala el desarrollo de Planes de Acción para la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos. Los firmantes desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados, como precios mínimos ajustados en frontera, que puedan mitigar las vulnerabilidades de la cadena. En ese sentido, EE.UU. y la U.E. se comprometieron en un plazo de no más de 30 días a firmar un MoU destinado a impulsar este objetivo.
El objetivo es poder avanzar hacia un tratado comercial plurilateral, abierto a la incorporación de más países. “A través del desarrollo de estos Planes de Acción, sentaremos las bases para un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos con socios afines», dijo el representante comercial de los EE.UU., Jamieson Greer.
En paralelo, Greer anunció que acordó con México un Plan de Acción para avanzar también hacia un comercio preferencial respaldado por precios mínimos y otras medidas. En ese sentido, ambos países se comprometieron a identificar proyectos específicos de minería, procesamiento y producción de minerales críticos de interés mutuo dentro de sus países o en terceros países.
El Departamento de Estado justificó la firma de todos estos acuerdos sobre la base de que el mercado de minerales críticos y tierras raras «está altamente concentrado, lo que lo convierte en una herramienta de coerción política y de disrupción en la cadena de suministro», en clara alusión a China.
El gobierno anunció que enviará al Congreso el texto del acuerdo (36 hojas) en los próximos días.
El canciller Pablo Quirno informó que Argentina firmó el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos
“Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, dijo el Canciller.
El acuerdo es del cual se había anunciado el marco hace unos meses que contemplaba la revisión de aranceles, cuestiones de propiedad intelectual, la estabilización del precio de la soja, entre otras.
El anuncio se dio en medio del viaje de Quirno a Estados Unidos para participar de la cumbre ministerial de minerales críticos. Ese acuerdo se firmó ayer por la tarde.
De la firma participó también el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Estuvo ausente quien fuera el encargado durante todo el año de las negociaciones, el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne.
El anuncio se da semanas después de que la Unión Europea anunciara que enviaría a su máximo tribunal el acuerdo firmado con el Mercosur para su evaluación, lo que virtualmente lo congela por aproximadamente un año hasta que haya resolución.
Qué abarca
El acuerdo marco que se había firmado propone “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”.
En materia de aranceles, el acuerdo contempla la apertura recíproca para productos y Argentina se compromete a dar acceso preferencial a las exportaciones estadounidenses de medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.
Estados Unidos se comprometió a revisar la sección 232, que sanciona con aranceles del 50% a productos considerados estratégicos o que afectan a la seguridad nacional, como es el caso del acero.
Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos a recursos naturales no disponibles en ese país y a productos no patentados para aplicación farmacéutica.
Ambos países se comprometen a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para el comercio de carne vacuna.
Donald Trump y Javier Milei en Davos
En las barreras no arancelarias, Argentina se compromete a bajarlas, incluyendo las licencias de importación. También se compromete a no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina y a eliminar gradualmente el impuesto a la importación para los productos estadounidenses.
Argentina deberá alinearse con normas internacionales para facilitar el comercio y permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EE. UU. o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EE. UU. o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación.
También aceptará la importación de autos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas de seguridad y emisiones estadounidenses.
En propiedad intelectual destaca los avances de Argentina para combatir la falsificación y la piratería, mientras que pide que el país se comprometa a mejorar sus estándares de propiedad intelectual y combatir los grandes centros con bienes falsificados, entre los que destacaba a la feria de La Salada.
Argentina abre su mercado al ganado vivo estadounidense y se compromete a dejar ingresar carne aviar en un año y a no aplicar restricciones de productos que usen términos con quesos y carnes.
“Ambos países trabajarán conjuntamente para abordar barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas”, subraya el acuerdo.
El acuerdo sostiene que Argentina debe comprometerse a no importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y que fortalecerá la legislación laboral. Este punto coincide con el avance de las importaciones chinas y la reforma laboral que se tratará el 11 de este mes en el Senado.
En materia medioambiental platea combatir la tala ilegal y fomentar un uso eficiente de los recursos, incluidos los minerales críticos.
Argentina necesita incrementar sus exportaciones para generar divisasFuente: ShutterstockShutterstock
«Argentina reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países. Ambos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes», plantea el marco.
Insiste en la inversión en minerales críticos y propone trabajar en conjunto para estabilizas el comercio global de soja.
Argentina deberá abordar “cuestiones distorsivas” de sus empresas estatales y revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación bilateral.
El país deberá reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la ley argentina para la transferencia de datos personales y no deberá discriminar los servicios y productos digitales estadounidenses.
María Victoria Lippo
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La información que dio a conocer el gobierno de EE.UU. (traducida):
5 de febrero de 2026
WASHINGTON – Hoy, el Embajador Jamieson Greer se unió al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, en la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas entre Estados Unidos y Argentina (ARTI).
“La profundización de la alianza entre el presidente Trump y el presidente Milei sirve como modelo de cómo los países de las Américas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pueden impulsar nuestras ambiciones compartidas y salvaguardar nuestra seguridad económica y nacional”, declaró el embajador Greer . “El Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y brinda un importante acceso al mercado para los exportadores estadounidenses, que abarcan desde vehículos motorizados hasta una amplia gama de productos agrícolas. Agradezco al ministro argentino Pablo Quirno su compromiso para lograr una alianza más sólida y equilibrada”.
Para leer el texto del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y Argentina sobre Comercio e Inversiones Recíprocas, haga clic aquí . Para leer el arancel, haga clic aquí .
Para leer la Declaración Conjunta sobre el Marco del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas entre Estados Unidos y Argentina, haga clic aquí .
El gobierno sorprendió el viernes pasado al actualizar un 21% el precio mayorista de la energía eléctrica para los hogares. La suba se explica fundamentalmente por la actualización del tipo de cambio de referencia y por la decisión política de poner fin al atraso que se acumuló durante el segundo semestre del año pasado cuando se utilizó esta variable como un amortiguador para evitar un mayor aumento de tarifas durante la campaña electoral.
Los usuarios que perciben subsidio no sentirán el impacto en sus facturas en el corto plazo porque al mismo tiempo se decidió aumentar de modo excepcional la bonificación para esos hogares como parte de la transición destinada a dejar atrás el régimen de segmentación vigente. Sin embargo, los hogares que pagan la tarifa plena, más del 40% del total, tendrán aumentos superiores al 10% ya que el precio mayorista es el principal componente de su factura.
La resolución 604/25 de fines de diciembre había fijado un Precio Estabilizado de la Energía (PEE) de $61.200 por MWh en promedio y un Precio Estabilizado de Servicios Adicionales (PESA) de $4927, lo que arrojaba un total, sin tomar en cuenta la potencia, de $66.127 por MWh. La resolución 22/2026 publicada este viernes elevó el PEE a $73.629 y el PESA a $6447. En total, el valor se elevó a $80.076, un 21 por ciento más que el valor fijado en diciembre.
Las razones del aumento del precio mayorista
Una de las razones que explica esta suba es el tipo de cambio ya que la programación estacional anterior había tomado un valor de referencia de $1330 y en esta nueva programación, que estará vigente entre el 1 de febrero y 30 de abril el dólar se fijó en $1450, un 9% más.
Otro factor clave es la decisión de recuperar el atraso que se había acumulado en el segundo semestre del año pasado en el precio mayorista cuando el gobierno decidió actualizar esa variable por debajo de la inflación o incluso bajarla en términos nominales, al mismo tiempo que siguió recomponiendo los márgenes de distribuidoras y transportistas para no poner en riesgo la rentabilidad del negocio regulado.
En octubre cuando el gobierno autorizó un aumento promedio de 1,9% en el precio de la electricidad que contempló un incremento de 3% en el Valor Agregado de Distribución y un 7,12% en el precio estacional del transporte, al mismo tiempo que redujo el precio estacional de la energía un 0,22 por ciento.
El gobierno optó entonces por asumir una suba de los subsidios en medio de la campaña electoral, pero sin poner en riesgo la rentabilidad de distribuidoras y transportistas porque el objetivo oficial es avanzar con una reforma del sector eléctrico que prevé, como condición necesaria, que las distribuidoras puedan firmar acuerdos con las generadoras sin la intervención de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Mayorista (MEM), que es controlada por el Estado. Para que eso ocurra, los balances de las distribuidoras deben estar medianamente saludables.
Esa reforma eléctrica también está incidiendo paulatinamente en los costos del sistema porque está cambiando el mix que conforma los precios. El Precio Estabilizado de la Energía para hogares y comercios incluye ahora los contratos MEM firmados con Cammesa, que son más onerosos, y no todo el mix del sistema, ya que se comenzó a dejar afuera de ese cálculo a las máquinas térmicas y renovables que están compitiendo en el mercado a término y el spot. “Este aumento no responde a un shock puntual sino a un cambio de reglas: se empieza a reflejar el costo real del sistema eléctrico. La discusión de fondo ya no es el ajuste sino cómo se gestiona la energía en un mercado que deja atrás los precios administrados”, sostuvo a EconoJournalNadia Sager, CEO y fundadora de Geinsa.
Qué impacto tendrá en las tarifas
Los hogares que perciben subsidio no sentirán ahora el impacto de este ajuste porque el gobierno incrementó el porcentaje de bonificación que reciben sobre ese precio mayorista como parte de la transición para dejar atrás el esquema de segmentación que estaba vigente desde 2022.
Los hogares subsidiados tienen una bonificación del 50% del precio de la energía sobre un bloque de consumo mensual de 300 kWh -que se reduce a 150 kWh marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre- y a ese porcentaje se le sumó un 25% adicional que se irá reduciendo mes a mes a lo largo del año. Ese adicional elevó en enero el porcentaje de subsidio al 75%, un valor mayor al 67% que venían percibiendo los N2 de ingresos bajos y al 52% que recibían los N3 de ingresos medios, según cifras del último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), organismo de doble dependencia UBA y CONICET.
Quieres sí verán llegar facturas más abultadas son los hogares que no tienen subsidio, antes conocidos como N1, ya que hasta diciembre venían pagando el 95% del costo de la energía y ahora no solo pagarán el 100% sino que ese 100% implica un costo mayor por este ajuste que se le aplicó al precio mayorista. Para ese segmento, la suba de tarifas en febrero estará por encima del 10%, sobre montos significativamente más sustanciosos en comparación con lo que pagan los hogares subsidiados.
El mes pasado, Zheng Hehui defendió su doctorado en ingeniería civil en la Universidad del Sureste de Nanjing, China. Pero Zheng no había escrito una tesis. En su lugar, habló de un producto que había desarrollado: un conjunto de bloques similares a los de Lego, fabricados con acero reforzado, que se encajan entre sí para formar un pilón de puente.
Zheng forma parte de la primera promoción de estudiantes de doctorado chinos que son evaluados en función de sus logros prácticos que dan lugar a nuevos productos, técnicas, proyectos e instalaciones. Su invento se está utilizando en un enorme puente atirantado para tren y carretera construido sobre el río Yangtsé.
Desde septiembre, al menos 11 estudiantes de «doctorado práctico», todos ellos ingenieros, han obtenido su título de doctorado por esta vía. Su trabajo incluye el desarrollo y la aplicación de una técnica de soldadura y su equipo, y la creación de un sistema de extinción de incendios para un gran hidroavión. Las universidades de otros países ofrecen «doctorados industriales», en los que los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con una empresa, pero muchos de estos títulos siguen exigiendo una tesis escrita.
Los doctorados prácticos forman parte de las reformas educativas más amplias del Gobierno chino, que comenzaron en 2010, para formar «ingenieros de élite» que puedan ayudar a impulsar la innovación en el país. En 2022, el Gobierno ordenó a las universidades de primer nivel que se asociaran con las principales empresas para crear escuelas de posgrado para ingenieros.
Una ley aprobada en 2024 permite a las universidades graduar a los estudiantes de maestría y doctorado sobre la base de sus logros prácticos. En la actualidad, solo los estudiantes de materias relacionadas con la ingeniería pueden acogerse a esta modalidad sin tesis.
Problemas del mundo real
Este modelo alternativo de concesión de títulos es importante y muy necesario, afirma Guo Tong, ingeniero civil de la Universidad del Sureste. «[Este modelo] puede orientar a los estudiantes a realizar investigaciones reales que resuelvan problemas de la vida real en aquellas industrias que tienen importancia estratégica o puntos críticos tecnológicos en China».
Para Li Jiang, científico de la información de la Universidad de Nanjing, el nuevo modelo de evaluación aborda un problema que ha afectado a la educación de los ingenieros: «Existe una gran brecha entre los conocimientos teóricos que aprenden en los libros y la capacidad práctica que nuestra sociedad necesita de ellos».
Los candidatos a los doctorados prácticos deben crear prototipos y demostrar que sus inventos pueden utilizarse en la vida real y a gran escala, según Sun Yutao, que investiga políticas de innovación en la Universidad Tecnológica de Dalian, en Dalian (China).
Talento futuro
El programa forma parte del esfuerzo de China por crear una reserva de talento para industrias clave y emergentes, como la inteligencia artificial y los semiconductores, con el fin de impulsar la innovación, según declaró Zhu Xiumei, subdirectora del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, en una conferencia de prensa celebrada en diciembre.
En los últimos tres años, se han creado en China 50 facultades de posgrado para ingenieros con el fin de poner en práctica esta política. Los estudiantes de estas escuelas trabajan con dos supervisores simultáneamente: uno con formación académica y otro con sólida experiencia práctica. Durante los exámenes orales, son evaluados por un panel compuesto por académicos e ingenieros en activo.
«Muchos profesores de ingeniería de las universidades chinas siempre han sido académicos y nunca han trabajado en la industria. Por eso es importante emparejarlos con expertos de la industria para que impartan clases a esos doctorados», afirma Li.
La Universidad de Tsinghua, por ejemplo, se ha asociado con 56 empresas de 14 sectores clave en los últimos tres años, según declaró su vicerrector, Wu Huaqiang, en la conferencia de prensa. En el marco de este programa, la universidad ha reclutado a 1430 estudiantes de posgrado, que han resuelto muchos problemas industriales y han obtenido más de 100 patentes, según Wu.
Algunas de las universidades que ofrecen el programa tienen cursos estrechamente relacionados con la defensa nacional. Una de ellas, la Universidad Politécnica del Noroeste en Xi’an, colabora con 16 grandes grupos chinos, entre ellos China North Industries Group, que fabrica armas y equipo militar.
Sin embargo, el número de estudiantes que obtienen doctorados prácticos es muy reducido en comparación con el número de los que siguen la vía doctoral convencional. En 2024, más de 97 000 estudiantes de doctorado se graduaron en China.
Retos por delante
Según Sun, uno de los principales obstáculos para quienes supervisan los doctorados prácticos es cómo evaluar los logros de los estudiantes. Explica que es relativamente fácil juzgar si una tesis es buena, pero mucho más difícil evaluar un producto de la vida real, y mucho más decidir si supone un avance para una industria.
Según Li, la contratación de buenos expertos del sector podría ser otro problema. « Si los expertos industriales contratados por la universidad no son lo suficientemente buenos, eso afectará a la calidad de los doctorados», afirma.
Sun cree que las posibilidades de que el programa se amplíe a otras titulaciones científicas son escasas, ya que estas se ocupan de la investigación fundamental, que tiene menos relevancia para las prácticas industriales.
Sin embargo, Guo ve la posibilidad de que las evaluaciones se incorporen a disciplinas prácticas que combinan la ingeniería con la investigación médica, como los campos del diseño de dispositivos médicos avanzados y el diagnóstico inteligente.
Después de más de 25 años de negociaciones, la Comisión Europea finalmente ratificó un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, el cual ahora debe ser aprobado por el Parlamento de la UE-27 y los poderes legislativos de las naciones integrantes del bloque sudamericano, proceso que podría extenderse por varios meses más. El acuerdo también debe ser validado por los Poderes Legislativos de los países integrantes del Mercosur para entrar en vigencia.
Como el acuerdo establece la posibilidad de validez bilateral, en caso de ser aprobado por el Parlamento de la UE-27 y algún poder legislativo del Mercosur y de la UE-27, bastaría para que entre en vigencia en el territorio de ambos sin necesidad de que las restantes naciones de ambos bloque lo ratifiquen.
Para el sector cerealero y oleaginoso argentino, el acuerdo no contempla beneficios importantes. En lo que respecta a cereales se establece una cuota anual de maíz y/o sorgo libre de impuestos, que comenzará con 166.667 toneladas en el primer año de vigencia del acuerdo para alcanzar el millón de toneladas en un plazo de cinco años.
Si bien una década atrás Argentina era un importante proveedor de maíz de la UE-27, con establecimiento de nuevas exigencias sanitarias los embarques de maíz convencional cayeron con fuerza para quedar solamente en pie las exportaciones de maíz Flint (“colorado”) destinadas a la elaboración de cereales para desayunos.
Las autoridades de la Unión Europea establecen una tolerancia de 0,01 parte por millón de diclorvós en granos, algo que es muy difícil de lograr porque se requieren al menos 120 días para que el insecticida aplicado en granos almacenados se volatilice casi completamente. Si bien el diclorvós está prohibido en la Argentina desde fines de 2018, siguen apareciendo partidas de granos con el producto, con lo cual era inviable realizar embarques destinados a la Unión Europea.
En ese marco, la cuota en maíz tendrá escasa relevancia para a Argentina debido a la restricción de orden fitosanitario. En los primeros once meses de 2025, según el último dato oficial disponible, Argentina exportó 112.692 toneladas a Polonia, España y Países Bajos. Una cifra insignificante para el volumen comercial del maíz.
En el caso del sorgo, en cambio, el cupo podría diversificar la matriz comercial del producto, que actualmente se encuentra muy concentrada en China. Pero no generaría un cambio sustancial en la dinámica exportadora del negocio.
El acuerdo contempla para el Mercosur un cupo libre de impuestos de 450.000 toneladas por año para el bioetanol destinado a la industria química y otro cupo de 200.000 toneladas para todos los demás usos (incluyendo corte con combustibles), que se introducirá con un esquema de desgravación gradual a lo largo de cinco años.
Si bien se trata de una cuota auspiciosa para la industria de bioetanol argentina –que se elabora en parte con maíz–, la realidad es que la potencia regional en materia de biocombustibles es Brasil y es muy probable que acapare la mayor parte del cupo.
En lo que respecta al complejo oleaginoso, el aspecto más relevante es el relativo al biodiésel, que contempla un cronograma de desgravación progresivo por el término de once años, luego del cual el arancel debería ser cero.
En la actualidad Argentina exporta biodiésel a la UE-27 en el marco de un acuerdo especial que contempla un cupo de 1,2 millones de toneladas anuales y precios mínimos, además de un arancel del 6,5%.
Es importante destacar que el acuerdo incluye una cláusula de salvaguardia bilateral en caso de que el aumento de las importaciones procedentes del Mercosur cause –o incluso sólo amenace con causar– un daño grave a los sectores pertinentes de la UE.
Una vez realizada la denuncia, en el caso de los productos considerados “sensibles”, las investigaciones finalizarán en un plazo de cuatro meses y, en casos urgentes, se podrán introducir medidas provisionales en un plazo de 21 días. Entre los productos “sensibles” se incluye el maíz, sorgo, bioetanol y biodiésel.
Y también son cuatro los tipos de cáncer que concentran la mayor parte de los nuevos diagnósticos. El de mama encabeza la lista, seguido por el colorrectal, el de pulmón y el de próstata.
Cada cuatro minutos, en algún punto de la Argentina, una persona recibe un diagnóstico que cambia su vida. El cáncer, una de las enfermedades más complejas y estudiadas de nuestra era, sigue avanzando en silencio mientras las cifras crecen y los desafíos se acumulan. En el país, el reloj no se detiene: un nuevo caso cada cuatro minutos marca el pulso de una enfermedad que revela profundas desigualdades en prevención, diagnóstico oportuno y acceso al cuidado integral.
Las estadísticas confirman la magnitud del problema. Según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN), de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cada año se diagnostican en la Argentina alrededor de 130.878 nuevos casos de cáncer, excluyendo los tumores de piel no melanoma.
Detrás de ese número se esconde una realidad más compleja: una parte importante de estos diagnósticos podría prevenirse o detectarse en etapas tempranas, cuando las chances de curación son mucho mayores.
La carga del cáncer en la Argentina
El análisis por tipo tumoral muestra que cuatro cánceres concentran la mayor parte de los nuevos diagnósticos en el país. El cáncer de mama encabeza la lista, con más de 22.000 casos anuales y cerca del 17% del total, seguido por el cáncer colorrectal, que suma casi 16.000 diagnósticos por año y afecta de manera similar a hombres y mujeres. El cáncer de pulmón, con más de 12.000 casos, continúa siendo uno de los principales desafíos por su elevada mortalidad, mientras que el cáncer de próstata, con alrededor de 11.700 diagnósticos anuales, es el más frecuente entre los varones.
La prevención y la detección temprana siguen siendo claves para reducir la mortalidadGetty Images
Estas cifras ubican a la Argentina en un nivel de incidencia media-alta en comparación con otros países de la región y del mundo. Para Carlos Bas, jefe del Instituto de Oncología del Hospital Alemán, el escenario obliga a mirar más allá del tratamiento. “Si no se profundizan los esfuerzos en prevención, las proyecciones para los próximos años no son alentadoras: la incidencia de cáncer en las Américas podría crecer fuertemente en las próximas décadas, con millones de nuevos casos anuales”, advierte.
Prevención: una oportunidad concreta
Bas insiste en que hablar de cáncer no es hablar solo de enfermedad. “También es hablar de prevención, de controles que salvan vidas y de investigación que cambia destinos”, señala.
Hoy existe evidencia sólida de que una proporción significativa de los tumores puede evitarse con decisiones cotidianas sostenidas en el tiempo. “No fumar ni exponerse al humo ajeno, realizar actividad física de manera regular, sostener una alimentación equilibrada y limitar el consumo de alcohol reduce de forma concreta el riesgo oncológico”, afirma.
Las cifras oficiales muestran profundas desigualdades en el acceso al cuidado oncológicoHospital Pequeño Príncipe vía BBC Mundo
En esa línea, Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), coincide en que el aumento de la incidencia observado en el país se inscribe en una tendencia global, pero advierte que en Argentina preocupa la falta de políticas públicas más agresivas.
Señala que tumores como los de mama, colon y otros gastrointestinales muestran un crecimiento sostenido, mientras que no se observa un descenso claro en cánceres que sí han disminuido en países con campañas más intensas de prevención, como el de cuello uterino o el de pulmón.
Detección temprana, la gran oportunidad
La detección precoz es otro de los pilares centrales. “Controles simples y accesibles pueden marcar la diferencia entre un tratamiento curativo y una enfermedad avanzada”, subraya Bas.
El Papanicolaou y el test de VPH permiten identificar lesiones precursoras del cáncer cervicouterino; la mamografía, indicada según edad y factores de riesgo, reduce de manera significativa la mortalidad por cáncer de mama; y la pesquisa de cáncer colorrectal, a partir de la edad recomendada o antes en personas con antecedentes familiares, posibilita diagnosticar tumores en etapas iniciales.
Martin advierte que la falta de estrategias sistemáticas de diagnóstico precoz tiene consecuencias directas. En países donde se implementaron campañas sostenidas, como Estados Unidos o Corea del Sur, la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón comenzaron a descender, algo que todavía no se observa con claridad en la Argentina. También alerta sobre una tendencia preocupante: el aumento del cáncer colorrectal en personas más jóvenes, asociado al sedentarismo, el exceso de peso y dietas pobres en fibra y vegetales.
Investigación y avances terapéuticos
En paralelo a la prevención y el diagnóstico temprano, la investigación ocupa un lugar central. “Investigar es transformar preguntas en respuestas: desarrollar mejores métodos diagnósticos, tratamientos más efectivos y estrategias de prevención cada vez más precisas. En oncología, investigar es cambiar el pronóstico”, resume Bas.
En las últimas décadas, los avances han sido notables. La medicina de precisión y las terapias dirigidas permiten hoy tratamientos personalizados según las características moleculares del tumor. La inmunoterapia ha extendido la supervivencia en varios cánceres avanzados y los programas de cribado han elevado las tasas de curación cuando los tumores se detectan a tiempo, con porcentajes que superan el 90% en determinados estadios de cáncer de mama o colorrectal.
La nutrición, una deuda pendiente
Dentro del universo de los tratamientos, hay un aspecto clave que aún permanece relegado y que no está vinculado a la falta de acceso a alimentos, sino a los efectos biológicos del propio cáncer y de sus tratamientos: la nutrición. Hasta ocho de cada diez pacientes oncológicos desarrollan algún grado de malnutrición a lo largo del tratamiento, una condición que impacta de manera directa en la tolerancia a las terapias, la calidad de vida y la sobrevida. En muchos casos, incluso, cerca de la mitad de los pacientes llega a la primera consulta oncológica con déficits nutricionales detectables, aun sin haber presentado problemas nutricionales previos.
El enfoque integral del cáncer incluye tratamiento, nutrición, investigación y acompañamientoGetty Images
La evidencia muestra que los pacientes que inician el tratamiento en buen estado nutricional tienen mayores probabilidades de sobrevida, mientras que la malnutrición severa —presente en aproximadamente uno de cada cinco casos— se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, internaciones más prolongadas y una menor respuesta clínica.
En ese contexto, Martín Ángel, médico oncólogo, integrante del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming, advierte que “cuando el estado nutricional se deteriora, el impacto se refleja rápidamente en la respuesta clínica y en la capacidad del paciente para sostener el tratamiento”.
Los efectos adversos de la quimioterapia y de otras terapias oncológicas explican buena parte de este deterioro. Náuseas, vómitos, diarrea, úlceras en la boca, alteraciones del gusto y del olfato o una sensación persistente de saciedad precoz pueden llevar a que muchos pacientes restrinjan su ingesta de alimentos. “En la práctica clínica vemos pacientes que no sienten hambre, a quienes las comidas les caen mal o les generan rechazo, y esa situación sostenida en el tiempo termina impactando en la salud general del paciente”, describe Ángel.
Desde el abordaje nutricional, Agustina Senese, licenciada en nutrición y jefa de Cuidados Paliativos del Hospital Dr. Cosme Argerich, subraya que el estado nutricional no debería quedar en un segundo plano dentro del tratamiento oncológico. “Es un determinante clave para atravesar la enfermedad, pero muchas veces pasa inadvertido, con consecuencias concretas sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes”, señala.
Integrar la evaluación nutricional desde el inicio del abordaje oncológico y sumar nutricionistas al equipo de salud permite tomar medidas tempranas para asegurar un adecuado estado nutricional, reducir la fragilidad, preservar la autonomía y acompañar de manera más eficaz todo el proceso, antes, durante y después del tratamiento, con impacto directo en la evolución clínica y la sobrevida.
Un llamado que trasciende cifras
Ante síntomas persistentes, cambios corporales inexplicables o señales de alarma, Bas insiste en que la consulta médica oportuna sigue siendo una de las herramientas más poderosas de la medicina moderna. Y plantea que el combate contra el cáncer en la Argentina requiere un enfoque integral, que combine políticas públicas de prevención, acceso equitativo al tamizaje, diagnóstico y tratamiento, junto con iniciativas comunitarias que promuevan estilos de vida saludables.
Los implantes cerebrales están empezando a ayudar a personas con discapacidades graves a hablar e incluso a cantar casi en tiempo real. Ahora, una empresa quiere leer la mente de las personas y tratar trastornos mentales sin implantar electrodos en lo profundo del cerebro, utilizando ultrasonidos, ondas sonoras de alta frecuencia por encima del rango del oído humano.
Merge Labs, que se lanzó el mes pasado con una descripción vaga de sus objetivos, es una de las muchas empresas del floreciente mercado de las interfaces cerebro-computadora (BCI). Lo que la distingue es la inversión de 252 millones de dólares de financiadores que incluyen la empresa de inteligencia artificial OpenAI, con sede en San Francisco, California. La start-up se presenta como rival de Neuralink, la empresa de Elon Musk que fabrica dispositivos que detectan y manipulan la actividad eléctrica del cerebro y que ya se están probando en pacientes.
Nature preguntó a los investigadores quiénes son las personas que están detrás de Merge Labs y si el enfoque de la empresa se basa en una ciencia sólida.
¿Qué es Merge Labs?
Esta empresa con fines de lucro se autodenomina laboratorio de investigación, en lugar de una empresa centrada en obtener un rápido retorno de la inversión. Surgió de la organización de investigación sin fines de lucro Forest Neurotech, con sede en Los Ángeles, California.
Entre los cofundadores de Merge Labs se encuentran tres investigadores: el director científico de Forest Neurotech, Tyson Aflalo, y el director ejecutivo, Sumner Norman, y Mikhail Shapiro, investigador de BCI en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena y asesor de Forest Neurotech. Otros cofundadores son los empresarios tecnológicos Alex Blania y Sandro Herbig, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.
¿En qué se diferenciará el enfoque de la empresa con respecto a las BCI de Neuralink?
Merge Labs parece estar desarrollando técnicas de ultrasonido para obtener imágenes y modular la actividad cerebral. El enfoque pretende ser mucho menos invasivo que los dispositivos del estilo de Neuralink, ya que inserta sensores justo debajo del cráneo o opera a través de una ventana en el hueso, en lugar de en lo profundo del cerebro. Mientras que los dispositivos eléctricos son fijos y solo pueden interactuar donde se implantan los electrodos, las ondas ultrasónicas pueden monitorizar áreas muy amplias del cerebro y estimular múltiples sitios, lo que podría ayudar a tratar trastornos multifacéticos como la depresión, afirma Elsa Fouragnan, neurocientífica de la Universidad de Plymouth (Reino Unido), que colabora con Forest Neurotech. Al igual que Neuralink, Merge Labs parece dispuesta a utilizar la IA para descodificar la actividad cerebral.
¿Cómo interactúa el ultrasonido con el cerebro?
Las imágenes de ultrasonido convencionales funcionan como un sonar, rebotando ondas en los tejidos para crear una imagen interna del cuerpo. El ultrasonido funcional es más complejo: analiza cómo cambian la frecuencia y la amplitud del ultrasonido que regresa a medida que las ondas se dispersan en los objetos en movimiento, para detectar el movimiento de las células sanguíneas y estimar el volumen del flujo. Cuando las neuronas están muy activas, necesitan más oxígeno. Esto provoca cambios en el flujo sanguíneo que revelan la actividad cerebral, explica Fouragnan. «Creará un mapa que se verá rojo cuando haya actividad y nada si no hay actividad», dice.
El ultrasonido también se puede utilizar para estimular las neuronas. Cuando se enfocan múltiples haces en un punto, las ondas cambian la presión alrededor de las neuronas, alterando su frecuencia de disparo. Merge Labs ha insinuado la posibilidad de combinar este ultrasonido focal con un enfoque más especulativo conocido como sonogenética, que utiliza la ingeniería genética para hacer que células específicas respondan aún más a las ondas.
¿Cuáles son las desventajas del uso de ultrasonidos?
Aunque es menos invasivo que los dispositivos intracerebrales, este método sigue requiriendo una intervención quirúrgica para acceder al interior del cráneo. Y aunque los ultrasonidos pueden leer el cerebro con una alta resolución espacial (de alrededor de 0,2 milímetros), el método es relativamente lento, ya que el flujo sanguíneo es una medida indirecta de la actividad cerebral y presenta un retraso, según explica Giacomo Valle, investigador en neurotecnología de la Universidad Tecnológica Chalmers de Gotemburgo, Suecia.
«Si el objetivo es una BCI interactiva, en la que el sistema responda con la suficiente rapidez como para sentir la conexión con la intención» del paciente —por ejemplo, para descodificar su habla—, los métodos basados en el flujo sanguíneo se enfrentan a «una limitación fundamental», afirma Dimitrios Adamos, neuroinformático del Imperial College de Londres y cofundador de la empresa de BCI Cogitat.
¿Para qué tipos de usos muestra potencial esta técnica?
A pesar de los retos que plantea el uso de ultrasonidos para interactuar con el cerebro en tiempo real, Merge Labs sigue adelante con su enfoque para crear BCI. Los investigadores de la empresa han utilizado un dispositivo de ultrasonidos para interpretar los movimientos previstos de los monos y para detectar la actividad cerebral que hay detrás de acciones humanas como tocar la guitarra y jugar a videojuegos.
El ultrasonido es prometedor para otras formas de terapia más allá de las IBC. Estos dispositivos podrían ser una alternativa menos invasiva y más flexible a la estimulación eléctrica profunda del cerebro para tratar la epilepsia y afecciones que afectan a múltiples zonas del cerebro, como el tinnitus, la depresión grave, la adicción y los trastornos alimentarios, afirma Fouragnan. Los dispositivos subcraneales también ofrecerían ventajas sustanciales con respecto a los esfuerzos actuales por utilizar ultrasonidos focalizados para tratar afecciones neurológicas desde fuera de la cabeza.
Con la sonogenética, que Fouragnan califica de «muy nueva», también existe la posibilidad de ser más selectivos en cuanto a las neuronas a las que se dirige el ultrasonido. Mientras que los dispositivos eléctricos estimulan todo lo que rodea al electrodo, la sonogenética podría permitir a los investigadores utilizar haces de ultrasonido para activar neuronas específicas. Entre sus posibles usos se encuentran la restauración de la visión y el tratamiento del cáncer.
¿Dónde entra en juego la IA?
OpenAI ha afirmado que la IA «desempeñará un papel fundamental en el enfoque de Merge» y ha definido las BCI como una forma nueva y «natural» de interactuar con la IA. OpenAI afirma que colaborará con Merge en la creación de modelos científicos básicos, algoritmos de IA generativa a gran escala, para ayudar a descifrar la intención a partir de las señales cerebrales. Para Valle, el interés de las empresas de IA en las BCI «siempre es una incógnita». Los datos cerebrales son muy delicados desde el punto de vista ético y las empresas de IA suelen estar más interesadas en crear mejores modelos que en restaurar la función de las personas, afirma.
¿Hasta qué punto es especulativo este enfoque?
Los investigadores que están detrás de Merge Labs se lo toman «muy en serio» y, en lo que respecta a la ecografía funcional, «tienen una idea muy clara de lo que pueden hacer», afirma Fouragnan.
Sin embargo, la propia empresa reconoce que queda un largo camino por recorrer y afirma que está pensando «en décadas más que en años». Sin datos revisados por pares ni demostraciones que muestren una decodificación neural sólida en humanos, la mayoría de los investigadores considerarían los anuncios de Merge Lab relacionados con la BCI como «aspiracionales más que transformadores», afirma Valle. Aun así, con su escala de inversión, «todo es posible», afirma.
La decisión oficial de no actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que derivó este lunes en la renuncia del titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, se explica fundamentalmente por los aumentos de tarifas de gas natural y electricidad previstos para este año y la mayor ponderación de este rubro en el nuevo indicador, lo que iba a dar como resultado una mayor inflación.
A partir de enero, el Indec comenzó a implementar una nueva fórmula para medir la suba de precios. El cambio sustancial, ahora frenado, consistió en la utilización de una nueva canasta de consumo surgida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018 en reemplazo del relevamiento de 2004.
En la nueva canasta, la ponderación asignada a “Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles” pasaba de 9,4 a 14,5 por ciento. A su vez, el subrubro “Electricidad, gas y otros combustibles” aportaba 5,9 puntos porcentuales, mientras que, en el esquema que se venía aplicando representa entre 2,5 y 3,7 puntos porcentuales según la región.
Es decir, las tarifas de los servicios públicos iban a tener un mayor peso en el índice, justo cuando el gobierno comenzó a autorizar subas más significativas luego de un año en el que se le puso un freno relativo a ese ajuste durante el segundo semestre por razones electorales, tal como informó EconoJournal.
Aumentos tarifarios previstos para este año
El gobierno informó el viernes que la tarifa de gas natural iba a subir 16,86% en promedio a nivel nacional por una combinación de factores que incluyen la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria que se acordó con las distribuidoras, la aplicación de la formula IPC+IPIM para que las tarifas no pierdan valor en términos reales, la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios y el establecimiento de un nuevo precio del gas fijo para todo el año destinado a reducir el impacto estacional.
En el caso de la electricidad, EconoJournal informó el viernes que el gobierno autorizó a partir de febrero una suba del precio mayorista de 21% por la actualización del tipo de cambio de referencia y por la decisión política de poner fin al atraso que se acumuló durante el segundo semestre del año pasado cuando se utilizó esta variable como un amortiguador para evitar un mayor aumento de tarifas durante la campaña electoral.
En febrero el impacto de esa suba está concentrado fundamentalmente en el 40% de los usuarios que no perciben subsidios -los ex N1- con subas superiores al 10% en la factura final. Para el otro 60% que recibe subsidio -los ex N2 y la gran mayoría de los N3- , en el corto plazo ese mayor ajuste no se va a notar porque el gobierno incrementó excepcionalmente la bonificación que reciben con el objetivo de suavizar la transición entre el viejo régimen de segmentación y el actual.
Esa bonificación arrancó en enero en el 75% del precio mayorista de la electricidad, pero se va a ir reduciendo mes a mes hasta quedar en 50% a fin de año.
Al incremento en el precio mayorista, se le suma, al igual que en el gas natural, la aplicación de la formula IPC+IPIM para que las tarifas no pierdan valor en términos reales y la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria que se acordó con Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que permanecen bajo jurisdicción nacional. A esas compañías se les autorizó una recomposición del Valor Agregado de Distribución, pero el gobierno se los otorga en 30 cuotas mensuales consecutivas hasta octubre de 2027.
Cómo será el impacto de la suba de tarifas en la inflación
Por todas estas razones, la suba de tarifas va a terminar promediando este año un incremento mensual superior al de la inflación, aumento que con la nueva canasta de gastos iba a tener una ponderación mayor dentro del IPC.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que, si se hubiera seguido adelante con el cambio de la canasta, el IPC de enero no iba a dar más sino “una décima menos”. Algunas fuentes desmienten ese dato, pero, aunque eso fuera cierto, el mayor impacto de las tarifas no se preveía para enero sino, como se remarcó, a partir de febrero.
El ministro Caputo posteó este martes que la inflación iba a dar más baja en enero con el nuevo índice.
Además, si bien es cierto que el trazo grueso del aumento tarifario ya se concretó, porque el gobierno redujo de 1,5% a 0,65% del PBI los subsidios energéticos entre 2023 y 2025, el compromiso oficial es llevar ese porcentaje a 0,5% este año y ese esfuerzo adicional de la población –vinculado sobre todo a la sintonía fina del ajuste—es lo que se busca disimular manteniendo el viejo IPC.
Tras las polémicas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, donde afirmó que “nunca compró ropa en la Argentina”, empresarios de la industria textil criticaron sus palabras y arremetieron contra el funcionario por la enorme carga impositiva que recae sobre el rubro y el impacto de las importaciones.
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y Sergio Colatti, dueño de la empresa textil This Week, apuntaron contra Caputo en declaraciones radiales, donde calificaron al ministro de “payaso” y de ser “parte de la casta”. También criticaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —quien tuvo una expresión similar sobre la indumentaria— y lo acusaron de “idiota” y de “decir pavadas”. “Por favor les pedimos que reaccionen”, rogó Drescher.
Caputo sostuvo este lunes, en diálogo con Radio Mitre, que «nunca en su vida compró ropa en la Argentina porque era un robo” y que solía “adquirir la ropa afuera” cuando viajaba. Habló de los empresarios del sector, a quienes afirmó conocer: “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado“.
Según la fundación ProTejer, cerraron 381 empresas del rubro textil desde diciembre de 2023Rodrigo Abd – AP
Luego, afirmó estar “muy preocupado” por los precios con los que se comercializa la vestimenta en el país, le atribuyó la responsabilidad a los empresarios y aseguró que la industria textil “puede competir tranquilamente”.
En declaraciones, Adorni se introdujo en la discusión para sumar su posición. “Vos te comprás un jean acá y te cuesta, vamos a poner números hipotéticos, 100 dólares e importarlo te cuesta 25, entonces lo importás en vez de comprarlo acá. Explicame dónde se pierden puestos de trabajo“.
La reacción de los empresarios
Las declaraciones de los funcionarios generaron el enojo de una industria fuertemente afectada por las importaciones y la imposibilidad de competir debido a la alta carga fiscal.
Colatti, empresario en Rosario, trató a Caputo de “payaso” por sus declaraciones y se mostró desilusionado por las suposiciones que realizó sobre los empresarios del sector. “Este señor es un payaso y no merece ningún tipo de respeto de nosotros. Vos no tenés idea de la gente que está sangrando”, sentenció.
Hizo referencia a los “amigos” del sector que mencionó Caputo y detalló, en diálogo con Cadena 3, que son “diez señores y diez marcas de Buenos Aires”. “Tienen colecciones de autos antiguos y hacen fiestas factuosas en Punta del Este. En ese sector se maneja este señor. Los talleristas están llamando para ver qué hacen con la gente. Están destruyendo la industria porque mezclan todo. Dicen una barbaridad”, señaló.
Los empresarios criticaron la alta carga impositivaCaterina Trimarchi – Shutterstock
Y sumó: “¿Hay marcas que se han abusado? Por supuesto, como han abusado gente de prepagas, medios y de un montón de lados. El tema es ser espasmódico, no ser empático, no tener una visión mucho más amplia. Nos quiere hacer competir con un país [China] con el que el mundo no puede competir. Que Estados Unidos tiene problemas para competir. Y si querés podemos seguir nombrando la cantidad de impuestos, más un 75%, que tiene la carga”.
Fue entonces que apuntó contra Adorni. “No es solamente lo que dijo el otro idiota de Adorni de que importás a 25 [dólares]… no, maestro. Acá tenemos un costo más alto que en cualquier lugar”, señaló. También los acusó de creer que “el mundo termina en José Ignacio” y dijo que el país “está sufriendo una crisis”.
Drescher también ingresó en la discusión y dijo, en diálogo con Radio Rivadavia, estar “muy desilusionado” y “triste” por las palabras de Caputo y Adorni. “El 80% de los empresarios votamos a este Gobierno esperando que cambie la situación y vemos que no está pasando esto. La sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta. Porque no resuelven los temas, los eluden y buscan el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”, remarcó.
Sostuvo que el ministro “debería elegir mejor a sus amigos” porque ni en su cámara ni en la cámara que representa a las pymes “tiene a alguien que tenga aviones particulares”. “Acá hay un grupo de empresarios que hacen cosas muy feas para que los precios sean más caros”, expresó.
Luego, cuestionó que la gestión libertaria no haya bajado la carga impositiva sobre el sector: “El ministro se olvidó de varias cosas que no logró resolver en estos dos años, que es una carga impositiva fenomenal que representa la mitad del precio de un producto que se vende al público por los impuestos y el costo financiero. Y esto sí lo determina el ministro de Economía”.
Drescher le habló directamente a Caputo. “No es un país normal con la macro ordenada si tenés esta presión impositiva. Ministro, por favor, teníamos la ilusión de que iban a cambiar las cosas, y veo que no las cambian porque si atrasan el valor del dólar, mantienen el cepo, inventan las bandas, no sacan los impuestos y el costo financiero es altísimo… yo le voy a explicar a él por qué la ropa acá es más cara”, expresó.
También apuntó contra Adorni: “Lo que dijo es una pavada. Si se compra un jean acá y lo produce una persona que compra la tela, cose el cierre y le pone los bolsillos, y él dice que si lo importás no se pierden puestos de trabajo, es una pavada”.
Y cerró con un fuerte pedido: “El gobierno provoca una recesión a propósito y se está llevando puesta a miles de compañías pequeñas y medianas. Les pedimos, por favor, que reaccionen”.
La escritura cursiva está volviendo a estar de moda. El estilo de escritura con letras enlazadas y fluidas había desaparecido de los planes de estudio en lugares como Estados Unidos, Finlandia y Suiza, a medida que las escuelas adoptaban cada vez más las herramientas digitales. Nueva Jersey se ha convertido ahora en el último estado de EE. UU. en reintroducir la caligrafía en las aulas, exigiendo a las escuelas que enseñen cursiva a los niños de 3.º a 5.º grado (aproximadamente de 8 a 11 años). Se une así a las dos docenas de estados que en la última década han introducido normas similares (en otros países, como Francia y Brasil, las escuelas nunca dejaron de enseñar cursiva).
Cuando el exgobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó el proyecto de ley la semana pasada, durante sus últimos días en el cargo, afirmó que aprender a escribir en cursiva podía ofrecer beneficios cognitivos a los estudiantes. Las investigaciones han demostrado sistemáticamente que escribir a mano es más difícil y estimulante para el cerebro que escribir a máquina. Sin embargo, las pruebas de que la escritura cursiva ofrece una ventaja sobre la escritura impresa —en la que las letras se escriben por separado— son limitadas.
Nature habló con neurocientíficos e investigadores en educación para comprender si la escritura cursiva —o la escritura a mano en general— puede ayudar a los niños a aprender.
El cerebro y la escritura a mano
Karin Harman James, neurocientífica del desarrollo de la Universidad de Indiana en Bloomington, afirma que no es raro que la gente no sepa escribir en cursiva en Estados Unidos, donde esta forma de escritura se dejó de exigir en las escuelas primarias en 2010. Sus estudiantes universitarios, por ejemplo, no suelen escribir en cursiva, afirma. James lleva estudiando la escritura a mano desde 2004, cuando se interesó por comprender cómo el desarrollo de las habilidades motoras finas afecta al aprendizaje de los niños.
En uno de sus estudios, se enseñó a niños que aún no habían aprendido a leer a escribir letras a mano o a teclearlas en un teclado. Más tarde, mientras se sometían a resonancias magnéticas funcionales, se les mostraron imágenes de las letras. Los investigadores descubrieron que, en los niños que habían aprendido a escribir las letras, las áreas del cerebro activadas eran similares a las que se activaban cuando los adultos leían, un patrón que no aparecía en los niños que solo habían aprendido a escribir con el teclado.
Estos resultados, junto con otras pruebas de comportamiento, sugirieron que escribir a mano mejora la capacidad de los niños para reconocer letras y números. «Parece que el acto de escribir a mano realmente ayudaba a los niños a aprender a identificar cosas», dice James. «Esto no es demasiado sorprendente, porque sabemos que las habilidades motoras finas en los niños son muy importantes para el desarrollo en todo tipo de tareas».
Audrey van der Meer, neurocientífica de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim, también comparó la actividad cerebral de los niños mientras escribían a mano con la que se produce al escribir a máquina. Colocando una red de electrodos en sus cabezas, ella y sus colegas descubrieron que, durante la escritura a mano, la actividad eléctrica del cerebro se concentraba cerca de los centros de aprendizaje y memoria del cerebro, mientras que, durante la escritura a máquina, estas áreas participaban mucho menos.
Afirma que su trabajo destaca la importancia de la escritura a mano para el desarrollo de los niños. «Al escribir a mano, se forman todos estos patrones motores intrincados, mientras que al escribir a máquina solo se realizan movimientos muy simples con los dedos», explica van der Meer. Añade que, en Noruega, algunas escuelas se han digitalizado por completo: el primer día de clase, los alumnos de seis años reciben una tableta en la que aprenden a leer y escribir. «Ahora, los maestros de primer grado se quejan de que reciben alumnos que apenas saben sostener el lápiz», dice. Ella y sus colegas recomiendan ahora al gobierno noruego que restablezca los requisitos de escritura a mano.
Cursiva frente a letra de imprenta
Virginia Berninger, investigadora en educación y psicóloga clínica, estudió la escritura a mano durante casi tres décadas antes de jubilarse de la Universidad de Washington en Seattle. Su investigación incluyó qué estilos de escritura a mano —cursiva o letra de imprenta— debían enseñarse en cada nivel escolar.
Ella y sus colegas llegaron a la conclusión de que es mejor enseñar primero la escritura de imprenta, también conocida como escritura manuscrita, en los grados 1 y 2 (aproximadamente de 6 a 8 años). Beringer señala que está bien establecido en psicología que hacer algo de forma activa refuerza el aprendizaje: «la producción facilita la percepción», afirma. Dado que casi todo el material de lectura para niños está escrito en algún estilo de escritura manuscrita, tiene sentido enseñar eso primero, añade.
Después, los niños podrían beneficiarse del aprendizaje de la escritura cursiva, según otro estudio realizado por Berninger y sus colegas. «Lo que descubrimos fue que, a partir del cuarto grado, la escritura cursiva presentaba una ventaja sobre la manuscrita, y esa ventaja radicaba en la ortografía y la velocidad de composición», afirma.
Un estudio realizado por un grupo en Canadá, que evaluó a niños de segundo grado, llegó a una conclusión diferente: los niños que aprendieron un solo estilo de escritura durante el primer y segundo grado, ya fuera cursiva o de imprenta, podían deletrear mejor que los que aprendieron primero la letra de imprenta y luego la cursiva. Los del grupo que solo aprendió cursiva tenían una ventaja adicional sobre los demás niños en términos de sintaxis y producción de palabras.
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Muchos investigadores afirman que no hay pruebas claras de que un estilo de escritura a mano sea mejor que otro. «La escritura cursiva es una habilidad difícil de aprender para los niños», afirma James. Según ella, la escritura cursiva podría mejorar las habilidades motoras finas de los niños debido a la destreza y la atención que requiere, aunque no hay muchos estudios que investiguen esta relación.
Van der Meer señala que el cerebro sigue el principio de «úsalo o piérdelo», por lo que es importante desafiarlo regularmente mediante la realización de estas habilidades motoras finas. Y podría haber otras razones para mantener viva la escritura a mano, dice. «Creo que la escritura a mano forma parte de nuestro patrimonio cultural, y considero que la próxima generación debería ser capaz de escribir una carta de amor o un poema a mano, o al menos la lista de la compra, porque en realidad forma parte de lo que nos hace humanos».
Fue una auténtica masacre. El 29 de enero, SAP, cuyas aplicaciones se utilizan ampliamente para gestionar todo, desde el inventario hasta la nómina, anunció durante una conferencia sobre resultados que esperaba una “ligera desaceleración” en su negocio de software basado en la nube en 2026. El precio de sus acciones se desplomó un 15%. El de ServiceNow, cuyas herramientas ayudan a las empresas a automatizar diversas tareas, cayó un 13%, a pesar de que en el último trimestre sus ingresos crecieron más rápido de lo que esperaban los analistas. Incluso las empresas de software que no publicaron ninguna noticia se vieron afectadas, con una caída del 7% en Salesforce y del 8% en Workday.
Esta debacle refleja el creciente nerviosismo sobre el futuro de la industria del software en la era de la inteligencia artificial. El valor de las empresas estadounidenses de software empresarial que cotizan en bolsa ha bajado un 10% en el último año. Tras un periodo de crecimiento vertiginoso de los ingresos, su impulso se ha ralentizado considerablemente. Sin embargo, los inversionistas corren el riesgo de diagnosticar erróneamente los problemas del sector.
La principal razón detrás de la desaceleración de los ingresos es la economía. Durante la pandemia, el gasto empresarial en software se disparó. Los bajos tipos de interés permitieron a las empresas pedir grandes préstamos para financiar inversiones en nuevos sistemas. Con los trabajadores y los consumidores confinados en casa, muchos jefes sintieron que tenían que mejorar su oferta digital. Tras la pandemia, el aumento de los tipos de interés y el recrudecimiento de la incertidumbre recortaron ese gasto. Los datos oficiales de Estados Unidos sugieren que el crecimiento anual de la inversión en software empresarial cayó del 12% en 2021-22 al 8% en 2024.
Pero, ¿podría estar a punto de producirse una revolución de la IA? Los expertos se han centrado en dos amenazas. La primera proviene de las herramientas de codificación de IA. Claude Code, de Anthropic, y Codex, de OpenAI, entre otras, ayudan a los programadores a escribir código mucho más rápidamente. Las startups de “vibe coding”, como Lovable y Base44, permiten incluso a los profanos crear software dando instrucciones sencillas a los chatbots. El temor es que estas herramientas permitan a las empresas crear gran parte del software que necesitan por sí mismas. La otra amenaza es que las nuevas empresas de software empresarial nativo de IA, como Attio, que vende herramientas de gestión de clientes, o Glean, que ofrece un producto que permite a las empresas realizar búsquedas avanzadas en sus datos internos, roben negocio a las empresas ya establecidas.
¿Podría estar a punto de producirse una revolución de la IA? Los expertos se han centrado en dos amenazas.JASON REDMOND – AFP
Consideremos estos riesgos por separado. Para la mayoría de las empresas, crear software es una distracción de su actividad principal. La tendencia durante décadas ha sido la contraria. A mediados de la década de 1990, las empresas estadounidenses mantenían alrededor del 30% de su inversión en software dentro de la empresa; hoy en día, esa cifra es la mitad. La gran empresa típica tiene ahora suscripciones a cientos de programas. Incluso OpenAI utiliza Slack, un servicio de mensajería propiedad de Salesforce.
Hay pocos motivos para pensar que la IA vaya a invertir la tendencia. En parte, esto se debe a que la tecnología aún tiene sus limitaciones. El código generado por la IA suele ser menos elegante, menos parsimonioso y, por lo tanto, menos eficaz. Podríamos llamarlo “slopware”. Andrej Karpathy, exdirector de IA de Tesla, lamentó recientemente que los modelos cometan “errores conceptuales sutiles que podría cometer un [desarrollador] junior un poco descuidado y apresurado”.
El jefe de una gran consultora añade que la tecnología tiende a ser más útil cuando se escribe software nuevo y menos cuando se trabaja con los sistemas existentes de una empresa.
Por supuesto, la IA seguirá mejorando. Pero también es probable que se encarezca. En la actualidad, Silicon Valley subvenciona en gran medida su precio. Eso no puede durar para siempre. OpenAI prevé gastar US$17 mil millones en efectivo este año. La cotización de Microsoft se desplomó la semana pasada, ya que los inversionistas se mostraron preocupados por el enorme gasto en los centros de datos que sustentan la tecnología. Al final, estas empresas tendrán que demostrar el rendimiento de toda esa inversión, lo que sin duda supondrá un aumento de los precios.
Cuando eso ocurra, las empresas de software especializadas tendrán una ventaja. Esto se debe, en parte, a la sencilla razón de que pueden repartir el costo de desarrollar un programa entre sus numerosos clientes. Pero también se debe a que son mejores utilizando la IA para escribir código. Un artículo reciente de Fiona Chen y James Stratton, de la Universidad de Harvard, examinó la productividad de los programadores que utilizan la IA y descubrió que solo se producía un aumento de la producción (medida por el número de tareas completadas) en las empresas que venden software.
¿Qué pasa con los rivales nativos de la IA de la industria del software? Aquí también puede ser exagerado el temor a la disrupción. Los proveedores de software establecidos han estado invirtiendo mucho para incorporar funciones de IA en sus productos. Para acelerar el esfuerzo, se han lanzado a una oleada de acuerdos. Las adquisiciones del año pasado incluyeron la compra por parte de Workday de Sana Labs, una startup sueca de IA, y la compra por parte de ServiceNow de MoveWorks, otra empresa de IA. Los gigantes del software disponen de grandes recursos para financiar más inversiones: en conjunto, Salesforce, SAP, ServiceNow y Workday generaron casi US$30 mil millones en flujo de caja libre el año pasado. Sus productos también son muy populares, ya que a las grandes empresas les resulta caro y arriesgado cambiar de software, y pueden aprovechar su tamaño para recabar rápidamente opiniones sobre las nuevas funciones de IA.
De hecho, la IA puede acabar siendo una bendición para las empresas de software ya establecidas, al menos para las grandes que tienen dinero para invertir en ella. Incluso si el precio de acceso a la IA aumenta, la tecnología debería seguir reduciendo el costo de desarrollo de software con el tiempo. Eso podría llevar a un mayor gasto en software, y no a uno menor, ya que las empresas lo utilizan para sustituir tareas que aún realizan los humanos.
Que eso ocurra depende de la elasticidad del precio del software. Las pruebas al respecto son limitadas, pero sugerentes. Un artículo publicado por el Banco de Francia concluye que ese gasto es razonablemente elástico. En nuestro análisis de los datos oficiales sobre la inversión en software empresarial en Estados Unidos, también observamos que una disminución del 10% en los precios del software se asocia con un aumento del 20% en el gasto. Es posible que el software acabe conquistando el mundo, pero hasta ahora solo ha arañado la superficie en la mayoría de las empresas. Pronto podría dar un mordisco mucho más grande.
Se espera que el crecimiento económico mundial se mantenga resistente en 2026, con un crecimiento del PIB real previsto del 3,1 %, incluso aunque las economías avanzadas se ralenticen y los mercados emergentes desempeñen un papel más importante.
Esta visualización desglosa la participación de cada país y región en el crecimiento del PIB real mundial en 2026, según los datos previstos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
China y la India impulsan el crecimiento del PIB mundial en 2026
Se prevé que China contribuya con un 26,6 % al crecimiento del PIB real mundial en 2026, lo que supone, con diferencia, la mayor participación de cualquier país.
A pesar de unas tasas de crecimiento nominales más lentas en comparación con décadas anteriores, el mero tamaño de la economía china sigue convirtiéndola en el principal motor de la expansión mundial.
India le sigue como el segundo mayor contribuyente, con un 17 % del crecimiento mundial. Juntos, se espera que China e India generen más del 43 % del crecimiento real del PIB mundial en 2026.
Entre las economías avanzadas, se prevé que Estados Unidos contribuya con un 9,9 % al crecimiento mundial, lo que lo convierte en el mayor contribuyente de todos los países desarrollados.
La contribución de Europa se sitúa en el 9.5 % del crecimiento mundial, repartido entre Alemania, Francia, Italia, España y otras economías. El menor crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y las condiciones financieras más restrictivas siguen lastrando la expansión económica de la región.
En conjunto, Estados Unidos y la Unión Europea representan solo el 16 % del crecimiento mundial total, y el centro del impulso económico se está desplazando hacia los mercados emergentes.
Un panorama de crecimiento global en constante cambio
Desde una perspectiva regional, la región de Asia-Pacífico domina el crecimiento global con una participación del 59.4 %, en la que Indonesia, Vietnam y otras economías desempeñan un papel importante junto con China y la India.
América del Norte contribuye con un 11,4 %, seguida de Europa. África, que alberga la mayoría de las economías de más rápido crecimiento del mundo, representa el 7,7 % del crecimiento mundial, liderada por Nigeria, Egipto y Etiopía.
En general, se prevé que el crecimiento mundial en 2026 esté impulsado en gran medida por los países que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo económico, respaldados por el crecimiento demográfico, la expansión de la fuerza laboral y el aumento del consumo y el gasto público.
El jueves expirará el último acuerdo bilateral restante entre Rusia y Estados Unidos, conocido como Nuevo START. Como resultado, ambos países, que controlan casi el 90 % del armamento nuclear mundial, ya no tendrán límites en sus arsenales.
El presidente ruso, Vladímir Putin, sugirió recientemente que ambas partes podrían atenerse a las normas durante otros 12 meses. El mes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró sobre el tratado de 2010: «Preferiría un nuevo acuerdo mucho mejor». Sin embargo, no hay negociaciones en marcha, y Trump también insinuó en octubre pasado que Estados Unidos podría reanudar las pruebas nucleares.
No es de extrañar que el Boletín de los Científicos Atómicos declarara recientemente que las manecillas de su simbólico “Reloj del Juicio Final” se habían acercado más que nunca a la perspectiva de la catástrofe.
En respuesta a la creciente incertidumbre sobre los compromisos de seguridad de Estados Unidos, otras partes del mundo contemplan la adquisición de armas nucleares. Esta postura se está normalizando en los países nórdicos —aunque generaría más problemas que soluciones , escribió Naman Karl-Thomas Habtom la semana pasada—, así como en Japón y Corea del Sur .
Mientras tanto, China ha superado a Francia, India, Pakistán y el Reino Unido para convertirse en la tercera potencia nuclear más importante del mundo . Si bien las operaciones aéreas estadounidenses e israelíes del año pasado probablemente retrasaron varios años el programa nuclear iraní , Teherán aún no ha abandonado sus ambiciones nucleares.
¿Es inevitable, entonces, una nueva carrera armamentística nuclear? En el número de invierno (boreal) de 2026 de Foreign policy, que explora la retirada de Estados Unidos de la escena mundial , Rebecca Lissner y Erin D. Dumbacher presentan un panorama más complejo.
Destacan el inicio de un orden nuclear posestadounidense, pero señalan que el mundo aún no experimenta una ola de proliferación. En cambio, los aliados y socios de EE. UU. están llegando a acuerdos nucleares para garantizar su seguridad sin Washington. Afortunadamente, argumentan los autores, esta tendencia aún es reversible.
Los exportadores de granos y subproductos alertaron hoy que la Unión Europea frenará las compras de biodiésel de soja y aceite de la Argentina y de otros países si prospera una dura normativa. No incluye la harina de soja, el producto de mayor valor de exportación.
Así lo señaló la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que advirtió: “La Comisión Europea publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiésel a nivel global”.
Según la cámara, la Comisión Europea concluyó que “la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma”. Una alta fuente oficial reconoció que se trata de “un tema de preocupación” para el país. Según destacó se está analizando la situación y se harán todas las gestiones necesarias con la Comisión Europea para evitar que esta propuesta tenga impacto sobre las exportaciones de la Argentina. La misma fuente aclaró que se trata de “una propuesta que está puesta a consideración en consulta pública”.
El año pasado se hicieron exportaciones de biodiésel a ese mercado por 280.000 toneladas, que representaron unos US$350 millones. A esto se le sumaron las ventas de aceite de soja para uso industrial por 45.000 toneladas, que permitieron divisas por US$50 millones.
Sin embargo, en la industria aclararon que el potencial total del mercado asciende a alrededor de US$1400 millones, dado que la cuota que tiene la Argentina para biodiésel es de 1,2 millones de toneladas.
“Esto significa que la UE no importará más biodiésel de soja o aceite de soja para uso de biodiésel para siempre. El único aceite autorizado será el de colza, que es producido en la UE”, señaló.
Para Ciara-CEC, “de prosperar este proyecto y sea adoptado este año, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde la Argentina, Brasil y los Estados Unidos quedarán fuera de mercado europeo, representando para el país un daño comercial de 350 millones de dólares anuales [de biodiésel en 2025], así como el cierre de la industria en la Argentina dado que es el único mercado de exportación».
Gustavo Idígoras, presidente de la cámara exportadora, consideró que la medida es “una barrera injustificada al comercio”. Aclaró también que en años previos se llegó a cumplir con la cuota que tiene la Argentina [1,2 millones de toneladas], pero generalmente “depende de la demanda europea”.
“El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado”, señaló. El ejecutivo agregó: “Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; de hecho, viene bajando la superficie desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo, pero todos sabemos que esto no es un debate científico sino político, porque la Unión Europea (UE) quiere compensar a los países que se quejan del acuerdo con el Mercosur y entonces cierran el mercado para productos competitivos de la Argentina”.
Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC: “una barrera injustificada al comercio”Rocío Forte / Pukén
Explicó que el sector está en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía “para tener una estrategia de defensa agresiva”. No se descarta llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Según los registros históricos, en 2019 la Argentina envió a Europa 1.015.007 toneladas de biodiésel. En 2020 se exportaron 597.292 toneladas. En tanto que en 2021 fueron 1.272.295 toneladas. Además, en 2022 se ubicaron 1.222.374 toneladas. Y, en 2023, fueron 304.450 toneladas, marcando una fuerte caída. En 2024 se posicionaron en 383.338 toneladas.
Según explicó Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), el caso más emblemático es el del biodiésel, un mercado que hoy está condicionado por una cuota acordada con la Unión Europea. “Tiene una cuota de más o menos 1,2 millones de toneladas que no todos los años usamos y que depende de los precios”, señaló.
Recordó que la Argentina ya enfrenta una restricción estructural en el biodiésel de soja. “Ya tenemos una restricción con el biodiésel existente que está dada por este acuerdo que firmó la Argentina con la Unión Europea de restringir el volumen a una cuota y a un nivel de precios”, explicó, y aclaró que se trata de una variable que cambia año a año.
No obstante, remarcó que la industria tiene capacidad instalada para cumplir con ese volumen. “Lo importante es que tenemos el objetivo de cumplir con esa cuota, tenemos capacidad para mover ese millón doscientas mil toneladas”, afirmó, aunque advirtió que no siempre es posible. “A veces no podemos por una cuestión de precios, pero esto nos va a cerrar esa puerta absolutamente”, resumió.
Por otra parte, Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, sostuvo que la Unión Europea viene profundizando una política de regulación excesiva con impacto directo sobre el comercio y la producción por razones ambientales, no solamente al comercio internacional, sino a su propia producción. Advirtió que ese enfoque está “generando serios problemas de competitividad y de eficiencia, en la medida en que le agrega costos a la producción local”.
En relación con la normativa conocida, Elizondo señaló que, aunque aún no hay certeza sobre su aplicación, “lo más probable es que ocurra porque se está cambiando una normativa”. En ese marco se consideró que se trata de “una disposición que tiene una raíz más política que técnica”, vinculada a la necesidad de dar respuesta a sectores críticos del acuerdo Mercosur–UE. “No tiene justificación en la medida en que a la Argentina no debería afectarle esta medida, porque la Argentina no está dentro de las categorías que esta medida está previendo en términos de cambio de uso de suelo para la soja”, afirmó, y remarcó que “la producción de soja en la Argentina no solo no crece, sino que ha decrecido”.
Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionalesFabián Malavolta
En términos más generales, Elizondo planteó que la UE “es un mercado excesivamente regulacionista” que utiliza criterios ambientales “con algunos propósitos bien intencionados pero altamente antieconómicos”, lo que termina afectando la productividad, la competitividad y, en muchos casos, “al libre comercio internacional”. En ese sentido, advirtió que el acuerdo de integración con la UE implicará vincularse “con un socio complejo” que, más allá de la reducción arancelaria, mantendrá “políticas no arancelarias excesivamente exigentes, en muchos casos injustificadamente exigentes, y eso obstruye el comercio”.
Por último, Elizondo encuadró esta situación en un escenario global de crecientes restricciones al comercio. “[Donald] Trump, por un lado, acude a la política arancelaria, pero las restricciones no arancelarias, como las que impone en gran medida la UE por razones sanitarias, ambientales o de seguridad, son también una restricción al libre comercio”, explicó, y agregó que incluso “hacen menos competitiva a la propia economía europea”. Si bien reconoció que no todas las exigencias ambientales o sanitarias son negativas y que “la Argentina tiene capacidad para cumplirlas”, advirtió que “hay cambios sobre la marcha que plantean exigencias excesivas” y que, en casos como este, responden más a “una motivación política interna doméstica vinculada con la discusión del acuerdo Mercosur–UE”.
La tasa de mortalidad infantil en Argentina aumentó 0,5 puntos en 2024, por primera vez desde 2002. El último aumento había sido en 2022, pero fue menor: de 0,4 puntos. Según el informe de Estadísticas Vitales publicado por el Ministerio de Salud de la Nación (que primero publicó y luego borró), la tasa pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024.
En 2024, primer año completo de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza), hubo 3.513 muertes de menores de un año. Corrientes, Chaco y La Rioja son las provincias con mayor tasa y superan ampliamente el promedio nacional.
“En la mayoría de los países, incluida Argentina, se observa una disminución de esta tasa en las últimas décadas. Por eso, el aumento, más allá de la magnitud, es muy preocupante ya que quiebra esta tendencia secular”, explicó Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud en la gestión de Mauricio Macri (2017-2019) y magíster en Epidemiología Clínica en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
“Estas cifras de 2024 son atribuibles más al aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias, que arrancaron en la pandemia y se agravaron con las gestiones de Alberto Fernández y Milei”, advirtió Rubinstein.
Qué es la mortalidad infantil
De acuerdo con el informe de Estadísticas Vitales 2024 de la cartera sanitaria, la mortalidad infantil comprende las muertes de menores de un año. Se llama “mortalidad neonatal” a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y “mortalidad postneonatal” al período posterior al neonatal y hasta el año de vida.
Existen factores que influyen y determinan estas defunciones. “En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas, como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida)”, explica el informe oficial.
En la mortalidad posneonatal tienen mayor impacto sobre la salud del niño las condiciones ambientales, como pueden ser infecciones, deshidratación, trastornos respiratorios agudos y las condiciones socioeconómicas.
Qué muestran los datos
En 2024, primer año de gobierno de LLA, hubo 3.513 casos de mortalidad infantil. En 2023 habían sido 3.689.
“La reducción del número absoluto de muertes infantiles se relaciona con el dramático descenso de la tasa de natalidad y fecundidad en nuestro país en los últimos años. Pero la tasa se calcula con el número de muertes de niños menores de un año en el numerador y el número de nacidos vivos en el denominador, por 1.000”, explicó Rubinstein.
Si se analiza la tasa cada 1.000 nacidos vivos, este año ese número alcanzó los 8,5 decesos por cada mil nacidos vivos. Se trata de un incremento de 0,5 puntos con respecto a 2023, según la información del Ministerio de Salud, con las afecciones originadas en el periodo perinatal y las malformaciones congénitas como las principales causas de aumento en la mortalidad.
“De este modo, en 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde 2002”, explica un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en temas de prevención y promoción de la salud.
La tasa de mortalidad infantil lleva una tendencia de descenso desde 2000. Ese año, la tasa era de 16,6. Desde entonces, los únicos años de aumento fueron de 2001 a 2002, de 2006 a 2007, de 2021 a 2022 y de 2023 a 2024.
El gobierno de Mendoza, a cargo de Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), señaló en un comunicado: “Este incremento debe ser un llamado de atención a nosotros como área responsable de maternidad e infancia, a las autoridades nacionales para que el ajuste no sea en políticas clave como esta y a todos los mendocinos para que, pese a la crisis, sostengan los cuidados de la salud durante el embarazo”.
“El rol rector del Ministerio de Salud, que siempre pudo haber sido mejor y tenía aspectos para mejorar, ha disminuido y ha disminuido el personal que se encarga de eso en el Ministerio de Salud. Las provincias están cada una resolviendo por su lado”, advirtió Fernando Zingman, ex jefe del Programa Nacional de Salud Adolescente y ex jefe del área de Salud en Unicef Argentina, explicó.
“En el actual contexto, con empeoramiento de las condiciones laborales y aumento del desempleo, el acceso al sistema de salud se vuelve más dificultoso. Es probable que ante estas dificultades los controles de salud en general disminuyan y el contacto con el sistema se dé ante situaciones agudas por guardia”, advierte desde Soberanía Sanitaria.
Corrientes, Chaco y La Rioja, las provincias con mayor tasa
La mayor cantidad de casos de mortalidad infantil ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (1.236), seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231).
Sin embargo, es importante analizar la tasa de mortalidad infantil, es decir, cuántos niños y niñas de menos de un año murieron cada 1.000 nacidos vivos.
La tasa más alta pertenece a la provincia de Corrientes, con 14 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos. Le siguen Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). Luego, Formosa y Santiago del Estero, ambas con una tasa de mortalidad infantil de 10,7.
La tasa más baja la tiene la Ciudad de Buenos Aires, con 4,9 decesos por cada 1.000 nacidos vivos.
Las provincias que más aumentaron su tasa de mortalidad infantil fueron Corrientes, que pasó de 7,5 en 2023 a 14 en 2024. Le sigue Misiones, que pasó de 5,8 a 9,5; y luego Entre Ríos, que pasó de 5,2 a 8,8.
