jueves, 9 abril, 2026 - 1:23 am

Techint-Sacde presentaron la mejor oferta por el Gasoducto Norte

La reversión del Gasoducto del Norte, un licitación clave para garantizar el suministro de gas desde Vaca Muerta a siete provincias del NOA en el próximo invierno, tuvo un avance hoy luego de las dudas generadas por el cambio de gobierno nacional y el anuncio de paralización de toda la obra pública.

La empresa estatal Enarsa llevó a cabo hace instantes el acto de apertura de ofertas sobres N° 2 del renglón 2 de licitación pública GNPK N° 02/2023 “ingeniería de detalle, suministros y construcción (epc) del proyecto: Reversión del Gasoducto norte – obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

La UTE Techint-Sacde quedó cerca de la adjudicación, con una propuesta $59.500.622.938,88 más IVA y una nota de descuento equivalente al 4,11%, lo que se traduce en un monto total de $57.055.147.336,09 más IVA.

Mientras que su competidora BTU hizo una oferta más alta: $72.106.171.580,33 más IVA.

Los tramos de la obra

En octubre, se abrieron las ofertas por el renglón 1, que abarca la reversión de cuatro plantas compresoras existentes en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, un loop (ampliación) de 62 kilómetros junto a la traza del Gasoducto Norte y la construcción de los 22 kilómetros finales del gasoducto Tío Pujio-La Carlota. La UTE Techint-Sacde también realizó la mejor oferta económica para esas obras, con una propuesta de $ 146.996.467.332 más IVA, respecto de la cual ofreció además un «descuento especial» de 3,80 %, de manera que la cifra final quedó en $ 141.410.601.573 más IVA. Mientras que la propuesta de BTU totalizó $ 183.334.454.848 más IVA. Enarsa rechazó la oferta y debe resolver si llama a una nueva licitación por ese tramo de la obra. El renglón 2, cuyas ofertas se conocieron hoy, comprende la obra desde el kilómetro 0 al 50. Resta avanzar con la apertura de ofertas por el renglón 3, desde el kilómetro 50 al 100 del gasoducto a construir entre Río Pujio y La Carlota, en la provincia de Córdoba. El presupuesto oficial de la obra es de US$ 710 millones, de los cuales US$ 540 millones serán financiados por un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) y el resto con fondos de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, según había planificado el gobierno anterior.

Estratégica y urgente

La Reversión del Gasoducto Norte permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a hogares, industrias y centrales eléctricas del NOA y el desarrollo de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio. El gobierno deberá avanzar a contrarreloj para evitar una crisis de suministro de gas en esa región el próximo invierno, cuando venza el contrato de importación con Bolivia.

El CONICET y el resto de la estructura cientifica, en coma inducido

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Al retirarse, Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+I, el principal  financiador de la ciencia local, dejó en sus arcas 5000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por más de 225 millones de dólares. Pero las autoridades designadas y por designar para el nuevo organigrama que regirá al sistema científico solo repiten el mantra que se escucha del resto de los funcionarios: “No hay plata”. Con esa excusa no solo están incumpliendo con compromisos ínfimos que habían quedado del gobierno anterior. Con la advertencia «de palabra» (todavía no hay nada firmado ni publicado en el Boletín Oficial) de que deberán manejarse con el presupuesto de 2023, están poniendo al Conicet (y al resto del aparato estatal, incluyendo universidades) en riesgo de parálisis. Aunque la orden fue emitida antes de que cesara en sus funciones la gestión previa y su monto es despreciable en términos del presupuesto del Estado, y a pesar de gestiones realizadas ante las nuevas autoridades, los científicos galardonados por su tarea destacada no reciben respuesta. Pero si esto no tiene una justificación plausible, es peor lo que anticipa un documento no oficial que circuló ampliamente sobre una reunión de directores de Centros Científicos y Tecnológicos del Conicet con los vicepresidentes, Claudia Capurro y Alberto Baruj en la que se les habría informado que desde el 10 de diciembre el organismo está imposibilitado de realizar pagos, porque no hay nadie que tenga firma autorizada, y que deberán enfrentar el próximo año, para el que se calculan niveles de inflación del 300% o más, con el mismo presupuesto de 2023, por lo que deberán pagar “los gastos mínimos e indispensables” para que las instituciones sigan funcionando. Todo, de palabra.
Incluso sin aumento de salarios, ese presupuesto solo permitiría llegar hasta mediados de año. Como se mencionó, la parálisis en junio no solo valdrá para el Conicet, sino para el Estado en su conjunto, porque no hay forma de pagarle a todo el personal el sueldo de diciembre con el presupuesto actual, que es la suma de lo que se pagó en todo el año que concluye, incluyendo los primeros meses, cuando las remuneraciones eran mucho más bajas. Mientras Daniel Salamone sigue reuniéndose con diferentes áreas para conocer su funcionamiento, el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó a una subsecretaría (también sin responsable nombrado) dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que está a cargo de Alejandro Cosentino. El Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica dependerán en forma directa del titular de la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse. Aunque ya están los resultados de los concursos para ingreso a carrera, el directorio del Conicet debería publicar el orden de mérito el 12 de enero, pero en principio se habría resulto hacerlo sin el otorgamiento de la beca hasta que no estén los fondos. La incorporación de los nuevos investigadores debería ser en abril. La misma conducta se seguiría con respecto a las promociones. Se comunicarían los resultados de las evaluaciones, pero no se podrían hacer efectivas hasta que no se disponga del presupuesto. Y lo mismo con los ingresos pendientes de 2022 y 2023: solo se irían dando las altas a medida que haya presupuesto. Aunque seguirían haciéndose los concursos para ingreso a la carrera del investigador y becas posdoctorales, no se comunicarían los resultados ni se haría efectiva su incorporación. Además, siempre según esta minuta de la reunión, se dieron de baja varios convenios y obras en curso del Programa Federal Equipar y Construir, se suspendió el teletrabajo y no se pagarán horas extras, ni se firmarán convenios. Queda frenada por el momento la conformación de nuevos centros científico-tecnológicos. Según este recuento, Salamone les habría comunicado que, como el país está en una crisis muy profunda, la institución “deberá ser parte de la solución y no del problema”. Entre las “soluciones” que habría sugerido figura que la gente que está en condiciones de jubilarse lo haga, y que se potencie la vinculación con privados y la cooperación internacional.

Detalle de la propuesta privatizacion de las industrias de defensa

Reproducimos esta nota del portal especializado Zona Militar:

El alcance del proyecto de Ley Ómnibus, presentado por Javier Milei, de incidencia en los distintos sectores de interés nacional, incluye a las empresas estatales o de participación accionaria mixta del Complejo Militar Industrial Argentino, habilitando al Estado Nacional a queden sujetas a procesos de privatización. Entre ellas se detalla en uno de los anexos que integra el cuerpo del proyecto de Ley a la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martin” S.A. (FAdeA), Fabricaciones Militares S.E., Talleres Navales Dársena norte S.A.C.I. y N (TANDANOR), Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E. (COVIARA).

Esta situación fue analizada desde Zona Militar, en virtud que en el DNU 70/2023 se derogaron las Leyes Nº 15349/46, referente a normas del régimen de sociedades mixtas, y la 13.653 sobre el Régimen Legal de Funcionamiento de Empresas del Estado, con incidencia directa en la Política de Defensa de la República Argentina y su Instrumento Militar.

Se abre así un nuevo capítulo para las empresas estatales ligadas al sector Defensa, enfrentándose a una realidad compleja, atravesada por una profunda crisis económica y financiera, con resultados en términos de rendimiento objetables desde el punto de vista económico. Cabe destacar que no todas presentan un balance similar, siendo la situación puntual de cada una de ellas diferente.

Línea de remotorización Pampa II-40. Foto: Carlos Borda Bettolli

Si bien se trata de empresas con una trascendencia histórica fundamental para la industria argentina, su impacto en la mejora de las capacidades militares de la argentina en los últimos años se ha visto limitado por la falta del impulso presupuestario necesario, que muchas veces contrasta con la probada capacidad de su personal, alterando el resultado final en términos de costo-beneficio.

Oficializaron el nombramiento de Daniel Felipe Salamone al frente del CONICET

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En línea con las designaciones que se suceden ya a tres semanas de iniciado el gobierno de Javier Milei, se oficializó al médico veterinario Daniel Felipe Salamone en el cargo de presidente del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Su nombre se había rumoreado luego de las PASO, en medio de la polémica por las declaraciones del Presidente, quien en ese momento como candidato planteó que había que cerrar el organismo.

A través del decreto 102/2023 DECTO-2023-102-APN-PTE publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo designó a Salamone por un período de ley con la intención de llevar a cabo su plan de reformas que se centra en la inversión de capitales privados en el Conicet, con el objetivo de aumentar la producción y los beneficios de las investigaciones, para la sociedad.

El decreto sobre Salamone
El decreto sobre Salamone
 

Daniel Salamone nació en 1960 y tiene 63 años. Es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en la misma materia en países como Japón y Canadá. Además, es doctor en biotecnología y biomedicina por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Por otro lado, se especializó en reproducción asistida y clonación de animales domésticos y salvajes.

Daniel Salamone en su laboratorio en Agronomía
Daniel Salamone en su laboratorio en Agronomía

Entre sus antecedentes laborales se destacan sus trabajos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y como profesor de fisiología animal en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde dirige el Laboratorio de Biotecnología Animal del Departamento de Zootecnia. El experimentado científico es investigador principal del Conicet y miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

En una entrevista que Salomone dio en noviembre, opinó que hubo un desfinanciamiento en la ciencia como consecuencia de la aguda crisis económica perpetuada a través de los años que inclinó la balanza en contra de la ciencia argentina en relación con la de países vecinos, que a pesar de ello, no poseen una organización gubernamental del calibre del Conicet.

Entre sus planteos, dijo que tenía intención de integrar el sistema científico con el sector privado y traducir el trabajo del laboratorio a resultados concretos, incorporar el financiamiento de fondos de inversión, empresas y universidades y promover la creación de start ups. Además, contó en aquella oportunidad que busca fomentar la integración de equipos internacionales y proporcionar soluciones a las necesidades de la población “en un país que, en este momento, es pobre”.

El trabajo de Salamone al frente del Conicet en primera instancia radicará en reanudar el funcionamiento y adquirir financiamiento, mientras despeja dudas respecto a rumores de despidos que circularon por los pasillos del organismo tras las críticas de Milei, a la par de lidiar con la resistencia política enraizada en los últimos años.

 

En la Universidad de Córdoba diseñaron un generador eléctrico portátil

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La principal inspiración para Alexis Tapia llegó de la mano de un problema. Todos los veranos, por el aumento del consumo de energía eléctrica, los cortes de luz son comunes en Río Segundo, su ciudad natal. Más de una vez se quedó sin servicio, y sin ventilador. Pero este estudiante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNC) de 35 años reconoce que la idea también se gestó andando. Amante del trekking, Alexis se encontró más de una vez en parajes recónditos en medio de la montaña, sin batería para recargar su linterna frontal. Para coronar su gesta, en pandemia, ideó junto a un compañero un generador portátil para abastecer de energía a una carpa sanitaria. “La idea era tener un espacio en el que el servicio no se cortara. Uno podría pensar que los generadores y los paneles ya están inventados. Pero lo nuevo de nuestro invento fue poderlos trasladar. Aprovechar, por ejemplo, el viaje en ambulancia para recargar el generador y enchufarlo en una carpa o en un respirador”, cuenta Alexis. Los tres eventos (cortes de luz, caminatas por las sierras y pandemia) le valieron de inspiración para el proyecto que presentó en la edición 2023 de “UNC Innova”, una exposición organizada por la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba.

Cómo funciona

Este generador eléctrico móvil acumula energía y se abastece a través de distintos tipos de almacenamiento. Puede conectarse a un automóvil y utilizar la energía cinética del movimiento del vehículo para generar electricidad. También puede abastecerse del sistema energético de una vivienda, tenga o no energía fotovoltaica. “Si en una casa hay paneles solares que producen energía renovable, el aparato que inventé se conecta a la red de electricidad de esa vivienda y se retroalimenta. Cuando se desenchufa y se lleva, por ejemplo, a una casa de campo, se conecta a esa red y le da la energía que almacenó. Es como si se le sacara sangre a una persona para darle a otra”, ejemplifica. Al ser bidireccional, se puede alimentar de un sistema de energía eléctrica convencional, no renovable. El generador fue creado con un dispositivo que se adapta a cada tablero. También previene desperfectos de aparatos eléctricos por baja de tensión. En el caso de un auto, se conecta a la toma a 12 voltios. Alexis señala que un viaje de una hora (por ejemplo, de Río Segundo a Villa María) puede generar entre 30 a 45 minutos de energía gratis para una vivienda.

Impacto en la huella de carbono

Inspirado en la bioarquitectura y en los principios de la sustentabilidad, Alexis construye su casa en Pilar –una localidad contigua a Río Segundo- mediante el sistema steel frame. En su propio hogar pone en práctica sus estudios para crear una refrigeración y calefacción pasiva, sin utilizar tanto el aire acondicionado o un calefactor. Con la misma idea se propuso reducir la huella de carbono, a través de su nuevo invento. Por un lado, reduce el consumo de energía convencional no renovable. Por otro, permite obtener un rédito de la contaminación que genera un vehículo. “Un auto que funciona a combustible genera emisiones y despide dióxido de carbono. Mediante la utilización de este aparato, se puede obtener la energía que almacenó el generador. No evita la contaminación, pero queda una ganancia”, sostiene el estudiante.

Posibles usos

Si bien la idea original fue llevar energía a lugares remotos, con el tiempo Alexis se dio cuenta de que la mayor necesidad estaba en las grandes ciudades. La pandemia demostró que un corte de luz podía afectar el funcionamiento de un respirador, y conoció la realidad de gente electrodependiente, que depende de un artefacto eléctrico para sobrevivir o mantener calidad de vida. “Si quisiéramos llevar energía a un campo, podríamos tranquilamente conectar el generador a un tractor, almacenar y darle luz a un sitio que no cuenta con el servicio”, agrega. Esta propuesta puede ser utilizada en cualquier lugar donde se utilicen vehículos y exista la necesidad de disminuir la contaminación ambiental. También en lugares donde la red eléctrica es inestable o inaccesible, permitiendo el acceso a la energía mediante una fuente renovable y sostenible. En la actualidad, Alexis usa su generador para llevar energía a obras en construcción, en sitios que aún no cuentan con el servicio. Y también lo prueba en su propia casa, en proceso de edificación. En la feria de la UNC obtuvo excelentes comentarios. El proyecto espera financiamiento para ser probado y lanzado al mercado.
El proyecto
Nombre: Generador eléctrico solar para automóviles con almacenamiento de energía y conexión domiciliaria. Autor: Alexis Tapia, estudiante de cuarto año de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. El ahorro en números: un viaje de una hora aproximada (por ejemplo, de Río Segundo a Villa María) puede generar entre 30 a 45 minutos de energía gratis para una vivienda.

Por Natalia Lazzarini (UNCiencia)

También los ambientalistas cuestionan medidas del DNU de Milei

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Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. Compartimos a la sociedad un primer análisis de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: * Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. * Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto. * Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. * Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria. * Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría

El proyecto de «Ley Omnibus» aspira a dar vuelta a la Argentina como un guante.

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El Gobierno nacional envió ayer al Congreso de la Nación la «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», informó la cuenta oficial de la oficina del mandatario. El texto de la «ley ómnibus» contiene 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso. Prevé la derogación de las PASO, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo aprivatizar las empresas estatales. También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos. «Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación», se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.En esa línea, continuó: «Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos». En su primer artículo el proyecto de ley ómnibus establece que su objeto es «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales». El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones «teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».

Este es el proyecto completo de Reforma del Estado

Marcha de la CGT: «No se confunda señor presidente»

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La CGT se movilizó para escenificar su presentación en la Justicia para tratar de invalidar el decreto de necesidad y urgencia que impulsó Javier Milei para desregular la economía y reformar la legislación laboral. La presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet.

El magistrado rechazó hoy conceder la medida cautelar interina porque todavía no está en vigencia el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.

En paralelo al formalismo judicial, la CGT hizo público un duro documento contra el Gobierno que se titula “Somos los trabajadores, no la casta” y que cuestiona, por ejemplo, que no se permita el debate de los cambios en el Congreso. “Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario. El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó la central obrera peronista.

Y agregó: “Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. No se confunda señor presidente, somos trabajadores, no la casta”

El documento completo

El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte.

Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales

El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado.

No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral.

Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.

El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.

Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía.

Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia.

No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.

Por último, reiteramos que una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos.

Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías.

Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República.

NO SE CONFUNDA SEÑOR PRESIDENTE. NO SOMOS LA CASTA. SOMOS LOS TRABAJADORES

Ciudad de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

El Banco Nación y otras 40 empresas que el gobierno quiere privatizar

Este miércoles se presentó en el Congreso el paquete de leyes envíado por el ejecutivo «para la libertad de los argentinos», también conocido como «ley ómnibus» para complementar el polémico DNU de Javier Milei. Este proyecto incluye un listado de 41 empresas estatales «sujetas a privatización».En el listado de empresas del Estado que podrían pasar a manos privadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, AySA, YPF, el Banco Nación y Ferrocarriles Argentinos, la empresa estatal con mayor cantidad de personal con más de 30 mil empleados. También figuran empresas emblemáticas como el Correo Argentino, Fabricaciones Militares, los Puertos, la agencia de noticias Télam y Radio y Televisión del Estado. Algunas de las compañías que forman parte del listado, como Aerolíneas y AySA, ya constituyen sociedades anónimas, lo que facilitará su proceso de privatización.

Esta es la lista de empresas públicas que el Gobierno busca privatizar

  • Administración General de Puertos S.E.
  • Aerolíneas Argentinas S.A.
  • Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
  • Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
  • Banco de la Nación Argentina
  • Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
  • Casa de Moneda S.E.
  • Contenidos Públicos S.E.
  • Corredores Viales S.A.
  • Correo Oficial de la República Argentina S.A.
  • Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.
  • DIOXITEK S.A.
  • EDUC.AR S.E.
  • Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
  • Energía Argentina S.A.
  • Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
  • Fabricaciones Militares S.E.
  • Ferrocarriles Argentinos S.E.
  • Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
  • INTERCARGO S.A.U.
  • Nación Bursátil S.A.
  • Pellegrini S.A.
  • Nación Reaseguros S.A.
  • Nación Seguros de Retiro S.A.
  • Nación Servicios S.A.
  • Nucleoeléctrica Argentina S.A.
  • Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
  • Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
  • Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.
  • Radio y Televisión Argentina S.E.
  • Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
  • Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
  • TELAM S.E.
  • Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM.
  • BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
  • ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E.
  • OPERADORA FERROVIARIA S.E
  • Vehículo Espacial Nueva Generación S.A.
  • Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado
  • Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
  • YPF S.A.

Quieren privatizar la actividad nuclear. Ya lo había intentado Menem

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Lo primero a entender es que no estamos en 1997 y hoy NA-SA es una empresa estratégicamente valiosa por su capital y su capacidad de recaudación. En 1997 no lo era. Pero las opciones diplomáticas son aún más atractivas que las económicas, aunque no para nuestro país: privatizar NA-SA hoy permitiría cavarle la tumba definitiva al Programa Nuclear Argentino tal como se lo concibió entre 1950 hasta 1989: independiente. En 1997 en el gobierno de Carlos Menem ya habÍa planteado la privatización de la actividad nuclear en la República Argentina con la Ley 24.804 que estableció:

«ARTICULO 35.-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad participada previsto en la ley 23.696.

El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos. ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica.

ARTICULO 36.- Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de combustible nuclear con destino a la generación nucleoeléctrica a escala industrial o de investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con otras entidades. considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes componentes.

ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, de las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.»

Como se ve el Estado conservaba una acción con poder decisivo en una serie de casos específicos, como ser adquisición de nuevas centrales o cierre de las anteriores. Esa NA-SA menemista fracasó en su objetivo inicial de privatizar dos centrales en buen funcionamiento (Atucha 1 y Embalse) a cambio de terminar una tercera (Atucha 2). Pero ésta seguiría clavada durante 27 años más en atrasos por desfinanciación y luego franco abandono de la obra a partir de fines de 1982.

Nadie quiso hacerse cargo de NA-SA, ese niño huérfano. A los «capitanes de la industria», el título que se daban en Clarín las empresas que mal o bien, y en general prendidas a la yugular del estado, habían practicado algunas ingenierías complejas, ahora preferían cosas menos complicadas, como cobrar peajes. Viendo que no había compradores internos o externos, Menem hizo de NA-SA una caja de recaudación personal, cuya misión era decir que estaba terminando Atucha 2.

Pero la situación actual es otra: NA-SA renació con una misión en 2006: terminar Atucha 2, bajo la dirección del Ing. José Luis Antúnez. Lo interesante de ello fue que renació no sólo como operadora, sino como constructora y diseñadora, y de yapa muy transparente por fuerza, porque no le iban a faltar enemigos.

La consecuencia es que hoy las dos Atuchas funcionan al pelo, tras haber sido reparadas de vicios de diseño típicos de prototipos, porque ambas lo son. Atucha 1, la más vieja y chica, ya atravesó una reparación de internos entre 1988 y 1990, más repotenciaciones y extensiones de vida.

Se le logró aumentar la potencia de 320 a 362 MWe, mejorar su quemado del combustible en un 80%, incrementar su seguridad contra accidentes por recalentamiento del núcleo, que ya era altísima cuando se la inauguró, e incrementar su disponibilidad de un 70% a un 93%. Ahora encara otra que le dará 20 años más de vida operativa y costará U$ 450 millones.

En esta tercera reencarnación, salvo que el nuevo gobierno o los nuevos dueños la impidan, la central estará facturando U$ 130 millones/año, es decir U$ 2600 millones a valor de hoy a término. Se abre la posibilidad de que el estado nacional invierta U$ 450 millones para que alguien que NO ES el estado facture U$ 2600 a término, y a dólar constante. ¿Es negocio?

Atucha 2 parece haber sido reparada de dos problemas de diseño. El primero fue una bomba del circuito primario, antes de la pandemia. El segundo fue el desprendimiento de una pieza inútil y redundante de soporte del núcleo, otro error de SIEMENS, por cuya reparación la multinacional alemana pidió 400 millones de euros con la central entre 4 y 6 años fuera de servicio. NA-SA, que terminó la máquina sin ayuda alguna de SIEMENS entre 2006 y 2014, hizo la reparación en 9 meses y por U$ 21 millones.

¿Se hubiera atrevido a lo mismo capitalista privado acostumbrado a medio siglo de prebendas? No, y no sólo por falta de vocación. Básicamente, porque no habría tenido a mano el nivel técnico de recursos humanos que juntan entre NA-SA y la CNEA. No cualquier cacatúa es Carlitos Gardel, aunque se crea. Ahora, el decretazo de Milei le dará a algún vividor algo que jamás habría conseguido por su cuenta.

Es presumible que la primera vida útil de Atucha 2 llegue hasta 2047, si repite la buena performance que tuvo Atucha 1 desde que la CNEA y luego NA-SA la fueron cepillando de sus defectos de diseño. Si logra esa disponibilidad fabulosa del 93%, estaría facturando U$ 267 millones/año durante los próximos 23 años, lo que da U$ 6141 millones de recaudación a algún vampiro del estado sin haber puesto antes un mango en la terminación y las reparaciones. ¿Es negocio?

Los números se repiten con ligeras variaciones para la Central Nuclear de Embalse, que por su tecnología de tubos de presión en lugar de recipiente de presión, debe ser «retubada» cada 30 años. Es una de las 11 CANDU-6 que se vendieron en Canadá y 6 países más, un producto estandarizado, pulido, seguro y predecible. Fue retubada a nuevo entre 2014 y 2018, ganó un 6% de potencia, su disponibilidad aumento del 89% (alta) a 93% y su prolongación de segunda vida probablemente expire en 2048, lo que supondría una facturación de U$ 232 millones/año durante 24 años, ergo un total de U$ 5568 millones.

Ninguna de estas cifras es 100% segura, porque a término de segundas o terceras extensiones de vida de centrales nucleares es predecible una pequeña merma de disponibilidad, por desperfectos debidos a desgaste.

Otro ángulo codiciable de NA-SA es el blindaje político que le otorgaría a los eventuales capitales petroleros que compren su paquete de centrales. Como dijimos en este mismo portal, no hace falta decir que las centrales nucleares tienen el megavatio hora más barato del país U$ 46 frente a los U$ 65 a 70 de las renovables, y que a término de vida útil, emitieron menos dióxido de carbono fósil y casi no generaron efecto invernadero. ¿O sí hace falta?

A mediano plazo es esperable que ante la total inepcia de las Naciones Unidas por mitigar el recalentamiento global, los países más perjudicados empiecen a aplicar sanciones unilaterales a los grandes emisores, ya se trate de empresas o países. Tener algunas centrales nucleares en el capital accionario es un apalancamiento ante posibles pérdidas. Y en términos de imagen, ahora que en la percepción pública el demonio es el clima extremo y no el átomo, para cualquier petrolero el operar centrales nucleares es un buen «greenwashing» de imagen.

Pero lo que resulta altamente improbable es que el nuevo dueño privado que se quede con este paquete tecnológico se conforme con cobrarle a CAMMESA U$ 46 el megavatio hora. Máxime ante un nuevo episodio de tarifazos. Acaban de desaparecer las posibilidades de que el estado le diga a un particular que siga cobrando lo mismo por electricidad nuclear, limpia y de alta disponibilidad como no la dan ni las centrales hidroeléctricas, en lugar del doble o el triple.

Ahora el proyecto que envio Javier Milei al Congreso elimina esa salvaguardia para Nucleoeléctrica Argentina y la conserva mas limitada y bajo control exclusivo del Poder Ejecutivo de la Nación para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es decir, ya no será Javier Milei o quien lo suceda en el actual gobierno, y menos que menos el Poder Legislativo, quienes decidan si una central nuclear argentina se repara o no, se mejora o no, sale de servicio o no, si se revende a terceras partes o no.

Será el nuevo dueño de NA-SA.

Esta privatización empieza peor que la que terminó con YPF en manos de REPSOL. Aquella privatización en la que el estado resignó la acción de oro permitió que la firma española, una nulidad mundial sin petróleo ni gas ni desarrollos tecnológicos propios, vaciara (en términos físicos, no sólo contables) el gigantesco yacimiento de gas de Loma de la Lata. En 1986 se estimaba duraría 60 años con un crecimiento anual del PBI del 6,5%.

Pero mágicamente, a fuerza de una década de ventas subvaluadas a las «utilities» eléctricas criollas y a Chile, Loma de la Lata estaba despresurizada y ya casi muerta en 2004. El país zafó -y sólo un poco- con nuevo gas off-shore en Tierra del Fuego, y desde 2014, con fracking en Vaca Muerta y a un costo ambiental que te la cuento.

Los artículos que dejaban al estado argentino con la acción de oro de YPF en última instancia fueron apartados sin miramientos para que, vista la falta de oposición legislativa, Menem los borrara para que REPSOL se apropiara totalmente de YPF e hiciera lo que se le dio la gana. Eran:

«ARTÍCULO 10.- Derógase los artículos 35 de la Ley N° 24.804.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N° 24.804, por el siguiente: “ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

En la privatización de NA-SA por parte de Milei no hay acción de oro ni niño muerto, como dicen en el campo. La empresa se regala sin condiciones. El presidente está casi logrando que extrañemos a Menem.

De todos modos, todo esto que acabamos de explicar sobre el futuro NA-SA es nada, frente a lo que se abre: la posibilidad de comprarla a algún privado que le saque todo el jugo posible y luego la cierre. O la venda, ya devaluada y hecha percha por expulsión de personal calificado, a un operador yanqui para que éste la cierre, y así quitarse la responsabilidad pública de haber matado al activo joya del Programa Nuclear más dinámico y exitoso de todo el Hemisferio Sur.

Nada podría alegrar más a La Embajada y al mundo petrolero. Por causas distintas en cada caso.

La Embajada, porque desde que INVAP S.E. la otra empresa ESTATAL exitosa del Programa Nuclear, salió a competir en el mercado mundial de reactores multipropósito, los EEUU sólo pudieron ganar una licitación, la de Tailandia, sumamente amañada y con un impresentable TRIGA de la época del jopo. INVAP entre tanto ganó en Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita. EEUU tiene radioisótopos médicos sólo gracias al reactor OPAL que INVAP le vendió a Australia en 2000. Los autodenominados americanos ya ni tratan de competir con esta empresa barilochense.

Los petroleros tienen otras razones. Los 1763 MW nucleares instalados de NA-SA evitan la quema de 2820 millones de metros cúbicos de gas natural por año.

Somos un clavo en más de un zapato, lectores. Y del futuro de la seguridad nuclear todavía no hemos hablado. Ya lo haremos.

Es cara.

Daniel E. Arias y José A. Fernandez

Educación: Proponen prueba censal al fin del secundario, y otras reformas

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Si se aprueba el texto de la ley ómnibus tal como fue enviada al Congreso, al finalizar la secundaria los estudiantes deberán rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño.

Será una prueba censal, es decir para medir el nivel general, pero será un dato que la persona podrá incluir en su currículum vitae. No se habló hasta ahora si condicionará su ingreso a la universidad.

Además, se incorporarán mecanismos de evaluación y revalidación de conocimientos, tanto para alumnos como docentes, y los padres podrán acceder a los resultados de los métodos de evaluación colectiva, como las pruebas Aprender, para conocer el desempeño de sus hijos y de la escuela a la que los envían.

Otro de los cambios será que para ingresar a la universidad pública se podrá optar por un examen o un curso de nivelación y que los estudios de grado en las universidades públicas seguirán siendo gratuitos para los argentinos y extranjeros residentes permanentes, pero se podrá cobrar una cuota a extranjeros que vengan a estudiar, aunque se podrá implementar un sistema de becas financiado por convenios con otros países o instituciones privadas extranjeras. También se habilitará un mecanismo para que se pueda optar por la modalidad de homeschooling a partir de cuarto grado del nivel primario, entre otros importantes cambios.

Esto surge del texto que envió al Congreso el gobierno de Javier Milei. La mayoría de los cambios propuestos en educación fueron impulsados por el equipo de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central y gran impulsor detrás de las reformas propuestas.

“Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente, respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”, dice el texto en sus primeras páginas.

Después, a partir de la página 162, incorpora cambios en las distintas leyes que regulan el sistema educativo. Habla de financiamiento, sin introducir grandes cambios ni mencionar nada ni siquiera parecido al sistema de vouchers, e incluso agrega un artículo en el que se respeta la potestad de las provincias de establecer las condiciones de la escolaridad, salario docente, calendario educativo, entre otras cuestiones, aunque abre la posibilidad a que empresas y donantes particulares aporten fondos a las cooperadoras de las escuelas, sin que se les prohíba usar esa información como parte de una acción publicitaria, algo que la ley vigente no permite.

Hoy marcha la CGT a tribunales por la anulación del DNU de Milei

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La CGT (Confederación General del Trabajo) va a protestar contra el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado por el presidente Javier Milei la semana pasada con una marcha el próximo miércoles 27 de diciembre. Además, distintas voces dentro de la liga de sindicatos piden un paro general en rechazo a la derogación y modificación de más de 300 leyes —muchas en el ámbito laboral— que planteó el instrumento normativo.

La manifestación sindical tendrá como objeto el Palacio de Justicia de la Nación, cerca de la estación Tribunales del subte línea D, donde se ubica la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es que desde el polo gremial ya advirtieron que buscarán frenar las desregulaciones y cambios legales establecidos en el DNU a través de amparos judiciales, que recaerán en el Supremo Tribunal. Por eso, el centro geográfico del acto principal, previsto para las 12 del mediodía, será la Plaza Lavalle, frente al emblemático edificio del centro porteño.

Esta concentración tendrá como objetivo manifestarse contra el mega decreto de necesidad y urgencia presentado en cadena nacional por el presidente Javier Milei, que entre sus cientos de modificaciones legales incluye varias en el ámbito laboral. Entre otras, el texto plantea la eliminación de la ley 25.323 de indemnizaciones, así como la posibilidad de reemplazar el esquema actual de resarcimientos por despido por un fondo de cese, al cual el empleado aporta un componente mensual de su salario, similar al que ya existe en ámbitos como la construcción.

Además, también modifica la ley N° 23.660 de obras sociales, determinando que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.

¿Hay un paro general el miércoles contra el gobierno de Javier Milei?

Por este y otros cambios, no faltaron los rumores de un paro general por parte de la CGT, que sería su primera acción de este tipo desde mayo de 2019. Aunque no lo descartó, el triunviro cegetista Pablo Moyano eligió ir paso a paso: “La CGT convoca al día miércoles a Tribunales para presentar que se anule este decreto que es una locura lo que está produciendo en millones de argentinos. Después se va a discutir un plan de lucha, que también abarca un paro nacional”.

Esta decisión se tomaría al día siguiente, cuando sesionará un Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la central sindical y del que participan las regionales de todo el país.

Quiénes marcharán contra el Gobierno este miércoles 27

La central de origen peronista sumó la adhesión y participación a la marcha de las dos vertientes de la CTA (Central de trabajadores de la Argentina) y también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Además, ya hubo negociaciones para sumar al Polo Obrero, referenciado en el Partido Obrero que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT). Por eso, este martes hay una reunión del triunvirato cegetista con Eduardo Belliboni, líder de la agrupación piquetera.

La marcha de la CGT del próximo miércoles 27 podría sumar a los piqueteros del Polo Obrero
La marcha de la CGT del próximo miércoles 27 podría sumar a los piqueteros del Polo ObreroTomás Cuesta 

En caso de sumarse a la protesta, será la segunda vez que desde el Polo Obrero marchan contra el gobierno de Milei, ya que este año realizaron la manifestación del 20 de diciembre, donde homenajearon a las víctimas civiles de la represión del Argentinazo, las protestas sociales que causaron la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

FADEA impulsa la venta de 4 aviones AI-63 Pampa III a República Dominicana

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En un difícil contexto atento las limitaciones impuestas por la inestable política de defensa nacional, la Fábrica Argentina de Aviones ( FAdeA ) “Brigadier San Martín” aún se enfrenta al desafío de poder concretar una venta del entrenador IA-63 Pampa III a la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Desde hace varios años, FAdeA ha mantenido acercamiento y negociaciones con varios países a los fines de poder avanzar en la venta del Pampa III. República Dominicana ha sido uno de esos interesados, país cuya Fuerza Aérea mantiene un requerimiento por una aeronave de las características del entrenador ofrecido por la fábrica.

Pese a que el interés y negociaciones se han mantenido con un bajo perfil, durante una reciente entrevista a la Presidente de FAdeA, Dra Mirta Iriondo, la titular de la fábrica expresó a Zona Militar que el interés dominicano es por cuatro de IA-63 Pampa III, aeronaves requeridas por sus capacidades de ataque ligero y bajos costos.

Sin embargo, Iriondo también destacó que para concretar la exportación del Pampa, FAdeA deberá contar con el apoyo del Gobierno argentino a los fines de garantizar y trabajar en cuestiones elementales como son la financiación y la disponibilidad de fondos para adquirir los componentes necesarios para la fabricación de los IA-63 Pampa III.

Esto último ha sido un punto crítico en los últimos años, ya que las condiciones para la compra de componentes en el extranjero, así como el pago a proveedores, se han deteriorado considerablemente por varias razones: la negativa de poner a disposición las divisas requeridas, la falta de autorización en la importaciones SIRA y demás limitaciones locales.

Lo mencionado no solo tienen una incidencia directa a la hora de salir a ofrecer al IA-63 Pampa III o al entrenador básico IA100, sino que también afectó las líneas locales, generando demoras en los cronogramas previstos en los contratos vigentes.

El futuro del Pampa III dependerá en buena medida de la estrategia que decida adoptar la nueva gestión, así como de las medidas de apoyo a FAdeA que permitan garantizar completar los contratos vigentes, manteniendo la posibilidad de realizar una venta al exterior. Esto implicará un esfuerzo interagencial en el cual deberán tomar participación el Ministerio de Defensa, Economía y Cancillería.

En los últimos años, FAdeA logró extender contactos con Egipto, Perú, Paraguay, México y Guatemala (con una venta fallida hace unos años), con el objetivo de ofrecer el IA-63 Pampa III como solución a los requerimientos de un entrenador avanzado con capacidad de ataque ligero. Por supuesto, cada propuesta con sus desafíos propios pero con la posibilidad de trabajar en acuerdos pensando en una venta.

El gobierno desalienta la producción de biodiésel

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Argentina es la única de los tres grandes naciones “sojeras” del mundo que, lejos de promover el consumo interno de biodiésel para consolidar el autoabastecimiento energético, viene implementando en los últimos años políticas para perjudicar a la actividad. Hilarión del Olmo, presidente de la fábrica de biodiésel Explora SA, realizó un repaso de la gestión de la última secretaria de Energía, Flavia Royón, para llegar a la conclusión de que fue una verdadera calamidad para el sector. “A nivel secretarios de Energía, el porcentaje de corte real de la gestión de Flavia Royón fue de 5,2%. El segundo porcentaje de corte real más bajo desde el inicio de la obligación efectiva de mezcla (marzo de 2010)”, indica el informe referido a la gestión comprendida entre el 8 de agosto de 2022 y el 10 de diciembre de 2023. Flavia Royón tuvo una eficiencia del 68,9% en el cumplimiento del corte obligatorio, el segundo nivel más bajo de la seria histórica, superado solamente por la gestión de Darío Martínez con el 55,8%. “En los 426 días de la gestión de Royón –contados desde el 1 de septiembre de 2022 desde hasta 31 de octubre 2023 (último dato disponible, empeorará cuando se conozcan los números de noviembre 2023) se entregaron 345.060 toneladas menos de biodiésel que lo asignado”, señala Del Olmo. El presidente de Explora remarca que entre el 8 de agosto de 2022 y el 29 de noviembre de 2023 Royón firmó cinco resoluciones que modificaron el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio sin aplicar la fórmula de precio que considerara los costos de elaboración del producto, lo que incumple la Ley 27.640. El informe señala que en 2015 –último año de administración de Cristina Fernández de Kirchner– el consumo en el mercado interno de biodiésel fue de 1.014.363 toneladas con un corte obligatorio del 10% que en términos efectivos se ubicó en 8,3%. En 2019 –último año de administración de Mauricio Macri– el consumo en el mercado interno de biodiésel fue de 1.126.468 toneladas con un corte obligatorio también del 10% y uno real del 9,2%. “Por lo tanto, medido el resultado del año 2023, contra el año 2015 el consumo de biodiésel en el mercado argentino se contrajo un 37,8% o 383.238 toneladas menos; y contra 2019 se redujo en un 43,9% o 495.343 toneladas menos”, apunta el documento. “Para contrastarlo con lo ocurrido en el mercado de biodiésel en otros países: en EE.UU. en 2015 el consumo fue de 6.995.437 toneladas y en 2022 pasó a 9.993.482 toneladas; en Brasil en 2015 fue de 3.521.000 toneladas y en 2022 se ubicó 5.476.630 toneladas”, resume.

Comentario de AgendAR:

Olvidate del mercado interno y de la Ley de Corte. Como valor agregado, exportar aceites y harinas de soja no es gran cosa, pero es un negocio mucho mayor que el del corte local, y ahora impositivamente tiene iguales retenciones que exportar porotos.

Daniel E. Arias

La Central Nuclear de Embalse volvió a generar energía

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Este sábado, la Central Nuclear Embalse volvió a entrar en funcionamiento, tras permanecer fuera de servicio desde el jueves.

Luego de dos días de ausencia, desde el sábado a las 14.28 la planta nuclear volvió a reconectarse al sistema nacional y a aportar energía eléctrica a la red.

Según habían informado voceros de la empresa, un desperfecto en el sistema de control electrohidráulico de la turbina -en un edificio ajeno al reactor- había provocado el inconveniente.

Aseguraron a su vez, que el incidente no implicó ningún tipo de peligro ni para el personal ni para la comunidad.

Luego de efectuar las reparaciones correspondientes, este sábado se puso en marcha nuevamente. Desde la planta habían advertido que, en esas maniobras, podía llegar a liberarse vapor de agua por sus válvulas de alivio. “Este procedimiento, en ocasiones produce un fuerte sonido, que no representa ningún riesgo”, aclararon.

El papel del cambio climático en este verano atípico

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En esta época, el calentamiento global lo condiciona todo y los fenómenos naturales se tornan más severos que nunca. La perspectiva científica para comprender lo que sucedió el fin de semana y aventurar si podría volver a ocurrir.

El temporal del fin de semana exhibió un vigor excepcional. Más allá del evento en la superficie, en la actualidad, hay una causa estructural y subyacente que motiva la recurrencia y la agresividad de los fenómenos extremos: el cambio climático. Eso a lo que la humanidad le presta atención, pero que no contraataca de manera decisiva con políticas concretas. Como siempre, las posibilidades que habilitan las nuevas tecnologías a registrarlo todo hacen su parte en esta época y contribuyen a la gesta de relatos espectaculares: sillones volando desde los balcones, cortes de luz masivos, árboles destrozados en el medio de avenidas y automóviles destruidos en varias partes. Lo que décadas atrás pertenecía al mundo de la ficción, hoy se concreta. En paralelo, la imaginación apocalíptica se confirma con tristeza cuando los eventos naturales, además, dejan como saldo víctimas fatales. En este diálogo, la especialista del Conicet y referente internacional en el tema Inés Camilloni describe las características de lo que sucedió y proyecta si podrá volver a ocurrir a corto plazo.
–El temporal del fin de semana, ¿fue un evento de excepción o ha sido registrado más de lo que se cree por la ciencia en los últimos años? –Se trató de un fenómeno excepcional en términos del área espacial que ocupó: una línea de tormentas que fue avanzando desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y se trasladó cientos de kilómetros hacia el noreste. Las tormentas que tuvimos años atrás con mucha lluvia y viento tenían una característica más localizada, por eso, la ocurrida el fin de semana marca una diferencia con lo que veníamos viendo. Sabemos de las consecuencias en Bahía Blanca y toda el área metropolitana, pero en su recorrido complicó las cosas en diferentes territorios. –En declaraciones a los medios, la ministra Patricia Bullrich señaló el protagonismo de una “cola de tornado”. Nunca había escuchado este concepto, ¿de qué se trata? –Argentina es un lugar en el que se han registrado tornados y probablemente seguiremos registrándolos en el futuro. Desde un punto de vista meteorológico, lo de “cola de tornado” no existe, no sé de dónde lo habrá sacado o a qué refiere. Lo que hubo fue una línea de tormentas que, de manera local y en algunos puntos de su trayectoria, exhibió algún tipo de eventos similares a lo que conocemos como tornado. Tuvimos vientos con velocidades realmente extraordinarias. Sin embargo, no podemos afirmar que el país “afrontó un tornado” porque no fue la característica principal del fenómeno. –¿Cómo influyó el fenómeno El niño? –Cuando ocurre El niño, la atmósfera está más caliente de lo normal; y cuando eso se superpone con el cambio climático, se produce una sinergia entre dos fenómenos que tienden a calentar el aire. En este escenario, se genera más vapor de agua disponible que se desarrolla en un marco de mayor inestabilidad y favorece que el aire ascienda. Luego se condensa y da lugar a la formación de nubes con desarrollo vertical que indican la ocurrencia de fenómenos severos. Asimismo, cuando hay mucho cambio en la velocidad del viento entre la superficie y las alturas, se pueden crear nubes de aspecto circular. Como resultado, se obtienen vientos muy intensos que pueden estar acompañados de fuertes tormentas. El niño es un fenómeno de la variabilidad natural del clima que va operando junto al proceso de cambio climático. –Algo de lo que provoca el cambio climático de esta época es que los fenómenos se vuelven más severos y recurrentes. ¿Argentina debería acostumbrarse a estos temporales? –No diría que deberíamos acostumbrarnos, pero sí saber que puede volver a suceder un evento de estas características y que estamos expuestos. En la medida en que tenemos más vapor de agua, el cambio climático genera más energía disponible en la atmosfera. Esa energía puede liberarse en forma de tormentas, así que es perfectamente posible tener esta clase de temporales de aquí en más. –De manera reciente, volvió de la Cumbre climática de Dubai. ¿Qué conversaciones se produjeron al respecto? ¿Qué hacer el día después a un temporal así? –Durante los primeros días de la Cumbre (COP 28, de Naciones Unidas) se discutió en torno al Fondo de pérdidas y daños. Precisamente, ¿cómo dar soporte financiero a los países menos desarrollados, con menos responsabilidad en las causas del cambio climático y, paradójicamente, los más expuestos a fenómenos severos? Una de las cosas que se estableció es cómo promover este financiamiento que será administrado, en un principio, por el Banco Mundial. Por ahora, las propuestas de dinero están muy lejos de lo que se requiere. –Estados Unidos apenas anunció que pondría 17,5 millones en ese Fondo, cuando se requieren miles de millones para comenzar a hablar de algo serio… –Siempre vemos las dos caras de las cumbres: se toman decisiones que son favorables, pero en la práctica no tienen el alcance y la magnitud que deberían. Corremos de atrás con respecto a lo que hay que hacer: no solo no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que las aumentamos. Cada vez peor.
Pablo Esteban

Elon Musk irrumpe en el mapa comunicacional de la Argentina

A partir del DNU de Javier Milei, la compañía que ofrece servicios satelitales de internet aterrizará al país en el segundo semestre de 2024. Un golpe al corazón de Arsat, empresa estatal que el gobierno buscará vender. 

Cuando Javier Milei ganó las elecciones, Elon Musk lo felicitó por la red social X con un mensaje digno de oráculo antiguo: “La prosperidad está por llegar a la Argentina”. De hecho, hubo varios guiños previos entre el libertario y el magnate, que afila los colmillos y se acomoda la servilleta para aterrizar de manera agresiva al territorio local. En el DNU extra large que modifica puntos sensibles en la vida de los argentinos, hay un artículo de los más de 300 que directamente le abre las puertas del cielo, al desregular los servicios de internet «para permitir la competencia de empresas extranjeras» y garantizar que la “provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicación sea libre”. Starlink, la compañía de internet satelital que el propio presidente nombró en su cadena nacional, llegará en el segundo semestre de 2024 y ya brinda promociones para acceder a su servicio. La decisión del mandatario perjudica de manera directa a Arsat, la perla local que desde hace 17 años brinda soluciones en el mismo sector a partir de satélites geoestacionarios y que, según parece, podría ser privatizada. Starlink ofrece conectividad global, a través de una constelación de miles de satélites de órbita baja (a unos 550 kilómetros, a diferencia de otros del rubro que se encuentran a más de 30 mil km) que poco a poco, a partir de su desplazamiento, cubre una mayor cantidad de superficie terrestre. Bajo esta premisa, la información que viaja a través de ondas electromagnéticas lo hace mucho más rápido. Para el usuario, por su parte, demanda una infraestructura muy sencilla que prescinde de cableado e instalaciones complejas. El proyecto marcha a todo vapor: a través de lanzamientos continuos, busca minar el cielo; a la fecha, ya lanzó 4 mil para proporcionar internet de alta velocidad a millones de usuarios en todo el planeta. Según la propia firma, se vende como una buena opción para ofrecer conexión a internet en áreas rurales o más despobladas (minas, zonas pesqueras) a las que no suele llegar el servicio. Garantizar el acceso, algo que en este momento es tarea de Arsat. “El desembarco de Starlink coloca a la empresa en un rubro en el que hay muy pocos jugadores. Me refiero a la provisión de servicios de internet satelital de alta calidad en zonas rurales. No va a competir con las grandes compañías de telecomunicaciones, sino en un sector bastante acotado”, explica Agustín Espada, investigador del Conicet en el Centro de Industrias Culturales y Espacio Público (Universidad Nacional de Quilmes). Luego continúa: “Sus satélites de órbita baja representan un avance tecnológico en materia de provisión. Ofrecerá un servicio más orientado a los actores que se encargan de la producción agropecuaria, que a la población en general. Es un negocio, por lo tanto, que se monta en el rubro del agro principalmente”. Y advierte: “Esta decisión, sin condicionantes, puede ser bastante ruinosa para las empresas pequeñas que ya brindan el servicio en áreas alejadas”. Para ser parte de la familia Starlink, las personas deben realizar un depósito inicial de 9 dólares que después se incrementará en una tarifa fija que en otras partes del mundo ronda los 90 dólares (entre otras ofertas, hay una membresía que sale 52). A ello, debe sumarse un costo de instalación que va entre 500 y 600 dólares. Con un dólar a mil, cada usuario que contrate el servicio debería desembolsar la módica suma de 90 mil pesos al mes.

Enamorados de Musk

Milei invitó a Musk en reiteradas ocasiones a Argentina y, previo a las generales de octubre, el millonario devolvió el gesto al describir a La Libertad Avanza como “un gran cambio”. La devoción por el dueño de otras firmas gigantes como Tesla y Space X no es privativa del presidente, sino también de Diana Mondino. Ante una consulta en la red X: “Me vuelvo loco, llega Starlink a la Argentina?”, la canciller respondió: “Estamos en eso”. Más allá de la fiebre actual por la llegada de Starlink, lo cierto es que ya venía explorando la posibilidad de desembarcar en Argentina. El multimillonario (cuya fortuna, según Forbes, está calculada en 240 mil millones de dólares), en 2021 obtuvo el permiso de parte de Enacom para poder operar y un año más tarde se registró en el país como Starlink Argentina SRL. Sin embargo, no es que Argentina tenga algo especial para Musk: simplemente se trata de un mercado extra para explorar y explotar. En el continente, ya tiene presencia desde Canadá hasta Chile, y refuerza la voracidad de su estrategia comercial, aprovechando los vientos políticos favorables en cada nación. A excepción de Venezuela, hacia fines del año que viene el servicio de internet satelital estará en toda Sudamérica. Vale destacar que aunque Starlink sea la preferida, el gobierno de Milei apoya todo cuyo sello de origen provenga del sector privado. Así lo refiere Espada: “De todas maneras, el DNU no solo trabaja sobre la posibilidad de ingreso con mayores facilidades para Elon Musk, sino que también favorece la apertura del mercado satelital a otras empresas para el público general, como Claro y Telefónica que podrán brindar el servicio de internet y televisión por la vía satelital, cosa que antes no podían”.

Arsat, con los días contados

Con el DNU, la empresa argentina que brinda soluciones digitales no solo tendrá competencia en un rubro que en el que prestaba servicios, sino que también, vía su privatización, podría ser absorbida. El empresario mexicano Carlos Slim (dueño de América Móvil) y hasta el propio Musk ya colocaron un ojo en Arsat.

En los últimos cuatro años, amplió sus servicios de conectividad terrestre (red federal de fibra óptica) y satelital (Arsat I y II) a escuelas y hospitales de todo el territorio nacional (a menudo de difícil acceso), y fue clave para sostener la conectividad en pandemia. Así, a pesar de que sus ingresos crecieron un 800 por ciento, nada cambia la ecuación para el libertario que está decidido a agilizar su venta. De hecho, la empresa de bandera ya tiene precio estimado y todo: 930 millones de dólares.

Si se concreta la venta, quedará en el recuerdo el emotivo lanzamiento de Arsat I en la primavera de 2014, desde Guayana Francesa. Aún resuenan los comentarios de Víctor Hugo Morales y Adrián Paenza que con un relato mítico inmortalizaron la concreción de un proyecto de conocimiento científico y tecnológico ligado a la soberanía nacional. También quedarán a un lado las palabras de la entonces presidenta Cristina Fernández que aseguraba: “Todo esto no es un milagro ni suerte ni tampoco viento de cola”, sino “voluntad política, decisión de Gobierno y política de Estado”. Se truncarán, asimismo, los proyectos Arsat Segunda Generación I y II, que tenían el propósito de brindar banda ancha satelital confiable y de calidad a todo el territorio argentino, incluyendo a las Islas Malvinas y Antártida en la próxima década. El pasado pisado y el futuro imposible. 

El Gobierno anuncia un decreto para achicar el Estado. Quedan afuera 7000 empleados

El Gobierno se prepara para publicar el decreto con el que empezará a avanzar en el achicamiento del número de empleados del Estado. En lo inmediato, la decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre. Se trata de una medida que ya había sido adelantada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. El número, de acuerdo a distintas fuentes del tema, ascendería a 7000 personas.

Desde la Casa Rosada evitaron confirmar cifras, pero sí ratificaron que, como ya se había anunciado días atrás, esos contratos no serán renovados y que el decreto que se conocerá en las próximas horas también contempla la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno, por los próximos 90 días, para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos ya están en pie de alerta y tienen medidas previstas para los próximos días.

La resolución llega una semana después de que el presidente Javier Milei presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca derogar más de 300 leyes y que fue judicializado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de un recurso de amparo, que el juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, declaró admisible. Precisamente en el marco de esa avanzada es que para este miércoles 27 tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que agrupan –junto a la UPCN– a los empleados públicos, tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización. Ambas monitorean de forma permanente los movimientos de la administración libertaria respecto de lo que puede suceder con la continuidad de los puestos en el Estado.

De acuerdo al proyecto de decreto que circuló en los últimos días, en los contratos que no registran antigüedad previa al 1° de enero de 2023 y automáticamente caerán en los próximos días, hay grupos que quedarán exentos de la medida y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso. Uno, el de los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte.

También queda exento el personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación” y el “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada [señalando] que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

La forma en que eso se establece hace que en diversas esferas, aún entre los sectores opuestos al Gobierno, se reconozca que “a diferencia de lo que sucedió con el macrismo, acá hay ciertos parámetros de previsibilidad”. Una fuente señaló: “Se mantienen los cupos y dejan abierto a la evaluación de los jefes. En la época de [el expresidente Mauricio] Macri se entró con el objetivo de reducir un porcentaje de la planta y sin criterios. Acá hay otro análisis”.

La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas. Y en dos marcos de empleo: uno según la Ley de Trabajo, otro según la Ley Marco de Empleo Público Nacional. Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos. Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.

Los sindicatos, en alerta

A la caída de los contratados que no tengan antigüedad previa a enero de 2023 se le suma el al artículo 3° del borrador del decreto, que es el que establece que las contrataciones cuya fecha de ingreso a la administración sea previa a ese mismo período “no podrán ser renovadas por un período mayor a noventa (90) días corridos”. En el artículo siguiente se instruye a las autoridades de las distintas jurisdicciones a que en ese plazo “realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”. Agregando que, “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.

Todo eso deberá ser informado a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse. Desde esa órbita “se podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para su mejor aplicación y podrá delegar las facultades asignadas por la presente medida”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la entidad “no va a permitir ningún despido que sea sin justa causa”. Y agregó: “Todas y todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que esólo al servicio de los grandes grupos empresarios”.

Aguiar consideró que ATE “cree que todos [los trabajadores] cumplen un rol esencial y que, por lo tanto, la excepcionalidad que prevé el decreto que tiene que ver con que las instancias jerárquicas ratifiquen que las tareas que desempeñan los trabajadores son indispensables, van a impedir cualquier despido sin justa causa”. Y advirtió que “en el caso contrario, ya hemos definido una nueva jornada de protesta nacional para el próximo 27, y sin lugar a dudas toma fuerza en todo el país la necesidad de avanzar hacia un paro nacional. El primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país”.

Al mismo tiempo, Aguiar advirtió que la revisión “es ilegal, porque se trataría de convalidar un fraude laboral que vienen sosteniendo los distintos gobiernos desde la década del 90 hasta aquí, que es que se mantengan trabajadores y trabajadoras precarizados bajo distintas modalidades contractuales para evitar garantizar la estabilidad en el empleo público”.

“Por lo tanto, nosotros no aceptamos desde ATE que exista una revisión durante los próximos tres meses. Decidir renovar los vínculos contractuales por 90 días es una vulneración graves de los derechos adquiridos de todos los trabajadores”, concluyó.

 

Caen el consumo, la producción y la exportación de carne vacuna

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El consumo interno de carne bovina caería 8,7% interanual hasta las 2.200.000 toneladas de res con hueso (r/c/h) en 2024, lo que representa una merma de 200 mil toneladas respecto del año previo, al tiempo que se proyectan simultáneas bajas en la producción y en las exportaciones, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De esta manera, la entidad bursátil proyectó en promedio mermas interanuales 8% en la producción y del 6,1% en los despachos al exterior.

En el caso de la producción, el informe estimó para el próximo año un volumen de 3.024.000 de toneladas (r/c/h) frente a las 3.285.000 de 2023. Con la misma tendencia, proyectó un descenso en las exportaciones hasta las 824.000 toneladas respecto a las 877.000 toneladas del año previo. De acuerdo a la BCR, el contexto económico del 2023 repercutió severamente en el mercado de carne vacuna. En esa línea, contextualizaron que “el año 2023 va a quedar en la historia de Argentina por haber sido testigo de una de las peores sequías experimentadas por el país: la producción de granos se redujo en cerca de un 40% interanual”, lo que generó “serias dificultades para la economía argentina, dado que las cadenas agroindustriales aportan 1 de cada 4 pesos recaudados por el Estado Nacional, emplean a 1 de cada 5 trabajadores del sector privado, dan cuenta de 2 de cada 3 dólares que ingresan al país por exportaciones y representan el 20% del PIB argentino”. Por otro lado, destacaron que “al haber escasez de pasturas como resultado de la falta de agua, los agentes de la actividad ganadera se vieron obligados a enviar una gran cantidad de cabezas a faena, resultando en elevados números de producción y de exportaciones, así como en una recuperación del consumo respecto de los dos años anteriores”.

2023: Muy buen año

A pesar de las críticas, en esta línea, precisaron que en los primeros 11 meses del año, se faenaron 13,4 millones de cabezas, un 9,7% por encima del promedio de los últimos 5 años para el mismo período, al tiempo que se habrían exportado más de 800.000 toneladas (res c/ hueso equivalente), un 23,6% por arriba del promedio. Además, la BCR estimó que el consumo interno alcanzó 2,2 millones de tonelada, es decir un 2,4% más que el promedio de los últimos 5 años.

Estimaciones para 2024

Respecto del próximo año, por otro lado, la entidad destacó que para 2024 estiman que el consumo de carne bovina representará el mayor porcentaje del consumo de carnes argentino. Así, se espera que el consumo interno ronde el próximo año 5,1 millones de toneladas, de las cuales la carne bovina aportará en 2024 el 43%, seguido por la aviar en un 42% y porcina en un 15%.

Persistencia del Niño

Además, la BCR consideró para 2024 que “un sostenimiento del fenómeno El Niño sería favorable, en principio, para las pasturas y la posibilidad de hacer una transición hacia una fase de retención de stocks, y asumiendo este escenario, se estima que en el año 2024 la faena presentaría una disminución del 9% interanual, ubicándose en niveles cercanos a 13,1 millones de cabezas”. Por otro lado, respecto de la demanda, de acuerdo al informe se proyecta que el año que el volumen exportado de carnes alcance un valor de aproximadamente US$ 2.645 millones, aportadas en un 90% por la carne vacuna, 9% por la aviar y 1% por la porcina, marcando una caída del 4% interanual.

Carnes complementarias

No obstante, las denominadas carnes complementarias – aviar y porcina- podrían registrar alzas en sus indicadores en 2024. Así, en el caso de la carne aviar, la BCR estimó una suba interanual de 2,8% en la producción hasta las 2.353.000 toneladas; de 1% en el caso del consumo; y una variación positiva de 31,6% en las exportaciones . También registraría variaciones positivas en todos sus indicadores el sector porcino, ya que la entidad proyectó una suba de 4,1%en la producción, de 2,9% en el consumo y de 4,3% en las exportaciones.

Historia del HSBC: de “las guerras del opio” a la fuga de divisas

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Hacen unos ocho años las autoridades monetarias argentinas sancionaron al banco británico HSBC (The Hong Kong and Shanghái Banking Corporation) por irregularidades en el manejo de divisas con el exterior justamente cuando en este 2015 se cumplieron 150 años de su fundación, en 1865, con el propósito de administrar el manejo del comercio de drogas que dio lugar a las llamadas “Guerras del Opio” entre China y el por ese entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (RU).

Las “Guerras del Opio” tuvieron lugar entre 1839 y 1842, la primera, y entre 1856 y 1860, la segunda y en ellas el RU tuvo como aliados al imperio ruso de los zares y a Francia, en la segunda, durante el imperio liderado por Luis Napoleón Bonaparte (Napoleón III), a pesar de los cuales son vulgarmente conocidas como “guerras anglo-chinas”, obviando la tradicional alianza entre el RU, Francia y Rusia, como que sus tres gobiernos, décadas más tarde, participaron, en conjunto, en el salvataje de la banca Baring Brothers cuando ésta estuvo a punto de quebrar en 1891 ante el default de la deuda externa argentina de 1890.

Se las recuerda como las “guerras del opio” ya que el origen de las mismas surgieron a raíz de que el gobierno chino sancionó leyes comerciales destinadas a impedir el negocio que los británicos realizaban con ese estupefaciente al que introducían desde la India, país que por entonces, y hasta 1947, era una colonia suya.

A raíz de la victoria europea la monarquía china se vio obligada a firmar dos acuerdos en los que resultó sumamente perdidosa como que tuvo que legalizar el negocio del opio y, además, hacer concesiones territoriales como la entrega, a raíz del Tratado de Nankín, al RU del territorio de Hong Kong, recién recuperado por la actual china comunista el primero de julio de 1997.

Pero, además de ello, una China debilitada debió hacer también concesiones de mucha importancia a Portugal, país que amplió su colonia de Macao, que ocupaba desde el Siglo XVI, y que recién volvió a integrar el territorio del gigante asiático el 20 de diciembre de 1999, hacen hoy 24 años.

Dichas guerras generaron también conflictos internos como la Rebelión Taiping, que se extendió entre 1850 y 1864, la Rebelión de los Boxers, entre 1899 y 1901 y, finalmente el derrumbamiento de la Dinastía Qing en 1912 a manos del gobierno del partido nacionalista Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, el suegro de Chiang Kai-shek, y Mao Zedong, quienes lo sucedieron en la conducción del estado, siendo el segundo el jefe de la triunfante revolución comunista de 1949. A partir de 1912 el comercio chino se cerró, virtualmente, al comercio mundial y así fue que, junto con la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), resultaron los únicos países casi indemnes de la gran crisis económica mundial desatada en octubre de 1929 en Nueva York.

La introducción del opio en China ya había comenzado en tiempos del Imperio Mongol pero con el tiempo fue monopolizada por la Compañía Británica de Bengala. De hecho los Países Bajos también habían estado vendiendo opio a los chinos, con los que tenían déficits comerciales, a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.

También el RU tenía un saldo comercial negativo con China a raíz de sus importaciones desde este país, como las de porcelana, seda y té. Por ello en el Siglo XVIII comenzó a introducir opio para equilibrar las cuentas, pero de manera ilegal. Fue tal la adicción que se generó entre los chinos que, en 1829, el emperador Dao Guang prohibió el consumo de opio y, obviamente, su comercialización.

Pero los británicos siguieron introduciendo ilegalmente el opio y así el emperador dio órdenes más duras de represión e hizo enviar a la reina Victoria una carta, que fue desoída y, por el contrario, fue una suerte de puntapié inicial de la primera guerra. Su texto es el siguiente:”Pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho. (…) ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente (…) Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio.(…) Todo opio que se descubre en China se echa en aceite hirviendo y se destruye. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado (…)”, firmada por el funcionario Lin Hse Tsu en 1939.

Tras las victorias bélicas el negocio se convirtió en algo realmente notable y, en ese marco, se optó por establecer en ese país un ente financiero que pudiera administrar adecuadamente las espectaculares ganancias y, así, vació el banco del opio, el HSBC.

Fernando Del Corro