Los Cedearsde lascompañías tecnológicas concentran buena parte de las operaciones del mercado local y lideran los rankings de liquidez, volumen negociado y participación en las carteras. Entre las acciones más operadas aparecen nombres estrechamente vinculados al desarrollo de inteligencia artificial (IA) y la economía digital.
Un informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) mostró que Micron Technology (MU), fabricante de memorias y semiconductores, encabezó el ranking de volumen efectivo negociado con más de $11.300 millones. Detrás se ubicaron Mercado Libre (MELI), con casi $10.900 millones, Microsoft (MSFT), con más de $8.800 millones, y Nu Holdings (NU), con cerca de $8.300 millones.
Semiconductores e IA, el gran motor del mercado de Cedears
Uno de los datos más llamativos del informe del IAMC es el protagonismo que ganaron las firmas vinculadas a la fabricación de chips. Micron no solo lideró el volumen negociado entre las acciones, sino que además registró un promedio diario operado superior a los $11.300 millones y una suba acumulada del 47,5% en lo que va de 2026.
Los Cedears de acciones y ETF vinculados a empresas tecnológicas se encuentran entre los más operados de las últimas ruedas.
La tendencia también se refleja en los ETF. El fondo VanEck Semiconductor ETF (SMH), que agrupa a las principales empresas globales del sector, acumula una ganancia de 60,1% en el año, ubicándose entre los vehículos con mejor desempeño de todo el universo de Cedears analizado.
El fenómeno responde al fuerte crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. La expansión de los centros de datos y el desarrollo de modelos cada vez más complejos impulsaron las perspectivas de fabricantes de chips, memorias y componentes tecnológicos, convirtiéndolos en uno de los sectores favoritos de Wall Street.
Los ETF tecnológicos también captan millones
La apuesta tecnológica también se observa entre los Cedears de ETF. El Invesco QQQ, que replica el comportamiento del Nasdaq 100 y concentra buena parte de las principales compañías tecnológicas estadounidenses, se ubicó entre los instrumentos más negociados del mercado local durante las últimas 40 ruedas.
Incluso al analizar la distribución sectorial de los Cedears más operados, la tecnología aparece como la temática dominante. Empresas de software, semiconductores, comercio electrónico y plataformas digitales concentran una porción significativa de los flujos de inversión, desplazando a sectores que históricamente habían liderado las preferencias de los argentinos, como bancos o consumo masivo.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó este miércoles la firma de un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.
Los principales puntos del acuerdo universitario
De acuerdo al comunicado oficial, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y en un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año.
El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema. En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.
A su vez, el convenio incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas. En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, uno de los puntos que también formaba parte de los reclamos del sector.
Además, Capital Humano informó que se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. También indicó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
La firma del acta llega tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y el CIN, en un conflicto que tuvo como telón de fondo cuatro marchas federales universitarias, clases públicas, tomas de colegios, paros docentes, votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y presentaciones judiciales. El acuerdo se alcanzó luego de que el Ministerio de Economía autorizara una partida de $800.000 millones para atender los compromisos asumidos con el sistema universitario.
Malestar sindical y frente judicial abierto
Según datos del CIN, el deterioro salarial derivó en la renuncia de unos 10.000 docentes en universidades nacionales, uno de los puntos que los rectores y gremios llevaron a la mesa de negociación.
Aunque la firma del acta representa un avance en la negociación, en sectores sindicales universitarios todavía persiste malestar entre las bases. Los gremios seguirán de cerca la recomposición salarial y la ejecución de los fondos comprometidos.
Pese al acuerdo alcanzado, el frente judicial continuará abierto. Las universidades habían reclamado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno recurrió a la Corte Suprema luego de fallos adversos en instancias anteriores. Las casas de estudio, por su parte, seguirán monitoreando la ejecución de los fondos comprometidos y la evolución de los salarios del sector.
Las denuncias contra Facundo Leal pusieron nuevamente el foco sobre la empresa que es apetecida por gigantes tecnológicos, organismos de seguridad y actores que disputan el futuro de los datos
Cuando se habla de Arsat, la discusión pública suele detenerse en los satélites. Se ignora, a menudo, que parte de los activos estratégicos de la empresa estatal están bajo tierra, en miles de kilómetros de fibra óptica. También dentro de edificios blindados que almacenan información crítica y en una infraestructura que conecta desde organismos de seguridad hasta empresas privadas que dependen de ella para operar.
Por eso, cualquier controversia sobre la gestión de Arsat trasciende la administración de una empresa pública.
Sobre esta compañía la Justicia puso el foco por los casi US$2,5 millones hallados en los domicilios de su extitular, Facundo Leal, como también por la imputación por corrupción contra por lo menos tres funcionarios más, entre los cuales está Gerardo Boschin, quien fue gerente de compras y luego presidente de Trenes Argentinos.
La red de fibra óptica es actualmente la mejor tecnología digital que depende de ArsatFederico Camarero
Durante años, Arsat construyó una posición singular. A través de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), desplegó decenas de miles de kilómetros de tendido que atraviesan el país y llegan a zonas donde ninguna empresa privada estuvo dispuesta a invertir por falta de rentabilidad. Replicar una red de esa magnitud demandaría inversiones de miles de millones de dólares y plazos de recuperación que hoy resultan inviables para cualquier operador. Por eso, Arsat prácticamente no tiene competidoras en los servicios que ofrece.
Incluso compañías privadas de telecomunicaciones terminan utilizando capacidad de infraestructura vinculada a Arsat. La red se convirtió en una autopista digital por la que circulan comunicaciones, servicios de internet y datos que sostienen buena parte de la actividad económica y estatal. También es la red de tecnología a la que la política ha observado por su capacidad de producir inteligencia a través de sus nodos.
La otra infraestructura igual de crítica y menos conocida de Arsat es el Centro Nacional de Datos, una instalación diseñada para albergar sistemas con altos estándares de disponibilidad y seguridad. Allí no sólo se alojan plataformas estatales. También existen servicios destinados a compañías privadas que requieren capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.
Dentro de ese ecosistema funcionan las llamadas “jaulas”: espacios físicos cerrados donde empresas y organismos instalan sus propios servidores y equipamiento. Aunque comparten la infraestructura general del centro de datos, el acceso a esos equipos queda restringido exclusivamente a sus propietarios. Bancos, compañías energéticas y otras organizaciones que manejan información sensible recurren a este esquema para proteger activos críticos.
La importancia de esas instalaciones radica no sólo en los datos que almacenan, sino en la capacidad de cómputo y transmisión que concentran. Miles de procesadores trabajan de manera permanente sosteniendo servicios que deben permanecer operativos las 24 horas del día.
El nuevo residente
Esta infraestructura sensible adquiere otra dimensión por el interés desplegado por un nuevo residente en la Argentina. Hace un par de meses, un importante funcionario estadounidense asistió a la estación de Arsat en Benavídez justo luego de presentar con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Peter Lamelas, el embajador norteamericano en Argentina, el Criaco (Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado).
La visita, según distintas fuentes, tendría que ver con la intención de alojar en el centro nacional de datos los servidores necesarios para el centro. Los sistemas son lo que ofrece el recientemente mudado al país, Peter Thiel, a través de su empresa Palantir. De acuerdo con distintos testimonios, no fue la única vez en los últimos meses que se acercaron a Arsat oficiales estadounidenses.
Peter Thiel, CEO de Palantir, sale de la Casa Rosada el 23 de abrilHernan Zenteno – La Nacion
Un punto de atención, por las investigaciones en curso, es la relación entre Arsat y el 5G. Mientras la licitación definía qué empresas se quedaban con las frecuencias para operar la nueva tecnología móvil (a través del Enacom), Arsat ya controlaba una parte fundamental de la infraestructura necesaria para que ese sistema funcionara. Las telefónicas pueden operar las antenas y el espectro pero sin fibra, no hay 5G masivo.
Una antena 5G puede transmitir enormes volúmenes de datos, pero si detrás no existe una red troncal capaz de mover ese tráfico, la red se convierte en un cuello de botella. En esa infraestructura estaba interesada Huawei, la empresa china proveedora mundial de equipamiento para redes 5G, es decir, antenas, radios, routers y otros componentes que las telefónicas utilizan para desplegar sus redes.
Las reuniones en Arsat o fuera de las oficinas, en lugares como Nordelta, eran frecuentes entre directivos de la compañía y Facundo Leal.
En 2023, además, Arsat recibió una asignación de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz para desarrollar un plan federal vinculado al 5G. La resolución oficial establecía que esas frecuencias serían utilizadas por Arsat para implementar el plan estratégico que definiera el Estado Nacional.
Ese punto generó controversia porque implicaba que Arsat pasaba a tener un activo extremadamente valioso: espectro 5G que no había sido subastado como el del resto de los operadores. Algunos sectores imaginaban que Arsat podría convertirse en una especie de operador mayorista de 5G, alquilando capacidad a empresas o impulsando cobertura en zonas donde las grandes telefónicas no invierten.
El gigante tecnológico chino HuaweiAndy Wong – AP
En términos políticos y económicos, eso aumentaba enormemente la relevancia de quienes conducían la empresa. Ya no se trataba solamente de administrar fibra óptica, satélites y centros de datos. También se trataba de administrar espectro, uno de los recursos más codiciados del sector telecomunicaciones.
Luego llegó el cambio de gobierno. En 2024, la administración de Javier Milei anunció que esos 100 MHz reservados para Arsat serían incluidos en una nueva licitación, junto con otros bloques que habían quedado vacantes en la subasta anterior. Es decir, el espectro que había sido reservado pasaría a ser considerado parte del stock a licitar al mercado. Esto, que se anunció oficialmente en una conferencia de prensa de Manuel Adorni, todavía no sucedió.
Mantener semejante estructura requiere inversiones constantes. La operación de un centro de datos de alta disponibilidad demanda sistemas redundantes de energía, refrigeración, conectividad y seguridad física. Los equipos deben renovarse periódicamente y la infraestructura especializada exige contratos de mantenimiento costosos, algunos de los cuales están bajo observación actualmente. Lo mismo ocurre con la red federal de fibra óptica, cuyos nodos y enlaces requieren supervisión técnica permanente.
Fuentes vinculadas al sector describen que el deterioro presupuestario de los últimos años impactó particularmente en esas tareas. Sistemas que requieren asistencia especializada comenzaron a enfrentar dificultades para obtener soporte. Equipamiento que demanda mantenimiento periódico pasó a depender de recursos cada vez más escasos. En infraestructura crítica, el problema no suele manifestarse de inmediato: aparece cuando ocurre una falla.
La complejidad aumenta cuando se observan los servicios que presta Arsat a organismos del Estado. Fuerzas Armadas, áreas de seguridad, empresas públicas y dependencias gubernamentales utilizan distintas capacidades de la compañía. En algunos casos, la red debe extenderse hacia ubicaciones remotas donde el último tramo de conexión —la llamada “última milla”— obliga a contratar proveedores locales o realizar obras específicas para llegar hasta instalaciones estratégicas.
Esa realidad convierte a Arsat en administradora de información extremadamente sensible. No solamente por el contenido de los datos que almacena, sino por el conocimiento operativo que posee sobre redes, enlaces, ubicaciones, capacidades y requerimientos de organismos públicos y privados.
En paralelo, existe un debate cada vez más presente alrededor de la llamada soberanía digital. La discusión gira en torno a dónde se almacenan los datos críticos del país y quién controla la infraestructura que los procesa. Mientras buena parte de la economía mundial migra hacia plataformas de computación en la nube operadas por gigantes tecnológicos extranjeros, algunos sectores sostienen que determinadas capacidades deben permanecer bajo jurisdicción nacional.
La industria del litio cerró 2025 con una producción de 116.000 toneladas y exportaciones por U$S 932 millones. El 90% de lo que se vende es carbonato de litio, cuyo principal destino es China. La Argentina todavía no avanzó en el uso del litio para producir tecnologías de mayor valor agregado o incorporar alguna etapa de la fabricación de vehículos eléctricos. Los especialistas coinciden en que los beneficios fiscales y económicos no son condición suficiente para estimular inversiones en esa industria.
A pesar de tener y explotar recursos críticos para la transición energética, la Argentina todavía no avanzó en el uso del litio para producir tecnologías de mayor valor agregado o incorporar alguna etapa de la fabricación de vehículos eléctricos. En este contexto, y mientras el proyecto de súper RIGI apuesta a promover el sector de la electromovilidad, los especialistas coinciden en que los beneficios fiscales y económicos, o la abundancia de materias primas, no son condición suficiente para estimular inversiones en esa industria.
“Es necesario contar con una adecuada infraestructura y acceso a energía a buen precio; un mercado demandante; servicios de logística para una cadena de valor que es compleja, y recursos humanos calificados”, resume el economista Martín Obaya, investigador del Conicet y vicedirector del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit).
A esto se suman los desafíos de instalar nuevas plantas productivas que requieren insertarse en cadenas globales de valor, como es el caso de la fabricación de baterías o vehículos eléctricos. Aunque también hay posibilidades en la articulación de proyectos a escala regional, el desarrollo local de proveedores especializados e incluso la exportación de servicios.
Baterías en cadena
Según la Secretaría de Minería nacional, hoy operan ocho explotaciones de litio en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, y otros 60 proyectos transitan diferentes etapas de progreso (prospección, evaluación, construcción, entre otras). Esta industria cerró 2025 con una producción de 116.000 toneladas y exportaciones por U$S 932 millones. El 90% de lo que se vende es carbonato de litio, cuyo principal destino es China. Además, se convirtió en el décimo complejo exportador del país, según cifras del Indec.
“El litio, en realidad, no es un commodity -precisa la ingeniera Azul Giménez Moreno, directora de Minería de la consultora Aleph Energy-. El recurso natural que se extrae en el proyecto minero atraviesa un cierto grado de industrialización hasta que se vende y se exporta: el carbonato de litio, el hidróxido de litio y el cloruro de litio, son productos químicos de especialidad.”
La instalación de plantas de producción de cátodos o de baterías de litio resulta compleja. “Es difícil que se radique aquí la fabricación de baterías porque las cadenas productivas son globales y hace falta tener una escala, un umbral de varios cientos de miles de unidades para alcanzar un modelo de negocios”, expresa a EconoJournal el economista Víctor Delbuono, investigador de Fundar.
“La Argentina tampoco tiene una política integral de electromovilidad, sino más bien de incentivos a la importación de vehículos sin aranceles y sin una alianza estratégica con un productor”, prosigue Delbuono. Y advierte que “las condiciones de base para pensar en la integración de la cadena del litio vienen siendo tardías”.
Con esta visión coincide Giménez Moreno. “La cadena de valor de las baterías eléctricas es extensa y compleja; el hecho de que nuestras salmueras produzcan litio no quiere decir que podamos fabricarlas –argumenta-. De hecho, el litio es un porcentaje muy pequeño del total de la batería, se requieren otros materiales. Y hoy, la mayor parte de la producción de materiales activos de cátodos y los procesos de ensamble se hacen en China.”
Dicho esto, no es imposible estimular -con beneficios impositivos o políticas de precios domésticos- el agregado de valor local. Una alternativa es el caso de Chile, que implementó licitaciones de acceso a cuotas de carbonato de litio con precio preferencial para las empresas que agreguen valor a este recurso. Sin embargo, los dos proyectos que se anunciaron –de las firmas chinas BYD y Tsingshan, para radicar plantas de material catódico- finalmente no lograron concretarse. “Cuando los precios están bajando, esa política no funciona bien. No bastó para estimular la radicación de inversiones”, evalúa Delbuono.
La visión de las compañías que producen y exportan compuestos de litio
El camino hacia una mayor industrialización del mineral está en la agenda de las compañías que producen y exportan compuestos de litio en la Argentina. Al menos por ahora. Ante la consulta, dos jugadores del sector coincidieron en esta visión.
“No tenemos necesidad de ampliar los procesos aquí, por lo menos en este momento –expresó una fuente-. Esto no quita que se pueda realizar a futuro, si alguno de nuestros accionistas decidiera que es negocio o que es viable”, sostuvieron en una de las compañías del sector.
En otra empresa agregaron que no es una iniciativa que se esté evaluando. En particular, porque para fabricar este tipo de baterías, “lo menos que se utiliza es litio; intervienen muchos más minerales de los que no existe aquí producción”, argumentaron. “Al no tener el resto de los minerales es muy complejo pensar en eso en un corto plazo”.
Ventana de oportunidad
A pesar de este panorama, Obaya –coautor de un estudio que analiza las posibilidades de integración y complementación regional para la transición energética– considera que iniciativas como la fabricación de vehículos eléctricos en Brasil es una ventana de oportunidad. Con la radicación en una planta adquirida a Ford, la firma BYD estima producir unas 300.000 unidades este año. En el marco del programa MOVER (Movilidad Verde e Innovación), que establece importantes beneficios impositivos, “Brasil es el país que fomenta de manera más activa la producción de vehículos eléctricos”, sostiene el economista.
La localización de una incipiente industria de la electromovilidad a nivel regional aporta una nueva condición que podría fortalecer el mercado regional. Incluso, para abastecer mediante la fabricación de baterías. “Faltan muchos otros factores, pero es una ventana que se abre”, puntualiza.
Es que la electromovilidad requiere condiciones que exceden los beneficios tributarios y exige que “muchas cosas funcionen bien al mismo tiempo”, observa Obaya. “Estas son: buenas condiciones de acceso a la energía y a buen precio; un mercado demandante; infraestructura de carga para los usuarios; servicios de logística, y mano de obra. Me parece que la Argentina está poniendo énfasis en la competitividad impositiva, por ejemplo con el RIGI, y quizá se abandonaron algunos aspectos de lo que podría ser una política productiva.”
En este sentido, si bien el súper RIGI tiene un costo impositivo importante e implica resignar recaudación futura, según Obaya lo hace “en virtud de generar nuevas industrias y que requieren un espaldarazo inicial para desarrollarse”.
Litio, servicios y exportación
Sobre la integración y desarrollo de nuevas actividades alrededor del litio, la especialista de Aleph Energy prefiere hablar de “mayor captura de valor” de este recurso. Lo que se necesita promover, de acuerdo con Giménez Moreno, son proveedores locales especializados: servicios de ingeniería, automatización, control de procesos, inteligencia artificial, mantenimiento preventivo de equipos, tratamiento de agua, servicios ambientales. Pero para eso “necesitamos centros tecnológicos, articulación con las universidades, transferencia de know-how, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, y fomento de un ecosistema de startups que desarrolle tecnologías para la minería”, plantea.
En este punto -advierte Giménez Moreno- no sería aplicable un esquema como el súper RIGI, sino la facilitación de líneas de financiamiento para apoyar nuevas empresas proveedoras o la realización de pruebas piloto de tecnología. “También programas de desarrollo de proveedores o transferencia de know-how desde la propias mineras”, completa.
A mediano y largo plazo, sostiene la especialista de Aleph Energy, este entramado de conocimientos y especialidades puede incluso capitalizarse para la exportación de servicios profesionales destinados a proyectos mineros de la región.
La industria y la construcción siguen en una caída larga. Ambas áreas de la economía, las que brindan la mayor cantidad de empleos formales, siguen sin consolidar una recuperación y mantienen el comportamiento oscilante que registran desde hace unos meses. Luego de haber caído en febrero y crecido en marzo, ambos sectores presentaron en mayo bajas mensuales de 2,1% y 4%, respectivamente.
Una de las principales empresas privadas de fusión del mundo, Commonwealth Fusion Systems (CFS), ha publicado una serie de documentos que la empresa dice «confirman» que su planta de energía ARC, si se construye según lo previsto, producirá más electricidad de la que consume. Pero algunos investigadores dicen que se necesitan resultados de un reactor de fusión operativo para validar sus predicciones y que aún quedan grandes desafíos de ingeniería por resolver.
Las empresas privadas de fusión han recibido casi 10 mil millones de dólares en inversiones durante la última década, con la promesa de que la fusión — la reacción que impulsa al Sol — podría aprovecharse en la Tierra para producir electricidad limpia. CFS, que tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y otras empresas como Helion Energy en Everett, Washington, y TAE Technologies en Foothill Ranch, California, dicen que entregarán plantas de fusión comercial para principios de la década de 2030.
Los físicos de la Instalación Nacional de Ignición de EE. UU. en Livermore, California, crearon la primera reacción de fusión que brevemente produjo más energía de la que consumió en 2022. Pero ningún equipo ha creado un reactor que pueda producir energía de manera continua, o suficiente para dejar un excedente, o ha demostrado que un reactor puede funcionar de manera económicamente viable.
Un artículo fue publicado el 14 de abril y otros cuatro fueron publicados el 4 de junio en el Journal of Plasma Physics. Los artículos fueron escritos por 58 investigadores del CFS y sus institutos académicos asociados. Los autores exponen el diseño de la planta de energía ARC y la física detrás de ella, incluyendo la modelización del comportamiento esperado del plasma, la materia supercalentada en la que se produce la fusión. Los investigadores enfatizan las incertidumbres que deben abordarse antes de que el diseño se finalice.
Pero, hablando con periodistas en una conferencia previa a la publicación de los documentos, Brandon Sorbom —director científico de CFS, con sede en Devens, Massachusetts— parecía confiado. Dijo que los documentos «confirman que cuando construyamos la planta de energía de fusión ARC, funcionará».
El equipo detrás de ello incluye «algunos de los mejores en el negocio de la fusión» y el concepto se basa en «un buen trabajo a lo largo de muchos años», dice Tony Roulstone, un ingeniero nuclear de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Pero debido a que la empresa está financiada por capital privado, «hay presión para afirmar cosas antes de que la evidencia esté completamente disponible», dice.
Workers at the Commonwealth Fusion Systems (CFS) magnet factory.Credit: Commonwealth Fusion Systems
Rosquilla de plasma
CFS fue fundada como una empresa derivada del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge en 2018. Desde entonces, la empresa ha recaudado casi $3 mil millones y se está preparando para comenzar las operaciones de su prototipo, una máquina de demostración conocida como SPARC, el próximo año. Los resultados de SPARC se utilizarán para perfeccionar gran parte del diseño de la planta de energía ARC, que podría comenzar a operar a principios de la década de 2030.
La empresa dice que SPARC demostrará energía neta; es decir, producirá más energía de la que necesita para confinar y calentar el plasma, pero no necesariamente más de la que la planta más grande utiliza para funcionar. Su sucesor, ARC, debería producir suficiente energía no solo para mantener las operaciones de la planta, sino también para entregar continuamente 400 megavatios de electricidad neta a la red, una cantidad que podría alimentar alrededor de 280,000 hogares estadounidenses promedio, dice la empresa.
Ambas máquinas utilizarán imanes superconductores de alta temperatura para comprimir plasma. Comprimidos en una forma de rosquilla o ‘tokamak’, y calentados a alrededor de siete veces la temperatura del centro del Sol, los núcleos de los combustibles de hidrógeno pesado se fusionan para crear helio, liberando energía, principalmente en forma de neutrones de alta velocidad.
Es positivo que CFS esté publicando tanto como lo está, pero los documentos no garantizan que la máquina funcionará, dice David Hammer, ingeniero nuclear de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Los artículos, por ejemplo, detallan cómo mitigar las interrupciones, cuando el plasma se vuelve inestable. Pero cómo se comportará el plasma en condiciones de operación del mundo real aún no está claro, dice. Su modelado «tiene que ser validado por un reactor de fusión que funcione como se diseñó», añade. Si la empresa puede hacer que SPARC funcione con éxito el próximo año, «será un paso importante hacia adelante», dice.
Todavía hay «demasiados subsistemas importantes» que necesitan desarrollo para decir que el diseño de ARC está cerrado, dice él. La empresa también necesitará demostrar que puede hacer que una instalación sea comercialmente viable, lo que implica extraer calor para crear electricidad, fabricar un reactor lo suficientemente robusto para soportar las operaciones y obtener suficiente tritio, un combustible de isótopo escaso que el reactor necesita para funcionar.
Como muchas otras empresas, CFS planea generar tritio combinando los neutrones liberados durante la fusión con litio en las paredes del reactor o ‘mantas’, pero los documentos no detallan este proceso ni demuestran que sea viable. «Hay materiales candidatos para el manto y diseños de mantos, pero se necesitan muchos años-persona de ingeniería» para desarrollar un diseño práctico y ponerlo en una planta piloto, dice Hammer.
CFS confía en que podrá «producir tritio para operaciones y para futuras plantas de energía», dijo un portavoz de la empresa a Nature. «Sin duda, tenemos que construir más sobre esa base» establecida en estos documentos.
Entre más de 4500 startups de 110 países, dos empresas argentinas llegaron a la final de la competencia de South Summit Madrid 2026
South Summit Madrid 2026, coorganizado por IE University, celebró su decimoquinta edición bajo el lema AI Convergence. El evento se llevó a cabo del 3 al 5 de junio en el espacio de innovación La Nave, en Madrid. Durante tres días, reunió a emprendedores, inversores, corporaciones e instituciones.
Uno de los espacios centrales del encuentro fue la Startup Competition, que reunió a 100 startups seleccionadas entre más de 4500 candidaturas provenientes de 110 países. En esta edición, América Latina contó con diez startups finalistas. Entre ellas estuvieron las argentinas CryptoMate, en la categoría Fintech & Insurtech, y Wise CX, en Enterprise Solutions, reconocida como la startup ganadora de su categoría.
CryptoMate fue cofundada por Alan Boryszanski. Es una plataforma que permite a empresas, fintechs y comunidades ofrecer servicios financieros digitales a sus clientes: desde cuentas internacionales y operaciones con dólares digitales hasta emisión de tarjetas y líneas de crédito. Además, incorpora inteligencia artificial para ayudar a sus clientes a identificar las mejores oportunidades financieras según el contexto de cada región y momento. El objetivo es que cualquier líder comunitario pueda convertirse en un emprendedor financiero sin depender de donaciones ni de grandes instituciones.
Wise CX, fundada en Córdoba por David Cabrera y Pablo Cavallo, desarrolla soluciones con inteligencia artificial para gestionar, automatizar y personalizar conversaciones entre empresas y clientes a través de distintos canales de comunicación. El objetivo es que las empresas puedan contar con información concreta sobre el comportamiento de sus clientes y así mejorar la experiencia de cada usuario.
Los 100 finalistas de South Summit Madrid 2026 junto al Rey Felipe VI de España. Foto: South Summit.
Por qué creen que fueron seleccionadas
Borysansky consideró que la selección estuvo vinculada al momento que atraviesa la industria en la que opera la compañía. “Creemos que hoy la tecnología que utilizamos está especialmente bien posicionada a nivel internacional. Hay proyectos de ley muy importantes que fueron aprobados en Estados Unidos, Europa e incluso Argentina. Todo lo que venimos construyendo en los últimos años encontró validación también desde el contexto macroeconómico y regulatorio”, afirmó.
Desde Wise CX, David Cabrera vinculó la selección con la propuesta tecnológica desarrollada por la empresa. “Creo que lo que hizo que nuestro proyecto se destacara fue el nivel de innovación y la forma en que estamos resolviendo un problema real con el que conviven compañías de todo el mundo. La gestión y automatización de conversaciones con clientes es una necesidad global”, sostuvo.
En Wise CX, la expansión internacional se dio a partir del propio modelo de negocio. Alejandro Santos, country manager para España, explicó que la compañía identificó tempranamente que su producto podía comercializarse fuera de la región.
“Vimos que muchos de nuestros potenciales clientes podían estar en cualquier parte del mundo. Nacimos como una plataforma SaaS, por lo que no existían fronteras reales para comercializar el producto. Primero crecimos en Latinoamérica y luego cruzamos el Atlántico para desarrollar el mercado europeo”, dijo.
Emprender desde la Argentina
Consultados sobre las ventajas y dificultades de crear una empresa desde la Argentina, ambos coincidieron en que el contexto local presenta desafíos, pero también genera oportunidades para probar soluciones y desarrollar nuevos negocios.
Para Borysansky, uno de los principales activos es el talento humano y la posibilidad de validar productos en escenarios complejos. “Las dificultades que existen en Argentina generan necesidades concretas en la población que impulsan la adopción de nuevas tecnologías, lo cual es muy bueno como campo de experimentación. Se pueden lanzar nuevos proyectos y validarlos de forma rápida”, señaló.
Desde Wise CX, Cabrera destacó que la experiencia de operar en un entorno cambiante, tanto en términos económicos como políticos, obliga a desarrollar resiliencia. Sin embargo, consideró que la contracara es que esto dificulta la planificación de largo plazo. “Pensamos en el corto plazo porque no vivimos en contextos tan previsibles”, agregó.
«El contexto argentino nos obliga siempre a probar nuevas soluciones»
Qué ven los inversores en el talento argentino
Al ser consultados por las características del talento argentino que siguen llamando la atención de los inversores internacionales, tanto Borysansky como Santos coincidieron en que esos atributos se desarrollan justamente a partir de ese contexto.
Para el fundador de CryptoMate, la necesidad de adaptarse constantemente genera una mayor capacidad para experimentar, aprender y seguir adelante incluso después de errores o rechazos.
Santos, por su parte, puso el foco en la perseverancia. “En Argentina hay un empuje que quizás no se ve con la misma intensidad en otros lugares. Estamos acostumbrados a enfrentar dificultades y eso genera resiliencia, compromiso y una capacidad para transformar problemas en oportunidades”, sostuvo.
Esa visión coincidió con la planteada durante el evento por Juan José Güemes, vicepresidente de IE University y presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de la institución. “Los argentinos están acostumbrados a convivir con la complejidad. Eso desarrolla resiliencia, creatividad y una capacidad especial para detectar oportunidades donde otros ven problemas”, afirmó.
Según Güemes, esa experiencia también ayuda a explicar el interés creciente de inversores internacionales por América Latina. “Las oportunidades de negocio nacen de problemas reales. Para entender esos problemas hay que vivirlos de cerca. Los emprendedores de la región entienden esos problemas mejor que nadie”, sostuvo.
«Los argentinos tenemos un empuje que en otras sociedades no se ve tan claro»
Los representantes de ambas startups también coincidieron en la importancia de contar con espacios que permitan conectar emprendedores con potenciales clientes, socios e inversores, y en cómo un evento de estas características podría ser valioso en la Argentina. “Mostrar lo que uno está construyendo y recibir feedback de referentes de la industria tiene un valor enorme. Además, están las oportunidades de networking”, señaló Borysansky.
Santos remarcó que ese tipo de encuentros facilita el acceso a una red internacional de contactos. “En South Summit se reúne una comunidad global que muchas veces no coincide en otros espacios. Tener un evento de esta magnitud en Argentina permitiría que muchos emprendedores locales accedieran a contactos y oportunidades que de otra manera serían difíciles de conseguir”, concluyó.
El Gobierno derogó 58 normas vinculadas al comercio interior entre las que se destacan las normativas de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial.
Desde el Ejecutivo argumentaron que las derogaciones “buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”. En los considerandos oficiales, se explicó que las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el mercado.
Ahora12, Cuota Simple y Precios Cuidados
Con la publicación de hoy quedaron eliminadas definitivamente 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa accesoria al programa Precios Cuidados.
Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga”. Es decir que el Gobierno primero vació y discontinuó esos programas para ahora poder eliminarlos definitivamente.
Según la Casa Rosada, “la no renovación de dichos programas se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.
El programa Ahora12 ofrecía financiamiento en hasta 12 cuotas para las compras en distintos rubros, con una tasa subsidiada. Al asumir Javier Milei fue reemplazado por Cuota Simple, que permitía los pagos en 3 o 6 cuotas con mayores intereses que su antecesor.
Precios Cuidados, en tanto, fue una política que reunía una canasta de productos sobre los que se acordaban revisiones trimestrales y aumentos mensuales. El programa cambió en 2022 hacia Precios Justos, pero también fue eliminado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.
Aumentos de escuelas privadas
Este martes también se derogaron cuatro normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, ya que según el Gobierno incentivaba “la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios”.
En esa línea, remarcó que la obligación informar los valores con antelación y contar con el aval gubernamental para aplicarlos “limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, creándoles asimismo una situación de incertidumbre económica”.
Al adoptar esa política el Gobierno prometió que redundaría en menores aranceles, pero las cuotas de los colegios privados mantienen una senda ascendente. En el último Índice de Precios al Consumidor del Indec el rubro Educación registró un alza del 4,2%, muy por encima del índice general (2,6%).
Trigo sin control de precios
En las resoluciones de ayer, además, se dieron de baja 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.
El informe circula a toda velocidad en los sectores más disímiles. No se habla de las importaciones sino de un fenómeno que preocupa a las empresas por debajo de las napas: el contrabando. “Se volvió un problema muy grave en el país con impacto negativo para el Estado, el consumidor y las empresas”, asegura desde la página 2 de las 45 que tiene el relevamiento de MAP, una consultora de negocios que trabaja principalmente para multinacionales y que terminó el estudio a fines de noviembre de 2025. Hasta el momento las conclusiones se guardaban bajo siete llaves.
Allí destacan que, si bien la problemática siempre existió, fue creciendo, en coincidencia con la eliminación de algunos mecanismos que servían para atacar al contrabando. Se enumeran entre otros la eliminación de veedores sectoriales en importaciones, la eliminación de verificaciones técnicas y trámites de importación de productos higiénicos y domisanitarios, el registro de exportadores e importadores y algunos controles previos de ANMAT, entre otros.
La realidad se refleja en los números de varios negocios y adonde hay cálculos que se encuentran en los despachos de los número uno de las principales compañías de la Argentina que delinean su plan de negocios local. El mercado de celulares es tal vez el ejemplo más representativo de la tendencia. Aclaración importante para los lectores: no se trata de ese celular que una familia trae de un viaje y cuya trazabilidad y regulación está asegurada. En el país hay unos 9,2 millones de celulares si se toma el promedio de los años 2023 a 2025. Dentro de este número, el contrabando pasó del 7% que representaba del mercado al 35%, según otro informe de AFARTE. Es decir que uno de cada tres celulares se comercializa fuera del circuito formal.
Con el crecimiento del contrabando de teléfonos móviles del 7% a 35% en dos años, se calcula que no ingresaron al fisco US$ 190 millones en 2025Shutterstock
El mercado de contrabando recaudó unos US$ 1858 millones en 2025 mientras que las ventas de celulares de producción nacional generaron unos US$ 2311 millones. Entran fuera del mercado formal 50.000 unidades por semana, la mitad llega desde Paraguay a través del paso fronterizo de El Dorado y la otra mitad principalmente desde Panamá por el aeropuerto de Ezeiza. Desde el Ministerio de Seguridad tomaron nota y avanzan sobre mayores controles fronterizos y un plan anticontrabando. “Todo se puede rastrear con la identificación de cada unidad y saber para qué destino fue fabricado. Además, cuando se activa en las bandas argentinas se detecta si ese teléfono fue o no importado legalmente. Una vez dentro de las fronteras tienen su propio circuito de comercialización a través de redes sociales, plataformas y grupos de WhatsApp principalmente”, grafica el número uno de una de las principales marcas. La diferencia de precios es el principal anzuelo para los consumidores. “Para quien compite formalmente la carga impositiva nacional, provincial y municipal equivale al 34% del costo del producto. Ojo que acá no estamos hablando del tema de producir o no producir o competir o no competir sino de negocios ilegales montados a la sombra de la formalidad y que se pueden rastrear muy fácilmente para evitar hasta cuestiones de seguridad”, aseguró el presidente de otra de las principales marcas. Y agregó enojado: “Cuidado que detrás de esto hay circuitos informales y una economía en negro que nada tiene que ver con el debate de Tierra del fuego sí o no. Que nadie se confunda”.
Cada cuál atiende su juego
En el caso de la cerveza la realidad también es sorprendente. De acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria Cervecera un 40% de la mercadería relevada en el AMBA tiene un origen ilegal. En el mundo de los neumáticos supera al 30% y en el de los agroquímicos ya está en torno al 15%. También existen otros rubros como cigarrillos con el 10% del mercado que es ilegal principalmente con origen de la frontera del norte del país. Si bien el número es importante, a nivel mundial el 11,6% de los productos de tabaco se venden de forma ilícita.
Un 40% de la mercadería de cerveza relevada en el AMBA tiene un origen ilegal; a fines de 2025, el Estado nacional dejaba de percibir US$ 1100 millones en impuestos provenientes del mercado de esta bebidaPixabay
Hasta el momento había muy pocos datos de lo que el contrabando representa. Por ello para sacar el cálculo de cada sector se tomó de referencia la información de las principales compañías y cámaras, se consideró la producción local, también la importación formal y se excluyó del estudio de MAP a los productos ingresados como “equipaje acompañado” para evitar contaminar los resultados. Se multiplicó incluso el volumen estimado de contrabando por el precio de un producto representativo del sector y se llegó al valor económico del contrabando. La conclusión es que el Estado argentino dejaba de percibir a fines de 2025 ingresos fiscales por unos US$ 2300 millones si se consideran los sectores de cerveza (US$ 1100 millones), tabaco (US$ 240 millones), agroquímicos (US$ 150 millones), textiles (US$ 370 millones), celulares (US$ 190 millones), neumáticos (US$ 125 millones) y calzado (US$ 90 millones), solo por citar algunos.
Las conclusiones arrojan más equivalencias y un cálculo que no pasó inadvertido en algunos despachos privados. En términos de recaudación significaba al cierre del año un 90% del total de impuestos internos, un 45% de las retenciones a las exportaciones o un 25% de lo que recauda el impuesto al cheque. Si se cruza eso por las posibilidades de gasto afirman que hay unas 3800 escuelas que se podrían construir, unos 1900 kilómetros de rutas nacionales y unos 80 hospitales de alta complejidad, según sus datos.
“El contrabando erosiona los precios de referencia y reduce incentivos para innovar porque ganan las redes ilícitas”, afirman. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) subraya que este fenómeno socava la salud económica e innovación de sectores formales. Es que las empresas en regla enfrentan más controles (trazabilidad, pruebas de autenticidad y peritajes) y las que no lo están generan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores porque no pasan por las inspecciones sanitarias, de seguridad o de calidad; suelen vulnerar los derechos básicos del consumidor porque no solo no tienen factura sino tampoco posventa y suelen poner en jaque al que juega dentro de la ley. El propio Carlos Bender, quien es responsable comercial de Lumilagro, una de las empresas bendecidas por el gobierno por su reconversión, dio datos concretos sobre lo que el contrabando genera en su negocio. “Todo lo que es contrabando es dañino para la actividad industrial y comercial”, afirmó en una entrevista en LN+. Y le puso sus propios números: Bolivia, con 12 millones y medio de habitantes y sin cultura de mate, importó más de 4 millones de termos de acero desde China a un valor unitario bajísimo. “Obviamente esos termos no quedaron en Bolivia, y la mayoría entraron a Argentina”. Bender advirtió en su momento que el acero que ingresaba ilegalmente al país estaba clasificado como acero chatarra o inclasificable y “no apto para humanos”.
A causa de contrabando, el Estado se perdió de recursos por US$ 2300 millones, según se calculó a fines del año pasadoPrensa ARCA
Desde el Ministerio de Seguridad ya tomaron nota del fenómeno y respondieron ante la consulta de LA NACION que se despliegan nuevos y más operativos anticontrabando de los que históricamente hubo. En las fronteras del norte, por ejemplo, en la provincia de Salta el plan Güemes en las rutas nacionales 34 y 50, que son las zonas de influencia de Salvador Maza a Tartagal y desde Aguas Blancas a Orán. “En toda esa zona multiplicamos por seis las personas y los vehículos controlados. La lógica de interceptación en las provincias disminuyó mucho también el contrabando y las cifras seguirán bajando”, aseguró confiado un alto funcionario. En el NEA, en la zona de Bernardo de Irigoyen, hay 24 kilómetros de frontera seca con muchas particularidades demográficas y hasta idiomáticas. “Operaban organizaciones violentas y hasta sicariatos que desactivamos. También los estamos desfinanciando”, agregaron desde el Ministerio de Seguridad. En la actualidad empiezan a generarse mesas de análisis de la información con el sector privado para producir investigaciones sectoriales.
Un fenómeno digital
Pero más allá de las fronteras físicas hasta hace unos años el contrabando era un fenómeno local. Con el crecimiento del comercio electrónico y de los grandes marketplaces se amplificó la escala y el alcance. La conexión ahora es directa entre oferentes y demandantes y la participación del e-commerce es muy relevante porque se estima será del 30% antes del 2030, impulsada por la migración de consumidores de manera masiva al canal digital. El debate es muy profundo a nivel mundial y tiene varias lecturas y estrategias disímiles. En Estados Unidos, por caso, reformaron el régimen de minimis (importaciones de bajo valor). Sumaron requerimientos de datos a importadores que deben proporcionar información detallada sobre remitentes, contenidos y destinos para mejorar la trazabilidad. También cerraron rutas para contrabandos electrónicos falsos (sin certificados) y textiles en línea con su ley de transparencia en marketplaces y la obligación de mostrar públicamente la información del vendedor. En Colombia rige la ley anticontrabando que se vincula con la trazabilidad digital, en Brasil la normativa contra la venta irregular en el mercado de celulares que se sancionó en junio del 2024 y en la Unión Europea los “deberes de diligencia” para marketplaces.
“Este es un debate latente y con el cambio de paradigma es tal vez más profundo que la cuestión de las importaciones. Cuando uno analiza los datos no existe tal fenómeno. Pero el contrabando es algo que hay que cortar de cuajo ya que habitualmente es la puerta de entrada de todo aquello que no se puede trazar”, cerró por lo bajo el presidente de otra compañía multinacional que había compartido los datos sectoriales con su matriz.
El 5 de junio Donald Trump confirmó, arriba del Air Force One, que su administración está hablando con empresas de inteligencia artificial para que el Estado norteamericano se quede con una parte de ellas. La palabra que usó fue «socio»: que el público americano «esencialmente se vuelva socio» de las compañías. Lo raro no es que lo diga un republicano. Lo raro es quién está de acuerdo.
Porque desde la otra punta del arco político, Bernie Sanders pide lo mismo pero más fuerte. El 1 de junio publicó un artículo en el New York Times proponiendo un impuesto único del 50% sobre el capital de OpenAI, Anthropic y xAI, con acciones con derecho a voto y representación de Washington en los directorios. Trump quedó, por una vez, en el lugar moderado: entre el dejar hacer y la nacionalización parcial que propone Sanders. Pero la dirección es la misma. Las dos puntas del espectro coinciden en que las ganancias de la IA son demasiado grandes para quedar enteramente en manos privadas.
Cuando eso pasa —cuando el sector que más detesta la intervención estatal y el que más la reclama terminan empujando para el mismo lado— conviene prestar atención. No es ideología. Es otra cosa.
Qué se está negociando, exactamente
Conviene separar el ruido del dato. Lo que reportó NOTUS primero, y CNBC confirmó después, es que el gobierno y OpenAI llevan más de un año conversando un esquema donde la empresa le cedería acciones al Estado. No es una expropiación: es voluntario. Y la idea no nació en la Casa Blanca, nació en OpenAI. Sam Altman se la propuso a Trump a principios de 2025 y la viene revisando con funcionarios desde entonces.
El destino de esas acciones sería un «Public Wealth Fund» —un fondo soberano que la propia OpenAI delineó en un documento de política industrial publicado en abril. La lógica que vende la empresa: que cada ciudadano tenga una participación en el crecimiento económico que genera la IA, y que los retornos del fondo se distribuyan directamente, sin importar el patrimonio de arranque de cada uno. Acciones donadas hoy, dividendos para el público mañana.
El momento no es casual. OpenAI está valuada por inversores privados en más de 850.000 millones de dólares y se prepara para salir a la bolsa, posiblemente en septiembre. Un Estado que entra al capital antes de esa salida no es un detalle contable: es un entrelazamiento sin precedentes entre las finanzas federales y una sola compañía tecnológica. Y encaja con un patrón que Trump ya venía marcando: el año pasado el gobierno se quedó con el 10% de Intel, el fabricante de chips en problemas.
El que dijo que no
Hay una ausencia que dice tanto como las presencias. Anthropic —la empresa que se presenta como la responsable del rubro, también camino a su propia IPO— confirmó que no está en estas conversaciones. No por casualidad.
En febrero de 2026, Trump ordenó que las agencias federales dejaran de usar la tecnología de Anthropic, después de que la compañía se negara a dejar que el Pentágono usara sus sistemas sin ciertas barreras de seguridad. El que no se sienta a la mesa paga un costo. Y eso revela la letra chica de todo este arreglo «voluntario»: se puede decir que no, pero la fricción tiene precio. La línea entre una sociedad negociada y una oferta que no se puede rechazar es más fina de lo que el lenguaje de «socios» deja ver.
Argentina, mirando de afuera
Y acá la película se vuelve casi un espejo invertido. Mientras el Estado norteamericano —el supuesto templo del libre mercado— evalúa entrar al capital de sus campeones tecnológicos para capturar parte de la renta de la IA, Argentina recorre el camino exactamente opuesto: desregulación, salida del Estado, apuesta a que el sector privado y el capital extranjero hagan el trabajo.
No es un juicio sobre cuál modelo es mejor. Es una observación sobre asimetría. Estados Unidos puede darse el lujo de discutir cómo reparte la renta de empresas que valen más que el PBI de muchos países, porque esas empresas son suyas. Argentina no tiene en esa mesa ninguna OpenAI, ningún Anthropic, ninguna acción para donar ni para gravar. La discusión sobre cómo el público participa de la «ventaja» de la IA presupone, primero, tener algo de IA propia de la cual participar.
Lo interesante del debate norteamericano es que ya pasó la etapa de preguntarse si la IA va a generar riqueza concentrada. Esa pregunta la dan por respondida. Ahora discuten cómo distribuirla. En Argentina seguimos un par de casilleros atrás: discutiendo si conviene construir la infraestructura y los modelos que algún día generen una renta para repartir.
La pregunta, entonces, no es si Argentina debería copiar el fondo soberano de OpenAI o el impuesto de Sanders. Es más básica. ¿Qué se reparte cuando no hay nada propio sobre la mesa?
