Problemas de la IA: el precio de los chips, escasez de la fibra y presión sobre los datacenters

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Hace años se instaló la idea de que la infraestructura TI era un commodity sin valor diferencial, un elemento secundario frente al peso de las aplicaciones y la nube. Sin embargo, la realidad reciente demostró lo contrario.

La “nube infinita” llegó a su fin y el soporte físico volvió a ganar peso estratégico. El hardware ya no puede ser tratado como un simple commodity intercambiable. Hoy, la arquitectura física es un factor determinante para la capacidad competitiva de las empresas y de los países.

Incluso gigantes como AWSAzure y Google Cloud sufrieron cortes de suministro que dejaron al descubierto los riesgos de depender únicamente de la nube. En esa misma línea, la consultora Bismart señaló que, después de años de supremacía cloud, el hardware “ha recuperado protagonismo” y volvió a ser considerado un elemento clave.

A su vez, McKinsey advirtió que los límites de potencia en los centros de datos y las vulnerabilidades de la red expusieron “fisuras en la infraestructura global”.

La estrategia digital de cualquier empresa resulta hoy tan fuerte como el cable más débil de su ecosistema. Por eso, el soporte físico –centros de datos, cables, energía y hardware especializado- ya no puede verse como un gasto accesorio: es infraestructura crítica.

Tormenta perfecta: faltan cables y chips para sostener el boom de la IA

La expansión acelerada de la inteligencia artificial volvió a poner en primer plano un factor básico de la economía digital: la infraestructura física. Detrás del avance de los modelos de IA, los servicios en la nube y el crecimiento del tráfico de datos, crece la presión sobre insumos críticos como los cables de fibra óptica y los chips.

El problema ya impacta en la cadena de suministro. La demanda de IA y conectividad superó la capacidad disponible de componentes esenciales para centros de datos y redes. En ese escenario, el mercado global de fibra óptica atraviesa un repunte estructural de precios.

La tensión se explica por el salto en el consumo. Los centros de datos diseñados para IA utilizan entre 5 y 10 veces más fibra óptica que los tradicionales. A la vez, la demanda global de fibra para este tipo de infraestructura creció casi 76% en 2025.

Para operadores, proveedores tecnológicos y datacenters, el nuevo escenario obliga a rehacer presupuestos, cerrar contratos de suministro de largo plazo y asegurar inventario. La carrera por la IA ya no depende solo del software o de la capacidad de cómputo. También exige cables, chips y una red física capaz de sostener el volumen de datos que mueve el negocio.

Una tensión parecida se observa en los semiconductoresGartner proyecta un aumento récord de ingresos para 2026 por el boom de la IA, aunque advierte sobre una fuerte “memflation”. Según la consultora, “los ingresos por memoria se triplicarán en 2026”, con alzas de precios de 125% en DRAM y 234% en NAND flash.

El fenómeno responde a una reasignación masiva de capacidad productiva hacia chips destinados a IA y cloud. Ese movimiento deja faltantes selectivos en componentes de consumo y de PCs, lo que genera una “presión estructural en los precios”.

Los distribuidores ya sienten el impacto. En Argentina, por ejemplo, los precios de memorias y SSDs subieron más de 200% en 2025 por el agotamiento de suministros.

Todo indica que el alivio no llegará rápido. Según Gartner, la crisis de disponibilidad y los costos elevados podrían extenderse, al menos, hasta 2027.

Las tensiones exceden a los chips y los cables. La cadena global de suministro quedó más fragmentada por disputas geopolíticas, sanciones y una industria concentrada en pocos fabricantes estratégicos. Ese escenario complica proyectos de infraestructura digital, como despliegues masivos de 5G, redes regionales y nuevos cables submarinos, que enfrentan demoras y mayores costos.

Según TeleGeography, hay más de 50 nuevos cables submarinos previstos hasta 2026 para mejorar la conectividad global. Sin embargo, su avance choca con obstáculos logísticos y regulatorios.

La dependencia de la infraestructura física deja una señal clara para las empresas. Cualquier cuello de botella en hardwarefibra óptica o conectividad puede frenar una estrategia digital completa.

Infraestructura crítica y resiliencia B2B

Asegurar la infraestructura crítica ya no es una tarea secundaria para las empresas. En el actual escenario, se volvió un imperativo estratégico. La tecnología física, lejos de quedar limitada al back-office, hoy condiciona de manera directa la operación del negocio.

La consultora Excelia lo resume con claridad al señalar que “la tecnología dejará de ser un mero habilitador para convertirse en una infraestructura crítica para el negocio, con un impacto directo en la eficiencia operativa, la seguridad, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad”.

En otras palabras, la solidez de una estrategia digital ya no se mide únicamente por sus algoritmos de IA. También depende de la capacidad de las compañías para mantener operativos sus sistemas vitales ante fallas, interrupciones o amenazas externas.

Por ese motivo, las empresas B2B necesitan ampliar su visión de riesgo. Un informe de EY recomienda identificar de manera continua las amenazas externas, “ya sea en las cadenas de suministros, en el panorama competitivo o en el espacio político y normativo”.

En la práctica, esto exige un monitoreo exhaustivo de los proveedores de hardware y red, además de una revisión constante de su solidez operativa. Excelia va en la misma línea al remarcar que la gestión de riesgos de terceros es “esencial para garantizar la continuidad y resiliencia del negocio”.

Los hechos recientes refuerzan esta mirada. El gran apagón en la Península Ibérica, ocurrido en abril de 2025, dejó al descubierto la fragilidad de los sistemas obsoletos. La consultora tecnológica española Entelgy sostuvo que el episodio marcó la “necesidad urgente de revisar la tecnología que hace funcionar nuestras infraestructuras más importantes”.

Sus especialistas advirtieron que, en sistemas apoyados en tecnología antigua, “la gestión de incidencias se ve afectada por factores como la escasa automatización en la recuperación y la falta de supervisión continua”.

La lectura final es clara. Las organizaciones que carecen de un plan de modernización “se exponen a riesgos crecientes de ineficiencia operativa y enfrentan mayores dificultades para recuperarse ante posibles fallos”.

Recomendaciones clave

En este contexto, las empresas tecnológicas B2B deben implementar acciones concretas para reforzar su infraestructura física. Por ejemplo:

  • Auditoría y modernización de sistemas legacy, reemplazando gradualmente software y hardware críticos desactualizados, tal como aconseja el análisis de Entelgy.
  • Diversificación de proveedores y planificación de capacidad a largo plazo, siguiendo la advertencia de EY de vigilar proactivamente las cadenas de suministro.
  • Inversión en redundancia energética y de red, equilibrando escalado masivo con control local. Como señala McKinsey, los líderes balancearán “escalas centralizadas con control localizado” – por ejemplo, redes eléctricas modulares y microgrids – para mitigar interrupciones.

La idea de que “la nube lo resuelve todo” perdió fuerza frente a una certeza cada vez más evidente. La infraestructura física sostiene al negocio digital. Hoy, la resiliencia de una compañía depende tanto de su talento en IA como de la solidez de sus cables, su red eléctrica y sus sistemas críticos.

Las inversiones en fibradatacenters y redundancia ya no representan un gasto accesorio. Forman parte central de la estrategia corporativa. Ese respaldo permite que las empresas mantengan activas sus operaciones en un mercado B2B donde el suministro escaso y las fallas imprevistas ponen a prueba cada infraestructura tecnológica.

Nicolás Della Vecchia

El CONICET y la empresa alemana Merck lanzan la edición 2026 del Premio de Innovación en Ciencias de la Salud

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En un acto realizado en la Embajada de la República Federal de Alemania, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la empresa Merck S.A. firmaron la adenda correspondiente a la edición 2026 del “Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud”, una iniciativa conjunta orientada a estimular la aceleración de startups y desarrollos innovadores en ciencias básicas y aplicadas de la salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y generar valor para la sociedad a través de proyectos científico-tecnológicos de alto impacto.

La convocatoria abrirá el 1 de junio de 2026 y cerrará el 19 de junio de 2026. Luego se desarrollarán las etapas de evaluación, mentoreo y presentación final de proyectos ante un Gran Jurado integrado por especialistas designados por ambas instituciones.

Durante la firma, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, sostuvo: “Este premio representa la importancia de trabajar de manera articulada entre el sistema científico, el sector privado y la cooperación internacional para impulsar proyectos con impacto real en la sociedad. La Sexta Edición del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud consolida un espacio de excelencia para promover el talento científico argentino y transformar conocimiento en soluciones concretas”.

Y agregó: “Quiero destacar especialmente el compromiso de Merck y el apoyo de la Embajada de Alemania, así como felicitar y agradecer a los equipos de trabajo del CONICET y de Merck que hacen posible esta iniciativa con profesionalismo y dedicación, y a los científicos que participaron y fueron reconocidos en las ediciones anteriores, cuyo trabajo ha contribuido a consolidar este premio como una referencia en el ámbito de la innovación en salud”.

A su turno, el director general de Merck Argentina, Marcelo Ponte, afirmó: “Nos enorgullece presentar una nueva edición del Premio Merck-CONICET, una iniciativa que refleja nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento local. Creemos que la colaboración entre el sector público y privado es clave para impulsar soluciones que mejoren la vida de las personas y fortalezcan el ecosistema científico argentino”.

Por su parte, el ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania, Peter Neven, expresó: “Desde la Embajada de Alemania acompañamos esta iniciativa con mucho orgullo porque representa dos pilares fundamentales de la relación entre Alemania y Argentina: la cooperación económica y la cooperación científica. El Premio Merck-CONICET es un gran ejemplo de articulación público-privada y del compromiso del sector privado con el desarrollo de la investigación y la innovación en salud. Además, refleja la sólida relación científica entre ambos países y la calidad de las instituciones argentinas, que son socios estratégicos para Alemania”.

El premio, organizado por el CONICET, a través de su Dirección de Relaciones Institucionales, y por Merck Argentina se ha consolidado como un punto de encuentro entre el talento científico argentino, la innovación en salud con impacto social y la cooperación estratégica entre instituciones públicas y privadas. Entre las principales novedades de la nueva edición, se estableció que el proyecto ganador del primer lugar recibirá un aporte no reembolsable de 13 millones de pesos, y se incluyó un segundo lugar, cuya propuesta seleccionada obtendrá 9,1 millones de pesos. Próximamente se publicarán las bases y condiciones de la convocatoria 2026.

Podrán participar de la Convocatoria emprendedores y equipos con propuestas de base científica y/o tecnológica aplicadas al campo de la salud humana, incluyendo áreas como soluciones para el tratamiento y monitoreo en enfermedades oncológicas y/o neurológicas y/o endocrinológicas y/o que afecten la fertilidad; test diagnósticos para enfermedades neurológicas y/u oncológicas y/o endocrinológicas y/o para fertilidad; microbioma; bio-interfaces y bio-sensores; inteligencia artificial aplicada a la salud; industria 4.0 aplicada a la salud; robótica aplicada a la salud; salud digital; y biotecnología.

Desde su creación, el Premio Merck-CONICET ha recibido cerca de 400 proyectos de todo el país y se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento y promoción para proyectos innovadores capaces de transformar el ecosistema científico-tecnológico y aportar soluciones concretas a desafíos vinculados con la salud.

Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea, Turquía… Lecciones para Argentina

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Ningún país desarrollado abrió su mercado textil sin un plan de transición. Argentina lo hizo en 24 meses, sin reducción fiscal, sin financiamiento tecnológico y sin estrategia exportadora. La comparación internacional revela que el problema no es la apertura sino la ausencia de política industrial.

La destrucción de la industria textil argentina no es un fenómeno inevitable de la globalización. Es el resultado de una decisión de política económica ejecutada sin los instrumentos que utilizaron todos los países que lograron reconvertir exitosamente sus sectores textiles frente a la competencia asiática. La experiencia comparada de Italia, Corea del Sur, Turquía y Portugal demuestra que la apertura comercial funciona cuando va acompañada de estrategia. Sin ella, lo que se produce no es reconversión: es demolición.

Italia: la reconversión por escalamiento de valor

Italia enfrentó la presión competitiva de China y el Sudeste Asiático desde los años noventa con una estrategia que le tomó casi dos décadas perfeccionar. En lugar de competir en precio, el Estado italiano apoyó la migración de su industria textil hacia segmentos de alto valor agregado: diseño, textiles técnicos, fibras de alto rendimiento y marcas de moda con posicionamiento global.

Los instrumentos fueron específicos: financiamiento público a la innovación en distritos industriales, incentivos fiscales a la inversión en tecnología, programas de formación laboral para reconvertir trabajadores de producción masiva hacia manufactura especializada, y una apertura comercial gradual dentro del marco institucional de la Unión Europea que incluyó períodos transitorios con cuotas diferenciadas por producto. Italia perdió participación en volumen, pero incrementó el valor unitario de sus exportaciones textiles. El empleo se redujo, pero la productividad y el ingreso medio del sector aumentaron. El proceso llevó quince años y requirió coordinación entre gobierno nacional, regiones y asociaciones industriales.

Corea del Sur: del textil masivo al textil inteligente

Corea del Sur representa probablemente el caso más ambicioso de reconversión textil deliberada. Durante las décadas del ochenta y noventa, cuando la industria coreana comenzó a perder competitividad frente a China e India, el gobierno no abandonó al sector: lo reconvirtió mediante política industrial activa.

El Estado coreano desplegó un abanico de instrumentos que incluyó fondos de reconversión tecnológica para pymes textiles, subsidios directos a la investigación en textiles técnicos e industriales, programas de smart factory para digitalizar procesos productivos, y financiamiento blando para la transición hacia fibras de carbono, textiles electrónicos y materiales de alto rendimiento. La estrategia más reciente, lanzada en 2024, apunta a elevar la participación coreana en el mercado global de textiles industriales del 3% al 10% para 2030, con un fondo de 2,9 billones de wones destinado exclusivamente a la transformación productiva del sector.

El elemento central de la experiencia coreana fue el gradualismo: la apertura comercial se ejecutó a lo largo de dos décadas, sincronizada con la capacidad de absorción tecnológica de las empresas. El Estado no protegió al sector de la competencia, pero le dio instrumentos para competir.

industria textil
 

Turquía: apertura con devaluación y promoción exportadora

Turquía inició su liberalización comercial en 1980, pero la ejecutó con una combinación deliberada de devaluación sostenida del tipo de cambio, un programa robusto de promoción de exportaciones y la reducción gradual y preanunciada de las restricciones a la importación. Cuando la Unión Europea eliminó las cuotas textiles del Acuerdo Multifibras en 2005, las empresas turcas respondieron con una estrategia de escalamiento de calidad: ante la imposibilidad de competir con China en precio, elevaron el valor unitario de sus exportaciones mediante mejoras tecnológicas y diversificación de productos.

El resultado fue notable: las exportaciones textiles turcas se triplicaron entre 2001 y 2010 pese a la liberalización. La industria perdió empleo en segmentos de baja calificación, pero lo reemplazó en segmentos de mayor productividad. La clave fue que la apertura nunca operó en un contexto de apreciación cambiaria real como el que enfrenta Argentina.

Portugal: reconversión con fondos europeos

Portugal canalizó fondos estructurales de la Unión Europea para financiar la modernización de su industria textil durante más de una década. La reconversión incluyó programas de capacitación laboral masiva, incentivos a la inversión en maquinaria de última generación e integración en cadenas de valor europeas como proveedor especializado. El empleo textil portugués cayó, pero la transición fue administrada con redes de protección social y reentrenamiento profesional que amortiguaron el impacto sobre las comunidades dependientes del sector.

Argentina: la excepción que confirma la regla

Ninguno de estos países abrió su mercado textil sin antes desplegar instrumentos compensatorios. Ninguno lo hizo con apreciación cambiaria simultánea. Ninguno ejecutó la apertura en menos de una década. Y ninguno prescindió de una estrategia industrial explícita que definiera hacia dónde debía migrar el sector.

Argentina hizo exactamente lo contrario. En 24 meses, las importaciones de ropa crecieron 185% en volumen, las compras por courier se expandieron 274%, el tipo de cambio se apreció sustancialmente y la carga fiscal sobre la producción local se mantuvo intacta. El resultado está a la vista: 659 empresas cerradas, 20.700 empleos destruidos, 7 de cada 10 máquinas paradas y una capacidad instalada que se invirtió en el ciclo 2021-2023 hoy convertida en capital muerto.

La comparación internacional no sugiere que Argentina debiera haber mantenido un proteccionismo indefinido. Sugiere algo mucho más preciso: que la apertura comercial sin política industrial de acompañamiento no produce reconversión productiva sino destrucción de capacidades. Italia escaló en valor. Corea del Sur migró hacia textiles inteligentes. Turquía combinó apertura con competitividad cambiaria. Portugal financió la transición con inversión pública.

Argentina eligió un camino que ningún país exitoso transitó: apertura total, apreciación cambiaria, presión fiscal invariable y ausencia completa de estrategia de reconversión. El resultado no es una transición hacia un modelo superior. Es la eliminación de un sector que emplea cientos de miles de personas sin haber construido nada que lo reemplace.

El debate no es apertura versus proteccionismo. Esa es una falsa dicotomía que empobrece la discusión pública. El debate real es si Argentina puede permitirse destruir capacidad productiva y empleo sin tener un plan para lo que viene después. La experiencia internacional, sin excepción, responde que no.

Gustavo Reija

La carrera espacial de las Grandes Potencias. ¿Hay un lugar para Amèrica Latina?

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Argentina vivió la misión Artemis II como otra coronación de gloria: fue el único país de la región que pudo enviar un microsatélite. Y así volvimos a poner los ojos en el espacio. Es la historia de la evolución de la humanidad, pero también de la conquista, porque el espacio ultraterrestre siempre fue un escenario de disputa de poder, donde cada gesto es una demostración de las capacidades militares y tecnológicas que tiene un país para avanzar o defender. Frente a esto, América Latina tiene el desafío de encontrar su lugar en un tablero donde distintos actores compiten por definir las reglas del juego.

Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la Luna
Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la LunaGentileza SICyT

Según datos de Novaspace, la economía espacial alcanzó en 2025 los 626.000 millones de dólares, impulsada por un ecosistema que combina inversión pública, desarrollo privado y aplicaciones cada vez más extendidas en la vida cotidiana. Esta cifra no muestra un techo cercano: el Foro Económico Mundial proyecta que alcancé los 1.800.000 millones de dólares en 2035. Es un negocio inmenso y todos quieren la porción más grande de la torta.

Los especialistas coinciden en que América Latina puede aprovechar el desarrollo de tecnologías espaciales para reducir sus brechas estructurales en infraestructura, conectividad y acceso a servicios. Sus aplicaciones trascienden ese ámbito y son una herramienta clave para abordar desafíos como la mitigación de desastres y el cambio climático, la conectividad y la respuesta humanitaria. También tienen impacto en áreas como la seguridad, la investigación en salud, la sostenibilidad y la eficiencia en la cadena de suministro. ¿Más simple? Mirar al espacio podría ayudarnos a resolver problemas en la Tierra.

Y sin embargo, el espacio corre el riesgo de convertirse en la próxima frontera colonial, con los mismos sistemas extractivos que históricamente profundizaron las desigualdades entre países. Estados Unidos y China compiten por definir quién escribe las reglas. Las empresas privadas operan sin bandera ni obligaciones. Las potencias emergentes buscan su lugar. Y América Latina, una vez más, corre el riesgo de llegar tarde a una disputa que ya empezó.

Es una región muy heterogénea en términos de iniciativas, capacidades y alineamientos, que históricamente dependió de la tecnología espacial extranjera para su desarrollo. “Ocupa un lugar periférico, pero no irrelevante”, sostiene Luis Castillo Argañaraz, investigador del CONICET y doctor en Derecho y Ciencia Política. Aunque no lidera la carrera tecnológica ni la explotación de recursos, “tiene oportunidades reales de inserción en áreas como aplicaciones satelitales, cooperación internacional y desarrollo de capacidades específicas”, explica.

Potencial en órbita

Un punto clave para capitalizar es la ubicación geográfica privilegiada. “Los países más cercanos al Ecuador son excelentes para tener centros de lanzamiento, mientras que en el Cono Sur se pueden realizar actividades de observación astronómica que no pueden llevarse a cabo en ninguna otra parte del mundo”, explica Martina Elia Vitoloni, abogada especialista en derecho espacial e investigadora de la Universidad de McGill.

El Programa Estratégico de Sistemas Espaciales define la política espacial de Brasil con enfoque en la perspectiva de la defensa, la soberanía y la autonomía tecnológica.
El Programa Estratégico de Sistemas Espaciales define la política espacial de Brasil con enfoque en la perspectiva de la defensa, la soberanía y la autonomía tecnológica.

En este sentido, Castillo Argañaraz resalta dos lugares estratégicos. El desierto de Atacama, en Chile, es un punto clave para el desarrollo del Space Situational Awareness (SSA), que permite conocer qué objetos hay en el espacio, dónde están, cómo se mueven y qué riesgos pueden generar. “Gracias a estos sistemas es posible detectar satélites activos, desechos espaciales y monitorear la actividad de otros actores, tanto estatales como privados”, detalla Castillo Argañaraz. Brasil cuenta con el Centro de Lanzamiento de Alcântara, piedra angular del programa espacial de la Agencia Espacial Brasileña (AEB). Ubicado en el estado de Maranhão, es uno de los mejor ubicados del mundo: su cercanía al ecuador le da una ventaja significativa en eficiencia de combustible, ya que permite a los cohetes aprovechar al máximo la rotación de la Tierra, especialmente para órbitas bajas y ecuatoriales.

Argentina tiene una de las trayectorias espaciales más sólidas de la región. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con más de tres décadas de experiencia, le da al país la capacidad de desarrollar y lanzar satélites de manera independiente, algo que muy pocos países de la región pueden decir.

Esa trayectoria tiene nombres concretos. En 1961 fue el primer país del hemisferio sur en lanzar exitosamente un cohete, el Alfa-Centauro. Fue pionera en desarrollar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones propios, como ARSAT-1 y ARSAT-2, y en el uso de tecnología radar avanzada con la serie SAOCOM, que permite observar la Tierra en cualquier condición climática. Logró su primera exportación espacial al aportar componentes al satélite Amazonia-1 de Brasil. Y su último hito fue el microsatélite Atenea, enviado en la misión Artemis II, un proyecto que reunió a la CONAE, organismos científicos, universidades y la empresa VENG S.A., y que da cuenta tanto de la capacidad técnica del país como del entramado de colaboración que la sostiene. Detrás de estos desarrollos, siempre aparece INVAP, la empresa estatal especializada en integración y ensayo de satélites, con experiencia exportadora y operación en órbita.

Mirar hacia arriba para resolver lo de abajo

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, con brechas profundas en el acceso a infraestructura básica que también se reflejan en la conectividad. Esa falta de acceso impacta directamente en la salud y la educación, y es más marcada entre zonas urbanas y rurales y entre países con distintos niveles de desarrollo. En ese escenario, las tecnologías espaciales empiezan a jugar un rol concreto para achicar esas distancias: “La infraestructura para seguimiento y mapeo de satélites puede mejorar la vida de comunidades aisladas por la distancia, garantizar acceso a telemedicina, educación virtual y otros servicios clave para su desarrollo”, explica la abogada.

En esa misma línea, la tecnología espacial también permite anticipar y responder ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes. “Por ejemplo, los datos satelitales pueden predecir dónde y bajo qué condiciones podría iniciarse un incendio, lo que facilita evacuaciones tempranas y una mejor planificación de los recursos. Es algo que la CONAE hace muy bien y que el año pasado fue clave para mejorar el monitoreo y la respuesta ante los incendios en la Argentina”, señala Vitoloni. A esto se suman las redes satelitales, que aseguran conectividad para los equipos de rescate incluso en áreas remotas, y satélites especializados capaces de detectar fugas de metano de forma más rentable que los sensores terrestres. En una región especialmente expuesta a estos fenómenos, esa capacidad no solo mejora la respuesta: puede marcar la diferencia entre anticiparse o llegar tarde.

Simulacro de despegue de Artemis y Atenea en la Estación Terrena en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae, en Córdoba
Simulacro de despegue de Artemis y Atenea en la Estación Terrena en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae, en CórdobaVerónica Schuler – Comunicación Conae

Ese potencial, sin embargo, convive con limitaciones estructurales. Las brechas en infraestructura, gobernanza y financiamiento siguen condicionando el desarrollo de políticas espaciales sostenibles en la región. “Hoy hay déficits importantes, sobre todo en la retención de talento. Muchos profesionales del sector espacial se van del país y eso genera una escasez de recursos humanos que la región no puede darse el lujo de ignorar”, advierte Vitoloni.

Un tablero, múltiples jugadores

Estados Unidos y China compiten con estrategias diferentes, pero con un mismo objetivo: asegurar su posición en un dominio estratégico. “A diferencia de la Guerra Fría, donde el motor era el prestigio estatal, la nueva carrera espacial está impulsada por la necesidad de establecer un nuevo ordenamiento jurídico y económico global”, explica Castillo Argañaraz. “El fin es que, al momento en que las actividades logren plena rentabilidad económica, las reglas de juego ya hayan sido establecidas por quienes lideraron la coalición científico-tecnológica más fuerte”, agrega.

El modelo estadounidense de cooperación combina inversión estatal con un fuerte impulso privado. Busca establecer las reglas del juego y ordenar la gobernanza espacial a través de los Acuerdos Artemis, unos principios de cooperación para la exploración espacial impulsados por la NASA y firmados ya por 61 países.

China avanza con un modelo predominantemente estatal que apuesta al liderazgo operativo y a la autonomía de sus infraestructuras, con el despliegue de estaciones propias y constelaciones soberanas. “A través de su diplomacia espacial intenta atraer a potencias emergentes y a Estados no alineados con Estados Unidos”, explica Castillo Argañaraz. Como respuesta al descontento con los Acuerdos Artemis, impulsa junto a Rusia la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), un proyecto que busca establecer una base científica permanente en el polo sur de la Luna y consolidar una red alternativa de cooperación espacial, a la que se han sumado Venezuela, Nicaragua y otros países de Asia, África y Europa del Este.

En este marco, la relación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China se ha convertido en uno de los pilares más dinámicos de la cooperación Sur-Sur. “Ofrece a la región una alternativa al liderazgo tradicional de Estados Unidos”, detalla Castillo Argañaraz. “Para los países que firmaron los Acuerdos Artemis, esta doble vía de cooperación abre una tensión difícil de resolver”, agrega.

En lo que algunos describen como una ‘ruta de la seda espacial’, Pekín invierte en infraestructura terrestre vinculada al sector, con casos como el lanzamiento de satélites en Bolivia y Venezuela y la Estación de Espacio Profundo en Neuquén. Esta última, ubicada en Pampa de Pilmatue, fue construida con el propósito de seguir satélites y misiones espaciales; generó polémica por su hermetismo, y aunque Estados Unidos manifestó su preocupación por su posible uso militar, no existen pruebas públicas de espionaje.

“La mayor parte de los países latinoamericanos están buscando crear vínculos con otras potencias espaciales para desarrollar capacidades”, explica Vitoloni. En ese camino, la mayoría se sumó a los Acuerdos Artemis y, al mismo tiempo, coopera con China . Pero la especialista advierte un primer riesgo: “Se puede generar una situación de rehén en la que los países se adhieren porque necesitan los beneficios de la cooperación tecnológica para desarrollarse, pero no participaron en su elaboración ni pueden oponerse a las posiciones del país que lo elaboró en los foros internacionales”.

Castillo Argañaraz identifica un segundo riesgo, más estructural: “Se plantea un dilema sobre la autonomía estratégica, ya que la centralización de servicios como la geolocalización o la conectividad bajo un único modelo técnico y político impacta en la capacidad de decisión de los países latinoamericanos en un orden cada vez más fragmentado”. Así, adherirse a un modelo de cooperación sin haber participado en su diseño puede derivar en una dependencia tecnológica difícil de revertir.

Concepto de desarrollo para la ILRS.
Concepto de desarrollo para la ILRS.

Los actores privados también ocupan un rol predominante en la economía espacial con proyectos de impacto global. “Son el motor industrial y comercial de la nueva era espacial”, explica Castillo Argañaraz. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Axiom Space buscan la rentabilidad y la expansión de mercados mediante estrategias orientadas a la reducción de costos, la reutilización, el desarrollo de estaciones espaciales y el despliegue de mega constelaciones satelitales para ampliar la conectividad global.

SpaceX —la empresa aeroespacial de Elon Musk— es el caso más representativo. A partir del desarrollo de cohetes reutilizables, redujo significativamente los costos de acceso al espacio y reconfiguró el sistema de lanzamientos. En ese marco, Estados Unidos concentra cerca del 80% de los objetos en órbita a nivel global, con un peso decisivo de SpaceX dentro de su capacidad de lanzamiento. Solo en el último año realizó más de 100 lanzamientos y colocó en órbita alrededor de 3.000 toneladas de carga, principalmente satélites de la red Starlink, consolidando un modelo de despliegue masivo que refleja la concentración de la infraestructura en un número reducido de actores.

“Sin el sector privado es muy difícil desarrollar un ecosistema espacial”, señala Vitoloni. La especialista advierte además que en América Latina su desarrollo es limitado, en parte porque la mayoría de los países no lo fomentan y porque aún existen vacíos regulatorios, más allá del caso de Brasil, que aprobó su legislación en 2024, lo que también puede desincentivar la inversión privada.

La apuesta por la cooperación regional

En el plano institucional, los países de América Latina han generado conexiones y alianzas con distintas potencias espaciales. Los 18 países que participan en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la ONU (COPUOS) lo hacen de manera limitada y atravesados por la disputa entre los dos ejes, lo que dificulta la construcción de una postura regional común. “Casi toda la región forma parte de los Acuerdos Artemis, salvo Venezuela y Bolivia, lo que influye en cómo interactúan en el foro y tiene el riesgo de fragmentar la región”, advierte Vitoloni. “La fragmentación regulatoria predomina a nivel internacional, por lo que no me sorprendería si la región sigue el mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que ciertos Estados consideran algo permitido y otros no”, agrega.

En ese contexto, Castillo Argañaraz subraya la importancia de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que tuvo su primera reunión este año e imita el modelo de la Agencia Espacial Europea. “Reúne a 33 Estados de América Latina y el Caribe, con niveles muy desiguales de desarrollo espacial y compromiso político”, explica. Sin embargo, la ausencia de Brasil en su instrumento constitutivo podría afectar su viabilidad, aunque el país impulsa en paralelo un Consejo Espacial de los BRICS para institucionalizar la cooperación.

“La mera participación en iniciativas impulsadas por actores extrarregionales no implica una posición autónoma en la configuración del orden espacial emergente”, advierte Castillo Argañaraz. Sin una estrategia regional basada en la cooperación, el desarrollo de capacidades propias y una presencia activa en los foros internacionales, la participación latinoamericana puede quedar supeditada a intereses externos en la definición del futuro régimen espacial.

El precio de llegar tarde

Uno de los principales riesgos es la militarización del espacio. “El avance tecnológico no solo impulsa la exploración y comercialización del espacio, sino que también amplifica su dimensión militar, y se genera una dinámica en la que cooperación y rivalidad coexisten en tensión constante”, explica Luis Castillo Argañaraz.

En paralelo, en América Latina persisten vacíos regulatorios. “En la región no hay marcos normativos consolidados, más allá de la ley que aprobó Brasil en agosto de 2024. La mayoría de los países latinoamericanos no fomentan el sector privado espacial, lo cual es un gran error”, advierte Vitoloni. En ese contexto, la falta de regulación puede desincentivar la inversión y la consolidación de actores privados. Un ejemplo de ello es el caso de la empresa Satellogic, que inició operaciones en Argentina, se trasladó luego a Uruguay y finalmente estableció su sede en Estados Unidos en busca de mayor seguridad jurídica para la compañía y sus clientes.

Una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave Orion.
Una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave Orion.

El problema no es solo regional. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, impulsado por la ONU y firmado por 115 países, constituye la base del derecho espacial internacional. Establece que el espacio debe utilizarse con fines pacíficos y prohíbe la apropiación nacional. Sin embargo, su carácter general deja amplios márgenes de interpretación. Vitoloni explica que el acuerdo “plantea principios generales más que obligaciones, lo que les da a los gobiernos amplio margen de interpretación y ningún incentivo para actualizarlo porque regular implica perder libertad”. En ese vacío, advierte, se impone una lógica de llegada temprana para asegurar presencia y control operativo en la Luna, una dinámica que reabre debates sobre formas de apropiación en clave contemporánea.

Esta ausencia de reglas vinculantes se inscribe en una tendencia más amplia. La fragmentación regulatoria ya predomina a nivel internacional, y no sería extraño que la región siga ese mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que distintos Estados consideren válidas prácticas que otros no reconocen.

A esto se suma un riesgo concreto: el síndrome de Kessler, un escenario en el que la acumulación de basura espacial en órbita puede desencadenar una reacción en cadena de colisiones. Castillo Argañaraz explica que el aumento de satélites y mega constelaciones, como las de SpaceX, incrementa el riesgo de choques en órbita, generando desechos capaces de inutilizar otros satélites y afectar servicios como telecomunicaciones, conectividad y teledetección. “Esto transformaría la órbita terrestre en un entorno saturado de residuos, con impactos que trascienden el espacio y comprometen infraestructuras críticas en la Tierra, afectando la seguridad, la economía global y la gobernanza ambiental”, detalla el doctor.

Los especialistas aseguran que el problema no es solo jurídico sino también estructural: existe el riesgo de que un número reducido de actores termine tomando decisiones con impacto global, afectando a toda la humanidad y profundizando asimetrías que aún persisten en la Tierra. El espacio exterior debe entenderse como un recurso natural a preservar.

Quizás sea el momento de desafiar el paradigma de que el que llega primero escribe las reglas. Para eso es fundamental que América Latina defina en qué condiciones va a participar de la carrera espacial. La falta de cooperación regional es un problema que se repite en otros ámbitos, profundizando brechas y achicando márgenes de autonomía. En un momento en que el orden global se fragmenta, el espacio ofrece una oportunidad para que el Sur Global, a pesar de sus limitaciones estructurales, levante la voz y proponga algo distinto: un sistema basado en la cooperación, que proteja el patrimonio común y aproveche las capacidades de cada país en lugar de explotarlas. No para llegar tarde a una carrera que otros diseñaron. Para proponer otro juego.

Valentina Benta

Crisis en la industria de la madera

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El sector foresto-industrial atraviesa uno de sus momentos más complejos en años en la Argentina. Tras dos años de recesión, las empresas enfrentan caída de la demanda interna, problemas financieros y un escenario que no ofrece señales claras de recuperación en el corto plazo.

Los datos divulgados por el sector reflejan la magnitud del deterioro. El 54,7% de las empresas reporta bajas en ventas, mientras que el 45,6% reconoce dificultades para afrontar pagos como salarios, proveedores e impuestos. El freno en la construcción impacta de lleno en toda la cadena vinculada a la madera.

A este cuadro se suma un indicador adelantado que confirma la tendencia. El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA de hace poco se ubicó en 36,5 puntos, con una caída de 7,5 puntos respecto del relevamiento previo, lo que marca un predominio de expectativas negativas en la actividad manufacturera.

En ese contexto, desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) advierten que la actividad muestra señales de desgaste, con una industria que opera por debajo de su capacidad y con márgenes cada vez más ajustados.

Demanda débil y exportaciones limitadas

El mercado interno aparece como el principal problema. La caída en la construcción reduce el consumo de insumos y golpea a toda la cadena foresto-industrial. A esto se suma un escenario donde la exportación no logra compensar la debilidad local.

Solo un grupo reducido de empresas mantiene ventas al exterior con cierto volumen. En muchos casos, estas operaciones responden más a estrategias de supervivencia que a negocios rentables. Apenas unas 22 plantas entre aserraderos y fabricantes de láminas o compensados logran sostener exportaciones significativas.

El peso de la logística se consolida como un factor crítico. El aumento de los combustibles impacta de manera directa en los costos y complica la competitividad, especialmente en regiones alejadas de los centros de consumo o puertos. En ese marco, iniciativas como el desarrollo del puerto de Posadas aparecen como intentos por mejorar la ecuación logística, aunque aún requieren tiempo para generar impacto.

Capacidad instalada y potencial sin aprovechar

A pesar del contexto adverso, el sector cuenta con condiciones estructurales favorables. La Argentina dispone de más de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y una capacidad productiva que podría abastecer ampliamente el mercado de la construcción.

Sin embargo, esa capacidad no se traduce en mayor actividad. La participación de la madera en la construcción sigue siendo baja, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento que hoy no se concreta por falta de demanda y condiciones adecuadas.

Daniel Vier, secretario general de FAIMA y presidente de la Cámara Argentina de la Madera (CADAMDA), dijo que “la cadena productiva es amplia y transversal, con cientos de aserraderos, plantas de remanufactura y fabricantes distribuidos en todo el país”.

La actividad se redujo drásticamente, y la industria forestal-maderera enfrenta serveros problemas, se reclama que retorne la obra pública, entre otras medidas

La actividad se redujo drásticamente, y la industria forestal-maderera enfrenta serveros problemas, se reclama que retorne la obra pública, entre otras medidas

El dirigente precisó que en los últimos años surgieron plantas especializadas en sistemas industrializados como wood frame o panelizados, lo que marca un proceso de evolución dentro del sector.

Obstáculos estructurales

Las dificultades no se limitan a la coyuntura. Las empresas enfrentan problemas estructurales que condicionan el crecimiento.

Entre los principales factores aparecen la baja escala de demanda, que limita inversiones, y los altos costos financieros para adquirir maquinaria o avanzar en procesos de industrialización.

Vier comentó que “existe capacidad para escalar rápidamente, pero eso depende de que aparezca una demanda sostenida y condiciones que acompañen la inversión”.

A esto se suman la falta de estandarización en algunos segmentos, el déficit de mano de obra especializada y las dificultades logísticas.

Otro punto crítico es la heterogeneidad normativa. Las diferencias entre regulaciones municipales generan trabas y retrasos en proyectos vinculados a la construcción con madera.

Avances y desafíos pendientes

En los últimos años, el sector logró avances en industrialización, calidad de productos y profesionalización. También creció la incorporación de tecnologías y sistemas constructivos modernos.

Vier reseñó que “hay mayor conocimiento técnico y una mejora en los procesos productivos”, aunque aclaró que aún persisten desafíos relevantes.

Entre ellos se destacan la necesidad de estandarizar procesos a gran escala, fortalecer la formación técnica y avanzar en una normativa más homogénea en todo el país.

La percepción cultural también juega un rol clave. En algunos segmentos, la madera todavía se asocia a soluciones de menor calidad, una visión que no refleja el nivel actual de desarrollo de la industria.

Empleo, financiamiento y tensión financiera

La cadena foresto-industrial tiene un fuerte impacto en el empleo regional. Su desarrollo involucra múltiples etapas, desde la producción forestal hasta la industrialización y la construcción.

El deterioro de la actividad también se refleja en el frente laboral. El 22,2% de las empresas registró caídas en el empleo, con reducción de turnos, suspensiones y ajustes en dotación. A la vez, solo el 19,4% proyecta incorporar personal en los próximos doce meses, frente a un 26% que anticipa recortes.

Proceso de armado de paneles estructurales: el sector tiene potencial para crecer, pero la recesión y los costos limitan su expansión

Proceso de armado de paneles estructurales: el sector tiene potencial para crecer, pero la recesión y los costos limitan su expansión

Las dificultades financieras se profundizan. Casi la mitad de las empresas reporta problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones. Entre las principales consecuencias aparecen mayores costos financieros, pago de intereses y necesidad de endeudamiento de corto plazo.

Potencial y efecto multiplicador

El potencial de crecimiento es significativo. Con un mayor desarrollo del sistema, el sector podría generar miles de puestos de trabajo y contribuir a reducir el déficit habitacional.

Vier precisó que “la construcción con madera tiene capacidad para sumar hasta 50.000 viviendas anuales adicionales, gracias a la velocidad de ejecución de estos sistemas”.

Además, existe capacidad instalada ociosa que podría activarse rápidamente en un escenario de mayor demanda, lo que permitiría una recuperación relativamente veloz si cambian las condiciones macroeconómicas.

Importaciones y competitividad

El impacto de las importaciones se concentra en productos con mayor nivel tecnológico y en maquinaria, que en muchos casos no se fabrica a nivel local.

Esto plantea un desafío para la industria, que necesita avanzar en mayor valor agregado para reducir la dependencia externa y mejorar su competitividad.

Equipamiento de alta precisión para sistemas constructivos en madera: la inversión en tecnología choca con la falta de escala y financiamiento

Equipamiento de alta precisión para sistemas constructivos en madera: la inversión en tecnología choca con la falta de escala y financiamiento

A su vez, el cambio en el contexto macroeconómico y la mayor apertura comercial suman presión sobre los productores locales, que deben competir con bienes importados en un escenario de demanda débil.

Qué necesita el sector

Para revertir la situación, el sector plantea una serie de medidas clave. Entre ellas, un marco normativo claro y homogéneo, incentivos fiscales y financieros, y líneas de crédito para inversión productiva.

También resulta fundamental fortalecer la capacitación técnica y promover el uso de la madera en la construcción, tanto desde el sector privado como desde políticas públicas.

El impulso a proyectos de vivienda con madera aparece como uno de los principales motores posibles para reactivar la actividad, junto con la necesidad de mejorar la logística y reducir costos estructurales.

En un contexto de crisis prolongada, el sector foresto-industrial enfrenta el desafío de sostener su estructura productiva mientras espera condiciones que permitan aprovechar su potencial.

Vier concluyó que “el desarrollo de la construcción con madera puede convertirse en un eje estratégico, pero requiere demanda, financiamiento y reglas claras para consolidarse”.

José Luis Cieri

China vinculará a 680.000 innovadores / investigadores con empresas

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El regulador de propiedad intelectual de China ha estado actuando como intermediario, conectando a investigadores con patentes a empresas que pueden comercializarlas.

El mes pasado, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China informó que, como resultado de estas medidas, alrededor de 80.000 patentes de universidades e institutos de investigación fueron comercializadas entre 2023 y 2025.

El esfuerzo es parte del deseo del gobierno de transformar más investigación en productos y servicios. China holds more than five million domestic invention patents, but few are brought to market. En 2022, solo el 3,9 % de las patentes universitarias fueron comercializadas, según medios estatales.

Desde 2023, la agencia afirma haber identificado alrededor de 680.000 patentes en poder de universidades e institutos de investigación que podrían ser comercializadas, y ha conectado a los innovadores con 460.000 empresas que podrían hacer realidad las ideas.

Marina Zhang, quien estudia la innovación con un enfoque en China en la Universidad de Tecnología de Sídney en Australia, considera que el emparejamiento creará conexiones duraderas entre la academia y la industria.

Robert Conn, quien estudia la investigación y la filantropía científica en la Universidad de California, San Diego, dice que el enfoque es todavía nuevo, por lo que es demasiado pronto para saber qué tan efectivo será a largo plazo. Pero él cree que podría funcionar, porque las empresas en China a menudo están dispuestas a acatar las directivas del gobierno. “El sistema de China es de arriba hacia abajo, con el Estado desempeñando un papel central en el impulso de las asociaciones y la definición de rumbos”, dice.

El Ministerio de Educación de China también está explorando el uso de inteligencia artificial y macrodatos para identificar el valor potencial de las patentes universitarias y sus posibles aplicaciones, declaró a los medios estatales Zhou Dawang, un funcionario del ministerio.

Desafíos de la comercialización

Patenting has been strongly encouraged by universities in the country and has been tied to career advancement for researchers, says Li Tang, a public-policy researcher at Fudan University in Shanghai, China. Pero a veces, esto “llevó a lo que podríamos llamar patentamiento estratégico — en el que se solicitan patentes para cumplir con criterios de evaluación en lugar de para respaldar la comercialización posterior”, dice ella.

Como resultado, muchas patentes aún no han demostrado que funcionen, o que sean necesarias, dice Zhang.

Además de la labor de vinculación, el gobierno ha implementado incentivos que premian la comercialización exitosa de la investigación en lugar de la presentación de patentes.

Zhang says that the government is also taking steps to address systemic barriers that hold back research commercialisation in China. These include unclear rules around who shares the profits of a patent, and a shortage of technology-transfer professionals who help academics to translate patented technologies into commercial products, says Zhang.

Fuerzas del mercado

Conn dice que el enfoque impulsado por el Estado de China contrasta con el enfoque adoptado por otros países, como Estados Unidos. Allí, la transformación de la investigación en productos comerciales está mayormente impulsada por el mercado. Los capitalistas de riesgo estadounidenses “recorren los pasillos de las universidades” para identificar innovaciones que puedan financiar.

La Ley Bayh–Dole, presentada en 1980, otorgó a las instituciones estadounidenses la propiedad de las investigaciones financiadas por el gobierno, permitiéndoles otorgar licencias a empresas sin interferencia gubernamental. Los fondos filantrópicos y el financiamiento privado fortalecen aún más el proceso desde la investigación básica hasta las aplicaciones prácticas, agrega Conn.

Desde hace años, la financiación para la investigación en China se ha centrado en la manufactura y la ciencia aplicada en lugar de en la investigación básica, afirma. La intervención del Estado podría compensar el menor tamaño del sector de capital de riesgo de China, el cual está menos integrado en el ecosistema de investigación que su equivalente en Estados Unidos, señala Conn.

También ha habido un aumento en los fondos filantrópicos destinados a la investigación científica en China, dice Conn. Los fondos filantrópicos a menudo financian investigaciones iniciales de alto riesgo que podrían no recibir apoyo de capitalistas de riesgo o de instituciones de financiamiento público.

En marzo, China anunció planes para aumentar su gasto general en investigación y desarrollo (I+D) en al menos un 7% anual durante los próximos cinco años.

Elon Musk: Marte y marketing

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Según informó la agencia Reuters, la junta directiva de SpaceX -la empresa de tecnología espacial de Elon Musk- aprobó un plan de compensación que otorgaría a Musk 200 millones de acciones restringidas con derecho a voto privilegiado si la compañía alcanza una valoración de 7,5 billones de dólares y ayuda a establecer un asentamiento humano permanente en Marte con al menos un millón de residentes.

Las acciones son de Clase B y, según se informa, otorgan 10 votos por acción. Y este no es el único hito de la era espacial. Otra bonificación de hasta 60,4 millones de acciones restringidas está vinculada a objetivos de valoración adicionales y a que SpaceX opere centros de datos espaciales con al menos 100 teravatios de capacidad de procesamiento.

Por primera vez, el objetivo de «un millón de personas en Marte» se ha incorporado directamente a la estructura de incentivos corporativos como una meta de rendimiento aprobada por el consejo de administración. SpaceX, en la práctica, les está diciendo a los futuros inversores de la salida a bolsa que los cohetes son solo la capa de transporte. El plan más ambicioso abarca la población, el transporte de carga, la generación de energía, la computación, las comunicaciones y, finalmente, la gobernanza más allá de la Tierra.

SpaceX está pidiendo a los mercados que valoren una cuestión que nunca antes se habían planteado: ¿Cuánto vale una empresa si pudiera convertirse en el proveedor de infraestructura logística, de comunicaciones, energética, informática y de asentamientos para la humanidad más allá de la Tierra?

Qué es el «Manifiesto Palantir»: las Big Tech al servicio del poder militar de EE.UU.

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Palantir Technologies, empresa líder en procesamiento de datos y análisis militar en Estados Unidos, publicó el sábado 18 de abril un folleto comercial que también funciona como un manifiesto de 22 puntos, en el que insta a Silicon Valley a entregarse al servicio del complejo militar-industrial estadounidense.

“La élite técnica de Silicon Valley tiene el deber de participar en la defensa de la nación”, declaró Palantir en un texto que aboga por el surgimiento de una “República tecnológica”, redactado por el director ejecutivo Alex Karp y un colaborador cercano, Nicholas Zamiska.

“La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA; se trata de quién las fabricará y con qué fin”, explica la empresa en X.

Message diffusé sur X par la société Palantir. Traduction du premier point
Message diffusé sur X par la société Palantir. Traduction du premier point : «La Silicon Valley a une dette morale envers le pays qui a rendu son essor possible. L’élite des ingénieurs de la Silicon Valley a le devoir de participer à la défense de la nation.» © Palantir, via X

“Una era de disuasión, la era atómica, está llegando a su fin. Una nueva era de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar”, predice además el manifiesto.

Más allá de la búsqueda —habitual— de nuevos contratos de defensa, el mensaje llega incluso a proponer la introducción del servicio militar obligatorio en Estados Unidos, y pide poner fin a la “impotencia” de los ejércitos japonés y alemán que se decretó tras la derrota del Eje en 1945.

El manifiesto también sugiere a las empresas tecnológicas que asuman un papel más enérgico en la lucha contra la “criminalidad violenta”.

Critica “la intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas”, e insta a Estados Unidos a rechazar “un pluralismo vacío y sin sentido”.

“Algunas culturas, e incluso algunas subculturas… han producido maravillas. Otras han resultado mediocres, o incluso peor, regresivas y nocivas”, afirma el documento, sin precisar de qué culturas se trata.

Identificar los objetivos que Washington debe eliminar

Fundada por el multimillonario libertario Peter Thiel, Palantir toma su nombre de los artefactos imaginados por J.R.R. Tolkien, autor de ‘El Señor de los Anillos’. Estas piedras mágicas permiten, entre otras cosas, a los pueblos de la Tierra Media espiar a sus enemigos a distancia.

Un eco del mundo real, donde Palantir proporciona a sus clientes software de procesamiento de datos que les permite recopilar información dispersa en diferentes plataformas y formatos. De este modo, los analistas pueden identificar patrones complejos que, de otro modo, se perderían en la gran cantidad de datos.

Y el principal cliente de la empresa de Peter Thiel no es otro que el gobierno estadounidense, sus fuerzas armadas, sus servicios de inteligencia y sus fuerzas policiales.

Los servicios de Palantir han sido ampliamente utilizados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para llevar a cabo las expulsiones masivas y a menudo violentas de migrantes indocumentados.

El pasado mes de abril, el Departamento de Seguridad Nacional le adjudicó un contrato de casi 30 millones de dólares para el desarrollo de un sistema basado en IA que permita rastrear a las personas que deben ser detenidas y deportadas.

Agentes de la Policía de Nueva York forman un cordón de seguridad mientras esperan a que sean trasladados los manifestantes detenidos tras una reunión de Seder celebrada en Union Square, en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 6 de abril de 2026.
Agentes de la Policía de Nueva York forman un cordón de seguridad mientras esperan a que sean trasladados los manifestantes detenidos tras una reunión de Seder celebrada en Union Square, en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 6 de abril de 2026. REUTERS – David Dee Delgado

Palantir también proporcionó al ejército israelí herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial durante su ofensiva en Gaza, que causó la muerte de más de 70.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamás —y confirmadas por la ONU y el Estado de mayoría hebrea—, y redujo gran parte del territorio a escombros.

En 2024, la empresa firmó una alianza estratégica con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para reforzar el “esfuerzo bélico” del país. Este último está acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Y es que Palantir no oculta su inclinación militarista. Shyam Sankar, su director técnico, recientemente nombrado teniente coronel en la reserva del ejército estadounidense, declaró al ‘New York Times’ que la empresa era “muy conocida” por su localización de los objetivos que el ejército estadounidense debía eliminar.

«Ayudar a Occidente a mostrarse feroz»

Según William Hartung, investigador principal del ‘Quincy Institute for Responsible Statecraft’, la cercanía entre Palantir y Washington se remonta a los inicios de la “guerra contra el terrorismo”.

Su misión, tras el 11 de septiembre de 2001, es evitar las fallas en el intercambio de información entre las diferentes agencias estadounidenses, que habían hecho posibles los atentados.

Esta apuesta resultó ser sumamente lucrativa. El Pentágono solicitó al Congreso una financiación adicional de 2.300 millones de dólares para desarrollar el ‘Maven Smart System’, una plataforma de selección de objetivos basada en inteligencia artificial diseñada por Palantir para el ejército estadounidense.

El contrato se había adjudicado inicialmente a Google, que finalmente se vio obligada a abandonar el proyecto ante la rebelión de sus empleados.

Diederick van Wijk, investigador del centro de estudios holandés ‘Clingendael Institute’, considera que los directivos de Palantir ven a su empresa como una entidad que asume con orgullo una responsabilidad que otros han rechazado.

“Lo que piensan —en particular Alex Karp y Peter Thiel— es que Silicon Valley se ha alejado de su principio fundador, es decir, la relación entre el ejército y la industria, para orientarse por completo hacia las tecnologías de consumo. Y les parece problemático que empresas que tienen tanto poder, datos y tecnologías no sean más patriotas”, indica van Wijk.

Es cierto que Peter Thiel y Alex Karp parecen discrepar en los contornos precisos de sus sistemas de creencias. Este último, por ejemplo, apoyó a la candidata demócrata Kamala Harris en 2024. Pero ambos profesan desde hace tiempo un apego a una visión idealizada de la civilización occidental, analiza Diederick van Wijk.

“Desde el principio, tenían una visión muy normativa de lo que debía ser esta empresa, limitada a trabajar para Estados Unidos, luego para Europa, pero siempre negándose a trabajar con Rusia y China. Siempre existía la idea de que esta empresa podía realmente ayudar a Occidente a mostrarse feroz, a ‘protegerlo a toda costa’, según una terminología que Alex Karp utiliza a menudo”.

Archivo: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán, mientras Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán.
Archivo: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán, mientras Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán. © Reuters/Jacquelyn Martin

Este llamamiento a volver a centrarse en el poder militar para defender un Occidente supuestamente en decadencia se hace eco claramente de los discursos de algunas figuras influyentes del segundo mandato de Trump, entre las que destaca el vicepresidente J.D. Vance.

La estrategia de seguridad nacional publicada el año pasado por la administración Trump ponía énfasis en lo que describía como el riesgo de “borrado civilizacional” al que se enfrentaría Europa occidental tras décadas de migración masiva.

Por su parte, Peter Thiel llegó incluso a declarar que consideraba la democracia incompatible con la libertad.

“Actuar sin rendir cuentas a nadie”

Una ideología lucrativa en la era Trump. El mero anuncio de la reelección del multimillonario hizo que la capitalización bursátil de la empresa se disparara en 23.000 millones de dólares, ya que los inversionistas se apresuraron a comprar acciones de la compañía.

Y las fronteras que separan al personal de Palantir y al Estado estadounidense son cada vez más porosas: tras su regreso a los negocios, Donald Trump nombró a varios directivos de Palantir para ocupar puestos clave en el gobierno, mientras que la empresa, a su vez, contrató a exlegisladores y funcionarios.

“En algún momento, esta tecnología habría surgido de todos modos”, señala Diederick van Wijk. “Nos centramos en esta empresa, cuando deberíamos centrarnos en la tecnología subyacente, la que permite cambiar por completo la dinámica de las fuerzas del orden y de la guerra”.

Pero Peter Thiel llama la atención con un discurso “antidemocrático, antigobernamental y antisociedad liberal. Es un libertario muy franco con ideas muy particulares”, continúa el investigador.

“De ahí viene el malestar. La empresa tiene un lado conspirativo que la convierte en una culpable evidente, pero que esconde una tendencia mucho más amplia: la de empresas tecnológicas tan poderosas, tan poco reguladas, que son capaces de innovar y actuar donde lo consideren necesario. Sin rendir cuentas a nadie».

La diputada Adriana Serquis pide informe sobre las inspecciones que hace EE.UU. de los centros atómicos argentinos

La diputada nacional y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, presentó el lunes un pedido de informes ante la Cancillería y el Ministerio de Economía para esclarecer la inspección de siete funcionarios de Estados Unidos en centros atómicos estratégicos de Argentina.

¿Quién los llamó, y para qué, y con qué derecho? Eso lo contestamos después.

La comitiva, integrada por miembros del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), recorrerá hasta el próximo viernes las sedes de Constituyentes, Ezeiza, Bariloche y la sede central de la CNEA.

La legisladora de Fuerza Patria advirtió sobre la implementación de sistemas de vigilancia digital compuestos por cámaras y sensores que serían controlados directamente por agentes estadounidenses. Serquis, doctora en Física e investigadora, calificó esta medida como sumamente lesiva para la soberanía nacional, al considerar que configura un escenario de tutela externa sobre desarrollos tecnológicos en los que Argentina es referente mundial.

El pedido de informes surge tras una disposición interna de la CNEA emitida el pasado 30 de abril bajo el concepto de «Visita de Protección Física». El cuestionamiento busca determinar bajo qué convenios internacionales se ampara esta auditoría, el rol específico de los funcionarios norteamericanos y la existencia de acciones de reciprocidad que permitan a técnicos argentinos inspeccionar centrales en territorio estadounidense.

La diputada señaló que el avance de estas inspecciones ocurre en un contexto de fragilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente y la agresión conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán. En este marco, Serquis enfatizó: «nuestro país no es un actor cualquiera: Argentina ha alcanzado un desarrollo nuclear relevante que le proporciona soberanía energética a mediano y largo plazo, pero también la obliga a ser extremadamente cauta en sus decisiones internacionales«.

El Gobierno nacional mantiene hermetismo sobre el alcance de estos acuerdos de cooperación. El sector científico y tecnológico nacional manifiesta preocupación ante la posible entrega de información sensible y la militarización de activos críticos mediante el incremento de fuerzas federales en las instalaciones, lo que consideran una auditoría sin precedentes sobre la capacidad soberana del país.

Comentario de AgendAR:

La Dra. Adriana Serquis dice la verdad pelada, y el gobierno peluca miente por acción y por omisión. ¿Qué nueva imbecilidad estamos firmando ahora con los EEUU?

El Tratado de No Proliferación (TNP) lo inventó EEUU en 1968 y lo impuso «urbi et orbi» con presiones diplomáticas, sanciones económicas o visitas de buena voluntad y por tiempo indeterminado de los US Marines, con caída del gobierno local incluía en el paquete.

Durante 27 años nos aguantamos de firmarlo, dando el mal ejemplo en toda la región, fundamentalmente en Brasil, que decidió hacer lo mismo. Concretamente, hasta 1995, la Argentina adujo que el TNP es discriminatorio.

Sobre eso, volvemos al final.

Al que firmó el TNP, le caen obligaciones pero no derechos. La mayor obligación es que todas sus instalaciones nucleares, si acaso las tiene, quedaron bajo monitoreo constante del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas. Institución que mereció cierto respeto desde 1957. Sin embargo, desde 2003 se ha vuelto un sello de goma de los EEUU.

Firmar estupideces asimétricas es inocuo si uno tiene el programa nuclear de Namibia, de Mónaco o de Uruguay, que no tienen ninguno. Nosotros tenemos. Y desde hace rato. Desde mucho antes de que hubiera nacido la burrocracia que hoy dirige la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Aquella agachada diplomática y tecnológica del TNP vino (¿cuándo no?) con la firma del presidente Carlos Menem. Hasta entonces, incluso durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Argentina acató estrictamente las salvaguardias del OIEA: si una instalación nuclear tenía componentes importados, no importa si combustibles o tornillos, se podía inspeccionar. Pasen y vean.

Todo lo otro, no.

«Todo lo otro» son instalaciones, laboratorios de desarrollo, talleres de construcción y componentes 100% nacionales. No se inspeccionan por una razón simplísima: no nos gusta que nos roben tecnología.

Y eso porque somos (mal que le pese a los EEUU) exportadores de fierros nucleares pacíficos, pero además terriblemente competitivos. Dominamos el mercado de los reactores de fabricación de radioisótopos médicos y de investigacion en diversas ciencias e ingenierías. Y hace tres décadas que estamos tratando de desarrollar una central nucleoeléctrica compacta como producto de uso local y de exportación. Nos referimos al CAREM.

A excepción de patriotas y gente del palo como Emma Pérez Ferreira, Pepe Abriata, Dan Beninson, Norma Boero y la propia Adriana Serquis, la alternancia de paracaidistas y chupamedias que aflige la dirección nuclear de la CNEA desde 1983 ha logrado que construir el CAREM sea como remar en dulce de leche. Pero amargo.

Esto es extensible a las centrales de potencia argentina, como Atucha 3 CANDU, obra que debió arrancer en 2015 y terminarse más o menos en 2023. Hoy estaría poniéndole 700 MWe de potencia continua al Sistema Argentino de Conexión. Remar al cuete también en reactores de radioisótopos y de investigación se nos ha vuelto norma. Desde 2022 que debió estar terminado, funcionando y ganando U$ 100 millones por año el RA-10 de Ezeiza. Hemos construido el mejor del mundo actual, el OPAL de Australia, y estamos por terminar el próximo mejor del mundo, el PALLAS de Holanda.

Pero no podemos terminar un reactor nuestro.

Está lleno el ambiente político de una caterva de burros, lamebotas y agentes de ya saben quiénes. Y frenan con éxito obras imprescindibles, o que incluso las cierran si ya existen pero le molestan a algún embajador. Por ejemplo el Laboratorio de Procesos Radioquímicos (LPR) de Ezeiza, o o la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén. Y mejor no mencionar el CTP, Complejo Atómico Pilcaniyeu, en Río Negro.

Allí en el CTP, construido por iniciativa del entonces presidente de la CNEA, se enriqueció uranio en cantidades mínimas y a grados mínimos. Esa pequeña planta sólo sirvió para decirle a los EEUU y a sus laderos que la próxima vez que nos hicieran boicot de combustible de reactores para castigarnos por nuestro éxito comercial, pasábamos a mayores.

Lo cerraron. Menem lo hizo y también De la Rúa, Duhalde, Macri y el actual muñeco.

Para diagnosticar el problema: en ambos mercados, el de reactores y el de centrales, estamos en paridad e incluso superioridad con los EEUU, según les venimos dando palizas en licitaciones internacionales. Eso aquí no se publica. Nadie tiene maldita la idea.

La firma de Menem en ese tratado colonial, el TNP, desde 1995 les permite a nuestros competidores en el hemisferio norte hacer inspecciones sorpresa y controlar con cámaras y otros sensores tecnológicos todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Y todo lo que desarrollamos.

Las prohibiciones expresas y tácitas contra nuestro programa nuclear fueron una bendición: le permitieron, o más bien obligaron a la CNEA a desarrollar el manejo del circonio, material clave para el combustible de nuestras centrales nucleoeléctricas. O más aún, la fabricación de agua pesada. Ésta es indispensable si se quiere usar uranio natural argentino, en lugar de comprar estúpidamente combustibles nucleares en el exterior.

Y desde ya, las sanciones de EEUU nos obligaron a tener la capacidad de enriquecer uranio en pequeña escala, lograda entre 1981 y 1982 para que los EEUU no nos impidieran exportar reactores. La muchachada del State Deparment estaba caliente como una pipa: les habíamos construido no uno, sino dos reactores a Perú. En su patio trasero, como dicen ellos.

Si no tenés capacidad de ofrecer el reactor y su combustible, en el patio y fuera de él no te compra nadie, porque los EEUU te organizan un rápido boicot de uranio enriquecido. En cuyo caso el cliente nos compró un reactor al cuete. En este mundo tramposo, para que el cliente no se muera de miedo de este tipo venganzas, si a un cliente le vendés un caballo, tenés que poder venderle también el pasto.

El pasto, en el caso de los reactores de investigación o de fabricación de radiosótopos médicos, es uranio enriquecido al 20%, un material que se llama HALEU, sigla extraordinariamente indescifrable: significa uranio de bajo enriquecimiento a alto nivel. La Argentina no tiene ni tuvo la capacidad técnica de llegar a esa cifra. Se necesitaría una planta mucho mayor que la que tenemos (teníamos) en Pilcaniyeu.

Pero alcanza con tenerla para que la maffia de enriquecedores de Occidente nos venda todo el enriquecido que pidamos, no sea cosa de que un boicot organizado por ya se imaginan qué país nos obligue a poner una planta mayor y hacernos pasar de cliente a competidor. Ojo, esto hoy sería políticamente imposible. ¿Pero tecnológicamente?

A preguntarle a Brasil, que viene arrimándose a esta capacidad desde los ’80. Hace ya una década nos hizo entrega de unas 7 toneladas de LEU (uranio de bajo enriquecimiento), con un nivel de entre 1,9 y 3,2, grado central nuclear, para nuestro siempre futura centralita nucleoeléctrica CAREM.

Curiosamente, esto sucedió por acuerdos previos entre cancilleres que los entonces presidentes Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, que han sido para el desarrollo tecnológico de sus respectivos países lo que el cianuro a la puericultura, se resignaron a aceptar.

Genial, tenemos el combustible, sólo falta la central.

Todas los componentes y la misma ingeniería de estas cosas no se podían comprar afuera por veto de los EEUU sobre nuestro comercio nuclear. Gracias a Dios por ello.

Porque por ende, las resolvimos en casa sudando tinta en los laboratorios, pura prueba y error, y fueron saliendo sin ningún componente extranjero, sin pagarle un mango a nadie, y sin dar derechos de espionaje consentido y gratis a través del inspectorado del OIEA. Y ahora, a partir de esta visita de una recua itinerante de empleados directos de la inteligencia nuclear de los EEUU, futuros inquilinos. Eso, sólo para hacer más claras las cosas en Sudamérica, a saber, quién manda.

Nuestra posición, como portal, es la de casi toda la gente honesta del programa nuclear argentino: si alguien quiere fierros nucleares argentinos, que los pague.

Y si quiere «know how», es decir la miríada de pequeños secretos comerciales de ingeniería y de ciencia de materiales necesarios para hacer un buen combustible, o incluso los rectores y centrales que funcionan gracias a ese combustible, poniéndose estaba la gansa. Los demás, fuera de la cocina.

Y los que han querido nuestros fierros y recetas de cocina son unos cuantos: Perú, Argelia, Egipto, Holanda, Arabia Saudita, y siguen las firmas. Licitación donde se presenta INVAP, firma de la Comisión Nacional de Energía Atómica, EEUU directamente desiste de competir. ¿Por qué? Porque su tecnología es vieja y cara.

El TNP ya nos había puesto cámaras y sensores en TODAS las instalaciones y laboratorios nucleares. Y el OIEA no le guarda secretos comerciales a los EEUU. Como que fue fundado por EEUU en 1957 para exportar SU tecnología. No les ha ido muy bien.

Últimas dos palabras sobre el TNP. Esta nueva humillación perfecciona un documento que nació asimétrico. Le da a las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU luz verde para meter sus proctológicas narices en todo nuestro programa. Pero en contrapartida, la Argentina (y todos los firmantes) no tienen acceso alguno a los programas nucleares de EEUU, Francia, el Reino Unido, Rusia y China.

El problema no es tanto que no tengamos acceso a la cocina de estos buenos muchachos: tenemos la nuestra. El problema es que el TNP obliga a las 5 potencias con armas nucleares legales según este documento a limitar sus arsenales. Cosa que se cumplió brevemente en este siglo, pero hoy vuelve a reinar con alegría la proliferación.

El TNP es el desarme de los desarmados. Así lo bautizó el diplomático argentino José María Ruda en 1968, y la frase pegó en casi todo el Tercer Mundo.

Será por eso que el TNP no sirve de mucho, incluso fuera del ámbito de las superpotencias. Es de cumplimiento opcional. Israel, la India, Pakistán, Sudáfrica y Corea del Norte desarrollaron sus arsenales nucleares ignorando olímpicamente el TNP. Israel y la Sudáfrica racista del «appartheid», desarrollaron su arsenal nuclear con colaboración no muy disimulada de los EEUU y de Francia, según el caso. Es un documento para el cual hay hijos y entenados.

A los entenados no les va tan bien. Haber firmado el TNP no salvó a Irak de ser invadido y despedazado por EEUU con la excusa de que ese país estaba cocinando su bomba. Nadie extraña a Saddam Hussein, pero conservarlo o tirarlo debió ser asunto de los irakíes, que soportaron su dictadura durante décadas. Pero tenían una clase media, escuelas, colegios, universidades y hospitales públicos.

Ya no más. Ahora están ocupados por facciones en guerra de todo tipo: las bancadas por los EEUU, como los Peshmergas de Kurdistán, o los chiítas pro iraníes, y también los sunnís del ISIS, o estado islámico. Hace 23 años que Irak dejó de ser un país y se volvió un campo de batalla. Hay dos generaciones de jóvenes que no conocen la paz, el empleo o la educación.

Y ni hablar del caso de Irán. Este país había aceptado inspecciones del OIEA en 2015 a cambio de que se le devolvieran unos U$ 120 mil millones de cuentas y activos incautados por EEUU, y de que se levantaran las sanciones sobre su comercio exterior. No son gratis: le han venido costando U$ 1200 billones de los nuestros, es decir millones de millones, desde 1987.

Los argentinos también hemos sufrido de esas mismas sanciones, sin darnos por enterados. Hasta 1986, Irán fue nuestro primer comprador de trigo. Adquiría 1,2 billones de toneladas por año, lo que en dólares actualizados nos dejaba U$ 487 mil millones, el 15% del saldo exportable argentino. Luego de que se movieran secretamente algunos hilos, dejamos de venderles. Ups.

Lo que nos hace aterrizar de nuevo en asuntos nucleares. El tratado entre Irán y los EEUU era bastante claro: Irán deja de enriquecer uranio a valores mayores a 3,2, lo suficiente como para mantener su única central nucleoeléctrica, la de Bushehr, y quizás construir otro par más. A cambio, se le devolvía algo de plata y algo de comercio exterior.

No era un programa grandioso para los iraníes, pero era lo que había. La inflación generada por el desequilibrio de su balanza de pagos los estaba matando.

Poco duró esa firma. El presidente Trump rompió unilateralmente el acuerdo en 2018, y hoy está bombardeando a Irán. Ojo, lo hace pese a que la política de los persas fue dar libre acceso al inspectorado del OIEA en materia de enriquecimiento de uranio. Los iraníes no hacían esto por sumisos o por idiotas. idiotas. Necesitaban al OIEA como testigo imparcial y científico de que enriquecían uranio a los exiguos valores acordados por ese tratado, llamado con el pintoresco nombre de JCPOA, por Joint Comprehensive Plan of Action, o Plan de Acción Integral Conjunto. Pintoresco, porque da a entender que Irán tiene un problema y EEUU, Francia, Alemania e Inglaterra se juntan para resolverlo. Lo que puede la solidaridad de la OTAN…

Luego de que Trump rompiera el JCPOA y volviera a matar a los persas a sanciones, estos también necesitaron al OIEA como testigo de que ellos iban subiendo de a poco el valor de enriquecimiento, en la medida en que EEUU le iba haciendo la vida cada vez más difícil. Y en el futuro necesitarán también del OIEA, como garante de que han enriquecido unos 450 kg. al 60%, cifra bastante inútil para bombas. Aunque no está mal para motores de submarino nuclear.

Sólo que 60% es un umbral técnico y geopolítico. Llegar a 93% desde uranio natural, arrancando con el 0.87% de isótopo 235 con que sale de la mina, es un trabajo brutal en términos eléctricos, tecnológicos, materiales y de recursos humanos. Ese trabajo se mide en UTS, Unidades Técnicas de Separación.

Es un término muy de la profesión, y me lo han explicado de muy distintos modos varios expertos del OIEA sin que lo entendiera demasiado. Pero mis laboriosos entrevistados acordaron en que partiendo de 117 kg. de uranio natural a 1 kg. de enriquecido al 60% hay que gastar 152 UTS. Y ojo al piojo, con sólo 31,3 UTS adicionales se llega a una masa ínfima de enriquecido al 93%, o grado bomba.

Es sólo un 17% del trabajo total partiendo desde el uranio natural. Las instalaciones y los expertos los iraníes ya las tienen, y bien dispersas, bajo casi 100 metros de roca dura, a cubierto de misilazos. Su mensaje a Washington y a Tel Aviv, pese a que ambos están deshaciendóles el país, sigue siendo: «Si nos joden más, damos el paso que nos falta». Y entonces, agarrate Catalina.

Nadie que haya vivido algunos años en democracia puede enamorarse de los ayatollahs. Se podrá pensar pestes de cualquier teocracia, pero la iraní está demostrando una paciencia temible, mientras sus enemigos no dejan crimen contra la humanidad sin cometer y ley internacional sin quebrar. Y sin éxito, para su mal.

Ahora está bastante claro que si uno tiene petróleo y tecnología nuclear pacífica, puede ser visitado, amable o violentamente, por los EEUU, que están muy interesados en dominar el comercio mundial de petróleo, pese a ser el primer productor.

Dicho en favor del OIEA, su director en 2003, el egipcio Muhammad El Baradei, a la sazón director general de ese organismo multilateral, inspeccionó científicamente a Irak hasta darlo vuelta, a pedido del presidente George W. Bush. Y El Baradei anunció públicamente que los persas no tenían indicios físicos, químicos o ingenieriles de tener un programa nuclear militar en todo su país.

El presidente George W. Bush entonces invadió el susodicho país, de todos modos, destruyó todo su estado, industrias, escuelas, hospitales e instituciones de gobierno incluidas, y cuando hubo hecho daños irremediables se retiró, tras dejar en Irak una guerra civil que todavía sigue. Ah, y además un acceso gratis de EEUU al petróleo iraquí. Eso para resarcirse un poco de su ayuda humanitaria.

Vuelvo al tema de las declaraciones de la Dra. Serquis: ya tenemos cámaras, y sensores químicos y radiológicos mucho más sensibles y batidores que las cámaras. Han sido plantados antes en algunas, y desde 1995 en todas las instalaciones nucleares argentinas. Reportan al OIEA, que después del raje/renuncia ElBaradei, acata lo que diga el State Department sin chistar.

¿Más cámaras y más narices electrónicas yanquis, además de narices humanas nacidas en Idaho o en Colorado? La situación tecnológica no cambia gran cosa. En las centrales y reactores ya había. Ahora la diferencia será que nuestros físicos e ingenieros nucleares podrán ser seguidos visualmente y en tiempo real hasta en los pasillos, no sólo en sus talleres y laboratorios. Tampoco esto es tan nuevo.

Pero la situación diplomática sí cambia con esta novedad: agrava hasta lo grotesco la humillación pública internacional, subraya a brocha gorda la sumisión colonial de la Argentina de hoy. Miren cómo le hacemos lo que se nos canta a estos insumisos, se dice urbi et orbni. Y los insumisos todavía piden más látigo.

Nuestro programa nuclear, otrora sofisticado y competitivo, este gobierno lo quiere reducir a la exportación de uranio argentino hacia los EEUU. Fuera científicos, minero, a tu mina. ¿Cuándo nos volvimos un país tan de brutos, colaboracionistas y buchones, tan bananero por elección propia, pero sin bananas?

Nuestra interminable vocación de colonia, ésa la tenemos adentro.

Algo así habría dicho el Diego.

Daniel E. Arias

Estados Unidos invierte en Brasil para disputar con China el control de minerales clave

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En la silenciosa inmensidad del estado de Goiás, en el centro-oeste brasileño a 300 kilómetros de Brasilia y lejos de los despachos diplomáticos, Estados Unidos acaba de ejecutar un movimiento de piezas que redefine la arquitectura del poder en América Latina.

La confirmación de la compra de la minera Serra Verde por parte de un consorcio estadounidense no es una simple transacción de mercado, sino la captura de un seguro de vida para la industria militar de Washington.

Al asegurar la única operación de tierras raras a escala fuera de Asia, la administración de Donald Trump planta bandera en el subsuelo brasileño para quebrar el monopolio que China ejerce sobre los minerales que definen la tecnología del siglo XXI.

La operación, valorada en unos 2800 millones de dólares, marca un punto de no retorno. La empresa USA Rare Earth tomó el control de esta reserva estratégica respaldada por el financiamiento directo de la Development Finance Corporation (DFC), el brazo de inversión del gobierno estadounidense. Para los analistas, la presencia de la DFC elimina cualquier pátina de “negocio privado”.

“No estamos ante un mero movimiento comercial, sino ante una extensión de la política de la Casa Blanca”, explica el profesor Roberto Goulart Menezes, de la Universidad de Brasilia (UnB).

Óxidos de tierras raras, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro superior: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio.
Óxidos de tierras raras, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro superior: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio.

El objetivo declarado de esta adquisición es crear una empresa multinacional capaz de liderar toda la cadena productiva: desde la extracción de las tierras raras en el centro de Brasil, pasando por las complejas etapas de separación y procesamiento de estos elementos, hasta la fabricación final de los superimanes. Estos componentes son hoy el corazón tecnológico de los motores de autos eléctricos, las turbinas eólicas y, fundamentalmente, de los cazas militares y misiles de última generación.

Para blindar este flujo, el contrato establece un régimen de exclusividad por quince años, un plazo que garantiza que la producción de Serra Verde alimente prioritariamente a la industria norteamericana.

También es declarada la intención de reducir la dependencia crítica de las industrias de Estados Unidos en relación con China. El gigante asiático concentra actualmente todas las etapas del proceso, respondiendo por casi el 80% de la extracción de tierras raras, el 89% de su separación y más del 90% de la producción global de superimanes.

Para Maurício Santoro, politólogo y experto en relaciones con China, este escenario sitúa a Brasil en un lugar privilegiado pero peligroso. “La mayor reserva del mundo está en China y la segunda está en Brasil. Las tierras raras se han vuelto un arma en las disputas geopolíticas; son el petróleo del siglo XXI”, señala el profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Para Santoro, este acuerdo es un preludio de las tensiones que dominarán los próximos años, donde Brasil actúa como un fiel de la balanza tecnológica global.

Trabajadores usan maquinaria pesada en una mina de tierras raras en el condado de Ganxian, en la provincia de Jiangxi, China.
Trabajadores usan maquinaria pesada en una mina de tierras raras en el condado de Ganxian, en la provincia de Jiangxi, China.CHINATOPIX

Sin embargo, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta mostrar un “no alineamiento” que genera cortocircuitos con Washington. Goulart Menezes destaca que la postura del Planalto no busca una ruptura, sino una negociación desde la propia estrategia nacional. “Brasil no tiende a tornarse, con Lula, un aliado incondicional o una alternativa a los chinos. Quiere asociaciones internacionales, pero orientadas por su propia estrategia de desarrollo”, afirma el profesor de la UnB.

Este avance estratégico en Goiás ocurre en el momento de mayor fricción institucional entre Brasilia y Washington. La reciente crisis por la retirada de credenciales a agentes de inteligencia y seguridad es, para los expertos, un síntoma de una agenda cargada e ideologizada. El roce escaló tras la detención en Orlando del exdiputado Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia de Jair Bolsonaro prófugo allí tras haber sido condenado a más de 16 años de cárcel por haber sido parte de la trama golpista para impedir la asunción de Lula da Silva.

El episodio derivó en una acusación grave desde los Estados Unidos: Washington sostiene que un agente brasileño de la Policía Federal (PF) realizó tareas de espionaje ilegal contra Ramagem en territorio estadounidense para provocar su detención.

Según esta versión, el agente actuó movido por motivaciones políticas dictadas desde Brasilia, lo que rompió los protocolos de cooperación bilateral y llevó a la Casa Blanca a revocar su inmunidad y expulsarlo del país.

El gobierno brasileño, en un acto de reciprocidad, respondió retirándole la credencial al representante del ICE en Brasilia, profundizando lo que Santoro califica como un incidente “sin precedentes” en la historia de la cooperación policial de ambos países.

Pero hay un factor que desvela a los asesores de Lula: la posibilidad de una interferencia directa de Donald Trump en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre. La desconfianza es tan profunda que incluso fuentes dentro del aparato diplomático norteamericano admiten el riesgo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.Mark Schiefelbein – AP

“Es una posibilidad bastante real. ¿Lo hará? No lo sabemos, es una incógnita”, reconoce con pesimismo un alto diplomático estadounidense con oficina en Brasilia.

Para Santoro, la política exterior será, por primera vez en décadas, un tema central de la campaña. “Existe la especulación de que Trump podría declarar a los carteles brasileños (Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho) como organizaciones terroristas, lo que beneficiaría a la oposición y perjudicaría enormemente a Lula”, advierte.

El presidente Lula intenta navegar esta tormenta con un discurso de soberanía, contrastando su agenda de “paz y alimentos” frente a la lógica de “guerra” que atribuye a la gestión de Trump.

Brasil está frente a una grieta incómoda. Mientras sus líderes intercambian gestos de hostilidad diplomática y retiran credenciales en una coreografía de desconfianza mutua, una alianza forzada, en las tierras profundas de Goiás, obligará a Brasilia y Washington a convivir, aunque sea de espaldas, durante los próximos quince años.

Marcelo Silva de Sousa