Los lectores habituales de AgendAR saben que -de tanto en tanto- publicamos encuestas. No como predicciones -para eso no sirven- sino como testimonios de las actitudes y preocupaciones de la población en un momento dado.
Como tales, son un dato necesario para los que se interesan en la producción y el consumo argentinos.
Esta vez, les acercamos una de Raúl Aragón y Asociados. Aragón sostiene que hablar de una «grieta» entre dos sectores da una imagen incompleta. El ve tres, que abarcan entre ellos la casi totalidad del electorado: dos ya definidos, los que rechazan la experiencia macrista y los que rechazan la experiencia kirchnerista; y un tercero, muy numeroso, donde muchos comparten una u otra de esas posiciones pero éstas no alcanzan para definir su voto.
Igual, lo que antecede es una interpretación más de los datos de la encuesta. Pueden acceder a los números cliqueando aquí.
La calificadora de riesgo S&P anunció que coloca en perspectiva negativa a diez empresas argentinas. Éstas entraron “en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicancias negativas” y otra más fue revisada de “positiva” a “estable».
La decisión se tomó “por los crecientes riesgos de implementación de medidas de ajuste económico” anunciadas por el Gobierno, en medio de las negociaciones con el FMI para conseguir una ampliación del paquete de ayuda.
Las empresas que tuvieron revisiones negativas en escala global, en moneda local y extranjera, fueron Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), AES, Capex, Transener, IRSA Inversiones y Representaciones, IRSA Propiedades Comerciales, Telecom, TGS, Pampa Energía e YPF.
Por su parte, Edenor fue pasada de “positiva” a “estable” por “su exposición al riesgo país y su naturaleza regulada”, y se le confirmó su calificación crediticia de emisor de largo plazo como “B”.
“El estatus de CreditWatch con implicancias negativas es consecuencia de nuestra acción similar sobre el soberano (en este caso, el Estado argentino), derivada de nuestra opinión sobre crecientes riesgos de implementación de medidas de ajuste económico, en un contexto de aversión al riesgo creciente que debilita el peso y eleva la inflación”.
Según consideró la agencia, estas empresas “son vulnerables a un escenario de incumplimiento del soberano”. Una excepción a esto es AA2000, que “permanece un nivel por encima de las calificaciones soberanas” por “su sólida generación de flujo de caja y cierta diversificación geográfica que le permitiría sortear un escenario de estrés soberano, al menos por cierto tiempo”.
La otra excepción es Telecom Argentina, en este caso por “su sólido balance y su significativa capacidad de generación de caja, que le confieren una protección moderada para hacer frente a un escenario de estrés soberano”.
El Ministerio de Producción anunció ayer la renovación del listado de productos del programa de Precios Cuidados. Sumó 127 alimentos y bebidas, y entre sumas y bajas, el total de productos ahora sobrepasa los 550.
De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, el 60% del nuevo listado de productos son alimentos y bebidas. Que es donde las últimas subas de precios se sintieron más fuerza. Respecto de la lista anterior, hay 23 productos más que antes.
El nuevo listado tendrá validez hasta el 6 de enero próximo. En términos de precios, el aumento promedio para toda la variedad de productos es de 3,1% respecto del último listado.
En junio, el programa ya había sido actualizado con la incorporación de 100 productos de la canasta básica como café, bebidas, lácteos, productos de higiene personal y pollo. En el nuevo listado se incorporan panificados, fideos y galletitas, productos que subieron mucho tras el fuerte aumento de la harina.
Según explicó Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, además de los 2.250 supermercados de todo el país donde estará disponible el nuevo listado, se sumarán cadenas mayoristas –un canal de venta que ha crecido mucho tras la devaluación del tipo de cambio– «con productos de marcas propias y ofertas».
Para el caso de los comercios nucleados en la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (supermercados chinos) habrá que esperar un par de semanas porque se encuentran negociando una canasta especial.
Como parte de las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto 2019, el Gobierno analiza gravar las propiedades de los argentinos en el exterior. El dato fue confirmado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones a radio Mitre.
«Es una de las propuestas que se están analizando. Claramente, en este momento complicado lo que tratamos es que los que más tengan hagan un aporte mayor», aseguró el funcionario.
La medida contempla actualizar la alícuota del Impuesto de Bienes Personales -que es coparticipable- de 0,25% a 1%,exclusivamente para propiedades fuera de la Argentina. Si bien en un principio había reticencia a instrumentar esta modificación (no es difícil creerlo), en las últimas horas volvió a tomar impulso la posibilidad en la mesa de negociaciones.
La negociación de este año tiene características inéditas. Es que por primera vez un gobierno busca acordar los términos de la ley más importante para el funcionamiento de la administración pública antes de girarla al Congreso. El diálogo con los gobernadores está marcado por la crisis económica y por el ajuste planteado en el gasto público como parte de la estrategia del gobierno nacional por reducir el déficit cero.
En caso de cerrarse el acuerdo por el Presupuesto, el Poder Ejecutivo cree que enviará una nueva señal de gobernabilidad que ayudará a tranquilizar los mercados luego de dos semanas de turbulencias y alta volatilidad.
Con el entendimiento cerrado con las provincias, el Gobierno elevará al Congreso el 15 de septiembre el proyecto de presupuesto 2019, que tendrá un recorte del déficit aún mayor del 1,3% del PBI previsto originalmente en función de una exigencia del FMI para destrabar fondos a la Argentina.
Una mirada realista debe concluir que es muy difícil que una medida de este tipo llegue a ser realidad. Pero el último párrafo da la clave del asunto. Porque no pocos en el nivel dirigencial veían con sorna la discusión sobre el Presupuesto 2019. Después de todo, de las previsiones del Presupuesto 2018, no se cumplió ninguna ¿Por qué se iba a tomar en serio el de este año?
La razón es que es (una de las) exigencias del F.M.I. Exige una señal del compromiso de la oposición con las metas del acuerdo. Esa presión obliga al gobierno a -por lo menos- aceptar discutir un tema caro a sus intereses particulares (y a los de otros en el mundo político y empresario): el gravamen a los bienes en el exterior. Puede decirse que ya no hay nada sagrado, offshore.
La secretaría de Energía quiere evitar los picos que se dan en invierno en las boletas de gas. Y que tanto malestar y broncas provocaron en los consumidores. Por eso, está pensando en un sistema de «facturas previsibles», en una suerte de tarifa plana.
En el esquema que se está pensando, un hogar no pagaría $ 400 de factura en verano y $ 4000 en invierno, como ejemplo, sino que le cobrarían todos los bimestres un monto similar. De esa forma, desembolsará más en verano de lo que le correspondería, pero también abonará menos en invierno, cuando las cifras son elevadas.
La idea central es que el pago del consumo invernal -que arroja sumas altas- se pueda prorratear durante el año. Las distribuidoras consideran factible esta posibilidad.
En el Gobierno estiman que el próximo aumento de gas será del 30%. «La suba de la electricidad será igual a la inflación y la de gas, inferior», subrayó un funcionario del área. Esos precios regirán por 6 meses. Desde allí, el Poder Ejecutivo trabajará para desarrollar una suerte de tarifa plana.
Es necesario señalar que en este tipo de esquema se descarta el razonamiento, ideológico, con el que se justificaba los tarifazos en el más alto nivel del Gobierno: que los precios cumplen con la función de racionalizar el consumo. Pero ya ha quedado claro que la realidad está forzando a esta administración a abandonar la rigidez ideológica.
* El Gobierno también prepara algunas modificaciones en el mercado de los combustibles.
Estudia una serie de medidas para flexibilizar ese sector. La idea es que los productores de biocombustibles también puedan competir con los refinadores de petróleo. Y que los camiones y ómnibus puedan utilizar gas licuado (en lugar de gasoil), que es más económico y de menor emisión de carbono por kilómetro recorrido, y casi nula de hollines, aunque más peligroso en caso de ruptura del tanque o de su aislamiento térmico.
«El mercado está cartelizado», caracterizó una fuente oficial, convencida de que las próximas medidas ayudarán a romper esa situación. Se estima que la Secretaría de Energía avanzará con algunos cambios en la próxima semana.
El sistema de franquicias se extiende cada vez más en nuestro país -y en el resto del mundo. Ahora, las empresas también encuentran en él una forma de sobrevivir a la recesión imperante.
Tras la fuerte caída del consumo la tradicional heladería Freddo, en manos de varios grupos inversores -entre ellos, Pegasus-, comenzó un proceso de reconversión de su negocio. Este año el consumo bajó más que en años anteriores y cuestionaron los altos costos de producción por problemas de logística, certificaciones y habilitaciones.
Según confirmó la tradicional marca de helados artesanales, cerrará su planta en Balvanera, donde trabajan unas 60 personas, tercerizará su producción en varias plantas que no son de su propiedad, y dejará de impulsar una comercialización mixta con locales propios y franquicias, para pasarlos todos a terceras manos.
De las casi 120 heladerías, actualmente unas 20 son propias: dejarían de serlo para convertirse en franquicias.
La idea es quedarse con el prestigio de la marca y las gestiones del marketing, la fabricación, la compra de insumos y el transporte del helado.
Desde la compañía dijeron que Freddo se va a concentrar en lo que mejor sabe hacer: llevar a los consumidores el mejor helado premium del país, como desde hace más de 50 años. Aparentemente, eso es posible sin fabricarlo en instalaciones propias.
Freddo -dice la empresa- se asegurará de mantener el control sobre el proceso productivo artesanal y sus recetas únicas que garantizan su sabor y calidad. Además, buscará abrir 50 nuevos locales en los próximos 24 meses para consolidar su liderazgo en el mercado.
Por el lado del personal, las inquietudes son otras: «Se dice que están preparando las indemnizaciones», contó un delegado del gremio de los pasteleros en la empresa. «Los rumores sobre esta situación comenzaron en mayo pasado, se extendieron y en agosto ya se hablaba de una planta paralela en Rosario. Hay mucha inquietud. Estábamos en plenas paritarias. Tenemos convenios por empresas y uno de los mejores convenios entre las diferentes heladerías es el de Freddo». Ayer apareció el sindicato en la planta y podría haber medidas de fuerza.
La empresa de turismo brasileña CVC Corp decidió venir de compras a la Argentina.
Adquirió, en dos operaciones simultáneas, el 60% del grupo Bibam, propietario de las agencias argentinas Avantrip y Biblos y también el 60% de la agencia mayorista, Ola S.A., perteneciente al Grupo Transatlántica. El monto total de ambas operaciones ronda los US$ 20 millones.
«Esta alianza es parte de nuestra estrategia de crecimiento y de generación de valor alineado con expansión regional que, a pesar de la reciente volatilidad de la economía argentina, impacta positivamente al flujo de turismo entre ambos países», señaló CVC en un comunicado.
Paralelamente, CVC Corp compró además, el 60% del grupo Bibam, dueña de las agencias Biblos y Avantrip, por algo más de US$ 5,3 millones. Con esta jugada, según Cristian Adamo, CEO del grupo Bibam, «pasa a ser la tercera agencia del mercado», señaló. Ese ránking local es liderado por Despegar y Almundo.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos financiarán durante cinco años la colaboración del doctor Alejandro Schinder, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal en la Fundación Instituto Leloir (FIL), y la doctora Paola Arlotta, del Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.
El objetivo de su proyecto es identificar los programas genéticos que se activan en una neurona durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo, lo que podría inspirar el desarrollo de terapias para prevenir o atenuar el deterioro cognitivo por Alzheimer o lesiones traumáticas.
Para generar ese nuevo conocimiento, Schinder y Alortta recibirán durante cinco años fondos del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares que depende de los Institutos Nacionales de Salud (NINDS-NIH) de Estados Unidos, en el marco de un programa del Centro Internacional Fogarty (NIH), que apoya la investigación global de trastornos del cerebro y del sistema nervioso.
“Nuestro laboratorio ha sido muy afortunado. Sin este subsidio sería imposible trabajar con la intensidad y la profundidad que estos problemas demandan: comprender mecanismos que determinan que el cerebro funcione bien o mal”, destaca Schinder, quien también es investigador principal del CONICET.
Mediante la realización de experimentos con modelos animales, Schinder y Arlotta apuntan a identificar los mecanismos genéticos y moleculares que regulan las diferentes etapas que atraviesan las neuronas que se “fabrican” en el hipocampo y que luego se “enchufan” al circuito del cerebro adulto.
“Se sabe que el hipocampo y otras áreas específicas del cerebro siguen fabricando neuronas durante toda su vida, un proceso conocido como ‘neurogénesis’ que está vinculado con el aprendizaje y la formación de nuevas memorias”, explica Schinder. Sucesivos trabajos de Schinder y sus colegas, incluyendo una publicación en “Science” de 2016, han demostrado que las neuronas que se generan en el hipocampo contribuyen de manera diferente al procesamiento de información a medida que se desarrollan. Y que esto se altera notablemente durante el envejecimiento. Esta pérdida de plasticidad es un mecanismo clave responsable de la dificultad para incorporar nuevos conocimientos en etapas tardías de la vida.
“Nuestra línea de trabajo ayudará a comprender a nivel molecular los factores responsables de la disminución de la plasticidad con la edad”, señala el investigador de la FIL, quien resalta que precisamente el objetivo del proyecto binacional es encontrar los programas genéticos que se activan secuencialmente en una neurona durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo.
Para identificar los genes que cumplen un rol en cada uno de los momentos del desarrollo de las neuronas nuevas del hipocampo, Schinder y Arlotta contarán con la colaboración del doctor Ariel Chernomoretz, jefe del Laboratorio de Biología de Sistemas Integrativa de la FIL e investigador del CONICET. Chernomoretz y su equipo aplicarán herramientas de análisis bioinformático e integración masiva de datos que ayuden a la interpretación biológica de los experimentos.
Una vez que se identifiquen genes relevantes a través del análisis bioinformático de las decenas de miles que hay, “vamos a alterar sus funciones para determinar si cumplen un rol clave en la función de las neuronas nuevas en cerebros jóvenes y viejos”, explica Schinder. Y agrega: “Vamos a estudiar qué tipo de alteraciones se producen en el envejecimiento y qué moléculas son importantes para mantener la plasticidad de los circuitos en el cerebro joven. Este conocimiento sentará las bases fundamentales sobre las cuales diseñar estrategias futuras para prevenir o atenuar el deterioro cognitivo en condiciones donde se produce un daño cerebral, ya sea por patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o por lesiones traumáticas”.
Los subsidios del Centro Internacional Fogarty, que este año cumplió medio siglo, buscan promover investigaciones sobresalientes en Estados Unidos y el resto del mundo que apuntan a encontrar soluciones a las necesidades de la salud pública global. Pero Schinder, más allá de la satisfacción personal, reconoce que “debemos tomar como ejemplo el hecho de que Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos decidan financiar proyectos internacionales porque consideran que las cuestiones fundamentales se resuelven explotando la diversidad de pensamiento, con sus diferentes focos y geografías. Es rol ineludible del Estado Argentino sostener y alimentar la valiosa diversidad y calidad que hoy identifican a nuestra propia comunidad científica, imprescindible generadora de soluciones a los problemas actuales de nuestra sociedad”.
El dólar volvió a bajar ayer jueves, en una jornada con relativamente poco movimiento. Cerró a $ 38,32, 93 centavos por debajo del cierre del miércoles, en el mercado minorista. El Banco Central no vendió dólares.
Los restantes mercados, el mayorista, el informal o «blue» y el de futuros acompañaron esta tendencia. Mientras que en el mercado de dinero entre bancos, el «call money», las tasas se mantuvieron cerca del 58%.
Ayer, algunos medios atribuyeron el descenso a maniobras de Caputo. Hoy, se reconoce que, en estos días, los pedidos de compra de dólares disminuyeron.
La pregunta clave es si este precio se sostendrá algún tiempo -en tanto la inflación permita que este precio del dólar sea «competitivo». Los que responden sí, confían en que se ha llegado a un precio que los compradores consideran «alto», y por lo tanto, no seguirá la demanda desenfrenada por dólares.
Los pesimistas sostienen que no es el «precio» del dólar el factor que estimula las compras, sino el temor que el Estado no tiene los bastantes dólares para cumplir con sus compromisos. Es muy probable que antes de fin de año sabremos cuál de esas posiciones es la correcta.
Los ex presidentes y dirigentes de las entidades que conformaron la Comisión de
Enlace del 2008, Luciano Miguens y Hugo Luis Biolcati por SRA, Eduardo Buzzi por
Federación Agraria, Mario Llambías por CRA y Carlos Garetto por Coninagro, los mismos dirigentes que en 2008 enfrentaron la Resolución 125, esta semana hablaron sobre qué Ley de Semillas quieren. Y lo hicieron con claridad, aunque quizás algo tarde. Y es que la nueva ley que se les viene encima parece escrita en inglés.
Los mencionados hicieron sus reclamos desde el suplemento Campo de La Nación, el sábado 1° de agosto. Desde ese foro, que no es exactamente una barricada progresista, le marcaron la cancha a las semilleras y compañías de biociencias (casi todas multinacionales). Éstas son las que impulsan el trámite bicameral de la ley de marras, cuyos lobbistas esperan un desenlace para octubre o noviembre a más tardar. Su proyecto está “en cocina” desde 2016. Si no sale con este gobierno y este parlamento, luego todo se vuelve impredecible.
En teoría, en Argentina todavía rige la ley de 1973, tan en desuso como la “Ley Seca” de 1919 en EEUU. En la práctica, en el campo ya mandan las dueñas intelectuales del “germoplasma” (por las semillas híbridas comunes desde los ‘60 hasta principios de los ‘90), que también son las propietarias de los “eventos” (las semillas transgénicas cuyo “boom” sucedió desde mediados de los ‘90). Lo claro es que la ley nueva daría marco definitivo a algo que ya funciona: las multinacionales tienen acorralada a la gente de campo a través de la AFIP.
La documentación que hoy exigen los inspectores impositivos persigue a los usuarios de semillas “de bolsa blanca”, o “semilla libre”, en 3 de los cultivos industriales más importantes: la soja, el maíz y el trigo. La persecución varía según el lugar: hay zonas donde es feroz y llueven las multas. Hay otras, en cambio, donde la AFIP otorga alguna vista gorda para evitar represalias de pueblo chico y/o puebladas sobre sus funcionarios.
El problema es que la bolsa “de marca” se vende a precios dolarizados. Si un productor se ve obligado a gastar de más “en marca”, gastará de menos en fertilización (también dolarizada), lo que es un perjuicio privado y público. Si el dueño maltrata su tierra demasiados años, quiebra. Si lo hacen muchos dueños, como hoy, lo que cae es el PBI agropecuario de provincias y ecorregiones enteras. Y la tierra cambia de dueños.
Hace 10 años era práctica habitual que ante la siembra, un productor le pidiera “semilla libre” a su acopiador de siempre. Generalmente éste se la daba con garantía de palabra de que tendría suficiente poder germinativo. A la hora de la cosecha y si todo iba bien, el productor le devolvía el doble en especie. Era una transacción sin plata.
Hoy en el campo no se mueve un peso o un grano sin que medien papeles y bancos. En el nuevo panóptico impositivo, construido para cobrar retenciones, la vieja operatoria en especie es imposible. El asunto es cómo se apalancaron las multinacionales de biociencias sobre estas nuevas capacidades de control del estado para impedir que los productores produzcan su propia “semilla libre”, o que compren la de sus vecinos.
Sucede que hasta 2015, los productores culpaban de todos sus males a las retenciones del gobierno kirchnerista. Pero como desde 2016 y con otro gobierno éstas fueron bajando, y sin embargo miles de productores chicos y medianos siguen quebrando (especialmente en zonas de suelos o clima difíciles), quedan a la vista problemas ajenos al furor recaudatorio del estado.
Llamativamente, con menos retenciones, también quebró el gobierno nacional. Si las retenciones salieron por la puerta en 2016, vuelven por la ventana en 2018. Pero ha cambiado tanto el panorama agrícola desde 2008 que lo que sucede hoy, en 2015 habría sido “política ficción”.
“La Mesa” creada para movilizar al campo contra la AFIP, hoy le muestra los dientes a sectores que lo depredan desde adentro. Y el valor a defender, pese a la resistencia a llamar pan al pan, es la semilla libre, es decir la vieja “bolsa blanca”.
“Bolsa blanca” significa que la que hay adentro es no semilla “F1” o “de fabricante”, sino su progenie (F2) crecida en campos propios o de algún vecino, generalmente intermediada por los acopiadores de la zona.
Si esa semilla tiene un poder germinativo excepcional, podría ser incluso progenie de la progenie (es decir, F3). Pero es raro que se mantenga una capacidad tan transgeneracional de generar una planta saludable, o agronómicamente aceptable. En trigo, maíz y soja, esa potencia se suele perder luego de la 2da. generación, la F2. Durante la “Revolución Verde” de los ’60, hubo mucha selección artificial para lograr en la semilla el equivalente de la “obsolescencia planificada” de los artículos industriales, eso que descubrió Henry Ford charlando con los chatarreros: los autos jamás deben ser tan irrompibles que eviten la necesidad de comprar nuevos modelos. Del mismo modo, desde los ’60 ninguna semillera quiere que su producto retenga una capacidad germinativa tal que la vuelva innecesaria como proveedora.
Trigo HB4 de Bioceres, que ante la sequía en lugar de secarse y morirse, aumenta hasta un 14% su rendimiento. Agroindustria no lo autoriza. Se tomó 10 años para licenciar la soja HB4.
Fuera de lo que quieran o no las semilleras, la naturaleza tiene la última palabra: las mutaciones espontáneas del genoma hacen que toda F1 pierda sus virtudes agronómicas originales en pocas generaciones.
Más allá de su color real, la “bolsa blanca” argentina carece de la marca de ninguna de las 2.616 empresas registradas como semilleras. Casi todas estas firmas son “multiplicadoras” (unas 900) o comercializadoras (más de 700). Las que meten mano en serio en la biología y tienen innovaciones reales son las “obtentoras”, que a fines del año pasado eran 337.
Pero las obtentoras en Argentina no podrían hacer gran cosa sin los laboratorios (mayormente estatales), de los que sale el know-how. A misma fecha, eran sólo 126. Si se consideran las redes de distribución, esta cadena de valor aquí empieza con científicos mal pagos y amenazados de cesantía en el INTA o en las Universidades Nacionales, y emplea directa e indirectamente a unas 90.000 personas que viven comparativamente mucho mejor que los investigadores. En lo que se refiere a la transferencia del conocimiento generado aquí en la Argentina, el complejo semillero argentino, que produce unos U$ 1500 millones/año, es como un tambo paradójico, cuyos dueños golpean y hambrean a sus propias vacas. De todos modos, el plato fuerte del “know how” biotecnológico que se vende en nuestro país no es local.
No es de esperar entonces que ese complejo trate bien a los productores. Desde que la AFIP declaró la guerra a la bolsa blanca, la gente de campo tiene que bailar la música que les ponen Monsanto (hoy disuelta dentro de Bayer), Nidera, Syngenta-Chem-China, Dreyfus, Dow-Dupont, BASF y DonMario (una nacional).
El manejo del estado que alcanzaron estas firmas impresiona. Si no es un inspector local de la AFIP pidiéndote declaraciones juradas de tus compras, será otro –con un bioquímico, un abogado y un oficial de justicia al pie- esperándote en el puerto de embarque. Si un test genético rápido indica que sos “legal”, tu carga sube al barco. Pero si tu embarque tiene una proporción de semilla salida de tus propias plantas o las de vecinos, como ha sido norma desde que se inventó la agricultura (hace entre 23.000 y 12.000 años), enfrentás la pérdida del flete, multas, decomisión de la carga, etc. La Ley de Semillas viene a legalizar un estado policial que se creó para cobrar retenciones, pero ahora opera ya no a beneficio del fisco sino de firmas de biociencias mayormente extranjeras.
Si la “bolsa blanca” fue la forma de resistencia soterrada de los productores en maíz, trigo y soja, ya desapareció totalmente en girasol y sorgo. Con estos cultivos no hay más semilla libre. Desapareció. Sea por la manipulación de la AFIP o la del genoma, estas semillas hoy sólo se venden “de marca”, es decir F1. Quien se atreva a sembrar girasol o sorgo antes tiene que hacer cálculos muy prolijos: cada siembra es una nueva compra. Ya no trabaja para sí mismo. Tiene socios involuntarios que usan el estado, pero no son el estado.
Este Nuevo Mundo Feliz tiende al monocultivo y a la “minería de nitrógeno y fósforo” del suelo. En él la agricultura familiar y campesina es legal y económicamente imposible porque la semilla libre desaparece, aunque la ley venga con algún saludo a la bandera incumplible “para el pobrerío”. En la Argentina, según cifras del “viejo” Ministerio de Agricultura de 2015, el pobrerío rural detenta el 20% del territorio cultivable, que en la práctica produce el 70% de la comida de los argentinos, provee el 53% del empleo rural y motoriza una parte no medida de los PBI regionales.
En EEUU, país que frecuentemente se cita aquí como referencia de seriedad, las semilleras lograron tal autoridad que han logrado sacar del mercado a firmas con las que objetivamente no tenían conflicto, pero cuya extinción abre posibilidades. Un ejemplo: las “limpiadoras” de semilla de avena, ese forraje básico. Como en las pasturas la avena crece mezclada con otras gramíneas de mayor duración pero menor poder nutritivo, la recolección de la semilla de avena suele ser “sucia” (contiene semillas de muchas especies).
Las “limpiadoras” yanquis eran PyMES transhumantes que iban recorriendo los campos de los “farmers”, ofreciendo los servicios de una vieja zaranda mecánica que concentraba la avena del farmer hasta una pureza lo suficientemente alta como para resembrar verdeos. Aquí todavía existen, en general como monotributistas minúsculos. Las leyes americanas permitieron que Monsanto y otras semilleras acorralaran a las limpiadoras estadounidenses a juicios hasta erradicarlas. ¿Para qué? Con ello lo “desmalezaron” el mercado como para poder venderte una avena “de marca”… en cuanto tengan alguna.
La Dra. Raquel Chan, del CONICET, y parte de su equipo de ingenieros genéticos de la UNL..
¿Y qué pasa con las obtentoras nacionales? Que los organismos regulatorios (CONABIA, SENASA) de nuestra agricultura odian autorizar “eventos” transgénicos locales desde 1991, cuando quedaron obligados a hacerlo. Para el funcionario argentino tipo de Agricultura (luego Agroindustria), “ponerle el gancho” a un evento nacional es un riesgo. No lo es, en cambio, autorizar automáticamente lo que viene con luz verde del Department of Agriculture de los EEUU. Licenciar la soja HB4 resistente a sequía, desarrollo de la ya célebre Dra. Raquel Chan, del CONICET, tomó 10 años, el trigo HB4 sigue sin autorizarse porque Comercialización tiene terror de que los ecologistas brasileños rechacen las harinas argentinas si traen algo tan tóxico como algunos genes de girasol, como es el caso de estas recombinantes de Bioceres. O eso arguye.
Pero cuando viene una sequía como la del verano pasado y se pierden U$ 7000 millones y quiebran miles de productores, la culpa es del clima, no de Agroindustria.
El artículo en que los viejos dirigentes de “La Mesa” de 2008 cruzan a las semilleras no tiene firma. Ergo, nadie quiere quemarse como individuo, pero todo el diario está alineado con ese pensamiento. ¿Qué piden “Los de la Mesa” esta vez? Que la ley cuide los derechos intelectuales de los obtentores, pero no desproteja a los usuarios, en su mayoría pequeños y medianos productores. Pasando del puro humo a la sustancia, dicen expresamente que el único momento en que los obtentores deben ver recompensada su inversión en investigación y desarrollo es en el momento de la venta de la semilla, punto. Pero que luego de ésta transacción, el obtentor no debe tener otros derechos sobre “los granos” (ahí están hablando de la progenie F2, es decir la primera) y tampoco sobre sus subproductos.
¿Hace falta aclarar lo de los subproductos? Monsanto, además de detener embarques en Argentina, solía tener inspectores en algunos puertos de destino para controlar si el biodiesel o los aceites o las harinas de soja venidos desde estas tierras “infringían sus patentes”, es decir si tenían trazas de semilla libre. Ahí paraban desembarques. Fueron (¿son?) un estado policial sin fronteras.
Si Bayer está hoy muy ocupada en borrar la imagen terrorífica de la firma que compró a U$ 63.000 millones, tendría que declarar que no va a seguir con esas prácticas. Pero aún si lo hiciera (y NO lo hizo), los productores argentinos podrían creer que el “sex appeal” corporativo de la firma comprada tal vez no residía tanto en su lista de “eventos” transgénicos a licenciar, como en su ejército internacional privado de abogados, jueces, diputados, senadores y lobistas.
Los ex integrantes de La Mesa piden también mantener un uso propio gratuito de la semilla limitado a la misma cantidad comprada. En cristiano, eso significa poder usar libremente las mismas toneladas de progenie que las de semilla “de marca” que adquirieron en varias campañas. ¿Cuántas? A negociar, se supone. Pero van un poco más lejos: piden que la multiplicación de semillas para sembrar en mayor superficie pague un canon previamente pautado, vinculado “razonablemente” a la magnitud de la compra original. ¿Cuán razonablemente? Están mandando una advertencia.
Terminan con que la ley debe ser de orden público, y con que el Estado (y se refieren al argentino) tiene que ser el único certificador de granos y subproductos tanto en el orden interno como externo. Si esto fuera así, parar un desembarque en destino sería desconocer la autoridad del estado argentino, un posible problema diplomático.
Para salir de modo tan innegable de su immovilidad histórica, los productores argentinos deben estar muy asustados de lo que se les viene encima. Este desacato al orden corporativo internacional en 2008 era impensable, y también en 2015. Por supuesto, un artículo en La Nación Campo no es lo mismo que salir a cortar las rutas. Pero esto de llamar pan al pan y “monopólicas” a las semilleras no sucedió jamás.
