AgendARProducción Argentina

«El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro desestimó el pedido de inconstitucionalidad para la ley antinuclear. Esa pretensión fue planteada por el municipio de Sierra Grande, pero el máximo cuerpo judicial rionegrino convalidó la norma que prohibe centrales nucleares en Río Negro, sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado. Con un proyecto del gobierno provincial, el 1° de septiembre de 2017 la Legislatura sancionó la ley que prohibe la instalación de plantas nucleares, con amplía mayoría: 44 votos a favor y la única oposición de la diputada macrista Daniela Agostino. La prohibición no alcanza a las instalaciones de “diseño nacional”, con “tecnología Carem que desarrollan la CNEA y el INVAP”. Este NO es un tema de interés solamente provincial. Tiene que ver con el desarrollo nuclear argentino y también con las relaciones con China. El presidente Xi ya tiene probablemente en su escritorio un memo sobre el asunto. Pero, como suele suceder en los asuntos humanos, el peso decisivo lo han tenido los hombres y mujeres comunes que están en el lugar. Les damos el trasfondo del asunto: Con este fallo la Suprema rionegrina terminó con el pedido del diputado Sergio Wisky y el intendente Nelson Iribarren de Sierra Grande de declarar inconstitucional la llamada «ley anticentral nuclear» nro. 5277 de la legislación provincial. Esa ley fue el resultado de las puebladas que estallaron en las ciudades costeras de la provincia cuando en 2017 el gobernador Alberto Weretilnek y el presidente Mauricio Macri anunciaron con un «tweet» desde China que se iba a instalar una central Hualong-1 de 1180 MW en territorio provincial, asunto que se veía venir pero no había tenido ningún debate provincial previo. Ya el 4 de abril advertimos en AgendAR: «Ambos mandatarios cometieron un error  fundamental: hoy es imposible que los habitantes de una región acepten una planta gigante (más de 1000 MW) de un proveedor (China) y una tecnología (PWR) desconocidos para la Argentina. A menos que la central sirva como eje de un paquete de industrias electrointensivas, que generen trabajo calificado y permanente a pie de planta: siderurgia, química, vidrio, aluminio, papel, etc. Este intento fracasó porque los rionegrinos lo vieron como otro de tantos proyectos energéticos antifederales, calcados del modelo histórico del petróleo, el gas y la hidroelectricidad: el riesgo y los impactos ambientales quedan en la Patagonia, pero los puestos de trabajo, a miles de kilómetros de distancia, en Buenos Aires y el conurbano«. Así fue: el resultado fue una sorpresa nacional: una rebelión antinuclear de la provincia adonde nació hace 68 años el actual Programa Nuclear Argentino. Y plasmada en una ley, que con la noticia de hoy, acaba de resistir el último y ya bastante desesperado intento por voltearla. Para Iribarren es una derrota social trágica: Sierra Grande fue una ciudad próspera de unos 22.000 habitantes hasta 1989, cuando dependía económicamente de la mina de hierro estatal llamada HIPASAM SA, que el gobierno del presidente Carlos Menem cerró. Desde entonces, la ciudad vive de lo que puede, en un paisaje árido y de escaso relieve que acota bastante todo proyecto agropecuario o turístico. En suma, con el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro se confirma que la Hualong-1 no va a Río Negro sino que terminará construyéndose en Lima, provincia de Buenos Aires, junto a las Atuchas I y II y la minicentral compacta CAREM, hoy en construcción. Salvo, claro, que los bonaerenses se copien del ejemplo rionegrino. El subsecretario de Energía Nuclear, el sociólogo Julián Gadano, rebautizó «Atucha III» a la Hualong-1. Parece muy lógico, dada su ubicación, pero también es el modo de que los pocos argentinos que entienden la diferencia con el proyecto CANDU anterior, ejecutable con un 70% de componentes nacionales, queden aislados. Esos expertos son miles: casi todos los profesionales y técnicos del área nuclear, así como más de 140 empresas privadas proveedoras de la misma, entre las cuales hay gigantes como Pérez Companc e IMPSA. En la CANDU, tenían participación asegurada. En la Hualong-1 y según viene negociando la Cancillería, hay tres posibilidades: a) participación mucho menor, b) poca, c) ninguna. Éste no es el único problema. Desde el punto de vista regulatorio, la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a tener que licenciar la Hualong-1 en tiempo récord, asunto opuesto a la tradición de análisis meticuloso de una repartición cuyo rol es y debe ser, efectivamente, «el abogado del diablo». El trámite express para la Hualong-1 sería imposible, dado que las autoridades regulatorias chinas no usan los mismos criterios técnicos de seguridad que las agencias occidentales. Esto no significa que la Hualong-1 sea segura o insegura, asunto en el que por ahora nadie puede opinar ya que la primera máquina de este tipo se pondrá crítica recién en 2019. No hay ninguna experiencia al respecto. El problema es más complejo: la documentación técnica que acredita la seguridad de la Hualong-1 tiene que ser reescrita y analizada según los estándares argentinos, que son prácticamente los mismos que los europeos occidentales. Son miles y miles de páginas, porque son centenares de miles de componentes. La Argentina puede comprar (y es una estupidez) una central «llave en mano». Lo que no puede comprar son los criterios regulatorios con que ésta viene. Tiene los suyos propios. No es imposible que la ARN necesite aumentar considerablemente su planta de expertos antes siquiera de que se pueda ponerle fecha de inicio a la obra. Esto a su vez atrasará años las posibilidades de que la energía atómica incremente su tajada en la «torta» eléctrica actual, que es de apenas el 5,4% (en los años ’80 llegó brevemente al 15%). Con la Atucha III CANDU que se había pactado construir en Lima, antes de que el exministro de Energía Juan J. Aranguren diera de baja el proyecto, no había este tipo de problemas. Los criterios regulatorios de una CANDU 6 como la que se planeaba para Lima eran los mismos que se usaron en los ’70 en la construcción de Embalse, en Córdoba, y que se volvieron a emplear, debidamente actualizados, entre 2016 y este año en su «retubación» y relicenciamiento para 30 años más de operación. Embalse es una CANDU 6, cuya ingeniería aquí es ampliamente conocida por las autoridades nucleares y la industria proveedora de componentes. Ahora que la CANDU en Lima fue eliminada sin siquiera una alharaca de diputados o senadores, la pelea de la industria argentina acaba de retroceder a otra trinchera más de retaguardia. Ahora pasa a ser por imponer alguna participación del 40% o más de la industria argentina metalúrgica, metalmecánica, electromecánica, electrónica e informática en la construcción nuclear. Como dato comparativo, en 1968, una Argentina más inexperta en electricidad nuclear, le impuso un 31% de participación en su primera central, Atucha I, nada menos que a la SIEMENS KWU. Desgraciadamente, la Cancillería ya fijó posición. Sólo tratará de «pelear» por la obra civil, que supone el 50% del costo de la futura Hualong-1. ¿De qué pelea habla Cancillería? En toda adquisición de una planta nuclear su obra civil (hormigón y ladrillos, nada demasiado «high-tech») se suele dejar a cargo de la industria constructura local. No se trata por ende de imponerle nada a los chinos sino de seguir dando por buenos los usos y costumbres del mercado nuclear vigentes desde más o menos 1953. La Cancillería está hoy en una evidente desventaja intelectual en estas negociaciones que mantiene con la China National Nuclear Corporation (CNNC), que va camino de volverse la mayor empresa nuclear del planeta. La llegada de la cúpula del PRO al Palacio San Martín supuso la eyección de algunos de los últimos diplomáticos fogueados en la DIGAN (Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme), creada en 1984 por el recientemente fallecido embajador Adolfo Saracho. Se trataba de personas que luego de egresar del Instituto de Relaciones Exteriores debían cursar varias materias de ingeniería e historia nuclear en cursos especialmente diseñados para diplomáticos en al Centro Atómico Bariloche y en la empresa nuclear rionegrina INVAP. Eran dos años más de carrera «pro-patria», sin que ello supusiera mejores suelos o ascensos rápidos. A partir de los ’90 la currícula para entrar a la DIGAN se alargó, porque esta dirección empezó a ocuparse también de asuntos de diplomacia espacial, con nuevas materias impartidas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Más allá de las convicciones políticas de cada cual, bastante variadas (siempre hubo en la DIGAN más radicales y luego macristas que peronistas), los «Diganistas» eran funcionarios expertos en todos estos temas críticos. El nivel de la Cancillería argentina en todo tipo de negociaciones con las potencias tecnológicas dominantes era de total paridad intelectual. No es asunto menor en la frontera donde la alta diplomacia se toca con la alta tecnología. En buen criollo, si el gato es grande es mejor que el ratón sea MUY inteligente. Es por los recambios drásticos que afectaron a la DIGAN que la Cancillería de Susana Malcorra primero, y hoy la de Jorge Faurie, están en desventaja, y negociando de un modo poco profesional con China. A eso se suma que el área de Energía (antes Secretaría, luego Ministerio, hoy de nuevo Secretaría) está históricamente dominada por empresas petroleras a las que la diversificación de la matriz energética hacia lo nuclear y/o hacia lo hidroeléctrico no les conviene. Y una de las primeras medidas de gobierno fue subsumir a la CNEA en el ámbito de Energía. Para funcionarios/empresarios como Juan J. Aranguren y Javier Iguacel, cada MW/h nuclear significa gas que no hace falta «frackear» en Vaca Muerta. Con Atucha III CANDU la Argentina no perdió únicamente 740 MW nucleares, sino la capacidad de clonar esa central cuantas veces quisiera usando únicamente componentes nacionales, y financiando cada nueva construcción con la energía producida por la anterior. En ese sentido, además del regulatorio, la decisión de «cajonear» Atucha III CANDU y poner una central aquí totalmente desconocida y con combustible distinto (uranio enriquecido en lugar de natural) es disruptiva para la energía nuclear en general, y una decisión netamente petrolera. Por lo pronto, dado que Argentina no puede enriquecer el ingente consumo de uranio de bajo enriquecimiento de una Hualong-1 de 1180 MW, hay que importarlo de China. Si se importa el elemento combustible completo (un complejo haz de tubos de circaloy y pastillas de cerámica de uranio), a los 60 años de vida útil la Hualong-1 le habrá costado a la Argentina otras dos centrales similares en concepto de dólares girados al exterior. ¿Hace falta aclarar que las CANDU se alimentan con elementos combustibles argentinos desde 1984? Por todo ello, no es el mejor momento argentino para firmar asuntos vinculantes con China. Xi Jinping lo sabe, y por eso piensa hacerlo de inmediato, concretamente en los dos días posteriores al plenario de la OCDE a celebrarse en Buenos Aires. Lo que acaba de hacer el Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro es exceptuar a su provincia de ese juego de poderosos en el que no tiene ninguna baza. Es quizás un desastre para el intendente Iribarren, pero lo cierto es que la constitución actual rionegrina no es antinuclear: la provincia se reserva el derecho de construir centrales nucleares como el CAREM, con la potencia necesaria para emprendimientos industriales electrointensivos provinciales, no para iluminar la distante Buenos Aires, y diseñadas y construidas por su propia firma atómica, INVAP. A la que controla. Y que le genera excelentes ganancias por exportación de tecnología fina. ¿Por qué en Playa Dorada no puede construirse un CAREM, en lugar de una Hualong-1? Tema del próximo gobierno.

Daniel E. Arias