El FMI recomendó al Gobierno frenar la baja de retenciones a la soja y vender tierras. Y así el debate por un eventual freno al esquema gradual de rebaja de retenciones a las exportaciones de soja (iniciado en enero, del 0,5% mensual) reflotó durante esta semana.
Fue tras conocerse el viernes anterior un reporte del staff técnico del FMI, que coronó un universo amplio de economistas que sugieren cobrar derechos de exportación para amortiguar el impacto de la devaluación en los precios y las arcas fiscales.
Ese informe elevado al directorio del organismo recomendó suspender el cronograma y mantener en 25,5% esa alícuota en 2019, en caso de que sea necesario, para poder cumplir con la meta de déficit fiscal.
Cálculos de economistas reflejan que esa medida no tendría un impacto significativo en la recaudación, y que para cosechar por esta vía un monto que se aproxime al ajuste que debe aplicar el Gobierno para cumplir con la meta fiscal comprometida al FMI en 2019 la alícuota de la retención a la soja debería elevarse a 35% e imponer derechos de exportación de 10% al trigo y maíz.
El presidente Mauricio Macri reafirmó esta semana en conferencia de prensa que no cree “que las retenciones sean un impuesto inteligente y generen futuro”, pero varios referentes de la oposición se pronunciaron a favor de congelar la baja de retenciones, e incluso una parte del radicalismo.
Melisa Sala, de LCG, relativizó el impacto recaudatorio. Proyectó que “de mantenerse el esquema actual de baja progresiva, la recaudación de derechos de exportación al complejo sojero rondaría US$ 3.300 millones en 2019”, mientras que “frenar la baja de la alícuota en 25,5% implicaría recaudar aproximadamente US$ 860 millones adicionales”.
Alternativa. Federico Furiase, de ala consultora Eco Go planteó que “lo que movería el amperímetro es un escenario alternativo donde las retenciones a la soja subieran a 35% y se instalara 10% para maíz y trigo, con lo cual la recaudación ascendería a 1,2% del PBI, unos $ 216 mil millones, casi el ajuste que hay que hacer para 2019 para cumplir con la meta de déficit fiscal comprometida al FMI del 1,3% del PBI”.
El Gobierno nacional firmó los dos primeros contratos de fideicomisos para financiar los proyectos viales «PPP» (de participación público-privada). El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue este viernes a la Quinta de Olivos, con el presidente Mauricio Macri, para rubricarlos.
En total se trata de seis concesiones. Las dos primeras que se firmaron son el corredor A, operado por Paolini, Vial Agro y una constructora italiana. En la oferta económica, indicaron que podían hacer la obra por US$ 1.002 millones y fue la propuesta elegida.
Se espera que haya alguna precisión sobre los financistas de estas obras. Según el presidente Mauricio Macri, los constructores deben hacerla con su dinero y las cobrarán una vez finalizadas.
En AgendAR analizamos este sistema «Participación pública-privada» cuando se anunció la primera licitación, aquí.
Mientras la compañía Facebook aún no recuperar su atropellada reputación tras el escándalo de privacidad auspiciado por Cambridge Analytica, la extinta firma londinense que accedió a los datos de más de 87 millones de usuarios de la red social para crear publicidad bien segmentada que influyó en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, en favor de Donald Trump la acecha otro escándalo. Y van…
Ahora, en una medida desesperada por evitarlo la compañía de Mark Zuckerberg ha suspendido los vínculos con una organización llamada Crimson Hexagon, con sede en Boston, luego de que el Wall Street Journal (WSJ) reveló las conexiones y negocios que tenía esta institución «sin fines de lucro» con el Kremlin, con el gobierno turco y con el propio gobierno estadounidense.
Crimson Hexagon no tiene problemas en revelar en su sitio web que posee acceso instantáneo al mayor volumen de archivos de texto e imágenes no estructuradas a través de fuentes de datos sociales públicas en Internet y de empresas. Pues bien, todo indica que esta organización recopiló y analizó datos de usuarios de Facebook en nombre de los clientes.Facebook permitió filtrar datos de más de 3 millones de usuarios
Según el WSJ, lo que representa para Facebook esta noticia es que los vínculos entre el Gobierno de EE.UU y Crimson Hexagon infringen las políticas de la red social.
Gracias a un cálculo realizado por el INTA y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Argentina puede certificar que para producir casi todo el biocombustible que exporta se emite un 70% menos de gases de invernadero que el máximo que permite la Unión Europea.
La certificación de sustentabilidad ambiental es una de las principales exigencias impuestas para el comercio de los diferentes biocombustibles. Para eso, es necesario cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo de dióxido de carbono (CO2).
Homologar una producción es uno de los mayores desafíos para las próximas décadas. El estudio que llevaron adelante el INTA y CARBIO, le permite a la Argentina certificar que producir casi la totalidad del biocombustible que exporta a la Unión Europea es sustentable. Porque en el proceso productivo se emite un 70 % menos de dióxido de carbono, comparado con los valores de referencia que establece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
Las emisiones totales de cada país son calculadas mediante una metodología preacordada llamada “Directrices para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”, elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Esta herramienta permite una cuantificación del total emitido, así como detectar los sectores con mayor impacto dentro de la economía.
Luego de analizar la producción de soja y los establecimientos que transforman los granos en biodiesel durante tres campañas consecutivas, determinaron que para producir el biocombustible argentino se emiten 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule de energía térmica contenida en el producto. En fórmula: 26 g CO2/MJ. Comparado con la normativa de la UE que establece de forma predeterminada 83,8 g CO2/MJ, la diferencia porcentual remarca las ventajas del sistema agroindustrial argentino: ¡un 70% menos de lo que permite y se permite Europa!
Jorge Hilbert, referente en biocombustibles del INTA, señaló que “para obtener un valor único del biodiesel argentino fue necesario considerar los paquetes tecnológicos utilizados en la producción de soja, sumado a los valores de la industria que transforma el grano”.
“Con los resultados que obtuvimos podemos certificar y demostrar que los sistemas productivos de los biocombustibles argentinos cumplen con los criterios de sustentabilidad establecidos por la comunidad internacional”.
“El sistema de Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la Bolsa de Cereales nos permite obtener con precisión las emisiones en soja por regiones tecnológicas homogéneas e identificar el perfil tecnológico del productor, con un alto nivel de detalle”, expresó Hilbert quien añadió: “Un convenio recientemente firmado con esta entidad nos permitirá expandir este tipo de estudios a otros cultivos extensivos”.
Juan Balbín, presidente del INTA, destacó la importancia del estudio: “Este trabajo nos permite poner en valor el sistema de producción agrícola que utilizamos en la Argentina, basado en la implementación de la siembra directa”.
De igual modo, Balbín resaltó el trabajo de articulación realizado junto con las empresas productoras de biocombustible a escala industrial, que integran la CARBIO. “El conocimiento obtenido tiene un alto impacto en todo el sistema productivo y, además, nos permitirá posicionar al país en mercados que valoran la sostenibilidad de los procesos”, reflexionó.
Una de las principales ventajas del sistema de producción argentino es la siembra directa.
Según Víctor Castro, director ejecutivo de CARBIO, “el estudio nos permite comprobar que nuestro sistema de producción es eficiente en la reducción de emisiones. Si bien los principales países consumidores de biocombustibles son Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea, creemos que esto puede ser un disparador para acceder a otros mercados más chicos y que poseen otras características como Canadá”.
Una de las principales ventajas del sistema de producción argentino es la siembra directa, “un sistema que permite un ahorro de hasta el 40 % en el uso de combustible y reduce la cantidad de labores en el suelo. Además, la mayor concentración de producción de soja está en una zona de aproximadamente 300 kilómetros a la redonda».
“Conocer en detalle cómo producimos nos permitirá calcular con precisión las emisiones de GEI que derivan de sistemas productivos y podremos homologar en el ámbito internacional que nuestra industria es sustentable”.
Pues la minuciosidad del estudio contempla el cálculo de todas las empresas que exportan, el origen de los insumos, el transporte y los valores de molienda. “Con toda esta información, pudimos establecer que el valor promedio en la reducción total de las emisiones llega al 70 %”, aseguró el Director Ejecutivo de CARBIO.
En uno de cada cuatro hogares del país vive al menos una persona con algún tipo de dificultad. El dato surge de los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre Personas con Discapacidad presentado por el Indec.
En la última encuesta nacional de 2003/2004 la relación era de uno cada cinco. El nuevo informe también arrojó que el 10,2% -es decir, más de 3.500.000 argentinos de seis años y más– presenta algún tipo de dificultad. Y la incidencia crece con la edad, sobre todo entre las mujeres.
Si se promedia la situación en todo el país, el 25,3% de los hogares tienen al menos una persona con dificultad. Al dividirlo por regiones señalan que Cuyo cuenta con el porcentaje más alto (28,7%) mientras que en la Patagonia figura el más bajo (22,1%). En todos los casos, se contempló a poblaciones de localidades de más de 5.000 habitantes.
Durante el relevamiento, el 59% de los mayores de 6 o más declararon experimentar una sola dificultad. En tanto, el 30,5% dijo tener dos dificultades o más. El 10,5% restante sostuvo que no presentaba ninguna dificultad aunque, sin embargo, contaba con un certificado de discapacidad vigente.
La dificultad más prevalente es la motora. Sin embargo, en el análisis que se realiza por edad se evidencia que entre los niños y preadolescentes de 6 y los 14 años predominan los casos de dificultades mentales-cognitivas (48.3%). Es decir de problemas de habla, comunicación, aprendizaje y entendimiento.
Pocos de los que manifestaron tener algún tipo de dificultad cuentan con un certificado vigente. Seis de cada diez no lo tienen y un 9,5% de los que sí lo hicieron, no lo utilizan. En tanto, los que cuentan con dicha credencial y la usan dijeron que les sirve, principalmente, para viajar gratis en el transporte público, para la cobertura integral de medicación y para prestaciones de rehabilitación y educativas.
En esta misma línea, Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del Indec, contó que si bien había un dato del Censo 2010 sobre el tema, no era del todo preciso. «Por eso es tan importante este estudio que suma detalles que no se medían desde la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2003/2004”.
Para Pablo Molero, coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “tener datos siempre es significativo aunque el tema es después ver qué se hace con eso”. “Hay que pasar a la acción, tomar medidas concretar para evitar las principales barreras a las que se enfrentan a diario”, sostuvo Molero sobre ciertas trabas culturales y materiales.
La autoridad monetaria sostuvo en su último informe de política monetaria, conocido en la noche de este jueves, que el tercer trimestre del año será un poco mejor. Lograda una mayor estabilidad en el mercado cambiario a partir de una decisiva reacción de política monetaria, el BCRA considera en su escenario base que la inflación comienza a moderarse en julio y el tercer trimestre arroja un valor cercano al 2% mensual promedio.
En ese sendero, el IPC de julio sería el más alto del trimestre, esperándose entonces un descenso más pronunciado en agosto y septiembre. Así, se espera para los tres meses una inflación del 6%, contra el 8,5% que se acumuló entre abril y junio.
(La matemática indica que una inflación de 2% mensual equivale a una inflación anual de 26,82% ¿Se lo habrán dicho al Presidente?)
De todas maneras, ese sendero descendente que proyecta el BCRA no significa, como ya advirtió el organismo que conduce Luis Caputo en los otros días, un relajamiento de la política monetaria.
“Aunque el Banco Central anticipa un escenario de inflación moderándose a partir del tercer trimestre, se estima la necesidad de mantenerse el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación y la inflación esperada se alineen con la meta del 17% en diciembre de 2019″.
Caputo reiteró que el régimen de metas de inflación será reforzado por un control más estricto de agregados monetarios. “Subimos los encajes mínimos, establecimos que las tasas de interés relevantes de corto plazo sean consistentes con esta nueva contracción monetaria y seguiremos monitoreando los agregados monetarios para que no haya ninguna fuente potencial de suba de inflación en el sistema, pero la tasa de interés y las metas inflacionarias seguirán siendo la principal guía de política monetaria”. Aunque al mismo tiempo, reconoció que en épocas de alta inflación y volatilidad financiera, “es tal vez demasiado exigirle a las tasas que por si solas cumplan ese rol”.
El Ministerio de Trabajo acordó con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas que los tradicionales quioscos de diarios amplíen sus servicios y se adapten, así, a las nuevas demandas de consumo.
Los titulares de estos negocios podrán entregar correspondencia, papelería, paquetes, productos comprados por Internet, documentos de identidad, pasaportes y tarjetas de crédito y débito.
Para poder sumarse a esta nueva ola que les permite ampliar su oferta, los titulares de estos quioscos deberán solicitar una credencial adicional.
Según se explicó el eje esta medida está «en llevar de nuevo público al quiosco». Y resaltó que estos negocios suelen estar en puntos estratégicos, con lo cual esta es una forma de aprovechar su ubicación para brindar un servicio más amplio.
En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 2000 quioscos de diarios y revistas y más de 5000 en el Gran Buenos Aires.
Martín Schvartzman, que participó del arreglo como ejecutivo del diario La Nación, aclaró que la actividad de los quioscos de diarios y revistas solo está regulada en la Argentina y Uruguay y destacó la importancia de la negociación. «Este es un trabajo de dos años que realizamos en conjunto todos los integrantes de la cadena: sindicato de vendedores, editores y el Ministerio de Trabajo para generar más actividad en los puntos de venta y mejorar el nivel de ingresos de todos», explicó.
Quienes participaron del encuentro en el que se firmó el acuerdo fueron el ministro de Trabajo Jorge Triaca; el secretario de Trabajo, Horacio Pitraum; el secretario del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Sivendia) Aldo Lo Castro; y los representantes de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (Sddra) Carlos Taboada, Martín Codo y Héctor Emenguiya.
Tras haber vendido el año pasado, sus acciones en Telecom Argentina en el marco de la fusión entre esa compañía y Cablevisión, la familia Werthein vuelve al negocio de las telecomunicaciones.
Lo hacen compartiendo la propiedad de una nueva sociedad dedicada al desarrollo de cableado submarino de fibra óptica que acaba de ser seleccionada precisamente por Telecom Argentina para expandir sus redes entre el país y Brasil.
En este marco, el Grupo Werthein llevará a cabo el proyecto junto a la empresa Seaborn Networks. Con una inversión de US$ 50 millones, ambas construirán un cable submarino de fibra óptica conectando Argentina con Brasil. Se trata del primer desarrollo de este tipo en los últimos 16 años y el proyecto se denominará ARBR. Su construcción estará a cargo de Seaborn Networks y cubrirá el trayecto entre Praia Grande (Brasil) y Las Toninas (Argentina).
Luego tendrá conexión directa con el cable Seabras-1, que acaba de construir Seaborn entre New Jersey (USA) y Praia Grande (Brasil), con más de 11.000 km de longitud a través del Océano Atlántico, demandando una inversión superior a US$ 500 millones.
Mediante fiscalizaciones satelitales y presenciales realizados en lo que va del año, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires detectó en inmuebles de todo el territorio bonaerense 1.518.892 metros cuadrados construidos que los propietarios nunca habían declarado ante el fisco.
A partir de los procedimientos de verificación y notificación correspondientes, esas construcciones y mejoras fueron regularizadas e incorporadas a los registros catastrales, lo que según ARBA, significará un incremento de $ 53 millones anuales en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.
Al respecto, el director de ARBA, Gastón Fossati, destacó que «a través de herramientas tecnológicas y operativos de campo pudimos terminar con esta situación de incumplimiento en el Impuesto Inmobiliario», y aseguró que «ahora estos propietarios van a pagar en función de su verdadera capacidad contributiva».
Los partidos en donde se detectó la mayor cantidad de metros cuadrados construidos sin declarar fueron Pilar (188.330 m2), Bahía Blanca (117.932 m2), General Pueyrredón (111.777 m2), La Plata (108.369 m2), Tigre (99.230 m2) y Moreno (91.913 m2).
Como consecuencia del aumento de los valores de los pasajes en los transportes públicos, el Gobierno decidió incrementar el saldo negativo que permite la tarjeta SUBE que ahora será equivalente al equivalente de tres boletos mínimos de colectivo. La medida regirá desde agosto.
Anteriormente, ese monto que permitía a los pasajeros viajar cuando ya no tenían carga era de $ 20, un saldo que con la actualización de las tarifas se quedaba corto en muchos casos. Ahora, según una resolución del ministerio de Transporte, será equivalente a tres boletos mínimos de colectivo, por lo cual en el caso de la Ciudad de Buenos Aires será de $ 30.
Pero además, se determinó que el nuevo valor para tramitar la tarjeta -tanto por primera vez como por reposición- será del equivalente a cinco boletos mínimos de colectivo de jurisdicción nacional. En decir, costará $ 50.