Una reforma laboral para un país donde la mitad de los que trabajan no está «en blanco»

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Una reforma laboral para un país donde la mitad de los que trabajan no está «en blanco»

No es la primera vez, ni va a ser la última, que este Gobierno anuncie que va por una reforma laboral. Durante la gestión Javier Milei se habló de esto en varias ocasiones (ver acá o acá). Como casi todo lo que se hace en economía, no le afecta a todo el mundo igual. En este tema concreto hay dos bailando el tango: empresas y trabajadores. Pero hay bailarines de todo tipo y color.

Formal e informal

La economía argentina es lo que se denomina una “economía dual”, con un sector formal y otro informal. En el primero, las empresas y los trabajadores tienen relaciones reguladas por convenciones colectivas y leyes, y operan con estándares “de oficina”. O sea que más o menos hay un horario, llegás a las nueve, te hacés el café, saludás a tus colegas, tu jefe te dice lo que hay que hacer, tenés un escritorio y una compu, a la una parás para almorzar y a las cinco te volvés a tu casa en el bondi. A fin de mes cobrás un salario, tenés vacaciones pagas, obra social y no es tan fácil que te echen.

En el segundo, te levantás todos los días para ver cómo juntar el mango, tal vez consigas hacer changas, vender chocolates en el subte, manejar un vehículo y transportar pasajeros o burgas, y no tenés prácticamente ninguna legislación específica que te ampare. Tu ingreso a fin de mes depende de cuánto puedas vender, lo que está en función de cuánta plata sobra en la calle y cuántas personas como vos salgan día a día a hacer lo mismo. Tal vez trabajes fines de semana y feriados y probablemente no tengas vacaciones o no cobres si las tenés, y estés rezando para no enfermarte porque nadie te cubre. Casi todo el mundo, si le dan a elegir, prefiere un trabajo formal con todos los derechos.

Por supuesto, la cosa no es blanco o negro, existen colores. Tal vez en algunas “oficinas” haya laburantes informales, o muchas microempresas — o familias — contraten algunos trabajadores y no les den los números para registrarlos. Para que te des una idea, sumando la informalidad por todo concepto, se estima que en nuestro país estas formas de trabajo precario representan un 43,2% del empleo total, o sea una bocha.

Tradicionalmente se asume que los países más ricos tienen un sector informal muy pequeño: por algo son ricos. Las economías de plataforma y las nuevas tecnologías han cambiado un poco esto y dejaron a un sinnúmero de trabajos en un limbo, pero a grueso modo, países ricos tienen economías “muy” formales y, viceversa, países más pobres tienen un enorme sector informal.

¿Por qué una reforma laboral?

A grandes rasgos, hay dos razones que justifican discutir las leyes laborales. En primer lugar y por desgracia, existe algo llamado “paso del tiempo” que deja obsoletas las normas vigentes y obliga a discutirlas periódicamente. Obviamente, se necesitan escribir leyes laborales que den cuenta del nuevo contexto.

En segundo lugar, y también por desgracia, muchos países tienen economías con mucha informalidad y algunos economistas consideran que una reforma laboral es la solución. Vale decir, si hay informalidad es porque las leyes hacen que las empresas que pueden ofrecer empleos formales no quieran crearlos.

Otros economistas, entre los que me gusta pensar que me incluyo, consideran que la informalidad a grandes rasgos depende de que el sector formal de la economía crezca lo suficiente como para albergar a todos los compatriotas que quieran trabajar en él. Como diría Milei, “o sea digamos”, es como el juego de las sillas: cuando para la música, siempre hay más “retaguardias” que apoyar que sitios sobre los cuales sentarlas. El chiste está en que cada vez tengamos más y más sillas. Para esto no hay mucha vuelta: es necesario crecer y desarrollarse. Por supuesto, una buena regulación y unas normas bien diseñadas ayudan a incrementar el número de sillas, pero marginalmente. Lo más importante: una reforma no tiene por qué ser en contra del trabajador.

¿A mí cómo me afecta una reforma?

Desconocemos la letra chica de la reforma laboral que piensa el oficialismo pero, por las afirmaciones del oficialismo, sospechamos que eliminaría derechos y buscaría minimizar el poder de los sindicatos, de modo tal que sea más fácil para las empresas contratar y echar trabajadores (ejemplo: al eliminar la indemnización por despidos). A esto se lo llama “flexibilización laboral” y es lo que suelen recomendar los programas de reforma tradicional.

¿Cómo te pegaría una reforma de este estilo? La respuesta no es unívoca: es un gran “depende”, en particular, de qué lado del mostrador estás y de si habitás el sector formal o el informal. Todo lo que sigue es de carácter especulativo y busca que tengas elementos para entender qué podría pasar si viene una reforma.

Si sos trabajador con un empleo formal y la reforma afecta tu sector, convenio o lo que sea, bueno, perdés derechos. Vos ya estás arriba cuando los bondi vienen llenos y te obligan a bajarte. Además, como plus el Estado podría perder aportes patronales y contribuir al desfinanciamiento del sistema previsional, si una reforma los rebaja.

Si sos un trabajador sin un empleo formal que labura en una panadería de barrio “en negro” o en algún sector como la construcción o en casas particulares, me cuesta creer que tengas mucho por ganar. A lo mejor tenés alguna chance adicional de pegar un trabajo que pague más en una multinacional o, al quedarte donde estás, puedas lograr que te blanqueen, pero seguramente no te van a dar muchos derechos (porque no poder dártelos posiblemente era la razón por la que te tenían informal en primer lugar). Lo mismo aplica si sos un chofer de aplicación, trabajás en casas particulares o estás desempleado. Me cuesta creer que esta medida puntual te cambie la vida.

¿Qué pasa si tenés una empresa? Si sos dueño de una multi o un gerente te felicito, estabas viajando en primera clase y te acaban de agregar otra copa de champagne en la cena. Ahora tenés más poder frente a tus trabajadores y seguramente pagarás menos por contratarlos (tanto en salarios como en cargas y aportes).

En cambio, si tenés un pequeño comercio o tu familiar maneja una PyME, a lo mejor una reforma es un alivio importante, y ciertamente yo creo que acá está el sector en donde es importante atender una situación que los ahoga, porque hace rato que laburan en un limbo.

Abrazo, medalla y beso para el sector público, que sistemáticamente abusa de un mecanismo que es contratar empleados como monotributistas para lo que es una relación de dependencia hecha y derecha. Si hay un empleador que negrea es el propio Estado. Ciertamente, una flexibilización laboral no haría más que facilitar el statu quo.

Qué forma tiene la reforma

¿Puede ser que una reforma laboral tenga éxito para empresarios y trabajadores? Para que esto ocurra, los primeros deberían crear mucho empleo de calidad. ¿Es posible? Como vimos, acá las aguas están divididas: algunos dicen que sí, porque piensan que el exceso de regulaciones hace que las empresas formales no crezcan y se desarrollen; los más escépticos consideran que esto es poco probable si la economía no arranca, pero si arranca y crece, la reforma probablemente no sea tan importante para la suba del empleo, siempre que el crecimiento se sostenga en el tiempo.

No obstante, esto no significa que no haya que revisar las normas laborales porque hay convenios colectivos de trabajo que no se actualizan desde la época del moño. Por otra parte, existe el desafío de tener un mercado de trabajo que genere ingresos suficientes y proteja a los trabajadores, sin fundir a pequeñas empresas y particulares que contratan regularmente o podrían hacerlo. Se podrían considerar cuestiones como una rebaja de aportes patronales para nuevas contrataciones de empresas nuevas o pequeñas y algo de empleo formal se podría crear, sin ahogar a estas empresas.

Finalmente, es imperioso reconocer la triste realidad: la informalidad laboral es un hecho y por más que nos llenemos la boca con los derechos de los trabajadores, sólo una parte accede a ellos. Y, si no encontramos un conjunto de políticas que nos permita recuperar la estabilidad macroeconómica y volver a crecer, difícilmente la cosa cambie. Esto, más que la reforma laboral, es el quid de la cuestión: como reconoció el propio presidente, el empleo privado está estancado desde el 2011 y el poco dinamismo que se observó en el mercado laboral en estos dos años se asocia a changas y cuentapropismo. Los hechos son contundentes. Si de chiquito jugaste al juego de las sillas, probablemente estarás de acuerdo conmigo en que por más que discutamos sus reglas, si no traemos más sillas, sentarse va a ser cada vez más complicado para todos.

Emiliano Libman

El largo camino hacia el primer submarino nuclear de la Marina de Brasil

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El largo camino hacia el primer submarino nuclear de la Marina de Brasil

Como parte de una política de Estado orientada a consolidar la soberanía tecnológica y la proyección marítima de Brasil en el Atlántico Sur, el desarrollo del submarino nuclear SN Álvaro Alberto representa uno de los emprendimientos más ambiciosos y prolongados de la historia de la Marina. Enmarcado en el Programa Nuclear de la Armada (PNM) y en el Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), este proyecto combina la búsqueda del dominio del ciclo del combustible nuclear con la construcción de una planta de propulsión naval, dos pilares que sustentan la aspiración brasileña de integrar el selecto grupo de naciones con capacidad de propulsión nuclear marítima.

El PNM, concebido en 1979, simboliza una política de largo aliento en la que convergen objetivos de defensa, desarrollo científico e independencia tecnológica. Estructurado en torno a dos ejes: el dominio completo del ciclo del combustible nuclear y la creación de una planta de propulsión naval, el programa trasciende el ámbito militar para convertirse en una apuesta estratégica por el desarrollo industrial nacional y la consolidación de la llamada Amazonia Azul, el extenso y rico litoral marítimo bajo jurisdicción brasileña. El futuro SN Álvaro Alberto, primer submarino nuclear del país, será la expresión cabal de esa visión.

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Desde su gestación, el programa ha atravesado ciclos de expansión y estancamiento, determinados tanto por el contexto político interno como por los vaivenes de la economía nacional. Durante la década de 1980, la conjunción de un entorno geopolítico favorable y un consenso estratégico sobre la necesidad de la disuasión permitió avances significativos, culminando en 1988 con el dominio del ciclo del combustible nuclear. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría y la reorientación de las prioridades nacionales hacia lo social y económico en los años noventa provocaron una drástica reducción de los recursos asignados.

La firma del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 1998 marcó un punto de inflexión, al imponer nuevas restricciones y limitar las inversiones en el área. El programa sobrevivió gracias al esfuerzo institucional de la Marina, que mantuvo viva la investigación en condiciones adversas. Recién en 2008, con la Estrategia Nacional de Defensa (END) y el lanzamiento del PROSUB, el tema volvió al centro de la agenda política, revitalizando la cooperación internacional con Francia y dando inicio a la construcción de una moderna base industrial en Itaguaí, estado de Río de Janeiro.

Primer corte de acero del futuro submarino nuclear Álvaro Alberto (SN-10)

El PROSUB contempla la producción local de cuatro submarinos convencionales clase Riachuelo, derivados del diseño francés Scorpène pero adaptados a las necesidades brasileñas. Dos de ellos, el Riachuelo (S-40) y el Humaitá (S-41), ya se encuentran en servicio; el Tonelero (S-42) avanza en sus pruebas de mar, mientras que el Almirante Karam (S-43) se aproxima a su conclusión. No obstante, el núcleo del programa reside en el desarrollo del submarino nuclear SN Álvaro Alberto (SN-10), cuyo reactor experimental y secciones iniciales de acero naval se encuentran actualmente en construcción, con miras a su entrega hacia 2034.

El desafío de sostener una política de Estado a lo largo de cinco décadas

Pese al reconocimiento oficial, la ejecución del PNM y del PROSUB enfrenta un obstáculo persistente: la discontinuidad del financiamiento. Entre 2015 y 2025, las vicisitudes políticas y las restricciones fiscales comprometieron la previsibilidad presupuestaria, afectando los cronogramas de inversión. Así, la distancia entre la retórica política y la realidad financiera refleja la falta de un consenso estatal que impide consolidar estos programas como políticas permanentes, sujetas a planificación plurianual y no a los vaivenes administrativos.

A la inestabilidad presupuestaria se suman las dificultades para generar un consenso social amplio. La limitada comprensión pública sobre la relevancia de la defensa nacional ha derivado en un apoyo fragmentario, a menudo vulnerable a debates coyunturales o a campañas de desinformación. La sociedad brasileña, tradicionalmente enfocada en cuestiones sociales inmediatas, no ha desarrollado una conciencia sólida de los riesgos asociados a la pérdida de soberanía marítima. En consecuencia, proyectos estratégicos como el submarino nuclear carecen aún del respaldo ciudadano sostenido que exige su magnitud.

El riesgo de interrupción de los programas estratégicos trasciende lo técnico. Sin un marco legal que garantice su continuidad presupuestaria y sin mecanismos eficaces para retener a su personal especializado, tanto el PNM como el SNCA están expuestos a la pérdida de capital humano y de conocimiento acumulado. Este escenario podría comprometer décadas de avances y debilitar la posición de Brasil como potencia emergente en materia de defensa y tecnología nuclear pacífica.

En este contexto, resulta indispensable establecer una Estrategia de Seguridad Nacional coherente, con mecanismos de articulación entre la política de defensa, la planificación presupuestaria y los objetivos de desarrollo. Documentos como la Política Nacional de Defensa (PND) y la Estrategia Nacional de Defensa (END) requieren actualización periódica y coordinación efectiva con los instrumentos de gestión pública, para garantizar que programas como el PNM y el PROSUB no dependan de voluntades circunstanciales, sino de compromisos institucionales de Estado.

El submarino nuclear brasileño, más que un sistema de armas con alto poder disuasorio, encarna una política de Estado destinada a proyectar soberanía, conocimiento y capacidad industrial. Su éxito dependerá de la capacidad del país para sostener una inversión estable, fortalecer la cultura de defensa y comprender que el desarrollo tecnológico y la seguridad nacional son dimensiones complementarias de una misma estrategia. Convertir el PNM y el PROSUB en programas estructurales y permanentes no solo garantizará la autonomía estratégica de Brasil, sino también su proyección internacional como potencia marítima moderna y tecnológicamente soberana.

El engaño burocrático de los «OVNIS»

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El engaño burocrático de los «OVNIS»

La expectativa era enorme. Luego de varios reportes publicados desde 2021, en marzo de 2024 el Pentágono publicaría un informe exhaustivo sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), esos que siempre conocimos bajo el nombre de ovnis. Pero como nunca podemos tener cosas lindas, sus conclusiones fueron, en un sentido, menos apasionantes de lo esperado. 

Tras revisar archivos clasificados y desclasificados desde 1945, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) concluyó que no había encontrado “ninguna evidencia empírica” de naves extraterrestres ni “la existencia de un programa clasificado que no haya sido informado adecuadamente al Congreso”. Hasta ahí lo de siempre, pero donde sí se pone interesante la cosa es en que hubo encubrimiento.

Si bien el Pentágono no ocultó la existencia de vida extraterrestre, el propio informe sí fue parte de una especie de ocultamiento, aunque quizá uno menos sorprendente. Siguiendo la propia pista de este informe, una investigación del Wall Street Journal encontró que el gobierno estadounidense no solo permitió que los mitos sobre ovnis proliferaran, sino que “a veces, deliberadamente, alimentó las llamas”.

Para nuestra profunda decepción, el misterio ovni tiene muy poco que ver con visitantes de otros planetas, y mucho más con una compleja trama de desinformación con doble propósito: por un lado, crear una cortina de humo para ocultar el desarrollo de programas militares avanzados y altamente secretos y, por otro, evitar la revelación de vulnerabilidades en la seguridad nacional. Esta promoción deliberada de relatos en torno a los extraterrestres, apalancada en la dinámica de propagación de creencias en círculos cerrados, explica en gran parte la persistencia de las teorías conspirativas sobre los ovnis.

Dónde están los aliens

Según el informe de la AARO, bajo la dirección del científico Sean Kirkpatrick, la gran mayoría de los avistamientos reportados tienen explicaciones mundanas: identificaciones erróneas de objetos y tecnologías convencionales, como drones comerciales, globos meteorológicos, lanzamientos de cohetes o fenómenos atmosféricos y naturales. Aunque esto es exactamente lo que diría alguien que quiere ocultar la existencia de marcianitos, estas conclusiones son consistentes con investigaciones anteriores, incluyendo el documento preliminar de 2021 sobre 144 incidentes reportados por personal militar y el histórico Proyecto Blue Book, que operó entre 1952 y 1969 y culminó con la publicación del Informe Condon, el cual concluyó que difícilmente el estudio de los ovnis devolviera algo interesante.

Por su parte, las agencias gubernamentales argumentan que la principal barrera para resolver el pequeño porcentaje de casos que permanecen como no identificados es la falta de datos de alta calidad: incluso videos que parecían inexplicables, como el de aquel famoso objeto esférico en 2015, fueron atribuidos a distorsiones de cámara. Pocos aliens, muchos datos pobres y malas interpretaciones.

Lo que omitió el informe de 2024 es que el Pentágono cumplió un rol fundamental en el desarrollo de la mitología que ahora intenta desacreditar. Durante décadas, la Fuerza Aérea y otras agencias usaron el folclore de los platos voladores de manera organizada y premeditada para manipular el discurso público en torno a las ambiciones bélicas y estratégicas de los Estados Unidos.

Desinformación como política de Estado

El caso perfecto es el Área 51. Hasta bien entrados los años 80, prácticamente nadie había escuchado esa designación antes. No es un nombre oficial, ni uno que el gobierno de Estados Unidos use en su propia documentación, sino el resultado de una invención mediática y conspiranoica.

Pero fue allí, en Groom Lake —como verdaderamente se llama— que en aquella gloriosa década un coronel de la Fuerza Aérea estadounidense le entregó al dueño de un bar cercano fotos manipuladas de supuestos platos voladores. La realidad era que ahí nomás se desarrollaba el caza furtivo Lockheed F-117 Nighthawk, ese avión de diseño tan peculiar de bordes y planos rectos para evitar la detección por radar y, al menos por un tiempo, al gobierno de Estados Unidos le interesaba que la gente pensara que venía de Andrómeda.

Otro de los incidentes que reporta el Wall Street Journal, uno de los favoritos en los círculos ufológicos, es el que ocurrió en Montana en 1967. Varios oficiales reportaron que luego de que objetos luminosos sobrevolaran sus instalaciones, se desactivaron diez misiles nucleares. En realidad se trató de una prueba secreta de la propia Fuerza Aérea, que produjo pulsos electromagnéticos (EMP) para simular los efectos de una detonación nuclear y evaluar la vulnerabilidad de su arsenal. El dispositivo emitía un resplandor naranja y liberaba una descarga que inutilizaba los sistemas, pero contarle esto al personal era imposible: hubiera sido como revelarle directamente a la Unión Soviética una falla crítica en su defensa.

La cultura de secretismo del Pentágono, con sus “programas secretos dentro de programas secretos”, también dio lugar a prácticas internas que alimentaban el mito, como un bizarro y abusivo ritual de iniciación conocido como Yankee Blue, donde a nuevos comandantes se les informaba falsamente sobre un proyecto de ingeniería inversa de tecnología alienígena. El objetivo era una prueba de lealtad, pero la consecuencia fue la aparición de generaciones de oficiales de alto rango convencidos de que el gobierno ocultaba información sobre extraterrestres.

Un montón de nada

Aunque el Estado ha sido un motor de desinformación, el fenómeno es sostenido y amplificado por individuos y grupos privados. La organización To the Stars, cofundada por Tom DeLonge, guitarrista de blink-182, jugó un papel central en reavivar el interés moderno por el tema. En 2017, en colaboración con el New York Times, filtró una serie de videos de la Marina que mostraban encuentros de pilotos con objetos aéreos anómalos. Esta acción catalizó un renovado interés mediático y político, llevando al Congreso a exigir informes oficiales y, finalmente, a la creación de la AARO.

Otras figuras como los exoficiales de inteligencia Luis Elizondo, asociado a To the Stars, y David Grusch, ganaron notoriedad promoviendo la narrativa de un encubrimiento masivo, aunque sus afirmaciones no han sido respaldadas por evidencia verificable. Cuando el equipo de Kirkpatrick siguió una pista proporcionada por Elizondo sobre una caja fuerte que supuestamente contenía pruebas irrefutables, la encontraron abierta y completamente vacía.

Este suele ser el patrón de las afirmaciones extraordinarias: nunca cuentan con respaldo fáctico. Un caso ejemplar es el de una supuesta pieza de metal de Roswell, popularizada por el locutor Art Bell en los 90. Décadas después, cuando la organización To the Stars compró los fragmentos por 35.000 dólares, logró que el propio Ejército de EE. UU. los analizara en busca de propiedades antigravitacionales. Las pruebas definitivas, sin embargo, concluyeron que se trataba de simple chatarra industrial de la Segunda Guerra Mundial.

Creíble por repetición

Para Kirkpatrick el mecanismo central que perpetúa estas narrativas es la “información circular”: la mayoría de las acusaciones pueden rastrearse hasta un pequeño y cerrado grupo de personas interconectadas que se citan mutuamente, creando la falsa impresión de múltiples fuentes independientes que corroboran una misma historia. Con el tiempo, la veracidad de la afirmación parece aumentar debido a la frecuencia de su repetición pero no a la existencia de evidencia que la respalde. El propio informe del Pentágono hace eco de esta conclusión, atribuyendo la persistencia de las teorías a “informes circulares de un grupo de individuos que creen que este es el caso, a pesar de la falta de cualquier evidencia”. La mentira se vuelve creíble por repetición.

En este contexto, no es extraño que algunos académicos vean el fenómeno ovni como una forma de religiosidad contemporánea, donde las experiencias se interpretan a través de lentes espirituales. Para el astrónomo Andrew Fraknoi, la creencia en visitantes alienígenas refleja una fe casi infantil en protectores espirituales, “padrinos extraterrestres que podríamos consultar sobre nuestros problemas”.

Esta idea es explorada en profundidad por la académica Diana Walsh Pasulka, quien argumenta que los fenómenos UAP se han convertido en una nueva forma de religión, una descentralizada y adaptada a la era de internet. Pasulka traza paralelismos entre los encuentros modernos con ovnis y los relatos históricos de visiones de ángeles, demonios o seres feéricos. Para ella, la narrativa cambia —el plato volador reemplaza al carro de fuego—, pero la estructura de la experiencia anómala y transformadora persiste. La tecnología y la ciencia ficción ofrecen un nuevo lenguaje para interpretar un impulso humano perenne: la búsqueda de contacto con algo que trasciende nuestra realidad cotidiana. El famoso “elijo creer”.

Incluso, y a pesar de la prevalencia de la desinformación y la falta de evidencia, expertos como Mick West y Mark Rodeghier subrayan que la presencia de fenómenos anómalos no identificados sigue siendo un ‘problema real’ de seguridad —e interés científico— que exige investigación seria y transparente, datos de alta calidad y el despliegue de tecnología avanzada.

Hasta ahora, no contamos con buenos motivos para creer que haya alguien ahí afuera, quizá exceptuando la ecuación de Drake. Lo que sí sabemos es que el gobierno más poderoso del mundo contribuyó a crear una mitología moderna para ocultar operaciones y en el proceso erosionó la confianza pública de una manera casi irreparable, porque la creencia en conspiraciones es contagiosa y cambia fácilmente de dominio.

A todo esto, si los extraterrestres están allá afuera, se nos están muriendo de la risa.

Valentin Muro

Se aceleró el patentamiento por innovaciones en las universidades nacionales

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Se aceleró el patentamiento por innovaciones en las universidades nacionales

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) actualizó su informe de patentamiento de las Universidades Nacionales, revelando una aceleración significativa en el ritmo de protección de desarrollos a través del sistema de patentes y nuevas tendencias en la protección de la propiedad intelectual en Argentina.

esDLa publicación, que recupera la actividad de las universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y destaca que en los últimos cinco años se generó cerca de un tercio del total histórico de patentes, lo que refleja un notable impulso en la innovación tecnológica.

Se trata de una valiosa herramienta para la academia y el sector productivo, detalla la evolución histórica del patentamiento, los campos tecnológicos de mayor actividad y los países donde se protegen los desarrollos.

La publicación fue elaborada por un equipo perteneciente al Cetri Litoral y al Área de Comunicación de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación de la casa de estudios.

El informe completo en: www.unl.edu.ar/vinculacion/vigilancia-tecnologica-sobre-produccion-de-patentes-de-invencion-en-las-universidades

Los principales sectores en los que Argentina genera y patenta innovaciones tecnológicas.

Las universidades nacionales impulsan una década de innovación sin precedentes

El informe se basa en un riguroso trabajo con la base de datos internacional Patbase, que da acceso a más de 100 millones de publicaciones de patentes a nivel mundial. A nivel nacional, la información se complementa con la información disponible del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La búsqueda se centró en las solicitudes de patentes publicadas hasta marzo de 2025, con un análisis específico del período 2020-2024 para identificar tendencias recientes.

De las 70 instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 36 han presentado al menos una solicitud de patente. El informe se enfoca en las 11 instituciones más activas, que son aquellas con más de 20 familias de patentes en su historial. Además de los datos históricos, esta edición incluye un análisis del estado legal de las solicitudes en Argentina, proporcionando un panorama completo de los resultados del proceso de patentamiento.

Crecimiento acelerado y liderazgo en biotecnología

A lo largo del tiempo, la biotecnología y los productos farmacéuticos han mantenido su posición como los campos tecnológicos líderes en la actividad de patentamiento de las universidades nacionales. Sin embargo, en el último período, se observó un notable crecimiento en el campo de la tecnología médica, que se consolida como un área de alta relevancia en la investigación y el desarrollo.

En el período 2020-2024, se publicaron 208 nuevas familias de patentes, lo que representa el 28.6% del total histórico. Esto demuestra un crecimiento en la actividad, ya que en tan solo cinco años se ha acumulado una gran parte de la producción total.

Países en los que se presentaron y aprobaron las patentes de las universidades.

UNL, UBA y UNC lideran el patentamiento en Argentina

El informe ratifica el liderazgo de la Universidad Nacional del Litoral (fuertemente asociado con la biotecnología y tecnologías para la salud) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la producción de patentes a nivel histórico. A la UNL le corresponde el 17,3% de las familias de patentes a nivel global, mientras que a la UBA tiene el 15,9%.

En tercer lugar, se consolida la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), con el 9,3%. Asimismo, el informe también destaca un cambio en las posiciones durante el período más reciente (2020-2024), en el que la UBA acredita 33 nuevas familias de patentes; la UNL 29 nuevas familias de patentes y la UNC, 25. Estos datos subrayan la capacidad de las instituciones para generar conocimiento con potencial de aplicación y demuestran el impacto de las políticas institucionales de vinculación tecnológica.

Estrategias de protección y vinculación con el sector productivo

El informe señala que, un total de 728 familias de patentes o desarrollos que las instituciones universitarias pertenecientes al CIN han decidido proteger a través del sistema de patentes, de los cuales el 58% comprenden al menos una solicitud en cotitularidad con Conicet, lo que subraya la fuerte sinergia entre ambos organismos. Además, se identificaron colaboraciones entre universidades, con empresas y con otras instituciones de ciencia y tecnología como la Comisión Nacional de Energía Atómica, YPF e Inis Biotech.

Estas 728 familias de patentes comprenden 1286 solicitudes de patentes registradas en 42 territorios, evidenciando una estrategia de protección tanto nacional como internacional de los desarrollos de las instituciones universitarias. La mayoría de las invenciones (94.5%) incluyen a Argentina como uno de los territorios de protección, y de ese grupo, un 17.44% también busca protección a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Australia, México y China.

La protección intelectual

El 51,4% de los desarrollos protegidos incluye, al menos, una solicitud de patente que ha sido concedida, ya sea por una oficina nacional o internacional de propiedad intelectual. Este indicador constituye un elemento central al evaluar la efectividad de las estrategias de protección implementadas por las universidades, al tiempo que permite estimar la madurez tecnológica de los desarrollos patentados.

Este informe no solo es un registro de logros, sino también un reflejo de las políticas institucionales que impulsan la valorización del conocimiento. Muestra la creciente capacidad del sistema universitario para convertir la investigación en innovaciones concretas, generando un impacto tangible en la sociedad y en el sector productivo del país, comentó Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL. Y agregó que, “Asimismo la publicación, permite analizar la colaboración de las universidades con otros organismos científico tecnológicos y con empresas, para la generación de nuevos conocimientos.

El rol de la propiedad intelectual en las universidades

La propiedad intelectual es un pilar fundamental para impulsar el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos. En el ámbito universitario, sirve como un conjunto de herramientas —que incluyen patentes, modelos de utilidad, derechos de autor y marcas— para proteger las creaciones intelectuales. Las patentes de invención, en particular, son un indicador clave de la capacidad innovadora, ya que protegen soluciones técnicas a problemas existentes, incentivando la investigación y la inversión.

Las universidades utilizan la propiedad intelectual para facilitar el aprovechamiento socio-económico de sus investigaciones. Esto puede darse mediante la transferencia directa al sector productivo, la prestación de servicios tecnológicos o la creación de empresas de base tecnológica (spin offs). Este proceso no solo beneficia a la comunidad académica al reconocer la contribución de los inventores, sino que también estimula la investigación científica para encontrar soluciones a necesidades sociales.

Derechos territoriales

Las patentes son derechos territoriales, lo que significa que la protección debe solicitarse en cada país o región de interés. Por eso, el informe de la UNL analiza las “familias de patentes”, un indicador que agrupa las solicitudes de una misma invención presentadas en distintos países, lo que permite una visión global y precisa de la actividad de patentamiento.

El informe completo, disponible en el sitio web de la UNL, ofrece un panorama detallado del ecosistema de innovación en el sistema universitario argentino y su contribución al desarrollo tecnológico del país.

Informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16: «No es posible mantener pistas y hangares»

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Informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16: «No es posible mantener pistas y hangares»

La Fuerza Aérea Argentina redactó un durísimo informe sobre la capacidad técnica para sostener los aviones F-16 que el gobierno de Milei anunció que empezarán a llegar a fin de este año. 

El informe, publicado por el medio iProfesional, advierte quela división a cargo de brindar logística y mantenimiento a pistas y hangares sufre graves deficiencias operativas por la falta de inversión, cuenta con maquinaria obsoleta y es incapaz de garantizar la correcta operatividad de las áreas de despegue.

En ese sentido, la fuerza área remarca la necesidad de «recuperar la capacidad de respuesta plena para el mantenimiento de la infraestructura crítica y reducción de accidentes en pistas de aterrizaje y helipuertos a lo largo del territorio nacional». 

El informe revela que el «Grupo Construcciones del Área Logística Palomar (ALP) enfrenta serias dificultades operativas debido a su incapacidad para realizar el mantenimiento adecuado de las pistas en las bases aéreas de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)».

«A pesar de ser responsable de construir, reparar y mantener las 25 pistas (3.750.000 m2) y 15 helipuertos (29.452 m2) en todo el país, el Grupo Construcciones (GC) no cuenta con los medios adecuados para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente, lo que impacta directamente en las operaciones de la Fuerza Aérea», continúa. 

El informe enfatiza que «la maquinaria obsoleta y los equipos en mal estado impiden la realización de trabajos necesarios para reparar daños en las plataformas, calles de rodaje y caminos de hormigón, lo que reducen la capacidad operativa de las bases aéreas». 

«El equipamiento en mal estado, como motoniveladoras, carretones de carga, camiones, rodillos vibradores, topadoras y pisones, presentan una antigüedad promedio de 30 años, revistiendo altos costos de mantenimiento y baja capacidad productiva por su obsolescencia técnica», agrega. 

El equipamiento en mal estado, como motoniveladoras, carretones de carga, camiones, rodillos vibradores, topadoras y pisones, presentan una antigüedad promedio de 30 años, revistiendo altos costos de mantenimiento y baja capacidad productiva por su obsolescencia técnica

El informe de la Aérea detalla además  que las pistas deterioradas generan restricciones en las operaciones aéreas, limitando los vuelos y afectando la capacidad de despegue y aterrizaje de aeronaves.

«Este problema afecta no solo las misiones de transporte y abastecimiento, sino también la disponibilidad de aeronaves, ya que las bases aéreas no pueden garantizar una infraestructura segura y operativa para las aeronaves y helicópteros. El ALP se encuentra operando a sólo el 50% de su capacidad», indican.

Lapidario informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16: "No hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares"

«Además, la falta de un adecuado mantenimiento de las pistas/helipuertos también afecta la seguridad operacional, aumentando el riesgo de incidentes y accidentes durante el despegue y aterrizaje de aeronaves/helicópteros. La infraestructura deteriorada contribuye a la ineficiencia en las operaciones, lo que repercute directamente en la seguridad nacional, afectando no solo a las aeronaves desplegadas en el SINVICA (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial) para el ejercicio del control soberano, sino también a las actividades de adiestramiento de los aviadores militares», subraya.

Para finalizar, el informe propone un plan de recuperación de la capacidad de asistencia y mantenimiento de pistas y hangares a desarrollar hasta diciembre de 2028 para recuperar la capacidad de respuesta plena para el mantenimiento de la infraestructura crítica, reducir accidentes en pistas de aterrizaje y helipuertos.

Esta situación es grave y preocupa hace tiempo a los militares. Pero lo que antes decían por lo bajo ahora se animan a hacerlo público en medio de la sucesión de crisis que atraviesa Luis Petri en el ministerio de Defensa y la cuenta regresiva para su salida del cargo para asumir como diputado por Mendoza.

Un militar de la fuerza aérea dijo que «no hay ni partida presupuestaria para horas de vuelo porque achicaron en el presupuesto 2026 los gastos operativos de las Fuerzas Armadas son menos. Todavía está muy en veremos no solo las obras civiles sino todo lo que es maquinaria de mantenimiento y maquinaria vial que necesitan las pistas. De eso la fuerza aérea no tiene casi nada».

No hay ni partida presupuestaria para horas de vuelo porque achicaron en el presupuesto 2026 los gastos operativos de las Fuerzas Armadas son menos. Todavía está muy en veremos no solo las obras civiles sino todo lo que es maquinaria de mantenimiento y maquinaria vial que necesitan las pistas. De eso la fuerza aérea no tiene casi nada

Este militar insiste con que «en promedio la hora de vuelo del F-16 sale entre 10.000 y 12.000 dólares y contando no solo el combustible sino el desgaste de las piezas que cada tantas horas de vuelo hay que cambiar, en este momento si tuviéramos los 24 aviones se los podría hacer volar dos horas a cada uno en el año». 

La llegada de los F-16 es la única medalla que puede colgarse la gestión Petri en una gestión que acumula problemas graves. Sin embargo, la crítica respecto de la compra porque Petri le concedió al Reino Unido que los F-16 no tengan radares para vigilar las Malvinas.

Además, Milei eliminó el fondo para equipamiento de las Fuerzas Armadas que complica la operación de los F-16 dado que el Presupuesto 2026 propone derogar la ley que establecía el 0,8% de los ingresos para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Existen dudas respecto de la llegada de los F-16 porque se adquirió mediante el Programa de Ventas Militares el Extranjero (FMS) cuya condición primordial es pagarlo y no hay certezas que eso ocurra en el corto plazo. Además, todos la operación bajo un sospechoso secreto militar que aumenta el escepticismo y la incertidumbre.

Augusto Taglioni

Privatización de represas del Comahue: menor competencia de la prevista por una decisión dudosa

Abel
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Privatización de represas del Comahue: menor competencia de la prevista por una decisión dudosa

Hoy jueves 23 se presentan las ofertas para re-privatizar por 30 años las cuatro represas del Comahue, un pulmón estratégico del sector energético. Se esperaba una mayor participación de inversores privados. La mayoría de las empresas solicitó una prórroga de 10 días con la intención de disipar el ruido electoral, pero el gobierno no accedió al planteo. El grupo Edison Energía, creado este año, es el principal interesado por fuera de los candidatos habituales.

“Fue una decisión de Las Fuerzas del Cielo, no la tomamos nosotros”, respondió por elevación un funcionario de segunda línea del área energética cuando un directivo de una empresa eléctrica quiso saber por qué el gobierno no corría la fecha de presentación de ofertas en la licitación para reprivatizar las cuatro represas del Comahue; prevista en el pliego original para este jueves 23 de octubre, apenas tres días antes de las elecciones legislativas.

La definición oficial de no postergar la presentación de propuestas técnico-económicas para después de los comicios del próximo domingo —tal como pretendían los privados con el aval del sentido común—, fue tomada, en rigor, por el director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, un funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Esa decisión motivó que las principales compañías de generación de energía del país trabajen por estas horas contrarreloj para determinar si se presentan o no mañana en la primera privatización de activos energéticos que impulsa la administración de Javier Milei.

Según un relevamiento realizado por este medio entre fuentes privadas de primer nivel, hasta este martes a la noche sólo estaba confirmada la participación de unas pocas empresas: Central Puerto, Enel y AES —los tres concesionarios actuales de las centrales Piedra del Águila, El Chocón y Alicurá, respectivamente—, junto con Pampa Energía, uno de los dos mayores jugadores del mercado de generación, y el recién creado grupo Edison Energía, un holding que este año adquirió varios activos energéticos y que nuclea a empresarios locales de distinto rubro como Rubén Cherñajovsky y Luis Galli; Guillermo Stanley y Federico Salvai, ex dirigente del PRO y cuñado del ex Citi Bank (está casado con Carolina Stanley); Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli, accionistas de Havanna; y los hermanos Patricio y Juan Neuss, este último con excelente relación con Santiago Caputo.

A ese grupo de cinco podrían llegar a sumársele otros jugadores relevantes del sector eléctrico como Genneia, el mayor generador de energías renovables del país, que es presidida por Jorge Brito; y Aluar, el único productor de aluminio del país que, como industria electrointensiva se expandió en el negocio de energía eólica y controla la represa hidroeléctrica de Futaleufú, en Chubut. Sin embargo, por estas horas su participación no está confirmada.

Otra incógnita es qué posición tomará Aconcagua Energía Generación, la sociedad que opera la represa Planicie Banderita-Cerros Colorados que, pese el default del holding petrolero (los activos hidrocarburíferos pasaron a manos de Tango Energía), continúa bajo el control de Diego Trabucco y Javier Basso, los accionistas originales de Aconcagua. No obstante, aunque cumple con los requisitos técnicos para presentarse en la compulsa, su frágil situación financiera debilita sus chances. También resta saber si otras compañías con peso dentro del sector eléctrico, como por ejemplo Integra Energía, el holding que controla Edenor, estarán entre los oferentes.

Frente a ese escenario, a contramano de la expectativa inicial de edificar un proceso competitivo con más de 15 actores en pugna e incluso generando interés entre inversores internacionales, la licitación que marcará el destino por los próximos 30 años de las represas hidroeléctricas del Comahue, un pulmón estratégico para el sector energético, convocaría finalmente menos competencia que la prevista. Aún así, fuentes cercanas a la Secretaría de Energía indicaron que «se recibieron más de 300 consultas por el pliego y estimamos que se van a presentar alrededor de 10 ofertas. Las represas son activos superavitarios que generan mucho interés».

Represas del Comahue: mal timing

Según afirmaron varias fuentes relevadas por este medio, existió un pedido mayoritario de las empresas interesadas para que el gobierno postergue por 10 o 15 días la presentación de ofertas con el objetivo de despejar el escenario político una vez que se conozcan los resultados del próximo domingo. Sin embargo, la Agencia de Transformación, que está a cargo de definir los aspectos formales del proceso, hizo caso omiso al pedido.

Represas del Comahue: Piedra del Águila, la central de mayor potencia del complejo hidroeléctrico.

La Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti, diseñó el esquema contractual con el que se re-concesionarán las centrales del Comahue, pero la gestión administrativa de la licitación en sí misma depende del organismo que conduce Chaher, que reporta de manera directa de la Oficina del Presidente.

Desde una lectura básica, el planteo de los privados tiene asidero. “Es muy complejo decidir aspectos centrales de una licitación que involucra montos millonarios como ésta tres días una elección que se será determinante para el rumbo del gobierno”, indicó el gerente general de una compañía eléctrica. “La decisión de no postergar va a contramano de las buenas prácticas del mundo del M&A (fusiones y adquisiciones). Es imposible valuar activos y cerrar operaciones de este tipo en medio de una incertidumbre política como la actual”, razonó en la misma línea otro alto directivo del sector.

Aspectos críticos

Desde lo técnico, uno de los aspectos centrales del pliego licitatorio para re-privatizar las represas del Comahue establece que obligatoriamente las empresas interesadas en participar del concurso deben poseer experiencia en operar centrales hidroeléctricas de al menos 100 megawatt (MW) de potencia. El primer borrador del pliego que se filtró a mediados de año establecía ese número en 300 MW, pero finalmente se decidió flexibilizar ese antecedente y bajarlo a 100 MW para incentivar la participación. Entre los candidatos que siguen en carrera, sin embargo, el grupo Edison Energía fue el único que consiguió el aval técnico —es propietario de Cemsa, la sociedad que opera el dique Potrerillos de 181 MW— a partir de la reducción de esa barrera de entrada.

Otras generadoras sin trayectoria en el negocio hidroeléctrico, pero con una presencia relevante en el segmento térmico o de energías renovables, cuestionan además que el Ejecutivo haya fijado como condición necesaria para participar del concurso que las empresas o consorcios que se presenten estén integrados en un 25% de capital accionario por un operador de represas hidroeléctricas. Ese requisito complicó a varios players locales que apuntaban a participar rubricando un contrato de Operación y Mantenimiento (OyM) con alguna operadora de centrales hidroeléctricas, pero sin que esa firma comprometa equity (capital accionario) en el proyecto, como terminó exigiendo el pliego. Ese segundo requisito también atentó contra una mayor competencia en la licitación.

Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Así las cosas, habrá que esperar hasta este jueves para conocer qué empresas finalmente se presentan. Las propuestas deberán radicarse de forma digital bajo la plataforma Contrat.Ar, el portal de compras del Estado que creó la Oficina Nacional de Contrataciones, que dirige María Soledad Vallejos. Es la primera vez que una licitación de activos energéticos —que podría involucrar ofertas por hasta 700 u 800 millones de dólares— se resuelve informáticamente y no a través de ofertas físicas por escrito en sobres lacrados como funcionó históricamente. Una particularidad más de una licitación que seguramente dejará hilo por cortar.

Nicolas Gandini

Contra la venta del sector nuclear

Abel
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Contra la venta del sector nuclear

Los intentos de privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que gestiona las centrales nucleares en el país, son resistidos por la oposición en el Congreso pero los aliados del Gobierno allanan el camino. ¿Cuáles son los motivos para vender una empresa superavitaria y estratégica? «Es preocupante y no hay ninguna ventaja», dice la expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis.

En el Senado se impidió la semana pasada un freno a la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que gerencia las centrales nucleares argentinas. El senador José Mayans (UxP), de Formosa, había intentado la semana pasada avanzar con un proyecto para evitar la venta de las acciones de la empresa pero los radicales encabezados por Eduardo Vichi se negaron a que sea tratado sobre tablas, lo que exige que dos tercios de los presentes estén de acuerdo. En cambio, exigieron que primero se tratara en comisiones pero esta semana los senadores aliados del Gobierno, con Carlos “Camau” Espínola a la cabeza, faltaron a las reuniones de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y a la de Ciencia y Tecnología, y así las dejaron sin dictamen. De esta manera, el Ejecutivo gana tiempo para poder avanzar con los trámites y negociaciones para poder vender las centrales.

La expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y hoy candidata a diputada nacional por Río Negro con Fuerza Patria, Adriana Serquis, dijo: “No se entiende la urgencia del Gobierno para privatizar Nucleoeléctrica, ya que es una empresa superavitaria y es estratégica para el desarrollo del sector nuclear porque no se ocupa solo de su mantenimiento y operación, sino también tiene un conocimiento del desarrollo de la tecnología que le permitió hacer reparaciones heroicas como la última de Atucha II. Esta reparación, si hubiéramos tenido que depender de quien diseñó originalmente la central, que fue Alemania, se habría tardado muchísimos años y habría requerido invertir 10 o 20 veces más de lo que costó hacerlo acá. Ahí se ve la importancia de tener a esta empresa. La excusa para privatizarla viene de la necesidad de tener dólares ahora, lo más rápido posible, regalando nuestro patrimonio y capital”.

¿Por qué no privatizar el sector nuclear?

La naturaleza del negocio de las centrales nucleares lleva a que tengan gastos muy altos de construcción. En la Argentina, se estima que las centrales de Atucha I y Atucha II costaron 1300 millones de dólares y 3800 millones de dólares, respectivamente. Esa inversión fue hecha por el Estado nacional y, por lo tanto, pagada por los contribuyentes. Por el contrario, el costo de operación de las centrales es bajo y la energía que inyecta a la red es más barata que la proveniente de las demás fuentes de energía. Esto hizo que Nucleoeléctrica haya tenido una ganancia de 17.000 millones de pesos solo en el primer trimestre de 2025. Este monto es girado al Tesoro Nacional, por lo que se traduce en beneficios para el Estado y para la población que financió la construcción de las centrales.

El otro costo grande que tienen las centrales nucleares es el de cierre y remediación del área de la central, un vez que hayan terminado su vida útil. Se estima que una central puede llegar a funcionar durante unos 90 años. En el caso de Atucha I, esto sería cercano al año 2058. En caso de que un privado gestionara las centrales nucleares, sería importante saber si se haría cargo de gastos de construcción de nuevas instalaciones y de la remediación de su vida útil, y no solamente de absorber las ganancias que conlleva la gestión de inversiones ya realizadas.

Otro aspecto relevante y por el cual la gestión pública es importante es que en una central nuclear siempre la prioridad sea la seguridad, antes que el lucro, ya que los costos que puede conllevar un accidente nuclear son mucho más importantes en dinero y en vidas humanas que cualquier gasto que se pueda recortar.

Las centrales nucleares argentinas producen energía que inyectan al sistema interconectado nacional, para dar estabilidad al sistema y bajos costos a los ciudadanos, y no buscan vender la energía a un actor privado como podría ser un data center. Los planes para instalar en la Patagonia centros de datos de empresas de inteligencia artificial requerirán energía que todavía no se sabe bien de dónde saldrá y los intentos de privatización en el área nuclear podrían ser parte del plan.

El nuevo plan nuclear

El gobierno nacional había presentado un nuevo plan nuclear a fines de 2024. El presidente Milei, junto al jefe de sus asesores, Damián Reidel, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunciaron un plan para construir reactores pequeños para alimentar data centers para inteligencia artificial ubicados en la Patagonia. Estos reactores, con patente de la empresa rionegrina INVAP, no tienen ni siquiera hechos los planos de ingeniería ni un estudio ambiental para emplazarlos, entre otros tantos requisitos que se necesitan. El anunció llegó de la mano de la suspensión de la construcción del reactor modular CAREM, cuya obra está muy avanzada en el predio de Atucha pero está siendo descartada por el Gobierno.

Sobre este plan, Serquis dijo: “El nuevo plan nuclear de Damián Reidel, asesor del presidente, es ridículo, porque promete tener listos cuatro reactores nucleares modulares en el predio de Atucha, adonde estaba prevista la construcción de la Hualong One, de capitales chinos, que ya estaba autorizada por la Autoridad Regulatoria Nuclear. El proceso de llegar a tener un reactor en papel a tenerlo funcionando y andando en cinco años es completamente absurdo. Si mirás los desarrollos de reactores nucleares que hay en el mundo, se puede ver que todos los proyectos tienen de 10 a 15 años. Con la excusa de este nuevo reactor pequeño mataron al único proyecto de reactor que realmente estaba cerca de ser finalizado, el primero en su tipo en el país, que era el CAREM 25. La injerencia de Estados Unidos sobre nuestros recursos estratégicos es tremenda y no sabemos qué condicionamientos se nos imponen. El hecho de seguir tomando deuda nos pone en una condición de extrema debilidad y pérdida de soberanía. Creo que son todas excusas de un país que no quiere que nos desarrollemos. Con un nuevo proyecto matás al anterior y el nuevo nunca arranca”.

Con la excusa de este nuevo reactor pequeño mataron al único proyecto de reactor que realmente estaba cerca de ser finalizado, el primero en su tipo en el país, que era el CAREM 25″, dijo Serquis.

Desde muchos sectores se ha cuestionado la decisión de privatizar el sector nuclear en nuestro país y no ha habido defensores públicos de esta decisión. La única explicación posible sería el poder conseguir dólares frescos a cambio de liquidar activos nacionales. “No veo nada positivo de privatizar Nucleoeléctrica. Y me preocupa que luchamos mucho para eliminar el Artículo 8 de la Ley Bases pero solo logramos que se exigiera mayoría accionaria del 51% en manos del Estado. Eso es muy mentiroso porque se reparte en el 20% que tiene la CNEA y un 31% del Ministerio de Economía y un 44% del actor privado que terminaría siendo el socio mayoritario, entonces podría determinar los destinos de la empresa a futuro. Es preocupante y no hay ninguna ventaja. Si se buscaran inversiones privadas sería bueno ponerlas en una empresa nueva, en inversiones en reactores nuevos como el CAREM comercial, adonde hay espacio para inversiones y conocimiento de privados pero con cláusulas claras y con un control de la tecnología, cuidado ambiental y la seguridad por parte del Estado”, explicó Serquis.

La Planta Industrial de Agua Pesada

La Argentina cuenta con la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) más grande del mundo. Fue proyectada durante la última dictadura militar para proveer este insumo a las seis centrales nucleares que se iban a construir con esta tecnología. Hoy, muchos países usan otra tecnología pero Canadá e India siguen construyendo centrales nucleares que usan uranio natural y agua pesada. En 2016, el Gobierno liderado entonces por Mauricio Macri suspendió el plan de construcción de una central nuclear similar a la de Embalse, que iba a usar agua pesada, y por lo tanto detuvo la operación de la PIAP. Según explica Serquis, el nuevo Gobierno tiene planes para esta planta: “Me preocupa mucho cómo las autoridades de la CNEA actuales están entregando la PIAP. Está circulando un expediente adonde se entregarían las acciones de la Nación a la provincia de Neuquén, que es una forma de desprenderse de la responsabilidad para luego poder entregársela a Canadá, que podría ser un buen socio si se contemplaran cuestiones de soberanía y poniendo como prioridad el futuro de nuestro ecosistema nuclear”.

Matías Alonso

Corredor bioceánico: un túnel de 14 km atravesará la Cordillera en la región de Cuyo

Abel
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Corredor bioceánico: un túnel de 14 km atravesará la Cordillera en la región de Cuyo

El proyecto del túnel de Agua Negra, largamente esperado en la región de Cuyo, vuelve a ocupar la agenda binacional entre Argentina y Chile. Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura en plena Cordillera de los Andes, la obra se presenta como un paso clave para la integración comercial y cultural entre ambos países.

Actualmente, el cruce de Agua Negra funciona como un camino de montaña que se habilita únicamente en verano debido a las condiciones climáticas adversas. Esta limitación restringe el tránsito de personas y mercancías, generando una fuerte dependencia de otros pasos fronterizos. El túnel propuesto permitiría un tránsito seguro durante todo el año y abriría nuevas oportunidades logísticas para las provincias argentinas del centro y noroeste.

La megaobra cordillerana que promete unir dos países y abrir mercados internacionales

El proyecto no es nuevo: fue impulsado dentro del marco del Eje Capricornio, una estrategia de corredores bioceánicos que buscan vincular el Atlántico con el Pacífico. Aunque en su momento contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la iniciativa quedó paralizada por falta de consenso político y restricciones presupuestarias.

En la actualidad, el debate se reaviva. El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, aseguró que el proyecto sigue en pie: “Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca».

“Tendremos paciencia, esperaremos y en algún momento se concretará. Los sanjuaninos esperan cruzar por Agua Negra y en Chile se espera su llegada. Ese vínculo ya es un hito histórico y se seguirá sosteniendo”, señaló en declaraciones a Diario Huarpe.

Schiavone explicó además que del lado chileno las obras mostraron avances. “Se está tratando de sumar varios kilómetros más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor”, afirmó. Sin embargo, reconoció que en Argentina los trabajos todavía no se iniciaron: “Tengo entendido que desde aquí todavía no, pero hay voluntad de comenzar. Lo importante es que el paso siga siendo un espacio de integración y desarrollo, porque más allá de los plazos del túnel, la integración ya es una realidad que se vive año tras año”.

Paso Agua Negra, cruce internacional entre Chile y Argentina. Foto: Argentina.gob.ar.

Sin embargo, la importancia estratégica del túnel va más allá del transporte. Por un lado, permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos. Por otro, fortalecería el intercambio turístico, cultural y académico, consolidando un corredor bioceánico que integraría economías regionales y potenciaría sectores como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

El desafío ahora está en la coordinación política y en garantizar el financiamiento necesario para reactivar una obra que lleva décadas de planificación. Mientras tanto, tanto en San Juan como en la Región de Coquimbo se mantiene la expectativa de que Agua Negra pase, finalmente, de ser un sueño postergado a una realidad concreta de integración sudamericana.

El gobierno de Santa Cruz ratifica acuerdo con bancos chinos para reactivación de represa

Abel
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El gobierno de Santa Cruz ratifica acuerdo con bancos chinos para reactivación de represa

El ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz, Jaime Álvarez, confirmó que ENARSA y los bancos chinos firmaron la carta que habilita el reinicio de obras de infraestructura hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz “A pesar de los profetas del Apocalipsis”, aseguró, al destacar el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial, las empresas y las entidades financieras.

El ministro confirmó que continúa avanzando el proceso de reactivación de la represa La Barrancosa, con 360 MW, con acuerdos de financiamiento en marcha, licitaciones abiertas y trabajadores convocados.

En declaraciones radiales, el funcionario destacó que “ya están aprobadas las cartas enviadas por ENARSA a los bancos chinos” y que la empresa Gezhouba “inició la compra de insumos y la convocatoria de trabajadores santacruceños”.

Álvarez remarcó que la iniciativa forma parte de una agenda de trabajo que viene impulsando el Gobernador Claudio Vidal, con el objetivo de garantizar la continuidad de una obra estratégica para el desarrollo energético del país. “A pesar de los profetas del Apocalipsis, las represas se activarán”, afirmó el ministro.

Según precisó, ya se están realizando tareas de reacondicionamiento en los campamentos, comedores, alojamientos y sistemas eléctricos para la puesta a punto de las bases operativas. “Primero ingresará un equipo técnico para reactivar las instalaciones, y luego se sumarán progresivamente los operarios”, explicó.

En este sentido, confirmó que representantes de la empresa china Gezhouba se encuentran trabajando en Buenos Aires y mantendrán nuevas reuniones con el Gobierno Provincial para coordinar la puesta en marcha definitiva de los proyectos.

El ministro también destacó el envío de 2.600 telegramas de reincorporación a ex empleados de las represas, en cumplimiento con la Ley Provincial N° 90/10, que establece que el 90% de los puestos deben ser ocupados por santacruceños con residencia comprobada.

“Se está verificando que los domicilios sean reales y no solo legales. El Ministerio de Trabajo cruzará datos con municipios y organismos provinciales para confirmar residencia, servicios a nombre, escolaridad de los hijos y patentamientos en Santa Cruz”, explicó Álvarez.

Finalmente, subrayó: “El gobernador Vidal lo dijo claramente: Santa Cruz debe prepararse para una nueva etapa de desarrollo energético, con generación hidroeléctrica, eólica y solar. Esta obra es el punto de partida”, concluyó el titular de Energía y Minería.

Un avance en el Congreso para defender la ciencia

Abel
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Un avance en el Congreso para defender la ciencia

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación y ahora deberá pasar al Senado, adonde se espera su aprobación final con el objetivo de recuperar la inversión del Estado en el sistema científico-tecnológico.

La votación en la Cámara de Diputados que finalmente aprobó el proyecto de Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación se vivió como una fiesta por parte de toda la comunidad científica porque significaría un principio de solución al calvario de sueldos bajos y falta de financiamiento para los proyectos de investigación. Además, el proyecto incluyó considerar algunas empresas públicas del sistema científico como bienes estratégicos del Estado, por lo que no se podrían privatizar. Allí se incluyen algunas empresas como Nucleoeléctrica Argentina, Fabricaciones Militares y FADEA, hoy en procesos avanzados para ser entregadas a capitales extranjeros. Una vez aprobada esta legislación será necesario que para privatizar una de estas empresas públicas se haga una ley específica que sea votada en el Congreso.

El proyecto se logró aprobar con 132 votos a favor y ninguno en contra. Esto es porque todo el arco oficialista y aliados se retiraron del recinto para intentar que la sesión perdiera el quórum necesario de 129 diputados presentes a la hora de votar.

Jorge Geffner, director del departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, y miembro de la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), dijo: “Desde que asumió Milei hay un desfinanciamiento absoluto de la ciencia y la tecnología por parte del Estado y salarios que han perdido de un 25% a un 35% de su capacidad de compra. En el CONICET está cerrado el ingreso a la Carrera de Investigador Científico y el financiamiento de proyectos que venía de la Agencia I+D+i, cuya presidenta es Natalia Avendaño, no financia absolutamente nada. La convocatoria actual la prorrogaron por séptima vez consecutiva y la previa, que deberían haberla ejecutado en esta gestión, tiene dictamen y proyectos aprobados pero la desconocieron. Eso se traduce en una crisis muy importante y en el éxodo de muchos jóvenes de forma masiva”.

Función CyT (2015-20125)

La Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto Nacional se proyecta para fin de este año en 0,16% del PBI, valor mínimo histórico, incluso por debajo del valor de 2002 (0,17%). Fuente: CIICTI/Grupo EPC.

El proyecto aprobado repone en funcionamiento la Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia, que había sido suspendida dentro del articulado de la Ley Bases y que se pretendía derogar completamente en el próximo proyecto de Ley de Presupuesto. Esta ley plantea un aumento progresivo del financiamiento de la ciencia como porcentaje del PBI hasta llegar al 1% del mismo en 2032. En este año, el gasto en ciencia según esa ley debería ser de 0,45% del PBI, pero el Gobierno bajó la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto Nacional a 0,16% del PBI para 2025, valor mínimo histórico, incluso por debajo del valor de 2002 (0,17%), según datos de Grupo EPC/CIICTI. Esto llevó a la paralización total del sistema y al nivel más bajo desde la vuelta de la democracia. Además, se exige la actualización de los sueldos del personal del Sistema Científico Nacional de acuerdo al índice de inflación del INDEC tomando como base el de diciembre de 2023, de la misma forma que lo estipuló la recientemente aprobada, e insistida, Ley de Financiamiento Universitario.

¿Hay posibilidad de que el Gobierno no cumpla la ley una vez aprobada? “Con este Gobierno existe esa posibilidad, como pasó con la Ley de Discapacidad que hoy está vigente, y con la excusa de preguntar de dónde se sacan los fondos la mandan de vuelta al Congreso, algo no previsto en la Constitución Nacional. Ellos sacan fondos alegremente de donde quieren cuando los necesitan. Pero igual es un paso importante tener los acuerdos y poder tener una ley vigente para después reclamar judicialmente porque este proyecto impone sanciones penales a su incumplimiento. Ahí aparecerá la pelea para que aparezcan los fondos, que cuando el Gobierno quiere los consigue enseguida”, dijo Geffner.

El dinero invertido en el sistema deberá usarse para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, formulado por el exsubsecretario de Políticas y Planificación del exMINCYT, Diego Hurtado, en diálogo con la comunidad científica, ya que el gobierno actual no formalizó ningún plan de ciencia.

«En el CONICET está cerrado el ingreso a la Carrera de Investigador Científico y el financiamiento de proyectos que venía de la Agencia I+D+i, cuya presidenta es Natalia Avendaño, no financia absolutamente nada», dijo Geffner.

El proyecto original, al que luego se agregaron modificaciones, fue presentado por el diputado Daniel Gollán de ña Provincia de Buenos Aires (UxP), y contó con el apoyo de los radicales que responden al diputado Facundo Manes, y los socialistas Esteban Paulón, y Mónica Fein.

La paralización de los proyectos es dramática pero hay un problema que será muy difícil que solucionar en el largo plazo: las renuncias de personal y el abandono de las carreras científicas. Geffner dijo: “Se están perdiendo muchos recursos humanos, poco más del 20% en cada centro de investigación, muy concentrado en los jóvenes, que son el semillero. Eso desarticula los grupos, hace que no se puedan cumplir compromisos con empresas, con institutos del extranjeros y, mientras no se abran los ingresos a CONICET, no hay forma de tener más científicos. El que terminó su doctorado en tiempo y forma no tiene cabida en el sistema y son carreras que tomaron muchos años y mucha inversión. Si yo veo hasta marzo del año que viene y hago el análisis de los dos años de este Gobierno, perdí el 25% de los recursos humanos en mi grupo de investigación, especialmente los profesionales de entre 28 y 38 años. Acá tenemos muchos que se reciben de médicos entre los 25 y los 27 años, después hacen su tesis doctoral, que terminan a las 30, o 32 años, y ahí se les están cerrando los caminos para investigar. El otro día hablaba con Raquel Chan, que hizo una semilla resistente a la sequía, patentada y que se vende y cultiva en muchos países, y me contaba que se le está desarticulando el grupo de investigación porque no hay continuidad para la gente que se está formando. Y eso esta pasando en todas las áreas de investigación. Es angustiante ver cómo se están disgregando los grupos”.

Geffner también lamentó el destrato hacia la comunidad científica de las autoridades actuales, como Genua (secretario de Innovación Ciencia y Tecnología y Avendaño (presidenta de la Agencia I+D+i. “No plantean ninguna meta, no saben, no consultan, solo vinieron a hacer un ajuste y no se les cae una idea”, dijo.

Matías Alonso

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