El consumo interno de carne bovina caería 8,7% interanual hasta las 2.200.000 toneladas de res con hueso (r/c/h) en 2024, lo que representa una merma de 200 mil toneladas respecto del año previo, al tiempo que se proyectan simultáneas bajas en la producción y en las exportaciones, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De esta manera, la entidad bursátil proyectó en promedio mermas interanuales 8% en la producción y del 6,1% en los despachos al exterior.
En el caso de la producción, el informe estimó para el próximo año un volumen de 3.024.000 de toneladas (r/c/h) frente a las 3.285.000 de 2023. Con la misma tendencia, proyectó un descenso en las exportaciones hasta las 824.000 toneladas respecto a las 877.000 toneladas del año previo. De acuerdo a la BCR, el contexto económico del 2023 repercutió severamente en el mercado de carne vacuna. En esa línea, contextualizaron que “el año 2023 va a quedar en la historia de Argentina por haber sido testigo de una de las peores sequías experimentadas por el país: la producción de granos se redujo en cerca de un 40% interanual”, lo que generó “serias dificultades para la economía argentina, dado que las cadenas agroindustriales aportan 1 de cada 4 pesos recaudados por el Estado Nacional, emplean a 1 de cada 5 trabajadores del sector privado, dan cuenta de 2 de cada 3 dólares que ingresan al país por exportaciones y representan el 20% del PIB argentino”. Por otro lado, destacaron que “al haber escasez de pasturas como resultado de la falta de agua, los agentes de la actividad ganadera se vieron obligados a enviar una gran cantidad de cabezas a faena, resultando en elevados números de producción y de exportaciones, así como en una recuperación del consumo respecto de los dos años anteriores”.Historia del HSBC: de “las guerras del opio” a la fuga de divisas
Hacen unos ocho años las autoridades monetarias argentinas sancionaron al banco británico HSBC (The Hong Kong and Shanghái Banking Corporation) por irregularidades en el manejo de divisas con el exterior justamente cuando en este 2015 se cumplieron 150 años de su fundación, en 1865, con el propósito de administrar el manejo del comercio de drogas que dio lugar a las llamadas “Guerras del Opio” entre China y el por ese entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (RU).
Las “Guerras del Opio” tuvieron lugar entre 1839 y 1842, la primera, y entre 1856 y 1860, la segunda y en ellas el RU tuvo como aliados al imperio ruso de los zares y a Francia, en la segunda, durante el imperio liderado por Luis Napoleón Bonaparte (Napoleón III), a pesar de los cuales son vulgarmente conocidas como “guerras anglo-chinas”, obviando la tradicional alianza entre el RU, Francia y Rusia, como que sus tres gobiernos, décadas más tarde, participaron, en conjunto, en el salvataje de la banca Baring Brothers cuando ésta estuvo a punto de quebrar en 1891 ante el default de la deuda externa argentina de 1890.
Se las recuerda como las “guerras del opio” ya que el origen de las mismas surgieron a raíz de que el gobierno chino sancionó leyes comerciales destinadas a impedir el negocio que los británicos realizaban con ese estupefaciente al que introducían desde la India, país que por entonces, y hasta 1947, era una colonia suya.
A raíz de la victoria europea la monarquía china se vio obligada a firmar dos acuerdos en los que resultó sumamente perdidosa como que tuvo que legalizar el negocio del opio y, además, hacer concesiones territoriales como la entrega, a raíz del Tratado de Nankín, al RU del territorio de Hong Kong, recién recuperado por la actual china comunista el primero de julio de 1997.
Pero, además de ello, una China debilitada debió hacer también concesiones de mucha importancia a Portugal, país que amplió su colonia de Macao, que ocupaba desde el Siglo XVI, y que recién volvió a integrar el territorio del gigante asiático el 20 de diciembre de 1999, hacen hoy 24 años.
Dichas guerras generaron también conflictos internos como la Rebelión Taiping, que se extendió entre 1850 y 1864, la Rebelión de los Boxers, entre 1899 y 1901 y, finalmente el derrumbamiento de la Dinastía Qing en 1912 a manos del gobierno del partido nacionalista Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, el suegro de Chiang Kai-shek, y Mao Zedong, quienes lo sucedieron en la conducción del estado, siendo el segundo el jefe de la triunfante revolución comunista de 1949. A partir de 1912 el comercio chino se cerró, virtualmente, al comercio mundial y así fue que, junto con la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), resultaron los únicos países casi indemnes de la gran crisis económica mundial desatada en octubre de 1929 en Nueva York.
La introducción del opio en China ya había comenzado en tiempos del Imperio Mongol pero con el tiempo fue monopolizada por la Compañía Británica de Bengala. De hecho los Países Bajos también habían estado vendiendo opio a los chinos, con los que tenían déficits comerciales, a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.
También el RU tenía un saldo comercial negativo con China a raíz de sus importaciones desde este país, como las de porcelana, seda y té. Por ello en el Siglo XVIII comenzó a introducir opio para equilibrar las cuentas, pero de manera ilegal. Fue tal la adicción que se generó entre los chinos que, en 1829, el emperador Dao Guang prohibió el consumo de opio y, obviamente, su comercialización.
Pero los británicos siguieron introduciendo ilegalmente el opio y así el emperador dio órdenes más duras de represión e hizo enviar a la reina Victoria una carta, que fue desoída y, por el contrario, fue una suerte de puntapié inicial de la primera guerra. Su texto es el siguiente:”Pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho. (…) ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente (…) Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio.(…) Todo opio que se descubre en China se echa en aceite hirviendo y se destruye. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado (…)”, firmada por el funcionario Lin Hse Tsu en 1939.
Tras las victorias bélicas el negocio se convirtió en algo realmente notable y, en ese marco, se optó por establecer en ese país un ente financiero que pudiera administrar adecuadamente las espectaculares ganancias y, así, vació el banco del opio, el HSBC.
La provincia de Buenos Aires actualizará los impuestos por inflación
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intentará que este jueves la Legislatura apruebe un pedido de endeudamiento y el proyecto de Ley Impositiva 2024, que contempla incrementos de los gravámenes patrimoniales y una solicitud para que se puedan actualizar los tributos de acuerdo con el índice de inflación. Los integrantes de ambas cámaras fueron convocados a sesión este jueves, el último del año, a partir de las 15.
El mandatario bonaerense decidió prorrogar el Presupuesto de este año, que contempla gastos por $ 6,9 billones, ante la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las variables macroeconómicas para 2024. De esta forma, la administración provincial envió al Poder Legislativo un proyecto para que se mantengan vigentes las emergencias vigentes en seguridad, salud, educación, entre otras, en el que se incluyó una solicitud de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo. También se debatirá en el parlamento bonaerense la Ley Fiscal, que determina cada año el valor de todos los impuestos provinciales, que -según se explicó desde el Poder Ejecutivo- «busca continuar con la premisa de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo la realidad de las pymes». De ese modo, en el caso del Impuesto Inmobiliario se establecen topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio: el 90% de los contribuyentes tendrá aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendrá subas del orden del 300%. Otra de las novedades de la Ley Impositiva es que se incorpora una cuota adicional a los campos de mayor valor de la provincia de Buenos Aires, pero desde el Gobierno se aclaró que «ninguno de las partidas rurales pagará aumentos que estén por encima de la inflación acumulada». En tanto, el impuesto Automotor -Patentes- tendrá un incremento promedio del 145% para los vehículos modelos 2013 a 2024, de acuerdo con los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, y el tope máximo para el incremento es del 270% para los autos de más alta gama. La provincia pretende que, tal como ocurre en otras jurisdicciones, haya ajustes de los impuestos bonaerenses atados a la inflación a lo largo del año. La administración de Kicillof apuntará a tener aprobadas ambas leyes este jueves en ambas Cámaras, convocadas a sesión a partir de las 15.La APCNEAN toma posición frente al DNU de Milei
Recibimos el siguiente comunicado de la APCNEAN:
«La misión de APCNEAN es la “Defensa del sector nuclear”, por mandato histórico y por convicción ratificada en la plataforma que nos llevó a la conducción de nuestro gremio. Es relevante, en ese sentido, citar el artículo 2 de nuestro Estatuto. Artículo 2° – Sin que la enumeración que sigue tenga carácter taxativo, son sus fines principales: a) Agrupar y vincular a los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear para fomentar el mutuo acercamiento en procura de la solución común de problemas individuales y colectivos que se presenten en el desempeño de sus tareas. b) Apoyar y propiciar estudios de proyectos para el desarrollo independiente y soberano del país en el área nuclear, bregando por decisiones y medidas acordes al interés nacional que contribuyan al incremento de los potenciales científico, tecnológico e industrial de la Nación, en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. c) Velar por la dignificación y jerarquización del ejercicio profesional y de la función pública y por la estricta observancia de los principios éticos que deben regir el comportamiento profesional y la actuación de los funcionarios del Estado. Entendemos, después de leer numerosos pronunciamientos de constitucionalistas, que el DNU dictado ayer por el presidente Milei se contrapone a los principios de nuestro Estatuto, viola numerosos artículos de la Constitución Nacional y pone en riesgo la continuidad y los derechos laborales de nuestros asociados y de otros compatriotas y además amenaza con dilapidar el patrimonio colectivo de los argentinos, atesorado a lo largo de décadas, en lo que hace, en particular, a nuestro sector. Después de haber hecho campaña contra la “casta” y haber afirmado que el ajuste sería pagado por la clase política, vemos que se ha rodeado de rancios representantes de dicha casta y que el ajuste caerá con toda brutalidad sobre la gran mayoría de la población: infancias, jubilados, trabajadores y empresarios PyMES. En particular, el actual presidente condenó públicamente a Luis Caputo como el responsable de haber dilapidado 15 mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora termina convocándolo como el salvador que nos sacará del caos (en el que previamente nos sumió). Milei ahora promete estanflación y dos años de sufrimiento. Privatizaciones y entrega del patrimonio de todos los argentinos. Caída de la actividad económica y por ende aumento de la desocupación (que recibió en un 6% igual que Macri en 2015, y quien lo llevó a un 10%). Desinversión del Estado en obra pública. Licuación del poder de compra del salario por la alta inflación. Despidos masivos de empleados públicos, al igual que hizo Macri en el 2015. Aumentos de tarifas de servicios públicos. Vulneración de derechos laborales vigentes y consagrados, contrariando uno de los conceptos fundamentales del estado de derecho, que éste debe ser progresivo siempre y proteger a la parte más débil, los trabajadores. A esto se suma la actitud amenazante e intimidatoria del gobierno tratando de coartar la libertad de manifestación y la expresión pacífica de oposición a las medidas que está tomando. Entendemos que esto vulnera gravemente garantías del estado democrático y derechos humanos básicos. En vista de este sombrío cuadro nos declaramos en estado de alerta y movilización. Exigimos Paritarias ya para compensar la enorme inflación que ha degradado nuestros salarios. Nos defenderemos con todas las herramientas legales y políticas que nos da la Democracia y el Estado de Derecho. «Secretariado Nacional de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear APCNEAN

Se gesta en el Congreso una mayoría dispuesta a rechazar el DNU de Milei
Por lo pronto, el sector de Lousteau salió a marcar la cancha. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, planteó la cúpula de la UCR. “Frente a la presentación del mega DNU que, con 366 artículos deroga y modifica un sinnúmero de leyes y decretos, la Unión Cívica Radical insta al Presidente a convocar a sesiones extraordinarias con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento. Esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos”, reza el comunicado.
También Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno porteño y referente de un sector de legisladores de Pro en ambas cámaras, cuestionó la decisión del Gobierno de imponer estas reformas por decreto.
El kirchnerismo hizo punta en el rechazo absoluto del DNU 70/23 con los pronuciamientos de sus bancadas de diputados y senadores apenas unas horas después de la cadena nacional que encabezó anoche Milei para anunciar la medida. Esta mañana, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), sumó más presión y reclamó la constitución de la comisión bicameral que controla la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia.
En las últimas horas se han ido sumando voces críticas al instrumento en bloques como la UCR, Pro y otras fuerzas menores. Entre las fuerzas provinciales, los rionegrinos que responde al gobernador Alberto Weretilneck, anticiparon su rechazo. “En principio estamos en contra, sobre todo porque no hay urgencia y necesidad de plantear muchos temas que están en el DNU”, dijo el gobernador, que controla a un senador y a un diputado.
También en el bloque de senadores peronistas díscolos de Unidad Federal hay rechazo. “Un mega DNU no es el camino”, dijo el jefe de la bancada, Carlos Espínola (Corrientes). “La reformar que la Argentina necesita se lograrán con diálogo y consenso democrático”, agregó el legislador, que integraría la comisión bicameral que debe analizar el decreto. Una postura similar esgrimió su compañero de bloque, Edgardo Kueider (Entre Ríos). La tercera integrante del sector, la cordobesa Alejandra Vigo, todavía no se manifestó.
De todas maneras, la suma del kirchnerismo con otros sectores de la oposición, como los bloques que integraron Juntos por el Cambio, alcanzarían para reunir la mayoría necesaria para rechazar el DNU en ambas cámaras. Hasta ahora, solo el Senado ha rechazado un decreto de necesidad y urgencia dictado durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández y por impulso de Cristina Kirchner, vicepresidenta y titular de la Cámara alta en ese momento.
El mecanismo para tratar los decretos de necesidad y urgencia el Congreso, que por vía separada también pueden ser objetados y rechazados por el Poder Judicial, establece que el Poder Ejecutivo debe remitirlos en un plazo de diez días a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que está integrada por 16 miembros (ocho diputados e igual cantidad de senadores) y es la que tiene la facultad de realizar el control de constitucionalidad de la medida. Este cuerpo tiene, a su vez, otros diez días para expedirse. De no hacerlo en ese plazo, el DNU queda habilitado para su tratamiento en ambas cámaras sin necesidad de un dictamen que lo habilite. Para declararlo inválido se requiere su repudio tanto en Diputados como en el Senado.

Tanto en la bicameral como en los recintos el oficialismo de La Libertad Avanza está en minoría ante el resto de las fuerzas con representación parlamentaria. En la comisión apenas si contaría con dos de los 16 miembros. En la Cámara baja, tiene 37 diputados sobre un total de 257; mientras que en el Senado cuenta con apenas 7 de los 72 legisladores que lo integran.
Crece el rechazo
“Es una herramienta muy difícil de acompañar, no tanto por el fondo, sino por las formas. Durante el gobierno de Mauricio Macri se dictó un decreto similar para ‘desburocratizar’ el Estado, pero luego el Gobierno lo replicó en tres proyectos de ley que se discutieron luego en el Congreso”, sostuvo el diputado Nicolás Massot, postulado por el bloque Cambio Federal para integrar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
En un tono similar se expresó su compañero de bancada Miguel Pichetto. “Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, sentenció.
En términos similares se expresó la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) que lamentó el método utilizado por el Poder Ejecutivo porque “muchas de las modificaciones que propone avanzarían con un consenso enorme”. “Lamento que sea en un paquete enorme que impide que se apoye lo que estamos de acuerdo porque esto es a todo o nada y en la Argentina el a todo o nada no funciona”, agregó.
El decreto también cosechó el rechazo del senador Edgardo Kueider (Entre Ríos), integrante del bloque Unidad Federal que reúne a peronistas críticos del kirchnerismo. “Todo indica que el DNU es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento”, afirmó. El entrerriano fue más allá en su crítica y aseguró que, con el dictado del decreto, “el Gobierno Nacional vulnera la división de poderes y desconoce abiertamente al Congreso de la Nación”.
La Coalición Cívica, con seis diputados, es otro de los bloques que marca distancia del decreto del Gobierno. El jefe de la bancada, Juan López, advirtió que esta metodología de legislar por decreto podría terminar siendo contraproducente para los fines que se propone el presidente Milei.
“No me sorprende tanto que el presidente de la Nación no evalúe la vialidad institucional del DNU, sí me preocupa que no comprenda la precariedad jurídica de las transformaciones que propone- muchas de ellas necesarias- porque de eso depende que el cambio se consolide. Sin seguridad jurídica no habrá confianza.
El bloque de diputados de la UCR, que encabeza el cordobés Rodrigo De Loredo, se reunirá mañana para discutir sobre el asunto. Con 34 legisladores, esta bancada será clave en el derrotero parlamentario que tendrá el megadecreto. A priori, sus legisladores no cuestionan el fondo de la cuestión, esto es, el contenido del decreto, sino más bien la forma: el avasallamiento del Congreso por medio de un decreto presidencial. En el mismo sentido se expresaron los integrantes de la bancada de Cambia Federal.
Gustavo Ybarra y Laura Serra