El peligro de los «Protocolos» del Tratado de No Proliferación Nuclear

Dos artículos de tres personajes, los excancilleres Jorge Taiana (en Clarín) y su par Rafael Bielsa con el politólogo Gabriel Tokatlián (La Nación) dieron la alarma, y cuando el río suena, es porque trae agua. El gobierno de Javier Milei quiere firmar los «Protocolos Adicionales» del TNP, o Tratado de No Proliferación. El resultado será la muerte del Mercosur. Y probablemente, también el objetivo principal.

Pero vamos por partes. El TNP es un invento de 1968. Establece que hay cinco países con armas atómicas que integran el Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas. A esos cinco no se les puede hacer ninguna inspección de arsenales nucleares. 

Luego está el resto de los países signatarios, que reciben inspecciones nucleares sorpresivas. Son frecuentes y profundas cuando tienen programas atómicos pacíficos, y mucho más aún si dichos programas tienen cierta independencia tecnológica, vale decir si no compran y en cambio diseñan reactores y/o centrales de potencia, si enriquecen uranio o si fabrican agua pesada. Y si de yapa exportan y compiten, agarrate. Los inspectores tienen autoridad «Full Scope», es decir pueden acceder a todos los laboratorios e instalaciones. Brasil y Argentina hacen todo eso.

El encargado de las Naciones Unidas que ejercer el poder de vigilancia del TNP es el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido hoy por un argentino, el embajador Rafael Grossi.

Desde 1968 a 1995, ningún gobierno argentino, fuera militar o civil y sin importar de qué partido, quiso firmar el TNP. Brasil tampoco, y por lo mismo. Es totalmente asimétrico, y una pérdida importante de soberanía científica, tecnológica e industrial. Como resumió alguna vez y con elegancia el embajador Julio César Carasales, radical, el TNP es el desarme de los desarmados.

Brasil tampoco quiso firmarlo. Sus gobiernos militares mantuvieron dos programas nucleares, uno civil y orientado a la energía y aplicaciones nucleares, y otro llamado «Paralelo», supuestamente secreto pero a voces, y que se orientaba a desarrollar bombas nucleares. 

Como cada fuerza armada tenía su propio programa paralelo, Brasil tenía cuatro programas nucleares a falta de uno, el Oficial y el Paralelo, como nuestro dólar. Pero como los paralelos no eran cooperativos entre sí sino más bien cerrados y competitivos, y coincidían en ningunear al oficial, no parecen haber logrado nada fuera de despilfarrar recursos económicos y científicos.

Entre 1968 y 1984, la relación entre Brasil y Argentina estuvo muy envenenada por la desconfianza sobre el uso del Paraná. Los brasileños, dueños absolutos de la alta cuenca de ese río gigante, terminaron construyendo sobre el mismo más de 40 represas, la mayor de las cuales es Itaipú. 

Los militares argentinos suponían que en caso de conflicto el Paraná podía ser usado como arma: dejar el río en seco, aguas abajo de Itapú, o liberar decenas de embalses en forma simultánea, y anegar todas las ciudades costeras argentinas de la Cuenca del Plata en la onda de crecida. Militarmente hablando, no es una hipótesis descabellada. Lo descabellado sería entrar en guerra otra vez con Brasil. En el siglo XIX tuvimos tres, y no se puede decir que hayamos ganado ninguna. Lo mismo para Brasil: estuvieron aquí, pero no salieron bien parados.

Pero en el Cono Sur los secretos son difíciles de mantener, incluso si son secretos a gritos, como el de Brasil. Durante ese período, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dirigida en general por contraalmirantes o almirantes, discutió más de una vez si valía la pena desarrollar un programa nuclear armamentista y secreto. Optó por no hacerlo porque aquí no hay secreto que dure mucho, pero sobre todo para no desatar una carrera armamentista regional desaforada con Brasil y con Chile. 

La CNEA se concedió únicamente el «caveat» de que si se verificaba que los brasileños estaban cerca de la bomba, no habría más remedio que ponerse a la par. En realidad, con un programa nuclear basado en la investigación y el desarrollo propios, la CNEA tenía los recursos humanos como para alcanzar y pasar a Brasil caminando. Era nuestra única fortaleza, pero una decisiva. Educación pública desde la primaria a la universidad, y por ende un país lleno de ingenieros.

Y es que los brasileños habían encarado el átomo, tanto en sus aspectos pacíficos como en los otros, por el lado de la transferencia de tecnología. Así encararon su desarrollo metalmecánico e industrial, y con éxito. Pero en un asunto tan estratégico como el nuclear, los miles de pequeños secretos de la tecnología no te los vende nadie. Peor aún: si lo hacen, te dan gato por liebre, como le pasó a Brasil cuando la República Federal Alemana les vendió, y bien caro, un sistema de toberas para enriquecer uranio que sencillamente no funcionaba. Esa miríada de secretitos, especiamente en ciencia de materiales, los aprendés vos en tus propios laboratorios. Eso nos daba una ventaja impresionante en los sesenta y setenta, y no tanto en equipamiento o en fondos, sino en décadas investigando y formando recursos humanos.

La CNEA no podía decidir sobre estas cuestiones de «bomba sí o bomba no», pero sí aconsejar a los presidentes de la Nación, que en general eran militares, o gobiernos civiles atados con piolines. Pasa que el prestigio de la CNEA era enorme, los presidentes escuchaban y el resultado fue que nunca hubo ni un intento de bomba atómica argentina. ¿Y por qué? Porque la podíamos hacer de la noche a la mañana, PERO NO NOS CONVENÍA. Las carreras armamentistas nucleares son caras: le costaron la existencia a la URSS, y devoran desde hace medio siglo las economías de la India y Pakistán.

El mejor mensaje para darle al mundo era el argentino: «Usamos el átomo para mejorar la calidad de vida y la de la industria en nuestro país. No tenemos la bomba porque no queremos, no porque no podamos. NO NOS JODAN».

Esta leve ventaja nuestra los militares brasileños también lo sabían y no les hacía maldita la gracia. Pero en medio de tanta rivalidad, supieron negociar con nuestros propios militares un acuerdo tácito, jamás escrito, de no firmar el TNP, y de excusarse angelicalmente ante los EEUU de no hacerlo dado que sospechaban del país vecino. El mismo libreto. 

Eso dio buenos resultados hasta que volvió la democracia a ambos países y de modo muy contundente, aunque por distintas causas. El último marino en dirigir la CNEA, el contraalmirante y reactorista nuclear Carlos Castro Madero, se encargó de comunicar al mundo que la Argentina había desarrollado una minúscula planta de enriquecimiento de uranio en la quebrada de Pilcaniyeu, perdida en medio de la estepa rionegrina, a 60 kilómetros de Bariloche pero casi inaccesible por los malos caminos.

Esto se reveló a fines de 1983 y tras nuestra derrota en Malvinas. A la OTAN le agarró terror. Al cuete, porque la planta de PIlcaniyeu era deliberadamente chica y atrasada, y no había modo en que pudiera enriquecer suficiente uranio a un valor suficientemente alto como para hacer la bomba. Una fotografía satelital bastaba para confirmarlo.

Doblemente al cuete, porque «Pilca» se construyó reactivamente, debido a la prepotencia irracional y territorial de los EEUU. En 1981, cuando la CNEA le vendió a Perú dos reactores nucleares, uno de investigación y otro de producción de radioisótopos, el State Department decidió que éramos un país proliferador y nos declararon embargo de uranio enriquecido. Es decir, rompieron viejos contratos de abastecimiento que garantizaban nuestros reactores de investigación y de fabricación de radioisótopos médicos durante décadas.

Pilca todavía hoy tiene el tamaño, la tecnología y las capacidades justas como para decirle a la mafia mundial del enriquecimiento de uranio que nos vendan libremente, no sea cosa de que tengamos que hacer una planta mejor. Eso se logró. Los recursos humanos los seguimos teniendo. La plata, no. Pero ya se sabe, la plata viene y va.

Hábil en diplomacia, antes de dar la noticia al mundo Castro Madero fue autorizado por Presidencia para pedir una conversación telefónica con el entonces presidente de Brasil, el general Joao Figueiredo, para anunciarle la existencia de Pilca, y de sus limitaciones. Figueiredo era de Inteligencia. Se rió y felicitó a Castro Madero. Y así quedaron las cosas. 

Y luego, con alguna diferencia cronológica y por causas sumamente distintas, ambos países volvieron a ser democracias representativas y bastante apegadas a sus constituciones nacionales. Ya no alcanzaba con un guiño entre milicos para no firmar el TNP, y la presión de los EEUU era enorme.

Fue entonces que en 1987 el embajador Adolfo Saracho, creador de la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme, pergeñó una estrategia dramática: invitar al presidente Jose Sarney a visitar Pilca, con todo el acompañamiento científico y militar que quisiera, y acceso pleno. Al canciller Dante Caputo la idea le encantó y también a Alfonsín: la idea era buena, garantizaba la paz, y además era un relanzamiento de imagen de su gobierno, ya bastante desgastado.

Lo que siguió fue el ABACC, que en la práctica empezó a funcionar mucho antes de que se pulieran los detalles en los papeles. En 1991, cuando finalmente se firmaron, hacía años que mandábamos y venían inspectores científicamente capacitados y tecnológicamente equipados. 

Imposible no decir que sin Saracho y sin ABACC jamás hubiera ocurrido algo tan insólito como el Mercosur. Tendrá sus defectos, pero es la primera alianza aduanera y económica de Sudamérica que no es un circo diplomático armado por el State Department.

Y así siguieron las cosas, cada cual en su casa y Dios en la de todos, como decía Sancho Panza, hasta que sobrevino Carlos Menem. Entre las muchas cosas que rompió,  firmó el TNP sin avisarle siquiera a Brasil. La relación nuclear con los primos, construida por Alfonsín y Sarney desde 1987, se nos fue al bombo durante muchos años. Nunca nos van a perdonar. 

El ABACC se creó justamente para no tener que firmar el TNP. Brasil inspecciona a la Argentina y la Argentina a Brasil, y nada más. El Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas, formada únicamente por EEUU, Rusia, China, Francia e Inglaterra, está pintado en la pared. No nos inspeccionaba. Daba por buenos los informes del ABACC, y chau.

Ése fue el formato original del ABBAC creado por las cancillerías de Alfonsín y Sarney, y éste es el documento que se firmó en 1991. Brasil garantizaba que Argentina no proliferara, y viceversa. Terceros, afuera. Especialmente los grandes proliferadores exentos de toda inspección, es decir los cinco países armamentistas del Consejo de Seguridad Permanente. 

La posición conjunta del ABACC fue que, por supuesto, no se firmaba el TNP por considerarlo un documento asimétrico, y de yapa, anacrónico. Hoy los países con armas nucleares son nueve, le guste o no al Consejo de Seguridad Permanente. Y las potencias económicas, diplomáticas y militares emergentes son otras: las del BRICS ampliado. De modo que el actual Consejo de Seguridad representa al mundo de los años ’50, pero no el de hoy. 

En ese cuadro de grandes cambios históricos en la correlación de poder, el ABACC era un «TNP for two». Y un modelo a seguir por otros países del entonces llamado Tercer Mundo. En suma, insoportable.

Durante un tiempo los EEUU se tuvieron que contentar con esa situación y sonreír. Pero en 1989 se derrumbó la URSS y en 1995 los EEUU se habían vuelto la única superpotencia del planeta. ¿Iban a seguir fumándose el ABACC? En el cuadro de sometimiento unilateral de las «relaciones carnales», la Cancillería Argentina firmó el TNP, sin siquiera avisarle previamente a Itamaraty.

Mala idea.

Las inspecciones recíprocas del ABBAC sin embargo se mantuvieron, pero en un nuevo formato absurdo. Brasil y la Argentina se controlan entre sí, como siempre, pero arriba está el OIEA que controla a ambos, y controla… el control. Se lo llama «Acuerdo Cuatripartito» porque a los gobiernos de ambos países añade dos partes: el ABACC y el OIEA. Ese organismo de la ONU está controlado por EEUU «ab initio» desde los ’50, pero en 1995 y con ese país puesto en el rol de superpotencia única, no quieras ver.

El Cuatripartito es una fantochada diplomática armada y/o tolerada piadosamente por Brasil. Finge que todo sigue como antes de que Menem firmara el TNP unilateralmente, y obligara así a firmar a Brasil. Los primos, vecinos y socios brasucas tuvieron que hacerlo para no quedarse atajando solo en Sudamérica la presión de los EEUU. ¿Quién los paraba a los autodenominados americanos en aquellos años?

Si hay un medidor objetivo del enojo brasileño es que desde 1995 no tuvo lugar ningún programa tecnológico conjunto en el área nuclear. Nos vendieron el enriquecido para el CAREM, les vendimos la ingeniería del reactor RBM, punto. Nada más. En enriquecimiento de uranio, los primos avanzaron solos y lo hicieron técnicamente muy bien, con ultracentrifugadoras, un sistema mucho más moderno que el de Pilca, la difusión gaseosa. Eran tiempos de Lula y de CFK, buena onda entre gobiernos. Pudimos haber avanzado juntos en enriquecimiento por láser, algo aún más futurista, pero nada.

En materia satelital, en la que tenemos diseño y construcción propia de satélites bastante complejos, nunca aceptaron hacer una constelación conjunta, siquiera de dos satélites. El SABIAMAR, de investigación de la fotosíntesis costera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales es un ejemplo: Brasil iba a fabricar otro, pero se bajaron. En 2004 les estalló en plataforma el lanzador a órbita VLS en la base de Alcántara, y mató a 50 personas críticas para el programa espacial brasileño. El VLS es casi idéntico en combustible y dimensiones a a nuestro viejo Cóndor II: al tener combustible sólido sale a toque de botón y se transporta fácil. Podríamos haberles dado la tecnología para la segunda etapa de un lanzador Mercosur con combustible líquido menos apto para misil pero de mayor impulso específico, como el Tronador, pero no respondieron el teléfono.

En el diseño del motor de su primer submarino nuclear, pasó lo mismo. Los brasucas son constantes, pero vienen teniendo dificultades. Y ésa es un área en que tenemos la ventaja de ser diseñadores de reactores desde 1958, y de haber construido el 40% de nuestra primera central nucleoeléctrica, el 55% de la segunda, y el 90% de la tercera. Un motor naval nuclear es una centralita de entre 20 y 300 MW, construida en muy poco espacio. De centrales sabemos más.

Pero los primos no nos dieron bola. Y qué decir del CAREM, la central nuclear compacta argentina: en sociedad con Brasil, ya la estaríamos usando, mostrando y exportando. A espaldas únicamente de la flaca economía argentina y diplomáticamente solos ante los palos en la rueda que nos vive poniendo la mucha muchachada local al servicio de los EEUU, todavía estamos construyendo el prototipo.

En esta conducta de ignorarnos hay un componente histórico importante. Brasil fue un imperio antes de volverse un país, y eso no se olvida. También hay un componente geográfico: ese país que antes fue imperio hoy abarca el 50% de la superficie de Sudamérica. Pero por último aunque en primer lugar, está también el hecho de que firmamos con ellos un ABACC para no tener que firmar el TNP, y los traicionamos.

Ahora el OIEA sugiere gentilmente que firmemos los Protocolos Adicionales al TNP, redactados en 1997. En lugar de inspeccionar los sitios nucleares de la Argentina, esto habilita al OIEA a inspeccionar presuntos robos de material físil en TODO el territorio argentino. Ninguna puerta les queda cerrada a los inspectores.

Lo de todo el territorio me preocupa mucho. Ya me resulta intragable que los EEUU, que hemos derrotado en toda licitación de reactores salvo una (Tailandia), pueda acceder a cada detalle del RA-10 (ya quisieran tener uno así), o a la central compacta CAREM, un SMR cuyo diseño copiaron de sobra. Y aún así no están construyendo ningún reactor parecido y nosotros sí. 

Pero «full scope» sobre todo el territorio argentino implica demasiadas cosas. ¿Las universidades y laboratorios no nucleares también? ¿Los lugares donde diseñamos y fabricamos satélites y cohetes también? ¿Las empresas de biotecnología también? Puerta que les cerremos es denuncia ante el OIEA de que estamos «proliferando». Ni hablar de las firmas argentinas de software avanzado: si no se dejan espiar, serán acusadas de estar diseñando software de guerra para atacar obras públicas. Y luego de declararte «rogue state» te apilan sanciones de comercio exterior para aniquilarte. Eso no va a suceder inmediatamente, pero sí en cuanto la Argentina -obviamente no con este gobierno- intente volver al BRICS ampliado, o reconstruir con industria propia su equipamiento militar convencional.

Un buen régimen de inspecciones obligatorias será excelente para nuestras industrias avanzadas. Tan provechoso como la munición para el pato. Bueno, las industrias que quedan…

Pero blanco sobre negro, una segunda puñalada diplomática por la espalda a Brasil firmaría el acta de defunción del Mercosur, ya muy debilitado por Menem y por Jair Bolsonaro.

Es exactamente lo que se busca.

Los Protocolos Adicionales no se deben firmar.

Daniel E. Arias

PS: Adjuntamos el artículo co-firmado por Bielsa y Tokatlián en La Nación. Es más diplomático, hay que leer entre líneas.

ooooo

Preservando la relación nuclear con Brasil

Hay restos arqueológicos que dan cuenta de actividades de cooperación nuclear entre la Argentina y Brasil, que se remontan a 1960. Sin embargo, visiones rivales que enfrentaban a ambos países por entonces y controversias irresueltas sobre la disposición de los recursos hídricos, impidieron hasta entrados los años ‘80 la firma de algún instrumento amplio sobre los usos pacíficos de la energía nuclear.

En la materia había cuestiones en las que lo natural era que trabajaran (parcial o totalmente) en conjunto: la producción de radioisótopos por ciclotrón, el desarrollo de patrones isotópicos, la protección radiológica, la seguridad nuclear, el reciclado de elementos combustibles, los proyectos energéticos.

Así las cosas, se fueron poniendo en práctica diversos mecanismos bilaterales de cooperación, dirigidos tanto a promover el desarrollo como a fortalecer la confianza mutua y transmitir a la comunidad internacional que ninguno de los dos países intentaba desarrollar o producir armas nucleares. Esto, a su turno, reforzaba la capacidad individual y conjunta en materia nuclear: siempre es bueno recordar que el régimen de no proliferación es asimétrico y que, por lo tanto, las naciones del Sur deben asegurarse un poder negociador básico.

El primero en magnitud fue el acuerdo celebrado en Guadalajara, México, en vigor desde el 12 de diciembre de 1991, luego de su ratificación por los Congresos brasileño y argentino. Cabe destacar que tal ratificación resultó en la promulgación con fuerza de ley de lo establecido en el Acuerdo, ley que es de cumplimento obligatorio y común en Brasil y en la Argentina.

El Acuerdo Bilateral establece un mecanismo de salvaguardias totales y crea el Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (SCCC) y la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), cuya función es administrar y aplicar el SCCC. Una salvaguardia, en el derecho internacional, es una medida que adopta uno o más países para proteger a su sector productivo nacional frente a un aumento de las importaciones de determinados productos que le causan o amenazan causar un daño grave.

Tanto Brasil como la Argentina tienen acuerdos de salvaguardias vigentes con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde los años sesenta y setenta, derivados de acuerdos de cooperación que Brasil había firmado con Estados Unidos y Alemania, y la Argentina con Estados Unidos, Alemania, Canadá y Suiza. Estos Acuerdos, tipo INFCIRC 66, contemplan los casos de cooperación y no abarcan los materiales nucleares involucrados en los programas autónomos de cada país, que actualmente, como consecuencia de las salvaguardias totales establecidas por el Acuerdo Bilateral, están sometidos al SCCC y son verificados y controlados por la ABACC. Por otra parte, y sobre la base del Acuerdo Bilateral, el 13 de diciembre de 1991 se firmó un Acuerdo Cuatripartito de salvaguardias entre la Argentina, el Brasil, la ABACC y el OIEA que hoy bajo la dirección general de un argentino, el embajador Rafael Grossi.

En esencia, los compromisos nucleares entre Buenos Aires y Brasilia han robustecido la democracia en ambos países, han contribuido a que América Latina se consolide como una zona de paz, han facilitado transformar una vieja cultura de la rivalidad, y han significado la concreción de una suerte de “ancla” que compele a los dos a evitar planes nucleares con fines militares. Este gran logro para nosotros, para la relación argentino-brasileña, para Latinoamérica e incluso para el mundo -pues no somos foco de proliferación-, se ha sustentado en principios compartidos y beneficios mutuos. La confianza y trasparencia alcanzadas no son producto de la filantropía, sino de la convergencia de objetivos e intereses.

Por ello, lo que estos párrafos pretenden subrayar es que, hoy más que nunca, en un escenario global turbulento e incierto, debemos preservar lo pactado con Brasil. Por ello, si Argentina firmara un acuerdo de salvaguardias adicionales de manera unilateral (aunque favorable a los propósitos de terceros países) no sólo se malograría severamente la relación con el vecino, sino que se estaría erosionando uno de los mejores y más acertados artefactos institucionales bilaterales y multilaterales que tenemos y que funcionan con seriedad. Cuando algo de esta naturaleza no trasciende, y no forma parte de los programas de chimentos, es porque está rindiendo buenos frutos.

Uno de los méritos de la política exterior democrática argentina en estas cuatro décadas ha sido eludir la improvisación o la sobreactuación en un tema tan sensible. Tenemos cuadros técnicos altamente calificados que han sido una especie de “disco duro” que ha logrado una continuidad poco habitual en nuestra diplomacia, en otros temas. Tenemos un acuerdo político amplio mediante el cual en materia nuclear, especialmente, con Brasil la clave es no innovar: refrendar lo ya alcanzado para garantizar una mayor efectividad futura.

No han faltado pedidos y hasta presiones internacionales para que, por ejemplo, Argentina y Brasil adhiriesen al llamado Protocolo Adicional de 1997. Quizás en alguna ocasión y por razones de conveniencia circunstancial se ha pensado en una adhesión unilateral del país a dicho instrumento, afectando un acuerdo tácito con Brasil de que si hubiera adhesión lo haríamos los dos. El oportunismo se puede convertir en un boomerang para la Argentina. Proceder así no solo dañaría severamente la relación bilateral con nuestro vecino, sino que de hecho levaríamos el “ancla” para que Brasil no se sienta obligado por los compromisos contraídos. Tal cosa, a su turno, afectaría nuestros intereses nacionales. Tampoco eso le conviene a las grandes potencias nucleares. En realidad no hay motivo alguno para que nosotros, para que Brasil, para que la OIEA e incluso para que Estados Unidos horademos, por acción u omisión, las acuerdos nucleares existentes entre Buenos Aires y Brasil.

La Argentina requiere de socios, amigos, acompañantes en esta hora de graves dificultades y grandes desafíos. Tensar, y muy probablemente, deteriorar nuestro vínculo con Brasil sería un despropósito. Procurar buenas relaciones con Washington no requiere estropear los lazos con otras naciones, menos aún con las más próximas. El unilateralismo -sin atributos de poder reales- es un tipo de comportamiento que nos resultará, más temprano que tarde, ruinoso.

Rafael Bielsa y Juan Gabriel Tokatlian

Tensión en el sector eléctrico por el corte de pagos de Caputo

Debido al congelamiento de las tarifas residenciales, las distribuidoras eléctricas acumularon hasta enero una deuda con Cammesa de 394.708 millones de pesos, cifra equivalente a 2,5 veces lo que deben abonarle mensualmente. En enero Edesur pagó solo el 18% de su factura, Edenor el 16% y Edelap el 3 por ciento. Habitualmente cuando se producían estos atrasos el Estado Nacional era el encargado de transferirle fondos a la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para que pudiera cumplir con sus compromisos. Sin embargo, el Ministerio de Economía no está desembolsando un peso, lo que derivó en un quiebre de la cadena de pagos que afecta fundamentalmente a generadores, transportistas y productores de gas natural, combustibles que consumen las centrales térmicas.

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, se jactó en enero de haber alcanzado superávit financiero por primera vez en más de diez años. El problema es la manera en que alcanzó ese logro. Un informe de la sociedad de bolsa Porfolio Personal Inversiones detalló que de cada 100 pesos de superávit primario conseguido el mes pasado, 44,5 puntos lo aportaron los jubilados debido a la licuación de sus haberes, 22,5 los consumidores a través de menores subsidios y 12 puntos los trabajadores estatales, quienes, al igual que los jubilados, no recibieron ningún ajuste.

En el caso de los subsidios económicos, la contracción fue del 64%, equivalente a 0,45 billones de pesos, y la tijera se concentró fundamentalmente en los subsidios energéticos (-77,2 por ciento o 0,37 billones de pesos) por la postergación de las transferencias a CAMMESA.

Al igual que en muchas otras áreas, el gobierno juega con fuego al no girarle fondos a Cammesa porque dinamita la cadena de pagos e impacta de lleno en la contabilidad de empresas que no pueden dejar de entregar energía al mercado porque la energía eléctrica es el principal insumo de un servicio público calificado como esencial.

Como el Tesoro Nacional no paga, lo que hace Cammesa es ir girando dinero en cuenta gotas a medida que recauda. La semana pasada desembolsó un 17,7% de la factura de enero y este martes otro 7,6%, cubriendo apenas un 25,4% de la energía demandada en noviembre.

En este contexto de fuerte ajuste recrudecen a su vez las tensiones entre transportistas, generadores y productores para ver quien recibe lo poco que recauda Cammesa. Transener, por ejemplo, pidió tener prioridad en esos desembolsos con el argumento de que no tienen para pagar sueldos. Los generadores no validaron ese reclamo al interior del directorio de CAMMESA y finalmente la compañía pagó esta semana solo el 50% de los sueldos de febrero, lo que probablemente derive en una medida de fuerza del gremio eléctrico (Luz y Fuerza)

En el sector cuestionan al gobierno, pues luego de convalidar una megadevaluación del dólar oficial, que disparó todos los costos del sistema eléctrico, tardó demasiado en actualizar el precio mayorista de la energía y solo lo hizo parcialmente ya que mantuvo sin cambios lo que deben pagar los sectores medios y bajos. De hecho, las nuevas tarifas de Edesur y Edenor recién comenzaron a aplicarse el 16 de febrero. A su vez, al no girarle fondos a Cammesa es el propio gobierno el que desconoce sus deudas porque el Estado Nacional tiene una participación del 20% en la compañía y es el controlante.

Un alto directivo del sector eléctrico le recriminó este accionar al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y la respuesta del funcionario fue que ese no era un problema porque ya habían comenzado a descongelar las tarifas y en junio la cadena de pagos va a estar normalizada. “El problema es cómo llegamos a junio”, se preguntó ese mismo ejecutivo.

Son muchos los ejecutivos que consideran innecesario, o incluso una mala praxis, que el gobierno haya forzado un quiebre en la cadena de pagos solo para poder mostrar un asiento contable superavitario en enero porque el daño que le hace a las empresas del sector es inmenso.

Los que más deben

De los 394.708 millones de pesos, el 40,7% lo deben Edenor y Edesur. La primera adeuda 107.104 millones y la segunda 53.688 millones. Luego siguen Edea, Eden y Edelap, tres compañías que operan en la provincia de Buenos Aires. Edea acumula una deuda de 21.545 millones, Eden de 20.237 millones y Edelap de 16.133 millones de pesos. En enero Edea pagó solo un 2% de su factura, Eden un 2% y Edelap un 3%.

Las distribuidoras que operan en la provincia de Buenos Aires, en su mayoría cooperativas, concentran el 36,3% de la deuda con Cammesa. Esa situación se explica fundamentalmente porque el gobernador Axel Kicillof continúa demorando la actualización tarifaria y entonces las empresas se sientan sobre su caja para hacer frente fundamentalmente a los salarios y los gastos de mantenimiento más urgentes y dejan de pagar la energía. Allegados a la gobernación indicaron que los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras eléctricas del interior de la provincia se publicarán a mediados de marzo.

Frente a un contexto complicado, Cammesa también juega con fuego. La compañía presionó judicialmente para que las compañías paguen e incluso recientemente logró que la Justicia embargue cuentas de la cooperativa de Luján por 120 millones de pesos. Eso motivó que en decenas de cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires estén discutiendo un plan de lucha contra el gobierno nacional con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de Kicillof. De ahí que todos los actores que operan en el mercado eléctrico tienen claro que la solución de este problema debe ser política y no judicial.

El listado de los deudores se completa con distribuidoras de Chubut, Salta, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Juan. La contracara, por citar dos ejemplos de empresas grandes, son EPE de Santa Fe y EPEC de Córdoba que pagaron el 100% de su factura en enero y se encuentra al día.

China demora nuevo desembolso para las represas de Santa Cruz

Los trabajadores de la UOCRA que participan de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic anunciaron un paro total de actividades ante la indefinición sobre el futuro de la obra. En los hechos, no hay actividad desde noviembre del año pasado, pero la medida de fuerza se venía postergando porque estaba vigente un proceso preventivo de crisis que vence ahora. Una vez fracasada la última audiencia que se llevó adelante el lunes en el Ministerio de Trabajo la UOCRA dio inicio al paro porque temen por la continuidad laboral de 3000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

“Al no tener ninguna definición sobre la continuidad o no de la obra, a partir de este momento, comenzamos un paro total de actividades y manifestación en el ingreso y egreso de la obra, no ingresará ni egresará nadie hasta que tengamos algún tipo de certeza”, aseguró la UOCRA en el comunicado difundido este mismo lunes.

En la última audiencia participaron representantes del gremio, de la UTE que integran Gezhouba y Eling Energía (ex Electroingeniería) y de Enarsa, responsable de la obra en representación del Estado nacional. El factor desencadenante que llevó al fracaso de las negociaciones fue la falta de acuerdo entre la UTE y Enarsa sobre quien se tiene que hacer cargo del costo que supone movilizar a todos los trabajadores de nuevo hacia la obra.

“Como comitente de la obra, Enarsa ha remitido una orden de Servicio intimando a retomar tareas, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que la contratista paralizara las obras en el mes de noviembre de 2023. No existen motivos para que no se retomen tareas. Asimismo, se ha intimado a la contratista a que presente un programa de trabajos de cumplimiento realista y confiable, con cronograma de obras y desembolsos con curvas de cumplimiento cierto. Al día de la fecha ello no ha ocurrido y la contratista manifestó que lo hará recién el 4 de marzo”, aseguraron fuentes de Enarsa.

Fuentes del gobierno nacional dejaron trascender que Eling Energía está tratando de encontrar la forma para salirse del proyecto. “Si quisieran darle continuidad, hubieran hecho todo lo posible para movilizar a los trabajadores hacia la obra y de ese modo incrementar la presión”, remarcan.

La UTE reafirma su interés en la obra

“Estamos lejos de perder el interés en el proyecto. Como empresa e integrante de la UTE estamos trabajando para normalizar la situación de la obra y continuar con las tareas. En 2018 también hubo rumores referidos a que queríamos vender nuestra participación y acá estamos, con la misma participación que en el contrato inicial”, respondieron a este medio fuentes de Eling Energía.

La obra estuvo parada unos dos años al inicio del gobierno de Mauricio Macri y la UTE mantuvo entonces la estructura y no despidió a nadie. Entre agosto de 2022 y febrero de 2023 también hubo algunas demoras por falta de financiamiento y se mantuvieron las fuentes de trabajo. Ahora, en cambio, se está evaluando achicar la estructura de costos, lo que podría derivar en miles de despidos. La UTE tiene 2600 empleados y luego hay otros 400 empleos indirectos que se verían afectados. Desde la empresa, negaron a EconoJournal haber comenzado este martes con el envío de telegramas.

Desembolso pendiente

Más allá de las cuestiones contractuales que la UTE está conversando con Enarsa, el problema de fondo es que no hay dinero disponible del crédito chino y, a diferencia de ocasiones anteriores, el Estado Nacional no tiene previsto girar ningún recurso para luego cobrarlo cuando llegue el séptimo desembolso del crédito.

El grado de avance de la obra es de 42% en el caso de la represa Jorge Cepernic y 20% en la represa Néstor Kirchner. Hasta el momento, se ejecutaron 1850 millones de dólares del crédito chino y el próximo desembolso previsto es de 500 millones. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto aseguraron que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo ni siquiera solicitó el desembolso de ese séptimo tramo, pese a que las adendas al contrato financiero ya se firmaron en 2023.   

La siderúrgica Acindar detiene su producción por caída en las ventas

0

Acindar, la importante empresa siderúrgica en Argentina y parte del Grupo Arcelor Mittal, anunció su decisión de detener la producción en sus cuatro plantas ubicadas en el país durante un mes, a partir de finales de marzo. Esta medida responde a la significativa disminución en las ventas debido al impacto de la recesión económica y la alta inflación.

Tal como lo expresaron sus voceros, la compañía utilizará este tiempo para ajustar sus niveles de producción, conceder vacaciones y días libres, así como reducir las horas extras del personal. Este tipo de paralización en la industria es poco común y refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que tuvieron que implementar medidas similares y en algunos casos reducir sus equipos de trabajo.

Las cuatro fábricas afectadas por esta decisión están en Villa Constitución (Santa Fe), San Nicolás (Buenos Aires), La Tablada (Rosario) y Villa Mercedes (San Luis).

Según Acindar, la demanda interna cayó hasta un 40%

Acindar notificó que la demanda interna tuvo una caída sostenida, lo que resultó en una disminución abrupta de entre el 35% y el 40% en las ventas durante los últimos meses. Esta situación llevó a la empresa a ajustar sus niveles de producción de acuerdo con la nueva realidad del mercado.

Con una trayectoria de 80 años en Argentina, Acindar es reconocida principalmente por su producción de aceros largos y perfiles utilizados en la construcción, agricultura e industria manufacturera. Además, cuenta con una extensa red de distribución que abarca 125 puntos de venta en todo el país.

La empresa destacó que estas medidas extraordinarias tienen como objetivo principal «minimizar el impacto de la situación actual en sus operaciones, priorizando en todo momento el bienestar de sus empleados y la sustentabilidad del negocio».

«Vamos a detener la producción durante un mes»

El gerente de relaciones institucionales de Acindar, Facundo Velasco, explicó que la decisión de detener la producción durante un mes se basa «en la necesidad de ajustar los niveles de actividad a la situación económica actual». Durante este período, la empresa proporcionará vacaciones, días libres compensatorios y capacitación, especialmente en temas de seguridad laboral, aprovechando para realizar tareas programadas y pendientes.

Velasco señaló que la complejidad de la situación económica del país «afecta a todos», incluyendo a las empresas y a sus empleados. Sin embargo, la compañía confía en la capacidad de su personal para superar estos desafíos y mantener el compromiso con la calidad y la eficiencia en su trabajo. Además, mencionó que la empresa ya mantuvo comunicación con representantes del gobierno para informarles sobre los problemas que enfrentan y que están trabajando para hacer frente a la situación de la manera más competitiva posible.

En cuanto a las perspectivas a futuro, Velasco explicó que «no esperan una resolución inmediata» de la situación económica, pero que confían en que a partir del segundo semestre del año «las condiciones puedan mejorar», deteniéndose la caída en la actividad económica.

Por ahora, el principal objetivo de la empresa es «cuidar tanto a su personal como al negocio» mientras atraviesan este período desafiante.

Gobierno de C.A.B.A.: No más metrobuses; transporte eléctrico

0

La era de los metrobuses parece haber quedado atrás. Los carriles exclusivos de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Directorio, inaugurados en septiembre pasado, quizá fueron los últimos en desplegarse por la ciudad de Buenos Aires. El modelo se agotó. Así lo considera la nueva administración porteña: generar otros significaría forzar y tensionar el sistema. En cambio, el Gobierno planea nuevas estrategias que demandan, algunas de ellas, mayor planificación, revisión de infraestructura ya instalada y análisis de territorios para determinar dónde y cómo aplicarlas.

Aunque ya existe un Plan de Movilidad Sustentable para 2030, y durante la campaña Jorge Macri anunció sus intenciones de elevar las vías del tren Sarmiento, hay otras alternativas que están en evaluación, principalmente, en el flamante Ministerio de Infraestructura que absorbió la ex Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Las ideas se encuentran en estado germinal y el optimismo para que se concreten va variando semana a semana cuando se avanzan en cuestiones profundas, por ejemplo, el del presupuesto para realizarlas. Pero siguen analizándose para ir ejecutándose en los próximos cuatro años.

Algunas podrían estar incluidas en el discurso de apertura de sesiones legislativas que Macri dará en la Legislatura. Y también fueron parte de la agenda del Jefe de Gobierno en sus viajes al exterior, en Italia precisamente, donde asistió en Roma a la canonización de Mama Antula. Allí el funcionario se reunió con referentes del transporte de Roma en un encuentro donde intercambiaron proyectos e ideas sobre tranvía y buses eléctricos. Un sistema de transporte que ya funciona en Roma y que se piensa fomentar e instalar en la ciudad de Buenos Aires.

La descarbonización del transporte público es el norte que se puso el Gobierno de la ciudad con varias opciones que podrían aplicarse bajo este concepto, como la electrificación progresiva del transporte público, la creación de circuitos que se recorran con buses eléctricos y trazas vinculantes a través de tranvías. El Casco Histórico y el corredor norte, desde Ciudad Universitaria hasta Puerto Madero, son las alternativas en estudio.

La Ciudad entiende que ya son suficientes metrobuses en funcionamiento y que ampliar la red de subte, por ahora, es inalcanzable por los costos. Por eso apuntó la mirada al tranvía y los buses eléctricos, entre otras variantes más sustentables que los vehículos a combustión. Entre los cambios, la Ciudad también está reviendo la red de ciclovías y bicisendas que desde su lanzamiento en 2009 alcanzó una extensión de 300 kilómetros. ¿Será intervenida la de avenida Del Libertador? Es una posibilidad.

“Con Eugenio Patone, Secretario de movilidad de Roma, conversamos sobre los desafíos de la movilidad sustentable en las ciudades. Estuve viendo cómo funciona el sistema de transporte público de la ciudad y su red de tranvías y buses eléctricos que circulan por el casco histórico que evalúo implementar en nuestra ciudad para mejorar la movilidad de los porteños”, expuso Macri en redes sociales luego del encuentro.

Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Sevilla son ciudades españolas que cuentan con estos sistemas que también se utilizan en Alemania, Holanda, Francia, Italia y otros países europeos. En la región, Chile y Brasil son algunos de los países que también están probando estas alternativas como ocurrió en la ciudad con la línea 59 de colectivos. De implementarse un sistema eléctrico con mayor recorrido y flota sería todo un hito y un cambio de paradigma hacia donde viaja el mundo: la utilización de las energías renovables en el transporte público.

De acuerdo al Plan de Movilidad Sustentable para 2030 a los 3.000.000 de habitantes aproximados de la Ciudad se le suman 1.400.000 que ingresan todos los días hábiles (contra los 200.000 porteños que van hacia el conurbano). Diariamente se realizan 5.400.000 de viajes con la siguiente distribución: 46,7% en transporte público, 20,7% en vehículos motorizado particulares; 26,1% a pie; 3,6% en bicicleta; y 2,2% en vehículos motorizado compartido.

Nuevo rumbo

“Utilizar energías más sustentables es algo positivo, está bien, pero la pregunta es si realmente el problema pasa por ahí. Es cierto que el transporte genera un montón de emisiones y problemas ambientales, pero el mayor problema no lo genera el transporte público en temas de emisión y contaminación ambiental, sino que es el auto particular”, sostuvo el especialista en desarrollo urbano y transporte, Sebastián Anapolsky.

“La proporción de vehículos de transporte público por sobre los vehículos particulares es ínfima. No está mal hacerlo si podemos reducir el ruido porque muchas veces la contaminación sonora es un problema grave en nuestras ciudades, pero ¿es la prioridad más importante cuando hay una dificultad para mejorar el acceso al transporte público, hacer que más personas viajen en transporte público y que menos personas utilicen el vehículo particular?”, profundizó.

Anapolsky asesora a gobiernos y organizaciones internacionales para diseñar e implementar proyectos en ciudades y áreas metropolitanas vinculados al transporte público y el urbanismo. Desde su experiencia sostiene que los sistemas de tranvías eléctricos, como ocurre en todos los casos europeos, deben estar acompañados con infraestructura de acorde de otros medios de transporte.

“Si lo único que hacemos es cambiar un motor a nafta por un motor eléctrico no estamos solucionando nada. El colectivo sigue funcionando en la misma calle, con la misma frecuencia, y lleva la misma cantidad de gente, por más que sea eléctrico. Un colectivo o tranvía en cientos de miles de autos no cambiará la contaminación, no hará diferencia importante en cuestiones ambientales”, opinó.

Como explica Pablo Belenky, ingeniero civil y planificador del transporte, muchas ciudades están avanzando hacia tecnologías que limiten el uso de combustibles fósiles y en esa búsqueda hay dos grandes grupos: los que tienen recursos (países europeos) y las que suman problemas ambientales (Santiago de Chile, por ejemplo). Celdas de hidrógeno, móviles eléctricos (a batería), eléctricos por catenaria (tranvías), o con GNC son las que se utilizan.

“Las nuevas tecnologías son más costosas que la actual (motores de combustión interna) y observan una evolución permanente por lo que existe un enorme riesgo de obsolescencia temprana. Las unidades alternativas son más caras y los costos de mantenimiento también, por eso debe analizarse exhaustivamente si hay ahorros operativos”, aconsejó.

Como parte del proceso que se inicia en Buenos Aires, el experto recomienda esperar a que maduren las tecnologías alternativas “hasta que obtengan mayor confiabilidad, menores costos y menor riesgo de obsolescencia” ya que “la coyuntura local dificulta la introducción de nuevas tecnologías”.

La Ciudad pretende subirse al tren de los cambios de paradigmas que están ocurriendo en el transporte público a nivel mundial. El contexto económico obliga al gobierno a hacer cuentas, sacar costos, proyectar, cambiar y volver a proyectar. El camino parece haberse iniciado.

Mauricio Giambartolomei

Robots luchan contra robots en la guerra en Ucrania

0

Cerca de la ciudad ucraniana de Avdiivka, un robot cuadrado se desliza por una carretera rocosa y agrietada. Serpenteando de un lado a otro, el robot -una máquina de cuatro ruedas, de altura aproximada a la rodilla- transporta carga y munición para las tropas rusas. Sin embargo, está siendo vigilado. Un dron ucraniano sobrevuela la carretera y sigue los movimientos del robot. De repente, otro dron se estrella contra el robot, haciéndolo pedazos.

El ataque, que tuvo lugar a principios de diciembre y fue reivindicado por la 110ª Brigada Mecanizada del ejército ucraniano, es uno de los cada vez más numerosos incidentes en los que se han utilizado robots poco sofisticados contra otros robots en la guerra de Rusia en Ucrania. Se han utilizado drones aéreos para vigilar o atacar a robots terrestres, soldados han acoplado armas a robots terrestres y otros pequeños robots no tripulados están siendo equipados con tecnología de interferencia para derribar drones del cielo.

Desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, los pequeños drones aéreos han desempeñado un papel fundamental en la guerra de Ucrania: miles de ellos se utilizan para vigilar el campo de batalla, observar los movimientos del enemigo y transportar explosivos. Vídeos producidos por soldados ucranianos y rusos muestran el uso de drones, a menudo en primera persona, para atacar tanques y tropas. A medida que ha ido avanzando la guerra, en los últimos meses ha ido apareciendo cada vez más otro tipo de robot: el vehículo terrestre no tripulado o UGV

«Se está desarrollando una gran cantidad de vehículos terrestres no tripulados», afirma Samuel Bendett, analista sobre Rusia del centro de estudios Center for Naval Analyses, que realiza un seguimiento del uso de la tecnología militar de drones y robótica. La mayoría de los UGV que se están desarrollando o utilizando son pequeños robots, dice Bendett, ya que los vehículos más grandes serán rastreados, observados y atacados con FPV y otros drones aéreos. «El campo de batalla ucraniano está saturado de sensores aéreos que básicamente rastrean y atacan cualquier cosa que se mueva», dice. Eso incluye a otros robots.

Los UGV que se están desarrollando en la guerra suelen ser máquinas de cuatro o seis ruedas que pueden equiparse para múltiples propósitos. Hay robots logísticos, que pueden llevar suministros al frente; robots de evacuación, que transportan heridos; y robots vinculados al combate, como los que pueden colocar o destruir minas terrestres y llevar explosivos o armas adosadas. Estos robots están en gran medida teledirigidos por humanos -tienen poca autonomía- y operan en distancias de unos pocos kilómetros.

Los vehículos aéreos no tripulados no son nuevos. Algunos de los primeros UGV se crearon en la Segunda Guerra Mundial y se utilizaron como artefactos explosivos, aunque también han aparecido en otros conflictos. Según Bendett, la mayoría de los UGV rusos desarrollados hasta la fecha han sido de fabricación casera o de bricolaje, con tropas o voluntarios que crean robots para tareas o necesidades específicas. Ucrania, hasta la fecha, ha puesto más esfuerzo militar en el desarrollo de robots terrestres, con el gobierno declarando su ambición de construir un «ejército de robots.»

Vídeos procedentes de Ucrania, compartidos por primera vez en canales de Telegram y revisados por analistas como Bendett, muestran a un dron ruso vigilando a un vehículo aéreo no tripulado ucraniano mientras avanza colocando minas. En otro vídeo, un pequeño robot de seis ruedas se acerca a un dron derribado, levantando las alas, antes de que las tropas se acerquen a él. Un tercer vídeo muestra a drones intentando destruir vehículos aéreos no tripulados que se desplazan por el suelo. En una demostración, una persona es arrastrada por el suelo detrás de un vehículo aéreo no tripulado. A principios de enero, Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro ucraniano, anunció un vehículo aéreo no tripulado con una «torreta automatizada» que, según dijo, también puede transportar munición y provisiones a los combatientes.

Antes de la invasión rusa, la empresa de Taras Ostapchuk fabricaba postes para el alumbrado público; ahora construye robots y drones FPV para el esfuerzo bélico de Ucrania. Con el apoyo de la agrupación ucraniana de tecnología militar Brave1, Ostapchuk ha desarrollado tres tipos de robots, todos ellos llamados Ratel. Uno es un robot «kamikaze» de cuatro ruedas que puede llevar explosivos atados o colocar minas terrestres; los otros dos robots pueden transportar equipos o llevar heridos. Según Ostapchuk, ya se han entregado más de 45 a las fuerzas armadas.

El pequeño robot, afirma Ostapchuk, tiene un alcance de 2 a 3 kilómetros, que puede ampliarse con una estación terrestre que amplifique las señales de radio utilizadas para controlarlo, mientras que uno de los robots más grandes puede ser controlado por un humano a una distancia de 40 a 60 kilómetros por detrás de él. En algunas zonas de Ucrania, como Zaporizhzhia y la región de Donbas, Ostapchuk afirma que es crucial que los UGV cuenten con tecnología para derrotar a los drones FPV que puedan estar apuntando a objetos en tierra. «Es un gran problema, por eso instalamos este equipo», afirma Ostapchuk. En un vídeo de prueba, uno de los Ratel UGV es abordado por un dron que parece estrellarse contra el suelo y dejar de funcionar.

«Ciertamente, a medida que se utilizan más vehículos terrestres no tripulados en combate a mayor escala en ambos bandos, existe la posibilidad de que se produzcan combates entre drones, lo cual es fascinante», afirma Zachary Kallenborn, investigador adjunto no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de seguridad nacional. Sin embargo, Kallenborn advierte que no es probable que estos casos sean «decisivos o tan críticos» en el ámbito y la escala más amplios de la guerra. En cambio, afirma que la introducción de más vehículos aéreos no tripulados puede provocar un cambio en las estrategias de los implicados en la guerra. «Creo que cada vez se atacará más a los operadores y a las estructuras de apoyo que a los propios aviones no tripulados», afirma Kallenborn.

Sin embargo, a medida que se desarrollen más vehículos aéreos no tripulados, es probable que desempeñen un papel más importante en el conflicto. Ucrania ya ha tenido éxito con drones navales, afirma Kallenborn, que añade que los vehículos aéreos no tripulados permiten a los soldados realizar otras tareas y reducen en parte el riesgo para los humanos sobre el terreno, como un robot enviado en misiones de exploración. «A nadie le importa realmente si el vehículo terrestre queda destruido, excepto a los contables», afirma.

Según Bendett, hasta ahora no se han visto grandes cantidades de UGV (no está claro hasta qué punto la base industrial rusa desarrollará los robots), pero espera que el año que viene haya más experimentos con autonomía, nuevas empresas que creen más robots y más UGV con tecnología antidrones incorporada. «El objetivo de desplegar muchos vehículos aéreos no tripulados, por ejemplo, es complementar algunas de las misiones peligrosas de los soldados e impactar en el adversario tanto como sea posible», afirma Bendett.

Las turbinas gigantes son una amenaza para el futuro de la energía eólica

Hay un dicho muy extendido en la energía eólica: cuanto más grandes son los aerogeneradores, mejor funcionan y más baratos son de instalar y producir electricidad.

Es por ello que los promotores de esta fuente de energía prefieren instalarlos frente a la costa, donde su enorme tamaño (algunos son tan altos como rascacielos) pueden aprovechar las fuertes ráfagas de viento del océano sin molestar demasiado al entorno.

Sin embargo, un informe reciente publicado en Harvard Business Review desmiente esta afirmación y advierte que los costes de mantenimiento y desinstalación son más elevados de lo que se pensaba y podrían hacer inviable su uso en un futuro próximo.

Se pone en marcha la turbina eólica de madera más alta del mundo

Desde hace años se dice que el futuro de la energía eólica está en el mar. Empresas y países están invirtiendo millones en consolidar una fuente de energía que se está extendiendo por todo el mundo y que, poco a poco, puede hacernos olvidar la época en la que consumir electricidad era sinónimo de liberar toneladas de CO₂ a la atmósfera.

El tamaño de las turbinas y por qué son tan grandes

Estas gigantescas estructuras (turbinas eólicas) pueden alcanzar la altura de la Torre Eiffel y sus aspas pueden tener un diámetro de más de 250 metros, lo que les permite barrer áreas de más de 50 mil m².

(…) cuanto más grandes son las turbinas, más energía producen y menos se gasta en instalación y mantenimiento.(…)

Su enorme tamaño no es un capricho. La industria afirma que el mayor coste de estas instalaciones offshore es la mano de obra necesaria para construirlas, por lo que cuanto más grandes son las turbinas, más energía producen y menos se gasta en instalación y mantenimiento. Pero el aumento de tamaño, que hace que las turbinas eólicas sean más eficientes, también puede ser un problema grave, según un equipo de académicos.

Los costos ocultos

En este informe, los expertos en sostenibilidad ambiental Sam Aflaki de HEC Paris y Atalay Atasu y Luk N. Van Wassenhove de la escuela de negocios INSEAD sostienen que los costos involucrados en la instalación de una turbina eólica no se limitan solo al costo de las turbinas.

También incluyen los costos asociados con la instalación de plataformas offshore robustas y duraderas, la logística marítima y extensos cables submarinos para conectar estas turbinas a la red terrestre a muchos kilómetros de distancia.

Estas tareas se vuelven difíciles y costosas a medida que aumenta la distancia de la costa y a menudo requieren embarcaciones y equipos especializados, sin mencionar los mayores riesgos para los trabajadores, afirman los autores.

Sin embargo, según su análisis, la mayoría de los gastos se producen cuando las turbinas quedan obsoletas. El desmantelamiento es una operación compleja y costosa que implica el desmantelamiento de turbinas, la retirada de cimientos y cables, la logística inversa del traslado de palas y torres a tierra y la gestión responsable de residuos.

Se necesitan turbinas eólicas más pequeñas

Los investigadores utilizaron datos disponibles públicamente para crear un modelo de la vida útil de las turbinas eólicas offshoreLos cálculos muestran una relación entre el tamaño de las palas, la distancia desde la costa y el valor de vida útil de la turbina, que es lo que el equipo llama «los ingresos totales generados por la electricidad producida por una turbina menos el costo total del ciclo de vida».

Las conclusiones del análisis realizado por los investigadores son claras. Aunque las turbinas de mayor tamaño son generalmente más eficientes, esta eficiencia varía en función de la distancia a la costa y del tamaño ideal de las palas, lo que se ve claramente afectado por el nivel de mantenimiento y los costes de final de vida. Por lo tanto, las palas más pequeñas pueden ser más adecuadas para proyectos más alejados de la costa, afirman.

Cuestionan nombramientos y salarios altísimos en el ENRE

0

El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) vive en una dimensión paralela al ajuste que aplica Javier Milei a través de la licuación de ingresos, que puso el salario en caída libre. Como interventor del organismo, colocado en ese puesto por el gobierno libertario, Darío Arrué designa amigos con contratos millonarios y dispone ascensos extravagantes de un puñado de confidentes.

Arrué es un viejo conocido del ENRE, donde se jubiló hace un año y medio después de ser desplazado de la jefatura del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales. A fines de diciembre, se puso el traje de interventor embolsando un salario que supera los tres millones de pesos, pero también se tomó revancha con sus antiguos detractores: redujo sueldos arbitrariamente y desplazó a técnicos de carrera para colocar personas de su entorno, sin calificación profesional para fortalecer la gestión.

Al margen del ajuste de Javier Milei

Una de las primeras designaciones fue la del abogado especialista en temas tributarios y derecho administrativo Eliseo Segura, a quien informalmente se lo presenta como «el enviado de Eduardo Rodríguez Chirillo«, el secretario de Energía de la Nación. Así lo hace valer ya que opera como un jefe de Gabinete de Arrué, centralizando todos los dictámenes y resoluciones del organismo. Con cierta trayectoria en el derecho corporativo, centralmente en tema de telecomunicaciones, embolsa dos millones de pesos más adicionales.

Durante el mes de enero, sin la aprobación administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Arrué puso en vigencia una nueva estructura organizativa del ENRE que le permitió refornular todas la áreas, desplazar personal de carrera y ascender a personas de su confianza pero carentes de expertise técnico.

El caso más gráfico es el de Jorge Iglesias, un agente del ENRE sin formación que fue designado con la máxima categoría del organismo, que le garantiza ingresos por dos millones de pesos como jefe del sector de Atención a Usuarios, un área clave frente a la hora de resolver interrupciones o inconvenientes del suministro eléctrico.

Javier Milei aplica un fuerte tarifazo en el servicio de energía eléctrica. El ENRE aplica el salariazo.

Nepotismo versión libertaria

La esposa de Iglesias, Andre Erdini, también se alzó con una designación. En este caso, por 1.300.000 pesos, como jefa de la división de Administración y Despacho de Secretaría del Directorio.

Iglesias, además, consiguió designar a Gabriela Monlezum como asesora y garantizarle una mensualidad de $1.682.550.

La intervención del Departamento de Administración del ENRE, allí donde se definieron aumentos de hasta 300% para los hogares y comercios del AMBA, se materializó con el desembarco de dos economistas, María Cristina Tonnelier y Marcelo Angel Biach, con ingresos por dos millones de pesos por cabeza.

Amigos son los amigos

En su regresó, Arrué también recuperó a varios amigos ya jubilados. Entre ellos, Aldo Furnari, un empleado interno de 80 años que se jubiló en 2012, pero ahora será jefe de Departamento con el salario más alto de la categoría, $1.700.000. También se reincoporó Gastón Noguez, otro exempleado, de 73 años, que desplazó al ingeniero a cargo del Área de Seguridad Pública y ocupará su cargo por un monto similar.

Según calculan en el sector, los ingresos y las recategorizaciones ordenados por el nuevo mandamás implican la erogación de 22 millones de pesos mensuales adicionales en las partidas del organismo.

Más de 400 empresas se inscriben para la explotación offshore en Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredon y el Clúster de Energía de Mar del Plata, vieron con beneplácito la inscripción de más de 400 empresas en los últimos 10 días en el registro de proveedores de servicios y productos para la industria offshore, informó este mediodía la comuna marplatense.

La Secretaría municipal de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, confirmó el éxito de la convocatoria dirigida a PyMEs e interesados en ofrecer servicios e insumos para la actividad offshore.

Al mismo tiempo, la comuna recordó que quienes no se hayan registrado desde que se abrió la carpeta el pasado 15 de febrero, aun están a tiempo y puede hacerlo completando el formulario en bit.ly/registrooffshoreMdP

En el relevamiento de datos realizado, se destaca que el 63% de los inscriptos provienen de la región Mar del Plata, visibilizando la fuerza del entramado empresarial local, mientras que el 37% restante proviene de diversas regiones del país.

Asimismo, cabe destacar que más del 48% de los interesados han sido previamente proveedores de empresas hidrocarburíferas, expresa el comunicado municipal.

Con respecto al tamaño de las empresas, es notable la amplia participación de microempresas, representando casi la mitad del total, seguidas por un 32% de empresas medianas.

Los rubros más ofertados son: servicios de ingeniería y consultoría, fabricación de estructuras metálicas, otros servicios industriales y mantenimiento de equipos, entre otros, lo que refleja la variedad y la calidad de las capacidades disponibles en la región.

En este marco, el titular de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, manifestó: “Nos parece fundamental conocer el potencial de nuestra región, empezar a trabajar con las empresas que pueden prestar servicios a la industria. Es muy valioso el aporte que hace el clúster de energía a nivel local, aglomerando este tipo de empresas”.

“En la medida que la industria empiece a desarrollarse, la región estará preparada para recibirla: por la potencia de la industria, las capacidades, el recurso humano, las universidades, la capacidad de innovación de los marplatenses. Porque existe una masa crítica de empresas que ya trabajan para el sector, que es muy importante, y que pueden generar nuevos desarrollos de forma rápida”, agregó.

El registro de proveedores es una herramienta invaluable para la difusión de potenciales empresas proveedoras de servicios e insumos para la actividad petrolera Offshore.

Esta iniciativa municipal no solo fomenta la generación de empleo de calidad, sino que también impulsa el crecimiento y desarrollo local, promoviendo la innovación y la productividad en nuestra región.

Un robot manejado desde la Tierra realizó la primera cirugía en el espacio

0
  • El experimento demostró la viabilidad de la cirugía remota en el espacio. Se abren nuevas perspectivas para la medicina, tanto en el espacio como en la Tierra.

Por primera vez en la historia, un grupo de científicos consiguió operar desde la Tierra un robot quirúrgico ubicado en la Estación Espacial Internacional.

El robot cirujano se llama spaceMIRA, y es similar a un brazo. Mide apenas 76 cm. y pesa poco menos de 1 kg. Desde el laboratorio en Lincoln, Nebraska, seis médicos lo operaron por control remoto y el robot logró realizar correctamente las incisiones quirúrgicas previstas.

SpaceMIRA (Miniaturized in Vivo Robotic Assistant) es un desarrollo conjunto entre la empresa Virtual Incision Corporation y la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL). Llegó a la Estación Espacial Internacional a principios de febrero.

En este primer experimento el robot no operó a un ser humano real, sino que realizó los cortes sobre bandas elásticas que simulaban tejidos, músculos, tendones y vasos sanguíneos humanos. Las bandas estaban dentro de un casillero experimental del tamaño de un microondas.

Los médicos en la Tierra debían sortear dos grandes desafíos. La gravedad cero y el pequeño retraso en la respuesta, ya que, debido a la distancia de 400 km a la que se encuentra la Estación, el robot responde aproximadamente medio segundo después de que se opera la orden desde Tierra. Esto obligó a los médicos a recalcular sus maniobras.

Un cuarto de segundo o medio segundo es muy significativo, así que esto fue un gran desafío, dijo el cirujano Michael Jobst, uno de los operadores de spaceMIRA. “Pudimos ver la mano izquierda con una pinza, y la mano derecha con un par de tijeras. Pudimos sostener las bandas, agarrar las tijeras y cortarlas”, explicó Shane Farritor, Director de Tecnología de la compañía. “Fue una pequeña banda elástica, pero un gran paso para la cirugía”, dijeron los médicos, entre aplausos, cuando terminó la intervención.

El spaceMIRA es una evolución de MIRA, el primer dispositivo miniaturizado de cirugía asistida por robot (miniRAS). El diferencial de ambos modelos, según la propia compañía, es su tamaño pequeño y su portabilidad, que busca hacer más simple y accesible la cirugía remota. No solo en el espacio. También en la Tierra.

Los humanos habitan la Estación Espacial Internacional desde hace dos décadas. En general, los astronautas tienen muy buena salud cuando salen de la Tierra, por lo que sus consultas médicas remotas casi nunca representan problemas físicos graves.

Pero los tiempos están cambiando. A medida que la tecnología lo permita, los viajes espaciales serán más largos y las estadías en cuerpos celestes, más prolongadas. Así que la cuestión del abastecimiento y la provisión de servicios es cada vez más prioritaria para las agencias espaciales.

medicina
La cirugía remota en el espacio ya es una posibilidad real.

Sin embargo, y como sucede con muchas innovaciones, esta nueva tecnología para cirugías remotas tiene aplicaciones potenciales que van mucho más allá de la conquista espacial.

“La cirugía remota podría impactar potencialmente la atención médica en el espacio y en todo el mundo. Sólo en Estados Unidos, un tercio de los condados no tienen actualmente acceso a un cirujano local, y la escasez de cirujanos podría aumentar a más de 30.000 en los próximos diez años”, informa el sitio de Virtual Incisión.

Su presidente, John Murphy, ratificó esta idea: «Por muy emocionante que sea tener nuestra tecnología en el espacio, esperamos que el impacto de esta investigación sea más notable en la Tierra«, dijo.

La misión de demostración de tecnología 2024 está financiada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Universidad de Nebraska, a través del Programa Establecido para la Investigación Competitiva (EPSCoR).