Es un trabajo de un consorcio internacional del que forman parte profesionales del CONICET. El estudio comparativo arrojó coincidencias entre los marcadores que presentan personas provenientes de Argentina y Chile y los hallados en comunidades europeas.
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que se configura como la forma de demencia más común y uno de los principales problemas de salud mundial, ya que afecta a más de 55 millones de personas, cifra que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría llegar hasta los 78 millones en 2050.
Sus causas no se conocen con precisión, pero diversos estudios han permitido establecer determinados marcadores genéticos que forman parte de un índice de riesgo genético (GRS, por las siglas en inglés para Genetic Risk Score), es decir, un sistema de puntuación que permite evaluar y establecer el grado de riesgo que tiene una persona de padecer, primero, un deterioro cognitivo leve y, luego, Alzheimer u otra demencia, y de esa forma poder intervenir de manera temprana para su tratamiento.
El problema de esos análisis es que se realizan mayoritariamente sobre poblaciones europeas o asiáticas, y no necesariamente aplican a otras comunidades con distintas ancestrías o mestizajes, como es el caso de la población argentina. En ese sentido, un grupo internacional de expertos y expertas del que formaron parte profesionales del CONICET se propuso explorar la marca genética asociada a la enfermedad de Alzheimer que presentan las poblaciones de nuestro país y Chile. El estudio fue el primero en su tipo y los resultados fueron publicados recientemente en la revista Alzheimer’s & Dementia.
Los orígenes de la iniciativa se remontan a 2015, cuando la investigadora del CONICET María Carolina Dalmasso, de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, CONICET-UNAJ-HEC), se sumó a Laura Morelli, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir) e Ignacio Brusco, investigador del CONICET en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” de Buenos Aires, para comenzar a trabajar en la búsqueda de nuevos marcadores genéticos que permitieran medir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Ese fue el germen del consorcio nacional Alzheimer’s Genetics in Argentina-Alzheimer Argentina (AGA-ALZAR) que, asociado al Biobanco Europeo de Alzheimer y Demencia (EADB, por las siglas en inglés de European Alzheimer’s & Dementia Bank), tuvo un primer resultado importante en 2022, cuando se pudo identificar 42 nuevos marcadores que se sumaron a los 33 que se conocían hasta entonces.
Ese estudio, con datos de 111 mil personas con Alzheimer y casi 680 mil individuos cognitivamente sanos que oficiaron respectivamente de casos y grupo control, fue el más grande realizado hasta el momento en la temática. “Lo que ocurre es que no todas las poblaciones son iguales, y mucho menos a nivel genético, entonces teníamos que ver y validar con muestras de nuestra población si lo que se veía en los resultados europeos aplicaba acá”, explica Dalmasso. Para avanzar en esa línea, el equipo recolectó muestras de Argentina y Chile –539 de pacientes y 854 de casos control–, cuya genotipificación, es decir la metodología utilizada para la estimación del genoma completo, se realizó en colaboración con el grupo del experto chileno Alfredo Ramírez, del Hospital de Clínicas de la Universidad de Colonia, Alemania, donde Dalmasso se desempeñó por casi tres años hasta terminada la pandemia por la COVID-19.
“La importancia de este trabajo es que es el primero que reporta el análisis del genoma completo asociado a la enfermedad de Alzheimer en poblaciones del Cono Sur. La limitante es la cantidad de muestras, ya que lo hicimos sobre 1.393, un número sensiblemente inferior a los que sirven como base para otras iniciativas europeas. Pero ya estamos en diálogo con colegas de Brasil, Colombia y México para hacer algo más grande y representativo de Latinoamérica, una región muy diversa no solo culturalmente sino también en su composición genética de ascendencia. Es probable que esa diversidad tenga un impacto en la distribución de los determinantes genéticos del riesgo de desarrollar la enfermedad”, cuenta la experta.
El estudio se completó con la combinación de los resultados con la base de datos del EADB con el objetivo de probar el rendimiento de GRS en las poblaciones de Argentina y Chile: “Hay una genética compartida, ya que el índice presentó un desempeño similar para estas poblaciones, pero el puntaje disminuyó a medida que aumentaba la ascendencia nativa americana”
Ahora, el objetivo del equipo es aumentar el número de muestras y continuar con los estudios genéticos con la premisa de detectar marcadores genéticos distintivos de la población argentina. Según comenta Dalmasso, “estudiar la mayor cantidad de poblaciones posibles nos va a llevar a afinar el conocimiento sobre cuáles son los mecanismos y los genes afectados, y esto no solo nos dará información sobre las causas de la enfermedad, sino también permitirá optimizar su diagnóstico y tratamiento, la detección temprana y la implementación de estrategias terapéuticas más precisas”.
En ese sentido, actualmente el equipo liderado por Dalmasso y Paula González, investigadora del CONICET y directora de la ENyS, está llevando a cabo un nuevo reclutamiento de pacientes adultos que se atienden en los consultorios de Atención Médica Integral (AMI) del Hospital de Alta Complejidad El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner” (HEC) de Florencio Varela –donde está asentada la ENyS– y de voluntarios/as sanos/as que deseen participar del estudio.
En el marco del aumento de casos de Covid-19 que se registró en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, tranquilizó a la población y aseguró que se trata de “algo frecuente”.
“El Covid tiene un ciclo de aumento de casos en otoño-invierno, y otro más que se suele asociar a los encuentros sociales”, explicó y atribuyó así los contagios a los festejos de Navidad y Año Nuevo.
“Es un período de encuentro social y eso facilita el contagio”, afirmó.
Tras ello resaltó: “Hemos salido del drama del Covid y quedó como una enfermedad infectocontagiosa más. Lo que hay que hacer es no preocuparse y mantener la campaña de vacunación”. Al mismo tiempo, el funcionario del gabinete de Jorge Macri destacó que quien quiera aplicarse una nueva dosis de la vacuna puede hacerlo en los hospitales públicos y centros ambulatorios de la Ciudad, pidiendo un turno a través de la web o asistiendo de forma presencial.
Además, reiteró que el aumento de contagios que registraron desde diciembre es un fenómeno que se da todos los años. “Hasta ayer teníamos cuatro pacientes en terapia intensiva y cerca de 18 en sala general en todos los hospitales públicos de la Ciudad. Estamos transitando una de las famosas olas, pero que es mucho menos fuerte que antes. El hisopado masivo en hospitales ya no es necesario, solo para los grupos de riesgo y a los que se internan”, indicó y agregó: “Cuando hay aumento de casos, algunos de ellos se vuelven graves, sobre todo los que no están protegidos con la vacuna”.
Al resaltar la importancia que tiene mantener el calendario de vacunación actualizado, el ministro confirmó que a partir de ahora es necesario darse sólo una dosis al año. “La vacuna ya no cuenta por número de dosis, sino que te das una vacunación anual que tiene el cambio genético del virus que está circulando este año”, afirmó.
Actualmente, en la Ciudad se están aplicando dosis de la vacuna ambivalente de los laboratorios Pfizer y Moderna. “Es importante que se la den al menos una vez al año, especialmente los grupos de mayor riesgo: mayores de 50, con enfermedades preexistentes”, agregó Quirós. Además, sugirió que -para facilitar el proceso a la población- se den la vacuna contra el Covid el mismo día que la de la gripe, ya que se pueden coadministrar sin ningún inconveniente.
Según el Ministerio de Salud, aunque no pudieron establecer un número concreto de casos, se reportaron mayores consultas y testeos por síntomas de Covid, lo que provocó un aumento en el número de resultados positivos.
Una nueva variante en Estados Unidos
Al igual que en la Argentina, en Estados Unidos surgieron preocupaciones sobre el aumento de contagios de Covid que parece tener una nueva variante dominante, identificada como JN.1. Esta cepa fue encontrada en uno de cada tres casos y demostró ser especialmente resistente, ya que afecta incluso a aquellos que fueron vacunados o que superaron la enfermedad en el pasado.
La variante JN.1 tiene la mayoría de lossíntomas identificados con la enfermedad,como flujo nasal, tos, dolor de cabeza y hasta la clásica pérdida del sentido del olfato y el gusto que caracterizó al Covid. No obstante, las personas que se contagiaron con la nueva variante también reportaron dos nuevos efectos: ansiedad y problemas para dormir.
En Julio de 2022 publicamos esta nota. En la que Joaquin Walman advertia que habiamos entrado en una situación distint, de una inflación que se alimenta a si misma. Y que cambios bruscos en los precios relativos -incluido el del dolar- so pretexto de «sinceramiento», solo podian empeorarla. Eso es lo que ha sucedido.«La reacción de los mercados y de las empresas frente a la renuncia de Guzmán y a las primeras medidas de Batakis -destinadas justamente a moderar las expectativas- confirma que la economía argentina ingresó en un “régimen de alta inflación”. En esta nota, Joaquin Waldman explica lo que eso significa. Aclaramos que fue escrita y publicada ANTES de la renuncia del ministro.
«El proceso inflacionario local está ingresando en una nueva fase que entraña consecuencias y riesgos diferentes a los que nos tiene acostumbrados
La inflación en el primer trimestre alcanzó un ritmo anualizado de 81%, mostrando grandes diferencias entre cada mes y el siguiente. En marzo, un importante salto de los alimentos llevó a la inflación a alcanzar el 6,7% mensual (118% anualizado), casi el doble del ritmo de enero (3,9%) y cerca del triple del de noviembre (2,5%).
Esta suba puede atribuirse solo parcialmente al incremento del precio internacional de granos y derivados que provocó la invasión de Ucrania. Si esta hubiera sido la causa, otras economías como la brasileña o la uruguaya habrían mostrado subas similares, aunque sea en la categoría “alimentos y bebidas”. Sin embargo, en ambos países la inflación de alimentos fue de “apenas” 2,4%.
Además, todos los rubros del índice de precios argentino subieron por encima del 3%, independientemente de su vínculo con los precios internacionales.
La inflación en Argentina no es novedad, pero el fenómeno fue mutando y muestra hoy tres características distintivas respecto a su pasado reciente: 1) El dato de marzo fue el más alto de los últimos 20 años. 2) Como si fuera poco, representa un cambio brusco respecto a la dinámica previa, sin que haya habido una fuerte devaluación que lo justifique. 3) En este escenario, no resulta obvio que la inflación de los próximos meses vuelva a ubicarse por debajo del 5%, y el debate público parece haber olvidado la pregunta por la inflación de los años venideros (los especialistas consultados por el Banco Central apuestan a que la inflación de 2023 se ubicará en algún lugar del amplio rango entre 33% y 79% anual).
El crecimiento de los precios en los últimos doce meses, la medida que se utiliza usualmente como termómetro de los precios para tomar decisiones, hoy en día nos resulta obsoleto.
Los tres elementos mencionados (el nivel de la inflación, su volatilidad y el acortamiento de los plazos de referencia) nos dan la pauta de que nuestro país dejó atrás el proceso de inflación moderada en que estaba sumido desde hace 15 años, ingresando definitivamente en un régimen de inflación alta.
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Este fenómeno implica un acortamiento general del horizonte de planeamiento y la desaparición de los contratos a mayores plazos (¿quién de ustedes ha visto un préstamo hipotecario?).
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La rápida desvalorización del dinero también hace que muchas transacciones se indexen automáticamente (las jubilaciones, los plazos fijos UVA, los alquileres, entre otros) o deban renegociarse con una frecuencia mayor. Esto sucede también con las discusiones salariales. Tal como afirmó Omar Plaini, dirigente de la CGT, “las paritarias las hemos puesto en términos anuales, después se empezaron a discutir semestrales y ya hay organizaciones que están discutiendo trimestralmente. Si seguimos así, vamos a discutir todas las semanas”. En este sentido, el Ministerio de Trabajo difundió en la última semana la firma de 17 acuerdos paritarios. Solo 5 de estos pactos no volverán a discutirse antes de fin de año.
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En general, la relación entre la inflación y el nivel de producción y empleo es ambigua. En contextos de baja inflación, una aceleración de los precios puede estar asociada a una caída del desempleo, mientras que una recesión puede enfriar las remarcaciones y reducir la inflación. En nuestra situación actual, la dicotomía entre crecer y desinflar no tiene vigencia: la alta inflación dificulta el normal funcionamiento de la economía y tiene un efecto marcadamente negativo sobre la actividad, el empleo y los ingresos reales.
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Por este motivo, reducir la inflación sería positivo para retomar el crecimiento sostenido, una cualidad que perdimos hace una década. La dificultad reside en que los comportamientos generados por la alta inflación prolongan su duración y complican una salida sencilla. Por ejemplo, como fue dicho, en presencia de alta inflación los salarios se discuten más seguido. Esto es beneficioso para los trabajadores formales, ya que impide que sus sueldos pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, también hace que las empresas recalculen sus costos salariales con mayor frecuencia, trasladando los aumentos de salarios a aumentos de precios.
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Así, cada ‘mala noticia’ inflacionaria (en este caso, el salto de los alimentos) se convierte en un reclamo salarial y posteriormente en una remarcación de un bien o servicio final. En este proceso, cada suba de algún producto se propaga rápidamente al resto de precios, afectando a la inflación general. La indexación también contribuye a esto, ya que las mismas subas se incorporan a la fórmula de movilidad previsional, las inversiones financieras, los préstamos y los alquileres.
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Dos conclusiones pueden desprenderse de esto. En primer lugar, encontrar el camino de regreso a una inflación del 20% o 30% anual no será sencillo. La alta inflación posee cualidades diferentes a la inflación moderada y su reversión puede llevar años (Argentina convivió con ella, por lo menos, de 1975 a 1991). Mientras dure, cualquier precio que no se actualice con suficiente velocidad queda rápidamente atrasado, generando problemas en la economía real. En segunda instancia, los riesgos de este régimen son mayores.
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La propagación más veloz de los shocks puede hacer que una serie de malas noticias lleve a una espiralización de los precios.
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La combinación de estos elementos muestra la importancia de las políticas macroeconómicas. En este contexto, subas muy grandes o retrasos demasiado considerables del dólar pueden tener graves efectos sobre la economía. La primera de estas medidas podría acelerar peligrosamente la inflación, a la vez que abortaría la recuperación en curso. La segunda derivaría en un creciente déficit externo que, considerando la escasez de reservas internacionales, también desembocaría en una devaluación. Para peor, un eventual deterioro de nuestros precios de exportación podría agravar la disyuntiva. La cuestión tarifaria sirve de ejemplo: la indefinición sobre el precio de la energía se postergó hasta que la situación internacional se tornó desfavorable. Esa demora hoy provoca que la suba de subsidios lidere un déficit fiscal creciente. El desafío -tanto para el tipo de cambio como para las tarifas- consiste en coordinar aumentos sin que la inflación deteriore las cuentas externas y fiscales, y sin que la mejoría de las mismas se lleve puesta a la economía interna.»
El día que asumió como presidente, Javier Milei aseguró que “va a haber una estanflación”. Si bien la economía argentina convive desde hace varios años con períodos de estancamiento y elevada inflación, diversos factores confluyeron para que en los últimos meses la caída de la actividad se profundice. Y, tal como advierten los analistas, las perspectivas en el corto plazo no son alentadoras.
El último dato oficial corresponde al EMAE de octubre, que dio cuenta de una retracción del 0,1% frente al mes anterior, para acumular una contracción de 1,4% en diez meses. Una caída que respondió, mayormente, al impacto de la sequía en el agro y sus derivaciones.
Lo cierto es que el freno de la actividad se acentuó en los últimos meses. El INDEC informó caídas en la industria y la construcción durante noviembre y datos sectoriales reflejaron también números negativos en diciembre.
En el último mes de 2023, las ventas minoristas pymes tuvieron un derrumbe anual de 13,7%, y finalizaron el año con una baja del 3,4%, según la CAME. La entidad también informó que las ventas por Reyes Magos retrocedieron 13,6% anual.
El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos de insumos para la construcción al sector privado, registró un descenso de 14,8% mensual y 17,4% interanual en diciembre. En tanto, según la Asociación de Fabricantes de cemento portland (AFCP), los despachos de cemento tuvieron su peor diciembre en cuatro años: cayeron 20,5% respecto de noviembre, y 12,9% frente al mismo mes de 2022.
La aceleración inflacionaria y la incertidumbre, en un escenario marcado por el cambio de gobierno y las nuevas medidas económicas, fueron algunos de los factores que impactaron en distintas ramas de la actividad en los últimos meses. Y que, según estiman analistas, “profundizó la tendencia estanflacionaria” que ya mostraba la economía argentina.
Inflación, caída del salario e impacto en el consumo
“La actividad económica comenzó a enfriarse a partir de septiembre, que junto a octubre mostraron caídas mensuales leves, según los últimos datos del EMAE del INDEC. Lo que ya dio cuenta de que la economía estaba comenzando a encontrar un freno en su dinámica”, señaló a Ámbito Santiago Manoukian, Jefe de Research en Ecolatina.
Ese freno, sostuvo el analista, “se empezó a profundizar a partir de noviembre y más aún en diciembre”. “Producto del impacto de la aceleración inflacionaria sobre los ingresos reales de la población: con una caída del salario real que estamos previendo para diciembre cercana al 10%, que va a ser la más alta probablemente desde abril de 2002. Eso va a afectar claramente al consumo, que es el principal dinamizante de la economía de corto plazo: representa 70% del PBI”, detalló.
“Entonces, eso va a profundizar, en forma acentuada, la tendencia estanflacionaria que viene mostrando la economía desde 2011 hasta la fecha. No es algo nuevo, pero sí creemos que eventualmente uno podría llamarlo como ‘shock estanflacionario’, porque en estanflación ya venimos conviviendo hace varios años”, agregó Manoukian.
“Va a ser una recesión fuerte”, aseguró el economista, quien señaló que los distintos indicadores sectoriales “son las primeras muestras de esa recesión que se va a profundizar desde los últimos meses del 2023 y en este comienzo del 2024”.
Actividad económica: qué puede esperarse a futuro
Por su parte, según explicó Francisco Ritorto, economista de la consultora ACM, durante buena parte de 2023 se evidenció un proceso de “adelantamiento de consumo”, como forma de proteger el poder adquisitivo frente a una elevada inflación. Lo que, de alguna manera, permitió “atenuar la caída de la actividad”.
“Es probable que tal proceso se vaya diluyendo en los meses por venir, ya que el impacto en los ingresos reales puede resultar significativo, principalmente por la aceleración inflacionaria que se espera a partir del realineamiento de precios relativos”, aseguró.
“Adicionalmente, en los últimos meses comenzamos a ver recorte en los crecimientos de las industrias líderes (automotores e industrias metálicas básicas), mientras que el resto de los sectores industriales manufactureros profundizan su tendencia contractiva. Dicho escenario se vuelve similar para la actividad económica en general, lo que implica un panorama restrictivo para el primer trimestre de este año, en donde se profundiza a partir de un ‘reordenamiento’ de la actividad que comenzamos a observar”, agregó Ritorto.
De todas formas, el economista sostuvo que los “sectores de actividad con capacidad exportadora, probablemente mejoren sus desempeños y logren ‘amortiguar’ la caída de la actividad general”. “Por el otro lado, los sectores de actividad mayormente relacionados al mercado interno y a los bienes de consumo durables, se verán fuertemente afectados por una caída en el poder de compra de los salarios y peores condiciones de financiamiento. Resta ver cómo evoluciona el consumo en el resto de los bienes -como alimentos y bebidas- en un escenario como este, ya que podría revertir lo observado el año pasado, en donde dicho sector presento de los peores desempeños”, concluyó.
El impacto “atraviesa todas las actividades”
Hernán Letcher, director del CEPA, sostuvo que el impacto de la inflación en el poder adquisitivo y en el consumo “atraviesa todas las actividades”. Y, en base a distintas experiencias, explicó: “Hace unos días un comerciante me dijo que antes vendía 50 bolsones de gaseosa y hoy vende 10, mucha gente se pasa al jugo en sobre. Otra comerciante me escribió: ‘Se nos hace imposible, no hay ventas y no podemos aumentar los precios. No quiero echar gente, pero como viene la mano, va a estar difícil’. Un productor de cerdo de Santa Fe, dijo que las ventas cayeron un 30%, pese a que el cerdo vale un 30% menos que el vacuno”.
“En fin, la mayoría de diversos sectores dan cuenta de una caída de la actividad sensible en el mes de diciembre. Allí se cruzan diferentes variables: el aumento de los precios es la principal, también en parte la incertidumbre. Pero, probablemente en diciembre y en enero haya un impacto en la mayoría de las actividades”, concluyó.
Expertos en sismología argentinos e italianos cooperaron para completar las siete instalaciones permanentes argentinas con el instrumental adecuado para seguir contribuyendo al monitoreo sísmico mundial.
Dos expertos en Sismología del Instituto italiano de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste (OGS), en cooperación con el Instituto Antártico Argentino (IAA), llegaron a la Antártida el sábado como parte de la dotación científica del buque ARA Almirante Irízar para construir una nueva estación de la red sismográfica argentino-italiana, por primera vez en Base Petrel, y completarán las siete bases permanentes argentinas con instrumental sismológico para seguir contribuyendo al monitoreo sísmico mundial.
Además de trabajar en Petrel, también lo harán en las bases antárticas argentinas permanentes Marambio, Carlini, Orcadas, Esperanza, San Martín y Belgrano II, donde realizarán el mantenimiento y actualizarán el instrumental sismológico de cada uno de los observatorios instalados.
«La tarea especial que tenemos durante esta Campaña Antártica de Verano (CAV) es empezar una nueva estación de sismógrafos en la Base Petrel. Tenemos los materiales que necesitamos para la construcción y vamos a ver si la podemos dejar funcionando ya este año», dijo a Télam Milton Plasencia Linares, investigador oriundo de Perú, licenciado en Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctor en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Trieste, ciudad italiana en la que vive y trabaja para el OGS.
La creación de la red argentino-italiana de sismógrafos (Asain) comenzó en 1992 en Base Esperanza.
Todas las estaciones sismográficas de esta red instalada en bases argentinas transmiten en tiempo real los datos que relevan y son de libre acceso para todo el mundo sismológico, destacó Plasencia Linares.
La sismología es una ciencia que estudia los terremotos que se producen de forma únicamente natural, y también fenómenos como las activaciones de volcanes submarinos o externos y la rotura de hielos por cambios estacionales (témpanos), definió el experto mientras trabajaba en la Base Orcadas.
En contraposición, esta ciencia no abarca el estudio de los fenómenos provocados por acción humana, como cuando se inyecta energía en el terreno para buscar minerales con fines económicos, aclaró.
Las estaciones sismográficas antárticas consisten en un pilar sísmico y una protección para el instrumental parecido a una pequeña casa con un volumen de un metro cúbico, que alberga el sensor y lo dota de su alimentación eléctrica y de la conexión a Internet.
«Estos instrumentos son muy dependientes de las variaciones de temperatura, presión y humedad, por eso, nuestra construcción para una estación en la Antártida debe ser inmune a estas variables», explicó Plasencia Linares.
Junto a su compañero de trabajo Marco Santulin, oriundo de la ciudad italiana de Trieste y geólogo especialista en Geofísica del OGS, llevan adelante el proyecto «Sismología Itinerante», un convenio de cooperación científica entre ese centro de investigación europeo y el IAA para desarrollar y mantener la red de monitoreo sismográfico.
«El comportamiento sísmico está ligado al movimiento de las placas tectónicas y la Antártida es parte de la placa antártica, que se conecta con las otras placas que están alrededor de ella. La corteza terrestre se está moviendo y va generando tensiones, deformaciones. Los terremotos ocurren cuando se producen rupturas más grandes», detalló.
Asimismo, precisó que entre las islas Shetland del Sur y la Península Antártica (al oeste de esta), corre una falla desde isla Elefante hasta isla Decepción y hay una fila de volcanes submarinos.
Entre los últimos sucesos destacados de la actividad sísmica en el continente antártico, el científico recordó que en el 2020 se activó un volcán denominado Orca, ubicado frente a la Base Carlini, que tuvo una importante actividad volcánica debajo de la corteza, que duró alrededor de seis meses.
Además, en 2003 y 2013, en Orcadas se registraron terremotos magnitud 7+ en la escala Richter.
Por su parte, Santulin explicó que «en Antártida está la mejor posición del mundo para instalar sismógrafos porque es muy bajo el factor antrópico» o las actividades humanas relacionados con la actividad y el comportamiento del hombre.
Y destacó que la estación sismográfica que Argentina e Italia tienen instalada en la Base Belgrano II «tiene el mejor registro -del sexto continente- y es la más completa», siendo utilizada por los principales centros sismológicos del mundo debido a que «es la última estación instalada en roca».
También, la red sismográfica se destaca por la alta sensibilidad de sus instrumentos. En ese aspecto, Plasencia Linares explicó que la red es capaz de detectar un terremoto mayor de magnitud 6.2 ocurrido en cualquier parte del mundo, aunque sea en Japón, como sucedió el pasado 1° de enero.
Los movimientos sísmicos pueden provocar desprendimientos de hielo, avalanchas y causar movimiento anómalo de ondas en el mar (tsunamis), señalaron.
La red argentina italiana en Antártida llega a tener una distancia entre estaciones de unos 1000 kilómetros.
En la Antártida, la calidad del registro se ve mejorada al no haber tanta actividad humana, y esto posibilita diferenciar un terremoto tectónico, que se produce dentro de la tierra, de un desprendimiento de un glaciar (avalancha o témpano).
«Nuestro desafío es poner la estación Petrel e instrumentalizar la zona de las islas Shetland del Sur, porque nos dará una mayor precisión en las localizaciones si hay terremotos en la zona», destacó Plasencia Linares, y subrayó que por la alta tecnología de los instrumentos logra recabar la información de forma remota con un software de adquisición, detección y posterior localización de manera automática.
«Lo que necesitamos es densificar la red donde podamos. Necesitamos energía y control de la instrumentación, por eso estamos donde están las bases permanentes donde hay personal de apoyo durante el año, para que el instrumental esté activo y trabajando. De hecho, tenemos un altísimo nivel de funcionamiento: más del 95% de datos en un año, y esto es gracias a la colaboración y el mantenimiento de los invernantes», subrayó el sismólogo.
Durante todo el año los operadores informan sobre los problemas que se presentan, si hay que cambiar baterías, software o cualquier otra cosa, así cuando los expertos se dirigen a la Antártida llevan lo necesario para preparar el instrumental para afrontar el invierno. (Por Ornella Rapallini)
Por primera vez en la Argentina se autorizó la venta de unas levaduras transgénicas para la producción de bioetanol a partir de la fermentación de granos. Si bien la decisión, publicada en el Boletín Oficial de este martes, es para una empresa en particular –Danisco Argentina– es considerada “auspiciosa” por toda la industria.
Expertos destacaron que la primera levadura transgénica que mejora la eficiencia en la elaboración de etanol:aumenta hasta tres por ciento la eficiencia de conversión de grano en ese biocombustible.
Se autoriza también a que la burlanda derivada del proceso industrial podrá ser utilizada como alimento para ganado. La resolución 3/2023 de la Secretaría de Agricultura, con la firma de su titular Fernando Vilella, indica que la empresa autorizada deberá suministrar en “forma inmediata” a la autoridad competente “toda nueva información científico-técnica” que surja sobre las levaduras “Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03486 (GPY10009) y Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03506 (GPY10023)” que son las autorizadas a comercializarse.
La autorización definitiva, aclara la resolución, será otorgada “previa evaluación del cumplimiento de los requisitos que establezca la reglamentación” conforme los procedimientos a ser instrumentados por la Dirección Nacional de Bioeconomía.
La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) ya determinó que, evaluada la levadura, “no implica un riesgo adicional para el agroecosistema respecto a su variante no modificada”.
También el Senasa concluyó que la burlanda derivada de ese proceso es “apta para el consumo animal” aunque advierte que la “presente conclusión no se hace extensiva a cualquier desvío del uso propuesto de la levadura Saccharomyces cerevisiae Cepa GICC03486 (GPY10009).”. Ambas evaluaciones se hicieron a lo largo del año pasado y las conclusiones se dieron a conocer hace unos meses.
Patrik Adam, consultor en biocombustibles, precisó a este diario que la decisión es “un paso adelante: las levaduras GMO nos permiten aumentar la productividad. Se usan en muchos países y era una desventaja competitiva no poder usarlas. Implican una ganancia de productividad de hasta 3%”. Añadió que “hace años” que la industria viene planteando el tema.
Danisco Argentina, la empresa autorizada, está instalada en Arroyito (Córdoba). En la página de la Municipalidad destacan que es la “única planta” del país que produce “catalizadores enzimáticos”. Se encarga, efectivamente, de desarrollar “soluciones innovadoras de aditivos alimentarios para permitir una producción ganadera sostenible y sin antibióticos”. DuPont había adquirido la compañía en 2011 y diez años después realizó una escisión de toda la división de Nutrition & Biosciences que se fusiona a nivel global con la compañía IFF (Interational Flavors and Fragrances) que es la que comercializará la levadura. Iff además de la planta de Arroyito tiene dos más en Garín donde se elaboran sabores y fragancias.
Manuel Ron, cofundador de Bio-4 y actual titular de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, explica a este medio: “Es una excelente noticia para la industria; los trámites se habían presentado hace tres o cuatro años. Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, lo lleva usando hace tiempo y es un salto de competitividad importante para toda la industria del etanol de maíz”.
El Ministerio de Sanidad de España exigirá a partir de este miércoles el uso obligatorio del barbijo en hospitales y centros sanitarios, después de que no haya llegado a un acuerdo con comunidades autónomas, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sobre la obligatoriedad de su uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.
Fuentes del departamento que dirige Mónica García confirmaron que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. Las mismas fuentes precisaron que la decisión rige únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.
Ante la falta de acuerdo en la reunión del lunes por la mañana, Sanidad abrió un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las Comunidades Autónomas podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.
“Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud”, sostuvo García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión. Defendió, además, la norma al calificarla como “efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población”.
Apoyo dividido
El pasado viernes, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de barbijos en centros de salud mientras que otras Comunidades Autónomas se opusieron a la medida, entre ellas Castilla y León. Por otro lado, Aragón, que anunció la obligatoriedad solo para el personal sanitario, amplió en las últimas horas la obligatoriedad en la portación de las mascarillas en pacientes en salas de espera.
Madrid, mientras tanto, optó por mantener la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir,en caso de que se presenten síntomas y para personas especialmente vulnerables. De igual manera, Islas Baleares no descarta imponer la obligatoriedad del uso del tapabocas en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimentara un crecimiento en los próximos días o semanas.
Las infecciones respiratorias, en aumento
Los médicos llevaban varios días dando la voz de alarma sobre el aumento de casos de gripe, pero también de Covid y de otros virus respiratorios. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, el porcentaje de muestras positivas en gripe ascendió del 27 al 46% en tan solo una semana, lo que supone una cifra mayor que el pico de positividad semanal a gripe de la temporada 2022-23 (36%).
Además, el 98,9% de los virus gripales identificados son de Influenzavirus A. Por el contrario, el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 en Atención Primaria desciende a 10,8% -15,4% en la semana previa- y también para VRS, que desciende a 10,3% (14,1% en la semana anterior).
Durante la pandemia, la obligación de llevar mascarilla fue ampliamente respetada en España, donde el confinamiento fue uno de los más estrictos del mundo.
“Hace veinticinco años que estoy en el rubro y una de las primeras charlas a las que asistí fue por el tritio, así que imaginate lo viejo que es este tema”, dice Juan Cantarelli, 51 años, gerente de la Central Nuclear Embalse, en Córdoba. El hombre, jura, no está enojado con la nota que publicó el análisis de un laboratorio europeo sobre las descargas radiactivas de la Central que él comanda sobre la cuenca del río Ctalamochita, aunque reconoce que las repercusiones lo obligaron a salir a contestar.
“No hay contaminación radiactiva porque los valores de tritio encontrados son prácticamente insignificantes”, asegura.
La respuesta de Cantarelli está dirigida al informe difundido por Cristian Basualdo, periodista y miembro del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) y Silvana Buján, integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, quienes enviaron una muestra de pescado del lago Embalse –tararira– al laboratorio de la CRIIRAD –una asociación sin fines de lucro con sede en Francia– para determinar el tritio ligado biológicamente a la muestra en cuestión. El estudio detectó 154 Bq/L (los bequerelios son la unidad de medida para la presencia de material radiactivo por litro de “agua de combustión”, que es la forma utilizada para detectar tritio ligado orgánicamente), un valor 70 veces superior al nivel natural típico. Vale recordar que el tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno que tiene la particularidad de hacer que el agua, la sustancia más presente en los seres vivos, se vuelva radiactiva.
“El tema es siempre el mismo –insiste Cantarelli–; se parten de datos ciertos, no cuestionamos los números, pero la interpretación es antojadiza. Ellos (en referencia a Basualdo y Buján) son antinucleares declarados por lo tanto es muy difícil moverlos de ese dogma”.
Más allá de sus opiniones, el gerente también aporta números. Actualmente, los niveles de tritio en el agua del lago de Embalse rondan los 300 Bq/L. Muy por debajo de los 10.000 Bq/L que es el nivel máximo de referencia postulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua de consumo.
“Nosotros vivimos al lado del lago, no somos ajenos a la problemática que pudiera haber. Bebemos esa agua y con esa misma agua preparamos la comida que se sirve en el comedor de la Central”, remarca el gerente.
Cuestión de fondo
Cómo ya se dijo, la polémica no es novedosa. Nucleoeléctrica, la empresa estatal que opera las centrales nucleares argentinas, como la Autoridad Regulatoria Nuclear, efectúan monitoreos radiológicos que incluyen el tritio en las aguas ambientales. En 2018, esas mediciones revelaron la presencia de 23.456 Bq/L en el canal de descarga de la Central Nuclear Embalse, cifra que llevó al Movimiento Antinuclear a concluir que el río Ctalamochita “presenta las concentraciones de tritio más altas del mundo”. Cinco años antes, en 2013, Nucleoeléctrica también informó la presencia de 1.081 Bq/L en el agua de red del barrio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Embalse. Ese índice superaba, por ejemplo, el valor máximo de 740 Bq/L que establece Estados Unidos para el agua de red. Más acá en el tiempo, en 2022, el agua de red de Villa Rumipal, que se abastece mediante perforaciones de la napa cercana al lago Embalse, contenía 91,4 Bq/L, casi al límite de los 100Bq/L que es el valor paramétrico de la Unión Europea (UE) para el agua de red.
Central Nuclear de Embalse
“Es un error muy grave considerar los niveles de actividad en el canal de descarga como una muestra ambiental –replica Cantarelli–. Esa medición tiene como objetivo verificar la real dilución del efluente una vez emitido, es decir, se verifica que no se mantenga constantemente en valores elevados”. Con respecto a los índices de tritio encontrados en la red de agua, el gerente argumenta que “fue una singularidad de pocos meses luego del trabajo de limpieza de los tanques de resina y que en ningún momento de la historia de la Central se superó ningún límite establecido por la normativa vigente”.
“Nos duele –concluye– que se diga que trabajamos en la oscuridad, todo lo contrario, es una actividad de las más reguladas en donde toda la información está al alcance. La nuclear es una forma de generación de energía segura, limpia y que no aporta gases de efecto invernadero. Toda industria tiene impacto en el ambiente, pero el nuestro es insignificante, el beneficio que generamos es mucho mayor”.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció que el Gobierno buscará reducir fuertemente los subsidios en las tarifas de gas en los próximos tres meses y que habrá cambios en la forma de segmentación a partir de abril próximo. El funcionario participó de la audiencia pública para debatir los futuros aumentos en el servicio de gas, que se concentrarán en febrero, marzo y abril.
Rodríguez Chirillo hizo una presentación detallada de la herencia recibida en materia energética y dijo que, actualmente, en promedio, los usuarios de gas pagan solo el 17,5% del costo de producción. En números concretos, se abona a través de las boletas el equivalente a US$0,7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando el costo promedio es US$4.
“El 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos, tengan o no suministro a través del presupuesto nacional que se traduce en menores jubilaciones, menor presupuesto para la salud, la educación y mayores impuestos”, dijo Rodríguez Chirillo, en una presentación virtual que duró media hora y se trasmitió por la cuenta oficial del ente regulador del gas, Enargas, en Youtube.
En este sentido, agregó que habrá un “traslado gradual” del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios”. Y aclaró que se quitará un 33% del subsidio en los inicios de cada mes de febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo total. Es decir, los usuarios pasarán de pagar US$0,7 el millón de BTU a US$4 en tres meses. Rodríguez Chirillo no brindó precisiones sobre cómo será el impacto final de los aumentos en las tarifas.
El costo de producir gas es uno de los cuatro segmentos que componen el precio final de las boletas de gas. Además, se incluye el costo de transporte del gas de los lugares de producción (Vaca Muerta, por ejemplo) a los centros de consumo; el costo de distribución del gas en los hogares, y los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, el costo del gas es el que más peso tiene en el precio final, ya que representa alrededor del 40% del valor total de las boletas. El transporte significa el 13% del precio final, la distribución, el 23%, y los impuestos, 24%.
Se espera que se anuncien también aumentos en el transporte y la distribución en los próximos días, para recomponer los márgenes de rentabilidad de las empresas (TGN, TGS, Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras). La idea de la Secretaría de Energía es que haya subas mensuales según la inflación pasada.
Cambios en la segmentación
Rodríguez Chirillo también criticó la segmentación de subsidios llevada a cabo por la anterior gestión y anunció que habrá cambios. Dijo que el sistema vigente “ha tenido sus falencias”, ya que la mayoría de los usuarios “sigue teniendo subsidios generalizados, porque los valores fijados en el precio mayorista no cubren el total de los costos”.
El secretario de Energía dijo que “hay superposición de beneficiarios de planes sociales con estos subsidios, porque la mayoría de ellos están categorizados como nivel 2 [ingresos bajos]”. Y que “hay falta de control del padrón de usuarios y cobranzas o discrepancias con el registro de acceso a los subsidios a la energía (RASE) y la base de datos del sistema de identificación nacional tributario social”.
Para finalizar, criticó: “El subsidio se otorga según las condiciones del contratante del suministro sin control del grupo conviviente”. Rodríguez Chirillo criticó la implementación de la segmentación anterior, pese a que quien la llevó a cabo fue su antecesora, Flavia Royon, quien sigue como funcionara en la gestión actual, a cargo de la Secretaría de Minería.
El secretario de Energía adelantó también que habrá cambios en la manera de subsidiar las tarifas de gas y electricidad a partir del 1° de abril. En primer lugar, se van a determinar “los ingresos totales del grupo conviviente” y se subsidiará hasta un determinado porcentaje de esos ingresos. Además, se creará una “canasta básica energética tanto para gas o electricidad”, que cubrirá las necesidades indispensables de las personas.
La canasta se determinará en una cantidad de metros cúbicos (m3) -en el caso del gas- o de kilovatio hora (kWh) -para la electricidad- por mes, que será distinta según la zona del país. “Es un subsidio a las personas en situaciones de vulnerabilidad. El subsidio que otorgará el Estado será diferencial y se aplicará cuando el precio de la canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”, explicó Rodríguez Chirillo.
En otras palabras, nacerá una canasta básica energética, definida según zonas de consumo y por grupo conviviente. El subsidio se calculará según la relación del porcentaje que tiene ese consumo básico en el total de los ingresos.
Herencia recibida
Rodríguez Chirillo dijo que el sistema energético actual se encuentra “altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgo de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de US$30.000 millones en los últimos 10 años”.
También dijo que hubo un “paulatino e importante debilitamiento institucional del sector”, lo que ha significado en un “relajamiento en las funciones encomendadas para actuar como entes autárquicos e independientes”. En el mismo sentido, dijo que hubo “ausencia de señales de mercado para alentar las inversiones, y mejorar el desarrollo de la infraestructura a largo plazo, llevando a que sea el Estado quien realizó las escasas infraestructuras en forma tardía e ineficiente o costosa”. Y agregó: “El costo del gasoducto [Néstor Kirchner] del primer tramo y la tardía reversión del gasoducto norte lo ponen en evidencia”.
El secretario de Energía señaló que actualmente el cuadro tarifario de gas cuenta con más de 60 tarifas distintas y en algunas provincias hasta con 90, “con subsidios cruzados y en las mayorías de las cuales no remuneran el costo del servicio”.
Martín Vauthier, funcionario del Ministerio de Economía, mostró que en los últimos años se destinó más subsidios a la energía que al programa de asignación universal por hijo (AUH)
En este sentido, detalló que en junio de 2019, los usuarios pagaban con sus tarifas el 100% del costo del gas: US$4,3 el millón de BTU. Desde entonces, la anterior gestión aplicó un congelamiento tarifario y en junio de 2022, los usuarios pasaron a pagar el 54% del costo del gas (US$2,2 el millón de BTU).
La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía generó un “descongelamiento” del cuadro tarifario, y en marzo de 2023 se logró que los usuarios cubran el 68% del costo del gas con sus boletas (US$2,7 el millón de BTU). Sin embargo, la nueva suspensión de aumentos y la disparada del tipo de cambio oficial generó que, en noviembre 2023, los usuarios pasen a pagar solo el 37% (US$1,5).
Con la fuerte devaluación aplicada por el actual Gobierno, que llevó el tipo de cambio oficial a más de $800, se generó una nueva caída de la cobertura del costo del gas, ya que las boletas se pagan en pesos, pero los contratos están pactados en dólares. Por eso, en la actualidad, se cubre en promedio solo el 17,5% del costo del gas (US$0,7 el millón de BTU).
Rodríguez Chirillo también dijo que la gestión anterior dejó una deuda impaga por las importaciones de Bolivia de US$230 millones, “que actualmente debe honrarse bajo apercibimiento de corte”.
La ciencia ya empieza a sentir los primeros coletazos de la política libertaria. Mientras avanzan los ceses de convenios de investigación y la falta de aumentos a científicos (que por el momento deberán funcionar con el mismo presupuesto de 2023) el gobierno nacional decidió cancelar la temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia (C3), que pertenecía al ex Ministerio, hoy subsecretaría.
La decisión motivó la renuncia de la directora de Museos, Exposiciones y Ferias del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, Guadalupe Díaz Costanzo.
La actividad debía comenzar el lunes 8 de enero, pero la decisión administrativa firmada por actual subsecretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, obligó a cancelarla.
Se trata del ciclo más importante del Museo de la Ciencia junto con la temporada de invierno, que congrega a miles de personas a visitar las salas y programas, apuntando a la divulgación de la actividad científica. Sobre todo a niñas y niños.
El C3 es considerado una vidriera de la labor que realizan los institutos y organismos de ciencia y tecnología de toda la Argentina. Allí semanas atrás se hizo la presentación del concurso Innovar 2023, con los principales desarrollos innovadores del país, desde robots y 3D hasta «aceleradores de la vida» y microscopios especiales para la investigación policial.
El Centro Cultural de la Ciencia es un espacio interdisciplinario de creación e intercambio de ideas y saberes que está ubicado en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue inaugurado en 2015 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, cuando se puso en valor el predio abandonado de las ex Bodegas Giol.
Renuncia
Costanzo llegó al puesto de Directora de Museos en 2018, durante la gestión nacional de Mauricio Macri, y se mantuvo durante el albertismo, con un crecimiento de actividades y propuestas que derivó en resultados concretos: el último año tuvo una asistencia de 800 mil personas.
«Logramos avanzar conjuntamente con las diversas gestiones para ampliar las oportunidades de acceso a la ciencia a través de la ejecución de propuestas culturales y educativas como exposiciones, espectáculos artísticos con contenido científico, talleres, programas de formación, concursos y premios en divulgación de las ciencias. Entre otros logros que podrían mencionarse, el trabajo realizado permitió alcanzar cifras récord de visitantes durante 2023 y un impacto trascendental entre los museos de la región y el mundo, al obtener prestigiosos reconocimientos internacionales en 2021 y 2022, tanto para exhibiciones como para programas educativos», remarcó en su carta de renuncia.
«La situación presente, en la que se considera la suspensión inmediata del Programa, pone de manifiesto una mirada completamente diferente acerca de las funciones de esta Dirección y sus objetivos», continúa.
«Creo en la importancia de un Estado presente, que invierte en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como motores indiscutibles para el desarrollo social, económico y productivo del país –añadió–. Creo, en particular, en las políticas públicas en materia de divulgación científica, que permiten ampliar las voces que participan de los debates actuales y necesarios para la construcción de nuestro presente y futuro; debates profundamente atravesados por el conocimiento científico y tecnológico. Creo en el rol estratégico que cumplen los museos y centros de ciencias para estimular el interés por la ciencia y la tecnología, brindar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas, articular con el sistema educativo, establecer alianzas con diversos organismos y la sociedad civil, ofrecer espacios de formación y estimular vocaciones científicas».
Y completó. «En suma, creo en la importancia que tienen espacios como el Centro Cultural de la Ciencia para aportar al fortalecimiento del Sistema Científico y Tecnológico Nacional y al desarrollo de una sociedad en la que se garantiza el derecho a la ciencia. Por lo dicho anteriormente, ratifico mi renuncia y deseo que el sector científico y tecnológico de la Argentina pueda transitar un sendero de prosperidad para la construcción soberana de nuestro país, en la que no me cabe duda de que la comunicación pública de la ciencia debe cumplir un rol preponderante».
Perfil tecnocrático
El área científica es una de las que sufrió el recorte ministerial con la asunción de Javier Milei a la presidencia. Pasó a ser la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y dependería de Jefatura de Gabinete. Y pasó a adquirir un perfil tecnocrático, al ser coordinada por un empresario del sector fintech, Alejandro Cosentino.
Todo parece indicar que la ciencia nacional pasará a ser priorizada por sus aspectos más mercantiles y tecnocráticos, acordes al interés del sector privado. Los desarrollos «visibles», en detrimento de la ciencia básica, las humanas y las sociales. En ese sentido Laura Toledo, directora del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), se hará cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Cosentino es fundador y CEO de Afluenta, una empresa de créditos e inversiones online de la cual fue presidente entre 2010 y 2022, y es reconocido por “sus operaciones de gestión exitosa de servicios financieros en Latinoamérica”, según declara en su CV.
Tiene un perfil empresario sin antecedentes en el mundo científico: es miembro fundador de la Asociación de Empresarios Argentinos (ASEA), de la Asociación Argentina de Fintech y la Alianza Iberoamericana Fintech.
Cosentino trabajó en el grupo Exxel, en Santander Río y en American Express. Como relata el artículo de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Quilmes, su intervención política más cercana al nuevo gobierno fue en 2019 cuando, en representación de la Cámara Argentina de Fintech, salió al cruce del secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo por la representación sindical de los trabajadores del sector. Entre las entrevistas que dio, Cosentino dijo que “eran empleados mercantiles y que no podían estar encuadrados en el convenio de trabajo los bancarios”.
En su cuenta de Linkedin, Cosentino habla de sí mismo en inglés y se describe como alguien que revolucionó la industria Fintech “con un toque humano y una visión de progreso y autodesarrollo para nuestra sociedad”.
