Plenario de investigadores científicos para respaldar la producción de conocimiento

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 “La ciencia siempre da soluciones. Lo pudimos ver, por ejemplo, antes, durante y después de la pandemia. Y esas soluciones significan, en términos concretos, mejor calidad de vida para la población. Y más desarrollo porque es lo que brinda valor agregado a los recursos con los que cuenta un país”, dice Luis Cappozzo, un reconocido biólogo e investigador del Conicet que además actualmente dirige el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Este fue uno de los puntos de discusión del plenario que se realizó este martes por la tarde en edificio Cero+Infinito, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y que congregó en forma presencial y virtual a alrededor de tres centenas de directivos de instituciones científicas de todo el país para posicionarse en relación al DNU y la Ley Ómnibus. En ese marco, el sector de ciencia y tecnología elevará un documento para reclamar por el desguasamiento de una estructura que genera conocimiento. Y en consecuencia, insumos productivos que son parte del capital del país.

«El sistema nacional de ciencia y tecnología tenía hasta diciembre del año pasado sus referentes y sus lineamientos. Ahora, todo esto está cortado y degradado. En el medio se está echando personal, se está diciendo que el sector va a manejar con el mismo presupuesto que 2023. O sea que sea está incumpliendo la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología votada en 2021 por unanimidad para garantizar que hasta 2032 se vaya incrementando el aporte del Tesoro nacional dedicado a ciencia e investigación. El objetivo de esta ley es alcanzar en 2032 el 1 por ciento del PBI. Y esto es apenas la base para tener un país con ciencia y tecnología robustos», puntualiza Capozzo en relación a las características que tendrá el documento.

El Conicet, baluarte del Estado

Por la mañana, en el edificio del Polo Tecnológico, se realizó una jornada de protesta convocada por ATE. Uno de los oradores fue el prestigioso investigador del Conicet Alberto Kornblihtt quien se refirió a los sustratos del documento que son, en defintiva, los problemas presupuestarios y su impacto material y político: «Acá hay un gobierno que ha tomado como objeto de destrucción al Estado y a todo lo que el Estado representa. Han logrado convencer a una parte de la población de que la culpa de la crisis y la pobreza no la tienen los sectores de poder concentrado sino que la tenemos los trabajadores estatales«. Y agregó: «El sector de ciencia y tecnología representa el Estado virtuoso. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuánto hemos aportado a la pandemia. Quiero decir que en este marco de destrucción del Estado, el Conicet es uno de los baluartes. Pero ellos van contra todo y contra todo de una manera inédita en la historia de nuestro país». 

En la misma sintonía, la vicedecana de Ciencias Exactas, Valeria Levi, dice: «En cualquier país desarrollado o que apuesta al desarrollo, la ciencia es financiada por el Estado. Y es que se trata de investigar y eso no siempre se puede resolver con criterios empresariales, a corto plazo. La invención de los láseres, por ejemplo, empezó siendo materia de estudio de físicos teóricos y ahora un láser se usa hasta para operaciones de ojos. Cuando el Estado deja de financiar la ciencia se pierde la capacidad de crear conocimiento. Pero no un conocimiento abstracto sino un conocimiento que hace una contribución directa a mejorar la vida de las personas. Entonces no es un tema de becas sí o de becas no. Se trata de decidir de qué modo se va a impulsar el desarrollo de un país. Y si se decide no hacerlo, hay consecuencias pero también hay responsables«. 

Atentado contra el futuro

Ezequiel Petrillo, investigador adjunto del Conicet («a la espera del resultado de la Promoción que también está en veremos», aclara) y  director de grupo en el Instituto de Fisiología y Biología Molecular (Ifibyne), explica: «Están pasando muchas cosas graves al mismo tiempo. Hay despidos en el sector administrativo (gente ya muy precarizada), sí. Pero también hay incertidumbre sobre las becas y altas de investigadores, que afectan a la ‘mano de obra’ principal del sistema. O sea, las personas más jóvenes que representan el futuro del mismo. A esto se suma la falta de autoridades en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que hace que hoy no haya fondos para trabajar ya que no hay nadie para firmar las partidas de dinero. Me refiero a subsidios otorgados en 2019-2021″, enumera. Y sintetiza: «Hemos estado mal, ha habido momentos muy complicados en el pasado, pero la actualidad y lo que parece venir son lisa y llanamente el asesinato del sistema científico y académico del país».

Paula Nahirñak, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación

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A principios de enero, el Gobierno oficializó en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología a Paula Nahirñak, referente de gestión del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, quien trabaja en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que coordina Alejandro Cosentino desde Jefatura de Gabinete.

La funcionaria cuenta con experiencia en la gestión y evaluación de proyectos y dictó materias de posgrado en distintas universidades del país, y posee una destacada trayectoria académica.

Paula Nahirñak, dirigió en 2018 la Subsecretaría de Coordinación Institucional, que depende de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica.

Nahirñak es magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, por la Universidad de Buenos Aires (UBA), licenciada en Sistemas de la Información por la Universidad del Salvador y técnica en Investigación Socioeconómica por la Universidad Nacional de Misiones. Con anterioridad a su nombramiento en la cartera científica en 2018, se desempeñó como representante titular por el Ministerio de Hacienda de la Nación en el Consejo Consultivo para la Innovación y el Fomento de la Innovación Tecnológica; fue miembro del Consejo Asesor del Repositorio Institucional CONICET Digital; y desde 2011 integra la Comisión Directiva de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA.

Asimismo, cuenta con experiencia en la docencia ya que dictó materias de posgrado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y en la Universidad de Buenos Aires.

Ha participado en diversos proyectos auspiciados por organismos internacionales. Entre 2011 y 2018, dirigió el sistema de información para el monitoreo y evaluación de impacto de “Entra21: Preparando a los Jóvenes de América Latina y El Caribe para Entrar al Nuevo Mundo del Trabajo”, iniciativa que se implementó en numerosos países de la región en el marco de la International Youth Foundation.

En 2008, coordinó el sistema de monitoreo y evaluación de trabajadores del sector foresto-industrial, junto con el diseño de instrumentos de recolección de información y base de datos, a pedido de la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

En 2007, fue evaluadora externa del proyecto de indicadores sociales del Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) del Banco Mundial y la Fundación Ford, experiencia argentina. Allí, evaluó y cotejó proyectos de entrega de microcréditos en todo el mundo, y coordinó el trabajo de campo, el procesamiento de encuestas, la validación de información, y los informes de resultados.

Ese mismo año, ganó el segundo premio en el concurso de ensayos “Las Industrias Culturales en la Ciudad de Buenos Aires: su Incidencia en el Desarrollo Cultural, Social y Económico”, convocado por el Observatorio Cultural de la Secretaria de Investigaciones, el Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, y el Observatorio de Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Girasol, el más extenso de los cultivos regionales: caida en la producción

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El mercado argentino de girasol cuenta con una particularidad que ningún otro cultivo tiene: los compradores pagan, además del precio del producto, una “bonificación” por flete.

Sucede que el área de siembra de girasol en la Argentina está concentrada en el NEA y en el sur de la zona pampeana, pero las fábricas están localizadas en la región central argentina.

El diferencial de flete, es decir, la “bonificación”, se explica por la necesidad de las industrias aceiteras de originar mercadería en áreas extra-regionales.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaboró un mapa, con datos estimados correspondientes al ciclo 2023/24, en el cual puede apreciarse esa particularidad.

La BCR se estima que la siembra de girasol 2023/24 alcanzó un total de 1,88 millones de hectáreas, lo que representa una caída del 25% respecto de la campaña anterior.

En base a la regionalización de girasol que realiza Asagir, en el núcleo girasolero del NEA el área cayó casi un 50% con una superficie sembrada total de 230.000 hectáreas. La región Centro registró una merma en la superficie sembrada de 40% interanual, con un total de 220.000 hectáreas implantadas. En San Luis, otra importante región productora, el área cayó un 20% para arribar a 75.000 hectáreas, mientras que en Entre Ríos el recorte fue del 25%, con un total implantado de 15.000.

En el centro de Buenos Aires y el oeste bonaerense el área total se mantuvo estable con 80.000 y 335.000 hectáreas respectivamente. El sudeste y sudoeste bonaerense registran una caída de 20% cada una, para sumar un total de 300.000 y 360.000 hectáreas en el nuevo ciclo. En La Pampa prácticamente no hubo variaciones entre campañas en el área implantada, sumando un total de 270.000 hectáreas.

“Ante este panorama, y si las condiciones climáticas lo permiten, se esperaría una producción a nivel nacional de 3,85 millones de toneladas. Ello es un 20% por detrás de la producción estimada para la campaña anterior. Sin embargo, algunas estimaciones privadas parten de una menor área sembrada ajustando por tanto la estimación de producción hasta un rango de 3,3 a 3,5 millones”, indica la BCR.

Para la campaña 2023/24 se vislumbra un aumento en el consumo global de aceite de girasol superior al incremento en la producción. “Eso da pie a que, si bien en Argentina el procesamiento caería entre campañas por la menor producción local de semilla, se mantenga por encima de los volúmenes alcanzados en años previos”, apunta el informe.

“De esta manera, se estima que un total de 3,6 millones de toneladas serán destinadas a la industria aceitera, un 8% menos que en la campaña anterior, pero 11% por encima del promedio de los últimos cinco años. Asimismo, se prevé una exportación de semilla de 180.000 toneladas para todo el ciclo”, resume.

DIOXITEK la «privatizable» menos conocida

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Dentro de las empresas a privatizar, hay una de ellas de suma importancia estratégica, y es Dioxitek, muchos se preguntarán, ¿Qué es Dioxitek?, aquí explico un poco que es esta empresa estatal y a que se dedica. Como dice su bio en tuiter “Generamos insumos imprescindibles para la salud y para el sistema eléctrico nacional.” ¿Qué significa esto?

Primero vamos por el “sistema eléctrico nacional” Argentina tiene 3 centrales nucleares (Atucha 1, Atucha 2 y Embalse) que representan alrededor del 4-5% del total de energía eléctrica que consume el país. Esto que parece poco es un montón, y además de un montón es energía generada en forma limpia, las centrales nucleares NO producen gases de efecto invernadero.

Las centrales nucleares para funcionar necesitan el combustible nuclear, es decir para que funcionen y produzcan energía eléctrica, es necesario un combustible a “quemar” (lo pongo entre comillas porque no se quema en realidad, pero imaginemos que sí). Este calor, se produce gracias a una reacción nuclear, que se llama fisión, en la cual átomos pesados son transformados en átomos más livianos. Ahora bien, ¿de dónde saco esos átomos pesados?

Los obtengo de los minerales que son pesados, como por ejemplo y en este caso el uranio. Argentina, lamentablemente por culpa de prohibiciones sin sentido, tiene Uranio en el país, pero al estar prohibida la minería (nuevamente lamentablemente) en las provincias que poseen yacimientos, es necesario importarlo como concentrados de uranio cuya fórmula química es U3O8, este uranio que es importado necesita para ser usado en un reactor, llevarlo a la forma de óxido de uranio (o UO2 según su fórmula química), con lo cual necesita un proceso industrial para lograr esto.

La empresa Dioxitek, que está conformada por alrededor de 250 empleados de muy alta calificación (la metalurgia del uranio lo requiere así), se dedica a producir el polvo de óxido de uranio grado cerámico, a fin de fabricar los combustibles de las centrales nucleares, aquí abajo un gráfico de la cadena de valor del combustible nuclear.

Por ende, es necesario, en un mundo cada día mas cambiante y con problemas en las cadenas de suministro mundiales (recuerden lo que ocurrió en la pandemia) es crucial poseer la producción de elementos combustibles, sería una catástrofe para el país una interrupción de suministro de este estilo, y ni qué hablar de perder las capacidades técnicas de fabricación, que toma décadas conseguir y minutos perder.

Por el lado de la Salud, Dioxitek produce la llamada fuente selladas de cobalto-60, ¿Qué es eso? Bueno el cobalto-60 es un radioisótopo medicinal (el radioisótopo se produce en las central Embalse y luego procesado por Dioxitek), que tiene distintos usos en medicina, el cual el más relevante es para el tratamiento del cáncer como terapia de radiación tumoral.

Uds dirán, bueno los radioisótopos como son temas medicinales, si no hay los importamos….ERROR, durante 2009-2010 y también 2017-2018 el mundo experimentó escasez en la producción de radioisótopos, principalmente del molibdeno-99, ¿Qué ocurrió en nuestro país? Nada. ¿Por qué? Porque somos productores y exportadores netos de radioisótopos medicinales, lo que hace que lo que pase en el mundo no nos afecte, pónganse a pensar que hubiera ocurrido si no produjéramos este tipo de radioisótopos…..

Por todo esto, creo que es necesario analizar en profundidad el tema de Dioxitek, como también el RA10 y el Carem y su importancia estratégica para la nación…

Eduardo Gigante

La Universidad Nacional de La Plata construirá una planta productora de medicamentos

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  • Una vez en funcionamiento, tendrá capacidad para producir 2 millones de comprimidos por mes para Diabetes tratable Tipo 2; entre 4 a 5 millones de comprimidos mensuales para Hipertensión arterial tratable; 2 millones de analgésicos y antitérmicos mensuales, entre otras formulaciones.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anunció la construcción de una planta productora de medicamentos que tendrá la capacidad para elaborar 12 millones de comprimidos al mes de 10 fármacos diferentes.

En un comunicado se indicó que durante una reunión entre el vicepresidente del Área Académica de la UNLP, Fernando Tauber, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mauricio Erben, analizaron los detalles del proyecto que prevé la construcción de una planta destinada a la fabricación de medicamentos no estériles bajo las formas farmacéuticas sólidas (FFS), es decir, comprimidos, cápsulas rígidas, suspensiones extemporáneas, entre otros.

Según se precisó la nueva planta estará vinculada a la actual Unidad de Producción de Medicamentos (UPM) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, cuya actividad principal es el desarrollo de medicamentos en FFS para su posterior transferencia a escala productiva industrial.

Además, la planta concentrará el apoyo técnico de centros e institutos dependientes de la UNLP que investigan o tienen experiencia en áreas de conocimiento relacionadas con los medicamentos.

Cientos de miles de familias podrn acceder a aquellos medicamentos de uso comn que hoy les estn quedando fuera del alcance del bolsillo Foto Prensa UNLP
Cientos de miles de familias podrán acceder a aquellos medicamentos de uso común que hoy les están quedando fuera del alcance del bolsillo / Foto: Prensa UNLP.

El vicepresidente Tauber destacó que “se trata de un proyecto íntimamente ligado a nuestro modelo de gestión de la Universidad, que encuentra en la producción con perfil social uno de sus ejes fundamentales”.

“Contar con una planta productora nos permitirá poner al alcance de cientos de miles de familias aquellos medicamentos de uso común que hoy les están quedando fuera del alcance de su bolsillo”, indicó.

Tauber, además, detalló que “una vez en funcionamiento, la planta tendrá capacidad para producir 2 millones de comprimidos por mes para Diabetes tratable Tipo 2; entre 4 a 5 millones de comprimidos mensuales para Hipertensión arterial tratable; 2 millones de analgésicos y antitérmicos mensuales, entre otras formulaciones. En total se podrían elaborar en el orden de 12 millones de comprimidos al mes, distribuidos en 7 a 10 medicamentos diferentes”.

“Contar con una planta productora nos permitirá poner al alcance de cientos de miles de familias aquellos medicamentos de uso común que hoy les están quedando fuera del alcance de su bolsillo”Fernando Tauber

La secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP explicó que ya trabajan en forma conjunta con la ANMAT con el objetivo de garantizar que la planta se ajuste a los más estrictos estándares de calidad en las etapas de producción, control y de logística; que incluye además los aspectos constructivos generales.

En relación a las características del edificio, los responsables del proyecto adelantaron que “se construirá una nave única integradora de diferentes estructuras, las cuales presentan una “cascada” de presiones atmosféricas relativas que permitirá garantizar la debida esterilidad de los ámbitos productivos. Esta gran nave contará con una superficie de 1.500 m2 totales.

Según se detalló “la Planta producirá comprimidos a través de los procedimientos de Compresión Directa y Granulación Seca” que “simplifica no solo la tecnología (menos equipamiento y menos servicios técnicos), sino que se acortan los tiempos de proceso, y además se reduce el gasto de energía y se requiere menor asistencia de mantenimiento, sin afectar significativamente la diversidad de medicamentos a producir”.

Los 7 aumentos de precio que en febrero impactaran más en el consumo

Tras el mal dato de inflación de diciembre que alcanzó un 25,5% los analistas prevén que la suba de precios seguirá en dos dígitos también en enero y todo indica que los aumentos continuarán. En ese marco, si bien el Gobierno lleva adelante una política de liberación de los precios, hay algunos rubros que ya confirmaron fuertes incrementos de hasta más de 200% que impactarán de lleno en los bolsillos.

Tarifas de colectivos, subtes y trenes

Si bien se espera la audiencia pública para definir el incremento del mes que viene, y la definición de la justicia, de momento los aumentos que están confirmados son los siguientes:

A partir de febrero el objetivo es llevar el mínimo, para tramos de hasta 3 kilómetros, de $76,92 a $270,00 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, y a $430,00 para aquellas que no estén registradas.

En tanto, para un tramo de entre 3 y 6 kilómetros pasará de $85,69 a $300,78 y $479,03, respectivamente. Para un viaje de entre 6 y12 kilómetros, se pasará de $92,29 a $323,95 y $515,92 en el caso de quienes no posean la SUBE registrada.

Para los tramos más largos, el impacto en los bolsillos será aún mayor: se pasará en el tramo de entre 12 y 27 kilómetros de $98,90 a $347,15 y $552,87, y para viajes de más de 27 kilómetros, pasará de $105,46 a $370,18 y $589,54 sin la tarjeta SUBE registrada.

En tanto, para los trenes, el nuevo esquema quedará en $130,00 con SUBE para la primera sección y $430 en efectivo; $169,00 para la segunda sección con SUBE y $430 en efectivo y, finalmente, de $208,00 con SUBE y $430 para la tercera sección.

Prepagas

Luego del megadecreto lanzado por el Presidente en el que liberó el congelamiento de precios, las empresas de medicina prepaga informaron que las cuotas tendrán un aumento de entre el 27% y 29% promedio en febrero.

De acuerdo con el DNU, el Gobierno ya no tendrá que autorizar los aumentos en las cuotas y las empresas no tendrán tope para la diferencia entre el precio del plan para gente más joven (más económico) y el resto. En tanto, las compañías están evaluando la implementación de planes “low cost”.

Subte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará el último tramo de la suba del 56% en las tarifas del subte. A partir del domingo 4 de febrero, el boleto salta $15 y pasa a costar $125, mientras que el Premetro valdrá $43,75.

Alquileres

Más allá de que el DNU derogó la Ley de Alquileres, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se aplicarán hasta el momento de su finalización.

En ese sentido, aquellos que alquilaron bajo la ley derogada tendrán que afrontar subas cercanas al 147,1% anual en los valores a pagar. De esta manera, febrero anota otro récord para el Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.

Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023, previo a la sanción de la nueva ley de alquileres con ajustes semestrales a través del índice Casa Propia.

Internet y cable

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, llevarán a cabo el segundo retoque de tarifas del 2024 con un incremento que puede ser superior al 25%, según el servicio y la operadora.

Tarifas

En febrero, se estima que las tarifas de gas lleguen con un nuevo esquema tarifario como consecuencia de la quita de subsidios que aplicará el Gobierno para reducir el déficit fiscal. Hasta el momento, la Secretaría de Energía no confirmó de cuánto será la suba, pero podrían aumentar hasta un 697%.

Naftas

Con respecto a las naftas, el 1° de febrero finaliza el congelamiento de los impuestos a los combustibles que había postergado en noviembre el extitular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa que implicaba una suba extra de $70 por litro o 25% directo al público.

Por lo tanto, la actualización de los impuestos impactará en los precios de los surtidores. El último ajuste del gravamen se aplicó en el segundo trimestre de 2021. El aumento en los impuestos al combustible fueron suspendidos en siete oportunidades por la gestión de Alberto Fernández.

Esta en marcha el mega proyecto del oleoducto de YPF desde Vaca Muerta al mar

Si bien el enorme potencial productivo de Vaca Muerta es el gas, desde hace un tiempo el petróleo es el que marca el ritmo de actividad de la formación shale, en especial por su alto precio y buena demanda exportadora. Con el objetivo de multiplicar esa salida al exterior, YPF avanza con un mega proyecto: un oleoducto que culmina la costa rionegrina en donde se construirá el mayor puerto exportador de Sudamérica. Una iniciativa de la cual ya se ven los primeros pasos.

El proyecto en cuestión se denomina Vaca Muerta Oil Sur y demandará una inversión de más de 2.500 millones de dólares, a plasmarse en tres etapas. La primera consiste en la construcción de un oleoducto, un caño, que unirá el corazón de Vaca Muerta -que es el área Loma Campana- con la estación de bombeo de Allen, en Río Negro.

Se trata de una traza de poco más de 127 kilómetros, de los 570 que tendrá todo el oleoducto al estar completo en la segunda etapa que finaliza en Punta Colorada, en la costa rionegrina.

Pero este primer tramo del ducto no es algo menor, sino que permitirá complementar otra obra colosal que está en pleno desarrollo y que es el proyecto Duplicar Plus de Oleoductos del Valle (Oldelval).

La obra de Oldelval, que comenzó el año pasado y finalizará en 2025, permitirá -como su nombre lo dice- más que duplicar la capacidad de transporte para el petróleo de Vaca Muerta. Y es que así como sucedió con el gas, la producción de petróleo de la formación no puede seguir creciendo porque ha llenado todos los caños.

La obra de Oldelval -que demandará una inversión privada de 1.200 millones de dólares- va desde Allen hasta Puerto Rosales, cerca de Bahía Blanca. Y el primer tramo de plan de YPF la complementa perfectamente, al unir el corazón de Vaca Muerta, con Allen.

Esta etapa 1 del proyecto de YPF es en la cual ya comenzaron a verse movimientos en la zona, con el acopio de materiales para su realización, entre los que se encuentran cientos de caños de 20 pulgadas que se utilizarán para el tendido.

El oleoducto entero, hasta Punta Colorada, ya cuenta con la aprobación tanto del gobierno de Neuquén como del de Río Negro. Y desde la petrolera de bandera confiaron en que este mismo año comenzarán los trabajos del primer segmento.

Mega proyecto del oleoducto de YPF: el pronóstico de continuidad laboral

La puesta en marcha de esta obra, que irá desde Loma Campana hasta el nodo de Lago Pellegrini y desde allí a Allen, es además una bocanada de aire fresco para los cientos de operarios que trabajaron en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Es que si bien varios lograron insertarse en los trabajos que realiza Oldelval, muchos esperaban el inicio de la etapa 2 del gasoducto que, quedó paralizado tras el cambio de gobierno. Y algo simular sucede con otra obra importante en el sector del gas, como es la Reversión del Gasoducto Norte, que pese a la urgencia sigue sin iniciarse.

Es por esto que muchos trabajadores miran ahora con esperanza los puestos laborales que se abrirán con la obra del oleoducto, ya que se trata de trabajos de alta demanda laboral como se vio en la reciente obra del oleoducto Vaca Muerta Norte que llegó a emplear a 1.000 personas en simultáneo. (Ver aparte)

Pero volviendo al proyecto de YPF, la tercera y última etapa de la obra es la construcción de un puerto de grandes dimensiones en la zona de Punta Colorada, aprovechando la profundidad natural del mar en ese sector que permitirá el ingreso de buques más grandes que los que hoy operan en el país.

En pocos días, un grupo de especialistas contratados por YPF iniciará los estudios del suelo costero, para definir al detalle el diseño final de los tanques de acopio.

Se trata del plan final de la terminal “on shore”, es decir, la parte de las instalaciones que están en tierra. Pues quedará otra etapa más de diseño para más adelante, correspondiente a las dos monoboyas de carga que irán a unos seis kilómetros de la costa.

Las mediciones de las características de la tierra del sector se extenderán por tres meses tras los cuales el plan será presentado al gobierno de Río Negro que tendrá que definir si aprueba esta última parte de la mega obra.

Mega proyecto del oleoducto de YPF: Alarma por el cierre de Puerto Rosales

Mientras el proyecto de YPF apunta a multiplicar las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta y Argentina, generando un saldo positivo de hasta 16.000 millones de dólares al año, una serie de incidentes ocurridos en los últimos días pusieron de manifiesto la importancia para el país de contar con un nuevo puerto exportador.

El pasado miércoles 17, un incidente en las instalaciones de Puerto Rosales dejó fuera de servicio el complejo, ya que desde diciembre se encuentra en reparación la segunda monoboya de carga.

Si bien el hecho no terminó causando graves problemas a la industria petrolera, de haberse extendido algunos días más el cierre del puerto, habría obligado al cierre de pozos productores en Vaca Muerta, ante la saturación de los tanques de almacenamiento.

Este hecho fue una señal de alarma que se encendió ante la imposibilidad de exportar la producción excedente desde otro punto, ya que Chile solamente está demandando 45.000 barriles por día sobre un volumen a exportar que ya supera los 150.000 barriles diarios.

Mega proyecto del oleoducto de YPF: las voces en contra

A pesar de que el oleoducto desde Vaca Muerta a Punta Colorada ya se encuentra autorizado, las voces en contra de la iniciativa no han cesado. Y en las últimas semanas provinieron de un sector diferente: desde Chubut.

Un grupo de entidades de esa provincia impulsaron una acción de amparo ante la justicia provincial de Chubut, no en contra del proyecto de YPF en sí, sino en contra de lo que señalaron como la “inacción del gobierno”.

Los planteos se centran en que la provincia no tuvo una participación activa en el debate, a pesar de que el punto escogido para el futuro puerto se ubica en el Golfo San Matías que también toca las costas de esa provincia.

Donald Trump modelo 2024

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A diferencia de 2016, Donald Trump ahora sabe lo que está haciendo. Su nueva campaña presidencial es más pulida, tiene más plata y está mejor organizada que su improvisada y caótica campaña ocho años atrás, cuando llegó intempestivamente a la Casa Blanca sin equipo, sin experiencia, y sin saber del todo en qué se metía. El candidato es el mismo. Trump sigue siendo Trump: siempre a la ofensiva, incansable, desatado, y empujado, ahora, por una sed de revancha que florece en cada discurso y cada posteo en sus redes. Si hace ocho años Trump era un misterio, ahora Estados Unidos lo conoce. Y, para los demócratas, sus críticos y sus oponentes, ahora representa una seria amenaza para la democracia.

“Trump tenía la ventaja en 2016 de que veníamos de dos mandatos demócratas, y nunca había ocupado ningún cargo público. Y entonces hubo millones de estadounidenses que dijeron ‘bueno, tuvo una vida picante, pero ahora es más viejo, vale la pena probarlo”, recuerda Larry Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia.

“La gente pensaba que la presidencia iba a cambiarlo. Bueno, él cambió a la presidencia. No creo que la presidencia lo haya cambiado en absoluto. Y esa es la diferencia; ahora sabemos qué esperar”, cierra.

Para orquestar su retorno a la Casa Blanca, Trump se rodeó de profesionales que montaron una campaña ágil, disciplinada y eficiente que demolió a sus rivales en apenas dos internas, Iowa y New Hampshire. A fines del año anterior, antes del primer voto, Trump ya corría con amplia ventaja. Esta vez, Trump arrancó como el favorito, y además logró recaudar más dinero que todos los otros candidatos, otra diferencia respecto de ocho años atrás, cuando usó su propia fortuna para financiar su aventura política.

Amo y señor del Partido Republicano, Trump ninguneó a sus rivales: lanzó sus ataques, y se negó a participar en los debates porque, en su mirada, era rebajar su estatus político. En 2016, Trump usó los debates para devorar a sus rivales, desde Jeb Bush a Marco Rubio, Ted Cruz o Chris Christie. Este año, Trump los pulverizó, y sin debatir. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, antaño la esperanza del partido para intentar desbancar a Trump, apenas llegó a pelear en Iowa. Nikki Haley continúa, pero nadie espera que por mucho tiempo más. Hace ocho años, Trump trituró a 16 rivales. Este año, a 13. El desenlace fue el mismo. Y si hace ocho años hubo quienes imaginaron que el Partido Republicano, el Grand Old Party de Abraham Lincoln, iba a lograr contener o incluso reconvertir a Trump, la realidad fue al revés: Trump se adueñó del partido, y lo remodeló a su imagen y semejanza.

“El Partido Republicano que conocí, desde los años 50 en adelante, está muerto como un clavo. Se fue”, dice Sabato. “El partido de Bush, de Reagan, de McCain, está muerto. El nuevo partido está compuesto por trabajadores que no suelen tener título universitario, son mayoritariamente blancos, de ingreso medio. Están enojados, y saben que Trump ahora está enojado. Está enojado por otros motivos, pero su enojo representa el enojo de ellos, se identifican con eso”, evalúa.

Idilio

El idilio de Trump con sus seguidores es el hilo que une a sus campañas políticas. “Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perdería ningún votante, ¿OK?”, lanzó Trump hace ocho años. Esa frase sigue vigente. A diferencia de 2016, Trump arrancó esta campaña con un archivo altamente polémico y un pesado prontuario judicial sobre sus hombros: 91 cargos repartidos en cuatro causas judiciales, dos en la justicia federal, una en Nueva York, por supuesto fraude en sus negocios, y otra en Georgia, por intentar revertir su derrota ante el presidente Joe Biden en la elección presidencial de 2020. El asalto trumpista al Congreso, que el propio Trump está acusado de haber incitado, su denuncia infundada sobre un fraude masivo en la elección de 2020 –la “Gran Mentira”, para el resto–, sus dos juicios políticos, las condenas que han sufrido sus exasesores o excolaboradores. Nada mordió el vínculo con su gente. Si hace ocho años Trump se dedicó exclusivamente a la campaña, este año su tiempo está dividido entre sus rallies y sus apariciones en los tribunales, que su campaña adoptó como un pilar más de su estrategia política: lejos de dañarlo, su saga judicial lo ha fortalecido, al menos con su base.

El Trump actual se muestra más radicalizado que el Trump de 2016 o el 2020. Envalentonado por su resiliencia política, Trump prometió “ser un dictador” por un día si vuelve a la Casa Blanca. Otra vez, la migración y la crisis en la frontera están en el centro de su plataforma. Sabato cree que “habrá muchas represalias” si Trump gana y vuelve al poder. Liz Cheney, portadora de un apellido ilustre en el Partido Republicano, dijo que prefiere que ganen los demócratas porque teme que Estados Unidos “camina dormido a una dictadura”.

Si llega, Trump llegará más preparado. La Fundación Heritage, el think tank ultraliberal de Washington que supo ser pilar intelectual del Reaganismo, trabaja ahora en un plan llamado “Proyecto 2025″ para “institucionalizar el trumpismo”, según dijo al The New York Times su presidente, Kevin Roberts. La génesis del proyecto es sencilla: impedir que el andamiaje del gobierno federal limite a Trump, tal como ocurrió, a juicio de sus promotores, durante su presidencia. El plan incluye el desmantelamiento de agencias federales, la centralización de decisiones y el nombramiento de miles de funcionarios y empleados previamente examinados y filtrados para instalar un ejército de leales y tener un control absoluto y un poder total sobre el poder ejecutivo. El objetivo parece ser, en términos simples, ir por todo.

“Trump desperdició la mitad del primer mandato. No sabía lo que estaba haciendo”, dice Sabato. “No tenía experiencia con el gobierno y, por naturaleza, es un poco desorganizado y no tenía a la gente adecuada a su alrededor, es decir, buenos organizadores, como los que están organizando la campaña por él este año. Ahora están haciendo lo que nunca hicieron en 2016. Así que, desde el primer día, se rodeará de verdaderos creyentes”, apunta.

Los republicanos moderados o los jerarcas militares, como Jim Mattis, su primer jefe del Pentágono, que se sumaron a su gobierno decididos a frenarlo, contenerlo y mantener encarrilada la administración federal, ya no estarán. Trump promete desmantelar “el Estado profundo”. Si retorna a la Casa Blanca, Trump volverá con trumpistas puros, y ya no caminará en un territorio desconocido.

“Va a tener todo el mandato, y sabe lo que está haciendo”, advierte Sabato.

Rafael Mathus Ruiz

Un cuestionamiento al «régimen especial» de Tierra de Fuego

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De “estafa” a “derecho adquirido” y luego, al silencio. Así cambió la perspectiva de Javier Milei sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que sorprendió por su ausencia de mención en el proyecto de ley que se tratará en la Cámara de Diputados la semana que viene y despertó críticas por el vínculo familiar del ministro de Economía con la principal empresa electrónica de la isla, Mirgor. En momentos en los que el Gobierno empuja por cerrar el rojo fiscal, llamó la atención de algunos legisladores, principalmente los de la Coalición Cívica, que no se avance con la quita de subsidios económicos y beneficios tributarios a la industria fueguina. El perdón en impuestos a la provincia le provocará un sacrificio cercano a 0,33% del PBI al Estado Nacional, según las estimaciones del Ministerio de Economía.

Diversas fuentes oficiales ofrecen distintas explicaciones a por qué no se incluyó la discusión del régimen en la ley ómnibus, pese a que Milei dijo en campaña que se revisaría, y que se pusieron bajo la lupa decenas de otros como el de la pesca, yerba mate y azúcar. Por un lado, fuentes de Gobierno y del Congreso mencionan que el lobby de las empresas fueguinas ha sido muy fuerte y han pedido que los funcionarios visiten la provincia antes de tomar decisiones, a la vez de estar incluidos en cualquier mesa de debate sobre el tema. Los representantes de empresas que prefirieron el anonimato dijeron que no tuvieron conversaciones con funcionarios por el tema en el último tiempo.

Sobrevuela en algunos ámbitos la versión de que la cuestión de fondo tiene que ver con supuestos aportes de empresas radicadas en la isla a la campaña electoral de Milei.

Por otra parte, el régimen fue prorrogado hasta 2038 hace meses con un gran apoyo de los bloques políticos, por lo que consideraron que al ser un punto sensible y de acuerdo entre las fuerzas partidarias, no tendría chances de ser modificado, por lo que era mejor evitar un fracaso.

La estrategia política no es menor. Milei ganó en la provincia, en el balotaje, pero no logró colocar ningún senador en las generales. Por Tierra del Fuego asumió Cándida Cristina López, por Unidad Ciudadana, que se suma a la representación junto con Maria Eugenia Duré, de la misma fuerza, y Pablo Blanco, de la UCR. La apuesta, sin embargo, es intentar una táctica similar a la que se implementó con Osvaldo Jaldo y los diputados tucumanos que rompieron con Unión por la Patria, y contar con sus votos durante el tratamiento de la ley ómnibus en la cámara alta. Para eso necesitan contar con su apoyo, lo que parecía menos factible al debatirse el régimen.

Además, hay un proyecto de especial interés que se vincula con uno de los motivos que elevó las suspicacias. La mayor parte de la industria electrónica de la provincia está concentrada por el grupo Mirgor, de participación mayoritaria de Nicolás Caputo, primo de Luis Caputo, ministro de Economía. Actualmente, tiene el 12,5% de las acciones, mientras que 30% cotizan en bolsa, 20% son de la Anses y el resto, de otros inversores. No es solamente el interés económico el que despertó sospechas, sino también un ambicioso proyecto en Rio Grande que el gigante de la electrónica ya tiene en marcha y planea comenzar a construir en cinco meses.

Se trata de un puerto industrial con varios objetivos, que recorren desde lo comercial (podría bajar hasta 35% los costos logísticos y de transporte, que hoy en un 80% se concentran por tierra, a prácticamente nada), hasta lo geopolítico, como habilitar un centro de abastecimiento para la Antártida, que hoy se realiza vía Chile. La obra requerirá de una inversión de US$400 millones y se encuentra en etapa de desarrollo de ingeniería. La idea es finalizar el proyecto y las licitaciones en junio de este año y comenzar los trabajos en tierra, que requerirán de kilómetros de excavación, en agosto. Estaría lista para operar en abril de 2027.

Para Mirgor, es un negocio importante. El puerto de aguas profundas será de operación privada (la haría un tercero), pero disponible por un precio para el resto de las empresas de la zona. Los ingresos que se generen irán directo a la empresa o un el porcentaje que corresponda para socios privados, por 50 años. Después de ese plazo, el puerto pasará a la provincia.

Respecto del régimen en general, fuentes oficiales aseguraron que está en estudio y que no es un régimen fácil de desarmar, debido al impacto que tiene en la población (los fueguinos no pagan IVA y se jubilan a los 50 años, por ejemplo) y por el arraigo en la matriz productiva de la provincia y de otras industrias, como la automotriz. Desde las empresas que operan en la isla aclaran que “el gasto tributario que figura en el Presupuesto asociado a la provincia de Tierra del Fuego y que está en boca de tantos legisladores es un ingreso renunciado. Por lo tanto, si el régimen desapareciera, no hay certeza de que ese monto por IVA y Ganancias pasaría a ingresar al fisco nacional. Por el contrario, lo más probable es que el Estado perciba poco y nada porque la industria desaparecería o se reduciría sensiblemente”.

Igualmente, hay una quita más cerca de concretarse: el rubro textil que opera en Tierra del Fuego sería el primero en salir del régimen de subsidios. Actualmente hay ocho empresas textiles en la provincia: Australtex SA, Barpla SA, Cordonsed SA, Fabrisur SA, Hilandería Fueguina SAIC, Hilandería Rio Grande, Teogrande SA y Textil Rio Grande.

En total son unas 46 empresas las que se benefician del subregimen, de las cuales 22 se dedican a la electrónica. Sin embargo, la mayor parte de la actividad es responsabilidad de Mirgor y de Newsan SA, de Rubén Chernakovsky. Ambas tuvieron despidos importantes en los últimos meses, los que fueron justificados por la falta de importaciones. Las empresas todavía no mostraron adhesión el Bopreal, el bono que el Gobierno lanzó para cancelar la deuda comercial por falta de pago. Fuentes comentaron que pidieron a la gestión de Milei que se emitan bajo ley extranjera porque el mayor socio comercial del área, China, no los acepta como pago si son emitidos bajo ley argentina.

Discursivamente, Milei dijo sobre Tierra del Fuego en entrevista radial: “Ahí hay derechos adquiridos, no se va a tocar porque se renovó hace muy poco”, el mismo tiempo que fue consultado por la derogación de la ley de promoción industrial y la de promoción comercial, a través del decreto de necesidad y urgencia. En 2022, en TN, aseguró que era “una estafa a los argentinos de bien” y que, en caso de llegar a la presidencia, desecharía la norma. Según declaraciones posteriores y a fuentes de Gobierno, la postura actual es que “el problema no es la baja tributación de la provincia, sino la alta tributación de otras”. El equipo libertario se referiría al puerto de Mirgor como un ejemplo de la obra pública privatizada que quieren impulsar.

Camila Dolabjian

Dos cambios clave en el proyecto de «la Ley Ómnibus» que favorecen a las empresas petroleras

El gobierno introdujo dos cambios clave en materia de concesiones que benefician a las empresas productoras de hidrocarburos en la última versión de la Ley Ómnibus que esta semana obtuvo dictamen en la cámara de Diputados. Por un lado, restableció la posibilidad de que las operadoras puedan pedir prórrogas sobre las concesiones vigentes y, por otro lado, precisó que cuando las compañías soliciten la reconversión de sus áreas convencionales en no convencionales el plazo de concesión de 35 años, correspondiente a una concesión no convencional, comenzará a regir a partir de la fecha de la solicitud del pedido y no desde el momento en que se otorgó la concesión original.

Prorrogas

El artículo 35 de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos) que está vigente establece los plazos de vigencia de las concesiones de explotación y luego contiene un párrafo donde dice que “los titulares de las concesiones de explotación (ya sea que a la fecha de inicio de vigencia de la presente modificación hayan sido o no prorrogadas) y siempre que hayan cumplido con sus obligaciones como concesionarios de explotación, estén produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez años de duración cada una de ellas”.

La versión inicial del proyecto de Ley Ómnibus había eliminado ese último párrafo del artículo 35 de la ley de hidrocarburos. A su vez, el artículo 277 de esa primera versión incorporaba a la ley un artículo 47 bis donde dice que “las concesiones de explotación existentes, al fin de su término, no pueden ser adjudicadas sin mediar un nuevo acto licitatorio. La licitación correspondiente podrá realizarse con un plazo mínimo de antelación de un año al vencimiento de las mismas”. Este cambio iba a forzar a las provincias petroleras a realizar nuevas licitaciones este mismo año porque hay muchas áreas hidrocarburíferas que vencen en 2025. En Río Negro, por ejemplo, vencen 33 concesiones entre 2025 y 2027.

La nueva versión del proyecto de Ley Ómnibus mantiene, ahora en su artículo 216, la obligación de que las concesiones deban ser licitadas luego del vencimiento de cada concesión.  Sin embargo, a partir del plateo de gobernadores petroleros y empresas productoras, el Ejecutivo incorporó nuevamente la posibilidad de prórroga en el artículo 35 de la ley de Hidrocarburos: “Las concesiones de explotación y concesiones de transporte que hayan sido otorgadas con anterioridad a la sanción de la presente ley continuarán rigiéndose hasta su vencimiento por los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley”, dice el texto en su artículo 205. A su vez, en el caso de las nuevas concesiones se fija un tope máximo de 10 años para las prórrogas.

Una de las beneficiadas con este cambio es YPF, la empresa controlada por el Estado, que busca dejar la operación de la mayoría de las áreas convencionales que posee en la cuenca del Golfo San Jorge, las cuales fueron concesionadas entre 1991 y 1992 y vencen en 2026/2027. Con la redacción original del proyecto de Ley Ómnibus esas concesiones debían revertirse a las provincia de Chubut y Santa Cruz en dos o tres años, dado que el texto de Ley original no habilitaba las prórrogas. Eso hubiese restringido el abanico de opciones de YPF, que evalúa transferir esos activos a operadoras independientes que puedan enfocarse en esos bloques, para lo cual la posibilidad de prorrogar esos concesiones por 10 años es una condición sine qua non. Sin embargo, con la redacción actual, la empresa —al igual que muchas otras— puede negociar con las provincias una nueva extensión.

Reconversión de áreas

El proyecto de Ley Ómnibus que obtuvo dictamen de comisión propone modificar, a través de su artículo 201, el artículo 27 bis de la Ley de Hidrocarburos 17.319. Ese artículo 27 bis prevé la posibilidad de reconvertir un área de concesión convencional en no convencional. En la primera versión enviada al Congreso, el texto especificaba que una vez concretada la reconversión “los plazos de la concesión se adecuarán al nuevo régimen, pero manteniendo la fecha de inicio de las mismas”.

El artículo 35 de la ley de hidrocarburos establece que una concesión de explotación convencional tiene un plazo de 25 años, mientras que en una explotación no convencional el plazo llega a los 35 años. Al tomar como punto de partida la fecha de inicio de la concesión, si una empresa solicita la reconversión en un área que había obtenido, por ejemplo, en 1992, en lugar de vencerle en 2017 le vencería en 2027. No obstante, en los hechos no habría diferencia porque la normativa vigente ya contempla la posibilidad de pedir una prórroga de 10 años.

Petroleras y representantes de la Ofephi —la organización que nuclea a las provincias petroleras— se quejaron por la redacción inicial del artículo 27 bis y lograron que ese punto se flexibilice. Ahora el texto dice que “aprobada la solicitud de reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez de treinta y cinco años (35) años computados desde la fecha de la solicitud”. Este cambio es trascendental porque en una reconversión a no convencional el plazo de 35 años de concesión no comenzaría a regir desde la fecha de inicio de esa concesión sino desde el momento en el que se pide la reconversión.

Por lo tanto, una concesión obtenida en 1992 que ya cumplió el plazo de 25 años y está transitando la prórroga de 10 años podría extenderse por otros 35 años contabilizados desde el momento del pedido. Lo único que se les exige a las empresas en la nueva redacción del artículo 27 bis es que la solicitud de reconversión deba realizarse antes del 31 de diciembre de 2026.  Por lo tanto, si la norma se aprueba, las petroleras tendrán tres años de plazo para solicitar la reconversión de convencional a no convencional. 

Esa fecha límite busca evitar que una empresa, por ejemplo, que inició su concesión convencional en 1992 y está transitando sus primeros 10 años de prórroga, pida una segunda prórroga de 10 años para extender la concesión hasta el 2037 antes de solicitar la reconversión a una concesión no convencional. Ahora, si la empresa tiene intenciones de invertir en Vaca Muerta, deberá presentar un proyecto piloto sí o sí dentro de los próximos tres años.