Ningún coche eléctrico fabricado en Estados Unidos cuya batería contenga componentes o minerales críticos provistos por compañías vinculadas con los gobiernos de China u otros países podrá calificar para los beneficios fiscales que incentivan la electromovilidad.
Así lo determinó el Departamento del Tesoro en las reglas relativas a las “entidades extranjeras de preocupación”, cuya publicación era largamente esperada por las industrias automotriz y minera. Las reglas no cambian el hecho de que Argentina necesitará firmar con EE.UU. un acuerdo especial para que el litio y otros minerales argentinos sean eligibles. Pero sí apuntan a un mayor escrutinio y exigencia de trazabilidad en la cadena de valor de las baterías para coches eléctricos.
El Tesoro publicó el viernes las reglas con las que busca excluir a China de la cadena de suministro de baterías y vehículos eléctricos de EE.UU., proponiendo una serie de pruebas para determinar qué vehículos eléctricos califican para los beneficios fiscales y cuáles no. La publicación de las reglas abre un período de 30 días para la recepción de consultas antes de su entrada en vigor.
La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) otorga un crédito fiscal de hasta US$ 7500 por la compra de un vehículo eléctrico, que se divide en dos: un crédito por 3750 dólares si el coche cumple con los requisitos de minerales críticos y otro por el mismo monto si cumple los requisitos de componentes en las baterías. Por lo que un coche puede calificar para los 7500, para uno u otro de los créditos, o quedar descalificado.
“Entidades extranjeras de preocupación”
En concreto, a partir de enero los vehículos eléctricos fabricados en EE.UU. que quieran calificar para el crédito por cumplir con los requisitos de componentes de baterías no podrán tener componentes fabricados por entidades con vínculos con los gobiernos de china, rusia, iran o Corea del Norte. Esto también aplicará sobre los minerales críticos a partir de 2025.
La definición clave para determinar cuándo una empresa tiene vínculos con el gobierno es la de “entidades extranjeras de preocupación” (FEOC por sus siglas en inglés). Según el Tesoro, una entidad será considerada de preocupación si esta constituida, tiene su sede y opera dentro de uno de esos países.
También caerá en esa definición una FEOC en la que el gobierno de uno de esos países controla directa o indirectamente al menos el 25% de los derechos de voto o de participación accionaria o de los puestos en su junta directiva, independientemente de la ubicación física.
Esta regla tiene por objeto evitar que esas entidades puedan utilizar a los países que tienen acuerdos de libre comercio o un acuerdo de minerales críticos con EE.UU. como puerta de acceso a los beneficios de la ley IRA. Un ejemplo es Marruecos, que vive un boom de inversiones, asociaciones y fusiones en minería, procesamiento de minerales y manufactura de componentes para baterías, algunas de capitales chinos.
Puntos contenciosos
La ley IRA permite que puedan calificar a los créditos los coches con baterías que tienen componentes o minerales críticos importados desde países que tienen un acuerdo de libre comercio con EE.UU. En un guiño a las automotrices, que consideraban insuficiente esta excepción, el Tesoro interpretó a principios de año que un acuerdo especial de minerales críticos entre gobiernos puede ser una alternativa en los casos en que no existe un tratado de libre comercio. Argentina tiene conversaciones avanzadas con EE.UU. para un acuerdo de este tipo, que ya existe entre Japón y EE.UU.
No obstante, varios congresistas cuestionaron las reglamentaciones del Tesoro en cuanto a los artículos en la ley IRA relativos a los acuerdos de libre comercio y las entidades extranjeras (FEOC) al considerarlas permisivas con China. Paradójicamente el principal vocero de las críticas es el presidente del Comité de Energía del Senado, el senador demócrataJoe Manchin, cuyo voto fue central para la sanción de la ley IRA, un pilar fundamental de la política energética del presidente demócrata Joe Biden.
Los críticos señalan que la potestad para firmar acuerdos comerciales con otros países es del Congreso y no del gobierno federal. “Incluso entre aliados, Estados Unidos solo debe celebrar acuerdos que tengan en cuenta las realidades de una industria, aprender de acuerdos anteriores y elevar los estándares”, criticaron los congresistas demócratas Richard E. Neal y Ron Wyden sobre el acuerdo con Japón.
Empresarios con intereses en la industria del litio como el CEO de Integra Capital, José Luis Manzano, señalaron la necesidad imperiosa de un acuerdo con EE.UU. para potenciar las exportaciones de litio argentino. “Para estar adentro necesitamos un tratado como el de Japón (acuerdo sobre materiales críticos) o una interpretación del secretario del Tesoro o del propio presidente de Estados Unidosdiciendo que, por la seguridad energética del propio Estados Unidos, el litio de Argentina en estado de carbonato o hidróxido es considerado raw material (materia prima). Con esto, estamos adentro, sin eso, estamos afuera del mercado”, remarcó Manzano.
Cautela entre las automotrices
Las automotrices están evaluando el impacto de las nuevas reglas en su cadena de suministros. En principio, el Tesoro tuvo en cuenta algunas realidades en la cadena de valor que son imposibles de sortear en el corto plazo por el predominio chino.
General Motors respondió que estaba revisando las reglas pero se mostró optimista de que no alterarían los planes de la compañía. «Debido a las inversiones históricas de GM en EE. UU. y los esfuerzos por construir cadenas de suministro más seguras y resilientes, creemos que GM está bien posicionada para mantener el incentivo de compra de muchos de nuestros vehículos eléctricos en 2024 y más allá«, dijo la compañía.
Autos Drive America, el lobby que representa a los fabricantes extranjeros con operaciones en EE.UU. como Hyundai y Toyota, puso el foco en la necesidad de garantizar la provisión de minerales. «Instamos a la administración a asegurar acuerdos sobre minerales críticos con naciones aliadas para proporcionar a Estados Unidos los minerales necesarios para producir vehículos eléctricos y acelerar esta transición», dijo la presidenta de la entidad, Jennifer Safavian.
China representa entre el 85% y el 90% de la extracción y el procesamiento mundial de elementos de tierras raras y refina el 60% del litio, el 65% del níquel y el 68% del cobalto necesarios para las baterías de vehículos eléctricos, según Goldman Sachs. El banco también estima que el 65% de los componentes de las baterías, el 71% de las celdas de las baterías y el 57% de los vehículos eléctricos del mundo se fabrican en China.
Atento a esta realidad, el Tesoro habilitó una excepción por dos años para algunos minerales provenientes de China que representan menos del 2% de los materiales utilizados en una batería. Manchin criticó fuertemente esta excepción. “La Ley de Reducción de la Inflación establece claramente que los vehículos de consumo no son elegibles para créditos fiscales si ‘cualquiera de los minerales críticos aplicables contenidos en la batería’ proviene de China u otros adversarios extranjeros después de 2024. Pero esta administración, una vez más, está tratando de encontrar soluciones alternativas”, fustigó, en una interpretación excesivamente restrictiva de la ley.
Igual de relevante es el establecimiento de cierto marco para la celebración de acuerdos tecnológicos con compañías chinas. El Tesoro permitirá los acuerdos de licencia de tecnología siempre que la contraparte tenga control operativo de la instalación y no la FEOC, aunque esto se evaluará caso por caso. Es el caso de Ford, que quiere construir una planta de baterías en Michigan con tecnología de CATL, el principal fabricante del mundo. El portavoz de Ford, Richard Binhammer, dijo que la compañía aún está revisando las reglas, pero agregó que «vale la pena señalar que la planta Marshall será construida, propiedad y administrada por Ford (a través de una subsidiaria) – que CATL no tendrá propiedad».
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) colabora con el Poder Judicial poniendo a disposición de jueces y fiscales imágenes satelitales que permitan agregar nuevas pruebas a sus investigaciones.
En ese marco, la agencia espacial argentina aportó recientemente información de origen espacial al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut, que se incorporó a una causa en la que murieron decenas de pingüinos de Magallanes en cercanías de Punta Tombo. Con estos datos se pudo elevar el caso a juicio.
“A fines de 2021, a partir de un pedido del MINCyT, la CONAE colaboró activamente en la provisión de información satelital, con el objetivo de aportar datos para analizar el daño ambiental producido por la apertura de caminos en Punta Tombo”, dijo Mariana Horlent, subgerenta de Servicios al Usuario. “Esta zona contiene una de las principales colonias de cría del Pingüino de Magallanes. Por eso es importante contar con información precisa y confiable que permita analizar los eventos ocurridos”, explicó.
Según los requerimientos de la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, la agencia espacial argentina buscó toda la información disponible en sus repositorios, en catálogos de otras agencias espaciales y en empresas privadas. Así recopiló información de los satélites SAOCOM 1A, de la CONAE, Sentinel-2, de la Agencia Espacial Europea (ESA); datos SPOT 6 y 7, de la empresa Airbus, y adquirió una imagen de alta resolución espacial del satélite Gaofen-1 de la Administración Espacial China. Las imágenes Sentinel-2, que cubren todo el territorio con regularidad, permitieron contar con una serie temporal desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 7 de enero de 2022.
La CONAE buscó la información disponible en sus repositorios, en catálogos de otras agencias espaciales y de empresas privadas. Las imágenes Sentinel-2 permitieron contar con una serie temporal desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 7 de enero de 2022. Así se identificó un camino compatible con las denuncias realizadas.
Las imágenes se analizaron visualmente en distintas combinaciones de bandas para resaltar la diferencia entre suelo desnudo y vegetación. Además se calculó un índice de vegetación (NDVI) para complementar la interpretación visual. La serie temporal permitió identificar ciertos cambios en la superficie del suelo y la aparición de elementos con rasgos compatibles a caminos, en fechas cercanas a los hechos denunciados.
“Todas estas imágenes que se pusieron a disposición de la fiscalía también se procesaron y analizaron en CONAE, generándose cuatro informes sucesivos a medida que surgía nueva información. Uno de los hallazgos principales fue la identificación de un camino en un rango de fechas muy acotado, compatible con las denuncias realizadas ante la fiscalía sobre el paso de una topadora en un área con nidos de pingüinos”, indicó Horlent. Estos análisis se realizaron en el ámbito de la Gerencia de Vinculación Tecnológica de la CONAE, que tiene la responsabilidad de dar respuesta a este tipo de pedidos.
Las imágenes enviadas por agencia espacial también fueron analizadas por otros profesionales que, junto con otras fuentes de información, pudieron estimar el daño ambiental y responder preguntas necesarias para poder avanzar con el proceso judicial.
Un antes y un después
El pasado martes 14 de noviembre, la Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez, junto a la abogada de Fiscalía, Silvina Nicholson, fueron recibidas en las oficinas de la CONAE en la Ciudad de Buenos Aires por Mariana Horlent, subgerente de Servicios al Usuario, Nathalie Horlent, subgerente de Promoción del Sector Espacial, y Aldana Bini Jefa Unidad de Atención al Usuario de la agencia espacial nacional, para compartir los alcances de la de la causa judicial y la incorporación de imágenes satelitales como elementos de prueba al proceso. En esta mesa de trabajo se estableció un protocolo de actuación en relación con el uso de imágenes satelitales para ser utilizadas en investigaciones penales.
La fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez junto a la abogada de Fiscalía, Silvina Nicholson, visitaron la sede central de la CONAE para compartir los avances de la causa y destacar el uso de las imágenes satelitales como elemento de prueba. Foto gentileza: Área de comunicación institucional de la Procuración General de Chubut.
“Es la primera vez que utilizamos imágenes satelitales y los resultados fueron favorables, porque nos permitieron determinar la cuantía del daño generado. Gracias a esta herramienta se pudo establecer la existencia de, además de un camino principal, otras trazas y desmontes realizados con una retroexcavadora en una zona de alta densidad de pingüinos, donde se rompieron cuevas, nidos y huevos, y se mataron pichones”, informó la fiscal Gómez.
Este evento habría provocado un impacto ambiental de tal magnitud que se van a necesitar 35 años para revertirlo, indicó la fiscal, en base a una evaluación realizada por Greenpeace Argentina y la Fundación Patagonia Natural, en base a las imágenes satelitales aportadas por la CONAE y National Geographic.
“Fue una experiencia excelente. Sin estas imágenes jamás hubiese tenido las posibilidades de esclarecer el delito y el daño ambiental. Nos permitió determinar fechas, horas y latitudes de los hechos en forma precisa, como requiere el derecho penal”, aseguró, y adelantó que a partir de ahora la causa será elevada a la instancia del juicio. “Fue un antes y un después para la fiscalía. Pensamos implementar esta herramienta como elementos de prueba en otros casos”, concluyó.
La conformación de un ecosistema de empresas de cuño técnico y tecnológico en el ámbito de la energía nuclear, con capacidad de exportar productos y servicios, es resultado del desarrollo impulsado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), destacó su presidenta, Adriana Serquis, quien puso como ejemplo los «1.000 contratos» entre ese organismo y firmas privadas y mixtas para la construcción del reactor Carem.
En el Carem -el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina- «hubo 1.000 contratos hasta ahora con empresas, y eso significó que haya un montón de pequeñas empresas del área metalmecánica, del área eléctrica, del área de construcción, etcétera, que van generando conocimiento y componentes calificados», sostuvo Serquis.
«Lo que buscamos es que se vayan desarrollando pequeñas empresas que sean capaces de generar esos componentes» y así apuntalar la capacidad de producción del sector, ya que -aseguró la especialista- «una de las cosas que en este momento en el mundo están mirando con más detalle es la posibilidad de generar toda la cadena de suministros».
Esto permite «proveer en tiempo y forma lo que sea necesario», y a la vez «significa una cantidad de empresas enorme», valoró la titular de la CNEA.
El desarrollo de energía nuclear en el país -que tuvo un hito destacado en 1983, cuando Argentina anunció que había logrado enriquecer Uranio y así, dominado el ciclo atómico-, fue cimentando a lo largo de los años el conocimiento y la experiencia para generar capacidades científicas e industriales con tecnología de punta.
Hoy en día el sector nuclear, con sus empresas asociadas, emplea a alrededor de 10.000 personas, aunque se estima que la cifra es mayor dado que se trabaja con una importante cantidad de firmas contratadas y subcontratadas.
Más allá de los reactores nucleares, la CNEA ofrece una amplia gama de servicios vinculados que van desde el análisis de materiales de uso industrial a estudios para certificar que un alimento está libre de contaminación radiactiva o la producción de radioisótopos de uso médico, la fabricación de paneles solares o sensores de uso espacial.
Y muchos de los profesionales que se desempeñan en estas áreas son egresados de los propios institutos de la CNEA, como el Balseiro, el Sabato y el Beninson, que ofrecen carreras relacionadas a la tecnología nuclear que no se dictan en otros lugares.
En lo que respecta a las ventas al exterior, por ejemplo la empresa mixta «Conuar-FAE (Combustibles Nucleares Argentinos) ya está exportando materiales con calificación y estampa nuclear a otros países, como Canadá o China», señaló Serquis.
Y puso en dimensión lo que significa que Argentina venda estas tecnologías a China, «que tiene todo el desarrollo, porque podemos hacer cosas específicas, que quizás no es necesario hacerlas en grandes producciones pero como tienen un valor tecnológico agregado enorme, por ahí lo podemos hacer nosotros, porque tenemos el conocimiento y podemos hacer la fabricación a medida».
«Todos esos desarrollos que se fueron haciendo durante todos estos años hacen que podamos estar calificados como un país capaz de proveer tecnología con componentes con agregado tecnológico muy importante, que muy pocos países pueden hacer», subrayó.
Este tipo de exportaciones tiene su correlato en la generación de divisas: por ejemplo, la venta a Australia del reactor OPAL, realizada por la empresa rionegrina Invap en 2006 por 200 millones de dólares, fue la mayor exportación de tecnología llave en mano de la historia argentina, según dio cuenta el investigador Diego Hurtado en un artículo publicado el año pasado.
Sin embargo, ese monto representa la mitad del precio con el que se venderá a Países Bajos el reactor Pallas, un emprendimiento iniciado en 2018 pero que debido a los vaivenes de la coyuntura, fue retomado nuevamente este año por Invap.
«Será un reactor similar al que se hizo en Australia y similar al RA-10, que están construyendo en Ezeiza. De estos dos aprendizajes es que se gana la licitación para construir el reactor en Países Bajos», explicó Serquis.
Además de esas ventas a Australia y Países Bajos, Argentina ha exportado desde finales de la década del ’70 reactores nucleares a Perú (en dos ocasiones), a Argelia, a Egipto y a Brasil.
Entre sus diversos desarrollos, Invap en los últimos 10 años realizó exportaciones por un valor estimado en 1.500 millones de dólares, graficó Serquis, y dijo que según estimaciones de la CNEA, «exportar una de las centrales nucleares que implicarían cuatro Carem de 120 en una pequeña central de 480 MED, puede dar 4.000 millones de dólares, cada una».
El Carem es un «reactor modular pequeño» que se desarrolla en el país, con tecnologías nuevas y que se espera que esté funcionando para 2028.
«Vamos a ser uno de los primeros países que pueden demostrar esta tecnología», sostuvo la presidenta de la CNEA, y detalló: «Hay más de 80 proyectos en el mundo, pero hay solo dos en construcción y uno es el nuestro. Hay dos que están ya funcionando, pero que en realidad son reactores grandes hechos en pequeño, no con tecnología nueva como es el Carem».
Uno de los ejes que está trabajando la Comisión para incrementar las exportaciones es el de los acuerdos estratégicos comerciales, para lo que hacía falta «tener un plan de negocios propio y una evaluación económica, que nos dio muy bien», señaló Serquis, en relación al trabajo que se estuvo haciendo con economistas de la Universidad de San Martín y con la Secretaría de Asuntos Estratégicos.
El resultado es «un plan económico que es muy razonable y nos da costos muy buenos y muy competitivos a nivel mundial», afirmó Serquis, y avizoró: «Creemos que es una de las grandes oportunidades que tenemos como país».
“No hay plata”. Con esa frase el presidente electo, Javier Milei, ratificó su promesa de campaña de sustituir por completo la obra pública y dejar los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas.
Esto remite a los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que se plantearon durante la presidencia de Macri. Se buscaba impulsar que la infraestructura fuera construida por privados, bajo un marco regulatorio que les garantizara rentabilidad. Pero casi no se avanzó y casi todos los proyectos licitados terminaron rescindidos por incumplimientos.
Lo que hubo en la presidencia de Macri fue un retroceso de la obra pública nacional: su inversión real directa, como porcentaje del PBI, pasó de 1,2% en 2015, a 0,9% en 2019.
Desde ya, el gobierno nacional no puede decidir la extinción de la obra pública dado que en su mayor parte es ejecutada por provincias y municipios. La financian en parte con fondos que transfiere el Estado Nacional de su presupuesto y, en otra parte, con fondos propios, incluyendo la coparticipación de impuestos nacionales.
La primera fuente podría menguar considerablemente, la segunda dependerá de la recaudación tributaria. Es que la obra pública depende en gran medida de las disponibilidades de fondos. Cuando hay estrechez fiscal la obra pública es lo primero que se recorta. Es uno de los gastos más flexibles; basta con no empezar nuevas obras para que en pocos meses empiece a disminuir.
Priorizar la reversión del déficit fiscal tiene lógica macroeconómica, en un contexto de alta inflación como el actual. La forma eficiente de hacerlo, sin aumentar impuestos, es analizar cada partida de gasto público, identificar ineficiencias y programar y ejecutar su reducción, recortando gastos cuya utilidad social no supera su costo. El mismo análisis podría servir para identificar programas que requerirían refuerzos para ser más eficientes; por ejemplo, si no se logran los objetivos por falta de un insumo crítico.
Pero para que ese análisis sea efectivo implica tiempo y requiere capacidades, decisión y autoridad política que no siempre están disponibles. En el corto plazo, la disminución del déficit sin cambios normativos complejos (por ejemplo, sin modificar la ley de movilidad previsional) podría llevar a reducir en términos reales las partidas para obras públicas, transferencias a provincias, remuneraciones de empleados públicos y subsidios tarifarios (lo que requeriría subas de tarifas de gas, electricidad y transporte público).
Así, en el corto plazo la reducción de la obra pública parece una “fija”. La duda principal es si se interrumpirán las obras en marcha, con compromisos ya asumidos, dado que muchas veces pararlas termina siendo más costoso que su continuidad. Y, en segundo lugar, si la suspensión incluirá a las obras que resulten urgentes, al ser necesarias para evitar altos costos sociales.
Las opciones de financiamiento de obras
En el mediano y largo plazo, las políticas de los gobiernos deciden qué proporción del gasto se asigna a la obra pública. Hay obras que pueden ser pagadas por sus beneficiarios; por ejemplo, la extensión de la red de gas natural en un barrio de clase media para reemplazar el uso del gas en garrafas.
Un gobierno puede decidir que este tipo de obra sea provista por la administración pública (que generalmente contrata empresas privadas para la construcción), financiándola con rentas generales o con “contribuciones por mejoras”, cobradas a los beneficiarios. O también puede establecer que una empresa privada se encargue de la provisión (construcción y cobro a sus beneficiarios).
Una motivación central para elegir el primer método (financiamiento con impuestos cobrados a toda la población) sería redistribuir ingresos desde los contribuyentes en general a los beneficiarios de la obra. Con el segundo método (tributo a pagar por los beneficiarios) no habría esta redistribución.
El tercer método no requeriría la intervención del gobierno más que en lo regulatorio y el otorgamiento de permisos; pero podría hacer menos probable la ejecución de la obra si una parte de los potenciales beneficiarios elige no pagarla (por ejemplo, propietarios de terrenos baldíos).
En otros casos, es posible identificar a los beneficiarios, pero pueden no tener capacidad de pago. Por ejemplo, si se trata de la ampliación de un hospital público. Los beneficiarios principales son las familias que acuden al hospital público al no tener medios para pagar atención privada (ni atención arancelada, que recupere todos los costos, de un hospital público). Este tipo de obra sólo se haría si el Estado la financia.
También hay obras cuyos beneficios se extienden más allá de lo que reciben los beneficiarios directos, las llamadas “externalidades”. Por ejemplo, una red cloacal beneficiaría a las viviendas que se conectarían a esa red pero hay otros beneficios como la descontaminación del suelo, que se extenderían a una región más extensa. En esos casos, es probable que la obra sea conveniente socialmente aun cuando no pueda solventarse si la tuvieran que pagar exclusivamente sus beneficiarios principales.
Y también hay casos en los cuales no es posible identificar a los beneficiarios; por ejemplo, la construcción o mejora de un edificio para la Prefectura Naval. Allí la solución de mercado no es posible, ya que son “bienes públicos”: una vez provistos, no es factible ni conveniente cobrar un precio a los beneficiarios; por ejemplo, defensa nacional, legislación, seguridad interior, etc.
Lo que se ha planteado es que estas obras las construyan y mantengan empresas privadas, a partir de contratos de “leasing” a largo plazo, que implicaría que el Estado se comprometa a pagos periódicos en concepto de “alquiler” de la obra. Pero eso es equivalente a obras públicas construidas con financiamiento y, teniendo en cuenta la situación actual, sería un financiamiento muy caro.
En teoría, la empresa privada tendría una garantía, que sería la propiedad de la obra, pero en general dicha obra (por ejemplo, una cárcel) no puede utilizarse para otra cosa que para el fin para el cual fue diseñada, no es algo que tenga un precio de mercado. Y, en la medida en que sean obras necesarias, no deberían dejar de hacerse.
Si la intervención estatal se justificara solo por razones de redistribución de ingresos alguien que afirma, como Milei, que la justicia social es un robo podría decir: si los beneficiarios quieren una obra y tienen dinero para pagarla, que la provea el sistema de mercado; y, si no, que no se haga. Es una posición ideológica, que expresó en la campaña electoral.
Por otra parte, Milei dijo que una empresa debería poder contaminar un río todo lo que quiera, total el agua sobra; por lo cual, es posible que no considere que una externalidad sea justificación para que el Estado intervenga en materia de obra pública.
El esquema de facilitar que el sector privado lleve a cabo obras de infraestructura y cobre por ellas es razonable cuando no hay de por medio externalidades negativas y hay capacidad y voluntad de pago por ellas.
Pero es necesario advertir que, cuando el recupero es de largo plazo, quienes las financien deberán tener seguridad de que van a recuperar su inversión; de lo contrario, el financiamiento privado puede ser muy caro o inexistente. Y, en ese caso, si las obras son socialmente convenientes, puede que lo más eficiente sea que el Estado esté a cargo del financiamiento.
Milei y su proyecto de túnel ferroviario para cruzar la cordillera de los Andes
Conocí a Javier Milei cuando presentó, en representación de Corporación América (Eurnekian), un proyecto de un túnel ferroviario por debajo de la cordillera de Los Andes, a la altura del Cristo Redentor, que transportaría camiones, estaría operativo todo el año, y ayudaría a descongestionar el paso entre Argentina y Chile. Sin realizar el análisis económico, me pareció un proyecto interesante.
Pero se requerían garantías estatales de Argentina y Chile, que incluían el valor de la tarifa a cobrar; en un contexto de alto riesgo país, el proyecto no prosperó. Es ejemplo de obras que podría hacer el sector privado, pero sólo en un marco que brinde certezas. Mientras tanto, las empresas privadas no invertirán en el país cuando su cobro dependa de decisiones del gobierno; y, si lo hacen, facturarán muy caro el riesgo que asuman.
Las experiencias internacionales de crecimiento alto y estable suelen contar con la presencia de un Estado comprometido con el crecimiento, aportando como mínimo un decidido sostén a la investigación básica (clave para el desarrollo tecnológico), al sistema educativo (para fortalecer el capital humano) e infraestructura básica, necesaria para que la producción privada sea competitiva. Y, por supuesto, una condición necesaria, presente en todos los casos: la estabilidad macroeconómica.
Francisco Eggers
Economista -profesor de Finanzas de la Universidad de La Plata
Aerolíneas Argentinas proyecta cerrar su balance 2023 con ganancias por US$ 32 millones y habiendo ejecutado el 0% del presupuesto asignado para este año, informó hoy la empresa, al tiempo que destacó que de esta manera se alcanza el equilibrio financiero por primera vez desde 2008, cuando el Estado Nacional recuperó el control de la línea área.
En un comunicado, la compañía señaló que ha venido reduciendo significativamente su déficit desde que en 2019 alcanzara los US$ 667 millones: durante 2020 y 2021, los dos años de pandemia, se situó en US$ 654 y US$ 439 millones respectivamente, mientras que en 2022 se redujo a US$ 246 millones.
Además, sostuvo que en agosto de 2023 se presentó un balance semestral con un déficit de US$ 48 millones, lo que significó una reducción del 61% comparado con el mismo período de 2022 y, a su vez, una reducción del 80% respecto al mismo período de 2019.
Tanto en este caso como en los anteriores, los ejercicios contables fueron auditados por la Auditoria General de la Nación y por la consultora internacional KPMG, remarcó.
Otro dato destacado por la compañía es el aumento de los ingresos por ventas que este año estima cerrar en US$ 2.126 millones: un 24% más que en 2022 y un 34% más que en 2019. También se destacan los US$ 100 millones que la empresa logró ingresar a través de un fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos, empresa del Banco de Inversión y Comercio Exterior.
Asimismo, en 2023, Aerolíneas transfirió al Estado $ 176.000 millones, contra los $ 6.000 millones que recibió correspondientes al presupuesto 2022, que, a su vez, fue ejecutado en sólo un 67%.
«Aerolíneas demostró, en muy poco tiempo que, con un Plan de Negocios serio y responsable, la sustentabilidad es posible. Y lo hicimos sin usar el presupuesto asignado por el Estado, con récord de pasajeros, más aviones, más destinos, más rutas y agregando valor a todo el sector turístico», sostuvo Pablo Ceriani, presidente de la empresa.
Para este año, Aerolíneas superará el récord de pasajeros de 2019, ya que llegará a los 14.050.000 y prevé para 2024 superar los 16 millones.
En los últimos cuatro años se incorporaron tres nuevos destinos y 18 nuevas rutas.
De esta manera, la compañía vuela a 39 destinos dentro de Argentina (21 de estos destinos de manera exclusiva) y opera, además, 52 rutas federales sin pasar por Buenos Aires.
En tanto que en la red de vuelos internacionales son 22 los destinos (incluyendo a Porto Seguro que inicia en 2024).
Además, durante 2023, alcanzó el récord histórico de aviones operativos con 84 y serán 90 a finales de diciembre del próximo año.
Dicho plan de flota incluyó el ingreso de dos aviones cargueros puros y la renovación de la flota Embraer 190 a partir de 2024, cuando comenzarán a ingresar los nuevos E195-E2.
Por último, el informe destaca la incorporación de un nuevo simulador de vuelos a su centro de capacitación, generando ahorros por US$ 7,6 millones cada año y un ahorro total de US$ 26 millones producto de capacitar en propio al personal en los cinco simuladores de vuelo que la empresa posee.
A su vez, dicho centro generó ingresos por US$ 2 millones por servicios a terceros.
En la misma línea, el área de mantenimiento generó ingresos por US$ 4,9 millones por el trabajo a otras compañías.
La Secretaría de Energía lanzó este viernes un programa de detección y mitigación de las fugas y emisiones derivadas de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, y obligará a las empresas a presentar un plan integral de reducción y captación de estas emisiones. Lo hizo a través de la Resolución 970/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos promoverá acciones tendientes para detectar, medir, cuantificar y validar las fugas en instalaciones y componentes vinculados con la actividad. A partir de mediciones, el programa “organizará y sistematizará” la información obtenida, y propiciará “la implementación de planes de mitigación y reducción” de emisiones fugitivas.
Las empresas del sector estarán obligadas a presentar anualmente ante la Subsecretaría de Hidrocarburos un plan anual de medición, a partir de una reglamentación que se publicará eventualmente. Asimismo, deberán presentar un plan integral a cinco años para reducir o captar las fugas y emisiones, implementando medidas concretas y priorizando la eficiencia y aprovechamiento del recurso.
La información que surja de estos planes serán publicados en la web de la Secretaría de Energía. En lo que respecta a las nuevas instalaciones de aquí en adelante, las firmas deberán incorporar “buenas prácticas y acciones de gestión” para minimizar la posibilidad de fugas desde la misma etapa de planificación y diseño.
La medida se enmarca dentro del segundo Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y sus objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético al igual que el Acuerdo de París.
Precisamente, dentro de dicho plan aprobado en abril último por el Ministerio de Ambiente, se establece como línea de acción el desarrollo de planes de monitoreo, reporte, verificación y mitigación de emisiones. “La reducción de emisiones fugitivas del sector de gas y petróleo representa una oportunidad para alcanzar los objetivos al mismo tiempo que disminuiría las pérdidas del recurso, mejorando la seguridad energética e incrementando la disponibilidad de gas y la eficiencia de los procesos”, señalan los considerandos.
Se aprobó en el país la comercialización de una nueva vacuna conjugada contra la neumonía por neumococo. Se trata de una dosis que amplía la protección a 20 serotipos de Streptococcuspneumoniae.
La versión disponible para chicos y adultos incluida en el calendario nacional reduce el riesgo de infección grave por 13 serotipos de la bacteria. En vacunatorios privados aguardaban aún la fecha a partir de la que estará disponible, así como también el costo hasta que se defina su incorporación al calendario y su cobertura.
La Anmat autorizó la venta en el país de Prevenar 20 del laboratorio Pfizer y su incorporación al calendario dependerá de la decisión de la autoridad sanitaria nacional. Con esto, también se podría simplificar con una dosis el esquema de protección recomendado para los adultos.
La agencia regulatoria nacional recomienda la cobertura con una dosis en la población de 18 años o más. En los chicos, se repetiría un esquema de dos dosis –la primera a partir de las seis semanas de vida y la segunda a los dos meses– más un refuerzo entre los 11 y 15 meses de edad. Aparece, en la disposición de la Anmat, un segundo esquema posible que sería, de acuerdo con lo informado por el laboratorio productor, un esquema de recomendación individual de manera privada: incluye tres dosis (a partir de las seis semanas de vida y con un intervalo no menor a las cuatro semanas entre las dosis) más un refuerzo entre los 11 y 15 meses de edad.
Pfizer informó que “el precio de la nueva vacuna tendrá un leve diferencial por encima de la actual vacuna antineumocócica 13 valente”. En vacunatorios privados, sin cobertura, el costo de la dosis de la versión conjugada 13-valente es de $43.900.
La infección por neumococopuede ser localizada, como la neumonía o la otitis, o convertirse en una enfermedad invasiva, como la meningitis o la bacteriemia (infección generalizada). La edad y tener otras enfermedades aumenta el riesgo de padecer formas graves de la enfermedad.
“Esta vacuna da protección contra 20 serotipos, lo que hace que mejore de forma significativa la cobertura contra la neumonía y la enfermedad invasiva por neumococo, en donde el neumococo llega a través de la sangre a cualquier tejido del organismo, como, por ejemplo, las meninges y genera meningitis neumocócica”, explicó a través de un comunicado del laboratorio productor Miriam Rozenek, infectóloga, geriatra y miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
Extremos de la vida
En diciembre del año pasado, el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) entregó a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación una recomendación para la vacunación en adultos de disponer de la vacuna conjugada contra 20 serotipos del neumococo: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F. Existe una versión de la vacuna conjugada, que actúa contra 13 serotipos.
El grupo propuso “reemplazar el esquema de vacunación secuencial (vacuna conjugada 13-valente/vacuna polisacárida 23-valente) por el de una dosis de la vacuna conjugada 20-valente para la población entre 18 y 64 años con factores de riesgo” de enfermedad neumocócica invasiva si contrae la infección.
“La enfermedad invasiva por neumococo afecta fundamentalmente los extremos de la vida: los niños muy pequeños y las personas mayores”, continuó Rozenek, que es médica de planta de la Sección Geriatría del Hospital Italiano. “En ambos, no solo puede producir enfermedad aguda, sino que también puede generar complicaciones a mediano y largo plazo. Es por eso por lo que la prevención en niños y adultos con condiciones de riesgo, así como en adultos mayores (de 65 años o más) es absolutamente importante”.
Las agencias regulatorias de Estados Unidos y Europa ya habían aprobado su uso el año pasado. En la Argentina, Pfizer presentó su solicitud a la Anmat este año y la autoridad regulatoria dio luz verde a la solicitud en julio último, pero se dio a conocer hoy.
“Prevenar 20 (vacuna antineumocócica conjugada 20-valente) está indicada para la inmunización activa para prevenir la enfermedad invasiva, la neumonía y la otitis media aguda causadas por Streptococcus pneumoniae en lactantes, niños y adolescentes entre seis semanas y 18 años, además de las ya autorizadas –resolvió el administrador general de la Anmat–. Está indicada para la inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva y la neumonía por Streptococcus pneumoniae en individuos de 18 años de edad y mayores”.
En un acto encabezado por la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Ana Franchi y la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) María Ema Martín, se inauguró el nuevo edificio del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP, UNLPam-CONICET).
El edificio cuenta con una superficie de 652 m2 cubiertos dispuestos en planta baja, 1ro y 2do piso. Tiene ocho laboratorios, uno de ellos estará equipado con un MEB pronto a arribar, oficinas, espacios comunes de trabajo, una sala de capacitación que tiene capacidad para 58 personas, y sala de reuniones, entre otras instalaciones. El instituto se proyecta sobre un edificio existente catalogado como Patrimonio Provincial, por lo que las intervenciones realizadas fueron las necesarias para adecuarse al nuevo uso y requerimiento poniendo énfasis en la accesibilidad universal y el reemplazo de sus instalaciones.
A su turno, la presidenta del CONICET Ana Franchi agradeció a todos los trabajadores y trabajadoras del INCITAP, a los equipos involucrados en el proyecto destacando la articulación con la Universidad, y expresó: “Es una inmensa alegría inaugurar la nueva sede del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa. Quiero felicitar y alentar la terquedad de los científicos y las científicas porque todos juntos y juntas hacemos ciencia. Nuestra terquedad en creer que la ciencia y la tecnología son indispensables para el desarrollo de un país más justo e inclusivo”.
Por su parte, la vicerrectora de la UNLPam, destacó que el INCITAP se asienta en un edificio que es Patrimonio Histórico y relevante para la Universidad y para la ciencia. Agradeció “el trabajo casi invisible y a veces no reconocido de estas mentes brillantes, que hacen el día a día de la construcción del conocimiento, que es transformación para nuestras políticas públicas, para el desarrollo de nuestra región, de nuestra provincia y del país”. Finalmente, añadió: “Desde la Universidad Nacional de La Pampa estamos orgullosos de este momento, sabiendo que se avecinan tiempos difíciles pero con el compromiso de seguir formando parte de este colectivo: CONICET-UNLPam-Universidades Públicas Nacionales”.
Más adelante, Lardone destacó lo valioso de poder inaugurar estos nuevos espacios para desarrollar la ciencia y tecnología en todo el país, enfatizando la necesidad de sostener y seguir profundizando las políticas de federalización. No solo como agenda institucional sino que sea el conocimiento puesto en una agenda de desarrollo. “El gobierno de La Pampa tiene, al igual que el resto de las 23 jurisdicciones de nuestro país, una agenda territorial donde en el corazón del plan de ciencia y tecnología, que ha sido aprobado recientemente por ley, define los grandes vectores de desarrollo.”
Breccia expresó su agradecimiento a las autoridades y equipo de trabajo y destacó la llegada del Microscopio Electrónico de Barrido con el que se trabajará en convenio con la provincia y varios sectores de ésta.
En este marco, el intendente Luciano Di Napoli destacó la importancia de la ciencia y la tecnología en la provincia y felicitó la gestión del CONICET y del MINCyT. “Una de las grandes virtudes que ha tenido CONICET y por supuesto INCITAP en el caso nuestro tiene que ver con una característica que es el federalismo. Si hay una política pública que sea federalizada en estos últimos cuatro años, tiene que ver con la ciencia”, aseguró Napoli y remarcó: “Nosotros acá en la ciudad de Santa Rosa podemos dar muestras de ello. Hemos trabajado muy bien en el INCITAP con nuestros científicos/as en dos proyectos que nos llenan de orgullo. Uno tiene que ver con la gestión de insumos para el laboratorio en todo lo que tiene que ver con la investigación del cannabis medicinal y su desarrollo. Y por otro lado, en pocos días vamos a inaugurar nuestra planta de bioinsumos, la cual tendrá la dirección técnica desde el INCITAP”.
Del acto participaron el director del INCITAP y del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Patagonia Confluencia, Javier Breccia; la integrante del Directorio del Consejo y subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Luz Lardone y el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli.
El saliente canciller de Argentina, Santiago Cafiero, afirmó en una entrevista que la Argentina no firmará esta semana el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, como esperaban Brasil y la presidencia del bloque europeo.
Cafiero, que dejará su cargo el 10 de diciembre cuando Alberto Fernández ceda el poder a Javier Milei, dio por tierra con las expectativas levantadas la semana pasada por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el uruguayo Luis Lacalle Pou, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de cerrar el acuerdo durante la cumbre del Mercosur que tendrá lugar desde el 6 de diciembre en Rio de Janeiro.
«Las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho, pero no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo«, enfatizó Cafiero sobre el pacto, arduamente negociado -con pausas incluidas- desde hace más de 20 años.
El tratado, cuyas negociaciones concluyeron en 2019 pero que luego chocó con nuevas diferencias entre las partes, «tiene un impacto negativo en la industriadel Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro», explicó tajante Cafiero.
La postura de Lula y de Macron sobre el acuerdo Mercosur-UE
El viernes, Lula afirmó en la red social X desde la COP28 de Dubái, que el Mercosur y la Unión Europea estaban «cerca de cerrar» el TLC.
Pero las nuevas reglas ambientales adoptadas por la Unión Europea en 2019 suponen «ya hoy mayores costos y restricciones para las exportaciones del Mercosur de alimentos y otros productos», sostuvo Cafiero, sobre este acuerdo europeo que se volvió un escollo en las tratativas bloque a bloque, en medio de fuertes críticas de Brasil.
El Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) rechazó el «proteccionismo verde» y respondió con exigencias propias, como la creación de un fondo ambiental para apoyar a los países en desarrollo.
«Las demandas del Mercosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del agro y de la industria. Como ya hemos dicho en distintas oportunidades, un acuerdo puede ser beneficioso pero no cualquier acuerdo lo es«, remató el canciller argentino, que participará junto a Fernández en la última gran cumbre del gobierno saliente.
Las afirmaciones de Cafiero, que reflejan un postura que Argentina ha defendido por años, se conocen luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, también le pusiera coto al optimismo el sábado.
Macron, que se reunió con Lula en Dubái, anunció que viajará a Brasil en marzo, precisamente para discutir el acuerdo UE-Mercosur, al cual cuestionó en su forma actual.
Este acuerdo es «completamente contradictorio» con lo que el presidente Lula «está haciendo en Brasil», afirmó el mandatario francés. El pacto «no toma en cuenta la biodiversidad y el clima» y se reduce a un acuerdo «mal remendado», que «desmantela los aranceles» como se hacía antes, alegó.
«Cada país tiene derecho a tener su propia posición. Siempre ha sido más difícil llegar a un acuerdo con Francia porque es más proteccionista. La Unión Europea no tiene la misma posición», opinó Lula el sábado ante periodistas en Dubái. Brasil ejerce la presidencia rotativa del Mercosur.
Alberto Fernández se refirió al acuerdo UE-Mercosur
El presidente Alberto Fernández remarcó hoy que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa aún no se firmó porque «encontró resistencia dentro de Europa» y, si bien manifestó su intención de suscribir ese convenio, llamó a debatir primero «determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias».
«El acuerdo Mercosur-Unión Europea no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa«, señaló el Presidente en diálogo con Radio Futurock.
Fernández aclaró que su intención es «firmarlo» porque cree que «geopolíticamente es correcto un acuerdo» entre ambos bloques, pero advirtió que para hacerlo quiere discutir antes «determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias».
«Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta», agregó.
Fernández asistirá el miércoles y jueves próximos a la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Río de Janeiro, en su última actividad antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los líderes mundiales asistentes a la cumbre a planificar un futuro sin la presencia de combustibles fósiles, argumentando que no hay otra forma de frenar el calentamiento global.
“No podemos salvar un planeta en llamas con una manguera contra incendios de combustibles fósiles (…) El límite de 1,5 grados solo es posible si finalmente dejamos de quemar todos los combustibles fósiles. No los reducimos. No los reducimos”, sostuvo Guterres.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva señaló que en lugar de unir fuerzas, el mundo libra la guerra, alimenta las divisiones y profundiza la pobreza y la desigualdad.
“Si no dejamos de lado nuestras diferencias en nombre del bien común, la vida en el planeta estará en peligro y será demasiado tarde para llorar”, afirmó el mandatario brasileño.
“Nos enfrentamos al que tal vez sea el mayor desafío que la humanidad haya enfrentado jamás”, remarcó.
Más de una veintena de países han acordado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) de 2023 triplicar la capacidad actual de la energía nuclear a nivel global para 2050.
Los países firmantes, entre los que se encuentran entre otros Estados Unidos, Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, se comprometen a “trabajar juntos para avanzar en el objetivo global de triplicar la capacidad de energía nuclear desde 2020 hasta 2050, reconociendo las diferentes circunstancias internas de cada participante”.
El anuncio lo hizo en Dubai el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, junto a varios líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, quienes señalaron que la energía nuclear es clave para alcanzar la neutralidad de carbono, en la lucha contra el cambio climático.
Los líderes mundiales, apoyados por países en desarrollo, reconocieron públicamente que “la realidad de los hechos y la evidencia nos dicen que no se puede llegar al cero neto en 2050 sin algo de energía nuclear”, en palabras de John Kerry.
“No estamos argumentando que esta vaya a ser absolutamente una alternativa radical a cualquier otra fuente de energía”, dijo Kerry.
“No hay ideología detrás de esto”, insistió.
Los firmantes aprovechan para invitar a los accionistas del Banco Mundial, las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo regionales a fomentar la inclusión de la energía nuclear en las políticas de préstamos energéticos de sus organizaciones.
Entre sus diversos desarrollos, Invap en los últimos 10 años realizó exportaciones por un valor estimado en 1.500 millones de dólares, graficó Serquis, y dijo que según estimaciones de la CNEA, «exportar una de las centrales nucleares que implicarían cuatro Carem de 120 en una pequeña central de 480 MED, puede dar 4.000 millones de dólares, cada una».
El Carem es un «reactor modular pequeño» que se desarrolla en el país, con tecnologías nuevas y que se espera que esté funcionando para 2028.
«Vamos a ser uno de los primeros países que pueden demostrar esta tecnología», sostuvo la presidenta de la CNEA, y detalló: «Hay más de 80 proyectos en el mundo, pero hay solo dos en construcción y uno es el nuestro. Hay dos que están ya funcionando, pero que en realidad son reactores grandes hechos en pequeño, no con tecnología nueva como es el Carem».
Uno de los ejes que está trabajando la Comisión para incrementar las exportaciones es el de los acuerdos estratégicos comerciales, para lo que hacía falta «tener un plan de negocios propio y una evaluación económica, que nos dio muy bien», señaló Serquis, en relación al trabajo que se estuvo haciendo con economistas de la Universidad de San Martín y con la Secretaría de Asuntos Estratégicos.
El resultado es «un plan económico que es muy razonable y nos da costos muy buenos y muy competitivos a nivel mundial», afirmó Serquis, y avizoró: «Creemos que es una de las grandes oportunidades que tenemos como país». 
