Julio Burdman, licenciado en Ciencia Política (UBA) y Doctor en Ciencia Política (Instituto de Estudios Políticos de París), docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de la Defensa Nacional, se atreve con una de las vacas sagradas del discurso político argentino.
Reproducimos esta nota de «El Estadista»:
«Algunos gobernadores e intendentes que estaban de licencia renuncian al gabinete nacional para volver a sus queridos terruños. Otros gobernadores en funciones luchan para suspender las PASO y desdoblar las elecciones, para despegarse de la política nacional, a la que consideran un ámbito tóxico. Otros, mientras tanto, intentan convencer a la sociedad que el litio o el río Paraná son asuntos provinciales, y no nacionales.
Todas escenas de un federalismo descontrolado, cuyas pequeñas lógicas parroquiales tienen sentido en los microclimas territoriales, pero nos impiden pensar estratégicamente. Es decir, como un país.
Todas estas escenas se inscriben en uno de nuestros más graves problemas, que es
esa criatura institucional deforme y disfuncional llamada «federalismo argentino». Se trata de un modelo singular de organización del Estado, que se fue construyendo sin criterio estratégico ni voluntad popular a partir de la denominada Revolución Libertadora.
Desde 1955 en adelante, una sucesión de parches políticos dictatoriales, finalmente legitimados por la Constitución de 1994, nos hicieron así. El nuestro es un caso único: tenemos todos los problemas universales del federalismo -localismo egoísta, litigiosidad excesiva de las provincias contra el gobierno nacional, hipertrofia burocrática y tributaria- y
carecemos de todas sus virtudes -contrapeso del poder presidencial, más democracia local, eficiencia fiscal.
Para peor, la lógica deforme del singular modelo federal argentino empeora con el tiempo: las dirigencias provinciales piensan cada vez más en cómo llevar más agua para sus molinos, y debilitan al gobierno nacional. Que se volvió incapaz de pensar y actuar en términos que beneficien al conjunto de los argentinos.
El problema no es nuevo. En los años ’90, el «problema federal» era macroeconómico.
Los reformistas liberales de la época -Menem, Cavallo, la Alianza-, y sobre todo los economistas que trabajaban para ellos, sabían que debían mantener controlado el gasto público agregado para que el sistema de convertibilidad funcione. Y veían que las provincias eran un obstáculo, ya que la lógica política del sistema las llevaba a gastar cada vez más, y al gobierno nacional a ser más condescendiente con ellas.
Por eso, los economistas se obsesionaron con dos temas: la coparticipación federal y una reforma del Estado que permitiese limitar el crecimiento de las burocracias provinciales. Nada de ello prosperó: los estados provinciales fueron creciendo en funciones, y reciben cada vez más dinero de la torta coparticipable.
En el Siglo XXI, se agregó el problema geoeconómico. Las gobernaciones provinciales quieren participar de todos los negocios estratégicos de la Argentina. En su eterna queja contra el «centralismo porteño» -un discurso que nunca falla, como la defensa de los osos panda bebé-, los gobernadores siempre reclaman más.
En los últimos días, los gobernadores del noroeste se opusieron a la propuesta del gobierno nacional de formar, junto a Bolivia y Chile, una organización multilateral de exportadores de litio -una idea que tampoco es nueva- y los del Litoral piden controlar la administración de la Hidrovía del Paraná – Paraguay.
Todos los temas de fondo de la Argentina están atravesados por las provincias que quieren defender a toda costa sus intereses locales, y un Gobierno Nacional que apenas las contiene.
Se repite la letra y la lógica de la Constitución de 1994, la misma que les transfirió a los gobernadores la propiedad de los recursos hidrocarburíferos y minerales.
Esa Constitución fue una miopía fenomenal de la dirigencia nacional de los años ’90 -si es que había una-, que no anticipó la importancia que tendrían los recursos naturales en el futuro próximo. Lo que hicieron los constituyentes de Santa Fe fue comparable a la Rusia de Boris Yeltsin, que se desprendió alegremente de Kazajstán, Azerbaiyán y otras repúblicas soviéticas ricas en petróleo, que en aquellos años parecían un lastre fiscal para Moscú.
La provincialización del petróleo y la minería dejó a Argentina sin instrumentos para tener una política nacional en dos industrias claves.
Las provincias dueñas de estos recursos son las que llevan adelante las negociaciones con los inversores extranjeros. Y obtienen acuerdos que lucen convenientes para sus jurisdicciones, pero que tienen poco impacto colectivo en el largo plazo.
A su vez, con idéntica lógica, muchas poblaciones locales decidieron prohibir ciertas formas de minería.
El resultado: un país con poca minería y que importa energía. Si esa misma lógica se impone en nuestra «arteria aorta» fluvial y en el litio, la miopía se habrá transformado en ceguera.»
Julio Burdman
Comentario de AgendAR:
La crítica de Julio Burdman al sistema vigente es válida, y debatirla requiere una extensión y profundidad que no caben en un artículo. Entonces, sólo queremos añadir una observación.
Si el Estado Nacional se propone en serio corregir una situación que le impediría trazar políticas nacionales para los recursos naturales, deberá poner sobre la mesa de negociación su fuente principal de recursos, que cuando fue diseñada en la gestión de Duhalde en la crisis profunda que siguió a la caída de la convertibilidad, no se pensó en dar participación a las provincias. Nos referimos, claro, a las retenciones sobre los productos del agro que se exportan.
A. B. F.
