La balanza de pagos: el reloj que le marca el tiempo al modelo Milei

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Un indicador publicado recientemente por el INDEC dio mucha tela para cortar: la balanza de pagos. El dato refleja todas las transacciones realizadas entre residentes argentinos y del exterior, y se divide en dos grandes cuentas: la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente refleja todas las transacciones de comercio (exportaciones e importaciones) de bienes y servicios, y con el pago de intereses de las deudas externas pública y privada, el pago de utilidades y dividendos de las inversiones extranjeras, y las remesas internacionales. La cuenta financiera refleja todas las transacciones relacionadas con el stock de inversión extranjera directa (IED) y capitales financieros. De la suma de estas dos cuentas resulta la variación de las reservas internacionales.

A importar que se acaba el mundo

Los datos de la balanza de pagos del primer trimestre de 2025 fueron muy elocuentes: el déficit de cuenta corriente superó los USD 5000 millones (hace un año se había registrado un equilibrio), casi duplicando lo acordado con el FMI ¡para todo el año! El principal impulso lo dio el crecimiento de las importaciones tanto de bienes (+34% interanual) como de servicios (+66%), en un contexto de exportaciones amesetadas (+8%). El dato más saliente fue el fuerte incremento del déficit de turismo, el cual pasó de unos USD 700 millones el primer trimestre de 2024 a casi USD 3.500 millones, un aumento del resultado negativo de USD 2.750 millones. Todo esto, incluso antes del Mundial de Clubes.

Los datos de importaciones se encuentran en línea con otros que se desprenden de las cuentas nacionales. Si bien el primer trimestre del año marcó una recuperación del nivel de actividad de 5,8% interanual (0,8% trimestral), con consumo privado en récord histórico (en términos absolutos, no así por habitante), las importaciones representaron el 32% del PBI, el porcentaje más alto en 135 años.

La cuenta corriente puede interpretarse de la siguiente manera: si hay superávit, entonces el país en su conjunto produce más de lo que gasta y ese excedente lo presta de una manera u otra al exterior, bajando la deuda externa (pública y/o privada); si hay déficit, en cambio, sucede lo contrario: gastamos más de lo que producimos y ese faltante nos lo presta el resto del mundo, aumentando la deuda externa (pública y/o privada). Así, en el primer trimestre del año la población argentina en su conjunto incrementó su deuda con el resto del mundo en más de USD 5.000 millones.

¿Cómo se financió este déficit? En parte con entrada de capitales financieros, pero principalmente con caída en las reservas internacionales. Hay que tener en cuenta que el nuevo desembolso del FMI se dio en abril, por lo que no aparece en este dato del primer trimestre.

A viajar que se acaba el mundo

Además del Balance de pagos trimestral del INDEC, en estas semanas también se publicó el Balance de pagos mensual del BCRA. ¿Por qué dos instituciones públicas miden lo mismo? Porque no es exactamente lo mismo. Más allá de la diferencia temporal (uno es trimestral y el otro mensual), el INDEC mide las transacciones de bienes y servicios realizadas (se las llama devengadas, hayan sido o no pagadas en su totalidad), mientras que el BCRA mide los pagos efectuados por esas transacciones, lo que no siempre se da al mismo tiempo.

Por ejemplo, si una importación se realiza en enero, pero se financia en 12 cuotas mensuales iguales, el INDEC considera que toda la importación se realizó el primer mes del año, porque en ese período entraron los bienes. En cambio, el BCRA divide esa importación en los 12 meses del año, porque es cuando salen los flujos de dinero. Así, cuando las importaciones del balance de pagos del INDEC son mayores que las del BCRA, la deuda de importadores está subiendo (se importaron más bienes y servicios de los que se pagaron); y cuando son menores, la deuda está cayendo (se pagaron más bienes y servicios de los que se importaron).

Bueno, resulta que en mayo la cuenta corriente del balance de pagos del BCRA cumplió 12 meses consecutivos de déficit. En términos generales, la Argentina tiene un resultado positivo en el saldo comercial de bienes y resultados negativos en el saldo comercial de servicios y la cuenta de intereses (paga más intereses, utilidades, dividendos y remesas de las que recibe). Que la cuenta corriente sea superavitaria o deficitaria depende de si el saldo positivo de bienes llega a compensar los saldos negativos de servicios e intereses. Como hace un año calendario que no lo hace, la deuda externa del país (sector público o privado) ha venido aumentando.

Si miramos con más detalle este indicador, notamos que el déficit de servicios es liderado por turismo, un servicio particularmente sensible al tipo de cambio. En los primeros 5 meses del año, este saldo negativo casi se triplicó al pasar de USD 1.600 millones en 2024 a USD 4.500 millones en 2025. Para tener un orden de magnitud, el déficit total de servicios de lo que va del año apenas supera los USD 5.000 millones, es decir que es casi totalmente explicado por turismo.

A comprar dólares que se acaba el mundo

Por el lado de la cuenta financiera del BCRA, de enero a mayo de 2025 muestra un superávit de más de USD 10.000 millones, explicado en su totalidad por el primer desembolso del programa con el FMI por USD 12.000 millones. En otras palabras, si no fuera por ese acuerdo, la cuenta financiera también sería deficitaria. 

Dentro de la cuenta financiera se puede ver cuántos dólares compraron las familias. Resulta que desde la salida del cepo en abril más de 1 millón de personas se llevaron USD 5.250 millones, cuando en los 14 meses previos se habían vendido apenas USD 2900 millones. Esto, lejos de ser una crítica a la relajación de las regulaciones cambiarias, es una clara señal de alarma acerca de la sostenibilidad del tipo de cambio.

Así, luego de la fuerte acumulación de reservas internacionales de abril por el desembolso del FMI, en mayo volvieron a bajar en unos USD 2000 millones.

A apostar que se acaba el mundo

Desde el Gobierno salieron a calmar las aguas. Esta vez es diferente, argumentan, porque el sector público tiene superávit. Así, el déficit de cuenta corriente es responsabilidad exclusiva del sector privado. ¿Quién es el Estado acaso para decirle a las familias y empresas que están gastando por encima de sus posibilidades o que se están endeudando demasiado?, se preguntarán.

El sector público influye en la economía de manera directa, por ejemplo, cuando construye un puente, pero también lo hace de manera indirecta, por ejemplo, cuando baja la tasa de interés para estimular que el sector privado se anime a gastar más porque es más barato financiarse o porque un plazo fijo no rinde tanto.

Del mismo modo, el sector público puede influir de manera directa o indirecta en el mercado de cambio. La manera directa es comprando o vendiendo reservas internacionales. Como sabemos, esto no se hace desde que se relajó el cepo. Pero sí lo viene haciendo de manera indirecta. La semana pasada Emi nos contaba, Marty McFly mediante, cómo funciona el mercado de dólar futuro. También lo hace de manera indirecta dando señales diferentes a los distintos participantes del mercado de cambios. 

Para los inversores profesionales, el aumento de las reservas por el programa del FMI, más los desembolsos de otros organismos internacionales, el REPO con bancos privados y las licitaciones de deuda en pesos a suscribir en dólares (BONTE), invitan a aprovechar las tasas altas en pesos bajo la premisa de que el tipo de cambio no va a subir. Eso quitó demanda en el mercado de cambio. Al mismo tiempo, hasta junio había una reducción temporal de las retenciones, lo que aumentó la oferta en el mercado de cambios. El resultado, un tipo de cambio bajo.

Los inversores de a pie, los que no se dedican a sacar el máximo provecho en el corto plazo sino que miran un horizonte más largo y conocen la historia del país, ven un dólar barato y aprovechan para comprar. Por eso los USD 5.250 millones de compras de las familias.

No soy yo, sos vos

Pero, a pesar de la importancia del equilibrio presupuestario, que sea el sector público o el privado el que genera el déficit de cuenta corriente y endeudamiento en moneda extranjera es, en un punto, irrelevante. Si el resto del mundo decide dejar de financiar a la Argentina, ya sea por motivos internos (una mala elección del Gobierno) o externos (una sequía o una caída en el precio de la soja), los dólares se van a acabar y vamos a tener que dejar de consumir e invertir más de lo que producimos. Dado que no es posible aumentar mucho la producción en poco tiempo, lo que ajusta es el consumo y la inversión. Eso significa recesión, devaluación o, más probablemente, ambas: una devaluación que incremente los precios, reduzca los ingresos y provoque la recesión.

En resumen, es cierto que el equilibrio presupuestario hace que la intervención directa del sector público no empeore las cosas. Pero no evita los riesgos. Sostener que sin déficit fiscal no hay posibilidad de crisis es fingir demencia, solo es funcional al objetivo electoral porque posterga la corrección, pero acumula inconsistencias que pueden hacer que el final de la película sea más dramático de lo que podría haber sido. A no ser que el Gobierno haya encontrado una manera de transformar pesos en dólares.

Guido Zack

Radiografía del cáncer en el mundo: el que más aumenta en adultos jóvenes y otros índices

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Dice el oncólogo César Rodríguez, que el cáncer es como una especie de “golpe de Estado” de nuestras propias células: de repente, estas meticulosas máquinas biológicas comienzan a comportarse de un modo extraño en el organismo, proliferan de forma descontrolada, sin freno, y se vuelven contra uno mismo. Así se desarrolla una enfermedad que, en los últimos años, se ha convertido ya en la principal causa de muerte en todo el globo: cada año se reportan 10 millones de muertes por esta dolencia y se diagnostican 19 millones de nuevos casos.

Según la última edición del Atlas del Cáncer, editado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el de pulmón es el más frecuente —y el que más muertes causa—. La guía científica también subraya que, en los países ricos, el cáncer de colon está aumentando en adultos jóvenes, un fenómeno que, probablemente, está relacionado con el aumento de la obesidad y de una alimentación poco saludable, proponen los editores del informe.

El Atlas, que radiografía la situación del cáncer en todo el mundo y recopila la evidencia científica más actualizada sobre esta enfermedad, recuerda que la mitad de las muertes por cáncer son atribuibles a factores de riesgo evitables. Esto significa que, detrás de esa dolencia que ha abocado al fallecimiento de alguien, hay comportamientos o hábitos poco saludables que podrían prevenirse. Por ejemplo, fumar o beber alcohol.

Según el informe científico, el tabaco está detrás del 20% de los fallecimientos por cáncer, más de 740.000 nuevos casos se deben al consumo de alcohol y al menos 13 tumores están vinculados con el exceso de grasa corporal.

“Una proporción considerable de casos de cáncer en cada país se puede prevenir mediante la implementación de medidas de prevención y control del cáncer estratificadas según los recursos, como la promoción de la salud, el control del tabaco y la vacunación; sin embargo, estas medidas no se implementan de forma óptima en muchos países debido a la falta de voluntad política”, advierte en un comunicado Ahmedin Jemal, vicepresidente sénior de vigilancia y equidad en salud de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y editor principal del informe.

El tabaco causa, al menos, 17 formas de cáncer y es el responsable de más de 2,6 millones de muertes cada año. El informe también señala que el 12% de los tumores detectados se deben a infecciones —especialmente, en países de bajos recursos— y el 90% de los melanomas (un tipo de cáncer de piel) diagnosticados están relacionados con la exposición al sol.

En más de un centenar de países, incluida la parte occidental del continente europeo y América, el cáncer más comúnmente diagnosticado entre los hombres en 2022 fue el de próstata; en otros 33 estados de Europa del Este, Asia y el norte de África, fue el de pulmón. Entre las mujeres, el mapamundi se tiñe casi completamente de rosa, color tradicionalmente identificativo del cáncer de mama.

Solo unas manchas en una veintena de países del continente africano señalan que ahí el más frecuente es el de cérvix. Este tumor es el más mortal entre mujeres en 29 países de África, un territorio donde menos del 10% de las mujeres de entre 30 y 49 años se han sometido alguna vez a pruebas de detección (en Occidente, es el 80%) y donde la cobertura de la vacuna contra el virus del papilona (causante de estos tumores) es baja.

Los más diagnosticados

Con todo, en números absolutos, los tumores de pulmón son los que se diagnostican más frecuentemente (2,5 millones de nuevos casos) y son también la principal causa de muerte por cáncer (1,8 millones de fallecimientos en 2022). El cáncer de pulmón es el cáncer más comúnmente diagnosticado y la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con alrededor de 2,5 millones de casos nuevos y 1,8 millones de muertes en 2022.

La guía científica pone el acento también en esta edición en un fenómeno que mantiene en alerta a la comunidad científica: en países de altos ingresos, especialmente, la incidencia de cáncer de colon está bajando en los adultos mayores gracias al descenso del hábito tabáquico y a las pruebas de detección precoz, pero está repuntando en adultos jóvenes, por debajo de los 50 años.

En Reino Unido, por ejemplo, en 1995, la tasa de cáncer colorrectal en personas de entre 20 y 49 años era de 6,9 casos por 100.000 habitantes, mientras que en 2017 era de 12,3. En Australia, en las mismas fechas, esa tasa pasó de 11,5 a 16,7. En Países Bajos también creció en esos años de 8,7 a 12,4. Y en Estados Unidos, era de 11 en 1995 y llegó a 15,3 en 2017.

La guía científica recuerda que algunos estudios de incidencia de cáncer colorrectal por cohorte de nacimiento demostraron que el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal es cada vez más elevado entre las generaciones sucesivas nacidas desde la década de 1950. “Las razones siguen sin determinarse, pero pueden incluir aumentos en el exceso de peso corporal y cambios en la dieta”, apunta el informe.

Y recuerda que el auge de este tumor está muy relacionado con el aumento de los niveles de desarrollo humano, cristalizado, por ejemplo, en los patrones dietéticos vinculados al crecimiento económico. No en vano, las tasas de incidencia están creciendo en los países (Ecuador o India, por ejemplo) que están cambiando hacia un estilo de vida más occidental y donde está creciendo la prevalencia de factores de riesgo, como el consumo de ultraprocesados, la obesidad o el tabaquismo.

WhatsApp apuesta a los agentes de ventas con IA para impulsar su mensajería de negocios

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L’Oréal acaba de lanzar en Estados Unidos un asistente de belleza en WhatsApp llamada Beauty Genius, que puede analizar la piel de los usuarios con un video y venderles productos dentro de la app. Según Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la idea es que en un futuro todas las empresas tengan un agente comercial con IA, como hoy tienen un sitio web y una dirección de correo electrónico.

“Vamos a expandirnos a más empresas en México y Filipinas antes de lanzar esto a nivel global. También estamos desarrollando una forma de integrar estos agentes de IA directamente en los sitios de e-commerce de las compañías, para que puedan contar con la misma tecnología que impulsa los agentes en WhatsApp, directamente en sus webs, y así hacer recomendaciones de productos o facilitar ventas”, anunció Zuckerberg durante el evento Conversaciones.

Por cuarto año consecutivo, Meta organizó este encuentro en el que se anuncian nuevas funciones para WhatsApp Business, la aplicación separada de la versión estándar, diseñada específicamente para pequeñas empresas y que ya tiene siete años. Este año, tuvo lugar en el centro de convenciones del hotel Fontainebleau de Miami, para graficar la importancia que está adquiriendo Estados Unidos para la app.

Por cuarto año consecutivo, Meta organizó un encuentro para anunciar nuevas funciones para WhatsApp Business
Por cuarto año consecutivo, Meta organizó un encuentro para anunciar nuevas funciones para WhatsApp Business

“Más de 100 millones de personas en EE.UU. están usando WhatsApp para enviar mensajes a sus amigos y familiares, y Miami realmente está liderando el camino. Ahora, mientras seguimos construyendo experiencias privadas y útiles para las 3000 millones de personas que usan la app en todo el mundo, también estamos desarrollando nuevas formas para que los negocios puedan llegar a clientes, vender productos y ofrecer servicios a través de WhatsApp”, agregó Zuckerberg, en un video grabado para los 250 asistentes y las 80.000 personas que siguieron el evento vía streaming.

Otro de los anuncios de la jornada, además de los agentes de IA, es que pronto las empresas podrán llamar a sus clientes a través de WhatsApp.

Nikila Srinivasan y Alice Newton-Rex
Nikila Srinivasan y Alice Newton-Rex

“Después de crear una presencia en WhatsApp, las empresas tienen que crear una experiencia encantadora para los clientes. Así que, desde este mes, vamos a habilitar las llamadas a clientes, si ellos así lo desean, porque a veces un chat no es suficiente y está bueno tener la flexibilidad de llamar”, explicó Nikila Srinivasan, vicepresidenta de mensajería de negocios.

“El poder de la mensajería es real. Es la forma en que los clientes se quieren conectar y la forma de establecer relaciones. Y ahora estamos haciendo más que texto”, continuó.

En tanto, la vicepresidenta de Producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex, dijo que la empresa está invirtiendo en el éxito de las compañías que usan la app.

En América Latina, las industrias que más usan WhatsApp Business son el e-commerce, el sector de retail y los servicios financieros y bancarios, y la respuesta de los usuarios es positiva. Según una investigación de Kantar sobre el uso de la mensajería empresarial, en la Argentina, más del 78% de los adultos online están de acuerdo en que la mensajería es una forma rápida y sencilla de comunicarse con un negocio.

La mensajería paga, que es el producto más nuevo de WhatsApp Business, ya genera más de US$1000 millones al año. En tanto, los anuncios con clic a WhatsApp generan varios miles de millones. Es decir que ambos productos suman varios miles de millones de dólares anuales para Meta, y siguen creciendo.

María Julieta Rumi

La nueva estrategia de defensa de Gran Bretaña: lecciones para Argentina

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(Hoy reproducimos en AgendAR 3 notas vinculadas a temas militares. Su publicación reciente ha sido una coincidencia, y decidimos aprovecharla. Tres enfoques diferente e igualmente agudos. Pero AgendAr publicó desde que existe notas sobre temas militares, originales o reproducidos. Y lo seguiremos haciendo. Creemos que las industrias de defensa, duales, deben ser la mesa de ensayo de nuevas tecnologías. Y que los complejos «militar-empresario-tecnológico» son la herramienta clave de los Estados serios).

Cuando el gobierno británico presentó en Glasgow su Revisión Estratégica de Defensa 2025, el documento rector que fija los lineamientos para la defensa nacional, el primer ministro Keir Starmer sostuvo que “el mundo enfrenta la situación más peligrosa después del fin de la Guerra Fría” y que el primer cambio es “pasar a la preparación para la guerra como objetivo central de nuestras fuerzas armadas”. Según se aprecia, el líder del Partido Laborista tiene una mirada esclarecida respecto de la misión principal de las Fuerzas Armadas y no dedica tiempo en discusiones sobre procesos de policialización.

Una rápida lectura de la Strategic Defence Review 2025 arroja una información que debería ser leída con atención en Buenos Aires, en donde los devaneos por convertir a los militares en policías de frontera están a la orden del día: el texto, de 144 páginas, no hace una sola mención al narcotráfico ni en él figura la palabra “drogas”. Por el contrario, la familia léxica en torno al término “guerra” (war, warfare, warfighting, warfighter, wartime) destaca por su ubicuidad: aparece en 250 oportunidades a lo largo de la directiva estratégica.

¿Podríamos colegir de esto que el narcotráfico no es un problema para el Reino Unido? Nada más alejado de la realidad. Los últimos datos oficiales nos ayudan a poner el tema en perspectiva: i) el año fiscal que concluyó en marzo de 2024 exhibió un récord histórico de incautaciones en Gran Bretaña, con un incremento del 75% en la cocaína confiscada; ii) la aparición de opioides sintéticos ultra potentes –como los nitazenos– ha desatado una crisis de sobredosis sin precedentes; iii) el 9% de las personas de entre 16 y 59 años declararon haber consumido drogas durante el último año; iv) el Reino Unido tiene una de las tasas de muertes por consumo de drogas más altas de Europa, con un aumento del 60% en una década; y v) desde hace más de un decenio, cuentan con un instrumento moderno –desde el punto de vista operativo e investigativo– para hacer frente al crimen grave y organizado: la National Crime Agency (NCA), que empezó a operar en 2013 y tiene entre sus finalidades combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los delitos cibernéticos, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la lucha contra el lavado de activos.

Es importante señalar que la excelente formación de los agentes de la NCA no guarda relación alguna con los saberes que, en países como Argentina, adquieren los militares en las escuelas de guerra específicas o conjunta. Por el contrario, es la incorporación de destrezas en materia de inteligencia criminal y de asistencia al sistema judicial lo que contribuye a su eficacia, lo que nada tiene que ver con el empleo del máximo poder de fuego del Estado característico de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, a pesar del éxito de la NCA –como la Operación Destabilise, que recorrió los portales policiales del mundo entero–, lo cierto es que en el Reino Unidos la política antidrogas está siendo puesta bajo el ojo escrutador de los expertos. Un reciente informe de RAND Europe, elaborado por encargo del Ministerio del Interior británico, afirma que, lejos de reducir la violencia, las intervenciones policiales –aun las de organismos modernos y profesionalizados como la NCA– estarían generando efectos contrarios a los deseados: más enfrentamientos y mayor empoderamiento de las mafias. La evidencia acumulada, ahora con la validación de organismos oficiales, plantea una disyuntiva para Londres: continuar por una ruta esencialmente represiva que exhibe sus limitaciones o dar paso a un modelo que incorpore más consistentemente la mirada centrada en la salud pública y la reducción de daños.

Como se deduce tanto de la Strategic Defence Review, como de los informes requeridos por los organismos de seguridad interior, nadie piensa hoy en el Reino Unido en la militarización de la política antinarcóticos. A contramano de esta tendencia, la Argentina parece haber descubierto con medio siglo de demora la estrategia de “guerra contra las drogas” lanzada por Richard Nixon en 1971, cuyos resultados no podrían haber sido peores: aumento de la discriminación racial, crecimiento desproporcionado de la población carcelaria (sobre todo entre las minorías) y fracaso estrepitoso en la reducción del consumo (Estados Unidos continúa siendo, seis décadas más tarde, el mayor consumidor mundial de cocaína según el último Informe Mundial de Drogas de la ONU).

El fracaso de la “guerra contra las drogas” ha sido reconocido por un universo que no se limita al progresismo o al reformismo, sino que se extiende a diferentes expresiones de la derecha política e intelectual: desde los ex presidentes que más se han comprometido con su implementación –Otto Pérez Molina, Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto– hasta el fallecido escritor Mario Vargas Llosa.

Gran Bretaña se prepara para la guerra. La Revisión Estratégica de Defensa 2025 es indubitable respecto de la centralidad que adquiere la preparación del Reino Unido para la guerra. En el documento se fijan tres grandes metas: i) la adopción de la doctrina “OTAN primero”, que refuerza la integración dentro de esa alianza atlántica; ii) el fortalecimiento de la capacidad operativa del instrumento militar con fuerzas de reserva plenamente entrenadas; y iii) el aceleramiento del desarrollo de tecnología militar “a ritmo de tiempos de guerra”.

La planificación británica contempla un aumento progresivo del gasto militar que llegará al 2,5% del PBI en 2027; y al 5% en 2035, según el compromiso asumido en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Estas cifras representan el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde 1991. En este marco, y de particular importancia para el despliegue en el Atlántico Sur, se prevé la construcción de 12 nuevos submarinos de ataque propulsados por energía nuclear –provistos de armamento convencional– que reemplazarán, desde fines de la década de 2030, a la actual flota de la clase Astute. Asimismo, debe recordarse que el Reino Unido cuenta con otros cuatro submarinos Vanguard, propulsados con energía nuclear y portadores de armas atómicas con el sistema de misiles Trident. En relación a ello, el primer ministro Starmer anunció que destinará 15.000 millones de libras (unos 20.300 millones de dólares) al programa británico de armas nucleares, lo que incluye el desarrollo de nuevas ojivas para los sistemas de ataque de los Vanguard.

Malvinas. Sobre Malvinas, el documento inglés afirma: “Las bases del Reino Unido en el extranjero siguen siendo un elemento fundamental. Muchas de estas bases están ubicadas en territorios británicos de ultramar. La soberanía sobre los territorios debe protegerse contra cualquier desafío para que quienes viven en ellos como ciudadanos británicos puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Esto incluye mantener una postura militar defensiva en las islas Malvinas (Falkland en el documento original), Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como en otros intereses británicos, incluyendo la defensa del sistema del Tratado Antártico”.

No sabemos formalmente cuál es la apreciación estratégica global en materia defensivo-militar del gobierno de Javier Milei y cuál es su postura respecto de Malvinas, aunque ello es fácilmente deducible. Basta con contrastar la asertiva mirada británica en la Strategic Defence Review 2025 con la última Directiva de Defensa (DPDN) que emitió una fuerza política de derecha en la Argentina. Ello sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y sus responsables trabajan hoy para Milei.

La única mención a Malvinas en toda la DPDN 2018 es de una condescendencia que asombra frente al firme tono de los documentos militares británicos: “La República Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. La reciente mejora en la relación con el Reino Unido (…) contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable, ya que favorece un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral”.

Las FFAA argentinas como policía de frontera. Al día siguiente de la difusión de la Strategic Defence Review 2025, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, acudió a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a defender su proyecto de conversión de los militares en policías de frontera.

Sobre este último asunto, Petri firmó el 11 de abril la Resolución MD Nº 347/2025 que autoriza a los efectivos militares a “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal”. Petri confirmó que los militares podrán “detener personas” en flagrancia porque “está previsto en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación”. Dichas detenciones, según el ministro, se guiarán por “los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad (…) que se usan para las fuerzas policiales”.

La policialización de los militares que Petri fue a defender a la Comisión de Defensa contrasta con la inobservancia de las cuestiones estratégicas en general, y de la cuestión Malvinas en particular. En relación a esto último, es notable –entendiendo como Freud a las palabras como vehículo para acceder al inconsciente– la ausencia total del término “Malvinas” en la alocución del ministro. La desgrabación de la reunión exhibe que Petri no mencionó ni una vez a Malvinas como enclave estratégico del Atlántico Sur y su relevancia en materia de recursos y proyección antártica.

En este contexto, urge que la Argentina vuelva a tener una política exterior y de defensa enfocada en lo importante: i) contar con un diagnóstico adecuado sobre las implicancias del Brexit para la cuestión Malvinas; ii) estudiar los reveses jurídicos del Reino Unido ante las cortes internacionales en favor de Mauricio y su soberanía en el archipiélago de Chagos, que condujeron a que Londres firmara el pasado 22 de mayo el acuerdo de transferencia de soberanía después de más de medio siglo; iii) reactivar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) compuesta por 24 países africanos y sudamericanos, que tiene, entre sus metas, la desnuclearización del Atlántico Sur y la oposición a la presencia de bases militares extranjeras en la región; iv) ponderar que el Reino Unido dejó la Unión Europea pero no abandonó la OTAN, por lo que es clave para la Argentina que la base militar británica en Malvinas no se convierta en un emplazamiento de esa alianza atlántica; y v) disponer de submarinos operativos, lo que resulta fundamental tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017 durante el gobierno de Macri.

Puesto muy sencillamente, se trata más de observar –y eventualmente replicar— lo que los británicos hacen y menos de hacer lo que los británicos pretenden que hagamos. Tal vez así tendremos una verdadera política de defensa nacional y no una que aspire a hacer de los militares policías de frontera.

Luciano Anzelini

El poder militar actual de Argentina: fantasía y realidad

“La Argentina ahora se encuentra en el puesto número 23 de las potencias mundiales”. La afirmación del presidente Javier Milei en su mensaje en la Bolsa de Comercio, refrendada en otras ocasiones por el propio mandatario y por el ministro de Defensa, Luis Petri, le dio relieve a la clasificación del poderío militar que se registra en el Global Fire Power (GFP) 2025.

La ubicación de la Argentina en el ranking militar, sobre un total de 145 países, sorprendió a distintas voces del sector castrense. En la medición GFP 2025, que evalúa un conjunto de 60 factores −desde personal militar, equipamiento, presupuesto, capacidad logística, extensión territorial, acceso a recursos naturales y desarrollo tecnológico−, la Argentina aparece en el puesto 33, diez posiciones por debajo de la indicada por el Presidente.

En la medición de 2024, incluso, nuestro país se había clasificado en el 28° lugar y en años anteriores, durante las gestiones kirchneristas, navegó por posiciones similares.

“El ranking resume lo que podemos definir como el milagro argentino. De otro modo, no se entiende cómo unas Fuerzas Armadas que no cuentan con un submarino operativo –Chile tiene cuatro y Perú, seis−, pagan salarios bajos y carecen de municiones y de elementos mínimos para su funcionamiento ocupan el tercer lugar en América Latina, después de Brasil y México”, graficó una fuente castrense.

 “¿Qué nivel de seriedad se le puede atribuir a una publicación que nos coloca militarmente por encima de Corea del Norte, una potencia nuclear; Noruega, Holanda, Finlandia, Bélgica y Portugal, que integran la OTAN, e, incluso, por encima de Colombia, claramente el segundo mayor instrumento militar en Sudamérica?”, se preguntó un jefe militar retirado que comandó durante varios años las Fuerzas Armadas en la Argentina.

Otros indicadores internacionales, que se guían por el presupuesto asignado al área de Defensa en relación con el PBI, son más realistas y menos halagüeños: la Argentina destina a gastos militares el 0,7% del PBI y se ubica en el 132° puesto en el orden mundial. Los países que tienen el mismo nivel de inversión son Etiopía, Indonesia, Benín, República Democrática del Congo, Austria y República Dominicana.

“La forma más rigurosa y objetiva para medir el potencial militar y de defensa de un país no es cuántos tanques viejos tiene o si aún le funciona un submarino: es cuánto de su riqueza decide invertir en su defensa. Por eso, los países serios utilizan como parámetro principal el presupuesto de defensa en relación con el PBI”, explicó el el presidente del Foro Argentino de Defensa (FAD), Santiago Lucero Torres.

Vehículos de combate del Ejército en el desfile militar de 2024
Vehículos de combate del Ejército en el desfile militar de 2024María Bessone

El informe

La clasificación GFP 2025 le otorga a la Argentina un puntaje de 0,6013, cuando el score ideal es 0,0000, y lo ubica en el 33° lugar, entre México y Corea del Norte. Encabezan el ranking Estadios Unidos, Rusia, China, India y Corea del Sur. Completan los primeros diez lugares el Reino Unido, Francia, Japón, Turquía e Italia. Brasil, el primero de América Latina, aparece en el puesto 11 y Chile se ubica en la posición 47.

Entre los 60 factores considerados para elaborar el ranking figura la cantidad de unidades militares. “Es bien sabido que nuestro país, desde el inicio del Servicio Militar Voluntario, significó que todas nuestras unidades redujeran a un tercio el número de efectivos. La cantidad de regimientos puede ser una, pero cada regimiento tiene los efectivos correspondientes a una compañía, una compañía los de una sección y una brigada los de un regimiento”, evaluó una fuente militar.

El informe menciona que el poderío naval se basa en 44 naves activas, aunque la Armada no tiene submarinos ni portaaviones. “Se toman múltiples parámetros y los datos son los que provee cada país, ya sea en sus presupuestos, los llamados Libros Blanco de la Defensa e informes públicos oficiales”, explicó una fuente naval. Otro militar experimentado señaló que la cantidad de buques de la Armada “pueden marcar cuantitativamente algo, pero son solo barcos que flotan, sin capacidad de desarrollar operaciones militares, porque no tienen munición, ni misiles de defensa aérea, ni torpedos embarcados. Son cáscaras que flotan”.

Las limitaciones que ponen en duda una posición de liderazgo se perciben recorriendo los cuarteles, admiten en las unidades militares. “De ninguna manera estamos 23, ni 33. Las fuerzas terrestres no tienen defensa antitanque ni antiaérea, están mal comunicadas, no tienen elementos de guerra electrónica, no hay elementos de visión nocturna, drones y armas antidrones, las unidades cuentan con pocas municiones para entrenamiento y nada de munición de reserva: no alcanza para ni siquiera dos horas de combate”, explicó un oficial en actividad.

Medición engañosa

Varios especialistas cuestionan el ranking por su falta de indicadores precisos y su metodología opaca. “Se enumeran en el informe los medios que posee cada fuerza, pero no se mide el estado de mantenimiento, los niveles de desarrollo de tecnología, las condiciones de operatividad de los sistemas de armas, la tecnología disponible, las horas de vuelo, navegación, instrucción y el grado de adiestramiento, lo que relativiza sus conclusiones”, expresaron en las Fuerzas Armadas.

“El ranking es bastante engañoso. Puede servir para una tabla de Excel, pero no refleja el estado real, ni la capacidad de combate efectiva de las Fuerzas Armadas en la Argentina, a pesar de que la actual gestión realiza un esfuerzo enorme y eso se valora”, dijo Lucero Torres.

Otro oficial superior en actividad profundizó el análisis. “Tampoco hay elementos para transportar unidades de combate, ni vehículos para llevar cargas logísticas. No hay instalaciones de comando, ni uniformes, ni botas. En algunos casos el personal se compra sus propios uniformes y vestimenta porque el Ejército provee apenas 5000 por año, para más de 40.000 efectivos. A cada uno le toca un uniforme cada ocho años.

Distintas voces coinciden en que el lugar que el ranking le otorga a la Argentina contrasta con las estadísticas que marcan los ajustados niveles de inversión.

“Por ejemplo, se dice que el Ejército tiene más tanques que Chile: 316 TAM (Tanque Argentino Mediano) contra 240 Leopard. Pero nuestros TAM tienen 45 años de antigüedad, solo diez están modernizados y el resto no tiene repuestos, ni capacidad de combate nocturno. Es como comparar un Fiat 600 con un Tesla y decir que tenemos ventaja por cantidad”, explicó Lucero Torres. “Es como comparar la cantidad de autos sin mirar si tienen motor”, graficó otra fuente castrense.

El titular del FAD concluyó: “Los rankings están bien para una tabla de Excel, pero no reflejan el estado real, ni la capacidad de combate efectiva. Es necesario un debate serio sobre la defensa, no espejitos de colores”.

Otras limitaciones

“En la Fuerza Aérea tenemos solo cuatro aviones A-4 en servicio. Los aviones Pampa son de entrenamiento, no de combate. Si bien la Argentina concretó la compra de 24 aviones caza F-16, cuyas primeras seis unidades llegarán en diciembre, Chile ya tiene 44 F-16 y Perú, 12 Mirage 2000 y 12 MIG-29. La artillería autopropulsada argentina se limita a ocho piezas en servicio, mientras Chile tiene 48”, explicó Lucero Torres.

Fuentes castrenses revelaron que «en estos momentos no vuela ningún sistema de intercepción avanzado, como el F-16”. La capacidad de intercepción está limitada a los Pampa o Tucano, que solo tienen ametralladoras o un cañón de 20 milímetros”.

Otro punto discutible es que el relevamiento considera a la geografía como uno de los parámetros, partiendo de la lógica de que a mayor superficie debería disponerse de mayor fuerza para su defensa. “En nuestro país, por las carencias que se verifican, los presupuestos más bajos de la historia y el nivel paupérrimo de los salarios –un 24% por debajo de las fuerzas de seguridad- es justamente una prueba en la dirección contraria”, concluyó un jefe militar de reconocida experiencia.

Mariano De Vedia

Capacitación del Ejército Argentino en el uso del radar RPA-200M de INVAP

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En el marco de la incorporación de tecnología de última generación, personal técnico del Ejército Argentino, incluyendo ingenieros electrónicos, operadores y mecánicos radaristas, participó de una capacitación intensiva sobre el radar RPA-200M, un sistema de vigilancia aérea de largo alcance desarrollado por INVAP.

La formación se enmarca en el contrato firmado con la empresa rionegrina, que incluye la entrega de dos radares, seis simuladores y equipamiento de laboratorio. Dado el salto tecnológico que representa el sistema RPA-200M, con funcionalidades que integran radar primario, secundario y receptor ADB-S, la capacitación fue considerada un paso crítico para su integración operativa.

El curso se desarrolló en dos etapas: una fase inicial a distancia, centrada en los fundamentos del radar y la arquitectura general del sistema, y una etapa presencial llevada a cabo en la sede central de INVAP en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Durante la fase presencial, los participantes trabajaron junto a ingenieros de INVAP con experiencia en áreas clave como mecánica, software, radiofrecuencia, lógica programable, motores, generación trifásica, actuadores y redes IP. Además de profundizar en la teoría, los técnicos militares realizaron prácticas con simuladores y ejercicios reales de operación con emisiones de radiofrecuencia, que incluyeron la detección de blancos de ocasión en las inmediaciones del aeropuerto local.

Estas actividades permitieron afianzar los conocimientos adquiridos en un entorno seguro, pero técnicamente exigente, y representan un avance sustancial en la preparación del personal para operar y mantener en forma autónoma los nuevos sistemas.

La capacitación también refuerza la estrategia de modernización del sistema de vigilancia y defensa aérea del país, al tiempo que garantiza el sostenimiento logístico a largo plazo de los equipos adquiridos.

Florencia Lucero Heguy

Paolo Rocca -Tenaris- da la batalla cultural por la protección de la industria

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La pelota Argentum 2025 con la que se jugará el campeonato de fútbol que arranca este fin de semana está hecha por Adidas en Indonesia. ¿Esto debería ser para siempre así? ¿No podría estimularse su producción en -por ejemplo- la localidad cordobesa de Bell Ville para que la Asociación del Fútbol Argentino se abastezca con empresas nacionales?

Preguntas como ésta están volviendo al debate en todo el mundo a partir de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos con su política de aranceles a la importación para proteger a las fábricas locales.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei plantea un rumbo distinto: alentar la apertura comercial a través de una reducción de barreras e impuestos sobre los productos que vienen del extranjero para beneficiar a los consumidores con más competencia que lleve a la baja de precios. Todo, a su vez, potenciado por un tipo de cambio que hasta ahora se movió menos que el resto de las variables y hace más conveniente traer mercadería de afuera que producirla acá.

Desde el corazón del establishment, en tanto, la Organización Techint sale ahora a dar la batalla cultural a favor de la protección a la industria y el establecimiento de políticas productivistas con la invitación de dos figuras rutilantes de la discusión de estos temas a nivel internacional.

En el marco del XX Seminario Internacional del Boletín Informativo Techint que se realizará el 21 de agosto próximo llegarán al país nada menos que Robert Lighthizer, un halcón del proteccionismo estadounidense y ex representante comercial del primer mandato de Trump, y Dani Rodrik, un académico de prestigio que siempre contrapuso al discurso del libre comercio la necesidad de pensar políticas productivas sofisticadas.

Ambos compartirán el estrado con Juan Carlos Hallak, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Buenos Aires con un PhD en Harvard, en lo que se espera sea una forma del principal holding industrial argentino de plantar cara al debate sobre qué debe hacer el Estado en este momento tan desafiante para la región en general y para la Argentina en particular.

Coordinado por la Directora del Centro de Informaciones y Estudios Económicos de Techint Susana Szapiro, se trata de un encuentro que se realiza siempre en el auditorio del edificio central de la multinacional ubicado en la calle Della Paolera en el barrio porteño de Retiro. Salvo alguna extraña excepción cuenta con la participación en primera fila del mismísimo factótum de la compañía, Paolo Rocca, interesado en marcar el pulso del pensamiento en el empresariado local.

Lighthizer es autor del libro «No trade is free» («Ningún comercio es libre») y es conocido en los Estados Unidos por ser el cerebro detrás de la política más dura de aranceles a la importación. Su tesis de fondo, en línea con el proteccionismo industrial más elemental, es que los países deben pensar a su población como productores de bienes antes que como consumidores y que por eso con barreras al comercio deben protegerse los sectores industriales, en especial los estratégicos. 

Tiene una larga trayectoria. Durante la administración de Ronald Reagan, por ejemplo, trabajó para instalar restricciones al comercio de acero y autos provenientes de Japón. Más tarde se transformó en lobbista de la industria siderúrgica de los Estados Unidos. En 2017 fue representante comercial de la primera administración Trump.

Cuando su libro se publicó en 2023, Trump lo describió como «una obra maestra que describe cómo mi administración se enfrentó a China y luchó contra los globalistas y comunistas que han estado estafando a los trabajadores estadounidenses durante décadas».

«Bob», como le dice el presidente estadounidense, considera a China una amenaza para el desarrollo y por eso recomienda enfrentar al gigante asiático con la imposición de aranceles. Así, se lo considera el padre de la política exterior que está llevando a la práctica, no sin idas y vueltas, la actual gestión del líder republicano.

La necesidad de proteger a la industria siderúrgica de la competencia externa proveniente de China es un mensaje permanente en las apariciones públicas de Rocca. Con el patrocinio de la visita de Lighthizer lleva su posición al extremo en plena guerra comercial y mientras la administración de Javier Milei apuesta por la apertura. Techint tiene plantas en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

Dani Rodrik recibe el doctorado Honoris Causa el año pasado en la UBA de la mano de Emiliano Giacobitti.

Dani Rodrik, en tanto, complejiza la mirada de Lighthizer con una contribución a lo largo de su carrera dedicada a llamar la atención sobre la necesidad de políticas públicas para el desarrollo que no sólo se basen en restricciones al intercambio comercial.

«Rodrik planteó que la política de desarrollo productivo no debe ni necesaria ni centralmente consistir en decisiones burocráticas que elijan sectores a ser beneficiados a través de exenciones tributarias, cuantiosos subsidios o protección comercial», describió justamente Hallak en el documento para sustentar el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires el año pasado.

«Por el contrario, existe una enorme variedad de insumos públicos en áreas tan diversas como la capacitación laboral, la promoción comercial, la construcción de infraestructura o la investigación que son necesarios para complementar la actividad de los sectores productivos permitiendo que la misma se desempeñe en un ámbito competitivo», añadió Hallak, que compartirá la exposición en la convocatoria de Techint.

El panel auspiciado por Techint llegará en un momento, además, en el que el Gobierno está planteando una reducción de los entes de articulación público-privada como los institutos oficiales de tecnologías industrial y agropecuaria, el INTI y el INTA, defendidos por las centrales empresarias de ambos sectores, como la Unión Industrial Argentina y la Mesa de Enlace.

El año pasado, en una entrevista con el diario La Nación tras recibir el reconocimiento de la UBA, Rodrik habló sobre cómo la política industrial debe convivir con la estabilización macro: «Si la inflación es de tres dígitos, nada puede pasar. Pero no se puede negar el rol que puede tener el Estado en potenciar las fuerzas productivas, que a su vez contribuyen en consolidar esa estabilidad macro. (…) Pero la política industrial no se trata de subsidios o impuestos, sino muchas veces de organizar los sectores para resolver los problemas en conjunto».

Jairo Straccia

La venta de casi 70 mil hectáreas, el otro objetivo en la intervención y desguace del INTA

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A horas de cumplirse el año de plazo que le otorgaba la Ley Bases (votada por legisladores de provincias donde «el campo» es la principal economía), el Gobierno finalmente decretó la intervención y degradación del INTA y el INTI, junto con el fin de organismos como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el de Vinicultura (INV, que seguirá teniendo ese nombre solo para vender), el de Propiedad Intelectual (INPI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (Inafci). La primera pregunta que surge de los diferentes sectores implicados es: ¿por qué hacerlo? No era una demanda social ni económica. Todo lo contrario. Funcionaban bien. Los intereses parecen venir por otro lado. No solo la motosierra al desarrollo en favor de intereses privados y/o extranjeros. Sino también el valor de las tierras que esos entes manejan o donde ellos funcionan, sobre todo el INTA.

De organismo descentralizado con autarquía, el INTA pasa a ser un ente desconcentrado, con dependencia total de la Secretaría de Agricultura. Detrás de los típicos justificativos oficiales de «sobredimensionados» e «ineficientes» se esconden otras razones.

La intervención sobre el INTA supuestamente vino en un diagnóstico que lo califica como “sobredimensionado”, con 932 cargos jerárquicos y «graves deficiencias administrativas detectadas» por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El Ejecutivo nacional mencionó la falta de controles en compras, contrataciones y manejo de fondos.

También cuestionó la estructura territorial descentralizada del organismo, que, según el texto del decreto, dificultó «la supervisión estratégica» y fomentó la «dispersión operativa». El nuevo esquema establece que el INTA sea dirigido por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem.

Pero hay algo detrás.

Los terrenos del INTA

En todos los casos, desde el INTA hasta el INASE o el INTI, según dispone el decreto presidencial que deberá ser refrendado por el Congreso, se aplicarán medidas comunes como el relevamiento obligatorio de bienes, la transferencia de recursos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la adecuación de estructuras internas bajo control del Ministerio de Economía. Pierden autarquía y poder de decisión sobre los terrenos en los que funcionan.

El 20 de noviembre de 2024, el sitio Bichos de Campo anticipó un documento oficial que mostraba las apetencias de la AABE (Administración de Bienes del Estado) por las miles de hectáreas de campos que son propiedad del INTA en su patrimonio, y que podían pasar a manos de los privados mediante subastas. En ese documento había, como un dossier inmobiliario, al menos 27.000 hectáreas bien demarcadas ubicadas en diferentes estaciones experimentales de todo el país.

Tras aquella revelación, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, comenzó a negar esa vocación vendedora e incluso su nueva vocera, la locutora Jorgelina Traut, tildó varias veces como “una mentira” esa versión sobre las apetencias inmobiliarias de la gestión «libertaria».

La venta de casi 70 mil hectáreas, otro objetivo del Gobierno en la intervención y desguace del INTA

Pero tras la salida del decreto de necesidad y urgencia 462/2025, que dispuso la eliminación del Consejo Directivo del INTA (integrado por las entidades rurales), que servía como dique de contención ante esas ínfulas rematadoras, el gran artífice de esa reforma, el ministro Federico Sturzenegger, volvió a instalar de inmediato que ese era uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei.

Tras enumerar varias razones que llevaron a la intervención del INTA, Sturzenegger escribió: “A ello se suma un dato revelador: el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre”.

Esto confirma que una de las intensiones oficiales con esta «transformación»: poner “a disponibilidad” de la AABE ya no las 27 mil hectáreas mensuradas en aquel informe oficial del año pasado, sino muchas más, hasta unas 70.000. Como antecedente, ese organismo ya remató a fin de 2024 el histórico edificio de la calle Cerviño. En ese caso si contó con aval de las entidades de la Mesa de Enlace. Ahora, tras el decreto, ya no será necesario ese permiso del Consejo Directivo para avanzar con nuevos remates.

Remarca Matías Longoni, en una nota para Bichos de Campo, que en los planes oficiales -muy escasos- que se conocen para el futuro del INTA, además de las apetencias inmobiliarias de esta gestión se anticipa la decisión de despedir (o lograr que acepten el retiro voluntario) unos 1.500 empleados, es decir el 25% de la plantilla actual del organismo tecnológico.

«A la hora de encontrar fundamentos para que su motosierra avance sobre el INTA, Sturzenegger lanzó en su tuiter muchas otras medias verdades –destaca–: por caso, citó un informe de la SIGEN (2023) que ‘reveló importantes deficiencias en el control: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión’. Ese informe nunca se hizo público».

Guillermo Lavecchia

La tecnología argentina que podría cambiar la minería de litio

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Hace un poco más de una década,  la entonces presidenta Cristina Kirchner anunciaba que el país comenzaría a vender litio a gran escala y ese discurso no pasó desapercibido en la carrera de Ernesto Calvo. Todo comenzó con una conversación entre él y otros investigadores sus compañeros de trabajo sobre el anuncio presidencial. Esta charla terminó derivando en una reunión masiva en Jujuy. «Fue mucha gente que trabajaba en electroquímica, yo particularmente no había trabajado nunca en litio ni en baterías», recuerda.

“Ahí tomamos conciencia de la magnitud de la escala”, dice Calvo. No se trataba de pequeñas cantidades en un laboratorio, sino de miles de toneladas anuales de carbonato de litio que se iban a extraer de los salares, extensas llanuras de sal donde, durante miles de años, se fue concentrando el litio disuelto en lagunas. La Argentina posee una de las reservas más grandes del mundo en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

Pero extraer este metal de manera eficiente y sustentable requiere una complejidad técnica importante. La magnitud del proyecto llevó a Calvo a tomar la decisión de cambiar completamente su línea de investigación en bioelectroquímica para especializarse en la extracción sustentable de litio y en otros proyectos como las baterías avanzadas de litio-oxígeno.

La innovación de Calvo fue aplicar una tecnología que todos conocemos, la de nuestros celulares, para resolver un problema industrial. Su equipo propuso usar el mismo principio que hace funcionar las baterías de los smartphones para extraer litio de los salares. En las baterías de celulares, los iones de litio se «intercalan», es decir, se insertan, dentro de dos lugares distintos. Por un lado, estructuras de grafito (carbón) en un electrodo y óxidos metálicos en el otro electrodo. Cuando cargamos y descargamos el teléfono, estos iones viajan de un electrodo al otro, creando y liberando energía según la dirección del movimiento. La propuesta toma este mismo principio y busca aplicarlo industrialmente. En lugar de generar energía para un teléfono, usa la intercalación para separar selectivamente el litio de las salmueras de los salares, donde está mezclado con otros elementos.

La extracción tradicional de litio esconde el problema del uso del agua, que se usa de manera intensiva y que afecta seriamente a las comunidades, ya que se lo explota en territorios donde el agua es un bien escaso. La técnica tradicional consiste en bombear cerca de 1700 litros por segundo de salmuera del subsuelo y dejarla estancada en piscinas de evaporación entre 12 y 18 meses.

Prototipo del reactor electroquímico para extracción de litio, desarrollado por Calvo y equipo de UBA-CONICET.

“Hay un conflicto permanente”, reconoce Calvo. “Más allá de la contaminación visual, la contaminación no es peligrosa porque los residuos son sales de magnesio, potasio, sodio y calcio, pero sí está el tema del agua”. En Catamarca, un ejemplo es el caso del río Los Patos, que quedó seco por la explotación minera en el proyecto Fénix de la empresa Livent.

El método de Calvo promete reducir el consumo de agua, ya que volvería a su lugar de origen y sería un proceso mucho más rápido. Además, la técnica permitiría una extracción más selectiva y pura, lo que significa menos procesamiento químico posterior y, por lo tanto, menor impacto ambiental.

El conflicto de las patentes

Sin embargo, el camino hacia la implementación de un nuevo método de extracción de litio no es sencillo. Después de desarrollar las metodologías electroquímicas para extraer litio de forma sostenible, CONICET presentó patentes en Estados Unidos, Australia, Bolivia, Argentina y Chile, además de la patente internacional.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, la exclusividad del desarrollo fue otorgada a Y-TEC, una empresa argentina creada por YPF y CONICET para investigación y desarrollo en tecnologías energéticas. Había un compromiso de inversión de 800.000 dólares para construir una planta piloto. Pero, en 2016, YPF manifestó no tener interés en el litio y se dejaron caer las patentes en Australia, Estados Unidos e internacionalmente. «Fue un error muy grave», reflexiona Calvo. Solo se mantuvieron vigentes las patentes en China, Chile, Bolivia y la Argentina. “No solamente dejaron caer las patentes, sino que dejaron de financiar la planta piloto”, recuerda el científico. “Tuvimos que seguir con otro tipo de financiación nosotros y buscar otros inversores eventualmente”, agrega.

“Seguimos desarrollando los conceptos. Se realizaron varias tesis doctorales y se publicaron unos 30 trabajos a nivel internacional”, explica. En su carrera, Calvo dirigió 24 tesis doctorales, de las cuales entre seis y diez están relacionadas con el litio en los últimos 15 años. En 2017, Calvo ganó el prestigioso concurso internacional Bright Minds Challenge, compitiendo contra equipos de todo el mundo. Este reconocimiento no sólo validó su enfoque, sino que también atrajo la atención de empresas y gobiernos interesados en tecnologías sustentables.

Del laboratorio a la industria

La investigación demostró a lo largo del tiempo que el método funciona en el laboratorio, pero quedaba el desafío más grande que era llevarlo a escala industrial. El proceso fue en colaboración con Victoria Flexer, del Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) de Jujuy y las becarias Florencia Marchini (doctorada en Ciencias Químicas con una tesis sobre esta técnica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA)  y Valeria Romero (ingeniera e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy).

Con Romero comenzó a trabajar a partir de 2018, cuando diseñó, construyó y probó los primeros reactores de extracción de litio. “Esto es lo que llaman MVP (Por Minimum Valuable Product), que quiere decir que tenemos un prototipo pequeño de laboratorio con el mínimo costo y tratamos de contestar todas las preguntas para luego, con esa información, poder llevarlo a otra escala mayor”. Eso implicaría pasar a una escala industrial de miles de toneladas por año. “Y ahí lo que se necesita es ingeniería y grandes inversiones”, reconoce el científico.

La creación de LitiAR

Calvo dio el siguiente paso hacia la comercialización. “Para poder llevar esto a la práctica industrial necesitamos asociarnos con empresas que tengan no solamente el capital, sino la ingeniería de gran escala”, afirma.

Así decidió fundar LitiAR (Litio Argentino), una sociedad anónima asociada con la compañía Laring (Laboratorio Argentino de Investigación Galvanotécnica).  La nueva empresa se equipó con tecnología innovadora tras un proyecto del Ministerio de Producción del gobierno anterior. Se otorgaron microscopios electrónicos, sistemas de absorción atómica para análisis, y un laboratorio completo. “Ahora tenemos el primer reactor en la empresa, ya de una escala un poco mayor”, cuenta Calvo, quien divide su tiempo entre la investigación, la docencia y su empresa LitiAR.

El objetivo ahora es “escalar un poco más, tener nuevas patentes y estamos hablando con empresas como Schlumberger y Chevron, entre otras”, revela Calvo. “Estamos hablando con jugadores grandes que tienen la capacidad de inversión y del desarrollo de la ingeniería”, dice.

El científico es consciente de que llegó a un punto de inflexión: “Esto ya escapa a hacerlo en el ambiente académico y en el ambiente público. Lo que estamos intentando es captar esta asociación con capital privado para el desarrollo y eventualmente para ofrecer estas técnicas de extracción a quienes extraen el litio hoy”, remarca.

La idea detrás de LitiAR es crear un círculo virtuoso entre lo público y lo privado. “La empresa puede contratar al INTI, a la Comisión Nacional de Energía Atómica o a la Universidad de Buenos Aires para hacer determinadas cosas, y de esa forma, parte del capital privado se reinyecta en el sistema público», explica Calvo.

La Argentina y la carrera global por el litio

Crear una empresa tecnológica tiene costos altos. “Tenés que tener una estructura de empresa, contador, abogados, hacer patentes, alguien que profesionalmente te haga una página web”, enumera Calvo.

El juego del financiamiento es complejo: “Yo tengo una empresa que es una idea, eso vale 100%. Ahora venís vos y ponés capital para desarrollarla, te doy un 20% de participación. Yo ya no tengo 100%, tengo el 80% de la empresa, pero tengo más capital que teniendo el 100% de una idea solamente”, explica. El contexto internacional es favorable. “Empresas como Chevron invierten para no perderse de los desarrollos que se están haciendo. Hacen pequeñas inversiones, que permiten tener una pata ahí donde se está desarrollando la tecnología”, dice. El científico menciona que también desde el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) hay una empresa desarrollando tecnologías similares que recibió inversiones por unos 17 millones de dólares.

Reactor electroquímico para extracción sustentable de litio desarrollado por LitiAR Sustainable e-DLE con electrodos de grafito.

Curiosamente, el nivel de avance de LitiAR tiene un problema. «Hay financiadores que les interesa algo mucho más prematuro que lo nuestro, que esté en etapas iniciales», explica Calvo. «Nosotros ya tenemos prototipo y ya lo podemos instalar. Ya no les convenimos porque si la empresa tiene un desarrollo grande vale mucho más, prefieren empresas o desarrollos que estén todavía menos avanzados”, cuenta.

El científico menciona las limitaciones del sistema público del país: “¿Quién va a sacar el litio del salar con una nueva tecnología? No lo va a hacer una universidad ni el CONICET. En algún momento se pensó que lo hiciera Y-TEC, pero nunca llegó a la capacidad tecnológica que tenía otra empresa como INVAP, y menos ahora, cuando está totalmente desfinanciado”, dice.

Para el investigador, la estrategia de atraer inversiones bajando impuestos es un error conceptual. “En una entrevista que me hicieron en 2022 yo dije: ‘Copiemos a Chile’. Se cuestionaba en ese momento que ellos cobraban más impuestos. Sí, pero las empresas no se fueron. Es una estupidez decir que si les bajás los impuestos van a venir. Invierten en Chile aunque tengan que pagar más regalías”, dice.

En su argumento menciona que las multinacionales invierten donde están los recursos, independientemente de las condiciones fiscales. “Tienen que cumplir las mismas condiciones mínimas”, señala, refiriéndose a que las empresas operan globalmente bajo estándares similares.

La Constitución Argentina reformada en 1994 otorgó a las provincias la potestad sobre sus recursos naturales. Una primera lectura sugiere un esquema federal ideal, pero la realidad es más compleja.

“Estas provincias son muy pequeñas frente a las empresas”, reflexiona Calvo. “Las corporaciones que participan en el comercio internacional (chinas, norteamericanas, europeas) tienen una visión de mercado mundial. No están pensando en Catamarca como lugar de desarrollo propio, sino como fuente de extracción”, explica y agrega que “con la normativa actual, las provincias son actores débiles frente a enormes corporaciones”, agrega.

Las condiciones del sistema científico

Quizás el obstáculo más grande que enfrenta el desarrollo tecnológico argentino no viene de las corporaciones extranjeras, sino del propio Estado. Cuando se le pregunta sobre el financiamiento del CONICET y las universidades, Calvo no oculta su indignación: “Esto es una calamidad”.

Para el científico, los recortes al sistema científico no responden a razones económicas sino ideológicas, y significan un retroceso enorme para el país: “La Argentina llegó a hacer satélites, estaciones de radar, no fue casual”. Y agrega que “formar a una persona, a un grupo de investigación, lleva muchos años, y destruirlo es inmediato”.

A pesar de las problemáticas, Ernesto Calvo resalta que su apuesta a LitAR se basa en “formar un grupo de gente joven que a través de la tecnología permita proyectar a futuro lo que hicimos”, reflexiona. «No voy a ser yo el que me beneficie directamente, sino que el objetivo es armar un grupo de gente joven con proyección a futuro”, concluye.

Matías Ortale

Vaca Muerta Sur: en medio de la recesión, el gran proyecto donde hoy se invierte

El financiamiento -2 mil millones de dólares- fue liderado por los bancos Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan y Santander e incluye la participación de un grupo de 14 bancos e inversores institucionales. El préstamo tiene un plazo de cinco años y permitirá financiar el 70% del capital requerido para la obra. La tasa de interés aproximada es de 10% anual en dólares.

La sociedad integrada por YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron Argentina, Shell Argentina, Tecpetrol y Gas y Petróleo (GyP), la empresa provincial de Neuquén, concretaron la firma de un préstamo sindicado por 2000 millones de dólares destinado a financiar la construcción del proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), la obra de infraestructura privada más importante de las últimas décadas que tiene como objetivo posicionar a la Argentina como un país exportador de crudo a nivel global.

El financiamiento fue liderado por cinco bancos de primera línea internacional: Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan Santander e incluye la participación de un grupo de 14 bancos e inversores institucionales.

La operación

El préstamo tiene un plazo de cinco años y pagará una tasa de SOFR (Secured Overnight Financing Rate, una tasa de interés de referencia en los Estados Unidos que refleja el costo de los préstamos a un día garantizados por bonos del Tesoro) más 5,5%, lo que arroja un total aproximado de 10% anual en dólares.

A su vez, permitirá financiar el 70% del capital requerido para la obra. Esto es así ya que el 30% restante será aportado por los socios.

“La operación marca un hito histórico para el país ya que representa la reapertura del mercado internacional de Project Finance, cerrado desde 2019. Además, constituye el mayor préstamo comercial para la realización de un proyecto de infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco más importantes en el sector petróleo y gas en América Latina”, destacaron desde la petrolera bajo control estatal.

A ello se suma el escenario en el que se logra obtener este financiamiento puesto que el acuerdo llega una semana después de que la jueza Loretta Preska ordenara transferir las acciones del Estado en YPF al fondo Burford Capital y Eton Park como parte de pago por la expropiación de la petrolera concretada en 2012, escenario que generó incertidumbre respecto a cómo continuarían las obras dedicadas a impulsar el potencial del shale de Vaca Muerta.

En la firma del préstamo estuvieron presentes Pablo Gamero; CFO Shell; Adolfo Zuberbuhler, CFO de Pampa Energía; Rodolfo Berisso, vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas de Pan American Energy; Federico Barroetaveña, CFO de YPF; Nancy Repetto, CFO Pluspetrol; Pablo Vera Pinto, Co Fundador y CFO de Vista Energy; Gerald Free, General Manager Business Performance & Finance de Chevron Argentina; Claudio Gugliuzza, presidente de Áreas Corporativas de Tecpetrol. Y también Juan Borchardt, presidente de Deutsche Bank; Facundo Gomez Minujin, CEO Argentina, Uruguay, Bolivia and Paraguay at JPMorgan Chase & Co; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Juan O’ Connor, CEO Argentina Itau; Federico Elewaut, CEO at Citibank Argentina: Alejandro Butti, Chief Executive Officer & Country Head en Santander Argentina; Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

La obra

El proyecto ya está en construcción. Están en marcha los distintos frentes que posee la obra como son el oleoducto que conectará Allen con la terminal de exportación en Punta Colorada, en Río Negro; las plantas compresoras; la terminal portuaria; y la playa de almacenamiento. 

El objetivo que persiguen las compañías es que esta iniciativa entre en operación hacia fines de 2026. Tendrá una capacidad de transporte inicial de 180.000 barriles diarios, que se irá incrementando hasta alcanzar una capacidad máxima de 550.000 barriles diarios en 2027

“Esta es una obra estratégica para el desarrollo de todo el potencial de Vaca Muerta y permitirá alcanzar el objetivo que tiene la industria de convertir a Argentina en un exportador global de energía”, destacaron desde YPF a través de un comunicado difundido en la mañana de este martes.