Hace más de un año que publicamos por 1° vez el reportaje que el portal Misión Productiva hizo a uno de los hombres claves de INVAP. Y sigue absolumante válido su planteo básico “Si no hay Estados que dirijan las compras de bienes estratégicos para desarrollar sus empresas, éstas van a parar a la competencia extranjera y eso implica perder la oportunidad de desarrollar capacidad productiva».
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Tulio Calderón es ingeniero nuclear y Gerente de Proyectos Nucleares en INVAP, la empresa estatal de alta tecnología dedicada al diseño, integración y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico.
Desde Países Bajos, Calderón se tomó el tiempo para responder sobre diversos temas, y, desde su experiencia en una de las compañías más dinámicas de nuestro país, sobre la estrategia que debe tomar Argentina en el marco de la transición energética y el potencial que tiene Argentina para agregar valor agregado a su producción y posicionarse como un jugador importante a nivel mundial en distintos sectores.
Misión Productiva: En pocas palabras, contanos, ¿Qué es INVAP?
Tulio Calderón: INVAP esencialmente es una empresa que trabaja en varios campos de la tecnología. En un intento de buscar un punto en común entre las cosas que hacemos en defensa, como sistema de radares o reactores nucleares, y las vinculadas con satélites o centros médicos, podríamos decir que la empresa se especializa en la fabricación de bienes de capital asociados a infraestructura en series cortas para abastecer a varios gobiernos en el mundo a través de agencias especializadas en distintas áreas.
MP: ¿Cómo influye la geopolítica en los negocios de la empresa? ¿Cómo es venderle a otros gobiernos?
TC: Buena pregunta, antes dejame decir que en Argentina tenemos muchas razones para estar muy orgullosos de las cosas que se han hecho en el país. En primera instancia pudimos desarrollar capacidades propias, como ocurrió en el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Argentina se metió en el concierto de temas nucleares mucho antes que otros países. El primer reactor que hizo INVAP fue el RA-6, en Bariloche, que se fabricó justamente cuando se abrió la carrera de ingeniería nuclear en el Balseiro, y para ese entonces la CNEA ya tenía en sus espaldas cuatro reactores propios.
A partir de allí pudimos exportar el primer reactor a Perú, por cercanía geográfica y política, y luego a Argelia, por la afinidad en el marco de los Países No Alineados con ninguno de los dos bandos que se enfrentaban en la Guerra Fría. No es extraño que un país que tiene capacidades propias le venda primero a países que tengan cercanía geográfica o política, para finalmente participar en licitaciones internacionales, como hizo Argentina a partir de finales de los ´80. Los mercados muy grandes suelen ser atractivos desde el punto de vista de la competencia, pero los mercados de nicho tienen muchas ventajas ya que hay menos participantes en el mercado y tardás menos tiempo en entrar.
En el tema espacial, el uso de la tecnología como herramienta geopolítica quedó evidenciado cuando, a partir de 1989, Estados Unidos nos dijo que no hagamos más esfuerzos para hacer lanzadores de satélites, sino que hagamos satélites que ellos nos los lanzaban desde su territorio para que Argentina se alinee con Occidente.
Después, ya habiendo atravesado estos casos, en el 2000 trabajamos con el gobierno para llevar adelante una propuesta de hacer radares a nivel local, porque ya teníamos la convicción de que no era un problema técnico sino un problema de definir necesidades propias incorporando una visión de largo plazo. La situación técnica es el menor de los problemas; teniendo el mercado interno y empresas con capacidad, es un tema de tener un tamaño suficiente de unidades para producir que te permitan amortizar el costo del desarrollo de la primera vez , es decir, los gastos no recurrentes los amortizas sobre series más largas y ahí es donde viene el compre estratégico del Estado, algo que ocurre en todos los países. Si no hay Estados que dirijan las compras de bienes estratégicos para desarrollar sus empresas, estas van a parar a la competencia extranjera y eso implica perder la oportunidad de desarrollar capacidad productiva.
MP: En los últimos años INVAP fue noticia por su dificultad para pagar los sueldos y el achicamiento de su personal. ¿Cómo está hoy la empresa? ¿Logró revertir ese proceso?
TC: En este momento te diría que no estamos en un proceso de achique; por el contrario, estamos en una época de crecimiento pero con limitaciones a la hora de conseguir la cantidad de recursos que precisamos. Hasta hace 20 años, encontrar gente que hiciera desarrollos en software, electrónica, sistemas, comunicaciones era difícil. Hoy Argentina tiene entre 5.000 y 10.000 personas que se gradúan por año en carreras vinculadas con la informática, la ingeniería y cuestiones industriales. Todas esas personas tienen trabajo, ya que la demanda interna es grande y también hay demanda de empresas extranjeras que buscan talentos en distintas partes del mundo porque muchos de sus productos son virtuales.
Con los mercados de la tecnología de la información creciendo un 10% anual a nivel global, muchísima gente sale a buscar talentos por estos lares. La compleja situación cambiaria en Argentina genera dificultades para retener recursos para trabajos locales, al menos que tengas la posibilidad de pagarlos. Hay una suerte de bendición y maldición a la vez, es decir, hay muchísimo trabajo para cualquiera que quiera entrar en el sector, pero es difícil no competir globalmente.
Tulio CalderónMP: ¿Cuál es tu opinión sobre el debate en torno a la transición energética? ¿Cuál creés que debería ser la estrategia argentina contemplando tanto la dimensión ambiental como la tecnológica productiva?
TC: Argentina tiene una diversificación bastante razonable respecto de otros países, pero se enfrenta a limitaciones en torno al costo del capital y a la posibilidad de afrontar inversiones de riesgo, de largo plazo. Es por eso que el crecimiento probablemente siga estando apoyado principalmente en energía térmica, en segundo lugar en renovables, en tercera instancia en hidroeléctrica y finalmente en nuclear. La desventaja del capital se puede compensar con nuestras capacidades industriales.
En el caso de los hidrocarburos, la inversión es capital intensiva, pero en módulos más pequeños en comparación con otras fuentes como la nuclear. Las reservas que tenemos son moderadas, excepto en el caso de Vaca Muerta, donde existen recursos notables, con un excedente interesante de energía en invierno, codiciada en la región, lo cual nos permite tener un gradualismo en las inversiones durante los próximos años.
En el segmento de renovables, como la inversión también es más modular genera cierto atractivo y es probable que a futuro ocupen un cuarto o un tercio de la generación total de energía. Sin embargo, hay que aclarar que para eso deben contar con el respaldo de una producción de base asociada.
En cuanto a los recursos hídricos, el país los viene explotando en buen grado; sólo le quedan dos o tres represas por explotar nomás. Esto te cubre una porción de la generación de energía baja en relación al total aunque renovable.
La parte nuclear cubre menos de un 10% de la matriz energética y depende mucho de la capacidad que tengas de realizar inversiones intensivas en capital. De cara al futuro hay oportunidades para seguir desarrollando este segmento. Argentina tiene la ventaja de que la infraestructura humana e industrial está disponible pero requiere una inversión sostenida durante muchos años para fabricar una unidad de producción de energía nuclear. Cabe remarcar que la energía nuclear tiene el valor de que va a ser parte de la solución occidental (ya lo es en China) en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía en general ya que es neutro en emisiones de carbono. No obstante, es una opción compleja de impulsar en Argentina.
MP: Antes mencionaste cómo está inserta Argentina a nivel global en la carrera tecnológica en el sector nuclear para el desarrollo de reactores modulares pequeños. En ese sentido, el país viene avanzando con el CAREM, con los sobresaltos característicos de nuestra economía. ¿Cómo evalúas esa apuesta y qué pasos creés que deben darse para que Argentina pueda tenerlo tanto como un producto para el desarrollo de la energía a nivel local como para exportar?
TC: Probablemente lo primero que hay que tener es un plan energético a nivel nacional y ver qué parte de esa matriz energética va a ser nuclear. Tenemos una central muy vieja como Atucha 1, que tiene una esperanza de vida relativamente corta y con poca potencia. Si la matriz energética nuclear decide ampliar la potencia, lo segundo es decidir qué comprar. Desde ya podes comprar “llave en mano”, donde uno compra y se queda con la producción de energía como único retorno de la inversión. Pero en Argentina nos formamos para primero producir nosotros y luego exportar. Si decidís hacer un proyecto propio tenés dos retornos interesantes: por un lado la capacidad de extensión de vida y realizar continuas mejoras, y por otro la capacidad de exportación industrial. Este es el caso del CAREM, donde si hacemos un reactor propio y lo usamos, llenando con 3, 4 ó 5 reactores una capacidad de 1.000 MW, después te queda la oportunidad de exportar eso. Además, la energía nuclear genera externalidades positivas en varias cadenas de valor. Creo que el CAREM es claramente una de las mejores opciones que tenemos para avanzar en nucleoelectricidad frente al modelo de compra “llave en mano” o la fabricación de reactores que se diseñaron en los años 60 y hoy en día están esencialmente ya llegando al fin de su vida útil.
MP: Entonces, en el debate sobre el Hualong y el CANDU, interpretando lo que planteabas, ¿tu preferencia sería avanzar con fuerza por el CAREM en términos de cómo aportar nueva potencia nuclear?
TC: Sí, correcto, creo que es una apuesta que tiene muchísimo mayor retorno, tanto económico, como de valor. Un reactor por vez los países no lo hacen; los países planean en meter cuatro o cinco rectores juntos. Crear una central nuclear implica desarrollar una base de infraestructura de cierta complejidad que necesita una base humana y de servicios local. Te permite tener un sitio nuclear, que son escasos en el mundo ya que necesitás localizarlo cerca de una fuente de agua, cerca de algún centro fuerte en formación de técnicos y con un nivel de vida de calidad, entre otros factores a considerar previamente. Son polos de desarrollo tecnológico. Es una inversión estratégica y muy diferente a la de un parque eólico o una central térmica que pueden funcionar en módulos aislados con menos base de infraestructura. Tenemos la infraestructura para desarrollar la opción nuclear, que genera muchísima energía eléctrica de base, lo cual te hace crecer el sistema y al mismo tiempo te lo estabiliza.
MP: Mencionaste el tema eólico. Si bien no es la principal unidad de negocio de INVAP, la empresa ha participado, por ejemplo, en el Plan Renovar desarrollando turbinas. Con la reciente capitalización de IMPSA, que también tuvo sus desarrollos en el sector construyendo parques eólicos importantes principalmente en Brasil, ¿creés que surge una posibilidad de trabajo conjunto y de desarrollo de aerogenerador nacional?
TC: A priori yo te diría que no, porque es un negocio que se está tornando grande, con plazos de inversión relativamente largos y donde el costo de capital, nuevamente, es el principal factor limitante. El Plan Renovar creo que pidió 40% de contenido doméstico, al cual se llega rápidamente con las bases, las torres, más algunos componentes estáticos de metalmecánica. La segunda cosa interesante que tiene un desarrollo como eI de IMPSA es la de los generadores propios más las palas, por lo cual podes llegar de repente a un 70/80% de contenido local. El tema es que la mínima escala económica que necesitan las empresas para decidir invertir en energía eólica está pasando a ser bastante más grande que la que era hace unos 10 o 15 años.
Por otra parte, al tratarse de inversiones intensivas en capital, se requiere una capacidad financiera sólida. Además, hay un nivel elevado de competitividad y globalización y, si competimos por precio, lo que vamos a localizar acá son esencialmente las cosas pesadas; la parte civil, la parte de metalmecánica y quizás las palas que es una parte interesante en la cual IMPSA tiene una base e INVAP estuvo haciendo desarrollos. Pero en la integración, en el diseño hay un gasto no recurrente que es grande para amortizar.
Habiendo dicho todo esto, el recurso eólico en Argentina, particularmente en la Patagonia, es excelente; tiene un factor de utilización de arriba del 40%, mientras que en Europa es del 23%. Como el 70% de las máquinas las podemos hacer en moneda local, si logramos realizar las inversiones necesarias, podemos recuperar en pesos pagando la energía. Ahí se abre la oportunidad no solamente para INVAP o IMPSA, sino para todos los integradores que permiten tener alguna cadena de suministros locales y alguna de afuera.
MP: Pasando al tema satelital, ¿Cuál crees que debe ser la estrategia del país? ¿apostar a avanzar en el desarrollo de proveedores? ¿vender servicios satelitales? ¿mayor exportación de satélites a países de la región?
TC: Es interesante la pregunta porque los satélites y todo lo que es espacial atravesó una revolución en los últimos 30 años y está teniendo cada vez más impacto en nuestras vidas. Nuestra principal fortaleza hoy es que tenemos un sistema de comunicaciones cada vez más avanzado. En Argentina somos un jugador de nicho por las inversiones que se hicieron en los 2000 a través de ARSAT. Es más, ahora estamos haciendo un satélite en conjunto con Turquía para brindar comunicaciones geoestacionarias. Se trata de mercados de nicho, donde podemos hacer un diferencial competitivo bastante interesante.
Después tenés los temas de posicionamiento global, el GPS, que lo damos por descartado porque lo hacen los países más grandes. Necesitas infraestructura de largo plazo y la mayor parte del crecimiento viene por el lado de las aplicaciones y los datos, por lo cual cuando uno se mete en tema espacial no solamente está haciendo el segmento espacial en sí, sino un montón de segmentos de aplicaciones terrestres que son relevantes.
Después, un tema importante es la observación de la tierra, que históricamente era para clima y recursos a nivel nacional, pero hoy en día se está microsegmentando. Se están encontrando nichos de aplicación mucho más amplios. Ahí es donde pasan cosas más notables, porque hay muchos jugadores sobre todo en Occidente que están apostando a tener constelaciones y satélites chicos, tratando de encontrar productos que les sirvan a muchos usuarios. A la larga van a quedar pocas constelaciones que funcionen por un tema de mantenimiento. Es caro mantener las cosas en órbita. Las aplicaciones suelen ser de nicho: en defensa, seguimiento agropecuario, seguimiento de tráfico, etc.
En Argentina contamos con una parte interesante que es el desarrollo técnico para el soporte del programa nacional. Está surgiendo una estructura de capacidades interesantes en el país. Ya existen emprendedores que están armando empresas, argentinos en otros países y que tienen alguna rama acá y están empezando a jugar en nichos con alguna observación de la tierra, óptica entre satélites y esto se está globalizando rápidamente. Así que creo que Argentina tiene la posibilidad de seguir haciendo satélites de punta, a través de aplicaciones como los radares para detección de humedad, bancadas por las inversiones del Estado, con jugadores de nicho haciendo satélites de comunicación estacionaria, con la industria local de buena intensidad tecnológica y con algunas aplicaciones de observación de la tierra. Es un mercado interesante porque enseguida se acopla; vos podes sumar los datos que capturás en el espacio con los datos que capturás desde el segmento aéreo por aviones no tripulados, por ejemplo, y con lo que tomás en estaciones terrestres. Entre estas tres fuentes de conocimiento, podes tener sistemas nacionales de información con mapas de cobertura de un país completo que te permiten rastrear tanto procesos lentos como los de agricultura, como procesos rápidos, por ejemplo emergencias climáticas, tráfico o eventos meteorológicos puntuales, como inundaciones. Esto generalmente solo lo hacen los Estados.
MP: INVAP es un caso exitoso, en términos mazzucatianos, de Estado emprendedor que logró, junto a otras instituciones, impulsar complejos productivos y proveedores en sectores que usan tecnología de punta como el nuclear y el satelital ¿Cuál creés que es el principal motivo de su éxito y por qué tantas otras experiencias de empresas estatales con proyectos de este tipo no lo tuvieron?
TC: A grandes rasgos, creo que el factor más importante es que en INVAP no tenemos subsidios del Estado y no tenemos aportes de capital ni continuos ni eventuales. Entonces tenemos que mantenernos como una empresa privada, vivimos de lo que vendemos. Eso hace que tengamos que adaptarnos a ciclos de crecimiento y ciclos de achique. En los ´90 pasamos de ser 1.500 a 300 personas en la empresa, pero conservamos el corazón tecnológico y con algo de diversificación salimos de lo que era el mercado nuclear doméstico para desarrollar un trabajo con quizás tres patas: un poco más de juego nuclear local, una exportación a Egipto y el inicio del programa espacial argentino. Así mantuvimos un lento crecimiento durante mucho tiempo. Fue un crecimiento relativamente sano en el sentido de que crecimos solamente cuando era necesario y tratamos de mantener el crecimiento de nuestra cadena de valor de proveedores. Como INVAP le vende a gobiernos, nuestro mercado está atado a los ciclos presupuestarios de nuestros clientes, entonces como los proyectos de inversión en un satélite, en un sistema de radar o en un reactor suelen ser de entre 5 y 10 años, tenés que tener la capacidad de gestionar recursos internos y en tu cadena de proveedores, que son variables. Entonces, es importante la idea de mantenerse chico, muy proactivo y con capacidad de adaptación a nuestros clientes.
Paralelamente, hemos pegado saltos de diversificación, no muy largos, pero basados en capacidades propias sin tener que entrar en fusiones, adquisiciones o licencias. Incorporando algunas cosas típicas de espacial, como guías de control térmico o comunicaciones, pudimos pasar de hacer reactores a hacer satélites, lo que nos permitió entrar en otra vertical de bienes estratégicos para gobierno.
Adicionalmente, después pasamos de hacer radares para satélites a radares para uso terrestre, que es un mercado más bien de defensa y seguridad, donde el salto fue todavía más chico porque tuvimos que incorporar algunas otras tecnologías y eso mismo nos permitió pasar también a mercados industriales.
Esta diversificación que requería tener un montón de tecnologías adentro y en la cadena de proveedores a través del sistema científico y tecnológico, nos permitió ir haciendo proyectos en un país mediano como Argentina, donde podes hacer 1, 2 ó 3 satélites pero después tenés que esperar 10 años para construir otro, por lo cual necesariamente tenés que salir a exportar. En ese sentido, aprendimos que al exportar no vende solamente INVAP sino que exporta el país, entonces hay un círculo virtuoso en el cual cuando exportas y un país confió en vos, otro país también comienza a confiar en vos.
En resumen, creo que son tres los factores que hicieron fuerte a INVAP: su dinámica esencialmente de industria privada, su capacidad tecnológica para migrar a nichos verticales adyacentes y su capacidad de exportación.
MP: ¿Pensás que el “modelo INVAP” puede ser replicable en algún otro sector? ¿Argentina tiene capacidad de crear empresas de alta tecnología en otro sector?
TC: Sin dudas, ya lo hizo. El Estado fue un actor relevante en el crecimiento de IMPSA durante una buena parte de su vida y sobre todo en el sector nuclear donde hubo mucho de metalmecánica. IMPSA logró salir a exportar muchos productos, como grúas, sistemas para energía hidráulica y turbinas, que contaron con un importante desarrollo tecnológico y diseño de origen nacional. También tenés el caso de Techint, que es un jugador relevante con capacidad de exportación, con el aporte de Siderca como proveedor especializado en un bien diferenciado como tubos sin costura.
Por otra parte, en el campo de tecnología de información, la inversión estatal en formación de centenares de miles de personas en informática en las últimas dos o tres décadas es lo que nos permite hoy en día tener las empresas grandes del rubro, como los unicornios que facturan miles de millones y exportan servicios en la región. Después, Argentina es un importante jugador en la industria farmacéutica o en lo que son equipamiento y servicios para el agro.
INVAP es uno de los casos con más visibilidad por el tipo de cosas que hacemos pero la expansión de la base exportadora de alto valor agregado tiene un muy buen potencial en el país.
La noticia es sobre Edenor y Edesur. Porque son las dos mayores distribuidoras. Se formó una deuda con la compañía estatal mayorista, Cammesa, por la energía que no pagaban porque no recibían la suba de tarifas reclamada. Se les permitirá cancelar $ 220 mil millones pagando sólo 80 mil y en 96 cuotas. Reproducimos esta nota de Fernando Krakowiak para EconoJournal que brinda un cuadro amplio del marco de la distribución de la electricidad a los usuarios en Argentina.
La Secretaría de Energía anunció la semana pasada un acuerdo con 11 distribuidoras eléctricas para que puedan comenzar a regularizar las deudas que tienen con Cammesa. Estos convenios se vienen negociando desde hace varios meses y a comienzos de diciembre ya eran 44 las compañías que habían puesto la firma. La novedad en este caso es que dentro del nuevo lote figuran Edesur y Edenor, las dos empresas que operan en el AMBA y que a fines de diciembre debían $ 295.000 millones, el 48% de los $ 620.000 millones que las distribuidoras acumularon de deuda en total. El acuerdo contempla la condonación de intereses punitorios y de una parte del capital como compensación por el atraso tarifario de los últimos años.
La Secretaría de Energía Flavia Royón informó el 30 de diciembre sobre la firma de los acuerdos.
¿Cómo se originó la deuda?
En diciembre de 2019 el Congreso aprobó la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En el artículo 5 de ese texto se autorizó al Poder Ejecutivo a congelar las tarifas de luz y gas por un período de hasta 180 días, que luego se fue prorrogando en el contexto de la pandemia de Covid-19, e iniciar un proceso de Revisión Tarifaria Integral, que nunca se concretó.
Recién a partir de 2021 se autorizaron aumentos de tarifas, aunque muy por debajo de la inflación acumulada ese año. Para poder solventar la suba de costos, las distribuidoras eléctricas comenzaron a pagar solo una parte de la energía que le compran a Cammesa en el mercado mayorista. De hecho, el índice de cobrabilidad que había alcanzado un pico de 91% en 2019, se derrumbó al 69% en 2020 con la pandemia, pero luego siguió cayendo y en noviembre de 2022 tocó un piso del 44%. Los fondos que Cammesa no recauda por esa vía se terminan cubriendo con aportes del Tesoro que deterioran aún más las cuentas públicas.
El plan de regularización
En diciembre de 2020 se aprobó la ley 27.591 de Presupuesto para el año próximo que en su artículo 87 estableció un Régimen Especial de Regularización de Obligaciones de las distribuidoras, luego prorrogado con algunos cambios hasta el 31 de diciembre de 2022 a través del decreto 88/22. El plan contemplaba un plan de pagos de hasta 96 cuotas para las deudas remanentes, con un plazo de 6 meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La resolución 642/22 que reglamentó el decreto 88/22 se publicó en septiembre de este año y se agregó que en los acuerdos podrían reconocerse créditos equivalentes de hasta 2 veces la factura media mensual del año 2020 de Cammesa, no pudiendo superar los cinco créditos totales de la factura media mensual. Si bien se habla de créditos no es un giro de dinero a las distribuidoras sino un monto de la deuda que se les condona equivalente a una determinada cantidad de facturas de Cammesa. A su vez, en ese decreto reglamentador se precisó que las deudas remanentes se negociarían al 31 de agosto de 2022.
¿Cómo fue la negociación?
Si bien la semana pasada se informó que 11 distribuidoras habían firmado su acuerdo a fin de año, fuentes oficiales afirman que la cifra llegaría a 16. En ese listado, además de Edesur y Edenor, figuran Edemsa (Mendoza), Emsa (Misiones), Epec (Córdoba) y un grupo de cooperativas. Además, están terminando de cerrar el trato Edelar (La Rioja) y las cuatro distribuidoras del Grupo Desa (Edelap, Eden, Edes y Edea).
Lo negociado contempló la condonación de intereses y de una parte del capital a aquellas distribuidoras que hubieran congelado las tarifas durante la pandemia, que le hayan brindado planes de pago a aquellos usuarios que no pudieron afrontar su factura y que hayan realizado inversiones para mejorar la eficiencia energética.
Edenor, por ejemplo, le debía a Cammesa $105.777 millones. Al descontarle los intereses la deuda se redujo a $57.159 millones y la condonación de parte del capital adeudo redujo la deuda a $32.985 millones, que la empresa pagará en 96 cuotas y con un plazo de gracia de seis meses.
En el caso de Edesur, la deuda al 31 de agosto era de 113.838 millones que bajaron a $66.366 sin los intereses. Una vez condonado parte del capital quedó en $47.225 millones que también abonará en cuotas y con plazo de gracia incluido.
Fuentes empresarias aseguraron a EconoJournal que la condonación de los intereses y parte del capital es una compensación por no haberles autorizado aumentos de tarifa durante la pandemia y luego autorizar ajustes que se ubicaron por muy debajo de la inflación.
El acuerdo contempla también que a partir de marzo empiecen a pagar la factura completa de Cammesa, mientras que en enero y febrero tendrán la obligación de pagar al menos un 60% de la transacción.
La deuda acumulada desde el 31 de agosto hasta la actualidad, no incluida en el acuerdo, se negociará bajo el paraguas del artículo 89 del presupuesto 2022 que prevé condiciones menos favorables para las compañías. Se estima que son unos $ 120.000 millones porque en agosto se ubicaba en torno a los $ 500.000 millones y en el informe de cobranzas al 20 de diciembre esa deuda ya había trepado hasta los $ 620.000 millones.
Brasilia (AFP) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hará su primer viaje oficial a Argentina a finales de enero, y luego visitará Estados Unidos, Portugal y China.
Lula, de 77 años, participará en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que tiene lugar el 23 y 24 de enero en Buenos Aires.
Luego, el mandatario brasileño que asumió el domingo pasado por tercera vez, debe reunirse con su par estadounidense, Joe Biden, en Washington, en un viaje aún «sin fecha», según la misma fuente.
El viaje a China, primer socio comercial de Brasil, será «después de marzo».
La Presidencia también se confirmó que Lula estará en Portugal del 22 al 25 de abril, como había indicado en la víspera el jefe de Estado luso, Marcelo Rebelo, tras reunirse ambos en Brasilia.
El presidente argentino, Alberto Fernández, también ya había anticipado la visita de Lula a Buenos Aires tras tener un encuentro con el flamante mandatario el lunes.
Lula, que ya gobernó dos veces entre 2003 y 2010 este país de tamaño continental y primera economía latinoamericana, da las primeras señales de querer romper el aislamiento internacional de Brasil durante los cuatro años de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
En su discurso de investidura en el Congreso, anunció un nuevo protagonismo de Brasil en el mundo retomando «la integración suramericana» y la reconstrucción del «diálogo elevado y activo con Estados Unidos, la Comunidad Europea y China».
El nuevo canciller, Mauro Vieira, dijo el lunes en la ceremonia de asunción del cargo que Brasil tendrá «un enorme trabajo de reconstrucción» después de este «retroceso sin precedentes».
«La geografía del poder mundial está cambiando, pero todavía es difícil anticipar cómo va a ser el nuevo tablero internacional. Lo que no debemos hacer es ir contra la tendencia mundial y abrir la economía cuando las potencias se están cerrando». Es el planteo de Sérgio Amaral, que fue embajador de Brasil en Gran Bretaña (1999-2001), en Francia (2003-2005) y en Estados Unidos (2016-2018), y ministro de Industria y Comercio Exterior entre 2001 y 2002, en el último gobierno de Fernando Henrique Cardoso.Un hombre de Itamaraty, y del «establishment» brasileño. Estas declaraciones públicas, que reproducimos en abril, pueden ayudar a entender, en nuestra opinión, porqué sectores decisivos de la clase dirigente brasileña evaluaron que era preferible el regreso de Lula a la continuidad de Bolsonaro.
Lo que considera evidente Amaral es que el nuevo orden internacional no va a definirse en cumbres diplomáticas, sino como resultado del enfrentamiento y las negociaciones entre las potencias. En ese marco, cree que “el Mercosur necesita un nuevo impulso político”.«—Creíamos que la pandemia iba a ser el gran evento de este siglo y comenzó la guerra en Ucrania. ¿Cómo impacta en el escenario internacional?
—Estamos en un momento de transición desde la «Pax Americana» hacia un nuevo período de lucha por el poder. Hoy predomina un equilibrio entre tres grandes superpotencias, un triunvirato de imperios: el imperio que ya fue, el ruso; el imperio que es, el estadounidense; el imperio que quiere ser, el chino.
Hay otro cambio importante en el plano militar. Desde la Guerra Fría existía una estrategia de disuasión nuclear. Las armas nucleares estaban diseñadas para no ser usadas. ¿Qué pasó ahora? Rusia construyó armas nucleares de corto alcance, que tienen una capacidad de destrucción limitada. Son armas diseñadas para ser usadas.
Por otro lado, hay un instrumento nuevo en esta guerra y son las sanciones que impusieron las grandes potencias a Rusia. Un dato relevante: en EE.UU. las sanciones financieras eran manejadas por el Departamento del Tesoro y pasaron a la órbita del Departamento de Estado. Es decir, a ser parte de la diplomacia. Otro cambio geopolítico fue el fortalecimiento de la unidad dentro de la Unión Europea y la OTAN, contra los propios intereses de Vladímir Putin.
—¿Cómo será ese nuevo orden internacional?
–Todavía no está definido. Cuando empezó la Pax Americana, las reglas del juego de la economía, la política y las relaciones internacionales ya habían sido fijadas en Bretton Woods. Ahora eso no existe. Comparto la opinión de Henry Kissinger de que el nuevo orden va a ser plasmado por el eje entre EE.UU. y China, ya sea para la cooperación como para el conflicto. Lo que estamos viendo ahora es que Rusia también quiere ser parte de ese juego. Creo que no se puede anticipar cómo va a ser la nueva geografía del poder. Las reglas no se van a definir en una conferencia diplomática, sino en la práctica, en función de los encuentros y desencuentros que van a ir estableciendo los límites. Lo que sí está claro es que es imposible pensar en una alianza entre EE.UU. y China, que son los dos actores estratégicos.
—Una consecuencia de la disputa entre China y EE.UU. es la política de relocalización de empresas en territorio estadounidense. ¿Volvió el proteccionismo?
–Sí, hay una vuelta al proteccionismo, que comenzó en el gobierno de Barack Obama y tuvo su mayor impulso con Donald Trump. Ahora Joe Biden la continúa. Tiene que ver con la estrategia de desacople con China. Washington desalienta la integración de compañías chinas y estadounidenses, busca separarlas para proteger la tecnología americana y estimular la producción dentro del país. Esta situación se agudizó con la guerra en Ucrania porque todos los países tomaron conciencia de que tienen que ser más independientes, que no deben estar atados a nadie para abastecerse de energía o alimentos. Y no es solo en EE.UU. Alemania cambió mucho su visión estratégica. Durante los años de Angela Merkel había colaborado con Rusia, en lo que se llamó la (nueva) ostpolitik, lo que explica su alta dependencia del gas ruso. Eso ahora está en revisión.
—¿Cómo repercute en América Latina este aumento del proteccionismo?
—No es una buena noticia para América Latina. Nuestras exportaciones dependen sobre todo de China, Europa y EE.UU. Y el proteccionismo puede afectar al comercio, pero también a las inversiones. Es un intento de frenar la globalización, lo que no quiere decir que la globalización vuelva hacia atrás, pero sí que habrá menos acciones para expandirla. Es un cambio de paradigma. Lo que no debería hacer América Latina es ir contra las tendencias mundiales y apostar por abrir las economías en un momento en el que sus socios principales se están cerrando.
—¿América Latina debería definirse por un bando si esta disputa se agrava?
—De ninguna manera. América Latina tiene que fortalecer sus espacios de autonomía, no elegir entre las grandes potencias. Quizás la única manera de hacerlo es fortalecer internamente el Mercosur y la cooperación con Europa. ¿Por qué? Una forma de generar espacios de autonomía es acercarnos a otra región que también quiera tener los suyos propios. Y Europa es una de ellas, ya que no quiere ser un actor secundario. Por eso es absurdo que esté estancado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
—¿Qué debería cambiar en el Mercosur?
—El Mercosur está pasando por un momento difícil, pero afortunadamente no es terminal. Dos datos: el comercio entre Mercosur y China llegó al 18% de la economía total del bloque, mientras que el comercio intra-Mercosur está desde hace mucho tiempo en el 11%. Esto quiere decir que nos estamos integrando con China y no entre nosotros. Para resolver este asunto hay que entender un hecho sencillo, pero muy importante: los procesos de integración no son el resultado de decisiones económicas, sino políticas. Esto es algo que a veces los economistas no comprenden. La integración no viene de la economía, es una intervención contra el funcionamiento del mercado. Y el Mercosur necesita un nuevo impulso político, porque es más importante que nunca.
—¿Por qué es más importante que nunca?
—El Mercosur es la única forma que tenemos de competir con China, que además está aumentando su presencia en la región. Hay que evaluar estos temas y adoptar políticas conjuntas para enfrentar estos problemas. Yo no soy contrario a China de ninguna manera, fui presidente del Consejo Empresario Brasil-China por mucho tiempo. El problema es de nosotros, que hemos perdido la capacidad de definir nuestros puntos estratégicos. Argentina y Brasil tienen la obligación de mostrar el camino para Mercosur. Tienen que ser un eje económico y político, como la relación entre Alemania y Francia fue en la Unión Europea.
—Si le pido una reflexión rápida sobre Argentina, ¿qué le viene a la cabeza?
—Siempre vi la relación entre Argentina y Brasil como una relación entre la calidad de Argentina y la dimensión de Brasil. Argentina es un país con un potencial muy grande, pero tiene un problema parecido al de Brasil: no consigue liberarse de las herencias del pasado para tener una visión más moderna y compatible con las demandas del siglo XXI.
Un 57,8% se muestra de acuerdo con una reforma que vuelva a la Justicia “más transparente y democrática”. Aunque buena parte de las percepciones están atravesadas por la polarización, un relevamiento del IDAES-UNSAM en el Área Metropolitana muestra que incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%.
Desde hace al menos una década, la relación entre el Poder Judicial y la política se empezó a volver un tema de discusión mediática e institucional. Se hizo habitual que conflictos como los de las últimas semanas (el fallo por la coparticipación, la condena a CFK, el affaire Lago Escondido, entre otros) capten la agenda pública y se conviertan en ejes ordenadores fundamentales de los vínculos entre el oficialismo y la oposición.
Pero, ¿en qué medida este problema se ha transformado también en un asunto de preocupación social? En general intuimos que para la mayor parte de la sociedad es una cuestión menor, tecnicista, o lejana respecto de la gran importancia que tiene para el sistema político (acaso Cristina Kirchner, que hace meses le pide a la ciudadanía que se “despabile”, sea quien -a su manera- más nota toma de esta brecha). Pero más allá de su grado de relevancia para las personas de a pie -como si cuantificarlo fuera tarea sencilla-, sabemos poco acerca de su significado; es decir, cómo se sedimentan socialmente estas controversias y se convierten en maneras de percibir, vivir y relacionarse con las instituciones políticas y judiciales.
A partir de una asociación entre la Escuela IDAES, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos y el Programa PASCAL -todos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Martín-, realizamos una encuesta a 840 residentes del AMBA de 16 años y más con el fin de indagar en interrogantes como: ¿en qué medida asistimos a una crisis de legitimidad del Poder Judicial? ¿Cuáles son las distintas formas en que se piensa la relación entre política y justicia, y cuánto explica la polarización que las personas asuman ciertos tipos de mirada? Y por último, ¿vislumbra la sociedad algún tipo de salida?
Reforma
Empecemos por el final: una de las preguntas que le formulamos a los participantes de este estudio fue su nivel de acuerdo con una reforma que vuelva a la justicia más “transparente y democrática”. Para nuestra sorpresa, la aceptación resultó mayoritaria: un 57,8% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 28,8% se pronuncia en desacuerdo o muy en desacuerdo. Además -y llamativamente-, apenas un 4,6% se declara indiferente y sólo un 8,8% opta por no contestar. Por lo tanto, estamos ante un asunto que conduce a la toma de posición más que a la desaprensión.
A partir de estos datos, nos propusimos observar cómo varía el apoyo a una reforma según el nivel de confianza en el Poder Judicial. Las personas que más confían tienden a ser las que menos interés tienen en una reforma (41,5%), mientras que las que menos confían son las que más avalan esta idea (69,2%). Se trata de resultados probablemente esperables, que sin embargo constatan que la desconfianza en la justicia está asociada con un interés en transformarla, y viceversa.
Ahora bien, al analizar las posiciones ante una posible reforma en relación con la intención de voto para las próximas elecciones nos encontramos con datos más sorpresivos. Sumando los distintos grados de acuerdo, los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%.
Más que la muy elevada aceptación de esta iniciativa por parte de los oficialistas (que parecería corroborar una sintonía entre la dirigencia y la base electoral), resulta notorio el nivel relativamente alto de acuerdo por parte de los votantes de las principales vertientes opositoras. Aun si es probable que el significado que se le atribuye a esta hipotética reforma no sea igual para todas las personas encuestadas (de hecho, las ideas de “transparencia” y “democracia” pueden ser objeto de discusión en sí mismas), sí queda en evidencia que una porción importante de la población considera que algo puede o debe hacerse con la justicia. En otras palabras, podría afirmarse que es falso que entre los opositores prime rotundamente la idea de que “la justicia no se toca”.
Intereses y poder
Otra de las preguntas que les planteamos a los encuestados fue con qué intereses asocian al Poder Judicial. Si bien las opciones que ofrecimos fueron exploratorias y no necesariamente excluyentes, los resultados son a todas luces reveladores: un 21,1% sostiene que el Poder Judicial responde al Frente de Todos; un 15,7% a Juntos por el Cambio; un 13,9% a los políticos de turno; un 13,3% aduce que es independiente y defiende los intereses de la república; un 13,2% afirma que protege sus propios intereses corporativos; un 6% responde que está asociado a los intereses de los empresarios; y un 16,8% dice que no sabe u opta por no contestar. Si agrupamos estos datos según las respuestas que reflejan una idea de independencia judicial en contraposición a las que no, sólo un 13,3% de la población cree que el Poder Judicial es independiente y un 69,9% considera que no lo es.
Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree que defiende los intereses de los empresarios
Al estudiar estas respuestas en función de la intención de voto para 2023, constatamos que las percepciones sobre el Poder Judicial están relativamente atravesadas por la polarización política: entre los votantes del Frente de Todos, un 39,4% considera que la justicia responde a Juntos por el Cambio; y entre los votantes de Juntos por el Cambio, un 33,5% sostiene que se vincula al Frente de Todos. Pero, naturalmente, estos datos implican que también hay otras miradas. Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree (al menos como primera opción) que defiende los intereses de los empresarios.
Claro está, son muchos más los datos potencialmente relevantes para examinar sociológicamente qué está sucediendo en la relación de la población con las instituciones. Y, sobre todo en la coyuntura actual, cabe mencionar que las adscripciones político-electorales difícilmente sean las únicas variables que explican cómo hoy por hoy vivimos la política y entendemos la cuestión judicial: acaso haya que atender con suma atención a cómo la pertenencia generacional y la relación con el mercado laboral inciden en nuestras formas de experimentar la vida pública. Pero, en cualquier caso, los hallazgos que aquí expusimos ofrecen algunas ideas preliminares sobre lo que sucede con esta sostenida crisis político-institucional más allá de la dirigencia política.
Andrés Scharager
Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Centro de Estudios Sociopolíticos IDAES -UNSAM
Especialistas coincidieron en que las posibilidades de pasar a una fase neutral son del 60% para este verano, y de un 80% para el mes de abril, luego de que el fonómeno generó una sequía que afectó 165 millones de hectáreas en el país.
El fenómeno climático de La Niña, caracterizado por una reducción en la caída de agua respecto al promedio histórico, ingresaría en una «etapa de transición» en el primer trimestre de 2023 hasta alcanzar «condiciones neutrales» y la normalización del régimen de lluvias en el Cono Sur, coincidieron entidades y especialistas.
De esta manera, a finales del primer trimestre podría darse el final de este fenómeno, que tuvo tres etapas consecutivas sobre la región provocando períodos secos, el cual el más grave se dio en el último semestre de 2022.
«Según la información de distintos modelos internacionales que siguen este fenómeno, vamos a entrar a un trimestre de transición», indicó la licenciada en Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, Natalia Gattinoni. Sostuvo que «por lo pronto hay 50% de posibilidades de pasar a condiciones neutrales. Nos seguirán acompañando las condiciones frías del océano, y si bien se detectaron señales de debilitamiento, los pronósticos indican una transición durante este trimestre a una situación neutral».
Gattinoni explicó que el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia (IRI, por sus siglas en inglés), «le asigna un 60% de posibilidades de transitar una fase neutral en lo que queda del verano y del 80% a abril».
La sequía que afecta a casi 165 millones de hectáreas en el país y que, dependiendo de las zonas, comenzó a mediados de abril, golpeó de manera especial al trigo, cuya cosecha caerá 50% o unas 10 millones de toneladas respecto a lo obtenido el año pasado.
🌽Maíz temprano 2022/23: “El 80% de lo sembrado ya está perdido” – 22 de Diciembre de 2022
Lo dicen en Cañada Rosquin y Rosario. Los maíces tempranos están atravesando pleno período crítico en un escenario de sequía grave en toda región núcleo.
La aerolínea estatal y Mirgor S.A. firmaron un acuerdo mediante el cual, Aerolíneas Argentinas transportará las cargas operadas por la empresa de productos tecnológicos y servicios.
En paralelo al acuerdo, Aerolíneas Argentinas avanzó en la incorporación de dos aviones B737-800 del tipo carguero con capacidad para transportar 22 toneladas paletizadas dentro de la Argentina y la región. Las aeronaves llegarán durante el primer trimestre de 2023.
De esta manera, Aerolíneas apunta en 2023 a crecer en el negocio del transporte de cargas con aviones configurados al 100% para tal fin. En esta primera etapa de operaciones, Mirgor será su socio principal utilizando parte de la capacidad carguera de las nuevas aeronaves.
Cabe destacar que, durante 2022, Aerolíneas Argentinas transportó más de 1 millón de kilos de salmón chileno desde El Calafate a los Estados Unidos, más de 140 toneladas de cerezas en los recientes vuelos especiales a Doha, así como también semillas, carne y otros productos a Madrid, Miami, Roma y otros destinos internacionales utilizando la capacidad ociosa de las bodegas en sus vuelos de pasajeros por lo que los nuevos aviones permitirán aumentar significativamente la capacidad de transporte de carga.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reportó 23 muertes por coronavirus y 7.601 nuevos contagios, según el parte semanal oficial sobre la situación sanitaria de Covid-19.
Con estos datos, la cantidad de muertes se incrementó en un 40% respecto de los 16 muertos que se registraron la semana anterior, en tanto que la cifra de nuevos contagios se redujo ya que en ese período fue de 9.817.
De esta manera, la cantidad acumulada de contagiados se elevó a 1.220.745, y la cifra de personas fallecidas escaló a 13.474.
El sistema de salud porteño, además, notificó 5.248 nuevos casos de coronavirus correspondientes a personas no residentes en CABA, con un total de 808.191, y 6 fallecidos (un acumulado de 5.044).
La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubicó en 1,1%, y la edad promedio de las personas fallecidas es de 76,2 años.
Desde la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina, en marzo de 2020, fueron hechos en el distrito un total de 11.077.565 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado del 18,6%, mientras que la positividad media diaria de la última semana es 50,5%.
Actualmente el Estado argentino se hace cargo en distintas formas -a través de la Tarjeta Alimentar, del apoyo a los comedores populares y a los comedores en las escuelas- de financiar los alimentos para los sectores más pobres de la sociedad. Especialmente, de aproximadamente la mitad de la niñez argentina.La pregunta que surge es ¿por qué no se debate públicamente la calidad y la selección de los alimentos? ¿por qué no se estimulan los hábitos que conducen a una alimentación sana? ¿por qué no se aprovecha para estimular al pequeño productor rural y la agricultura familiar?Acercamos esta nota de la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín como un aporte más al debate que proponemos:
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Ante una inflación que no cesa y encarece el costo de vida, este 30 de diciembre, los productores de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) –en articulación con otras organizaciones sociales como la Red de Comedores por una Alimentación Sana y Soberana, el grupo ambientalista XR y los Curas Villeros– cerraron el año con otro verdurazo y frutazo en el barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, en el cual entregaron más de 15.000 kilos de alimentos, “en solidaridad con el pueblo y en reclamo de políticas públicas para el sector”.
La organización está compuesta por más de 25.000 familias pequeño productoras, que forman parte del 66% de las unidades productivas que desde apenas el 13% de las superficie cultivadas (según el Censo Nacional Agropecuario de 2002) produce la mayoría de los alimentos frescos que llegan a las mesas de los argentinos, y que desde hace años reclaman y esperan políticas específicas vinculadas al acceso y uso de la tierra y el agua, así como otras políticas públicas que les permitan mantenerse productivos y competitivos. Por ejemplo, la sanción de una ley de acceso a la tierra, por la que vienen luchando desde el año 2016.
“Es triste que el Gobierno no tenga políticas para el sector. Somos quienes alimentamos al pueblo pero las tierras no son nuestras, alquilamos y tenemos casillas de madera, porque si a los tres años los dueños no quieren renovar los contratos, tenemos que irnos con lo que tenemos”, cuestiona Zulma Molloja, una de las productoras que integra la UTT.
“Una tendencia que se viene manifestando sin mayores modificaciones en las últimas décadas, con mínimas diferencias en los discursos y en las políticas de los sucesivos gobiernos, es la discriminación negativa y la falta de reconocimiento hacia la agricultura familiar, campesina e indígena como un sector o un conjunto de sectores productivos”, sostiene el ingeniero agrónomo Carlos Carballo, que fue coordinador de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS), y considera que este es un tema “central” para poder generar y sostener alternativas que contribuyan a generar cambios en el modelo productivo y hacia una producción agroecológica de alimentos.
Carlos Carballo, coordinador de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS).
El Informe Anual sobre la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina, recientemente publicado por la Red CALISAS –que nuclea a más de 60 espacios constituidos en universidades públicas, instituciones de educación superior y organizaciones sociales comprometidas por una alimentación sana, segura, sabrosa y soberana–, la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina, promulgada en el año 2015, todavía espera ser reglamentada. Eso no solo limita su implementación sino también la de diversas iniciativas, como el Programa Nacional de Formalización, Valor Agregado y Comercialización para la Agricultura Familiar Campesina Indígena; el Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR) y el Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR).
Según datos que recopila el informe, si se analiza la superficie agrícola cultivada total y la cultivada por establecimientos de hortalizas, esta última es realizada principalmente por agricultura familiar (59%), mientras que la participación de este sector no supera el 30% en la producción de oleaginosas, cereales y legumbres, y apenas lo supera en el caso de los frutales. En cuanto a la producción animal, la agricultura familiar de la Argentina maneja el 82% del rebaño caprino y el 64% del rebaño porcino, un 25% del rebaño ovino, un 26% del bovino de carne y un 33% de bovinos para producción de leche.
Otro de los problemas del sector, que es “transversal en las distintas regiones, es la expulsión de la tierra, incluso por la violencia, utilizando todos los medios posibles”, agrega Carballo y aclara que estos datos surgen de seis encuentros de trabajo de la Red Calisas que reunieron a productores, consumidores y organizaciones afines de todo el país, en los que se debatieron sobre distintas cuestiones relacionadas con la soberanía alimentaria, como las dificultades de acceso y uso de tierras y agua, la necesidad de potenciar la educación y comunicación de estas temáticas, los problemas de acceso a la canasta básica de alimentos y el rol del consumo. Los datos recolectados en estos encuentros están plasmados en el informe, que tiene la intención de lograr que la soberanía alimentaria, entendida como el derecho colectivo de los pueblos a ejercer el control sobre sus sistemas alimentarios (y que incluye “un contenido programático-político que ofrece una salida colectiva necesaria, urgente y posible a los múltiples problemas que provoca el sistema agroindustrial dominante”), se convierta en política de Estado.
Pobreza, empleo y alimentación
“La mirada que tradicionalmente teníamos, en relación con la soberanía alimentaria, estaba muy centrada en el sistema agroalimentario, que tiene que ver con la producción de alimentos, cómo es el modelo productivo, quiénes y cómo producen, qué tecnologías utilizan, cuáles son las consecuencias del uso de esas tecnologías, el avance de la concentración de la tierra y la expulsión de los trabajadores familiares, campesinos e indígenas. Pero, gradualmente, fuimos reconociendo que la Argentina es el país más urbano de América Latina, que el 92% de nuestra población vive en ciudades y que el 60% de la población vive en ciudades de más de 500.000 habitantes, es decir, ciudades grandes”, detalla Carballo.
Este dato es relevante ya que la población urbana no produce ningún tipo de alimento o lo hace marginalmente, por lo que su alimentación depende de los ingresos monetarios que perciban, vinculados a la venta de trabajo, productos o servicios. Así, el aumento de los precios de los alimentos debido a procesos especulativos e inflacionarios tiene un efecto directo en la Soberanía Alimentaria de la población, ya que reduce el poder adquisitivo y, por lo tanto, la cantidad y calidad de los alimentos adquiridos por los hogares.
Precios promedio mayorista y minorista de alimentos del rubro verdulería (julio-agosto 2022)
Frente a esto, en la Argentina se observa una situación que parece contradictoria, ya que si bien actualmente se registra uno de los valores históricos más bajos de desocupación, el hecho de tener empleo, incluso formal o en relación de dependencia, con todas las coberturas sociales, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentos. “Tenemos casi 45% de población pobre y mucha de esa gente no es desocupada o subocupada, si no que es población pobre en relación de dependencia”, destaca Carballo, y afirma que para buscar soluciones a esta problemática ya han comenzado a conversar con las centrales de trabajadores sobre temas que hasta ahora parecían secundarios o que no eran centrales en la problemática que hacía, incluso, a la discusión de paritarias.
“El debate sobre la canasta básica nos parece fundamental y tiene que ser incorporado por los tres grandes grupos de trabajadores organizados del país, además de la CTEP: ¿De qué hablamos cuando hablamos de canasta básica de alimentos? ¿Quién le pone los precios a los alimentos de esa canasta básica? ¿Nos estamos alimentando en forma saludable o la canasta básica no contempla factores que tienen que ver con la alimentación sana segura y soberana?”, ejemplifica Carballo.
En paralelo, el especialista advierte sobre la necesidad de reconocer el fracaso de las políticas de precios cuidados, precios justos, precios máximos o similares para generar condiciones distintas que faciliten el acceso a la alimentación a la mayor parte de nuestra población. “Es necesario fortalecer las alternativas que se vienen planteando, en las que distintos actores de la economía social puedan manejarse con esos precios, que compitan en el mercado y que sean empresas testigo”, sugiere el especialista.
Nutrición y cambio climático
Otro de los datos significativos que se desprenden del informe es que, si bien la Argentina es un ejemplo a nivel internacional porque produce el 99% de sus alimentos (y hasta podría producir el 100% de ellos), también es uno de los países adonde el incremento de las enfermedades no transmisibles, vinculadas al consumo de productos alimenticios industrializados o ultraprocesados, se manifiesta con mayor intensidad. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por ejemplo, el país ocupa el tercer lugar a nivel regional y el 14 a nivel mundial en ventas de productos ultraprocesados (en base a registros de compras entre el 2000 y el 2013).
“Los datos son alarmantes, todas las encuestas poblacionales dan cuenta de que si bien la malnutrición adopta múltiples formas, la más prevalente en nuestro país es por exceso, que comprende sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación”, subraya la nutricionista Andrea Graciano, que también es parte de la Red CALISAS, y advierte que las enfermedades no transmisibles son la principal causa enfermedad y muerte en nuestro país y en el mundo. Además, en el caso de la Argentina, la prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes es la más alta de toda América Latina y el Caribe.
Precios promedio industriales, mayoristas y minoristas del rubro almacén (julio-agosto 2022)
Los problemas vinculados a la malnutrición se vinculan con la transformación de los entornos alimentarios y del sistema de producción de alimentos, que está afectando no solo a la salud humana sino también a la salud animal y ambiental. “La malnutrición, en sus múltiples formas, tanto la obesidad como la desnutrición, coexisten a nivel global con otra pandemia, la del cambio climático”, afirma Graciano, y explica que algunos autores describen esto como sindemia, un concepto que se refiere a la coexistencia de pandemias que interactúan, que tienen los mismos causantes y que provocan secuelas complejas.
“Un tercio de los gases de efecto invernadero, que son los responsables del aumento de la temperatura global, provienen de los sistemas agroalimentarios. En esa producción, la ganadería industrial es responsable de la mitad de esos gases de efecto invernadero”, ejemplifica la especialista. Otro caso es el de las empresas que más contaminan con plásticos en el mundo, que están encabezadas por las grandes transnacionales que producen bebidas azucaradas y alimentos.
Esas mismas empresas contaminantes, además, concentran gran parte del mercado de productos comestibles. “Solamente 100 empresas concentran mas del 70% de las ventas de alimentos y bebidas a nivel global, mientras que solo 20 empresas concentran el 74% de las ventas de alimentos en nuestro país”, explica Graciano, y agrega que, cuando se analiza por tipo de producto, la concentración es todavía mayor: “El 98% de las ventas de gaseosas corresponde a solo dos empresas y más del 70% de los panes son comercializados por una única compañia”, ejemplifica. De manera similar, también están concentrados los puntos de venta, ya que más del 50% de las ventas de alimentos y bebidas en el país se hace a través de tres cadenas de supermercados, mientras que apenas seis concentran más del 70% de las ventas.
Para revertir esa situación se necesitan políticas públicas que puedan ponerle un freno a la industria alimentaria, que desde hace décadas despliega estrategias de marketing y publicidad agresivas que transforman los modos de consumo. Al respecto, Graciano celebra la sanción de la denominada Ley de etiquetado frontal de alimentos, como un “primer paso” pero enfatiza en la necesidad de su correcta implementación y fiscalización, para que la política tenga éxito. Asimismo, se refiere a la importancia de avanzar con otras políticas públicas complementarias, como regular los puntos de ventas y otros entornos alimentarios que no están incluidos en la norma, como comedores, centros de salud y otras instituciones comunitarias, así como la implementación de impuestos sobre bebidas y ultraprocesados, con el fin de desalentar el consumo de productos que pueden dañar la salud.
En paralelo, para promover el consumo de productos frescos y saludables elaborados por productores locales, pequeños o familiares, Carballo destaca la necesidad de fortalecer el vínculo con los consumidores, no considerándolos como clientes o sujetos de marketing, sino como consumidores con los que se tenga una relación de confianza, de compromiso y cooperación.
“Tenemos que ganar en confianza, compromiso y cooperación con sectores urbanos, que necesitamos que estén cada vez más activos y organizados. En este punto, nos parece que es clave el rol de los sindicatos, las mutuales y las cooperativas urbanas”, considera Carballo. Y concluye: “En distintos lugares del informe decimos que algunas de nuestras propuestas pueden parecer utópicas, pero la metodología que seguimos demuestra que muchas de las cosas que proponemos son posibles, puesto que las estamos haciendo. La sociedad está construyendo experiencias innovadoras y creativas, de una enorme potencialidad transformadora, que requiere pasar de la propuesta puntual a nivel de municipio o comunidad, a ser políticas públicas asumidas por el conjunto de la sociedad”.
El futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay cerró el año con un cambio de rumbo y la consolidación de la Administración General de Puertos (AGP) como actor principal de la vía navegable.
En la superficie, sólo es cambio brocrático de jurisdicción, pero determinante en un proceso que nunca pudo encarrilarse y cruza intereses de empresas de peso del dragado internacional, de las provincias y de la Nación.
El nuevo ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano -vinculado al sector del peronismo que responde a Sergio Massa- dio una ronda de prensa en la semana y dijo que es momento de “dar previsibilidad” al proceso, algo que blanquea la faltas de certezas hasta ahora. Quedó en claro tanto por las indefiniciones del proceso de la concesión, que arrancó a discutirse a mediados de 2020, como por los recurrentes parches ante la resbalosa licitación de fondo que nunca pudo encauzarse.
Giuliano intentó darle tono doctrinario al tema. “Federalización, normalización y correr el velo sobre lo sucedido durante los últimos 26 años que tuvo una concesión privada”, avisó.
De esta forma, ese esquema de contrato de obra pública sin aval del Estado y con los privados administrando exclusivamente el negocio será historia.
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Mientras, deberá tenerse en cuenta que el gobierno paraguayo pidió este viernes 30/12 a las autoridades argentinas que se suspenda la aplicación de un peaje en un tramo de la hidrovía Para, que debía entrar en vigor ayer domingo 1 de enero.
Esto nos recuerda que en la «autopista fluvial» Paraná-Paraguay tienen jurisdicción, e intereses, otros 4 países: Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.