El Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón, cuya cabecera es la ciudad de Mar del Plata, realizó una audiencia pública sobre la actividad de exploración offshore en el norte del Mar Argentino, puntualmente sobre las licencias ubicadas a más de 300 kilómetros de la costa bonaerense.
La actividad offshore recibió un fuerte respaldo por parte de diversos sectores que participaron este lunes en la audiencia. Hubo 64 oradores en la primera jornada. En total, están inscriptos casi 660 oradores conformados por 254 instituciones y 404 particulares.
La exploración costas afuera tuvo el apoyo de sindicatos, universidades, asociaciones y cámaras empresarias vinculadas a la industria y la pesca de Mar del Plata. Las voces críticas al offshore llegaron de organizaciones ambientales o referentes académicos, ente otros.
Se trata, puntualmente, del debate sobre el impacto ambiental y en la pesca de la prospección sísmica de las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas a más de 300 kilómetros de la costa marplatense. Las licencias fueron adjudicadas en 2018 a la compañía noruega Equinor, asociada con YPF, mediante una licitación internacional, que incluyó también otras áreas en distintas cuencas offshore del país. En total, se entregaron 18 áreas a 13 compañías distintas.
Argumentos
El investigador del Conicet y de Flacso, Ignacio Sabbatela, resaltó que “es erróneo que haya 100% de probabilidad de derrames. Tampoco habrá contaminación visual, es a 300 km. La gran traba para la transición energética en nuestro país es la disponibilidad de divisas. Esta actividad puede relajar la restricción externa y contribuir a la transición a energías más limpias en nuestro territorio”.
En tanto, Sandra Cipolla, de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, sostuvo que “la experiencia muestra que la industria offshore genera beneficios en otros sectores productivos como el transporte y comunicaciones, la industria metalmecánica y el comercio y que tiene una amplia demanda de profesionales de distintas especialidades. Se puede desarrollar de manera complementaria y sin conflictos con la pesca o el turismo. Es una oportunidad de desarrollo y crecimiento para la ciudad”.
Fernanda Raggio de YPF afirmó que “la actividad offshore impactará de manera sustancial en la matriz energética del país, que es el vector central del desarrollo económico. Se estima un potencial de decenas de millones de barriles de petróleo, volúmenes de la escala de Vaca Muerta”.
Pesca y petróleo
Gabriel Felizia, director del Consorcio Portuario, indicó que “Mar del Plata es la ciudad turística que millones de argentinos eligen cada año; es la ciudad de la producción con uno de los cordones frutihortícola más importante del país o del parque industrial con empresas de vanguardia en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas; y es el puerto, donde la industria naval no para de crecer y la pesca no se detiene. La industria del gas y petróleo costas afuera significó el desarrollo de naciones. Por su ubicación, Mar del Plata se convertirá en el centro logístico del desarrollo de esta industria en la Argentina”.
Marcelo Guiscardo del Cluster de Energía de Mar del Plata sostuvo que “es una verdadera política de Estado”, mientras que el geólogo de YPF, Sebastián Arismendi, añadió que “el offshore podrá cambiar en el mediano plazo la economía del país y traer enormes beneficios mientras recorremos el camino de la transición energética”. En este sentido, Alberto Calciano del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que “el proyecto Argerich explorará recursos recuperables por 1.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad similar a las reservas actuales de YPF”.
Por su parte, Eric Vázquez, miembro del SIMAPE (Sindicato Marítimo de Pescadores), subrayó: “la exploración offshore no va a afectar a la pesca, va a generar para Mar del Plata crecimiento económico y de empleo. Estamos totalmente a favor. Va a traer una nueva fuente de trabajo”. Mientras que Pablo Trueba, en nombre de la CGT de la seccional local, señaló que Mar del Plata “ya tiene pesca y turismo. Ahora podríamos convertirnos en una ciudad petrolera internacional. Es una industria que va a generar empleos de calidad, registrado, de alto nivel salarial, contrataciones de proveedores locales e inversión en infraestructura”.
Nidia Alvarez, CEO de la empresa Equinor en la Argentina, se refirió a la actividad offshore realizada por la compañía en Noruega: “la actividad offshore liderada por Equinor tuvo un rol fundamental en la transformación productiva y social del país, que pasó de tener escasos recursos a tener el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. El propósito de Equinor es convertir los recursos naturales en energía para la gente y contribuir al progreso real de las comunidades en las que estamos presentes”.
Manuel García Mansilla, de Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), destacó: “la Argentina puede cambiar su perfil productivo y convertirse en un proveedor de energía al mundo. Solo el desarrollo de un bloque offshore puede generar ingresos públicos por US$ 32.000 millones, hay 5,1 puestos indirectos por puesto indirecto. Un solo proyecto exitoso puede generar 22.000 empleos, un total de 100.000 puestos de trabajos. Esto corresponde a un solo proyecto”.
Marcelo Pájaro, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), dijo: “como organismo asesor de la Subsecretaría de Pesca, el INIDEP creó el Grupo de Evaluación de Actividades Hidrocarburíferas para asistir a la autoridad de aplicación en los aspectos referidos a los recursos pesqueros, la biodiversidad y el ambiente marino. Desde el 2020 llevamos evaluados 11 estudios de impacto ambiental presentados por las empresas”.
Los aliados están cada vez más divididos sobre el envío de armas pesadas a Kiev
«NUEVA YORK.- Las fracturas en la alianza occidental para enfrentar a Moscú ya son evidentes, y los europeos están cada vez más divididos entre quienes pretenden enviar armas más pesadas a Ucrania y quienes temen que eso solo sirva para prolongar el conflicto y potenciar sus desastrosas consecuencias económicas.
El nudo de ese desacuerdo -que enfrenta a un grupo de potencias de Europa Occidental con Estados Unidos, Gran Bretaña, y varias naciones del centro y el norte de Europa- es una percepción totalmente distinta de la amenaza que representa Rusia a largo plazo y de las reales chances de Ucrania de imponerse en el campo de batalla.
El primer grupo, liderado por Francia y Alemania, tiene cada vez más dudas sobre suministrarle a Ucrania el tipo de armamento ofensivo de largo alcance que necesitaría para recuperar el territorio perdido ante el ejército ruso en el sur y este del país. Temen que Rusia amenace con un ataque directo a los países de la OTAN.
Del otro lado están Washington, Londres, y un grupo de países de Europa Central y Oriental, algunos de ellos integrantes del antiguo bloque de la Unión Soviética, que ven la actual ofensiva de Rusia como una muestra de las ambiciones expansionistas de Moscú, que pretende convertir a Ucrania en una línea de frente desde la que lanzar una embestida más amplia contra Occidente.
Las diferencias entre esos dos grupos -una grieta que según los funcionarios europeos se ensanchó en las últimas semanas, cuando Ucrania empezó a retroceder en el Donbass- se hicieron públicas e inocultables esta semana, durante la cumbre de mandatarios de la Unión Europea para tratar la situación en Ucrania.
Si bien los gobiernos europeos lograron aprobar colectivamente las sanciones económicas para aislar a Rusia, incluido un embargo sobre casi la totalidad del petróleo ruso que compra Europa, hay opiniones radicalmente opuestas sobre las chances de Ucrania de ganar la guerra.
En sus declaraciones públicas, los líderes de Francia y Alemania y los funcionarios de ambos países han dejado traslucir que dudan que Ucrania pueda expulsar a los invasores y reclaman un alto el fuego negociado. Esas sugerencias cayeron muy mal en el gobierno de Kiev, que se siente empujado a hacer concesiones territoriales.
Los líderes de los países bálticos, Polonia y sus vecinos, por el contrario, argumentan que proveer a Ucrania de armamento pesado y cada vez más sofisticado es crucial, no solo para sostener la línea del frente, sino para revertir los avances de las fuerzas rusas y asestarle a Moscú un golpe de tal magnitud que alcance para disuadir a Putin de cualquier aventura bélica futura.
“El ataque a Ucrania es inaudito”, dijo el ministro de Defensa letón, Artis Pabriks. “A nuestro entender, que se basa en una larga historia de interactuar con Rusia, no se puede confiar en la misericordia rusa”, disparó. “Nosotros vemos la invasión a Ucrania como el preludio de un mayor expansionismo imperial de Moscú.”
Algunos países de Europa Occidental ya no tienen tantas ganas de sostener una guerra que les parece imposible de ganar y que se ha estancado en un lodazal de sangre que para colmo drena las arcas europeas y fogonea la recesión en ciernes. Por el contrario, Polonia y el Báltico, que saben en carne propia lo que es vivir con la bota de Moscú en la cabeza, sienten que los que siguen son ellos…
Además, el imparable flujo de refugiados ucranianos hacia esos países llevó la evidencia de la guerra a la vida cotidiana de sus ciudadanos, mientras que en Alemania, Austria o Italia, el conflicto se siente sobre todo por el fuerte aumento del precio de la energía.
“Los ministros del norte y el este de Europa están cada día más furiosos”, dice un alto funcionario de la República Checa. “Este asunto está destruyendo la unidad: eso es precisamente lo que Putin quiere y lo que Francia y Alemania le están sirviendo en bandeja.”
A diferencia de los líderes de Gran Bretaña, Polonia, las naciones bálticas y varios países de Europa Central, los mandatarios de Francia y Alemania todavía no viajaron a Kiev. El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió insistentemente que el conflicto puede escalar en una tercera guerra mundial y la aniquilación nuclear. Según Scholz, el objetivo de la intervención de Occidente debe ser evitar que Rusia gane (no derrotarla).
Alemania no envió tanques a Ucrania, pero sí acordó enviar siete piezas de artillería pesada. Según estimaciones del gobierno alemán, la ayuda militar enviada a Ucrania por la economía más grande de Europa, con más de 83 millones de habitantes, ha sido de unos 220 millones de dólares, menos que Estonia, que tiene poco más de un millón de habitantes. Francia ha enviado 12 obuses y ningún tanque ni defensa antiaérea.
Polonia ha entregado más de 240 tanques T72 de diseño soviético, así como drones, lanzacohetes, decenas de vehículos de infantería y toneladas de municiones. La República Checa envió helicópteros artillados, tanques y los repuestos necesarios para que la fuerza aérea de Ucrania pueda seguir volando. Los ciudadanos comunes de Lituania y la República Checa han donado decenas de millones de dólares para comprar drones turcos y armas de la era soviética para enviarlos a Ucrania.
“Mandamos todo lo que podemos y siempre que podemos”, dijo el presidente polaco Andrzej Duda, que ya visitó a Zelensky dos veces y habla con él diariamente. “¿Por qué? Porque creemos que esta es una guerra contra la civilización, una guerra por la defensa de Europa”.
Alemania todavía tiene que reemplazar los tanques polacos y checos que fueron enviados a Ucrania por otros de fabricación alemana, como se comprometió a hacer. El vocero del gobierno alemán adjudicó la demora a ciertos procedimientos que llevan tiempo, como el mantenimiento de los tanques, mientras que algunos funcionarios del Ministerio de Defensa denuncian la falta de voluntad política para actuar con rapidez.
“Es muy decepcionante que ni el gobierno federal ni el propio canciller tengan el coraje de hablar de una victoria de Ucrania y actuar en consecuencia, ayudando a Ucrania con armas pesadas y modernas”, dijo Andrij Melnyk, embajador ucraniano en Berlín.
Alrededor del 70% de los alemanes apoya la cautela de Scholz, según una encuesta de principios de mayo que también reveló que el 46% de los alemanes temen que el envío de armas pesadas aumente el peligro de que la guerra desborde más allá de las fronteras de Ucrania. Otras encuestas han mostrado un nivel de recelo similar en Italia y en Francia.
Los funcionarios franceses y alemanes rechazan esas acusaciones y dicen no estar presionando a Zelensky para que haga concesiones territoriales. El presidente francés, Emmanuel Macron, y Scholz, que hablan regularmente con el presidente ucraniano y su homólogo ruso, repiten con insistencia que quien decidirá los términos de un eventual acuerdo de paz será el gobierno de Kiev.»
Comentario de AgendAR:
Los seguidores de este portal habrán notado que hemos disminuido la cobertura de la guerra en Ucrania. Por supuesto, seguimos convencidos que tiene consecuencias importantes, también para nosotros, en este lejano Cono Sur.
Pero ya lleva más de tres meses, y hoy es -como dicen los cronistas que reproducimos- un pantano de sangre, donde los avances y retrocesos son lentos. Y, para ser francos, es muy difícil separar los hechos del torrente de propaganda que emiten los dos bandos y distribuyen con entusiasmo las repetidoras locales de ambos.
Pero esta nota es un «leader» de The Wall Street Journal, y el título es el original. Este medio, si bien es crítico de la administración Demócrata, es un vocero fiel de lo que piensa el establishment Republicano (no lo mismo que los votantes Republicanos). En cualquier caso, insospechable de simpatías con Putin o antipatías con la OTAN.
Queda claro, entonces, que sí hay diferencias estratégicas entre Washington y los gobiernos más poderosos de la Unión Europea, en Berlín y París. Un lado está resuelto a luchar hasta el último ucraniano, si es necesario; el otro, cree posible y conveniente una paz negociada y está dispuesto a aceptar que implique una pérdida territorial para Ucrania. En estos dias, se pronunció en favor de esta solución el anciano Dr. Kissinger, a quien nadie podría acusar de sentimental.
El presidente de YPF, Pablo González, anunció que la empresa está estudiando cuatro locaciones posibles en la provincia de Buenos Aires y en Río Negro para la instalación del mega proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). Demandará una inversión de 11.500 millones de dólares y convertiría a la compañía y al país en un exportador neto de energía.
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En una entrevista a propósito del centenario de YPF, González destacó que «la posibilidad de terminar con la matriz importadora del invierno viene de la mano del aprovechamiento de Vaca Muerta y entre otras alternativas de la exportación de GNL».
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«Hay varios proyectos en el país y uno lo tiene YPF que está desarrollando hace dos años y tiene que terminar de completar la ingeniería y buscar el financiamiento. Hay tres o cuatro locaciones en estudio en la provincia de Buenos Aires y en Río Negro, pero el tema todavía no ingresó al directorio para su definición», aclaró el titular de la petrolera.
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Se trata de «un proyecto de 11.500 millones de dólares, no sólo en la construcción de la planta sino en todo el costo que significa poner en funcionamiento la producción de esa cantidad de gas y la logística necesaria» para un plan de esta envergadura.
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«Hoy la Argentina produce más gas de lo que puede transportar. Tiene gasoductos absolutamente colapsados; por eso la importancia del nuevo troncal Néstor Kirchner. En petróleo también tiene el Oleoducto del Valle (Oldeval) colapsado y allí proyecta una inversión de 50 millones de dólares para su ampliación».
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En esa misma línea, YPF trabaja «en la puesta en valor del oleoducto a Chile que dejó de funcionar hace unos 15 años porque Argentina pasó de ser exportador a ser importador de crudo y que puede transportar unos 110.000 barriles», agregó.
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Existe un amplio consenso en la industria energética respecto a que el GNL tendrá un rol importante en las próximas décadas para el desarrollo de las matrices con menos emisiones de carbono hacia el objetivo de emisiones netas cero a 2050, como un recurso fiable y flexible de transición y de complementación hacia las energías renovables.
La historia de la CNEA (en algún momento AgendAR publicará la apasionante y tortuosa crónica que escribió Daniel Arias) es también una parte de la historia de la Argentina moderna.
Es cierto que con los años adquirió alguna… pesadez, como su prima más joven, la NASA (no Nucleoeléctrica Argentina, por cierto; la National Aeronautical & Space Administration). Es inevitable, en grandes estructuras que combinan investigación y ejecución. Pero ahora soplan vientos frescos, y trata de rejuvenecerse.
Y si la Gran Potencia del Norte abandona su estilo tradicional de conversaciones privadas y envía emisarios con propuestas públicas, debemos estar haciendo algo bien. Tal vez no todo, pero algo.
Feliz cumpleaños, CNEA.
Especialistas de las escuelas de Economía y Negocios, Humanidades y Política y Gobierno de la UNSAM analizan las implicancias de la industria extractiva para la generación de energías limpias. Desarrollo, ambiente y derechos territoriales en medio de promesas de inversiones.
Celulares, notebooks, baterías externas, autos eléctricos: las baterías de litio están presentes en el mundo desde hace tiempo, de hecho en el año 2016 se produjeron 201 mil toneladas de carbonato de litio para fabricarlas. En la Argentina, los medios de comunicación informan semanalmente sobre las posibles inversiones externas para activar la minería de litio por parte de inversores de diferentes países, incluido el magnate Elon Musk y la minera estadounidense Livent Corporation ¿Pero de qué zona del país se puede extraer litio? ¿Cuáles son los beneficios de su producción? ¿Qué sucede con las comunidades cercanas a los salares? ¿Existen riesgos ambientales?
El litio es un mineral clave para la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía más eficientes y limpios; el elemento principal para la transición global hacia una economía menos dependiente de combustibles fósiles. La Argentina es uno de los vértices del denominado triángulo del litio, que junto a Bolivia y Chile cuenta con el 58% de los recursos mundiales de este mineral, seguido por China (25%) y Australia (10%).
El país concentra el 8% de la producción global de litio en el salar de Olaroz-Cauchari de la provincia de Jujuy, mediante las operaciones extractivas de las empresas mineras Livent (Estados Unidos) y Sales de Jujuy (integrada por las empresas Orocobre Limited, Toyota Tsusho Corporation y el gobierno de Jujuy). También existen el Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite de las provincias de Salta y Catamarca y el Salar de Rincón (Salta), pero allí recién se están llevando a cabo actividades de exploración.
Esta información está disponible en el paper Una mirada estratégica sobre el triángulo del litio, publicado por Martín Obaya, director del Centro de Estudios para la Transformación (CENIT) de la Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la UNSAM.
“El litio es un sector que tiene mucha más presencia en la discusión pública que en la contribución que realmente hace hoy a la economía del país. Las exportaciones de litio representan solo el 0,4% de las exportaciones totales del país”, cuenta Obaya y señala: “Tiene una presencia y un impacto fuerte en el NOA, que es donde están los recursos. Hoy hay más de 50 proyectos iniciados de exploración, pero hay solamente dos en operación, lo que genera un movimiento económico en la región, que tiene históricamente mucha dificultad para crear empleo privado”.
¿Cómo se regula la explotación y producción de litio? Al ser considerado un recurso estratégico, Bolivia y Chile cuentan con reglamentaciones específicas para su control. Sin embargo, en la Argentina la regulación de las actividades de exploración, extracción y procesamiento de litio está comprendida dentro del marco normativo minero general fundamentado en tres normativas promulgadas en los ‘90: el artículo 124 de la Constitución Nacional; el Código de Minería; y la Ley N.° 24.196 de Inversiones Mineras.
“El marco desde el punto de vista normativo en la Argentina es de naturaleza liberal. El supuesto que está detrás de este marco es que para hacer minería en el país se necesitan muchas inversiones y la forma de atraer inversiones es dándoles estabilidad a las empresas extranjeras por mucho tiempo. Entonces, les otorgan un montón de beneficios y las provincias, que son las dueñas de los recursos, no pueden cobrar regalías de más del 3%”, critica Obaya.
En cuanto a la explotación del litio como recurso estratégico, Obaya distingue dos visiones distintas en el país: Una visión “extractivista” limitada a la extracción, procesamiento y exportación del mineral como materia prima; y una visión “industrialista”, que aspira a crear capacidades tecnológicas y productivas locales para utilizar al litio como insumo para la producción de baterías. “El marco normativo impone muchísimas restricciones para que el Estado pueda hacer políticas públicas de promoción de otras actividades vinculadas a la minería”, advierte el economista.
Controversias y “legitimidad técnica”
Si bien el litio puede resultar eficaz para limitar el uso de combustibles fósiles, disminuir la huella de carbono y volverse económicamente rentable para el desarrollo industrial del país; esta industria extractiva no está exenta de controversias y la situación llevó incluso a plantear dos polos que podrían resumirse en “desarrollo productivo” por un lado, y “ambientalistas” por el otro. En ambos espacios abrevan distintas tradiciones, espacios de investigación académica, investigadorxs de diferentes universidades (o de una misma universidad, pero que se ubican en uno u otro espacio) y militancias políticas, sociales y comunitarias.
Mariana Saidón, economista y coordinadora del Área de Ambiente y Política (AAP) de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) considera al litio como “una potencial solución a la cuestión energética y a la emisión de gases de efecto invernadero”, pero advierte sobre los problemas ambientales que se podrían generar sin controles estrictos: “No hay que perder de vista la gran utilización de agua en una zona bastante seca, la posible contaminación local de agua dulce con agua salada, el agotamiento de un recurso no renovable, la alteración de los ecosistemas locales y el residuo generado cuando se deja de usar la batería”.
La investigadora señala que si bien podrían generarse fuentes de empleo, la polarización entre desarrollo productivo y ambientalismo puede ser analizada como una falsa dicotomía. “No está claro que la explotación del litio así como está planteada -con escasos controles, subfacturaciones que permiten reducir regalías sin planificar la generación de cadenas de valor internas, ni impulsar la transición energética del propio país-, a pesar de generar ciertas cadenas de valor e ingresos en términos de regalías vaya a aportar al desarrollo”.
Ana María Vara, directora de la Licenciatura en Estudios de la Comunicación de la Escuela de Humanidades (EH) señala la cuestión del litio como una controversia porque “hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no”.
El conocimiento técnico, explica Vara, se vuelve un campo de disputas: “Las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y otro. En las controversias la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado” (ver recuadro).
¿Cómo se extrae el litio?
Las cuencas de la puna altoandina poseen dos características: se encuentran rodeadas por cordones montañosos y desarrollan un lago, humedal o salar en el centro. En las zonas montañosas caen muy pocas lluvias cuyas corrientes de agua, por un lado, se drenan en la superficie alcanzando el centro del salar, mientras que otra parte penetra en el suelo y rocas profundas. El contacto de esta agua con las sales de las rocas produce una salmuera con litio, entre otros minerales. Entonces, para extraer el litio se realizan perforaciones profundas donde se extrae esa salmuera que luego se evapora en piletones y se obtiene el tan ansiado mineral.
¿Cuáles son los riegos? Lxs geólogxs Marcelo Sticco, de la UBA, y Verónica Kwaterka, de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS) de la UNSAM, distinguen tres ramas de impactos ambientales negativos en la minería de litio. “La infraestructura minera afecta a las redes de drenaje y a la geomorfología, la superficie; la extracción de agua puede afectar a la calidad del agua de los acuíferos y la vegetación, porque pueden salinizar las zonas donde hay agua potable; y los residuos peligrosos almacenados en piletones que afectan aguas y suelos, al agregar componentes químicos y sales subterráneas”, indica Kwaterka.
Los piletones donde se almacena la salmuera con litio extraída en las perforaciones funcionan como repositorio de residuos, como basureros gigantes que ocupan el equivalente a 450 canchas de fútbol en el salar de Jujuy, con el solo fin de depositar los descartes que luego se evaporan en forma natural con la energía del sol. El problema es que la ubicación de estos piletones podría afectar a las cuencas de agua dulce y a los humedales que utilizan las comunidades originarias de la zona para abastecerse.
“Existen unas geoformas en la parte periférica de la cuenca que contienen agua dulce que se llaman ‘abanicos aluviales’. Lo peligroso es que muchas veces los piletones se construyen sobre esas geoformas. Entonces, habría que ver si estos tienen sistemas de impermeabilización y otros procedimientos para garantizar que el agua de profundidad, con mucha concentración de sales, no se empiece a infiltrar a las zonas de agua dulce”, advierte Kwaterka.
En sintonía, Marcelo Sticco señala que la salmuera extraída desde las profundidades tiene una alta concentración de elementos químicos. “Se trata de agua de formación geológica, donde se pueden encontrar todos los elementos de la tabla periódica. Todos los minerales que están en la naturaleza salen a la superficie y se descartan, como metales pesados, plomo, cromo y zinc, elementos que están naturalmente en otra condición y están quedando libres en la atmósfera”, advierte.
Sticco, además, agrega otro riesgo por fuera de los salares: la falta de datos públicos provenientes de las mineras y los controles endebles de los gobiernos provinciales. “Hay mucha información desordenada, como cuando se ven las inversiones en Salta y Catamarca. Se anuncian miles de millones de dólares pero sobre los proyectos concretos no hay nada porque ni las mineras ni los gobiernos hacen pública esa información”, critica.
Las opiniones de lxs geólogxs están respaldadas en el documento Evidencias Técnicas del Impacto Negativo de la Explotación del Litio en los Humedales y Recursos Hídricos de los Salares de la Puna Altoandina (publicado por la Fundación Humedales con el apoyo de la ONG Wetlands International) del que se extrae el siguiente fragmento: “El residuo es altamente soluble y el abanico sobre el que está dispuesto es un reservorio de agua dulce altamente permeable. No se presentan evidencias técnicas de la estanquidad del relleno, no hay ensayos de permeabilidad ni de resistencia de suelos que aseguren que el relleno puede resistir movimientos telúricos”.
Lxs investigadorxes consultados coinciden en señalar la posibilidad de generar una industria del litio que produzca el menor daño ambiental posible, para lo cual son necesarios cambios en los métodos de extracción y producción, controles estatales estrictos y estudios de impacto serios. “En la ecuación económica actual, ¿las mineras están poniendo el daño ambiental? Todo ese pasivo que estás descartando como residuos, ¿lo están colocando? Nosotros hicimos un cálculo preliminar e incluso vimos que es antieconómico este sistema”, dice Sticco. “Necesitamos estudios de impacto serios, realizados por profesionales seleccionados por el Estado como ente regulador y con la participación de las comunidades de la zonas cercana a los salares”, completa Kwaterka.
Territorio y polémica
Los salares donde se produce la industria del litio son, en general, territorios de comunidades indígenas. En algunos casos los lugareños se encuentran más cerca del salar, explotándolo para extracción de sal o pequeñas producciones de borato, o se asientan más lejos y usan el salar como parte de sus desarrollos económico-productivos y culturales. Los proyectos de explotación del llamado “oro blanco” desencadenaron innumerables reclamos y conflictos por parte de los pobladores de la Puna Altoandina.
Déborah Pragier es docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y se dedica al estudio de estas comunidades. “Lo que sucede en la práctica es que hay una tensión en esta idea de promover el litio como energía limpia y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”, explica.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, así como “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Asimismo, la Consulta Previa Libre e Informada se encuentra garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto en la Asamblea General a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Todo este marco normativo, explica la investigadora, debería habilitar a las comunidades a decir sí o no ante cualquier proyecto en su territorio. “En las comunidades de Jujuy en donde se encuentran explotando el litio, lo que se realizó no podría llamarse una consulta previa, libre e informada. El ejecutivo provincial de Jujuy habilitó por decreto la formación de una comisión de 17 miembros de distinto tipo con un representante de la comunidad indígena a participar de esa unidad. Eso claramente no es una consulta”, dice Pragier.
La investigadora cuenta que “es muy poco probable que el Estado acepte un ‘no’ como respuesta de las comunidades indígenas y advierte que, aún con el marco normativo vigente, “no hay mecanismos institucionales que prevean una consulta previa libre e informada”.
Ana María Vara: “La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables y cómo los distribuimos”
La docente, investigadora y especialista en controversias de las Escuela de Humanidades explica los alcances del conflicto en torno al litio.
¿Por qué el conflicto en torno a la extracción del litio en la Argentina puede ser analizado como una controversia?
Básicamente, porque hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no. Esa configuración polarizada, de actores sociales a favor y actores sociales en contra, es característica de las controversias.
Y está también la necesidad, el insumo fundamental para encararlas, que es el conocimiento técnico: las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y del otro. En las controversias, la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado.
Teniendo en cuenta que hoy la explotación de litio como materia prima sigue siendo incipiente en la Argentina, ¿ves en esta industria extractiva posibilidades de desarrollo?
Veo esas posibilidades, pero las veo en relación con la dinámica de la controversia. Es decir, no todo está jugado ya, no podemos avizorar todavía cuál será el resultado de la controversia: dependerá de los argumentos, las propuestas y contrapropuestas, el juego entre los distintos sectores involucrados (tanto en el país como fuera), la relación de fuerzas. Y, sobre todo, los proyectos de país que se propongan.
¿Cómo se puede generar una industria que le agregue valor al litio para la producción de baterías o productos intermedios de manera sustentable?
Es complejo, pero nuestro país tiene muchas de las condiciones para hacerlo. Sobre todo, un sector científico-tecnológico con bastante desarrollo. Y una discusión abierta sobre cómo sería mejor que nuestro país se involucrara en estas actividades.
La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?
La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?
Es la pregunta clave, pero no tiene una respuesta única. No sabemos, en realidad, si puede tener respuesta. ¿Existe un modo de generar energía sin producir ningún impacto ambiental o social? Como nos advirtió el sociólogo alemán Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo: cada desarrollo científico-tecnológico produce bienes (lo que estamos queriendo alcanzar) y males (los impactos). La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables, y cómo los distribuimos, al interior de los países y entre países.
Por otra parte, la noción misma de sustentabilidad es contenciosa. Dice un politólogo muy interesante, John Dryzek, que la noción de sustentabilidad es como la de democracia: todos estamos de acuerdo en que es lo mejor, pero no estamos de acuerdo en cómo la definimos. Y en la definición se produce una disputa de sentidos, que refleja la puja de intereses, de valores, de posiciones, y que tiene como trasfondo las relaciones de poder. De modo que cuando se dice que algo es sustentable, conviene ver quién lo dice, en relación con qué aspecto, por qué y con qué implicancias y consecuencias.
Juan Cattaneo, gerente de Dirección de Obras del CAREM dio detalles del avance de ese proyecto, cuando el Concejo Deliberante de Zárate declaró, por unanimidad, de interés legislativo Atucha III.
«En la actualidad hay 500 personas trabajando en el predio del reactor, entre contratistas y personal de Nucleoeléctrica». Cattaneo contó que esperan llegar a contar el año próximo con 800 personas en el pico máximo de la obra civil, que es la construcción del edificio del reactor. A eso se debe sumar para principios de 2023 el comienzo de los trabajos en el balance de planta.
“En el corto plazo esperamos tener a entre 1000 y 1200 trabajadores y trabajadoras directamente vinculados a la obra acá en el sitio”, dijo Cattaneo.
«El proyecto CAREM esta avanzado en aproximadamente un 60%, con el edificio del reactor registrando un 70% de concreción. “El liner del Carem esta prácticamente terminado”, afirmó el gerente de Obras.
También destacó los avances de IMPSA y Conuar en el desarrollo y la fabricación de componentes críticos del reactor. La mendocina IMPSA esta fabricando el recipiente de presión, con un 65% de avance en su fabricación. En CNEA esperan que llegue a la obra para principios del 2024. “Estar desarrollando y fabricando un recipiente de presión de esas características en el país es muy importante”, destacó.
Por el lado de Conuar, la empresa que fabrica los elementos combustibles para las centrales nucleares argentinas, se esta encargando también del diseño y fabricación de los generadores de vapor para el CAREM. “El hecho de que Conuar haya terminado esta serie es una satisfacción muy grande. El paso siguiente es comenzar con la fabricación de tres de estos generadores de vapor”, continuó Cattaneo.
“Tenemos a tres grandes socios, Nucleoeléctrica, Conuar e IMPSA trabajando en conjunto en este proyecto. Cada uno con su conocimiento realmente indispensable. El desafío es enorme, todo lo que se hace en el CAREM se esta haciendo por primera vez. Creemos que estamos por el camino correcto”.
3 generadores de vapor (CONUAR)
Por su parte, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, Ignacio Palia, destacó las ventajas de la energía nuclear. “Hemos recuperado el plan nuclear y lo hemos adaptado a la situación actual. La energía nuclear aporta generación de base, segura y limpia. Respecto del problema del cambio climático, la energía nuclear es parte de la solución”.
Respaldo de la comunidad:
El Concejo Deliberante de Zárate sesionó de forma extraordinaria este viernes en las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha y declaró, de forma unánime, de interés legislativo el proyecto Atucha III, la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I y el proyecto CAREM. El respaldo a los proyectos tuvo el acuerdo de todos los bloques políticos que conforman el consejo.
El Concejo Deliberante de Zárate sesionó en las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha
Antonio Pronsato, titular de la unidad ejecutora de ENARSA a cargo del proyecto, presentó ayer lunes su renuncia indeclinable en disconformidad con el escaso avance real de la obra, que lleva meses de retraso. Luego que trascendiera la noticia, el equipo de prensa del proyecto emitió un comunicado en el que se asegura que los trámites de licitación, adjudicación y ejecución del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner están avanzando dentro de los plazos previstos.
“El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha, una obra que generará 6000 puntos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y exportaciones de nuestro país. El inicio del proyecto prevé una inversión de más de US$ 3400 millones”, enumera el spot publicitario oficial que se escucha en radios y televisión. Sin embargo, un mes y 10 días después de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara la obra en Neuquén el avance ha sido prácticamente inexistente, afirma el portal especializado EconoJournal.
En disconformidad con esta parálisis, Antonio Pronsato, según habría confirmado a distintos medios, presentó este lunes su renuncia.
Pronsato, con una larga trayectoria en ese ámbito desde la gestión de De Vido, era un interlocutor con las constructoras que podrían presentarse a la licitación –Techint, Sacde, Contreras, BTU y Cartellone, entre otras- y también con proveedores de materiales e insumos para la obra y con empresas productoras de gas que precisan del nuevo gasoducto para poder incrementar su producción desde Vaca Muerta.
Ahora la responsabilidad del avance del proyecto recae sobre Agustín Gerez, gerente general de Enarsa (ex IEASA), y en el Secretario de Energía, Darío Martínez.
Posibles motivos de la renuncia:
1) El contrato con SIAT (la subsidiaria de Tenaris) para empezar a fabricar los caños del gasoducto aún no fue firmado. Pese a que el BCRA ya otorgó una excepción a Enarsa para que la empresa de Techint pueda acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) y transferir cerca de US$ 220 millones a Brasil para comprar la chapa que se precisa para fabricar los tubos con costura, el final convenio con la empresa de Techint todavía no fue rubricado. Eso quiere decir que casi un mes después de resultar formalmente designada como proveedora de los caños del proyecto, SIAT aún no cobró el anticipo económico que reclama para comenzar a fabricar los tubos de acero.
2) La licitación de la construcción de la obra aún no está en la calle. En lo técnico, la redacción del pliego ya está prácticamente lista. Se licitarían seis frentes de obra: tres para construir el gasoducto Néstor Kirchner; otro para tender el gasoducto Mercedes-Cardales; un quinto para montar una planta compresora; y un sexto para realizar el paso submarino del caño por debajo del río. Pronsato quería lanzar la licitación a fines de abril o, como muy tarde, a principio de mayo. A dos días del inicio de junio, el pliego aún no se conoce.
3) La unidad ejecutora de Enarsa ya consiguió la aprobación de los estudios de impacto ambiental de tres de las cuatro provincias que serán atravesadas por la traza del gasoducto: Neuquén, Río Negro y La Pampa. ¿Cuál es la que aún no dio el OK? La provincia de Buenos Aires. Funcionarios del Organismo de Desarrollo Sustentable provincial reclaman un cómputo de costos del proyecto antes de aprobar la evaluación ambiental.
4) El BICE aún no aprobó una serie de documentos internos para poder reutilizar una planta compresora que había adquirido el Estado para el Gasoducto del Noreste (GNEA). El banco tiene que avalar ahora que ese equipo se reutilice en el gasoducto Mercedes-Cardales, para lo cual es necesario realizarse un reacondicionamiento general que iba a estar a cargo de TGS. Pero tras meses de gestión, el BICE no autorizó ese esquema.
Resumen:
Una obra de las dimensiones del gasoducto previsto es un desafío complejo para un Estado que ha perdido a lo largo de décadas funcionariado técnico. También, en la etapa actual, canibal, de la puja política, quienes toman decisiones vacilan por temor a una eventual judicialización a futuro.
En cualquier caso, la demora le seguirá costando al país millones de dólares para importar energía que se produce localmente.
Es una iniciativa de asistencia financiera del Ministerio de Desarrollo Productivo. Habrá aportes de capital para proyectos industriales informáticos fuera de Tierra del Fuego, actual polo proveedor.
El ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Resolución 437/2022, creó el Programa de Fortalecimiento de la Industria del Hardware, una iniciativa de asistencia financiera para que los fabricantes de dispositivo informáticos cubran una demanda asociada con el objetivo de impulsar una mayor fabricación nacional en todo el territorio nacional, más allá de la región actualmente promovida.
El plan tiene pautado otorgar ANR (Aportes No Reintegrables) por un total de $ 1.800 millones a fabricantes que presenten proyectos específicos, con un cupo del 20% del precio o costo informado, que se liquidará una vez verificada la ejecución.
Desde el ministerio consideran «primordial la implementación de políticas de promoción del diseño y la fabricación nacional de los equipos electrónicos (hardware) que ejecutan el software, para lo cual es necesario adquirir plaquetas electrónicas, instalarlas y maximizar su funcionalidad, lo cual requiere elevados costos de fabricación».
Las características del Programa
La Resolución a través de la cual se creó este programa menciona que mediante la Ley N° 27.506 y su modificatoria se creó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y que entre sus actividades promovidas «se pretende fomentar la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de productos y servicios y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos tecnológicos».
La financiación de la iniciativa proviene del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que destinará $ 1.800.000.000, con la posibilidad de ampliarse por el mismo monto a pedido de la Secretaría de Industria y Economía del Conocimiento.
«Resulta primordial la implementación de políticas de promoción del diseño y la fabricación nacional de los equipos electrónicos (hardware) que ejecutan el software, para lo cual es necesario adquirir plaquetas electrónicas, instalarlas y maximizar su funcionalidad, lo cual requiere elevados costos de fabricación», agrega también.
La Resolución completa puede verse aquí.
En el Día Nacional de la Donación de Órganos -30 de mayo- el Consejo Publicitario Argentino, Casa Justina, la Sociedad Argentina de Trasplantes y Grey Argentina lanzaron la campaña “Testamento Infantil” para generar una conversación social acerca de la donación de órganos de menores de 18 años.
En Argentina, todas las personas mayores de 18 años son donantes – a menos que expresen lo contrario – gracias a la Ley Justina (ley 27.447), sancionada en 2018. No sucede lo mismo con los menores, quienes necesitan obligatoriamente de la decisión de un adulto para poder donar sus órganos.
Actualmente hay 204 menores esperando un trasplante
Por eso se unieron entidades comprometidas con la atención médica y psicológica de los jóvenes con publicistas para promover el diálogo en las casas, escuelas y en toda la sociedad, sobre la donación de órganos de menores de 18 años.
Actualmente hay 204 menores esperando un trasplante -podrían ser muchos más- y no todos pueden recibir una donación de un mayor. Frecuentemente, sólo un menor puede ser el donante adecuado para otro menor, pero hoy es un adulto quien decide.
La iniciativa, que cuenta con la creatividad de Grey Argentina, plantea un documento ficticio, que no tiene ninguna validez legal más. El fin es plantear conversación entre adultos y chicos y poner de manifiesto la voluntad de los jóvenes: donar sus órganos para permitir que uno de los menores que esperan un trasplante, o los que puedan llegar a necesitarlo, puedan vivir.
“Justina, 12 años, sabía que si no llegaba un corazón, se moría, aun así me pidió que ayudemos a todos los que podamos. Cuando hablo con niños y adolescentes en los colegios, después de explorar juntos sus curiosidades acerca de la donación y el trasplante de órganos, les hago una pregunta: Levante la mano quién de ustedes donaría sus órganos. ¿Les tengo que decir cuántos levantan la mano? Justina sentada a mi lado me mira sonriendo y me dice: ¿viste papi?, ayudan a todos los que pueden”, contó Ezequiel Lo Cane, papá de Justina Lo Cane.
“La Sociedad Argentina de Trasplantes trabaja para concientizar a la comunidad médica y a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de incrementar los donantes pediátricos que han caído en los últimos años, pese a una disminución notoria de la negativa familiar desde la implementación de la Ley Justina (Ley 27447)”, afirmó la Dra. Alejandra Villamil, Presidenta de la Sociedad Argentina de Trasplantes.
“La idea del Testamento Infantil surge pensando en qué harían los chicos si ellos pudieran decidir. Muchas veces se cree que los menores no se involucran en temas serios, pero ya se vio con la discusión sobre el aborto legal que cuando les interesa lo hacen saber. Por eso creamos una herramienta, una excusa para que los jóvenes puedan hablar con sus mayores de la donación pediátrica de órganos y hacerles más fácil una de las decisiones más difíciles que puedan vivir”, comentaron Mariano Favetto y Joaquín Ares, ECD de Grey Argentina.
Para más información sobre la donación de órganos ingresar aquí.
Un análisis sobre la importancia de generar una articulación virtuosa entre el Estado, la ciencia y el sector privado, que contribuya a dejar atrás los recurrentes escenarios de inestabilidad en la Argentina.
Hace ya dos meses, el economista Juan Manuel Telechea se refería a un desarrollo que también tratamos en AgendAR: La creación de un fondo por el gobierno de la provincia de Santa Fe y Bioceres para fomentar nuevas empresas de biotechología. Reproducimos esta nota porque la convocatoria sigue abierta, pero, sobre todo, porque va más allá del hecho puntual y lo muestra como un ejemplo del enfoque que es necesario tomar para superar el desaliento argentino.
«El SF500, el fondo creado por Bioceres en conjunto con el gobierno de Santa Fe para apoyar a emprendedores de base científico tecnológica, abrió la etapa de postulación de proyectos para el programa. Fue en el marco de un evento del que participaron 300 personas, entre ellas importantes funcionarios y empresarios vinculados con el ámbito de la ciencia.
En los últimos tiempos dejamos de hablar de desarrollo económico. Bajo la lógica (o la excusa) de que sin una economía estable resulta muy difícil que haya un impulso productivo, nos enfocamos cada vez más en la inflación o en el dólar y cada vez menos en los distintos sectores estratégicos que deberíamos promover.
Esto, a su vez, le dio un muy buen argumento a la corriente más extremista del ambientalismo que, amparándose en dicha falta de crecimiento, propone directamente prohibir muchas de estas actividades económicas.
Dado que, luego de cambios de gobiernos y de políticas públicas, la solución a la inestabilidad no parece que vaya a venir por el lado de la gestión macroeconómica, quizás es un buen momento para dejar de lado esas discusiones y ver si, en realidad, la salida no puede venir directamente desde lo productivo. Más específicamente, de la articulación entre el Estado, la ciencia y el sector privado.
Pero, para llegar a eso, necesitamos primero repasar algunos conceptos teóricos que atañen a la microeconomía y que son fundamentales para ver hacia dónde apuntamos. Hoy está más que claro que ninguna empresa, por más innovadora y pujante que sea, puede crecer por sí sola. Dicho de otra manera, si agarramos a cualquiera de las grandes empresas -del sector que sea- y analizamos su evolución, veremos que para alcanzar ese estado de madurez necesitaron distintos tipos de ayuda estatal (financiera, tributaria, legal, etc.) o se apoyaron sobre innovaciones que llevaron a cabo otras empresas u organismos científicos para potenciar su producto.
Esto está retratado a la perfección en el ya famoso libro El Estado Emprendedor, de Mariana Mazucatto, donde muestra que buena parte de la tecnología de un iPhone (internet, el GPS, la pantalla táctil, entre otras) fue desarrollada o impulsada por agencias del Estado.
Digamos que el punto de fondo es que el Estado, por su tamaño y capacidad de financiamiento, puede hacer ese tipo de inversiones y asumir el riesgo, mientras que la empresa privada luego se apalanca sobre eso para lograr un mejor producto (y un mayor beneficio).
Pero esto solo explica una parte del éxito. Nos está faltando entender cómo las empresas crecen y por qué algunas (en ciertos sectores) lo hacen y otras no. Ahí aparecen los distintos tipos de externalidades positivas. Esto sucede cuando la producción de una empresa tiene un impacto positivo indirecto sobre otra. Los ejemplos más frecuentes, que son precisamente los que más nos interesan, son las innovaciones. Cuando una empresa mejora su producto, automáticamente eso beneficia a todas aquellas que lo utilizan como insumo.
Pero esto no solo sucede hacia dentro de una cadena, sino que puede darse con empresas en rubros muy diferentes o directamente que lleven a la creación de nuevos productos. Por ejemplo, el avance en los teléfonos celulares mejoró la productividad de las empresas de logística, pero también es lo que posibilitó la creación de nuevos servicios digitales de todo tipo (financieros, de transporte, de compraventa, entre otros).
Asimismo, esto nos permite entender por qué en muchos casos ciertas innovaciones se producen en un país y no en otro. Por detrás, hay años de desarrollo y de especialización en determinadas áreas que son la base para el surgimiento de dicha innovación. Por ejemplo, no es casualidad que Argentina tenga dos premios Nobel de medicina y uno de química y que dos de los inventos más reconocidos sean el bypass o la jeringa descartable.
En suma, el crecimiento y desarrollo de las empresas implica una sinergia entre el sector privado, el Estado y la capacidad de innovación. Además, este es un proceso acumulativo en el tiempo, donde los sectores de mayor productividad hacen más probable que haya innovaciones vinculadas con dichos rubros.
Esto es precisamente lo que está impulsando Bioceres (empresa argentina líder en biotecnología agropecuaria) con su programa “SF500”. El nombre del programa simboliza el origen, Santa Fe, y el objetivo: contribuir al nacimiento y crecimiento de 500 proyectos innovadores en los próximos 10 años. Potenciales startups relacionadas con la biotecnología, en particular proyectos vinculados con la medicina traslacional, la neutralidad del carbono, los biomateriales y los alimentos funcionales. Es decir, proyectos que además de tener un gran impacto productivo buscan reducir la contaminación ambiental.
Para tener una idea de a lo que apuntan, los primeros cuatro proyectos seleccionados para su financiamiento son: Wonder, que consiste en crear un biocuero gracias a la reproducción de hongos a partir del orujo, un residuo de la industria vitivinícola; Onco-liq, que está desarrollando una tecnología para la detección temprana del cáncer de mama a partir de los microRNAs; Dharma Biosciences, que busca acercar soluciones para la regeneración del cartílago de rodilla y eventualmente curar la artrosis; y Biota Life, iniciativa que prevé acercar tratamientos personalizados para distintas afecciones de la piel;.
«Desde SF500 vivimos la evolución y el desarrollo en términos de simbiosis y colaboración, no en términos de competencia y selección. Por eso públicos y privados nos unimos para invertir y formar parte de las soluciones. El modelo es asociarnos al emprendedor. Si le va bien, ganamos todos. Si le va mal, perdemos todos. Además, creemos que es la forma más eficaz para impulsar un gran proceso de transformación donde la biotecnología sea un factor clave de desarrollo del país en las próximas décadas», nos contó Francisco Buchara, director del SF500.
El objetivo principal de Bioceres es funcionar como un “acelerador de proyectos”, aportando su experiencia y sus servicios en aquellos puntos donde por lo general se presentan los mayores obstáculos para el crecimiento de estas startups (armado de plan de inversiones y modelo de negocio, consultoría regulatoria y legal, mentoría, conexión con ecosistemas y apoyo para realizar roadshows, entre otros). La convocatoria seguirá abierta hasta junio y quienes califiquen podrán acceder a los aportes monetarios y la asistencia técnica necesaria para escalar su iniciativa.»
Controversias y “legitimidad técnica”
Si bien el litio puede resultar eficaz para limitar el uso de combustibles fósiles, disminuir la huella de carbono y volverse económicamente rentable para el desarrollo industrial del país; esta industria extractiva no está exenta de controversias y la situación llevó incluso a plantear dos polos que podrían resumirse en “desarrollo productivo” por un lado, y “ambientalistas” por el otro. En ambos espacios abrevan distintas tradiciones, espacios de investigación académica, investigadorxs de diferentes universidades (o de una misma universidad, pero que se ubican en uno u otro espacio) y militancias políticas, sociales y comunitarias.
Mariana Saidón, economista y coordinadora del Área de Ambiente y Política (AAP) de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) considera al litio como “una potencial solución a la cuestión energética y a la emisión de gases de efecto invernadero”, pero advierte sobre los problemas ambientales que se podrían generar sin controles estrictos: “No hay que perder de vista la gran utilización de agua en una zona bastante seca, la posible contaminación local de agua dulce con agua salada, el agotamiento de un recurso no renovable, la alteración de los ecosistemas locales y el residuo generado cuando se deja de usar la batería”.
La investigadora señala que si bien podrían generarse fuentes de empleo, la polarización entre desarrollo productivo y ambientalismo puede ser analizada como una falsa dicotomía. “No está claro que la explotación del litio así como está planteada -con escasos controles, subfacturaciones que permiten reducir regalías sin planificar la generación de cadenas de valor internas, ni impulsar la transición energética del propio país-, a pesar de generar ciertas cadenas de valor e ingresos en términos de regalías vaya a aportar al desarrollo”.
Ana María Vara, directora de la Licenciatura en Estudios de la Comunicación de la Escuela de Humanidades (EH) señala la cuestión del litio como una controversia porque “hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no”.
El conocimiento técnico, explica Vara, se vuelve un campo de disputas: “Las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y otro. En las controversias la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado” (ver recuadro).
¿Cómo se extrae el litio?
Las cuencas de la puna altoandina poseen dos características: se encuentran rodeadas por cordones montañosos y desarrollan un lago, humedal o salar en el centro. En las zonas montañosas caen muy pocas lluvias cuyas corrientes de agua, por un lado, se drenan en la superficie alcanzando el centro del salar, mientras que otra parte penetra en el suelo y rocas profundas. El contacto de esta agua con las sales de las rocas produce una salmuera con litio, entre otros minerales. Entonces, para extraer el litio se realizan perforaciones profundas donde se extrae esa salmuera que luego se evapora en piletones y se obtiene el tan ansiado mineral.
¿Cuáles son los riegos? Lxs geólogxs Marcelo Sticco, de la UBA, y Verónica Kwaterka, de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS) de la UNSAM, distinguen tres ramas de impactos ambientales negativos en la minería de litio. “La infraestructura minera afecta a las redes de drenaje y a la geomorfología, la superficie; la extracción de agua puede afectar a la calidad del agua de los acuíferos y la vegetación, porque pueden salinizar las zonas donde hay agua potable; y los residuos peligrosos almacenados en piletones que afectan aguas y suelos, al agregar componentes químicos y sales subterráneas”, indica Kwaterka.
Los piletones donde se almacena la salmuera con litio extraída en las perforaciones funcionan como repositorio de residuos, como basureros gigantes que ocupan el equivalente a 450 canchas de fútbol en el salar de Jujuy, con el solo fin de depositar los descartes que luego se evaporan en forma natural con la energía del sol. El problema es que la ubicación de estos piletones podría afectar a las cuencas de agua dulce y a los humedales que utilizan las comunidades originarias de la zona para abastecerse.
“Existen unas geoformas en la parte periférica de la cuenca que contienen agua dulce que se llaman ‘abanicos aluviales’. Lo peligroso es que muchas veces los piletones se construyen sobre esas geoformas. Entonces, habría que ver si estos tienen sistemas de impermeabilización y otros procedimientos para garantizar que el agua de profundidad, con mucha concentración de sales, no se empiece a infiltrar a las zonas de agua dulce”, advierte Kwaterka.
En sintonía, Marcelo Sticco señala que la salmuera extraída desde las profundidades tiene una alta concentración de elementos químicos. “Se trata de agua de formación geológica, donde se pueden encontrar todos los elementos de la tabla periódica. Todos los minerales que están en la naturaleza salen a la superficie y se descartan, como metales pesados, plomo, cromo y zinc, elementos que están naturalmente en otra condición y están quedando libres en la atmósfera”, advierte.
Sticco, además, agrega otro riesgo por fuera de los salares: la falta de datos públicos provenientes de las mineras y los controles endebles de los gobiernos provinciales. “Hay mucha información desordenada, como cuando se ven las inversiones en Salta y Catamarca. Se anuncian miles de millones de dólares pero sobre los proyectos concretos no hay nada porque ni las mineras ni los gobiernos hacen pública esa información”, critica.
Las opiniones de lxs geólogxs están respaldadas en el documento Evidencias Técnicas del Impacto Negativo de la Explotación del Litio en los Humedales y Recursos Hídricos de los Salares de la Puna Altoandina (publicado por la Fundación Humedales con el apoyo de la ONG Wetlands International) del que se extrae el siguiente fragmento: “El residuo es altamente soluble y el abanico sobre el que está dispuesto es un reservorio de agua dulce altamente permeable. No se presentan evidencias técnicas de la estanquidad del relleno, no hay ensayos de permeabilidad ni de resistencia de suelos que aseguren que el relleno puede resistir movimientos telúricos”.
Lxs investigadorxes consultados coinciden en señalar la posibilidad de generar una industria del litio que produzca el menor daño ambiental posible, para lo cual son necesarios cambios en los métodos de extracción y producción, controles estatales estrictos y estudios de impacto serios. “En la ecuación económica actual, ¿las mineras están poniendo el daño ambiental? Todo ese pasivo que estás descartando como residuos, ¿lo están colocando? Nosotros hicimos un cálculo preliminar e incluso vimos que es antieconómico este sistema”, dice Sticco. “Necesitamos estudios de impacto serios, realizados por profesionales seleccionados por el Estado como ente regulador y con la participación de las comunidades de la zonas cercana a los salares”, completa Kwaterka.
Territorio y polémica
Los salares donde se produce la industria del litio son, en general, territorios de comunidades indígenas. En algunos casos los lugareños se encuentran más cerca del salar, explotándolo para extracción de sal o pequeñas producciones de borato, o se asientan más lejos y usan el salar como parte de sus desarrollos económico-productivos y culturales. Los proyectos de explotación del llamado “oro blanco” desencadenaron innumerables reclamos y conflictos por parte de los pobladores de la Puna Altoandina.
Déborah Pragier es docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y se dedica al estudio de estas comunidades. “Lo que sucede en la práctica es que hay una tensión en esta idea de promover el litio como energía limpia y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”, explica.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, así como “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Asimismo, la Consulta Previa Libre e Informada se encuentra garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto en la Asamblea General a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Todo este marco normativo, explica la investigadora, debería habilitar a las comunidades a decir sí o no ante cualquier proyecto en su territorio. “En las comunidades de Jujuy en donde se encuentran explotando el litio, lo que se realizó no podría llamarse una consulta previa, libre e informada. El ejecutivo provincial de Jujuy habilitó por decreto la formación de una comisión de 17 miembros de distinto tipo con un representante de la comunidad indígena a participar de esa unidad. Eso claramente no es una consulta”, dice Pragier.
La investigadora cuenta que “es muy poco probable que el Estado acepte un ‘no’ como respuesta de las comunidades indígenas y advierte que, aún con el marco normativo vigente, “no hay mecanismos institucionales que prevean una consulta previa libre e informada”.
Ana María Vara: “La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables y cómo los distribuimos”
La docente, investigadora y especialista en controversias de las Escuela de Humanidades explica los alcances del conflicto en torno al litio.
¿Por qué el conflicto en torno a la extracción del litio en la Argentina puede ser analizado como una controversia?
Básicamente, porque hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no. Esa configuración polarizada, de actores sociales a favor y actores sociales en contra, es característica de las controversias.
Y está también la necesidad, el insumo fundamental para encararlas, que es el conocimiento técnico: las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y del otro. En las controversias, la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado.
Teniendo en cuenta que hoy la explotación de litio como materia prima sigue siendo incipiente en la Argentina, ¿ves en esta industria extractiva posibilidades de desarrollo?
Veo esas posibilidades, pero las veo en relación con la dinámica de la controversia. Es decir, no todo está jugado ya, no podemos avizorar todavía cuál será el resultado de la controversia: dependerá de los argumentos, las propuestas y contrapropuestas, el juego entre los distintos sectores involucrados (tanto en el país como fuera), la relación de fuerzas. Y, sobre todo, los proyectos de país que se propongan.
¿Cómo se puede generar una industria que le agregue valor al litio para la producción de baterías o productos intermedios de manera sustentable?
Es complejo, pero nuestro país tiene muchas de las condiciones para hacerlo. Sobre todo, un sector científico-tecnológico con bastante desarrollo. Y una discusión abierta sobre cómo sería mejor que nuestro país se involucrara en estas actividades.
La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?
La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?
Es la pregunta clave, pero no tiene una respuesta única. No sabemos, en realidad, si puede tener respuesta. ¿Existe un modo de generar energía sin producir ningún impacto ambiental o social? Como nos advirtió el sociólogo alemán Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo: cada desarrollo científico-tecnológico produce bienes (lo que estamos queriendo alcanzar) y males (los impactos). La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables, y cómo los distribuimos, al interior de los países y entre países.
Por otra parte, la noción misma de sustentabilidad es contenciosa. Dice un politólogo muy interesante, John Dryzek, que la noción de sustentabilidad es como la de democracia: todos estamos de acuerdo en que es lo mejor, pero no estamos de acuerdo en cómo la definimos. Y en la definición se produce una disputa de sentidos, que refleja la puja de intereses, de valores, de posiciones, y que tiene como trasfondo las relaciones de poder. De modo que cuando se dice que algo es sustentable, conviene ver quién lo dice, en relación con qué aspecto, por qué y con qué implicancias y consecuencias. 
