El Ministerio de Educación propone a las provincias alargar la jornada escolar en la primaria una hora por día

0

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció que propondrá en el Consejo Federal de Educación (CFE) -formado por los ministros del rubro de todas las provincias- que las escuelas primarias de todo el país tengan una hora más de clase por día, por lo que la carga horaria por turno pasaría de cuatro a cinco horas.

Esa hora adicional por día significa tener 38 días más de clase por año
Al respecto de la propuesta, el ministro aseguró que se trataría de “una mejora muy importante para la escuela primaria”, ya que implicaría “más conocimiento y mejor educación”. De todas maneras, aclaró que esto “requiere la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios” y puntualizó que esa hora adicional por día “significa tener 38 días más de clase por año“. Esto colocaría a Argentina entre los países de mayor presencia escolar de la región. Se van a adelantar los turnos una hora, y eso permitirá un total de 38 días más de clase por año. Los docentes tendrían un aumento proporcional con el aumento del tiempo, y la búsqueda a mediano plazo es una jornada completa universal. En este sentido, explicó que para llevar esta iniciativa adelante se deberán adelantar los turnos una hora. De esta manera, los chicos que cursan en el turno mañana irán a clase de 7 a 12, mientras que los de turno tarde entrarían a las 13 para salir a las 18, siempre de acuerdo a como sea la situación actual. Así, las horas de clase anuales pasarían de 720 a 950 en la primaria. Además, como los docentes tendrán una hora más de clase por día, se les pagará “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral” y el gobierno nacional se hará cargo del 80% del pago de esa diferencia salarial, mientras que el resto correrá por cuenta de la provincia. En total, presupuestan 18 mil millones de pesos en inversión. La propuesta alcanzará a las 10 mil primarias públicas que hoy no tienen jornada completa ni extendida, que representa al 86% de la matrícula estatal, y se implementará en forma progresiva en las 24 jurisdicciones. Perczyk adelantó también que a mediano plazo pretenden que las condiciones -especialmente de infraestructura- permitan la universalización de la jornada completa.

El Gobierno, CGT y la UIA acordaron anticipar paritarias e implementar una canasta “de primera necesidad”

Para frenar la escalada inflacionaria y evitar una mayor licuación salarial, varios ministros del gabinete económico, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT acordaron adelantar las paritarias de los convenios salariales que aún no vencieron o que estén en negociaciones y resolvieron la implementación de una “canasta de primera necesidad” de entre 50 y 60 productos.

En el encuentro, que se realizó en el Ministerio de Economía, estuvieron presentes los mismos actores que sellaron un consenso por escrito la semana pasada: el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán; sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, y sus contrapartes de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez. También estuvo presente Pablo Moyano, el jefe de Camioneros.

El objetivo explícito del gobierno nacional es “anclar las expectativas y mejorar el poder adquisitivo”. El pedido de anticipar las paritarias lo puso sobre la mesa la central obrera y los industriales ratificaron “que la fijación de los salarios mediante la negociación colectiva es la herramienta adecuada para lograr el incremento de las remuneraciones”. Así, quedó descartada la posibilidad de avanzar con bono para los trabajadores, una de las opciones que se discutió en los dos encuentros anteriores.

El otro punto intenta atacar los incrementos sobre los alimentos, que en marzo tuvieron un salto inflacionario que encendió todas las alarmas. Fue así que se resolvió, de manera complementaria a las canastas de Precios Cuidados, la implementación de una canasta de primera necesidad integrada por entre 50 y 60 productos, que “tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización”. Según se informó, la lista de productos se conocerá en 72 horas.

Fuentes oficiales afirmaron que no fue invitado el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El economista participaba previamente en esa mesa de discusión por la suba de precios coordinada por Guzmán, pero quedó afuera en el marco de la tirantez creciente en el Frente de Todos tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Los ministros llevaron dos propuestas con un objetivo primordial: que los salarios no pierdan con los precios en las próximas semanas en la que el Gobierno descuenta malas noticias para todos. De hecho, el 13 de abril se espera que el Indec difunda el dato de inflación de marzo, que según dicen en el Gobierno y confirman privados, rondará el 6%. Pese a que este mes esperan una desaceleración, será todavía en niveles muy elevados. Varias consultoras esperan que este año, la inflación cierre en torno al 60%, por arriba del techo (48%) fijado en el programa cerrado con el Fondo.

En el oficialismo descuentan que esas medidas de contención sólo pueden tener éxito si pueden lograr anclar expectativas del sector privado en el marco del acuerdo con el FMI, que prevé una reducción del déficit fiscal, menor emisión monetaria y tasas de interés reales positivas.

En el Gobierno esperan sumar en el futuro a la mesa a los supermercados, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y a la Mesa de Enlace que representa a los productores del campo. Este último es un trabajo para el ministro de Agricultura Julián Domínguez.

“Esto sirve para bajar expectativas y para demostrar la voluntad que existe en todos los sectores de que el proceso inflacionario no se espiralice”, dijo Funes de Rioja, que afirmó que el impacto real se verá con el acuerdo en marcha.

Sobre las paritarias, señaló que hay muchos convenios que se están negociando en este momento. “Si hay un descalce o atraso, nosotros no lo vemos en términos generales en la industria, y no están en tratativas o no se les vence la negociación colectiva, se adelanta la paritaria. Esto es, nos sentamos a negociar de nuevo”.

Sobre la canasta “nueva” del Gobierno, Funes de Rioja afirmó que será la misma que ya estaba negociando Feletti con los comercios de proximidad –que se lanzaría el jueves con la renovación de Precios Cuidados- y que se trabajó empresa por empresa.

En la CGT, en tanto, habían anticipado que no irían por un bono generalizado. “Lo que queremos es adelantar las paritarias lo más que se pueda. Cada sector sabe hasta dónde se puede avanzar y cada sindicato conoce bien cada sector”, contaron en esa entidad.

Finalmente, con el triunvirato de la CGT sentado en la mesa, lo que ocurrió por primera vez desde que comenzaron las negociaciones, lograron imponer esa meta.

Los productores agrarios estarán más controlados. Por Bayer-Monsanto

0

Investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrollaron un sensor electroquímico que puede detectar el uso de soja transgénica en alimentos. Es de bajo costo y fácil uso y sin duda sus autores pensaron que podría permitir cumplir con requisitos para la exportación de alimentos. Pero detectores como éste ya están en uso por las semilleras multinacionales, como Bayer, para detectar y penalizar embarques «de bolsa blanca» en los puertos. Ampliamos en nuestro comentario al final de la nota.

«En la actualidad, en la Argentina no hay métodos económicamente viables para detectar la presencia de transgénicos en inspecciones en campo, por lo que se debe confiar en los certificados de los fabricantes. Un dispositivo capaz de señalar la presencia de proteínas transgénicas en semillas de soja y que empezó como un trabajo de tesis en el seno del Instituto de Desarrollo Agroindustrial y de la Salud –IDAS–, de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y el CONICET, busca ocupar ese espacio vacante. Al inicio del proyecto, el grupo de investigación se encontró con una primera barrera al no poder acceder a la proteína transgénica de la soja (CP4 EPSPS) en forma aislada, ya que está protegida por propiedad intelectual. Entonces, un equipo de investigación del Centro Nacional Patagónico (CENPAT/ CONICET) de Puerto Madryn, que realizó cálculos teóricos de la proteína que le permitieron recrear los péptidos que se encuentran en la parte exterior de la proteína modificada. Estos péptidos son inmunogénicos, es decir, que se pueden generar anticuerpos que reaccionen a la presencia de los péptidos. Se inyectaron los péptidos en conejos y eso permitió tener anticuerpos específicos para detectarlos. Los investigadores de la UNRC ya tenía experiencia en el trabajo de inmunosensores, por lo que lograron aislar los anticuerpos y luego insertarlos en una lámina de oro con nanopartículas de oro que producen que al contacto con la proteína transgénica generen una corriente eléctrica que se usa como señal. La etapa siguiente consistió en hacer las pruebas directamente con la semilla entera, para lo cual también fue necesario contar con semillas de soja no transgénica, algo que resultó muy difícil de conseguir ya que el 90% de la soja cosechada la Argentina está modificada genéticamente. En esa tarea colaboró el Departamento de Estudios Básicos y Agronómicos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC, que consiguió las semillas no transgénicas. La investigadora Patricia Molina, codirectora de la tesis de doctorado que dio origen al proyecto, detalló: “En el futuro, ese electrodo sólido de oro, que es muy costoso, puede ser fácilmente reemplazado por un electrodo serigrafiado descartable. Podrían hacerse un montón de circuitos impresos en una lámina de oro muy económica con las nanopartículas. Podría empaquetarse como un test de embarazo o de COVID, y podría hacer el análisis alguien sin mucha preparación”. El trabajo –que fue publicado en la revista académica Talanta, especializada en química analítica– fue la tesis doctoral en Biología de Marcos Farías, con la dirección de la doctora en Biología Ana Niebylski y la codirección de la doctora en Química Patricia Molina, quien se centró en el trabajo de electroquímica del dispositivo. También contó con el apoyo de investigadores de Ingeniería Agrónoma de la UNRC (que ayudaron a conseguir la soja no transgénica) y de la Universidad Nacional de San Luis, que colaboraron con la generación de anticuerpos específicos. En la Argentina, son tres los cultivos transgénicos los que se producen y se consumen: la soja (tolerante al glifosato), el maíz y el algodón (tolerantes a ese herbicida y a diversas plagas). Actualmente, continentes como Europa y también la Organización Mundial del Comercio (OMC) imponen ciertas normas que restrigen la comercialización de alimentos elaborados con transgénicos. “Si queremos exportar alimentos a Europa seguramente nos van a exigir que estos análisis estén. Además, tarde o temprano, en nuestro país habrá un etiquetado de transgénicos por la controversia que hay sobre el tema. Entonces, puede ser una herramienta para que el consumidor tenga la libertad de saber si quiere consumir este tipo de alimentos o no”, dijo Molina.

Comentario de AgendAR:

Detectores de soja transgénica se utilizan rutinariamente en los puertos argentinos para detectar y penalizar embarques «de bolsa blanca». Es decir, del productor que usó semillas que el mismo cosechó, en lugar de compradas a las semilleras, dueñas de las patentes. Con un test rápido y un oficial de justicia, agarran al productor que resembró una 2da generación de soja RR de su propia cosecha, en lugar de comprársela a Bayer (o a la semillera que sea) para cada siembra. Eso último sería lo legal, o al menos, el fallo cantado de la justicia en las ratoneras que arman en los sitios de embarque. No es que las semilleras la manipulen, eh. Así, le hacen pagar la parte proporcional de semilla resembrada, o de segunda generación, o X-2 como se le dice en la jerga, como si fuera de bolsa con marbete de semillera, o X-1, más impuestos y multas. Las opciones para el productor son aceptar la exacción o dejar los camiones sin descargar, con la carga deteriorándose por humedad y sobremadurez, y los fletes cobrando cada minuto. Estos desarrollos para detectar transgénicos RR o similares, resistentes al glifosato, ya existe desde que se popularizó extraordinariamente su cultivo a partir de 1994. Al principio con cautela, pero desde el cambio de siglo ya sin ninguna, la detección de eventos transgénicos se viene usando no para proteger a los consumidores finales de las maldades imaginarias de la soja transgénica. Se las usa para proteger a las semilleras multinacionales de los productores que pretenden resembrar sus propias semillas. Nadie consume o exige soja libre de eventos transgénicos, ni en Argentina ni en Mongolia. Es un cultivo IN-DUS-TRIAL. No existen, en los grandes países productores, áreas de siembra discriminadas para soja no transgénica, y tampoco siquiera cadenas de acopio y transporte separadas. Resembrar la semilla cultivada es lo que hicieron los agricultores durante miles de años. La civilización sedentaria, las ciudades-estado y el comercio entre ellas surgieron de la mejora continua de los cultivos por cruza y selección, y la reserva por el productor de una parte de la cosecha para su resiembra. Pero el que hace eso hoy es un infractor de «copyright», porque los eventos transgénicos son considerados propiedad privada. Quien se compró la semilla y la pagó con buena plata sigue sin ser su dueño, y tampoco es dueño de las semillas que se críen y crezcan en su suelo, con su trabajo y sus insumos y sus impuestos. El productor se va volviendo un empleado de las semilleras. Aunque la Ley de Semillas de Argentina sigue sin grandes cambios desde las épocas de los híbridos no transgénicos de gran rendimiento, ahora se aplica -y cada vez más- la próxima ley, siempre más favorable a las semilleras. Este es el marco de poder en el cual se inserta el desarrollo de un test detector de eventos transgénicos en la Universidad de Río Cuarto. Los involucrados operaron sin ningún apoyo de las semilleras e hicieron gala de un ingenio tecnológico notable. Pero en el escenario actual, es difícil que este desarrollo proteja a ningún consumidor de los males imaginarios de los cultivos industriales transgénicos. Y es que estos insumos absolutamente básicos hoy sencillamente no pueden no ser transgénicos, porque mejoran mucho los rendimientos por cosecha. Y hay 8000 millones de bocas para alimentar en el planeta, y el clima se está desquiciando y conspira contra los rendimientos, y no hay nadie fabricando nuevas tierras de labranza. Lo terrible es que entre más de 60 eventos transgénicos autorizados por el Ministerio de Agricultura desde el ’94, sólo existan 3 nacionales: la soja, la alfalfa y el trigo HB-4 resistentes a extremos hídricos desarrollados por la doctora Raquel Chan del INDEAR, Universidad Nacional del Litoral y CONICET. Lo terrible es que la autorización de esos 3 eventos argentinos blindados contra el cambio climático haya insumido más de 14 años. Lo terrible es la plata que pierde el país pagándole royalties a las semilleras multinacionales por el uso de patentes aparentemente inmortales: no expiran nunca. Con la cancha tan inclinada en contra del país, este lindo desarrollo de la UNRC podría fácilmente usarse para perfeccionar un escenario en el que los que ya pierden plata a carradas, y el país con ellos, son los productores nacionales. Y sin embargo, eso tampoco sucederá: la guerra en Ucrania ha desatado otras furias en el mercado de commodities alimentarias. Los precios del trigo, el maíz, la soja y otros granos están subiendo disparatadamente, y en forma simultánea, miles de millones de personas en Medio Oriente y el Norte de África, dependientes de los cultivos rusos y ucranianos, encaran una perspectiva de desabastecimiento. Ésta ya se ve clarita con el trigo y el girasol: Ucrania casi no produce, y Rusia no puede vender. Eran los pesos pesados del mercado mundial. Obviamente, los europeos están abandonando (y al galope) sus pruritos de ecologistas cortitos de biología. Empiezan a pensar que tal vez no era cierto que los cultivos transgénicos se comen a los chicos. Y a descubrir que los cultivos industriales no transgénicos también usaban agroquímicos. Sólo que en general más potentes, persistentes y acumulables. Gran oportunidad argentina para vender más en cercanías, y pagar menos fletes. Si la guerra se prolonga, ya no tendrá sentido alguno saber si un pan oculta oscuros secretos de ingeniería genética. No hay como la falta de pan para poner perspectiva.

Daniel E. Arias

VENG desarrolló nuevos componentes para el avión Pampa IA-63 de FAdeA

0

La empresa argentina de desarrollos satelitales y espaciales, VENG, que integra la constelación de empresas público-privadas alrededor del desarrollo de la industria satelital y espacial de nuestro país, consiguió desarrollar un “fatigómetro”, una pieza que se integra a aeronaves de entrenamiento militar avanzado del avión Pampa IA-63.

VENG anunció el logro a través de sus redes sociales, Y lo caracterizó como un hito, que permite sustituir componentes tecnológicos, tradicionalmente importados. A finales de mes de marzo, la empresa comunicó que el fatigómetro diseñado y fabricado localmente recibió la calificación otorgada por al Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DIGAMC). Jonatan Santarelli, responsable de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Gerencia de Gestión Integrada de VENG, sostuvo que “fue un desafío extra el haber comenzado en plena pandemia. De todos modos,  pudimos, en conjunto con todo el equipo, diseñar desde cero el desarrollo de este producto con estándares de calidad internacional. Es una alegría que, desde VENG, hayamos emprendido este trabajo de manera conjunta con una empresa como FAdeA. Se generó una muy buena sinergia entre los equipos de ambas empresas. Ojalá más proyectos nos sigan uniendo “.
.
VENG se destaca por ser una de las empresas más enfocadas en desarrollar lanzadores satelitales, uno de los eslabones faltantes de la industria satelital argentina. Sin embargo, sus conocimientos técnicos se extiendne en el área aeroespacial, y en particular en la industria de la Defensa. Por eso elaboró un acuerdo con la Fabrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA). De esta forma, emprendió el desarrollo, diseño y fabricación de un fatigómetro para equipar a las aeronaves de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa.

¿Qué es el fatigómetro?

Es un dispositivo electrónico encargado de registrar las fuerzas de carga a las cuales es sometida la célula (conjunto de fuselaje y alas) de una aeronave en vuelo. Los puntos de peligro son las inserciones de las alas en el fuselaje, especialmente en aparatos muy acrobáticos como el Pampa. Este componente fue íntegramente diseñado por profesionales de VENG. En base a los informado por la empresa, las pruebas a fin de certificar que fatigómetro de diseño y fabricación nacional cumplía con todos los ensayos ambientales y de funcionamiento requeridos por la DIGAMC tuvieron lugar entre los meses de junio y diciembre de 2021. La certificación del fatigómetro desarrollado y producido por Veng constituye un avance en los objetivos fijados en la producción de los IA-63 Pampa por FAdeA: aumentar la cantidad de componentes desarrollados y fabricados por la industria argentina. Previamente, este componente debía ser importado del exterior. Con este logro de la empresa nacional Veng la futura fabricación del fatigómetro podrá ser realizada en el país por profesionales argentinos. No es fácil «nacionalizar» este caza de entrenamiento y ataque liviano: consta de unas 20.000 componentes, que en el diseño original de los ’70 eran casi 100% importadas. En este momento, por construcción y sucesivos rediseños, este avión es argentino, pero no así el 87% de sus aviopartes. Como el Pampa es un avión tan «dolarizado», las constantes caídas del valor del peso siempre impidieron hacer grandes acopios para poder fabricar un número significativo de aviones como para generar saldos exportables. La última versión del Pampa, el modelo 3 block 2, por prestaciones y precio sería muy competitivo en su segmento dentro del mercado mundial. Pero sólo si se logra construir una cadena de proveedores nacionales de componentes que puedan ganar plata aunque cobren en pesos. Y esos industriales son crecientemente difíciles de reclutar: cada vez que gobiernan un Menem o un Macri, la FAdeA es vendida a EEUU, o el Pampa es desprogramado, o ambas cosas. Y entonces los proveedores locales «se clavan» con los RRHH y el equipamiento que adquirieron. Lo más inteligente que ha hecho FAdeA ante esta situación ha sido iniciar el diseño y homologación de un avión de entrenamiento primario casi enteramente nacional, salvo por el motor y la instrumentación: el IA-100 Malvina. Eso, y el diseño y construcción experimental de los SARA (Sistema Argentino de Robots Aeronáuticos), drones de uso dual, vehículos que -como se ve en Ucrania- ya no son el futuro del combate aéreo: son el presente. Ambos proyectos, el IA-100 y el SARA, fueron interrumpidos en 2016. Con la conducción actual de FAdeA, el IA-100 se retomó. Mientras tanto, se sigue remando para «nacionalizar» el Pampa. Tarea compleja, si las hay.

Acindar invertirá US$140 millones para desarrollar energias renovables

La empresa Acindar anunció una asociación con Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR). Invertirán US$ 140 millones en infraestructura de energías renovables, dentro del Parque Eólico San Luis Norte.

Este desarrollo permitirá sumar al sistema una capacidad de 76,5 MW y posibilitará que la empresa alcance, para el segundo semestre de 2023, un abastecimiento del 30% de su demanda eléctrica por medio de fuentes renovables. La planta de la metalúrgica, en la localidad bonaerense de La Tablada, fue la primera del sector siderúrgico en Argentina en ser abastecida 100% con energías renovables. Everton Negresiolo, CEO de la firma siderúrgica, indicó: “Acindar a nivel global, está decidida a liderar la descarbonización de la producción de acero. A nivel local, nos hemos propuesto un ambicioso plan de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030. Esta inversión en energías renovables es un paso muy importante para lograr ese propósito, con un impacto social y ambiental muy positivo”. Respecto a la asociación con PCR en este proyecto, el CEO señaló: “Tenemos profunda confianza en la capacidad de nuestro socio PCR como desarrollador líder en el mercado de energías renovables y estamos convencidos que integrarnos a ellos en nuestra cadena de valor es auspicioso para avanzar en proyectos de esta naturaleza”. Este parque será desarrollado con tecnología Vestas, con 17 Turbinas V150 de 4,5 MW, con 90 metros de altura de buje, complementado con un parque solar de 10 MW.

A partir del 1° de mayo la administración pública retoma la presencialidad

0

A poco más dos años del inicio de la pandemia de covid, se informó que todos los empleados de la administración pública retornarán a los espacios de trabajo.

El Gobierno nacional estableció el 1° de mayo como fecha límite para disponer el retorno de los trabajadores de la administración pública a la presencialidad, después de la serie de DNUs que establecieron la modalidad remota a causa de la pandemia de coronavirus. La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, aseguró que esta resolución “no es un capricho” sino que es parte de las nuevas recomendaciones que estableció el Consejo Federal de Salud y que refrendó en una resolución el Ministerio de Salud. “Los cuidados en esta nueva etapa se establecen con ventilación simple y no cruzada, con uso de barbijo y con eliminación de la obligatoriedad de dejar dos metros de distancia entre los puestos de trabajo. Así que ya estamos en condiciones de hacer una vuelta a la presencialidad completa en todos los edificios”, afirmó la funcionaria en declaraciones a Télam Radio. Castellani consideró también que, después de dos años de haber tenido que recurrir a modalidades de trabajo a distancia, “va a ser necesario” evaluar en paritarias con los representantes de los trabajadores las “posibilidades y las nuevas modalidades de trabajo”. “Nosotros ya tenemos propuestas. Sabemos que los sindicatos también tienen las suyas, y en la paritaria que se inicia en el mes de mayo seguramente estaremos trabajando alguna de estas cuestiones para ver cuál es el futuro del trabajo en la administración pública”, añadió. “Nosotros ya tenemos propuestas. Sabemos que los sindicatos también tienen las suyas, y en la paritaria que se inicia en el mes de mayo seguramente estaremos trabajando alguna de estas cuestiones para ver cuál es el futuro del trabajo en la administración pública”. “Solamente hoy siguen trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos 5 y 6 de la última resolución de Salud de situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial”, señaló Castellani. Finalmente, la Secretaría de Gestión y Empleo Público dictaminó que aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible “serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable”.

«Los niveles de producción de petróleo y gas son los más altos desde 2011, pero puede haber cortes en el invierno»

La exposición Argentina Oil&Gas 2022, donde se dijeron las cosas que se mencionan en esta nota, estuvo abierta del 20 al 23 de marzo. Pero no ha perdido actualidad, desgraciadamente. En realidad, como mostramos en un comentario de AgendAR al final, las posibilidades del aprovechamiento de los hidrocarburos que la naturaleza regaló generosamente a nuestro país, y lo que era necesario hacer, el gobierno actual los tenía muy claros en septiembre del año pasado. Más, la imperiosa necesidad de construir gasoductos se había planteado en la gestión de Mauricio Macri, un gobierno pro empresas petroleras si los hubo. Pero no se hicieron. Hace falta preguntarnos por qué. «Los actores de la industria petrolera hablan poco en público, pero cuando lo hacen, dicen mucho. El escenario ideal fue la exposición Argentina Oil & Gas (AOG), organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). El evento se realiza una vez al año y durante cuatro días, las empresas del sector muestran el desarrollo de sus negocios en stands desplegados en La Rural. En paralelo, los CEO de las principales compañías exponen su visión de la industria. Este año, el evento se desarrolló en un contexto internacional inimaginable por la disparada de los precios del gas y del petróleo, dos hidrocarburos que la Argentina tiene en abundancia. Pero esta situación dejó en evidencia una paradoja: pese a que los niveles de producción son los más altos desde 2011, en el Gobierno y en el sector privado hablan de la posibilidad de que haya cortes de gas y electricidad en las industrias durante el invierno. Esto trajo aparejado otra conclusión: lo que podría ser una gran oportunidad para el país, se volvió un dolor de cabeza para el Gobierno, que además obligará a pedir más flexibilidad al Fondo Monetario Internacional (FMI) para cumplir con las metas acordadas de reducción del déficit fiscal y acumulación de divisas. ¿Por qué la Argentina no aprovecha sus recursos? Todos los años, las empresas reclaman reglas de juego claras y estables para aumentar las inversiones y posibilidad de girar dólares libremente. Pero a estas condiciones que consideran necesarias para invertir y que limitan el potencial futuro, este año se sumó un nuevo escollo: la falta de infraestructura para evacuar el gas y el petróleo que se produce en Vaca Muerta. El reclamo en el sector fue unánime. Shell admitió en una entrevista que por día se priva de exportar entre 2000 y 3000 barriles de petróleo por falta de capacidad de transporte. En gas, la situación es peor, porque cada molécula que no puede ser evacuada de Vaca Muerta debe ser reemplazada por importaciones que son hasta siete veces más caras. En detalle, el costo del gas local es de alrededor US$ 4,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), mientras que la importación de gas natural licuado (GNL) asciende a por lo menos US$ 33. “Vaca Muerta se puede definir como la paradoja de la escasez de lo que abunda. Esto le ocurrió a la Argentina a fines del siglo XIX, que era un país con un recurso gigantesco [de alimentos] para lo que era su demanda interna. En ese entonces, se hizo un esfuerzo inversor enorme para desarrollar la logística ferroviaria. Los ferrocarriles del siglo XIX son los gasoductos del XXI. Tenemos que lograr monetizar ese recurso, que es de magnitud global y no local, a través del desarrollo de una red de transporte y de industrialización del gas para salir al mundo a competir”, dijo Horacio Turri, director ejecutivo de Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin. Por si no había sido claro, agregó: “No hay duda de la calidad de la roca [Vaca Muerta] y de los pozos. Pero hoy todo cruje a la luz de la infraestructura, tanto de gas como de petróleo. Todas las restricciones pasan por un problema de infraestructura, de transporte de la producción”. En gas, el tema más urgente para las finanzas públicas, el Gobierno avanzó en la licitación de la compra de caños para construir el gasoducto Néstor Kirchner, que ampliará el transporte en 11 millones de metros cúbicos día (m3/d), casi el 10% de la demanda de verano, en una primera etapa. El ducto estaría listo en el invierno próximo, en el mejor de los escenarios, pero no hubo precisiones por parte del Gobierno, ya que en la conferencia AOG hubo una curiosidad: no se hizo presente ningún representante de la compañía estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa), conducida por  Agustín Gerez, que quedó a cargo de la operación, construcción y mantenimiento del gasoducto. En la empresa explicaron que no fueron invitados por la organización del evento. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, sorprendió, por el contrario, al detallar cómo imagina la “regionalización de la red de gasoductos” para exportar gas de manera sostenible a Brasil. “Me imagino un anillo que vaya de Vaca Muerta a Buenos Aires y a Porto Alegre. Tiene que ser un anillo compresivo, no puede ser solo un caño, sino como mínimo dos: uno desde Montevideo a Porto Alegre y otro desde Uruguayana; y redireccionar parte del gas boliviano y suplir el norte de Brasil a través del caño que existe hoy en Bolivia. Solo así vamos a bajar los costos de transporte con esta masa crítica y nos permitirá ser eficientes y competitivos”. En lo que respecta al petróleo, hoy el oleoducto principal que conecta Vaca Muerta con Puerto Rosales está al máximo de su capacidad, de alrededor de 220.143 barriles diarios, que llegará a 264.171 en los próximos meses. El ducto es operado por Oldelval, una empresa cuyos accionistas son las mismas petroleras. La concesión vence a fines de 2027, cuando se cumplen los 35 años de contrato, pero puede ser prorrogable por otros 10 años. En el sector señalan que la capacidad de transporte puede duplicarse hasta llegar a los 452.865 barriles diarios con una inversión de entre US$ 500 y US$ 550 millones, pero la empresa ejecutaría este desembolso si tiene la seguridad de que mantendrá la concesión más allá de 2027, para recuperar el repago de la obra. Esta solicitud ya fue hecha a todos los ministros de Energía, desde el gobierno de Mauricio Macri, pero todavía no hubo respuesta. La ampliación del ducto tardaría hasta tres años, por eso el apuro de la industria por tener certidumbre a largo plazo. Ernesto López Anadon, presidente del IAPG, dejó una conclusión final de la AOG: “La industria es capaz de generar la infraestructura que hace falta, pero la política en su conjunto tiene que en algún momento apartarse de la coyuntura y empezar a apostar al futuro y generar las condiciones necesarias”. De hecho, durante el evento, TGS anunció la ampliación de 30 kilómetros del gasoducto tramo norte ampliado II, que implicará una inversión de US$60 millones y permitirá transportar hasta 17 millones de m3/d adicionales en Neuquén.

Comentario de AgendAR:

Por supuesto, todas estas afirmaciones están hechas desde el interés de las empresas que se reunieron en Argentina Oil&Gas. Es la lógica del capitalismo, y los petroleros están entre los más lógicos de todos. Pero la situación es la que describen. En septiembre 2021, el Gobierno ya estaba diseñando la que iba a ser la gran obra de infraestructura de su gestión, una idea que ya había sido planteada en la administración anterior: construir un nuevo gasoducto que uniera la producción de Vaca Muerta con la localidad de Salliqueló (Buenos Aires), en un primer tramo, y después extenderlo a San Jerónimo (Santa Fe). En un área donde hay distintos puntos de vistas sobre la política energética, esta obra genera apoyo unánime de todos los sectores, porque la falta de transporte se volvió un cuello de botella para la creciente producción no convencional. Además, el gasoducto permitiría sustituir parte de las importaciones de Bolivia y de gas licuado (GNL), así como otros líquidos en invierno, lo que ahorraría divisas en un contexto en el cual escasean las reservas del Banco Central. Las diferencias dentro de la coalición de Gobierno pasaban (¿y pasan?) por cómo se financiará. Las ideas que se barajaban, de acuerdo a la nota que escribió la misma periodista que cubrió AO&G 2022: «Según las proyecciones de la Secretaría de Energía, la obra costaría US$ 1491 millones, ya que incluye también la ampliación de otros gasoductos menores, que ayudarían a ampliar el transporte. La cartera energética contaba con US$ 183 millones de una partida que se incorporó al presupuesto 2021, y estaba a la espera de que el Congreso apruebe el proyecto de Presupuesto de 2022, en el cual se le destinaban otros US$ 487 millones. Al mismo tiempo, en la Secretaría están buscando mecanismos para poder hacer uso también de los US$ 520 millones que se recaudaron por el impuesto a la riqueza, y que tenían como destino proyectos de producción de gas de la empresa estatal IEASA (ex-Enarsa) junto con YPF. Una alternativa era modificar la ley o hacer que IEASA utilizara ese dinero como una inversión financiera, para colocarlo en un fondo del Banco Nación, que pueda ser utilizado para financiar el proyecto. “IEASA no puede invertir en ningún proyecto de producción de gas si no hay caños para evacuarlo”, justificaban en la cartera que dirige Darío Martínez. El resto del dinero se pensaba aportado por el sector privado. Entre las alternativas también se analiza pedir algún aporte con repago de capital e interés del fondo de la Anses, o crear un fideicomiso financiero o administrativo, que permita que las empresas puedan invertir.» Como cualquier otro problema de la realidad, éste no debe ser simplificado. Cuando informamos sobre la propuesta de Marcos Bulgheroni -también en esa exposición, de un gigantesco fideicomiso de 15 mil millones de dólares para cerrar el anillo de gasoductos y construir una planta de GNL, tanques de almacenaje y obras portuarias, también advertimos que el gas y el petróleo son el insumo vital de toda la actividad del agro y la industria. El precio de los combustibles es un dato clave de los costos de la producción, del transporte, y de la vida cotidiana. Hoy la industria y el agro argentinos no están en condiciones de pagar los precios internacionales de los combustibles. Es un equilibrio delicado para cualquier gobierno, entre la exportación y el consumo interno, y más ahora que nuestro país necesita las divisas. Pero esto no debe ser un obstáculo para decidir las obras de infraestructura. Porque para llegar a los puertos, o a los centros de consumo, se necesitan oleoductos. Están en marcha los preparativos de la licitación prevista. Pero no podemos dejar de pensar que se necesita más decisión en los más altos niveles.

El gobierno está negociando con Bolivia la compra de gas para el invierno

0

Argentina y Bolivia siguen negociando una nueva adenda anual al contrato original suscripto en 2006. El nuevo esquema comprometería a Bolivia a cumplir con el envío de hasta 14 millones de metros cúbicos diarios en el invierno, a cambio de un precio adicional que llegaría a los US$ 18 por millón de BTU.

Al filo del vencimiento del cuarto intermedio sellado en febrero hasta el 31 de marzo, directivos de IEASA y funcionarios del Ministerio de Economía seguían negociando con autoridades de YPFB la firma de una nueva adenda anual al contrato original de importación de gas suscripto en 2006 con un cambio en los precios originalmente pautados. Inicialmente el foco de la negociación había estado puesto en las cantidades que iba a aportar el país del altiplano, ya que el gobierno de Luis Arce aseguró que no estaba en condiciones de garantizar los volúmenes acordados en el contrato. Sin embargo, en las últimas semanas, a raíz de la suba en la cotización del gas, también entró en debate el precio. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que finalmente Argentina habría accedido a pagar un premio diferencial por sobre el valor establecido en el contrato, que de acuerdo a la fórmula polinómica prevista está en torno a los 8 dólares por millón de BTU. El nuevo esquema que está terminando de definirse prevé que Argentina pague una oferta base de 10 millones de metros cúbicos diarios al precio pautado originalmente y por sobre esa cantidad acceda a desembolsar 10 dólares adicionales por millón de BTU. De ese modo, el precio del gas incremental llegaría a 18 dólares por millón de BTU. El contrato prevé que Bolivia tiene que enviar en invierno 14 millones de metros cúbicos por día, pero el país vecino había anticipado que ni siquiera estaba en condiciones de llegar a enviar 12 millones, lo mínimo que necesita Argentina en función de las proyecciones realizadas por la Secretaría de Energía. De hecho, según la información que manejaba la Subsecretaría de Planeamiento Energético, Bolivia iba a inyectar entre 8 y 10 MMm3/día de gas durante el invierno. ¿Qué cambió? La modificación del despacho de energía eléctrica en Brasil generó las condiciones para reencauzar la discusión comercial con Bolivia. Las lluvias registradas en marzo recompusieron los embalses del complejo hidroeléctrico de Brasil, que hoy se ubican en torno al 65% de su capacidad. Es más, el costo marginal de la energía en el mercado spot brasileño está prácticamente regalada, dado que cotiza a unos 10 dólares por megawatt por hora (MWh) requerido. A raíz de eso, Brasil, que tiene prioridad para adquirir el gas de Bolivia, tiene previsto tomar menos oferta del hidrocarburo producido en ese país. Eso deja un espacio para que la Argentina pueda importar más gas desde el país del Altiplano. Lo que se está negociando es cuánto se pagará por ese gas adicional. Se estima que, por sobre la base de los 10 MMm3/día, la Argentina reconocerá un premio, a modo de incentivo, de 10 dólares por millón de BTU por sobre el precio fijado en el contrato. Es decir, el precio final de ese gas incremental —que tendrá la condición de interrumpible y que Bolivia enviará sólo en la medida que tenga capacidad para hacerlo— rondará los US$ 18 por MMBTU. Se apunta a que YPFB se comprometa a inyectar, al menos durante una buena cantidad de días, hasta unos 14 MMm3/día de gas entre mayo y agosto, según confiaron fuentes al tanto de la negociación. Para la Argentina es conveniente porque ese precio está por debajo del costo del gasoil importado, que ronda los 28 dólares y es muy inferior al costo del GNL, que en la última licitación de IEASA promedió los 39 dólares. Además del ministro Guzmán y de funcionarios de la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, de la negociación con autoridades bolivianas también participó el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que en las últimas semanas mantuvo intercambios con productores argentinos de gas para entender mejor el escenario. Fuentes del Energía se limitaron a responder que «se sigue negociando con Bolivia en busca de una solución».

Nuevo documento de la ONU: «reducción inmediata de los gases que causan la crisis climática. Es ahora o nunca»

«Si no se cortan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, es imposible contener el recalentamiento del planeta que está alterando el clima. Una reducción rápida, profunda, incluso inmediata”, exige el Panel Científico de la ONU (IPCC) en su último informe.

Los cálculos que muestra esta evaluación global sobre mitigación del cambio climático no engañan. Contener el calor extra de la Tierra en 1,5ºC implica, físicamente, que, como muy tarde en 2025, las emisiones de CO2 caigan y en 2030 sean la mitad. “Estabilizar la temperatura exige que haya emisiones netas cero en 2050”, repiten los científicos del IPCC. La diferencia en cuanto a daños que supone detener el calentamiento en 2ºC en lugar de 1,5 es muy significativa. Implica admitir demasiados efectos irreversibles para la salud, la seguridad y los ecosistemas. La cuestión es que los números no cuadran. Por un lado, entre 2010 y 2019, el promedio anual de emisiones de gases invernadero ha estado en su máximo así que la acumulación en la atmósfera no ha parado de crecer. Por otro, las políticas actualmente puestas en marcha por los países, lejos de atajar el calentamiento del planeta a 1,5ºC o, al menos, 2ºC al final de siglo predicen un incremento de las emisiones más allá de 2025 y, por lo tanto, “el recalentamiento se irá a 3,2ºC”.Es ahora o nunca. Sin esas reducciones en todos los sectores implicados será imposible”, ha asegurado el codirector de la investigación, Jim Skea , que ha remarcado que el cambio climático es “el resultado de más de un siglo de uso insostenible de la energía y el terreno, además de los modelos de consumo y producción”. El calentamiento del futuro depende del presente Es una cuestión de ahora o nunca porque el pico de calentamiento que experimentará la Tierra en futuras décadas depende directamente de la acumulación de gases de efecto invernadero que provocan actualmente las actividades humanas. El CO2 que se libera ahora mismo –que dura activo cientos de años– se suma al que se liberó desde finales del siglo XIX a lo que se le añade, por ejemplo, el metano, para espesar la costra gaseosa que retiene el calor en el planeta. El informe destaca que los recortes en las emisiones, el abandono de los combustibles fósiles y el cambio hacia fuentes de energía limpia son “la única opción real de evitar un cambio climático desbocado”, analiza la red Climate Action Network que aúna a 1.500 organizaciones de todo el mundo. “Alcanzar y mantener unas emisiones netas cero hace que el calentamiento vaya declinando después de marcar su máximo”, indican los investigadores. Pero, al mismo tiempo, se ha comprobado que la acumulación de emisiones que conllevarán las infraestructuras de combustibles fósiles existentes y planeadas excede la que permitiría limitar el calentamiento en 1,5ºC. Todas las fórmulas posibles para conseguir el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5ºC o 2ºC extras pasan por eliminar gran parte de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón de la generación de energía. “Todos los modelos incluyen pasar de esos combustibles a fuentes renovables o que tengan sistemas de captura de carbono”, dice el informe. Lo del sistema de captura es una estrategia desplegada por los productores de combustibles fósiles que afirman que pueden atrapar las emisiones de CO2 y que no se instalen en la atmósfera. El informe dice que, para que esto funcionara, deberían capturar el 90% de las emisiones de plantas térmicas y el 50-80% de las fugas de metano. En este sentido, el IPCC explica que los costes de generar electricidad con fuentes renovables se han abaratado constantemente desde 2010. El coste por megavatio de la energía solar ha caído un 85% y el de la eólica un 55%, indica el trabajo. También se apunta a la economía circular de materiales para no mantener la dinámica de extracción, uso y desperdicio que, a la larga, impone emisiones de CO2. Nos encontramos en una encrucijada. De las decisiones que tomemos ahora depende conseguir un futuro vivible “La manera de funcionar de las ciudades son una fábrica de CO2. Puede recortarse, para empezar, con el cambio a modelos de transporte urbano más eficientes: los vehículos eléctricos alimentados por fuentes limpias son los que más posibilidades de reducción ofrecen”. El IPCC admite que los biocombustibles sostenibles y otros productos como el hidrógeno pueden servir para atajar los gases de la aviación, el transporte marítimo y el trasporte pesado por carretera. En cuanto a la construcción hay mucho campo: los edificios, tanto los que ya existen como los que vayan a levantarse, deberían estar pensados para no provocar emisiones de CO2. Utilizar electricidad renovable, impedir las fugas y conseguir que demanden menos energía. Los científicos del IPCC insisten en que “la evidencia es cristalina”. “El momento de actuar es ahora y pueden rebajarse a la mitad las emisiones para 2030”. Nos encontramos en una encrucijada“, resume el jefe del IPCC Hoesung Lee. ”De las decisiones que tomemos ahora depende conseguir un futuro vivible“.

Comentario de AgendAR:

Esta nota de Diario.AR transmite el consenso prácticamente unánime de los expertos en las ciencias de la atmósfera, con la intensidad de las organizaciones ambientalistas. Pero… la invasión de Ucrania ha cambiado las prioridades de los gobiernos, aún de los más favorables a este enfoque. La agencia Deutsche Welle presenta este mismo informe con un título menos inquietante «Lograr la neutralidad de carbono es «complicado, pero posible», concluye panel de la ONU». Por otro lado, en un país interesado en la protección del ambiente, como Australia, una parteimportante de sus exportaciones es… carbón. Resumiendo: si se encara en serio la descarbonización, los «verdes» deberán repensar sus tabúes en forma realista. Por ejemplo, Alemania tendrá que dejar de lado su superstición antinuclear.

de La Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear rechaza una medida

0
Recibimos este comunicado del Secretariado Nacional de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear: A nuestrxs Asociadxs y a la Opinión Pública. Expresamos nuestro absoluto rechazo y repudio al descuento del 0,5% en los haberes de lxs trabajadorxs permanentes y no permanentes comprendidos en el Convenio Colectivo General Dto. 214/2006, según se estableció en el acta negociadora del 28 de diciembre del 2021 (EX-2021-122127416-APN-DNRYRT#MT) firmada entre ATE y UPCN por un lado y el Estado Empleador por otro, y homologada por el decreto 137/2022 el pasado 21 de marzo. Esta acción arbitraria y compulsiva, calificada de manera grotesca como “aporte solidario”, es un grave atropello a lxs trabajadores no sindicalizadxs y a las organizaciones sindicales no firmantes del acuerdo. Por este medio se desviará dicho porcentaje del aporte gremial de lxs afiliadxs a cualquier gremio no firmante, hacia un fondo administrado por ATE y UPCN, a partir de marzo retroactivo al 1 de enero de 2022. Dicho descuento, para todxs lxs trabajadores no afiliados a ningún gremio, representa una quita compulsiva e inconsulta del salario y además hiere de muerte a gremios como la APCNEAN ya que el descuento del 0,5% confisca la totalidad de la cuota que aportan sus afiliadxs. Nos opondremos por todos los medios legales a nuestro alcance.

Por el Secretariado Nacional de la APCNEAN

Dr. Andrés J. Kreiner

Secretario General de la APCNEAN