LONDRES.- Con su futuro político en riesgo por el escándalo de las fiestas privadas en Downing Street, el primer ministro británico, Boris Jonhson, anunció el levantamiento de las principales restricciones impuestas para combatir la variante ómicron.
Ayer anució que a partir del próximo jueves 27, el uso del barbijo ya no será obligatorio, no se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias, y en marzo terminará el aislamiento para los casos positivos.
“Los datos muestran que las decisiones más difíciles de este gobierno fueron correctas.Aunque en lugares como colegios los contagios seguirán en alza, nuestros científicos indican que la ola de la variante ómicron esta pasando”, dijo ayer Johnson en el Parlamento.
“A medida que el Covid se vuelve endémico, tenemos que sustituir las obligaciones legales por consejos y recomendaciones”, argumentó el primer ministro.
La flexibilización llega en medio de un escándalo por fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento y después de que Gran Bretaña contabilizara el martes 438 nuevas muertes por coronavirus, la mayor cifra diaria de decesos comunicada desde febrero de 2021, y 94.432 nuevos contagios.
La ola de protestas y críticas iniciadas por el “partygate” van en alza. Ayer mismo, afuera de las puertas del Parlamento, un grupo de personas protestaba con máscaras del primer ministro.
«En el nombre de Dios, váyase»
El mienbro del Parlamento David Davis -conservador- lo invitó a renunciar, repitiendo el reclamo que se le hizo a Neville Chamberlain en 1939, que finaliza «En el nombre de Dios, váyase». Pero al ser preguntado de manera directa en el Parlamento sobre si dimitiría, Johnson respondió: “No”.
Johnson está intentando sofocar una revuelta interna de sus propios legisladores, enojados por las fiestas en Downing Street, al tiempo que enfrenta los pedidos de la oposición para que renuncie.
Para poner en marcha una impugnación del liderazgo, 54 de los 360 diputados conservadores deben escribir cartas de censura al presidente del Comité 1922 del partido.
Hasta 20 legisladores conservadores que ganaron sus escaños en las elecciones nacionales de 2019 planean presentar cartas mostrando su falta de confianza hacia Johnson, informó el Telegraph. Varios otros han dicho ya que escribieron las cartas. Un análisis del periódico The Times mostró que 58 legisladores conservadores habían criticado abiertamente al primer ministro.
Más allá de simpatías y antipatías ideológicas, es evidente que es un tema de interés para los argentinos. Y como ya vemos que los distintos medios cuentan de la reunión con distintos sesgos, acercamos la esta traducción del comunicado original de la Secretaría de Estado, al que se puede acceder aquí.
«El Secretario de Estado Antony J. Blinken se reunió hoy con el Canciller argentino Santiago Cafiero para conversar sobre nuestra importante relación bilateral.
El Secretario Blinken felicitó a Argentina por su elección como Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y agradeció la oportunidad de trabajar con Argentina para apoyar la democracia y los derechos humanos en las Américas y más allá.
El Secretario discutió la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y alentó a Argentina a presentar un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país.
Finalmente, el Secretario y el Canciller expresaron seria preocupación por la reciente visita a Nicaragua del Vicepresidente iraní Mohsen Rezai, objeto de una Notificación Roja de Interpol por homicidio agravado y daños en relación con el atentado con bomba contra la AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas en Buenos Aires. Discutieron la cooperación en los esfuerzos para llevar ante la justicia a los sospechosos de complicidad en el ataque.»
En abril de 2018, a 20 días de entrar online, AgendAR publicamos una nota que comenzaba así «En un escenario donde se producen pérdida de toneladas de alimentos por las sequías… Y continuaba: «En 2012 el equipo dirigido por Raquel Chan logró repercusión internacional al desarrollar la primera tecnología transgénica desarrollada íntegramente en Argentina».
Ayer se supo que sólo en este segundo año de sequía el Estado argentino ya lleva perdidos U$ 1.400 millones en recaudación… y puede perder más, porque la futura cosecha gruesa se está plantando ahora en condiciones de riesgo altísimas. ¿Quiénes fueron los responsables, por inercia burocrática, por prejuicios «ambientalistas» o por los intereses de algunas semilleras internacionales que el trigo HB4 fuera ilegal durante una década en el país que lo inventó? ¿Cuánta plata le hicieron perder a los productores y al estado?
Reproducimos esta completa y accesible entrevista de Lucila Pinto a la Dra. Chan, y en otro lugar de esta edición, un artículo de Nicolás Deza que también publicamos hace 7 meses y que trata sobre este tema.
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«Quién es y cómo piensa la mujer que busca alimentar al mundo y se merece un Premio Nobel
Afuera, a metros del río Paraná, en Rosario, el sol pega sobre unas plantas alargadas, con tallos gruesos y flores en sus extremos. Son plantas ornamentales, que resisten el sol de los mediodías de calor como este y que no necesitan que alguien las riegue. “Lo que buscábamos con mi equipo era entender cómo algunas plantas, como las que ves ahí, se la bancan un montón de tiempo sin agua, sin morirse, y otras no”, dice Raquel Chan mientras las señala a través de una puerta de vidrio.
A finales de la década del 90, un grupo de investigación del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral liderado por Chan, bioquímica, investigadora del Conicet y profesora de la Universidad Nacional del Litoral, descubrió que un gen que está en el girasol, el HaHB-4, activa un mecanismo de respuesta de las plantas al estrés por la falta de agua, y que podía ser trasladado a otras plantas, como el trigo y la soja, para que activen ese mismo mecanismo y aumentar su tolerancia a la sequía. A este descubrimiento le siguieron años de estudio, pruebas en laboratorio y a campo y procesos regulatorios para que, algún día, las semillas y sus productos puedan comercializarse. A partir de la instancia de las pruebas a campo, todo ese proceso sucedió a través de un convenio entre la empresa de biotecnología Bioceres, la Universidad Nacional del Litoral y Conicet.
El 2021 fue un año importante para HB4, como se llamó a los transgénicos modificados con ese gen del girasol. Por un lado, se dieron a conocer resultados positivos de las pruebas a campo: las hectáreas sembradas en esas pruebas con HB4 efectivamente rinden mejor en condiciones de sequía. En el caso del trigo, esa mejora del rendimiento puede ser de hasta un 42 por ciento. Además, en abril Bioceres Crop Solutions empezó a cotizar en Nasdaq y en noviembre el gobierno de Brasil, el principal importador de trigo argentino, aprobó la harina hecha con trigo HB4 para su venta y consumo. Esa legitimación se sumó a la aprobación que ya había hecho Argentina en 2020 –condicional a que Brasil lo aprobara–. La soja HB4 está recorriendo un camino similar. Ya está aprobada en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Canadá. Esto representa el 85% del territorio sojero del mundo. Este año podría también obtener la aprobación en China.
El visto bueno en Brasil volvió a generar interés en la figura de Raquel Chan. Los días que siguieron su teléfono no paró de sonar; no le alcanzaba el tiempo para las entrevistas que le pedían, e incluso algunos usuarios en redes sociales expresaron su deseo de que algún día gane el Nobel. Pero la atención que obtuvo la tecnología HB4 durante 2021 también la puso en el foco de algunos conflictos. En junio, Bioceres y Havanna anunciaron “una alianza estratégica para la producción de alimentos sustentables”, que planteaba el uso futuro de trigo HB4 en los alfajores. La noticia fue muy mal recibida por algunos grupos antitransgénicos, y finalmente el acuerdo no se concretó.
Aunque las semillas y las plantas HB4 todavía no se comercializan, su potencial para aumentar la productividad por hectárea podría convertirlo en un hito para la ciencia y la agricultura. Es el primer transgénico con posibilidad concreta de salir al mercado que agrega una herramienta para la mitigación de los efectos del cambio climático, como las sequías. Detrás de la pregunta inicial que dirigió la investigación de Chan y el desarrollo del HB4 estaba el problema del clima y su efecto sobre la producción de alimentos y el desarrollo –en Argentina, por ejemplo, se calcula que la sequía de 2018 le costó al país unos seis mil millones de dólares de ese año– pero también estaba la dificultad para alimentar a una población cada vez más numerosa.
“Gracias a la medicina, a la ciencia y la esperanza de vida, la población humana está creciendo de forma sostenida. Ni la pandemia puede cambiar eso, solo algo muy extremo como una guerra mundial, que esperemos que no pase. A pesar de la tecnología, la producción de alimentos viene creciendo con una pendiente muy inferior. Hoy en día los alimentos son suficientes y el problema es la distribución. Se desperdicia mucha comida. En los países ricos y dentro de un mismo país, como el nuestro. Pero en veinte años el problema no va a pasar solo por la distribución sino por la producción. Es un problema que hay que atacar”, dice Chan en el hotel donde sucede esta charla.
La noche anterior, en un evento por el aniversario de veinte años de Bioceres, Federico Trucco, el CEO de la empresa, anunció frente a los invitados que le darían una participación accionaria importante. Chan subió al escenario, tomó el micrófono y, después de agradecer, dijo que los fondos iban a ir a “la ciencia argentina”. Ahora, a la mañana siguiente, explica esa decisión: “A pesar de que estoy muy agradecida, no quiero recibir eso de forma personal. Este desarrollo fue hecho en un marco institucional. Yo no podría haber hecho nada sin los becarios del Conicet, la estructura edilicia, los insumos. Aprecio muchísimo el regalo, pero yo prefiero mantener mi independencia científica, que me permite decir, por ejemplo, que HB4 es una técnica maravillosa, porque yo no cobro de Bioceres. Y si tuviera que decir lo contrario, podría decirlo”.
En 1975, se hizo pública una amenaza de la Triple A a estudiantes de la escuela Carlos Pellegrini. Uno de esos nombres en la lista era el de Raquel. Participaba de un centro de estudiantes, con demandas como que las mujeres pudieran usar el pelo suelto o la pollera por encima de las rodillas. En 1976, empezaron a desaparecer estudiantes de esa lista. “Yo era muy chica como para decidir algo o entender el peligro de lo que venía. Tenía 16 años. Digamos que mis padres me sacaron”, dice ahora Chan. Su primer destino fue Uruguay, porque podía pasar sin pasaporte y porque tenía algunos familiares. “En ese momento nadie imaginaba lo que iba a pasar –sigue Raquel–. Decían ‘esto se arregla en dos semanas, se arregla en tres semanas’. No se arregló. Pasados unos cuantos meses, tenía que ir a algún lugar, y en Israel tenía parientes también”.
Chan hizo toda la carrera de grado en ese país, al que llegó sola y sin saber el idioma. Sus padres la visitaron dos veces, y no volvió a Argentina hasta la democracia. Cuando llegó, empezó un doctorado en fotosíntesis en Rosario, en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos. Mientras tanto, un avance empezaba a cambiar la ciencia –y el mundo. Los científicos aprendieron a leer el orden exacto de los genes, y con eso desataron una revolución cuyo alcance todavía no terminamos de entender, y que motivó a Chan a hacer un posdoctorado en el Instituto Universitario Louis Pasteur, en Estrasburgo, en el norte de Francia. “Yo había hecho la tesis con todos mis colegas en ese momento sobre los métodos bioquímicos. La genética molecular abrió un montón de puertas más para entender la vida. Fui a aprender, y me fue bien. Después quería volver al país, y empecé a trabajar la respuesta de las plantas al medio ambiente a partir de eso que había aprendido”, dice.
-¿Cuándo sentiste que podías dedicarte a la ciencia?–No hay un momento en el cual vos digas “me voy a dedicar a la ciencia”. Cuando tuve que elegir carrera universitaria me gustaban muchas: literatura, filosofía… Me siguen gustando. Y elegí bioquímica porque tenía una idea muy fantasiosa de que podía explicarlo todo, de que la química explicaba hasta la psicología. Creía que los alcances eran mucho más amplios de lo que son. No todo está en la química. Hay cuestiones sociales y ambientales. Quizás algún día lo pueda explicar todo, ojalá.
-Terminaste el posdoctorado y volviste a Argentina. ¿Cómo llegaste hasta el momento del descubrimiento del HB4?
-Tampoco hay un momento en el que puedas decir “encontré el HB4″. No existe el momento eureka, esa fantasía que se cayó la manzana y Newton dijo “esta es la ley de la gravedad”. El conocimiento se va construyendo sobre otro conocimiento continuamente. Es decir, hubo un montón de conocimiento previo que te permite avanzar un pasito más. Lo que buscábamos con mi equipo era entender cómo algunas plantas se la bancan un montón de tiempo sin agua, sin morirse, y otras en dos días se morían. Obviamente tienen mecanismos de respuesta distintos, entonces había que estudiar cómo son, qué genes tienen y por qué aguantan más que otras.
-Después de esa pregunta inicial, ¿cómo siguió el proceso?
-En ese momento no se sabía nada de muchas plantas, pero el girasol estaba más estudiado agronómicamente, y era una planta más adaptada al medio ambiente que, por ejemplo, el trigo y la soja. Sobre todo a la falta de agua. Empezamos a estudiar los mecanismos moleculares. Eso se hace a través de aislar un gen, con técnicas muy complejas, y ponerlo en una planta que no lo tiene y ver si se comporta diferente. Esa planta se estudia con y sin ese gen. Hicimos montones de genes, muchísimos. Lleva mucho tiempo esto: transformar las plantas, generar plantas que tengan las dos copias del gen, ponerlas a crecer, estudiar la parte bioquímica del gen, cómo es la proteína, qué es lo que hace.
-¿Qué pasó con HB4 cuando siguieron todo ese proceso?
-Lo que cambió es que al ponerlo en otras plantas vimos que las que lo recibían tenían tolerancia aumentada a la sequía. Y ahí seguimos estudiando ese gen, porque le vimos una utilidad biotecnológica. Esto generó el convenio con Bioceres y eso implicó que el desarrollo fuera mucho más intensivo, con muchas más personas trabajando: todo el equipo de Bioceres, que hizo los ensayos a campo, y el nuestro, que terminó siendo multidisciplinario.
-Entonces no podemos llamarlo eureka, ¿pero cómo fue el momento en el que se dieron cuenta de que las plantas modificadas por ese gen efectivamente empiezan a responder distinto?
-Lo que pasa es que no es lo mismo que una planta de laboratorio te responda distinto a que lo haga un cultivo en el campo, hay un abismo. En el laboratorio tenés condiciones controladas. Cuando ponés una planta en el campo aparte de la sequía tenés los vientos, la inundación, los bichos, las bacterias, los virus. Una combinación de efectos que pueden hacer que lo que mediste en el laboratorio no pase en el campo. Nos dimos cuenta recién en 2010 o 2011 que en el campo funcionaba.
-¿Y los otros genes que estudiaron también tienen potencial?
-Sí, por ejemplo ahora estamos con otro, bastante avanzado, que le puede dar al maíz tolerancia a las inundaciones y a los vientos que producen pérdida de hojas.
-¿Por qué lo multidisciplinario fue tan importante en el proceso?
-Porque genera un proceso cooperativo. Los biotecnólogos vemos la molécula, la proteína, la plantita en el laboratorio, y estamos divorciados de los agrónomos, que son los que realmente saben cómo hacer un ensayo a campo. O de los sociólogos, que ven la percepción pública de esto. También hay equipos viendo la distinción de unas plantas con otras a través de imágenes espectrales con drones, y haciendo big data y machine learning. Hay muchas disciplinas distintas, y cuando cada una avanza de forma aislada no se llega a lo mismo que si todos nos juntamos.
-¿Y es necesario el sector privado en esto?
-Absolutamente. Podría no serlo. En otros países hay empresas públicas que hacen esto. En Argentina no tenemos. Lo que hizo el sector privado no lo hubiésemos podido hacer nunca.
-¿Hay una configuración institucional para que esa colaboración público-privada pueda suceder?
-Está declarado como política de Estado, pero falta mucho. Hacer un convenio lleva mucho tiempo, establecer las pautas, que las reglas no cambien. No está en pañales, pero es muy optimizable. El Estado tiene un rol fundamental en el desarrollo de la ciencia. La investigación implica mucho riesgo. Hay mucha ciencia que no termina, o al menos no rápidamente, en un desarrollo. Pero todos los desarrollos salen de ciencia de buen nivel. No es inmediato, y ese riesgo no lo puede asumir el privado. Lo tiene que asumir el Estado de alguna forma.
-¿En qué estado está hoy la ciencia argentina?
-Tiene gente de muy buen nivel, en mi campo y en otros. No tantos en masa, como puede haber en Estados Unidos o en algún país de Europa. Y hay instrumentos de financiación, pero están lejos de lo que pueden ser en otros países. Es muy caro hacer ciencia acá. Acceder a determinados reactivos, por ejemplo, es muy caro. Y creo que tiene que mejorar mucho el sistema burocrático. Es como si uno tuviera que demostrar continuamente que no va a robar. Para comprar un equipo yo tengo que hacer una licitación, elegir el más barato aunque no sea el mejor, y eso es algo que el privado no tiene que hacer y complica mucho.
Actualmente, en el equipo de Chan en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral trabajan unos siete científicos. Siguen estudiando la respuesta de las plantas al medio ambiente. También están desarrollando algunos proyectos con foco en el impacto social, como una escuela de biofábricas que forme a capacitadores en técnicas de micropropagación de plantas con valor comercial y multiplique esas capacidades. “Otro proyecto está basado en una investigación científica en la que vimos que con la aplicación mecánica de peso algunas plantas engrosan su tallo, soportan mejor los vientos y producen mucho más al final del ciclo”, dice Chan. Es decir que algo tan simple como colocar un broche de madera sobre un tallo que recién empieza a crecer puede hacer que esas plantas produzcan más. “Lo más avanzado en este momento es el tomate, pero también funciona muy bien en forestales y quinoa. Es una técnica no transgénica de aumento de la producción de alimentos para agricultura familiar”, sigue.
Mientras explica el alcance de estos proyectos, un hombre que cruza el lobby del hotel, y que también estuvo en el evento de Bioceres de la noche anterior, se detiene a saludar a Chan, que todavía está afónica por todas las conversaciones que mantuvo entre la música y las voces de la fiesta. La exposición pública, dice, no es en absoluto la parte que más le gusta de su trabajo: “Yo entiendo que hay que informar lo que uno hace. Me tocó esto, y lo asumo y lo acepto. Pero prefiero estar en el laboratorio”.
Hasta ahora, los transgénicos que se comercializan son los que se conocen como “de primera generación”: son aquellos que buscan mejorar la tolerancia de las plantas a malezas y plagas, a través de aumentar su resistencia a herbicidas como el glifosato. El HB4 es considerado un transgénico de segunda generación: está pensado para la resistencia a factores de origen no biológico –es decir, que no provienen de organismos vivos, como los insectos y las bacterias– como la salinidad, el clima y el agua. Y aunque hay muchos en desarrollo en esta segunda línea, todavía no llegaron al mercado. Aunque el trigo y la soja HB4 ya hayan obtenido aprobaciones en muchos países relevantes por el volumen de sus importaciones, todavía no se comercializa porque la contaminación cruzada podría poner en riesgo que otros países –que todavía no los aprobaron– compraran trigo y soja todavía no modificados con la tecnología HB4. “Los únicos dos transgénicos que han sido aprobados mundialmente antes de esto han sido la resistencia al glifosato y la resistencia Bt, que es una toxina del maíz que es resistente al ataque de insectos –y esto ha bajado muchísimo el uso de venenos–”, explica Chan.
La Dra. Raquel Chan, del CONICET, y parte de su equipo de ingenieros genéticos-HB4 podría ser el tercer hito a nivel mundial en este sentido. ¿Cuál es su potencial para aumentar la productividad?
-Mucho. Muchísimo. No es que se va poder sembrar trigo en el desierto, pero sí mejora muchísimo el rendimiento en los mismos lugares donde ya se siembra, con menos agua. El agua es el recurso más caro y más limitante. Esto puede mejorar la productividad y ayudar a la curva de producción de alimentos.
-¿La resistencia a los transgénicos limita su desarrollo?
-Absolutamente. Esto podría haber estado hace diez años en el mercado.
-¿Qué explicación encontrás para esa resistencia?
No hay una respuesta única. Hay problemas de comunicación, problemas sociológicos, falta de interés. Ese discurso de “transgénico es malo” no tiene un sustento científico fuerte. Una parte de la culpa es nuestra, por ser malos comunicadores y no explicarle a todo el mundo. El golden rice es un caso paradigmático. Es un arroz que tiene un gen que genera una proteína que es capaz de producir vitamina A y evitar la ceguera en un montón de niños con deficiencia de esa vitamina. ¿Cuál es la explicación? Que es transgénico, que lo modificó el hombre. Pero el hombre ha modificado los cultivos desde que hace agricultura, a través de la cruza y otras técnicas. Esa idea de “yo quiero comer comida natural” es una fantasía absoluta.
-¿Qué sería la comida natural?
No existe. Existe la comida orgánica. Es decir, el crecimiento de ciertas hortalizas, verduras y cultivos sin ningún químico, con una producción muy baja. Pero natural no existe nada, porque lo que comemos hoy no estaba en la naturaleza. No existía el maíz como lo conocemos, no existían ni el brócoli ni el coliflor. Son todos productos del mejoramiento, la mutación, la selección cruzada y otras técnicas. Sí existe lo orgánico, o lo que llaman orgánico, que es sin químicos, pero se producen en una escala muy pequeña. No se pueden producir en grandes superficies, y se los llevan los bichos y las malezas.
-¿Cómo podemos saber que los transgénicos no son malos para la salud?
Está demostrado por nuestras instituciones. En Argentina están la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y Senasa, que demostró después de un montón de estudios que son inocuos. Por ejemplo, el trigo HB4 es tan inocuo como el trigo sin ese gen. El trigo sin ese gen es igual. Y si no creemos en nuestras instituciones, no nos podemos vacunar, no podemos comprar nada en el súper. Cualquier producto que llega a una góndola pasó por la inspección de Senasa.
Una de las críticas que se le hace a HB4 es que cuando se aplica esa técnica también se modifica las plantas para que sean resistentes al glufosinato de amonio, un agroquímico que se usa para controlar malezas, ¿por qué se agrega también ese gen? Cuando se introduce un nuevo gen en una planta –como lo que hace HB4 con el de girasol– se pone lo que se conoce como “marcador de selección”, porque es muy difícil identificar después las plantas que fueron transformadas. El marcador que se puso en este caso es un gen de resistencia al glufosinato. Sirve para distinguir qué planta se transformó. Eso no llega a la comida que eventualmente deriva de esas plantas. Hace falta para su transformación, pero a los fines de HB4 da lo mismo si después se aplica o no glufosinato a las plantas. Es un pedazo de gen, no hace nada que esté ahí, como todos los otros genes. Si mañana por alguna razón se prohibe el glufosinato, el trigo HB4 sigue siendo igual de bueno. Lo necesitamos como marcador por una cuestión técnica.
-¿Los transgénicos que tenemos hoy contribuyen a mejorar la curva de producción de alimentos?
-El crecimiento de esa pendiente estaría aún más lejos de la del crecimiento de la población sin transgénicos, pero no es suficiente.
-¿Y de qué manera pueden acercarse esas dos curvas, y que la comida alcance para alimentar a la población en el futuro?
-Hay que atacar el problema de la distribución, pero también el de la producción. Y para eso hay que hacer más ciencia. Necesitamos producir mucho más en los mismos lugares, y eso requiere mucha investigación. No es mágico, pero hay que hacerlo.»
Esta nota de Nicolás Deza la publicamos en AgendAR el 13 de junio pasado, con el mismo comentario nuestro con que la acompañamos ahora (más una imagen reciente, al final). El incidente que la provocó ya se perdió de vista. Pero los prejuicios, alimentados por medias verdades y puras mentiras que distribuyen los quienes consiguen que se les tome en cuenta fomentando miedos, siguen vigentes.
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«Una llamativa consigna reavivó en las últimas semanas la polémica por la utilización de semillas transgénicas en los suelos argentinos. A través del hashtag #ChauHavanna se convocó a realizar un boicot en contra de la famosa marca de alfajores. ¿El motivo? El anuncio de un acuerdo de complementariedad entre Havanna y Bioceres para el desarrollo de alimentos a partir del trigo HB4 , un “trigo transgénico”.
El trigo HB4 es trigo modificado genéticamente mediante la tecnología HB4. La historia de esta tecnología se remonta al 2004, cuando un equipo de investigadores del Conicet, liderado por la bioquímica Raquel Chan, y la Universidad Nacional del Litoral concretaron una alianza público-privada con la firma de biotecnología Bioceres, para un proyecto basado en transformar especies de interés agronómico con el gen Hahb-4 de girasol y ensayar su tolerancia a la sequía y el estrés hídrico.
Tras un largo camino de investigación y desarrollo, la tecnología HB4 aplicada al trigo obtuvo la aprobación regulatoria del Ministerio de Agricultura en octubre de 2020, transformando a la Argentina en el primer país del mundo en aprobar un trigo transgénico. El trigo y la soja HB4 son ahora parte de una corta lista de tres eventos transgénicos de desarrollo ciento por ciento nacional, sobre un total de 61 eventos aprobados para su utilización en el país.
La aprobación de este trigo marca un hito en la historia de la biotecnología nacional. “Estamos hablando de una tecnología desarrollada en un instituto del Estado en asociación con una empresa formada por productores agropecuarios argentinos, que llegó (llegamos) a tener el mismo nivel que las multinacionales que cuentan con fondos millonarios que yo nunca tuve ni vi. Esto demuestra que el sistema científico argentino es capaz de responder a estos desafíos”, afirmó Raquel Chan en la newsletter de Elisabeth Mohle para Cenital.
No obstante, la campaña de boicot a la elaboración de productos Havanna con trigo transgénico y la efectiva instalación del tema en la agenda pública dan cuenta de lo difícil que sigue siendo hablar sobre semillas transgénicas. La polémica tomó la forma de un juego de rechazos y de respaldos a la utilización de organismos genéticamente modificados, cuando la discusión de fondo es por el modelo agropecuario argentino.
Julián Monkes es licenciado en Ciencias Ambientales y maestrando en Desarrollo Rural. Y Monkes inserta la discusión por el trigo transgénico dentro de un debate más estructural. “Falta planificación estatal que determine qué hacemos y cómo lo hacemos. Dentro de eso entra la discusión de los transgénicos. Si no hay planificación estatal, cualquier aparición técnico o tecnológica lo que terminará haciendo es favorecer un modelo del cual se benefician unos pocos”.
El desarrollo de un trigo que se adapta mejor a las situaciones de estrés hídrico es a priori una buena noticia para Monkes. “A veces no dimensionamos que vivimos en un país semi desértico, que tiene un clima seco. El 65% del país es de área semi o desértica. El cambio climático lo que va a hacer es profundizar los regímenes de sequía. Entonces pensar la producción para todo lo que es el Chaco seco pero también para la Patagonia es importante”, dice el científico ambiental.
Un elemento central en la polémica del trigo es el uso de glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro como el glifosato, pero más potente. El entrevistado advierte “Es más grave para la salud que el glifosato. El problema con el glifosato es que se tira en enormes cantidades y de forma poco controlada. El glifosato en sí, aislado, no es tan contaminante o no es tan dañino para la salud. El tema es cómo se usa y los otros agentes químicos con los cuales se mezcla. Dentro de eso, el glufosinato vendría a ser un herbicida peor, que impacta más en el ecosistema y en nuestra salud”.
Monkes señala que el uso de los herbicidas viene siendo cuestionado por los propios productores rurales.
La aparición de malezas resistentes al glifosato está poniendo en jaque al modelo de la siembra directa. Se están buscando alternativas para proteger sus suelos de la aparición de malezas en los períodos entre cosecha y nueva siembra.
Una alternativa que viene ganando terreno es el uso de cultivos de servicios. AAPRESID, una de las asociaciones promotoras del cultivo de soja por siembra directa, viene empujando su uso. “El cultivo de servicio consiste en tener un cultivo de invierno que no es para cosechar, sino para mantener el suelo cubierto y que no salgan las malezas. Antes de sembrar la soja en la temporada siguiente, lo que se hace es introducir ese cultivo de servicio”, explica el docente de FAUBA.
El cultivo de servicio reemplaza la práctica del barbecho químico, que consiste en rociar de glifosato el suelo para mantenerlo libre de malezas y otras plantas, sin el cual no es posible realizar la siembra directa. “Lo que está pasando con los cultivos de servicio es que están apareciendo como una necesidad para evitar estas malezas que no están pudiendo controlar químicamente. Es un cambio que va a necesitar cierto tiempo para que se implemente. El 10% de los productores que trabajan con AAPRESID ya están implementando cultivos de servicio”, dice el ambientólogo.
De todas formas, Monkes advierte que el principal desafío es la planificación de los usos de los suelos. “Con un Estado fuerte, con un modelo agropecuario planificado, este trigo transgénico resistente a la sequía sería una gran noticia. Podríamos plantar trigo en zonas de secano, donde hoy no se planta nada, se deja el suelo desnudo y se pierde un montón de carbono, aparecen malezas resistentes y demás. Sería una gran noticia, pero no, es una mala noticia entre comillas porque no sabemos qué van a hacer los productores con eso, si van a aplicar glufosinato o no”, indica.
La principal deriva de esa falta de planificación y regulación es la expansión indiscriminada de la frontera agrícola, sobre todo en la región del NEA. Millones de hectáreas de bosques se han perdido en las últimas décadas a manos de emprendimientos principalmente agrícolas. Pese al aumento de la producción de granos, Monkes advierte que “no paramos de perder producción agropecuaria que se dedica a la producción de alimentos, no de mercancía. La soja o maíz son mercancías que se venden en el mercado internacional. No paran de desaparecer explotaciones agropecuarias productoras de alimentos que van a la boca de los y las argentinos”.
Julián Monkes concluye: «Un modelo agropecuario planificado, con un ordenamiento territorial que señale qué hacer, podría ser la llave para insertar innovaciones como el trigo transgénico en una trama de desarrollo nacional. “El cambio a un modelo que impacte menos, con menos agroquímicos sí o sí va a suceder. El tema es si ese campo futuro va a ser con los productores y campesinos adentro o va a ser un campo ultratecnificado donde no haya nadie. Esa es la discusión de fondo”.
Comentario de AgendAR:
Las observaciones del entrevistado son inteligentes e informadas, pero encontramos en ellas un sesgo similar al que aparece también en muchos planteos de la «agenda verde»: la idea que la planificación es algo que se hace desde el Estado, diseñada por expertos que tienen claro los objetivos a alcanzar.
No funciona así. Lo hemos visto en nuestro país, en experiencias muy recientes. En Francia, un país con una gran tradición de un Estado fuerte y centralizado, se desarrolló en los tiempos de De Gaulle el concepto de «planificación indicativa»: los organismos estatales dialogan con los sectores sociales y diseñan incentivos para que se sigan las políticas adecuadas.
Tengamos también presente que la «revolución de la siembra directa», que ha contribuido mucho a la preservación de los suelos, se llevó adelante sin que los niveles de conducción del Estado tuvieran mucha conciencia de ella.
Tampoco ese resulta el camino ideal. Es preferible la comunicación abierta de funcionarios, productores, gremios y la población en general. Un «feedback» positivo entre el Estado y los ciudadanos.
Vencer el prejuicio contra cualquier cosa que sea «transgénica», muy arraigado inclusive entre quienes no son militantes ecologistas, va a requerir educación, paciencia y prudencia por parte de los organismos estatales. Y de asociaciones con una trayectoria valiosa como AAPRESID.»
Agregar esta imagen, muy distribuida en las redes sociales, que toca un tema distinto pero también empañado por prejuicios seudo ambientalistas, no lo hacemos con la intención de atacar a la artista y conductora de TV. La señora Viale no tiene obligación de saber de exploraciones submarinas, ni tampoco que el 17% del gas en su casa viene de fondos marinos de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La crítica es a una sociedad que encuentra natural que se puede pontificar sobre cualquier tema sin haber hecho estudios serios, con nada más que haber visto un video en Youtube.
Los CEOs de las grandes empresas -al menos, las que se tienen en cuenta en Davos- no parecen haber tomado nota de la crisis climática.
Sólo un 22% de los consultados por PwC (Price Waterhouse Coopers) señala que su compañía está comprometida con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Los resultados se desprenden de la última edición de una encuesta que alcanza a 4.500 ejecutivos de 89 países y que se presenta anualmente en el encuentro del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, evento que este año fue postergado por el rebrote del Covid-19.
De acuerdo con el informe “se necesita hacer un mayor progreso para lograr los objetivos climáticos globales, ya que menos de un tercio de los encuestados dijeron que sus empresas se han obligado a reducir las emisiones”. Por fuera del 22% que ya se ha trazado la estrategia de avanzar hacia las “emisiones netas cero”, el 29% manifestó que este compromiso está «en progreso» y el 44%, que no tiene ninguna política al respecto.
Sin embargo sí admiten que garantizar un mayor compromiso sobre este punto a más largo plazo será fundamental dentro de las estrategias de la empresa, dado que se tornará esencial no solo para mitigar los riesgos del cambio climático, sino también para cumplir con las expectativas de los clientes, inversores, empleados y la sociedad en general.
Entre los CEOs cuyas empresas han hecho compromisos netos cero, el sector de energía y servicios públicos es el principal sector, con un 40%, unos 15 puntos más que los sectores de telecomunicaciones, banca y mercados de capitales (ambos 24%). Alrededor de dos tercios (65%) de los CEOs cuyas empresas tienen ingresos de US$25.000 millones o más, se han comprometido a objetivos de emisión cero, en comparación con el 10% de las empresas con ingresos inferiores a US$100 millones.
El 29% de las empresas manifestó que este compromiso está en progreso y el 44%, que no tiene ninguna política al respecto
En Argentina
En el caso particular de la Argentina se observa un nivel de conciencia entre “medio y alto” de los CEOs respecto de los desafíos ambientales. “El nivel de avance en términos de compromisos de reducción de emisiones es similar al del resto del mundo y está por encima de otros países de la región. Los CEOs son cada vez más conscientes de que deben actuar con urgencia, redefiniendo la estrategia para la transformación del negocio con foco en metas apropiadas para la descarbonización de sus operaciones”, destacó Santiago Mignone, socio a cargo de PwC Argentina.
Consultados por la marcha de la economía para 2022, la encuesta –que fue realizada entre octubre y noviembre de 2021– arroja los resultados más optimistas de la última década. Más del 77% de los encuestados predice que la economía global mejorará, mientras que solo el 15% espera un deterioro de las condiciones. Este optimismo es un punto más alto que el 76% de hace un año y 54 puntos más que el de 2020, cuando el 53% predijo una economía en declive.
Si se toma en cuenta solo la respuesta de los CEOs argentinos, 8 de cada 10 esperan un crecimiento de la economía global en 2022, consolidando de esta manera la percepción que surgió en la edición anterior de la encuesta, cuando las respuestas más positivas alcanzaban el 74% y superaban en 60 puntos los resultados del 2020. La tendencia local sintoniza con lo expresado por los encuestados a nivel global, incluidos los de Latinoamérica, entre quienes se destaca el optimismo de los empresarios de Uruguay (95%). La visión argentina, en tanto, refleja mayor cautela en cuanto al crecimiento de la economía del país: si bien los más optimistas siguen siendo mayoría (46%), dicha proporción está por debajo de la media regional (56%) y global (75%).
A(Agradecemos este gráfico, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, a Julián Corvaglia @JulianCorvaglia)
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El país de la América del Sur que tiene el porcentaje más alto de su población emigrada (sin tomar en cuenta los casos especiales de Surinam y Guyana) es Uruguay, con el 18,3 %.
Le sigue Venezuela con el 16,7%. Bolivia 7,6; Chile 3,4; Colombia 5,7 y Argentina 2,3 %.Y, como indica el gráfico, los únicos dos países en el subcontinente que tienen una diferencia significativa, a su favor, en los porcentajes de inmigración e emigración, son Argentina y Chile.
El Gobierno Nacional, junto a seis provincias, lanza el Clúster Renovable Nacional para desarrollar energías a partir de fuentes sustentables. El presidente Alberto Fernández, junto a los ministros Kulfas y Guzmán, hará el anuncio hoy martes 18 en la provincia de San Juan.
«San Juan.- El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, acompañados por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunciarán el lanzamiento del Clúster Renovable Nacional.
Este es un organismo público privado, que tendrá representación pública de seis provincias productoras de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables.
El lanzamiento se hará desde la sede de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), ubicada en la ciudad de San Juan, y participarán los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Catamarca, Raúl Jalil; de Río Negro, Arabela Carreras; y el vicegobernador de Mendoza, Mario Abed. También estarán presentes el secretario de Industria, Ariel Schale y el secretario de Energía, Darío Martínez.
El Cluster estará conformado inicialmente por las provincias de San Juan, La Rioja, Neuquén, Mendoza, Catamarca y Río Negro; y las empresas que participarán son, entre otras, el Parque Eólico Arauco SAPEM (La Rioja); Energía Provincial S.E. (EPSE) por San Juan; Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA) e IMPSA por Mendoza; Energía Catamarca SAPEM; Agencia de Inversiones Neuquén (ADI) de Neuquén; y Eólica Rionegrina Sociedad Anónima (ERSA).
A través de esta iniciativa se promoverá el desarrollo, la construcción y la puesta en marcha de Parques de Generación Renovable, claves para el cuidado del ambiente y la ampliación de la oferta eléctrica. Los recursos eólico y solar en Argentina se encuentran entre los mejores a nivel mundial, por lo cual este clúster apunta a aprovechar ese potencial con trabajo nacional. Integrado 100% por empresas argentinas que van a contratar mano de obra local y a producir ingeniería, equipos y conocimiento para dotar de tecnología a los proyectos de cada provincia.
Desde 2018 no se han integrado nuevos parques de generación renovable para poder cumplir con los objetivos de la Ley 27191 (año 2015) de cobertura de un 20% de la matriz eléctrica de fuentes renovables al año 2025.
La creación del clúster se realiza teniendo en cuenta el concepto de triple sustentabilidad:
Macroeconómica, enfocada en el ahorro de divisas, la sustitución de equipamiento y tecnología importada y futuras exportaciones;
Ambiental, conjugando la generación de energías verdes con cuidado ambiental;
Y social, para garantizar el trabajo argentino y el bienestar de las comunidades.
Se conformará el Comité Ejecutivo del Clúster Renovable Nacional, con participación del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Economía y de las provincias participantes.
Como primer hito en el desarrollo del Clúster, se firmará un Acuerdo Marco entre las empresas mendocina IMPSA y la sanjuanina EPSE, mediante el cual se inicia un proceso de articulación entre ambas empresas.
El convenio incluye la gestión administrativa y comercial de la operación de la Fábrica Integrada de Paneles Solares Fotovoltaicos de EPSE, con una capacidad de producción de 70 MWp por año, el armado y estructuración de una Fábrica de Inversores de potencia CC/CA por parte de IMPSA, y la construcción y operación de futuros parques solares fotovoltaicos que EPSE planea desplegaren las provincias del Clúster.»
El lic. Nadav Rajzman, Director Nacional de Promoción Minera, y el lic. Jorge Matías González, Director de Economía Minera, son los autores de esta columna de opinión:
«Argentina atraviesa un momento delicado en lo que respecta a sus finanzas externas. Requiere dólares y divisas extranjeras para el pago de sus abultados compromisos de deuda, lo cual compite directamente con la imperiosa necesidad de financiar las importaciones, que le permitan retomar una senda de crecimiento sostenido.
Esto último sigue una lógica básica y es que el común de productos que consumimos y máquinas que utilizamos para producir, tienen una cantidad de componentes elaborados en el exterior. Si cada punto de crecimiento del país tiene su correlato en un incremento de compras al exterior, entonces las exportaciones deben acompañar al crecimiento económico como condición necesaria.
A la hora de analizar los sectores con mayor potencial, existen pocos como el de la minería, con la capacidad de darle al país un salto exportador cualitativo en el mediano plazo. Esto no debe sorprendernos. Existen ejemplos cercanos en Chile y Perú, que permiten sustentar esta afirmación. En el primero, las exportaciones mineras crecieron desde US$ 8,7 mil millones en 2003 hasta los US$ 58,7 mil millones en 2021 y, en Perú, lo hicieron desde US$ 3 mil millones en 2000 a US$ 32 mil millones, únicamente en los primeros diez meses de 2021. En ambos países el crecimiento económico –derivado en parte del auge minero– fue acompañado de una baja, tanto en la pobreza como en la desigualdad.
Ahora bien, a pesar de compartir la Cordillera de los Andes y disponer de un potencial geológico similar, nuestro país exportó el último año US$ 2,76 mil millones en productos mineros, varias veces menos que nuestros vecinos. Estos montos exportados se alcanzaron por la producción de 17 proyectos de minería metalífera y de litio en operación y una gran variedad de empresas de minerales industriales y rocas de aplicación. Sin embargo, según el análisis de la cartera de proyectos mineros que se encuentran en etapas avanzadas, es realista pensar que ese número podría superar los US$ 13 mil millones en solo diez años.
¿Cómo se explicaría este salto exportador?
En los próximos años, el mundo asistirá a un dramático crecimiento en la demanda de minerales necesarios para mitigar el cambio climático. La adopción de vehículos eléctricos, baterías de nueva generación y sistemas de almacenamiento, entre otros, harán que los requerimientos de litio a nivel mundial se multipliquen al menos cinco veces. A su vez, la creciente electrificación hará crecer la demanda de cobre y otros minerales, siendo que los motores de los vehículos eléctricos requieren cinco veces más cables y uniones que los automóviles tradicionales. Las energías renovables también demandan más minerales: una central eléctrica convencional requiere alrededor de una tonelada de cobre para producir un MW, mientras que parques eólicos y solares necesitan entre tres y cinco toneladas por MW.
Para hacer frente a la creciente demanda mundial, el país dispone de una amplia cartera de 64 proyectos en estadios que van desde exploración avanzada a construcción, lo cual nos permite estimar las capacidades de exportación del sector, teniendo en cuenta supuestos probables.
Para la minería de cobre existen diez proyectos avanzados, donde cabe destacar la magnitud de los mismos. Si consideramos únicamente los cuatro más avanzados (Josemaría, Pachón, Mara y Taca Taca ya presentaron su factibilidad económica y técnica), las exportaciones se podrían ampliar en más de US$ 6 mil millones anuales. El grupo canadiense Lundin Mining ya anunció la puesta en marcha de su proyecto Josemaría, mediante una inversión de US$ 4.200 millones. Los restantes tres proyectos ya factibilizados implicarían inversiones adicionales por otros US$ 11 mil millones, lo cual señala, además del potencial exportador, los cuantiosos desembolsos para construcción e infraestructura (rutas, tendidos eléctricos, etc.) y puestos de trabajo (se estiman más de 5.200 para la operación y más de 12.500 para construcción) en regiones alejadas de los principales centros urbanos.
El litio podría aportar anualmente entre US$ 3.500 y US$ 4.500 millones adicionales de exportaciones, que provendrían de la ampliación de los dos proyectos de litio ya en curso (Olaroz y Mina Fénix), un tercero cuya constru-cción está avanzada (Caucharí-Olaroz) y otros ocho que se pueden poner en marcha. De estos últimos, la mitad anunció en 2021 que comenzará con la construcción, con inversiones equivalentes a US$ 1.960 millones.
El resto de las exportaciones provendrá del sostenimiento de la actividad de los diez proyectos de oro y cuatro de plata como productos principales y de sumar nuevos, siendo altamente probable que se incorporen al menos tres de oro y plata, cada uno, antes de 2035. Tomando la proyección de precios de los minerales del Banco Mundial (conservadores), la estimación de las exportaciones futuras de la minería en Argentina son más que alentadoras.
Contar con mayor cantidad de divisas nos permitiría impulsar mayores tasas de crecimiento durante más tiempo, una urgencia en un país que cuenta con 42% de pobres. Pero también, y de manera igual de importante, nos permitiría generar empleo de calidad y bien pago en regiones del país que no son beneficiadas por las actividades predominantes actualmente. Cabe recordar que la minería registró el mayor salario promedio de Argentina durante 2021. La meseta de Chubut, las zonas áridas del NOA y otras regiones alejadas del Atlántico se verían altamente beneficiadas por el desarrollo de la minería metalífera y del litio.
En resumen, la minería no solo puede aportar dólares que el país necesita para retornar a una senda de crecimiento sostenido –siendo una proyección realista sumar 144,9 mil millones en 14 años–, sino que también generará empleo y oportunidades para proveedores. Sin ir más lejos, en el transcurso del 2021 se anunciaron US$ 9.314 millones en inversiones productivas, que generarán 12 mil puestos de trabajos directos e indirectos asociados a etapas de construcción y operación.»
Laboratorios Richmond es la empresa encargada del filtrado y el envasado de la vacuna rusa; actualmente el stock local del fármaco se usa para dosis de refuerzo.
La aplicación de las terceras dosis o dosis de refuerzo contra el Covid-19 en la Argentina ya alcanzó al 20,8% de la población. Las vacunas que se están usando con ese propósito, tal como informó el Ministerio de Salud de la Nación, son las de AstraZeneca, Cansino, Pfizer, Moderna y la Sputnik V. La marca varía según la disponibilidad. Sobre la vacuna rusa, buena parte de las que aplican en el país son filtradas y envasadas en la planta de Laboratorios Richmond, ubicada en Pilar, cuya participación en el proceso de producción se enfocó sobre todo en el componente dos, que fue uno de los grandes faltantes del plan de vacunación nacional. Y ahora, ambos se usan para reforzar los esquemas.
Hasta el momento, desde la primera entrega que fue el 12 de agosto pasado hasta ahora, Richmond entregó 6.500.000 dosis del componente uno y dos, de las cuales el 70% corresponden al segundo.
La Sputnik V fue la primera vacuna desarrollada para combatir al Covid-19 en el mundo y la Argentina desde entonces fue uno de los principales consumidores. De hecho, en nuestro país ya se aplicaron 18.618.805 dosis.
En un principio, la vacuna creada por el Instituto Gamaleya fue criticada por la falta de publicaciones que respaldaran su seguridad y eficacia. Sin embargo, en diciembre de 2020 el Ministerio de Salud de la Nación autorizó su uso de emergencia y ese fue el primer fármaco contra el Covid que se aplicó en la Argentina. No obstante, aún no fue avalada por la Organización Mundial (OMS) de la Salud, lo que genera grandes inconvenientes para las personas que desean viajar al exterior. En septiembre del año pasado, la entidad suspendió la aprobación de la vacuna por detectar irregularidades en una de las plantas de producción, que está ubicada en la ciudad de Ufa.
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En cuanto a la producción local de la Sputnik V, según informaron desde Laboratorios Richmond, todo comienza con la materia prima elaborada en una planta ubicada en las afueras de Moscú. Luego el antígeno llega a la Argentina donde se realiza un proceso complejo de filtrado y envasado y, por último, se envían algunas muestras a la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su respectivo control, además del chequeo que realiza la empresa.
Desde Richmond describen que en un primer momento el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) realizó un acuerdo con Hetero, una compañía farmacéutica de la India que adquirió la posibilidad de realizar la transferencia tecnológica de la vacuna para producirla en ese país. Luego esa compañía india puso a Richmond en contacto con el RDIF para comenzar un proceso similar. Inicialmente, el objetivo, indican, era construir una planta que permitiera la producción integral de la vacuna, pero, dada la escasez de vacunas en la Argentina, empezaron la transferencia de tecnología por etapas y eso le permitió a Richmond acelerar la posibilidad de nutrir el mercado local a partir de la materia prima producida en Rusia. Mientras tanto, comenzaron la construcción de la planta en la Argentina.
Motivados por la problemática de escasez de agua potable en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, un equipo de investigación bajo el liderazgo de Adrian Brunini, científico del CONICET en la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO, Universidad Nacional de la Patagonia Austral), logró desarrollar un calentador de agua de mar para la obtención de agua potable. El equipo, que no genera consecuencias ambientales nocivas, podría funcionar, además, con hidrógeno «verde».
“Tratamos de buscar una solución, algo que tuviese impacto en la comunidad”, explica Brunini sobre las motivaciones del desarrollo. Y continúa: “Comenzamos a trabajar en una tecnología que reproduce el ciclo del agua. Es una energía térmica, eficiente y que no requiere grandes avances tecnológicos para funcionar en una planta desalinizadora”.
El equipo de investigación construyó una planta piloto desalinizadora que funciona con la quema de hidrógeno, por lo tanto no afecta al medioambiente: “El hidrogeno sólo produce vapor de agua y eso es importante porque no genera ningún gas de efecto invernadero”, argumenta el investigador.
La tecnología imita el ciclo natural del agua. “Se calienta el agua de mar y se la pone en contacto con aire seco, al hacer eso inmediatamente el aire seco se humedece”, explica Brunini. El aire absorbe la humedad del agua, “la cuestión es que sólo absorbe el agua, no la sal”, agrega. El siguiente paso será condesar la humedad del aire para recuperar el recurso que se encontraba, hasta ese momento, en forma de vapor.
El investigador advierte que el equipo tiene un diseño termodinámico especial que permite recuperar la mayor parte de energía utilizada. Además, para Brunini, si a este proceso se le sumara la producción de hidrógeno por medio de energías limpias, como paneles solares o molinos eólicos, sería posible hablar de un circuito doblemente noble.
Hacia el futuro, la intención es continuar mejorando el rendimiento en aspectos como la presión y la incorporación de nuevos prototipos que puedan contribuir a la mejora de la tecnología. Para Brunini, el desarrollo tecnológico es indispensable para afianzar la soberanía como país: “Tenemos que desarrollar la tecnología necesaria no solo para producir el hidrógeno, sino también para utilizarlo”.
Un desarrollo de un equipo de investigación del CONICET permite la desalinización del agua de mar para consumo humano. El equipo, que no genera impacto ambiental podría funcionar con #HidrógenoVerde#CienciaArgentinat.co/O8sY9kP6Qe