A esta altura del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19, el 78,5% de la población del país ha iniciado su esquema de vacunación y el 60% ya lo completó.
En las personas mayores de 18 años los porcentajes ascienden al 91,6% de cobertura con esquema iniciado y al 78,9% con esquema completo. Y de los grupos etarios con mayor riesgo a enfermar de gravedad y fallecer, el 93,8% de quienes tienen 50 años y más ha iniciado ya su esquema, en tanto el 88,5% lo ha completado.
La campaña de vacunación más grande de la historia argentina continúa escalando la cobertura de los diferentes grupos etarios en todo el país. Así, el 69,6% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema, el 29,8% lo completó.
Además, a las 5 semanas de iniciada la estrategia de vacunación pediátrica contra el SARS-CoV-2, el 46,1% de las niñas y los niños de entre 3 y 11 años inició su esquema de vacunación, y el 7% lo completó.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta ayer se distribuyeron 78.868.435 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 64.314.456. A su vez, 35.816.140 personas iniciaron su esquema y 27.605.859 lo completaron, mientras que 811.104 personas recibieron dosis adicional y 81.353 recibieron dosis de refuerzo.
El cierre de escuelas en pandemia afectó la participación de las mujeres en el mercado laboral
«Tenemos una sociedad con un ánimo muy alterado. No advertí la magnitud del fenómeno en personas que fueron sobreexigidas por la pandemia. Por ejemplo, mujeres madres que tuvieron que afrontar cargas enormes, repartiéndose entre el trabajo y sus hijos, que además no podían asistir a los colegios. El trabajo y esfuerzo que hicieron fue inmenso», dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista con la agencia Télam. En efecto, las mujeres con menores a cargo fueron uno de los grupos más afectados por el cimbronazo de la pandemia y hay indicadores que permiten advertirlo.
Según un análisis realizado por la economista Milagros Gismondi, economista, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la reapertura de las escuelas tuvo impacto en la autonomíaeconómica de las madres.
Si se compara el primer trimestre de 2021 con el segundo, se advierte que en la Ciudad de Buenos Aires —donde se retomaron las clases presenciales el 17 de febrero—, la tasa de actividad de las madres aumentó: pasó de 54% a 56%. En el Gran Buenos Aires, donde los establecimientos educativos permanecieron cerrados hasta agosto, el indicador tuvo la evolución contraria: cayó de 51% a 50%.
«La razón principal parecería estar en la vuelta a la presencialidad en CABA, que mostró un diferencia de cantidad de días de clase marcada en el segundo trimestre y permitió que las madres se volvieran a volcar al mercado laboral», analizó Gismondi. Parafraseando a la premio Nobel de Economía Esther Duflo, señaló que «cerrar las escuelas es un impuesto directo a las mujeres«.
Otros datos oficiales le dan sustento a este cruce de variables. Según un estudio de impacto realizado por el Indec entre agosto y octubre de 2020, el 66% de los hogares con niños, niñas y adolescentes en edad escolar incrementó el tiempo dedicado a tareas de apoyo escolar y el 65,5% aumentó el tiempo dedicado a tareas domésticas. El 64% de esos hogares declaró que esas tareas fueron realizadassolo por mujeres o mayoritariamente por ellas.
Según el último Global Gender Gap Report 2021, que publica anualmente el Foro Económico Mundial, en solo un año la pandemia postergó 36 años el cierre de las brechas de género, tiempo que se suma a los 99 años que ya marcaba el mismo reporte en 2020. Esto significa que faltarían 135 años para alcanzar la paridad entre varones y mujeres. «Otra generación de mujeres tendrá que seguir esperando», concluye el informe, que mide las brechas en la participación económica, política, el acceso a la salud y a la educación, entre otras variables, en todo el mundo.
También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) concluyó que Latinoamérica retrocedió una década en términos de la participación económica de las mujeres. El paso a la virtualidad de escuelas y jardines, el cierre de clubes, espacios de cuidado, así como las restricciones a la movilidad tuvieron efectos sobre los hogares y, especialmente, sobre las mujeres que tienen a cargo personas.
Las tareas de cuidado y limpieza recayeron mayoritariamente en las mujeres durante la pandemia
Tal como señala un informe reciente de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes D’Alessandro, la desigualdad de género es un problema estructural. En la Argentina, las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral, mayores niveles de informalidad, perciben menores ingresos y registran mayores niveles de desocupación que sus pares varones. Las menores de 30 años son las que más obstáculos enfrentan, sus niveles de desocupación duplican los de la población total. Uno de los motivos centrales de estas desigualdades es la distribución asimétrica de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. El trabajo no remunerado es realizado en un 75,7% por mujeres, que destinan en promedio 6,4 horas diarias a estas tareas; casi una jornada laboral extra.
«En la Argentina está penalizado la tenencia de hijos e hijas», dijo Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec, luego de la publicación de los datos de pobreza con que cerró 2020, que mostraban que casi 6 de cada 10 niños y niñas vivían en esa situación. Según detalló, el indicador tan alto de pobreza infantil responde a una primera explicación matemática —tener menores a cargo implica dividir el mismo ingreso entre más personas— pero, sobre todo, a que en la Argentina el tiempo de cuidado y crianza recae fundamentalmente en las familias, que dejan de invertir ese tiempo en el mercado de trabajo.
Como informamos en su momento, a principios de este mes, la Dra. Haydeé Ana María Viola fue galardonada con el prestigioso “Premio Nacional L’Oreal-Unesco por las mujeres en ciencia”, por sus aportes para evaluar los efectos del Covid-19 sobre la salud mental y sobre la cognición de las personas durante la pandemia.
Reproducimos ahora este reportaje a una científica que trabaja en ese campo, que abarca la consolidación de la memoria humana.
“La idea detrás de la investigación que estamos realizando junto a un amplio equipo de colegas es tratar de determinar algunos de los impactos sociales que dejó la pandemia”, dijo Viola. “Entre otras cosas estamos tratando de ver en detalle lo que ocurrió a nivel cognitivo y entender si el impacto percibido tiene que ver con las consecuencias directas del virus sobre el cerebro o está más relacionado a con como la sociedad respondió ante la pandemia”.
La experta, que es investigadora del Conicety trabaja en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias “Eduardo De Robertis”, estudia temas de biología de la memoria desde hace muchos años y detalló que “con este trabajo estamos caracterizando los niveles del desorden de ansiedad generalizada y de depresión. Y analizando como quedó la capacidad “creativa” y la memoria de las personas tras la ola de contagios”. Para poder analizar esta relación recurrieron a la administración de diversos testscognitivos conocidos y validados por años de uso.
“Para obtener buenos resultados debemos evaluar los datos considerando que cada uno de esos registros puede variar dependiendo en cada persona, de su género, edad, su actividad física, como atravesó el tiempo de aislamiento social, su condición laboral y también el haber estado vacunado o haber tenido Covid-19”, relató la investigadora.
Algo importante que resaltó la experta -que recibirá una suma de $ 1 millón que planea invertir en recursos para acelerar la culminación del trabajo- es que su grupo está sistematizando lo que pasa en esta temática en la Argentina para poder determinar los impactos en salud mental y compararlos con otros países. “Es que estos temas son de interés internacional y en muchas naciones se están realizando investigaciones similares. La idea es poder recopilar evidencia sólida que faciliten a los responsables de salud elaborar mejores políticaspúblicas frente a estos problemas”.
-¿Qué encontraron hasta ahora?
-En este año y medio de trabajo completamos dos encuestas y estamos analizando los resultados preliminares. Pero lo que ya se pudo constatar es que, en general, la sociedad elevó sus niveles de ansiedad por la pandemia. Y en particular, vimos uno de los grupos más afectados fueron las mujeres de entre 18 y 30 años. Esto concuerda con lo que se encontró en otros países: las mujeres jóvenes son el grupo más vulnerable y que tuvo el mayor impacto en materia de ansiedad y depresión.
-¿Que consecuencias trajo el aislamiento?
-Es una situación que parece haberse convertido en un factor de riesgo. Quienes guardaron un aislamiento social más estricto fueron también las personas que se autopercibieron con mayores niveles de ansiedad y depresión. Por otra parte, aquellos que realizaron más actividad física, al menos tres veces por semana, parecen haber atravesado la situación con menor nivel de ansiedad o depresión. De ahí podríamos sacar una enseñanza para el futuro que nos sirva para diseñar mejores políticas públicas: el practicar deporte con más frecuencia parece funcionar como un elemento protector efectivo ante situaciones de alto estrés que puedan impactar en nuestra salud mental.
-¿Y cómo funcionó la vacunación en este tema?
-Al momento de hacer la encuesta de mayo de este año ya había un porcentaje importante de gente vacunada. Y lo que encontramos es que entre las personas que informaban tener menores niveles de depresión el hecho de haber recibido la vacuna es uno de los factores que contribuyó a paliar esa situación mental. Evidentemente, la campaña de vacunación ayudó a que la gente se autopercibiera menos deprimida.
La galardonada estudia la memora hace décadas.
Becada por un test
Junto al galardón principal también se premió a otra investigadora en la Categoría “Beca”: este año ese premio lo ganó Ana Sol Peinetti, investigadora asistente que trabaja en el Instituto de Química, Física Medioambiente y Energía (INQUIMAE– Conicet). La distinción le llegó por su trabajo “Monitoreo de variantes de SARS-CoV-2 a través de la detección rápida de antígenos”. En concreto su proyecto apuntó al desarrollo de un test de antígenos muy sensible y altamente específico. Pero tomando también en cuenta su costo económico para hacerlo accesible , sin olvidar analizar la posibilidad de que el test sea fabricado en forma local lo que facilita la masificación del uso de estas pruebas.
(Reproducimos este valioso resumen del periodista Nicolás Deza del Plan de Transición Energética elaborado por la Secretaría que conduce Darío Martínez. Dado el sesgo inevitable que impone a esa repartición su trayectoria y el lugar que ocupa en el planeamiento oficial, no nos sorprende encontrar en el último párrafo la siguiente frase: «Ninguna (nueva) central nuclear entraría en operación antes de 2030, con excepción del prototipo CAREM»).
La Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial el documento “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030”. Contiene las propuestas que elevó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su inclusión en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Energía y el ministerio de Ambiente tensionaron por un documento que, en líneas generales, expresa una visión política de la transición energética en función de objetivos más amplios que la mitigación de las emisiones.
El documento incluye lineamientos para limitar las emisiones vinculadas con la energía. Para reflejar las implicancias de esas líneas de acción se proponen dos escenarios de oferta de energía eléctrica. En el “Escenario de transición energética con capacidades nacionales” (REN 20) la participación de las energías renovables llegaría al 20% de la oferta eléctrica para el 2030. En el “Escenario de transición con ritmo acelerado de renovables” (REN 30) el ritmo de escalamiento de las renovables llega hasta alcanzar el 30% del total.
En términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el escenario REN 20 supone la emisión de 201,4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) por año provenientes de los usos energéticos en distintos subsectores. El escenario REN 30 supone emisiones por 193,7 MtCO2e. Ambos escenarios implican que las emisiones vinculadas con la energía no disminuirán sino que serán limitadas. Argentina se comprometió recientemente a cumplir con una meta global de 349 MtCO2e para el 2030, un 26% menos que lo comprometido en la Contribución Determinada a Nivel Nacional de 2016.
Pero a través de estos escenarios la Secretaría de Energía da cuenta de las implicancias y limitaciones económicas que supone una aceleración mayor en la reducción de las emisiones. “Argentina plantea cumplir sus compromisos internacionales mediante un sendero de descarbonización de la matriz energética acorde a sus capacidades tecnológicas y productivas, considerando sus posibilidades macroeconómicas y su delicado contexto social”, señala el documento.
1 – La finalidad del documento
El documento propone una serie de lineamientos estratégicos para avanzar en materia de “Transición Energética”, sustentados en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas” y anclados en un diagnóstico de grandes restricciones macroeconómicas. Son líneas de acción para el cumplimiento de objetivos que responden a una visión política de la transición energética en clave de desarrollo, no para cumplir con metas específicas de descarbonización.
Los objetivos a cumplir son lograr una matriz energética con Inclusión, Estabilidad y Desarrollo, Soberanía Energética, Dinamismo, Federalismo y Sostenibilidad. El objetivo de Soberanía Energética incluye “lograr el autoabastecimiento energético, mediante la utilización plena de los recursos más abundantes, disponibles y valiosos, de las cuencas onshore y off shore”. En Sostenibilidad, se propone que “sobre la base de los recursos existentes y potenciales, mitigar el impacto medioambiental incluyendo una reducción de las emisiones de CO2”.
Para cumplir con esos objetivos es que se proponen siete lineamientos estratégicos: Eficiencia energética; Energía limpia en emisiones de GEI; Gasificación; Desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales; Resiliencia del sistema energético; Federalización del desarrollo energético y Estrategia nacional para el desarrollo del hidrógeno.
Se advierte que el desarrollo de estas líneas de acción implicarán un gran esfuerzo para la economía argentina. “El avance y profundización de cada línea de acción, así como sus consecuentes resultados, están estrictamente ligados a las capacidades de la economía para crecer y poder afrontar los esfuerzos financieros en divisas que la transición energética requiere”, señala el documento.
De esta forma, la transición energética es caracterizada en función de objetivos de desarrollo igual de relevantes que la mitigación de las emisiones, con énfasis en los límites macroeconómicos, especialmente de disponibilidad de divisas. “La descarbonización como horizonte, planificada sobre la base de las capacidades sociales, tecnológicas, industriales y macroeconómicas argentinas, habilita un sendero de desarrollo hacia un país más limpio y más justo, para esta generación y las que han de venir”.
2 – Escenarios energéticos
El documento incluye una serie de Escenarios energéticos al 2030. Son estimaciones preliminares, que surgen de la combinación de políticas tanto de demanda como de oferta. El documento destaca que “no se asignan probabilidades de ocurrencia a los mismos, sino que se presentan los resultados de manera imparcial como un insumo para la toma de decisiones de la Secretaría de Energía”.
Hay escenarios de demanda eléctrica y de gas natural, de combustibles, así como de oferta de energía eléctrica y oferta local de petróleo y gas, entre otros puntos. Los supuestos considerados a la hora de elaborar los escenarios incluyen un crecimiento del PBI del 2% i.a. de largo plazo, crecimiento de la demanda eléctrica entre 1,7 y 2,4% i.a., crecimiento de la demanda de gas natural entre 1,7 y 3,5% i.a. y crecimiento de la demanda de combustibles de 2,3% i.a. Por el lado de la oferta, la producción de gas natural y de petróleo para abastecimiento local entre 2019 y 2030 crece entre 2,4 y 3% i.a. y 3,4 y 6% i.a., respectivamente. No se realizaron estimaciones de exportaciones de petróleo ni gas natural.
Por otro lado, se ofrecen dos escenarios de oferta de energía eléctrica, en los que se transparenta la visión política de la transición energética. El “Escenario de transición energética con capacidades nacionales” (REN 20) plantea alcanzar un 20% de generación renovable al 2030. El “Escenario de transición con ritmo acelerado de renovables” (REN 30) establece que la potencia renovable alcanzaría el 30% de participación en la oferta eléctrica.
Estos dos escenarios se diferencian por sus implicancias en términos de cantidad de nueva potencia renovable incorporada, demanda de divisas, reducción de las emisiones, costos asociados y oportunidades de desarrollo tecno-productivo.
3 – ¿Qué supone el escenario REN 20?
El “Escenario de transición energética con capacidades nacionales” (REN 20) supone un escenario en el que el suministro de energía sirve a objetivos de desarrollo socioeconómicos amplios, “en línea con una tendencia fundada en las capacidades nacionales, consistente con la estabilidad macroeconómica (menor demanda de divisas) y a un ritmo de incorporación de nueva potencia en sintonía con el crecimiento de la demanda eléctrica”.
En este escenario el incremento de potencia eléctrica es de 7764 MW, con 4233 MW de energía eólica y solar. De esta forma, la participación de las energías renovables llegaría al 20% de la oferta eléctrica. La inversión estipulada para todo el incremento de potencia eléctrica trepa a los u$s 9924 millones, con un gasto de divisas por u$s 3796 millones. Esto implicaría una demanda media anual de divisas de u$s 422 millones.
En cuanto a la participación de los tecnólogos nacionales, para el caso de la energía eólica su participación en la potencia eólica incremental alcanza el 70%. En el caso de la energía solar fotovoltaica, es posible cubrir un 70% del incremento de potencia.
También implica mayores requerimientos de petróleo y gas natural que en el REN 30.
4 – ¿Qué supone el escenario REN 30?
El “Escenario de transición con ritmo acelerado de renovables” (REN 30) supone que la búsqueda de una descarbonización por encima de las capacidades industriales locales implicaría una mayor necesidad de inversiones y de divisas, incremento en los costos de generación y menores oportunidades para el desarrollo de tecnólogos nacionales y de proveedores locales y bienes relacionados con las renovables.
En este escenario, el ritmo de escalamiento de las renovables es mayor que la demanda proyectada. El incremento de potencia eléctrica es de 10.839 MW, una diferencia de 41% respecto al REN 20. De esa potencia nueva, 7408 MW son de energías eólica y solar, lo que representa una potencia adicional en renovables de 3.175 MW respecto al REN 20. Gracias al diferencial de nueva potencia renovable, las emisiones del subsector eléctrico representan 17.1 millones de toneladas equivalentes de CO2, un 5,5% menos que en el REN 20.
Pero las inversiones y las divisas necesarias aumentan significativamente respecto al REN 20. Las inversiones calculadas solo para toda la nueva potencia eléctrica son de u$s 13.970 millones, con un gasto de divisas por u$s 6770 millones (una demanda media de u$s 751 millones anuales, en promedio). Las inversiones en transporte también suben significativamente respecto al REN 20, alcanzando los U$S 5575 millones.
También se señala un aumento de costos por el sobre dimensionamiento del parque de generación y un consecuente desplazamiento de generación térmica, que deberá ser remunerada. “El desplazamiento de centrales térmicas eficientes ya amortizadas (con bajos costos de generación) por nuevas centrales renovables (con capital que debe amortizarse), llevaría a un aumento en los costos de generación”, advierte el documento.
En cuanto a la participación de los tecnólogos nacionales, para el caso de la energía eólica su participación en la potencia incremental alcanza el 38%. En el caso de la energía solar fotovoltaica, es posible cubrir un 46% del incremento de potencia. Son participaciones significativamente menores que en el REN 20.
También supone un mayor requerimiento de gas natural y relativamente menores requerimientos de petróleo que en REN 20.
5 – Inversiones y divisas
Los escenarios REN 20 y REN 30 contemplan la necesidad de inversiones y de divisas en al menos tres rubros: incremento de potencia, transporte de electricidad y eficiencia energética. En ambos escenarios se contemplan cuantiosas inversiones en eficiencia eléctrica por US$ 7829 millones.
El escenario REN 20 contempla la necesidad de inversiones en nueva potencia por U$S 9924 millones, con un gasto de divisas por u$s 3796 millones. Esto supone una demanda media anual de divisas de U$S 422 millones. Si se suman las inversiones necesarias en transporte eléctrico por U$S 2875 millones y en eficiencia eléctrica, las inversiones globales alcanzan los 20.628 millones de dólares.
Para el escenario REN 30 las inversiones calculadas solo para toda la nueva potencia eléctrica son de U$S 13.970 millones, con un gasto de divisas por U$S 6770 millones (una demanda media de u$s 751 millones anuales, en promedio). Las inversiones en transporte suben significativamente respecto al REN 20, alcanzando los U$S 5575 millones, mientras que las inversiones en eficiencia eléctrica son iguales que en el REN 20. En suma, las inversiones globales necesarias por estos tres conceptos trepan a 27.374 millones de dólares.
De esta forma, el REN 30 lograría un aumento en la potencia instalada 41% mayor al planteado en el REN 20, pero con un aumento de un 25% en las inversiones globales necesarias y una demanda de divisas 78% mayor.
6 – Emisiones: caen en Generación Eléctrica e Industrial pero aumentan en general
En los escenarios REN 20 y REN 30 se observan reducciones significativas de emisiones en el subsector de Generación Eléctrica y leves en el subsector Industrial. Pero al considerar todos los subsectores de energía, en ambos escenarios las emisiones aumentan levemente debido a un crecimiento importante de las emisiones en el subsector de Transporte y Agrícola.
Para comparar las emisiones en dichos escenarios se toma en consideración el 2016, año del último Inventario Nacional de GEI hasta el momento del análisis, que arrojó 193,4 MtCO2e. Las emisiones del sector energético serían de 201,4 MtCO2e en el REN 20 y de 194,1 MtCO2e en el REN 30. Es decir, aumentan entre un 0,4 y 4,2% según el escenario.
Las emisiones en el subsector de Generación Eléctrica caen de 47,8 MtCO2e en 2016 a 16,7 MtCO2e en REN 30 y 22,6 MtCO2e en el REN 20. Son reducciones de 64,2% para el REN 30 y de 52,7% para el REN 20. En el subsector Industrial caen de 33,3 MtCO2e en 2016 a 29,8 en ambos escenarios.
Sin embargo, aumentan las emisiones en el resto de los subsectores en ambos escenarios. Transporte y Agrícola es el subsector en el que más aumentan las emisiones, pasando de 51,9 MtCO2e en 2016 a 72,1 MtCO2e en ambos.
7 – Eficiencia energética: demandante en inversiones y consumo de divisas
La línea de acción en Eficiencia Energética supone una serie de medidas de importante impacto en la reducción del consumo de electricidad y de gas pero con elevadas necesidades de inversión y consumo de divisas. Este último gasto es notorio: requieren mucha más divisas que las estimadas para transporte eléctrico en ambos escenarios.
Las medidas tienen por objetivo reducir en hasta 8,5% el consumo de electricidad y de gas en todos los sectores de la economía, en relación con el escenario de demanda energética tendencial, por medio de usos más eficientes del consumo energético. También se incluyen medidas asociadas a la mayor eficiencia en la generación de electricidad y la adopción de tecnologías para la reducción de emisiones fugitivas de metano.
Se contemplan medidas de eficiencia principalmente en el sector residencial e industrial. En el residencial destacan la promoción de medidas de aislación edilicias (permitirían un ahorro en los gastos de refrigeración y/o calefacción de entre 40 y 50%), sustitución de equipos de conservación de alimentos y reemplazo de calefones y termotanques. En el sector industrial
Las medidas de eficiencia eléctrica suponen una inversión de U$S 7829 millones, con una necesidad de divisas por U$S 5610 millones. El consumo de divisas representa más que los 2230 y 862.5 millones de dólares necesarios para transporte eléctrico en los escenarios REN 30 y REN 20, respectivamente.
8 – Las fuentes que más crecen: eólica e hidroeléctrica
De los escenarios de oferta eléctrica planteados se desprende que la nueva potencia agregada descansa principalmente en la construcción y culminación de parques eólicos y de represas hidroeléctricas.
En energía eólica se sumaría potencia por 6008 y 3283 MW en los escenarios REN 30 y REN 20, respectivamente. En energía hidroeléctrica se contempla sumar 2187 MW gracias a la terminación de los proyectos Aña Cuá (275 MW, 2024), Gobernador Cepernic (360 MW, 2025), Nestor Kirchner (950 MW, 2026) y Chihuido I (637 MW, 2027).
En ambos escenarios se estima que, inicialmente, se completarán aproximadamente 1.650 MW de los proyectos de RenovAr, Res 202 y MATER (eólicos en su mayoría) que todavía no fueron ejecutados y se encuentran en proceso de negociación.
9 – Mayor demanda de gas y electricidad
Los escenarios estimados de demanda y oferta de gas y electricidad varían según las políticas aplicadas.
En electricidad se estima un crecimiento anual del consumo eléctrico del 2,4%, alcanzando los 168 TWh en un escenario de políticas existentes (actualmente se ubica entre los 130 TWh y 135 Twh anuales), cuyo incremento podría reducirse a 155 Twh (a una tasa de 1,7% i.a.) si se aplican diversas medidas de eficiencia energética, según los resultados obtenidos para el escenario eficiente (permitiendo un ahorro de hasta 13 TWh). En el escenario vigente, el sector con mayor crecimiento es el de usuarios residenciales, con un 3,7% de crecimiento anual acumulado.
En cuanto a la demanda de gas natural, se toma como referencia que la demanda final de gas natural (excluyendo usinas) rondó en 2019 los 76,8 MMm3/d. El sector industrial consumió 36,8 MMm3/d, el sector residencial 28,1 MMm3/d, el consumo de GNC unos 6,8 MMm3/d y el sector comercial y público 5,2 MMm3/d.
En función de los escenarios presentados se estima que el consumo final de gas natural tendría un incremento de 2,7% anual acumulado en el escenario vigente y de 3,6% en el escenario de políticas activas, explicando la diferencia por la mayor participación del uso de gas en el sector transporte (GNC). De este modo, el consumo de gas distribuido final al 2030 alcanzaría los 113 y 103 millones de metros cúbicos diarios en los escenarios ambicioso y vigente, respectivamente. Estos valores podrían reducirse a 104 y 93 millones de metros cúbicos diarios respectivamente luego de aplicarse políticas de eficiencia en el consumo.
Por el lado de la oferta de petróleo y gas, el escenario de políticas activas implica una mayor demanda de gas natural, impulsando la producción nacional en 10 MMm3/día. El escenario de políticas existentes implica una mayor producción de combustibles y petróleo. El crecimiento de la producción de gas natural se asocia principalmente al crecimiento de la demanda local (mayor en el grupo de escenarios de políticas activas) y la potencialidad de exportar gas a escala (hasta 30 MMm3/día) tanto a Brasil como a Chile.
10 – Gasoductos y centrales nucleares
Las necesidades de inversión y de consumo de divisas se incrementan al considerar distintos proyectos de gasoductos y de centrales nucleares.
Las inversiones en transporte por gasoducto son funcionales a la promoción de las acciones en Gasificación. Se señala que el principal límite estructural para el mayor consumo de gas es el transporte desde los centros de producción hasta los puntos de consumo, pese al incremento de la producción gracias al plan GAS.AR.
La Secretaría de Energía propone entonces el el Plan TransportAR para resolver el déficit de infraestructura, con inversiones distribuidas en tres etapas. En su Etapa I, prevista a ejecutarse desde el año 2021 hasta 2023, prevé inversiones en gasoductos por 3.371 millones de dólares. Una etapa II ya esta en planificación y se estima también que para 2030 ya va a estar ejecutada la etapa III. Los montos invertidos en total se estiman en alrededor de USD 10.000 millones.
Por el lado de las centrales nucleares, se prevé el comienzo de construcción de al menos una central durante la próxima década, la cuarta central de tecnología Hualong, con otro proyecto también en capeta (una quinta central de tecnología CANDU). El capex de la central Hualong se estima cercano a los U$S 7900 millones. En cualquier caso, ninguna central entraría en operación antes de 2030, con excepción del prototipo CAREM.
El Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar) denunció que, previo al acuerdo de precios congelados que firmaron con el gobierno, los laboratorios aumentaron las marcas más usadas de medicamentos un 4% promedio en octubre, por encima de la inflación, con lo que cubrieron sus planes de negocio para el 2021 y siguen bajo la misma tendencia que en los meses anteriores.
El director del CEPROFAR, Rubén Sajem, señaló que “en octubre las marcas más usadas subieron un 4 por ciento, con picos del 11 por ciento para la vitamina C y 9 por ciento en el caso de la levotiroxina (tratamiento para el hipotiroidismo)”.
Otros aumentos fueron en los colirios (suspensiones o disoluciones para ojos) 11%; y 8% los de tipo pediátrico. “Se mantiene la gran diferencia entre marcas, de 4 a 1” , sostuvo Sajem, en lo que representa la continuidad de una problemática que necesita analizar el Gobierno como la dispersión de precios.
Respecto del plan de congelamiento, si bien se mostró a favor, indicó: “Podría afectar a las farmacias, que tienen una rentabilidad escasa atada a medicamentos, del 10% o menos”.
“Los laboratorios ponen el precio que el público, los proveedores y las obras sociales pueden pagar», sentenció. «El precio de los medicamentos no tiene que ver con sus costos de producción. Hay diferencias de precios de hasta cuatro veces entre marcas de un mismo medicamento», reseñó el directivo del Ceprofar.
«El margen de la farmacia no pasa del 10 por ciento y dos tercios de la rentabilidad de la farmacia se pierde en el trámite para cobrar. El que determina el precio es el laboratorio», completó Sajem.
«El medicamento está regulado desde lo sanitario, pero no desde lo económico. Hasta ahora se apeló a la autorresponsabilidad de los laboratorios para fijar el precio. Un antibiótico o un antitérmico pediátrico aumentó 20 puntos por encima de la inflación en los últimos dos años. Hablamos de fórmulas como el Ibuprofeno, que son del año 1969», explicó.
«El medicamento se produce, se promueve con el médico, se hacen los acuerdos con las obras sociales para que reconozcan determinadas marcas. Todo este dispositivo está incluido en el precio. Las personas de menos recursos, las que tienen menos educación sanitaria, son las que más tratan de comprar la marca que le anotó el médico», narró Sajem.
En 2018 y 2019, a partir de que se quitara la gratuidad de los medicamentos a los jubilados, se vendieron 80 millones menos de unidades. Hubo tratamientos caídos, porque la gente iba a la farmacia con tres medicamentos recetados y decían: “me alcanza para uno o para dos”.
Apoyo a genéricos
Desde el Ceprofar -cuyos informes son leídos por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, según manifestó el propio funcionario- se remarcó la importancia que tiene para la Salud Pública la prescripción de medicamentos por nombre genérico, vigente por la Ley 25.649/02, que permite que se pueda elegir el precio más conveniente del medicamento recetado, de acuerdo al nombre genérico, en lugar de referenciarse por marcas comerciales.
«Desde nuestro punto de vista, este es un mecanismo de regulación fundamental, y una herramienta que permite a los farmacéuticos de todo el país ofrecer todas las alternativas posibles de los medicamentos disponibles, y sus precios, para permitir el acceso a las farmacoterapias a los precios más convenientes», expresa la institución.
La lista encabezada por Javier Milei (La Libertad Avanza) fue la sorpresa en las elecciones 2021 en la Ciudad de Buenos Aires al quedar como la tercera fuerza más votada en el distrito. Con el recuento provisorio finalizado el economista se convierte también en el único candidato que sacó más puntos de diferencia en relación a las PASO en los barrios más pobres de la CABA.
La lista de Javier Milei obtuvo el 17,03% de los votos en la ciudad, detrás de la del Frente de Todos (25,10%) y la de Juntos por el Cambio (47,01%).
El economista que se denomina a sí mismo como «anarco capitalista» consiguió dos bancas en la Cámara de Diputados. Además de él, se convertirá en diputada a partir del 10 de diciembre la abogada y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Victoria Villarruel.
En la Legislatura porteña, La Libertad Avanza debutará en con cinco bancas, donde se destaca el ingreso del youtuber financiero Ramiro Marra.
Con el recuento provisorio concluido, y a la espera de los resultados definitivos de la Justicia Electoral, Javier Milei se convierte también en el único candidato que aumentó de manera significativa el porcentaje de votos obtenidos en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Éstas son la 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo) y la 4 (La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios).
Mientras que María Eugenia Vidal y Leandro Santoro obtuvieron aproximadamente los mismos resultados que en las primarias (el Frente de Todos ganó votos, mientras que Juntos por el Cambio los perdió), en las comunas 8 y 4 Javier Milei creció casi 4 puntos.
En la comuna 8 Juntos por el Cambio consiguió el 34,40% de los votos en las generales contra el 35,34% en las PASO. En tanto, el Frente de Todos obtuvo 36,38% el domingo contra 35,84% en septiembre pasado.
Por su parte, La Libertad Avanza de Javier Milei cosechó en la comuna 8 19,18%, cuatro puntos más que en las PASO cuando se había quedado con el 14,88%. Representa, a su vez, un porcentaje mayor que el 17,03% conseguido en toda la Ciudad.
En la comuna 4 Juntos por el Cambio consiguió en la instancia de elecciones generales el 38,41% contra el 39,22% de las PASO. Mientras que el Frente de Todos se quedó con el 33,03% de los votos versus 32,32% de las primarias. Y la lista de Javier Milei obtuvo 17,53% de los votos, casi cuatro puntos más que los 13,78% que había registrado en las PASO.
Las observaciones de los satélites de la NASA determinaron que el agujero de ozono alcanzó un máximo de 24,8 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de América del Norte.
Un nuevo video de la NASA del 29 de octubre destaca el gigantesco agujero de ozono que se ha abierto sobre la Antártida este año, el cual alcanzó su área máxima de 24,8 millones de kilómetros cuadrados, casi del tamaño de América del Norte.
Científicos de la NASA y de la NOAA informaron de que un invierno más frío de lo habitual en el hemisferio sur provocó un agujero de ozono profundo y mayor de lo normal en 2021.
Según un comunicado de prensa del Observatorio de la Tierra de la NASA, el agujero de este año alcanzó su área máxima el 7 de octubre y se sitúa como el decimotercero más grande desde 1979. Se espera que el agujero de este año se cierre no antes de finales de noviembre.
La siguiente animación muestra la evolución del ozono sobre el Polo Sur entre el 1 de enero y el 7 de octubre de 2021. Las pérdidas de ozono que eran moderadas (naranja) a finales de agosto se hicieron más potentes (rojo) y generalizadas a lo largo de septiembre. Las temperaturas más frías que la media y los fuertes vientos en la estratosfera que rodean la Antártida contribuyeron a su tamaño.
«Agujero de ozono»
Lo que llamamos «agujero de ozono» es un adelgazamiento de la capa de ozono en la estratosfera sobre la Antártida que se produce cada septiembre.
Formas químicamente activas de cloro y bromo –derivadas de compuestos producidos por el hombre– se liberan en la estratosfera durante las reacciones en las nubes polares de gran altitud. El cloro y el bromo reactivos, continúa el comunicado, inician entonces reacciones de destrucción del ozono cuando el Sol sale en la Antártida al final del invierno.
Según la NASA, aunque el agujero de ozono antártico de 2021 es mayor que la media, es sustancialmente menor que los de finales de los años 90. «Se trata de un gran agujero de ozono debido a las condiciones estratosféricas de 2021, más frías que la media, y sin el Protocolo de Montreal habría sido mucho mayor», dijo Paul Newman, científico jefe de ciencias de la Tierra en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
El Protocolo de Montreal de 1987 restringe las sustancias que agotan la capa de ozono entre las casi 50 naciones que lo cumplen, pero la mayoría de las naciones del mundo no son signatarias; al menos algunas de esa mayoría no cumplen los protocolos.
Newman y sus colegas calcularon, según el comunicado, que el agujero de ozono de este año habría sido mayor en unos cuatro millones de kilómetros cuadrados en las mismas condiciones meteorológicas, si los niveles de cloro atmosférico procedentes de los CFC fueran tan altos hoy como a principios de la década de 2000.
Según reporta Live Science, cuando se firmó el protocolo, los científicos sugirieron que la capa de ozono se recuperaría en 2060. Pero la recuperación está siendo más lenta de lo previsto y el consenso ahora parece ser que no será antes de 2070, dijo Vincent-Henri Peuch, director del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera Copernicus de la Unión Europea, en una entrevista reciente a Space.com.
La disminución de la capa de ozono que se ve en el vídeo de la NASA es vigilada por tres satélites operados por la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA): Aura, Suomi-NPP y NOAA-20.
Es la primera vez -que sepamos nosotros- que el Ing. Tulio Calderón, gerente de proyectos nucleares en INVAP, da un reportaje largo como éste que reproducimos aquí. Es un personaje que hizo mucho y habla poco dentro de una empresa de suyo más conocida por sus obras que por sus proyectos, y sin un discurso propio, o al menos público, y por razones excelentes: supervivencia.
Y es que son proyectos en general audaces y de alto vuelo. Pero cada vez que la Argentina se endeuda demasiado e incurre en «gobiernos de ajuste permanente», el techo de soberanía tecnológica del país baja tanto que son aplastados.
De modo que valoramos la prudencia de Calderón cuando dice que a INVAP le conviene no mantener una base numéricamente alta de recursos humanos y asume que la empresa está condenada a ciclos de expansión y contracción. Pero nos vemos obligados a aclararle a nuestros lectores que esto no sucede debido a ciclos climáticos o astrofísicos, sino políticos y diplomáticos.
¿La hacemos fácil? Cuando llegó Carlos Menem al gobierno, INVAP ya tenía dos reactores nucleares vendidos en Medio Oriente, uno de investigación en Argelia y otro de fabricación de radioisótopos médicos en Egipto. El paso siguiente, asunto en que INVAP habría participado con la CNEA, habría sido vender centrales de potencia en esa zona del planeta. El de las centrales nucleoeléctricas es un mercado miles de veces mayor, en dinero, que el de los reactores de investigación y/o producción de radioisótopos. La CNEA tenía incluso un socio internacional importante para irrumpir en el rubro nucleoeléctrico: SIEMENS de Alemania. Había formado una empresa mixta con esa firma alemana, de sede en Buenos Aires (ENACE). De modo que a fines del gobierno de Alfonsín, la Argentina tenía dos proyectos innovadores exportables, a falta de uno.
El primer proyecto era la central de uranio natural y agua pesada ARGOS 380, una especie de Atucha I con mejoras en potencia (60 megavatios más) y seguridad. ¿Interesados? Egipto, Arabia Saudita e incluso Irán como clientes posibles. Si el último cliente le parece objetable, era nuestro máximo comprador de trigo, en sustitución de la ya implosiva Unión Soviétca. Además de lo cual, la venta de una central se hace bajo la supervisión poco menos que paranoica del Organismo Internacional de Energía Atómica, y la tecnología nucleoeléctrica es bastante inútil para generar aplicaciones militares.
Si bien el negocio básico habría sido de ENACE, y por ende de CNEA y SIEMENS, la hora de ingeniería argentina costaba un tercio de la alemana, e INVAP habría debido inevitablemente movilizar parte de sus huestes nucleares como subcontratista a esa zona del planeta para la construcción.
El segundo proyecto era aún más interesante: la central nuclear compacta CAREM, de agua natural y uranio enriquecido. Había un socio posible y vivamente interesado en construir el CAREM de a decenas: Turquía. El CAREM está diseñado en módulos fabricables a gran escala y ensamblables en el sitio de construcción. El socio para fabricarlo y venderlo en medio planeta era Turquía, país con ya una considerable industria pesada pero cero experiencia nuclear, cuyos cuatro partidos políticos habían votado por alocar al CAREM una cifra hoy equivalente a U$ 400 millones.
Las Fuerzas Armadas turcas (todavía políticamente muy relevantes, a fines de los ’80) estaban también a favor de esta asociación con Argentina. La voluntad turca era la de entrar al mercado nuclear directamente por la puerta grande y como vendedor, sin pasar -como la Argentina- por una larga etapa formativa como comprador, absorbiendo tecnología ajena y desarrollando lentamente una propia. Los medios de Ánkara, comprensiblemente, estaban emocionados y entusiasmados.
No nos hace falta que nos la cuenten: en Abril de 1988 estuvimos en Turquía junto al embajador Adolfo Saracho, gestor de la movida, y vimos todo. Había un ir y venir de los entonces escasos expertos de la TAEK (la Comisión de Energía Atómica de Turquía) a Bariloche, sede de INVAP, y de ingenieros y físicos barilochenses a Ánkara.
El dinero votado por unanimidad en el Parlamento turco era el costo estimado de un prototipo de 25 MW eléctricos del CAREM en suelo turco, bajo dirección de una UTE binacional creada ad-hoc entre la TAEK e INVAP. Pero la Argentina debía a su vez al menos iniciar la fabricación de una planta de producción de componentes para el CAREM en suelo propio. Sin embargo, nuestro país estaba absorto en el caos de la hiperinflación y la crisis de gobernabilidad de Alfonsín, y ni se enteraba de estas cosas.
Los turcos estaban fuera de la neblina. Nosotros no.
Vimos también cuando -a pedido del Canciller Guido di Tella– el nuevo presidente Menem destruyó de un saque ambas movidas comerciales. Cerró ENACE (adiós al ARGOS), y descarriló deliberadamente la negociación de transferencia de tecnología con la TAEK, pidiéndole una comisión escandalosa incluso para los inventores originales, hace miles de años, del comercio entre estados. Pero al mismo tiempo, Menem intentó abiertamente que INVAP quebrara: tenía exportaciones por U$ 30 millones (a valor de hoy) embarcadas en el puerto de Campana para una planta de concentrado de uranio. Di Tella las hizo bajar al muelle.
E INVAP, que en su preparación para el ARGOS y para el CAREM tenía 1300 empleados (en su 90% ingenieros, físicos y químicos nucleares, expertos en materiales y combustibles), tuvo que dejar a 1000 en la calle para sobrevivir. Y sin garantías de hacerlo.
En los largos años siguientes, no habría perdurado sin dos salvatajes: la terminación del reactor ETRR2 en Inshas, Egipto, y el providencial pedido de Conrado Varotto, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para la construcción del satélite SAC-B… y los que siguieron. Al salvar a INVAP Varotto estaba salvando su propia obra: en 1974, había sido el fundador de esa empresa.
Probablemente para desilusión de la diplomacia de los EEUU, que operó todo esto entre bambalinas, la industria nuclear yanqui no se benefició en nada. Y es que desde los ’70 los autodenominados americanos no tienen nada bueno para vender en el rubro nucleoeléctrico.
Los vacíos que dejaron ENACE e INVAP en el mercado de tecnología nuclear de África y Medio Oriente, por ende, no tardaron en ser llenados por competidores en algunos casos emergentes. En lugar de reactores CAREM, que habrían sido los primeras centrales modulares compactas del mundo, aptas para exportadas a 20 o 30 países, Turquía terminó comprándole centrales nucleares gigantes y nada innovadoras bajo régimen BOO (Build, Own and Operate) a Atomtroyexsport de Rusia, sin ninguna transferencia de tecnología. Jurídicamente, las centrales rusas de Akkuyu en Turquía son tan extraterritoriales como la embajada rusa. Turquía se limita a poner el sitio y comprar la electricidad.
En términos no tan distintos, los Emiratos Árabes Unidos compraron centrales «llave en mano» a la KEPCO coreana la planta de Barakh, nuevamente sin un gran beneficio tecnológico e industrial para el comprador, salvo el producto eléctrico. Y el ARGOS 380 de ENACE, tan paseado en planos y ambicionado por los países del Magreb, jamás se construyó en ningún lado. Aquí tampoco.
La reconstrucción de los recursos humanos de INVAP fue lenta y cautelosa, pero la hizo posible el estado. El estado australiano, claro está.
Sucedió cuando en 2000 y contra los pronósticos sombríos de mucho mufa y mucho idiota, INVAP le ganó a los principales constructores nucleares de entonces (Francia, Rusia, EEUU, Canadá y Japón) la licitación por el reactor OPAL de Sydney, Australia. Se entregó en 2006 y desde entonces es, además de un reactor de investigación, la mejor planta de producción de radioisótopos médicos del mundo por disponibilidad y por eficiencia. Con apenas 20 MW provee el 40% del mercado europeo y norteamericano, además del propio y el regional.
Pileta abierta del reactor OPAL de Sydney, Australia, considerado el mejor reactor multipropósito del mundo desde su inauguración en 2006. La licitación se ganó en 2000, y salvó a INVAP del cierre.
En 2006 el kirchnerismo, nacido en una provincia petrolera, se dio cuenta de que sin energía nuclear el «levántate y anda» industrial argentino posterior al crack de 2001 se quedaba sin electricidad, o condenado a pagarle más de U$ 5000 millones/año a Bolivia y los Emiratos por su gas. Y así, por necesidad, el peronismo, inventor del átomo argentino, redescubrió el átomo argentino. La CNEA resucitó, se desempolvaron los planos de Atucha II y la Argentina inició una reconstrucción de otros proyectos y fierros nucleares abandonados. La participación de INVAP fue importante en todos ellos.
Pero la empresa aprovechó la rareza histórica de tener al estado argentino a su favor, en lugar de en contra, para hacerse fuerte en el área espacial con los satélites SAC-A, SAC-C, SAC-D, y SAOCOM 1A y 1B de la CONAE. Néstor Kirchner, además, en 2006 fundó la empresa ARSAT para que la Argentina no perdiera por abandono sus últimas dos posiciones orbitales geoestacionarias, una de las cuales (la 81o Oeste), explotada a fondo, puede producir tanta rentabilidad en telecomunicaciones como una provincia chica… pero sin sus gastos.
El fundador y primer director de ARSAT algo sabía de ingeniería espacial: es el Ing. Pablo Tognetti, diseñador y constructor en INVAP de todos los satélites de la CONAE. Con un «invapio» con pedigrí dirigiendo ARSAT (hasta 2013), INVAP construyó los exitosos ARSAT-1 y ARSAT-2, en vuelo desde 2014 y 2015, y se dotó de equipamiento, RRHH y además del respaldo legal para producir los ARSAT siguientes hasta el 8, a razón de uno cada 2 años, con potencias y ancho de banda crecientes y nuevos y mejores medios de propulsión. Esto, como se sabe, no sucedió.
Inevitablemente, mientras parecía que iba a suceder y que nos volveríamos la 8va potencia en telecomunicaciones espaciales, hubo países interesados en asociarse a ARSAT e INVAP, distintos entre sí y de distintos modos. Francia estaba interesada en diseñar conjuntamente con ARSAT motores iónicos, totalmente distintos de los químicos (de mucho mayor impulso específico y de menor peso). Turquía, en cambio, reapareció como posible cliente de satélites geoestacionarios. Y todavía no se fue.
Durante todo el período que va de 2003 en adelante, INVAP, para apalancarse, se diversificó en varios campos más: por una parte, diseñó e instaló todos los radares secundarios de aeronavegación comercial de la Argentina, y por otro empezó la construcción de radares militares de diversa potencia, tecnología y tamaño, entre ellos los meteorológicos que fue desplegando el SINARAME, o Sistema Nacional de Radares Meteorológicos para dar alertas rápidos de tormentas severas. Tras mucho esfuerzo y desarrollo, ya hay naves de la Armada y aviones de la Fuerza Aérea radarizados por INVAP, así como móviles del Ejército, y este año se produjo la primera exportación de radares aeroportuarios a Nigeria.
Radar militar móvil RPA 170, de 240 km. de alcance. Viaja en un container a cualquier sitio con algún camino, y lo pueden desplegar 2 técnicos en 2 horas.
Hubo también una síntesis sensacional de capacidades espaciales y radarísticas: los satélites SAOCOM 1A Y 1B funcionan con inmensos radares en banda C, capaces de detectar el contenido de agua en suelos y debajo de ellos, predecir rindes de cosecha nacionales y de nuestros competidores, así como de monitorear, predecir y prevenir catástrofes, como deslaves por lluvia o erupciones. Argentina fue el primer país del planeta en intentar poner un radar de este porte en un satélite de observación terrestre, y el segundo (tras Japón) en lograrlo.
El ARSAT-3 está en construcción, pero tuvo que dar varios saltos evolutivos. Como los satélites 3, 4, 5 y 6 no se construyeron por disposición del gobierno de Mauricio Macri, tiene sistemas de potencia eléctrica, antenas y motores que habrían sido los de los ARSAT 7 y 8, según la planificación de 2015. Y su ingeniería se está transfiriendo a TAI, la industria aeroespacial oficial turca, que se asocia con INVAP para mayores, es decir para vender satélites de última generación en todo el mundo.
La sociedad tecnológica entre países que no se pudo hacer en reactores en tiempos de Menem y debido a Menem, se está haciendo en satélites de telecomunicaciones. Mientras el diablo no meta la cola, por supuesto, costumbre muy del diablo en este país.
Hablando de ello, cuando Daniel Scioli perdió las elecciones frente a Mauricio Macri, los ARSAT 1 y 2, pese a su tecnología deliberadamente conservadora, de poco ancho de banda (pero en revancha, casi irrompible), estaban ganando no menos de U$ 40 millones/año. En la planificación original de 2015, cada nuevo ARSAT se construiría con el dinero ganado por sus antecesores, satélites hechos para durar al menos 15 años. A partir del ARSAT 4, el estado ya no tenía que invertir un peso más. Era una expansión virtuosa y sostenible. Nuevamente, no nos lo contaron: estuvimos ahí y lo vimos.
¿Y quién paró el ARSAT-3 -y todos los demás- y habilitó unilateralmente 24 satélites extranjeros a dar servicios sobre suelo argentino? Ese Menem rubio y con un paradójico título de ingeniero, Mauricio Macri. Cuyo Jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, además, se empeñó en no pagarle a INVAP los radares de aeronavegación, los militares y los meteorológicos ya entregados, interrumpió todo nuevo pedido y dejó a la empresa endeudada hasta la coronilla. Macri -el heredero de un grupo económico que vivió décadas a costillas del estado argentino- bajó en 2018 a Bariloche a explicarle solemnemente a INVAP que debía ser independiente y sostenerse del mercado, sin ayuda del gobierno. Justamente él. Pero los periodistas locales lo estaban esperando…
A diferencia de las épocas facilongas de Menem, cuando a la siempre silenciosa INVAP no la conocía casi nadie y se la podía matar sin costos políticos, las cosas habían cambiado. En buena medida, gracias a los satélites de ARSAT la firma barilochense se había vuelto un especie de símbolo nacional, un equivalente industrial y tecnológico de la Selección de Fútbol.
Macri, que ya sabía que no debía pisar un estadio de fútbol, entendió que tampoco debía volver al aeropuerto de Bariloche. Incluso los medios más oficialistas se le pararon de manos, y la deuda del estado nacional con INVAP tuvo que ser pagada (tarde, poco y de algún modo).
¿Eso deja a INVAP en dónde? Los proyectos de 2015 eran muchos. Y no todos han reflotado. En 2014 estaba diseñando y testeando drones aéreos en el marco del proyecto SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino). Macri lo canceló. No tenemos información de que eso haya resucitado.
Nuevamente, a partir de 2016, lo que salvó a la empresa de tener que volver a dejar 1000 o más expertos en la calle fue el estado. El estado holandés, en este caso, porque en 2018 INVAP ganó por segunda vez contra Rusia y Corea del Sur la licitación por el 2do mayor reactor nuclear del mundo: el de sustitución del PALLAS en Petten, sobre el Mar del Norte. Macri aprovechó que estaba representando al país en el foro de millonarios de Davos, Suiza, para fotografiarse con la princesa Máxima y atribuirse (ambos) la hazaña.
Ejemplos de estos podemos dar muchos más. Pero la idea es ésta: los ciclos de expansión y de contracción de los RRHH de INVAP no se deben a la climatología o a la astrofísica. Dependen de que el estado nacional aproveche a esta empresa estatal para apuntalar la calidad de la oferta industrial y tecnológica del país. O de que el estado gobierne para los acreedores externos y contra la industria nacional. Resulta simple.
Entendemos que esto es muy geopolítico, muy pendular y no lo deciden ni INVAP ni Ud., lector. Nos encantaría que el actual gobierno, cuya vocación por lo nuclear y lo tecnológicamente avanzado, se terminara de definir seriamente al respecto. Mientras no lo haga, entendemos las reservas de Calderón a llamar las cosas por su nombre.
Entre tanto, aunque sólo por motivos de claridad, celebramos la definición de INVAP a favor de una línea de futuras centrales nucleares para el país: Calderón dice que debe ser el CAREM y que conviene olvidarse de las plantas diseñadas en los ’60, en las que me temo caen ambas Atuchas, la cordobesa Embalse y todo proyecto de uranio natural y agua pesada.
La planta experimental de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu, Río Negro, primera obra de INVAP, y la que en 1982, cuando se anunció su existencia al mundo, la colocó en la lista de empresas argentinas a exterminar. Hoy está parada.
Su argumento -bastante indiscutible- es que los CANDU son de diseño ajeno y poco o nada exportables. Y la Argentina debe apegarse a un tipo de central nuclear más futurista, que no quede encerrada en los límites geográficos del país, sino que sea lo suficientemente novedosa como para generar compras en el exterior.
En la panoplia local, eso es el CAREM.
O todavía lo era hace 15 años. Porque en materia de SMRs (Reactores Modulares Medianos), el probable futuro de la industria, el mundo se está llenando de ofertas bastante más disruptivas con el modelo PWR, de uranio enriquecido y moderado y enfriando a agua común a alta presión.
Detrás de este muestrario divergente hay empresas nuevas, muy fuertes y agresivas, como NuScale en EEUU, que no tiene siquiera un prototipo en construcción pero está reclutando MOUs (Memorandums of Understanding) en demasiados países. O Rolls Royce, que se propone a sustituir con sus propios SMRs las 8 grandes y decrépitas centrales nucleares británicas. Por no hablar del SMR chino de la CNNC, tan disruptivo que no usa uranio como combustible, ni se refrigera con agua.
Y eso sucede mientras el CAREM prototipo de 32 MW, un reactor propuesto en 1984, se atrasa desde 2011 en una obra civil interminable y llena de retoques que por fin la CNEA derivó a NA-SA, y ésta, con su nueva y combativa dirección, acaba de relanzar.
La eventual terminación y entrada en línea del CAREM 32, sin embargo, no garantiza que acudan clientes a comprar las versiones modulares industriales que están en planos en la CNEA. En ellas prima una planta de 4 módulos de 120 MW cada uno y 480 de potencia conjunta. ¿Por qué no se puede saltar fácilmente a ella desde el prototipo? Porque ambas máquinas serán técnicamente bastante distintas por el diseño termohidráulico.
En contraste con el CAREM, proyecto que la Argentina entretiene sin concretar y que va envejeciendo, la actual dirección de NA-SA, agrupada alrededor de José Luis Antúnez, el hombre que logró terminar Atucha II contra viento y marea, quiere volver a hacer centrales de uranio natural.
Por ahora, no puede. Está hasta las manos tratando de que la inminente Hualong-1 china de 1140 MWe a construirse junto a las Atuchas, en Lima, no se transforme en un negocio únicamente para la industria nuclear china. Asunto ya de suyo complicado. En 2014 los chinos se presentaban como «socios estratégicos», pero ahora que el país está endeudado hasta las orejas se van poniendo en vendedores puros y duros.
Dueños del 75% de la financiación de la Hualong-1, apalancan con la chequera sus pretensiones de que lo único argentino en esta planta sea la obra civil: hormigón y ladrillos. Y NA-SA da pelea no sólo en representación de los fabricantes nucleares nacionales, sino de que estamos en el negocio nucleoeléctrico desde 1974, 17 años antes que China, y somos mucho más viejos aún como exportadores de reactores y de componentes nucleares. Es casi una lucha de nuevos ricos prepotentes contra nobleza vieja y empobrecida… pero no estúpida.
Más allá de la anecdótica Hualong-1, NA-SA tiene otro proyecto muy distinto de futura central como caballito de batalla argentino: una CANDÚ de uranio natural y agua pesada, tecnología para la cual tiene preparada desde hace décadas toda su cadena de proveedores privados, agrupada y fortificada por la terminación de Atucha II, la prolongación de vida de Embalse y la inminente prolongación de la de Atucha I.
Los argumentos de NA-SA por fierros como los CANDÚ tienen la lógica de que no necesitan combustible importado (no enriquecemos uranio en Argentina, salvo a título experimental) y de que este tipo de máquinas pueden financiarse en pesos, no necesitan de experticia canadiense y pueden ser un 70 u 80% nacionales. Eso sí, difícilmente puedan ser exportables, salvo que logremos mejorar decisivamente el diseño original de la CANDU-6 canadiense.
Lo cual no es imposible, empezando por el combustible, que puede no ser uranio natural, ya que el este tipo de centrales funciona con los combustibles más insólitos. No estamos obligados a pedirle asesoramiento a los canadienses, o a hacer una copia muy mejorada de Embalse. Incluso podríamos hacer un SMR de tipo CANDU, es decir de tubos de presión. Y es la cantidad de innovaciones la que decide si eso es propio y exportable sin infringir patentes. Un abogado, allí.
INVAP hoy apunta a recuperar su rol central en el CAREM (lo tuvo entre 1987 y 2006).El difunto Cacho Otheguy, ex gerente general de INVAP, decía que de haber conservado su empresa este reactor, ya estaría funcionando. Es contrafáctico, pero a la luz de la trayectoria de INVAP, no es difícil de creer.
Antes de 2006, INVAP estaba repartida en más de 10 pequeños y anónimos inmuebles y talleres alquilados en San Carlos de Bariloche. Recién en 2008, ya con muchos reactores, satélites, radares y otros desarrollos en el haber, pudo darse el lujo de tener su primera sede.Lo que AgendAR cree es que ni el CAREM gestionado por los barilochenses ni un CANDÚ rediseñado por NA-SA lograrían tener futuro sin alianzas con socios poderosos. Pueden ser nacionales o no. Nos interesa más la chequera que el pasaporte. Para vender un fierro nucleoeléctrico argentino, es que se necesita mucha plata y también bastante imaginación.
La COP 26 de Glasgow cambió definitivamente el porvenir de la energía nuclear: estableció que sin ella vamos de cabeza a una catástrofe climática mundial. El mercado de centrales se va a llenar de nueva tecnología y nuevos oferentes.
Se viene una «remake» de lo que los canosos de hoy en nuestra infancia llamábamos «La era nuclear». Pero en versión 2.0, con fierros más chicos, seguros, baratos, construidos en serie en fábricas, armados «in situ» y de mayor vida operativa planificada, 60 años como mínimo. Si eso no sucede, como especie nos esperan tragedias bíblicas.
INVAP, empresa nada locuaz (por conveniencia) acaba de hablar, cosa rara: a través de uno de sus puntales más importantes, Tulio Calderón. Bariloche empieza, finalmente, a mostrar sus cartas.
Pero mañana, martes 16 de noviembre, a las 18:00 horas y por Zoom, la Fundación Excelencia desplegará las ideas de la actual dirección de NA-SA respecto del futuro nuclear argentino, y escucharemos lo que diga al respecto José Luis Antúnez.
Ambas son empresas del estado: INVAP es una SE, NA-SA es una SA. Ambas tienen no sólo pergaminos, sino mucha obra, y una resiliencia enorme. En que hablen claro, y peleen lo que deben pelear y acuerden lo que deban acordar, el país se juega 71 años de luchas, frustraciones y logros tecnológicos en el área nuclear.
Y en ese paralelogramo de fuerzas, nuestras industrias metalúrgicas, metalmecánicas, eléctricas, electrónicas y de montajes e ingeniería deciden su futuro.
Resumen simplificado: Los frentes ganadores en cada provincia
Buenos Aires: Juntos por el Cambio.Capital Federal: Juntos por el Cambio.Catamarca: Frente de Todos.Chaco: Frente de Todos.Chubut: Juntos por el Cambio.Corrientes: ECO + Vamos Corrientes.Córdoba: Juntos por el Cambio.Entre Ríos: Juntos por Entre Ríos.Formosa: Frente de Todos.Jujuy: Cambia Jujuy.La Pampa: Juntos por el Cambio.La Rioja: Frente de Todos.Mendoza: Cambia Mendoza.Misiones: Juntos por el Cambio.Neuquén: Movimiento Popular Neuquino.Río Negro: Juntos Somos Río Negro.Salta: Frente de Todos.San Juan: Frente de Todos.San Luis: Unidos por San Luis.Santa Cruz: Cambia Santa Cruz.Santa Fe: Juntos por el Cambio.Santiago del Estero: Frente Cívico.Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Frente de Todos.Tucumán: Frente de Todos.
Para acceder a los resultados provisionales de cada provincia, en las diferentes categorías (senadores nacionales, diputados, legisladores provinciales, etc.) cliquear aquí.
El proyecto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Conicet y el Servicio Meteorológico de la Armada apunta a comprender la evolución en nuestro país del cambio climático hasta hoy.
Un proyecto coordinado por investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), del Conicet y del Servicio Meteorológico de la Armada, está convocando a voluntarios o «ciudadanos científicos» para participar en la recuperación de datos meteorológicos terrestres y marinos de la Argentina desde por lo menos 1850 hasta la primera mitad del siglo XX.
«La reconstrucción histórica del clima de nuestro país, desde el siglo XIX hasta nuestros días es clave para mejorar nuestra comprensión sobre la evolución del cambio climático, y también servirá para la realización de investigaciones vinculadas con la historia de las ciencias de la atmósfera», afirmó Pablo Canziani, doctor en Física y coordinador del proyecto ACRE Argentina e Investigador principal del Conicet.
«No es posible entender los procesos del cambio climático que nos afectan y determinar las medidas para la mitigación y la adaptación si desconocemos cómo eran las condiciones climáticas y socioambientales anteriores», dijo el también director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías (UIDI) de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y exintegrante del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas.
Canziani detalló que ACRE Argentina es parte del proyecto internacional ACRE (cuya traducción sería «Reconstrucción de la Circulación Atmosférica sobre la Tierra») en el que trabajaban más de 50 instituciones de todos los países cuyo objetivo «es recuperar observaciones del clima de siglo XIX y de la primera mitad del XX que están en soporte papel o en imágenes y no están disponibles en formato digital».
«Además se busca recuperar documentos que pueden ser tanto públicos como privados que hayan tenido registros meteorológicos, particularmente temperatura, presión y precipitaciones», señaló.
Otro eje es «rescatar la inmensa cantidad de datos que están contenidos en libros de navegación de las Armadas Militares de los diferentes países y también de empresas navieras, porque es necesario tener información del estado del océano y de la hidrografía en las cuencas oceánicas».
En este contexto, lo que se le pide al voluntario o «ciudadanos científicos» es transcribir los datos que están en las imágenes para generar archivos de datos digitales.
«Por el momento no estamos pidiendo recuerdos o percepciones sobre el cambio climático, este trabajo está basado en la recuperación de las observaciones (temperatura, presión atmosférica, lluvias, etc) con el objetivo de generar datos para la investigación de estudios de variabilidad y cambio climático», sostuvo.
Y añadió que «además de contribuir con la digitalización a través de la transcripción, los ciudadanos pueden colaborar identificando fuentes de datos que estén en manos de organismos públicos y privados y escanear esas fuentes».
El investigador señaló que «recuperar información meteorológica del pasado es un aspecto fundamental de la reconstrucción del sistema climático y su evolución ya que nos permite construir las series de temperaturas y presión hacia el pasado y de esta forma podemos analizar distintos aspectos como la variabilidad».
«Por ejemplo, si la estación de donde tenemos el registro no estaba urbanizada y hoy sí podemos ver el impacto del urbanismo, en cambio si las condiciones son similares nos permiten estimar cambios regionales y locales, ya sea por mecanismos naturales o por el cambio climático», describió.
De esta manera, «las series generan un producto que incorporándolo en el análisis y validación de modelos climáticos nos permite corroborar que si esos modelo son adecuados y de esa forma validar también modelos globales para poder reconstruir las series en el pasado donde no hay datos y hacer pronósticos de escenarios climáticos a futuro con mayor grado de certeza».
Para participar, los voluntarios deben inscribirse en el sitio web del proyecto «Meteororum ad Extremum Terrae MET» (Meteorología del Fin del Mundo) o escribir a [email protected].
Los datos recuperados serán compartidos con la Armada Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial. (OMM).
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