Las vacunas contra el covid también hicieron 19.300 millones de dólares para 9 nuevos multi millonarios

Un análisis de la lista de los multimillonarios de 2021 de la revista Forbes indica que desde que comenzó la pandemia de coronavirus surgieron al menos nueve nuevos multimillonarios a partir de que se dispararon las acciones de las empresas que fabrican las vacunas contra el Covid-19, sobre todo las de Moderna, BioNTech y CanSino.

El informe de la alianza The People’s Vaccine -una ONG que plantea, correctamente, que sólo vacunando a la mayoría de la población mundial se derrotará la pandemia- señala que estos 9 nuevos multimillonarios suman juntos 19.300 millones de dólares en sus patrimonios. Puesto en perspectiva, es un monto suficiente como para comprar vacunas para inocular a prácticamente toda la población del África subsahariana o a unos 780 millones de personas en países de bajos ingresos. Además de los nueve multimillonarios, otros ocho multimillonarios que ya existían vieron crecer su riqueza en 32.200 millones de dólares al tener acciones en las compañías que fabrican estas vacunas. La lista de los nueve nuevos multimillonarios está encabeza por Stéphane Bancel, CEO de Moderna, y Ugur Sahin, CEO de BioNTech, empresa alemana que produjo una de las vacunas junto a la estadounidense Pfizer. Según People’s Vaccine, estos dos presidentes ejecutivos tienen ahora una riqueza de unos 4.000 millones de dólares cada uno. También ejecutivos de alto nivel de la compañía china CanSino Biologics e inversores tempranos de Moderna se convirtieron en multimillonarios a medida que subían las acciones. Las acciones de Moderna aumentaron más del 700% desde febrero de 2020. Las de BioNTech, en tanto, un 600%. Las de CanSino Biologics, a su vez, subieron un 440%. Esta es la lista completa de los nueve nuevos multimillonarios: 1- Stéphane Bancel, CEO de Moderna (4.300 millones de dólares) 2- Ugur Sahin, CEO y cofundador de BioNTech (4.000 millones) 3- Timothy Springer, inmunólogo y uno de los primeros inversores de Moderna (2.200 millones) 4- Noubar Afeyan, presidente de Moderna (1.900 millones) 5- Juan Lopez-Belmonte, presidente de ROVI, con un acuerdo para fabricar la vacuna de Moderna (1.800 millones) 6- Robert Langer, científico y uno de los primeros inversores de Moderna (1.600 millones) 7- Zhu Tao, cofundador y director científico de CanSino Biologics (1.300 millones) 8- Qiu Dongxu, cofundador y vicepresidente senior de CanSino Biologics (1.200 millones) 9- Mao Huinhoa, cofundador y vicepresidente de CanSino Biologics (1.000 millones).
The People’s Vaccine es una alianza global que incluye a Oxfam, ONUSIDA, Global Justice Now y Amnistía Internacional.

Comentario de AgendAR:

El informe que publica The People´s Vaccine, y que reproduce elDiarioAr, no pone énfasis en un dato que nos parece más significativo: los fabulosos beneficios que registra no surgen de la venta de las vacunas. Son la valorización de sus acciones, que se produce cuando inversores y especuladores apuestan a la suba, que se suponía iba a ocurrir, y ocurrió, cuando la noticia de sus descubrimientos se hizo pública. Es decir, son un producto directo, no de la industria farmacéutica, sino del Gran Casino en que se han convertido las finanzas globales, donde los actores principales son los fondos de inversión y de riesgo.

El Senado declaró de interés el reactor RA-10 que se construye en Ezeiza. Hay una historia interesante

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La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado declaró de interés, y se lo comunicó al actual presidente de la CNEA, el Proyecto “Diseño, construcción y montaje del Reactor Nuclear Multipropósito RA-10”, que la Comisión Nacional de Energía Atómica construye en el Centro Atómico Ezeiza.

La iniciativa fue impulsada por el senador Claudio Doñate. Considera que el proyecto “tendrá un impacto estratégico al asegurar el autoabastecimiento de radioisótopos para uso médico, consolidar las capacidades de nuestro país en la industria nuclear y convencional y abrir un nuevo horizonte en el desarrollo de proyectos de ciencia y técnica”. La CNEA trabaja junto a INVAP en la construcción de esta nueva instalación de 30 MW. Las etapas se llevan adelante con un aporte de más del 90% de empresas e instituciones locales en tecnología y servicios asociados. “El Proyecto tiene como antecedente los setenta años de experiencia de la CNEA en la actividad nuclear, los siete reactores de investigación construidos en Argentina y los cinco reactores exportados, principalmente el moderno OPAL, un reactor con similares características a las del RA-10 que INVAP construyó en Australia en el año 2007”. Entre otros fines, el reactor RA-10 permitirá asegurar el abastecimiento local de radioisótopos y contribuir también a la demanda del mercado mundial; proveer instalaciones para el ensayo de combustible nuclear completando las capacidades que nuestro país posee en cuanto a la producción de este suministro crítico; y brindar nuevas herramientas para la investigación básica y la industria basadas en técnicas neutrónicas. El RA-10 funcionará articuladamente, se plantea con la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión (PPRF), el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), la Planta Industrial de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (PIECRI) y el Laboratorio de Ensayo de Materiales Irradiados (LEMI).

Comentario de AgendAR:

La obra del RA-10 se decidió en 2010, en la declaración conjunta CFK-Dilma Rousseff, según la cual Brasil nos compraba la ingeniería para hacer otro reactor similar, el RMB (Reactor Multipropósito Brasileño). Aquel habría sido el punto de partida de una estrategia de ambos países, Argentina y Brasil, para controlar al menos el 60% del mercado mundial de radioisótopos médicos.
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No era un negocio pequeño: aquel año se vendieron U$ 2.500 millones de radioisótopos médicos en el mundo, principalmente en el desarrollado. Como la medicina nuclear es un campo en expansión, la cifra viene creciendo en flecha: 2020 cerró en alrededor U$ 18.000 millones. El 60% de esa cifra habría estado en U$ 10.800 a repartir entre Argentina y Brasil.
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La mayor parte de esa cifra habría dependido de un único radioisótopo de corta vida media y por ende, imposible de almacenar. Su desabastecimiento fue una tragedia médica silenciada. Se trata del molibdeno 99 metaestable usado en el 90% de los diagnósticos por imagen nuclear. Su precio en 2010 se había disparado tanto que recuperar la inversión de construir el RA-10 era inmediato.
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El reactor tiene una vida operativa prevista de 60 años. A los precios altísimos del molibdeno 99 en 2010, habría pagado sus costos de construcción con la venta de 7 meses de ese radioisótopo. En aquel momento la planta en Ezeiza era una obra de U$ 300 millones. AgendAR rehizo la cuenta con incredulidad varias veces y luego la chequeó con el ingeniero nuclear a cargo, el Dr. Herman Blaumann, y luego con expertos del mercado de radioisótopos. Casi no hubo desacuerdos. Era verdad.
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Suponiendo un año de ingeniería y 6 de fabricación de partes y montaje, el RA-10 de Ezeiza debería haber entrado en criticidad en 2017. De sólo mirar el avance de obra a fecha de hoy, le faltarían entre 2 y 3 años, pero sólo si hay cash-flow continuo. Ése es un detalle que el Senado, pese a su interés, se olvidó de mencionar.
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La obra pertenece a la CNEA, no a INVAP, de modo que, lejos de la ejecutividad relampagueante con que la empresa barilochense construye sus reactores, entre 2010 y 2015 el RA-10 se dilató en consultas con usuarios, estudios y rediseños, y finalmente en distintos problemas con proveedores de obra civil.
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Mauricio Macri redujo al presupuesto de la CNEA en un 50% en cuanto asumió, y de ahí en más la obra, con casi la mitad de grado de avance, se fue deteniendo simplemente por falta de plata. Con la disparada del dólar y el endeudamiento público de 2018, fuera del montaje de piezas principales que ya habían sido fabricadas, como la enorme pileta abierta, el RA-10 se paró casi del todo.
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TODAS las obras nucleares se pararon en 2018. Incluso se fue cerrando una sin la cual nuestras 3 centrales nucleoeléctricas ya no pueden funcionar: la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, la mayor del mundo en su tipo. Durante la administración macrista, se despidió a casi todo su personal y se dejó la enorme planta abandonada a la intemperie y la corrosión. Es una instalación cuyo precio hoy no bajaría de U$ 3.500 millones. La Argentina, equipada para autoabastecerse de agua pesada y ser el primer exportador mundial, ahora deberá importar agua pesada a casi el doble de precio al que podría estar fabricándola.
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El mercado mundial de radioisótopos ya se normalizó un poco con la entrada en servicio de otros reactores de producción, de los cuales el más prominente es uno construido por INVAP en Australia (el pequeño OPAL, en Sydney, con 10 MW menos de potencia que el RA-10). Inaugurado en 2006, al OPAL se lo considera unánimemente como la mejor planta multipropósito (productiva y científica) del mundo. Hoy controla el 40% del mercado mundial.
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Pero entre nosotros, los atrasos improductivos, debido a la continua renegociación de contratos y las frecuentes indemnizaciones, encarecieron la terminación del RA-10. Eso y la depreciación del dólar tal vez lo hayan transformado en un reactor de U$ 500 millones. Se sabrá cuando se lo termine. ¿Cuándo? La administración de la CNEA, que sigue siendo la que puso el presidente Mauricio Macri, no dice ni «mu» al respecto.
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El RA-10 ya no es una obra que se paga en 7 meses de producción. Pero sigue siendo perfectamente capaz de capturar el 30% del mercado mundial.
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Toda la medicina nuclear argentina, extendida en CABA y en más de una decena de provincias, depende de la producción de radioisótopos en el Centro Atómico Ezeiza. También la de todo el sur de Brasil, así como Uruguay y Chile. Los diagnósticos y terapias nucleares en cardiología, oncología, neurología e inmunología de esta parte del Cono Sur se alimentan de la producción del hoy obsoleto RA-3, también en Ezeiza.
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Y es que los dos gobiernos que sucedieron al de Dilma Rousseff tampoco terminaron el RMB.
. Daniel E. Arias

La Asociación de Cooperativas Argentinas, de víctima a dueña de Vicentin

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La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -que reúne a 140 cooperativas agropecuarias y 50.000 productores rurales- practica su expansión a lo China: sigilosa, calculadora y penetrante, dice el periodista Facundo Borrego en el portal Letra P.

Esta forma paciente para ampliar su espalda agroexportadora la sostiene, incluso, cuando algo inesperado rompe todos los esquemas, como sucedió con el default de la cerealera Vicentin, de quien resultó ser el mayor acreedor privado con 5.000 millones de pesos. Con un estilo por momentos inadvertido, enmarcó el problema en su hoja de ruta para convertirse, 17 meses después del estallido, en damnificada y dueña a la vez, luego de blanquear sus intenciones de comprar parte del paquete accionario de la agroexportadora. En diez meses la entidad cooperativa cumplirá 100 años de vida y, probablemente, coincida con el punto más alto de su desarrollo estructural. Para ese entonces puede tener a tiro junto a Viterra Argentina S.A., del grupo francés Glencore, y a Molinos Río, del Grupo Pérez Companc, hasta el 90% de las acciones de la cerealera concursada y dar inicio a una nueva Vicentin. ACA se movió distinto al resto de los acreedores desde el comienzo. Al mes de la cesación de pagos y antes de que la cerealera solicitara el concurso, se hizo cargo de la deuda de cada una de las 150 cooperativas del agro asociadas a cambio de la subrogación para negociar la acreencia. Además tuvo intenciones de avalar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) previo al concurso que juntó rechazos y quedó en la nada. Cuando el anuncio de Alberto Fernández sobre la expropiación de Vicentin explotó la agenda política, rompió su perfil bajísimo para oponerse abiertamente. Poco después, coqueteó con los planes de una empresa mixta, en momentos en que la intervención provincial de Omar Perotti estaba en pie. Es decir, fue de los pocos acreedores que quería una salida productiva y empezar a recuperar lo perdido. Si bien fue una de las que motorizaron una auditoría forense para detectar posibles fraudes de la cerealera y se acercó al veedor / interventor judicial Andrés Shocron, no mostró una cara hostil como sí lo hizo el Banco Nación y la banca internacional. Hay que tener en cuenta que una de sus grandes socias es la Unión Agrícola Avellaneda Cooperativa, ubicada en el pueblo de los Vicentin. Ese andar sin extremos la encontró operando a fasón las plantas de Vicentin al punto de convertirse hoy en día en un pulmón de la cerealera que está impedida de operar. Todo esto fue logrando un posicionamiento que, entre los vaivenes del concurso y los cambios internos en Vicentin, terminó colocándola de los dos lados del mostrador con la propuesta de compra de la cerealera. Para la concursada es determinante que ACA sea una de las compradoras porque le da un aval extra a sus planes. “Que el actor privado con más acreencias a cobrar apueste a la nueva Vicentin transmite plena confianza en el resto de los acreedores. Las condiciones de semejante negociación con suerte podrían conocerse una vez concretada la venta. La comisión de seguimiento del caso compuesta por legisladoras y legisladores de Santa Fe intentó varias veces reunirse con la directiva de la cooperativa pero no tuvo respuestas, como sí de otras piezas, incluso la cerealera. “La posición de ACA ha sido ambigua. Quisimos saber su punto de vista, incluso porque Sergio Nardelli, dueño de Vicentin, nos comentó que estuvieron en negociación antes del default”, comenta el diputado Frente Social y Popular, Carlos Del Frade. Una compañía creada desde cero o una Vicentin renovada no es la cuestión de fondo, porque ACA igualmente saldrá ganando. Podrá capitalizar la deuda y quedarse con activos de valor como plantas procesadoras, y así seguir con su expansión exportadora que habitualmente la tiene en los últimos lugares del top ten de agroexportadores. Además, sigue apostando al negocio del bioetanol a base de maíz con su planta cordobesa ACA BIO. La segmentación que propuso el proyecto de Máximo Kirchner para privilegiar pymes y reducirles cupo a las grandes generó un lobby fuerte en su sector. Se puede decir que supo neutralizar la atomización que por definición tiene el cooperativismo y moverse como una compañía grande. Hoy tiene dos puertos a pocos kilómetros de Rosario, y uno en la bonaerense Quequén. El ubicado en Timbúes lo inauguró en julio de 2020, cuando había bajado un poco el fragor por la intención del Gobierno de expropiar Vicentin. Los 140 millones de dólares invertidos fueron un cartel que el Presidente no se quiso perder y llenó de elogios a la economía cooperativista, de la cual dijo ser “un enorme admirador”. Esa suerte de transversalidad, que en 20 días pasó de criticar al Gobierno por la expropiación a abrirle la mesa para inaugurar el puerto en Timbúes, es característica de su despliegue en el terreno político. Es que si bien toda firma de semejante tamaño no puede permanecer ajena a los círculos de poder, sus intereses parecen ser más cooperativos y técnicos, y no tanto de trasfondo político. Se llevó medianamente bien con Raúl Alfonsín, confrontó con el modelo menemista y fue armoniosa con el kirchnerismo hasta la resolución 125. Esto se explica fácilmente en el vínculo institucional estrecho con Coninagro, entidad rural con el menor espesor político e ideológico de las que integran la Mesa de Enlace. De ahí se impulsó al ex secretario de Agricultura de la Nación del gobierno actual, Julián Echazarreta. Coninagro no tiene incidencia política como sí sucede con la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), o la propia Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestión que quedó en evidencia al no plegarse a algunos paros. En esta línea, ACA aplica pragmatismo sobre ideología, aunque en ocasiones apremiantes deja en claro su postura, como con la expropiación y también con la Hidrovía, al oponerse a que el Estado se encargue del peaje. Aquel fatídico 5 de diciembre del default de Vicentin puede terminar siendo, al final de la novela, una oportunidad de expansión para ACA a diferencia del resto de los acreedores que con suerte podrán cobrar su deuda licuada y a destiempo.

La Secretaría de Energía invierte en la transmisión de la electricidad generada en el NEA

Con una inversión de $ 1.200 millones, se finalizará la interconexión eléctrica entre la Estación Transformadora Rincón Santa María (Corrientes) y la ET Resistencia (Chaco), que aumentará la potencia máxima de transmisión de la energía generada en el NEA hacia zonas de alta demanda, el Litoral y el Gran Buenos Aires.

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se reunieron por videoconferencia junto al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, para la firma de la adenda que permitirá la reactivación y finalización de las obras de interconexión eléctrica de 500 kV entre la Estación Transformadora (ET) Rincón Santa María, en la provincia de Corrientes, y la ET Resistencia (Chaco), así como la ampliación de ambas estaciones transformadoras. También participaron el presidente del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), Luis Barletta, y el presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE), Miguel Cortez. Se trata de una obra de gran envergadura que se encontraba prácticamente paralizada y que, hasta el momento, demandó una inversión de más de 2.800 millones de pesos y 113 millones de dólares. Permitirá aumentar la potencia máxima de transmisión desde el Noreste Argentino (NEA), reforzando la evacuación de la energía eléctrica generada en el norte del país, particularmente por la Central Hidroeléctrica Yacyretá, hacia zonas de alta demanda, como el Litoral y la provincia de Buenos Aires, permitiendo al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) afrontar contingencias en las horas pico. La importancia de la Estación Transformadora Rincón Santa María también radica en que es el punto de conexión para el intercambio de energía con Brasil, a través de las Conversoras Garabí 1 y 2. La reactivación y finalización de esta obra de transporte eléctrico demandará una inversión de 1.200 millones de pesos aportados por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), que se destinarán a concluir la construcción y montaje de la Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV y de 270 kilómetros de extensión, que atraviesa el Río Paraná, y a las obras de ampliación de las estaciones transformadoras, incluyendo los sistemas de comunicación principal que soportan las estructuras de protección, control y automatismos necesarios para la operación correcta. El FFTEF está integrado por el 50% del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y su objetivo es participar del financiamiento de las obras de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas, para la mejora de calidad y seguridad de la demanda.

La Aduana multó a 19 frigoríficos por evadir y subfacturar en exportaciones de carne

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El Gobierno acusó a las exportadoras de carne por falsear datos de comercio exterior y evadir el pago de impuestos.

La Aduana denunció a 19 frigoríficos por mentir en sus declaraciones de exportaciones. Las multas totales por maniobras de subfacturación serán de u$s 5,8 millones. Estas acusaciones del organismo de control se dan en el medio del cese de comercialización de carne que decidieron extender las organizaciones rurales hasta el miércoles. La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que la maniobra de evasión tributaria consistía en declarar la mercadería como ‘no apta para consumo humano’. De esa forma pagaban un 5% de derechos de exportación cuando la carne vacuna tiene una alícuota de 9%. «La maniobra fraudulenta implica un perjuicio fiscal para el Estado y también un menor ingreso de divisas», detalló en un comunicado el organismo que encabeza Silvia Traverso. Las exportaciones de las empresas denunciadas se dirigían principalmente a China, el primer destino de las ventas externas argentinas de carne vacuna. La investigación llevó más de tres meses y no se detallaron los nombres de los frigoríficos. El Gobierno había justificado la decisión del cierre de exportaciones, además del aumento del precio de la carne en el mercado local, para «ordenar el funcionamiento del sector exportador de carnes «porque encontramos un montón de irregularidades de procesos de subfacturación de exportaciones», según sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. «El rulo de la carne» es el nombre que le puso el Gobierno a otras maniobras especulativas que comenzaron el año pasado. Consisten en nuevos actores que ingresaron como exportadores y habrían sacado provecho del boom de la demanda de China, especulando con la brecha cambiaria. La sumatoria de estas maniobras de evasión impositiva de los frigoríficos, además de afectar a la recaudación del Estado, implican un menor ingreso de divisas al mercado cambiario argentino.

INVAP consiguió financiamiento para construir un Polo Tecnológico en Bariloche

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La empresa estatal rionegrina INVAP logró capitalizarse mediante la emisión de obligaciones negociables en tres series que recibieron ofertas superiores a lo previsto. La empresa viene de cerrar trato para la venta de radares a Nigeria, construye un reactor nuclear en Holanda y centros de radioterapia en Bolivia, y en el futuro tiene el inicio de la construcción de una nueva sede en el parque industrial y tecnológico de Bariloche, cuya construcción avanza en el sudeste de la ciudad.

El directorio de INVAP aprobó la emisión de hasta 50 millones de dólares en obligaciones negociables, un instrumento que ya había usado la compañía durante la década pasada para levantar su sede principal, en el Este de Bariloche. En esta primera etapa emitió papeles en pesos y en dólares. Obtuvo 400 millones de pesos y algo más de 10 millones de dólares, con tasas de interés en torno del 5%. La deuda en pesos que logró colocar vencerá en 2023 y las series en dólares, en 2024 y 2026, según la información que se dio al mercado bursátil. Alejandro Gimbirtone, director de SBS Capital, señaló que esta era la 4° emisión que hacía la empresa tecnológica, después de 15 años. «Es atractiva para los inversores porque es una de las pocas empresas del Estado que da ganancias». El polo tecnológico se levanta sobre la ruta nacional 40, en el tramo que circunvala Bariloche por el Sur. Tiene una superficie de 319,08 hectáreas, sobre las que se planificaron 600 parcelas, a desarrollar en cuatro etapas. Cuando Invap construyó su sede sobre la avenida Luis Piedrabuena llevaba años con estructuras diseminadas por la ciudad. En el edificio donde funciona ahora hay un sector compartido con CEATSA, La empresa de la que INVAP es socia y maneja el centro de ensayos de satélites. Cerca de 1.000 personas trabajan allí y deben turnarse en el comedor para almorzar. El estacionamiento es grande, pero cada tanto deben habilitar nuevos sectores porque queda chico. En marzo de este año representantes de la multinacional estadounidense Amazon Web Services (AWS) visitaron Bariloche y se conversó sobre la posibilidad de su instalación allí.

El debate caliente sobre la minería en Argentina. Y una reflexión de AgendAR

Publicamos dos «campanas» -de las muchas que suenan- y unos comentarios nuestros:

Un grupo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el avance de la megaminería en la provincia.

(Esta nota fue publicada el 12/5/21 en el DiarioAR, que se esfuerza en transmitir los reclamos ambientalistas) Los investigadores, agrupados en el Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET-UNCA, señalan en el texto que «el gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, usó su discurso ante la Asamblea Legislativa del pasado 1° de mayo para ratificar un rumbo que no sólo carece de legitimidad política y consenso social, sino que además evidencia su rotundo fracaso en los propios términos del ‘desarrollo’ prometido». Horacio Machado Aráoz, coordinador del colectivo de investigación, explicó: «Somos una provincia de las más pobres. Incluso durante la última década todos los indicadores sociales y económicos de la provincia han sido peores que los históricos teniendo un promedio de pobreza estructural por arriba de los promedios de las provincias del NOA, con altas tasas de desempleo o subocupación y fuerte concentración del empleo en el sector público». «Entonces toda esta situación de crisis de este modelo de desarrollo, de mal desarrollo, ha fortalecido las resistencias. Es en ese marco que nosotros hemos visto la necesidad de poner una voz, poner argumentos, poner razones, ante lo que se pretende como una avanzada avasalladora de imponer la minería sí o sí», añadió. «Nos pareció que era necesario plantear esto, entendiendo que este tipo de resistencias son una puerta para abrir a la democratización de nuestra sociedad. Eso es un poco lo que está en el fondo de la cuestión. Este modelo minero está sostenido por un pacto oligárquico entre las élites rentísticas locales, que son casi las únicas beneficiarias de este tipo de explotaciones, y las grandes empresas transnacionales, que son las grandes beneficiarias y usufructuarias de los efectos y los resultados económicos de estas explotaciones». El pronunciamiento, titulado «Un mensaje preocupante: El consenso elitista amenaza seguir minando el suelo democrático de la sociedad catamarqueña«, surgido a partir de recientes pronunciamientos oficiales, denuncia que «la expresión del gobernador Jalil sobre ‘la necesidad de avanzar en el consenso minero’ evoca la imagen de una aplanadora en plena tarea de desmonte». «El llamado a un ‘diálogo’ donde sus condiciones y términos están preestablecidos, donde los contenidos de los ‘acuerdos’ se hallan también fijados de antemano, no puede ser tomado como tal. Eso no es diálogo. Se trata de un liso y llano simulacro; un acto de cinismo donde la alteridad es sólo evocada para ser incrustada como mero objeto en el montaje de una escena que sólo busca encubrir la realidad monológica del poder», afirma. En cuanto a unas declaraciones de la ministra de Minería Fernanda Ávila, que aseguró que trabajarán hasta conseguir la licencia social para la megaminería, los investigadores señalan: «Lo que conocemos de las experiencias previas al respecto es que cuando los sectores corporativos y los organismos gubernamentales ligados a los proyectos extractivistas hablan de ‘conseguir la licencia social’ se refieren al despliegue de múltiples y diversificados dispositivos de manipulación, presión y control social exclusivamente alineados al fin de allanar el camino para viabilizar las explotaciones». En la localidad catamarqueña de Andalgalá, donde desde más de veinte años la ciudadanía se moviliza contra el proyecto de La Alumbrera, ahora la resistencia se focaliza en una explotación minera a cielo abierto de oro, cobre, plata y molibdeno, que sería tres veces mayor: Agua Rica, en el cordón montañoso El Aconquija. En ese marco, este sábado (se refieren al 15 de mayo) se realizará la caminata por la vida n° 588.

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Claudio Scaletta: «El falso ecologismo es un pensamiento reaccionario funcional al imperialismo»

(La Agencia Paco Urondo está muy cercana a los sectores kirchneristas del Frente de Todos; entrevistó al economista y periodista Claudio Scaletta el 14/5/21 sobre sus discusiones con sectores del ambientalismo a los que llama «ecolochantas»). APU: En las redes sociales o en artículos suele discutir con los que llama «ecochantas» o «ecologismo falopa». Es una calificación del otro que no permite el debate. ¿Cree que hay un sector del ambientalismo con el cual no se puede entablar un diálogo sobre cómo pensar el desarrollo? ¿Por qué? Claudio Scaletta: Creo que la definición que me pertenece, por decirlo de alguna manera, es “ecolochantas”, no “ecologismo falopa», aunque también la he usado… En los escritos más serios que los intercambios en las redes sociales prefiero usar “ecologismo extremista”, lo que resalta que existe un ecologismo real, corriente de la que no sólo me siento parte, sino que es mi forma de vida. Después está lo que considero un “pseudo ecologismo”, algo que necesita ser explicado, que básicamente es una falsa agenda ecológica, que no sólo elige mal los temas, sino que los defiende con mentiras, de ahí lo de “chantas”, calificativo que para algunos parece ser un insulto terrible. En cambio, cuando explicás que no es verdad que la minería, la agricultura moderna o la energía nuclear son sinónimos de devastación ambiental y brindás argumentos para defender tu posición en cada uno de los temas, los interlocutores, los mismos que reaccionan como monjitas ofendidas y se victimizan cuando hablás de “ecolochantas”, te dicen que sos un mercenario a sueldo de las mineras y del “agronegocio”, entre comillas, y un cómplice del envenenamiento colectivo. A mi hasta me han dicho que me paga el dueño de un medio para el que solo escribo tres o cuatro veces al año y de quien obviamente sólo recibo la siempre magra retribución de las colaboraciones periodísticas. La verdad es que estoy perdiendo plata, debería pasarle mi CBU a las mineras, porque le pongo el cuerpo a un debate que deberían dar ellas y a mí solo me tocan los insultos. APU: Vuelvo al corazón de la pregunta. ¿Por qué son «ecolochantas»? CS: Mi debate no es con los representantes del falso ambientalismo, sino contra lo que representan: el irracionalismo anti iluminista, el discurso anti ciencia y anti productivista y el prohibicionismo obtuso, una forma de neoludismo verde que a mi juicio significa una verdadera deformación de la agenda ambiental real y que puede rastrearse en el marketing de “salvemos a las ballenas” o en las peleas entre multinacionales europeas y estadounidenses que dieron origen a la controversia por los transgénicos. En segundo lugar, mi debate es sobre todo contra las falacias económicas, que fue el punto de partida original de mi interés por la problemática ecológica. Finalmente soy economista, no biólogo ni doctor en ciencias ambientales. No hace falta aclarar que hablo siempre desde la economía. La controversia por los transgénicos, por ejemplo, no se originó por la “transgenitud” de las semillas, sino por el ingreso de un nuevo actor, las semilleras, al reparto de la renta agraria. APU: Muchos de los debates o discursos de los que usted llama «ecolochantas» están presentes en actores del peronismo, el kirchnerismo o el progresismo popular. ¿Qué implica eso? GS: Esa es otra cuestión, con quiénes y cómo dialogar. Como dije, considero que la mayor parte de los sedicentes ecologistas no militan el cuidado real del medio ambiente, sino el prohibicionismo de actividades y productos. Pero además mi preocupación no son quienes fungen de teóricos locales de esta desviación, sino algo que considero mucho más preocupante como lo es que muchos compañeros e incluso dirigentes del campo nacional y popular, hayan comprado total o parcialmente este discurso conservador y retrógrado. Dicho de otra manera, los tenemos adentro. Hasta al mismísimo Presidente utilizó la palabra “agrotóxicos”. Me pregunto si pensará que las vacunas contra el Covid son “farmatóxicos”. Estas confusiones provocan, por ejemplo, que al mismo tiempo que existen áreas del gobierno trabajando para tratar de agregarle valor al maíz para exportar carnes de cerdo, es decir subir en la cadena de valor, que es lo contrario del “extractivismo”, existan también funcionarios del Ministerio de Economía que militan en contra de estas exportaciones. Por supuesto que hay ecologistas serios con los que se puede debatir los problemas del desarrollo, pero no son los que hablan de extinciones, fracking, glifosato y en contra de la energía más limpia que existe, la nuclear, sino que los preocupados en cómo frenar el calentamiento global, reducir las emisiones de carbono o la huella hídrica, todos temas que ocuparán el centro del debate económico durante el siglo XXI, o al menos hasta que el número de la población mundial se estabilice. Considero en cambio que no hay nada que debatir con los prohibicionistas, cuyos argumentos son además muy malos y generalmente mentirosos, como quedó demostrado tantas veces. En lo que me interesa trabajar es en contrarrestar la difusión entre los compañeros de esta agenda falsa. Me parece que la tarea que tenemos por delante algunos economistas es sentarnos muy seriamente a explicar y desmenuzar estas falacias en cada sector, una por una. APU: En esa tarea de desmenuzar falacias, le pregunto por discursos que circulan mucho en torno a la minería, por ejemplo. «La minería es pan para hoy y hambre para mañana (por su impacto ambiental y social)», «Las empresas mineras desarrollan un tipo de explotación en los países subdesarrollados que no hacen en sus países de origen», «La explotación minera en Argentina deja poca riqueza en el país». ¿Qué diría sobre esos planteos? CS: La minería es el debate de la hora por los acontecimientos recientes en Chubut y Catamarca, pero hasta no hace mucho teníamos que dar el debate por la fracking en la actividad hidrocarburífera, por los mal llamados agrotóxicos y los transgénicos o por la instalación de una planta nuclear. El absurdo máximo llegó con la oposición a las exportaciones de carne de cerdo. Fijate que la lucha del pseudo ambientalismo incluye a todas las principales actividades de la economía local, las actuales y las potenciales, que son las que además compiten contra los países más desarrollados. En el caso de los cerdos a China el componente “geopolítico”, que es como ahora llamamos al viejo imperialismo, fue clarísimo en la firma de la carta de los primeros detractores. No podés creer los nombres que hay allí junto a los de algunos “progresistas”. Pero vayamos a tu pregunta: el relato antiminero se basa en otro concepto con bastante éxito de difusión, el “extractivismo”, también entre comillas. Acá creo que el “pinosolanismo”, esa idea vaga y marquetinera del “saqueo”, debe ser deconstruido. Es verdad, la minería “extrae” minerales y la industria petrolera “extrae” hidrocarburos. Hace a la esencia de la actividad. Los yacimientos tienen una duración acotada, unas pocas décadas. Los pozos de petróleo y gas se terminan, los minerales se acaban. Así es la explotación de recursos no renovables. El objetivo de los buenos gobernantes debe ser maximizar “el durante” y garantizar la continuidad de la actividad todo lo que se pueda mediante la prospección y los pozos exploratorios. También utilizar los ingresos extraordinarios que brinda la minería o el petróleo para diversificar la matriz productiva de las regiones. Aquí aparece otra falacia que es la de las regalías y la fantasía de que las mineras, a las que tontamente se llama “megamineras” para que parezcan más feas, como si pudiesen existir pymes mineras en una actividad que es de escala por definición, se llevan todo y no dejan nada. Al respecto se suele decir que las regalías son muy bajas como consecuencia de la legislación de los ’90 que intentó promover la actividad. Aquí propongo hacerse una pregunta bien elemental: ¿si las regalías son tan bajas y regaladas por qué no estamos llenos de empresas mineras “saqueando” lo que se regala? ¿Por qué no estamos, por ejemplo, aprovechando el boom de los precios del cobre para llenar las arcas de las reservas del Banco Central? Gracias a este boom, Chile, por ejemplo, acaba de corregir fuertemente al alza sus proyecciones de crecimiento para este año. Si bien unos puntos más o menos de regalías son un debate válido, es un error conceptual creer que la actividad minera deja solo las regalías. No hace falta estar a sueldo de las mineras para entender que alrededor de dos tercios de lo que produce una mina queda en la economía local. La minería paga de manera directa los sueldos más altos del país, que promedian los 200 mil pesos, desarrolla infraestructura, redes de proveedores locales y paga todos los impuestos nacionales, provinciales y locales. No hablamos de hipótesis, son hechos, basta con mirar la evolución de los productos brutos geográficos y los indicadores sociales de las principales provincias mineras, mirar los números de Santa Cruz y San Juan. Neuquén, por ejemplo, es una provincia relativamente rica: ¿es por las regalías petroleras que pagan los salarios de quienes periódicamente cortan las rutas a los yacimientos o por el derrame del conjunto de la actividad vía impuestos, sueldos, infraestructura y proveedores? Lo que digo debería ser algo de sentido común, no algo que hay que explicar. APU: ¿Las empresas mineras llevan a cabo en los países subdesarrollados un tipo de explotación que tienen prohíbido en sus países de origen? CS: En ese punto no hay que ser necios ni maniqueos. Las mineras persiguen maximizar ganancias como cualquier empresa capitalista. No son organizaciones sin fines de lucro. Desarrollar la tarea incluyendo un estricto cuidado ambiental es más caro que no incluirlo. Son los Estados quienes tienen que incluir la regulación y vigilancia adecuadas para que este cuidado se haga efectivo. Esto ocurre con la minería y con cualquier actividad económica. Cuanto más subdesarrollado es un Estado menor es su capacidad de vigilancia. Cuanto más anti Estado es la ideología del pseudo ambientalista menos va a creer en la capacidad de regulación pública. Otra vez, la historia de la experiencia minera local no está libre de accidentes ambientales, pero tenemos un Estado que regula y empresas que debieron proceder a la remediación. Estar a favor de la minería no significa hacer la vista gorda con sus problemas. Como dije, los desafíos ambientales de la producción serán uno de los debates más importantes del siglo XXI. Lo que es ridículo es decir “existe riesgo ambiental, entonces prohibamos la actividad” o la zoncera publicitaria de “no es no”. ¿Entonces no producimos hidrocarburos y no producimos minerales? ¿Qué hacemos, no los usamos, los importamos, esperamos que caigan como maná del cielo? Es realmente absurdo: ¿en serio hay que explicarlo? APU: En muchas ciudades donde se plantea la posibilidad de minería se generan muchos conflictos sociales que enfrentan a sectores muy intensos a favor y en contra. Más allá de minorías o mayorías (no es menor la discusión por supuesto), voy a este lugar: ¿Cuál es su explicación del rechazo que genera este tipo de explotación? ¿Por qué tiene relativo consenso la postura antiminera? CS: Me estás pidiendo que no hable del rol de las minorías intensas, que es clave en estos procesos. Está bien, no hablo. Vamos al rechazo. No sé si hay una respuesta sencilla, creo que hay una sumatoria de elementos para configurar esa respuesta. El primero es el mismo que el de la historia universal del miedo. Siempre se teme a lo desconocido y a lo nuevo. Luego, si cada vez que se habla de minería en un medio de comunicación se ilustra con una foto de agua de colores en un dique de colas o con el cráter gigantesco de una explotación a cielo abierto y yo desconozco todo sobre los procesos de producción minera, lo más probable es que por lo menos sospeche y no me guste. Si además aparece un montón de gente en los medios de comunicación diciéndome que me van a envenenar el agua, que van a esparcir cianuro, que se contaminarán los ríos y que ya no nos quedará agua para la agricultura, lo menos que me va a pasar es que me voy a asustar. Aunque nada de eso sea cierto, seguramente no tendré elementos para analizarlo porque no todos están obligados a ser especialistas o conocedores. Te lo ilustro con un ejemplo personal. Resido en un lugar con una naturaleza bastante prístina. Una de las cosas que más disfruto es que no haya luces por las noches, que haya silencio y no ver nada vinculado a la civilización. Además trabajo en el sector servicios y exclusivamente para una región del país distinta a la de mi lugar de residencia. Si me dijesen que quieren instalar una mina o una planta nuclear cerca de mi casa seguramente me sentiría tentado a firmar el petitorio de rechazo. En mi caso sucede que, por ideología, prefiero que el prójimo también tenga ingresos y además tengo conciencia de los procesos productivos de todos los bienes y servicios que uso y consumo. Quizá la mayoría de la gente no haga la mediación que yo hago por inevitable deformación profesional. Hace poco, el dueño de una radio me decía a través de una red social que el pseudo ambientalismo era “un movimiento incipiente y con poco espacio en los medios”. Es difícil decir algo más alejado de la realidad. Ya tienen varias décadas en el país. Sólo por citar algunos hitos lograron prohibir la explotación de uranio, sacaron legislación antiminera en varias provincias, como Chubut, Río Negro y Mendoza, mantuvieron cuatro años los puentes cortados con Uruguay, demonizaron la agricultura moderna y, sobre todo, tienen mucho espacio en los medios, incluidos los de derecha, lo que a mi juicio los vuelve todavía más sospechosos. Sintetizando, creo que el rechazo es por miedo y el miedo es por desinformación y la publicidad negativa e interesada montada sobre esta desinformación. La experiencia real de las provincias mineras, en cambio, es que allí donde hay minería mejoran las condiciones de vida y los indicadores sociales. APU: Vuelvo a una pregunta sobre la que me gustaría se extendiera: ¿Por qué esas posturas antimineras tienen mucho consenso en sectores del peronismo, el kirchnerismo o el progresismo popular? GS: Lo que pasa con la absorción del pseudo ecologismo por las fuerzas del campo nacional y popular es un fenómeno digno de ser abordado con bastante más profundidad que la que podemos darle ahora, pero creo que es, como dije, uno de los aspectos principales que deben ser repensados. Creo que la deriva del trotskismo, que parece haber cambiado la lucha de clases por las banderas del pseudo ambientalismo, si bien es muy ruidosa en términos de la manifestación callejera, de minoría intensa, no es algo para preocuparse en tanto nunca serán gobierno. Puede haber alguna correa de transmisión de este “neo trotskismo”, ya que lo de León era otra cosa, con los sectores más radicalizados de la coalición, como los ligados al gremio ATE. Aquí se repite lo que decíamos de quienes trabajan en el sector servicios y desconocen los procesos reales de transformación material. También hacen su aporte los movimientos sociales, en los que existe una idealización casi polpotiana de la ruralidad pre moderna, de la “vuelta al campo” y la producción de hortalizas en pequeña escala. Aclaro que soy el feliz poseedor de un vivero orgánico que yo mismo construí y cultivo, con su correspondiente abonera que me permite reciclar en casa los residuos orgánicos, pero eso es un privilegio diletante, no un medio de vida. Esta idealización de los movimientos sociales de la vida rural pre capitalista está asociada a una estigmatización del consumo entendido como algo malo y englobada bajo el concepto más general del “buen vivir”, lo que constituye una negación de los elementos más básicos de la teoría económica desde los clásicos al presente, como son los beneficios del aumento de la productividad y del producto per cápita, la clave de cualquier economía a lo largo de toda la historia humana para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. En los sectores progresistas urbanos con mayores niveles educativos lo que existe es una permeabilidad con el ambientalismo de los países desarrollados. La izquierda europea hace rato que dejó de discutir el capitalismo y los estados de bienestar. Ahora sólo debate derechos civiles, inmigración y ecologismo. No debe olvidarse que estas corrientes ambientalistas no surgen de los saberes ancestrales del buen vivir, sino que son precisamente una reacción de las sociedades hiperdesarrolladas que se acercan al límite del uso de sus recursos naturales. Es allí donde nacen el neomaltusianismo y las teorías del “decrecimiento”. Aunque parezca increíble para el sentido común, al menos para el mío, existen personas que extrapolan este pensamiento de sociedades desarrolladas que ya explotaron sus recursos no renovables a una sociedad como la nuestra, de desarrollo medio y con todos los recursos sin explotar. Otro factor que pesa es el “buenismo”, una categoría sociológica poco ortodoxa, pero algún nombre hay que darle. Defender el medio ambiente parece algo bueno, como no vamos a estar a favor… Personalmente pienso lo mismo, ya dije que es uno de los debates cruciales del presente. El punto es que hay que elegir bien la agenda y no comprar cualquier paquete. Y finalmente, buena parte de la dirigencia política propia sigue la corriente, prefiere no meterse con los temas conflictivos que tienen más costos inmediatos que beneficios, algo que conozco bien, sin darse cuenta de la gravedad que en estas cuestiones puede generar un mal diagnóstico. APU: Lo saco de la minería para una pregunta económica más amplia. ¿Qué otros discursos económicos deberían rediscutirse en el campo popular, discursos que son muy aceptados pero pueden ser tan perjudiciales como la militancia antiminera? CS: Lo que me gustaría agregar no sé si es “otro discurso económico”, sino más bien la limitación de un discurso que está muy relacionada con lo que venimos hablando y cuya incomprensión puede ser realmente muy perjudicial. Creo que por incapacidad propia o por falta proporcional de espacios de difusión, o las dos cosas, los economistas heterodoxos no hemos sido del todo exitosos en explicar que la principal restricción de las economías como la nuestra es la escasez de dólares, lo que normalmente se denomina restricción externa. No haré la explicación técnica para no aburrir, pero me gusta contarlo con el ejemplo de los salarios. Si tengo un salario de subsistencia y empieza a aumentar, automáticamente empezaré a demandar bienes que tienen mayores componentes importados, empezaré con un celular, electrodomésticos, una motito, un auto, hasta servicios turísticos del exterior. Mejorar la calidad de vida de la población significa demandar más bienes de cadenas productivas que en la estructura económica local son deficitarias en divisas. Si quiero aumentar la inclusión necesito más dólares, no hay magia en esto. Y si no tengo esos dólares, la economía simplemente se frena. Los mecanismos son múltiples, pero el habitual es una crisis cambiaria, con devaluación, inflación y caída de salarios. Es un proceso que los argentinos experimentaron recurrentemente aunque la mayoría no ate los cabos de las causalidades. A veces observo en compañeros cierto voluntarismo del gasto, el creer que expandir el gasto es sólo cuestión de voluntad política, que luego actuará el multiplicador de la actividad y listo. Sin embargo, las restricciones materiales existen. Obviamente que esa restricción no es el déficit presupuestario como dice la ortodoxia, sino la falta de dólares. Bueno, todas las actividades que el falso ecologismo critica son precisamente las que pueden aportar más dólares, como la minería y la agricultura moderna, o lo que es muy parecido, ahorrarlos, como los hidrocarburos o la energía nuclear. A veces escuché azorado que hay una minería que sirve como la del litio, y otra que no sirve, como la del oro, como si las divisas que pueden generar una y otra fuesen distintas. Hay que entender definitivamente que si queremos mayor inclusión, mayor bienestar, necesitamos más dólares. Por eso siempre insisto en que el falso ecologismo es un pensamiento reaccionario funcional al imperialismo, una de las formas más perversas del antidesarrollo.

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Una reflexión, breve, de AgendAR

Aclaramos de entrada que no somos «neutrales». En AgendAR creemos que Argentina debe desarrollar la minería, la agricultura moderna y la energía nuclear. Pero en el calor del debate, nos parece, se está dejando de lado una distinción necesaria. Es la que hay que hacer entre quienes militan contra la minería, o la cuestionan, por un análisis intelectual -acertado o erróneo, eso es para debatir- y aquellos que, entre las poblaciones locales se oponen a una explotación concreta. En muchos casos, demasiados, tienen vivencias concretas del deterioro de su ambiente. En otros, pueden estar motivados por prejuicios. No importa; sus prejuicios no son menos respetables que lo cualquier graduado universitario, aunque sea economista. Es el trabajo de las empresas y de los gobiernos, provinciales y nacional, convencerlos que les conviene darle una oportunidad a la explotación. Para convencerlos, claro, hay que volcar recursos. Que pueden ser obras en la localidad, compensaciones monetarias… Sería antieconómico si la explotaciones mineras se hicieran en Palermo, C.A.B.A., pero la naturaleza es sabia y las vetas están en regiones áridas con poca población. Un punto más: es cierto que muchos países pobres se prestan a los desarrollos mineros a costa de su calidad ambiental y hasta de la salud de sus habitantes. Y corresponde reconocer que algunas de esas ONG ambientalistas cumplen una tarea encomiable denunciando esa moderna explotación. Pero no es el caso de Argentina. La pobreza, la indigencia, han estado creciendo en nuestro país por más de 40 años, pero no al grado de cancelar la capacidad de reacción de nuestra gente. En cualquiera de nuestras provincias. No hemos logrado construir un modelo estable para nuestro desarrollo económico. Pero al menos, hemos cerrado algunos: los que pasan por disponibilidad de mano de obra barata y/o el deterioro ambiental.

A. B. F.

30 años de la CONAE. Nora Bär entrevista a Kulichevsky y Varotto. Video completo

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El ing. Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y el dr. Conrado Varotto, quien dirigió la institución de 1994 al 2018, entrevistados por Nora Bär, periodista científica desde hace cuatro décadas. Una hora y media, incluyendo las preguntas de los espectadores. Para escuchar con tiempo.

La Unión Europea lleva a juicio a AstraZeneca por retrasos en la entrega de vacunas

La Comisión Europea, el ejecutivo de la U.E., reclama 10 millones de euros de indemnización, más 10 euros por CADA dosis y CADA día de retraso acumulado en las entregas a partir del 1° de julio.

La Comisión Europea quiere que AstraZeneca pague por sus retrasos en entregar lasvacunas en las cantidades y plazos a los que se había comprometido.

Así lo planteó el miércoles pasado ante la Justicia en Bruselas. Según el contrato firmado, el fabricante debería entregar 300 millones en el primer trimestre, pero la compañía ha anunciado que apenas llegará a 100. Así, Bruselas reclama 90 millones para antes de que acabe el mes de junio, y pide 10 millones de euros de compensación más 10 euros por dosis y día de retraso en las entregas. AstraZeneca vende cada dosis a precio de coste, por debajo de los dos euros, una décima parte de lo que cuestan las de Pfizer, por ejemplo.

De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, AstraZeneca entregó en el primer trimestre 30 millones, en lugar de los 120 esperados; y llevaba 50 millones en mayo del segundo trimestre, que debería terminar con 180 pero lo hará, según lo anunciado por AstraZeneca, con 70. En total, serían 100 millones en lugar de los 300 previstos. «AstraZeneca ni siquiera trató de cumplir el contrato», ha dicho el abogado de la UE, Rafael Jafferali, en el tribunal de Bruselas en la primera audiencia sobre la causa en la que Bruselas pide una compensación económica al fabricante: Jafferali, informa Reuters, ha dicho que la UE reclama 10 millones y, además, 10 euros por cada día de retraso por cada dosis como compensación por el incumplimiento del contrato. Esta sanción se aplicaría a partir del 1 de julio de 2021, si el juez la aceptara. Se espera un veredicto en un mes. «Este no es un contrato para la entrega de zapatos o camisetas», dijo el abogado de AstraZeneca, Hakim Boularbah, al tribunal, informa Reuters, argumentando la complejidad de fabricar vacunas. Y señaló que la compañía había fijado sus objetivos de entrega basados en cálculos previos de capacidad de producción, y destacó que la vacuna se vendió a precio de coste. AstraZeneca ha dicho repetidamente que las entregas recogidas en contrato no eran vinculantes, ya que solo se comprometía a hacer «los mejores esfuerzos razonables» para facilitar las dosis. El abogado de la Comisión Europea, Jafferali, afirmó que ese principio no se había respetado porque la farmacéutica no había entregado a la UE 50 millones de dosis producidas en fábricas que figuran en el contrato como proveedores de la UE, incluidas las 39 millones de dosis fabricadas en Reino Unido, 10 millones producidas en Estados Unidos y el millón de Países Bajos. Según el abogado, esas estas dosis fueron «desviadas» a otros clientes, en alusión a Reino Unido. AstraZeneca, por su parte, se defiende diciendo que las dosis producidas en Gran Bretaña estaban reservadas por contrato a Reino Unido, en función de lo firmado por el Gobierno británico con la Universidad de Oxford, que desarrolló la vacuna. Los 20 millones extra que reclama Bruselas no supondrán un gran cambio en el ritmo de vacunación en la UE, si bien pueden dar a la UE un colchón mayor en la carrera por vacunar al 70% de su población adulta, unos 255 millones de personas, a mediados de julio.

Un efecto inesperado de la pandemia: aumentan las consultas para congelar óvulos

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Las consultas para preservar la fertilidad -congelando los óvulos- aumentaron entre un 40% y un 60%. El motivo que se menciona más, es la incertidumbre que genera el virus para llevar adelante un embarazo.

«Tengo 37 años, soy profesional y tengo un trabajo que me gusta. Cuando empezó la pandemia, estaba en pareja pero nos separamos. A fines del año pasado sentí que el tiempo me corría. El reloj biológico y el otro, el de conocer a alguien y formar un vínculo estable. Entonces, decidí congelar óvulos. Es toda una decisión porque en el tratamiento voy a invertir mis ahorros. Pero creo que voy a sumar autonomía y tiempo. Y que es una posibilidad a futuro para armar una familia. Los guardé ‘para más adelante'», dice Carolina. Su testimonio es el de muchas mujeres que, ante el cambio social que produjo la pandemia del Coronavirus, averiguaron en varios centros de qué manera podían preservar su fertilidad. La técnica se llama vitrificación o criopreservación. El tratamiento dura quince días. El paso a paso incluye una consulta de la que la paciente se lleva una orden para realizar análisis clínicos de rutina, medicación para estimular los ovarios y una punción en quirófano, con sedación total o parcial, para extraer la mayor cantidad (lo ideal es quince) de ovocitos que luego serán congelados, sin perder calidad. Desde 2013 rige la Ley 26.862, que establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo. Pero la vitrificación está excluida. Las obras sociales y prepagas no cubren la preservación de fertilidad. La inversión es alta y varía de acuerdo a la institución que la realice, pero ronda los $ 200 mil. El mantenimiento anual de los ovocitos extraídos, los $16 mil. El costo define el perfil de quienes consultan: a partir de los 36 años, en promedio, con estudios universitarios, informadas, con trabajo estable y recursos económicos suficientes para planificar a mediano plazo. La mayoría está soltera. En Halitus, IVI y el Hospital Italiano coinciden: las consultas para preservar la fertilidad aumentaron entre un 40 y un 60% de acuerdo a sus registros de 2020 y el primer trimestre de este año. En el Hospital Italiano, por ejemplo, si antes hacían siete presupuestos, hoy hace 15: el doble. Y la vitrificación engrosó la proporción de tratamientos de fertilidad un 35%. Los especialistas refieren que hay causas sociales y razones médicas para explicar por qué más personas con capacidad de gestar, en su mayoría mujeres, se acercan a consultar. Sergio Pasqualini, médico ginecólogo especialista en fertilidad y director de Halitus, refiere que las pautas socio-culturales han cambiado: «Por un lado, el deseo de postergar la maternidad es una causa de consulta que se mantiene desde hace varios años. También hay más divulgación de la técnica y el tratamiento da buenos resultados. La pandemia fue esa gotita que rebasó el vaso». «Notamos dos eventos que explican el interés por conservar óvulos. El año pasado, las personas con estabilidad económica pudieron ahorrar. Y por otro, se dificultó mucho el vínculo interpersonal durante la pandemia. La tecnología puede ayudar en estos momentos en que los fenómenos externos cambian nuestros planes y en ese sentido, la vitrificación es una forma de actuar en el presente pensando en el futuro”, apunta Fernando Neuspiller, médico tocoginecólogo y director del centro de fertilidad IVI. Notamos dos eventos que explican el interés por conservar óvulos. El año pasado, las personas con estabilidad económica pudieron ahorrar. Y por otro, se dificultó mucho el vínculo interpersonal durante la pandemia. «Con los centros de reproducción cerrados, sumado a la perplejidad que generó el virus, más la dificultad para establecer relaciones y no saber con claridad cómo impacta el virus en gestantes y sus bebés… ¿Qué alternativa podíamos darle a esas personas que se acercaban a preguntar qué opciones tienen para lograr un embarazo? Eso puede explicar la suba considerable de averiguaciones sobre la técnica de criopreservación. Congelar óvulos es una alternativa viable y segura en estos momentos, además de garantizar autonomía reproductiva para personas con capacidad de gestar», explica Romina Pesce, Jefa de la Sección Reproducción del Hospital Italiano.