Ley de Glaciares: Milei quiere desnacionalizarla, para destrabar inversiones mineras

0

El presidente Javier Milei anticipó este jueves que enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar en sesiones extraordinarias la Ley de Glaciares y que sea cada provincia la que determine cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. El objetivo oficial es destrabar una serie de inversiones, fundamentalmente en grandes proyectos de cobre.

“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, aseguró Milei en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes.

El gobierno viene desde hace tiempo evaluando distintas opciones para modificar la Ley de Glaciares. Una de las alternativas que estuvo en carpeta fue introducir cambios por decreto, pero finalmente la idea fue descartada por temor a que fuera bloqueado por la Justicia.

“Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar», sostuvo Milei.

La opción de un proyecto de ley cotizaba en baja, pero luego del triunfo electoral de octubre, el gobierno apuesta a destrabar las inversiones con un mayor número de legisladores propios y el apoyo de las jurisdicciones mineras.

De hecho, las provincias mineras son las que más vienen presionando para que se modifique la ley de Glaciares. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se juntó esta semana con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y le aseguró que la legislación actual constituye un freno para el desarrollo de proyectos mineros como El Pachón y Vicuña.

Lo mismo había señalado el mes pasado el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola. “Hay una ley de Glaciares que no solo protege glaciares, que protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Si eso no se modifica, lo que va a pasar es que nadie va a poner la plata en Argentina”, remarcó.

“Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales”, sostuvo Milei, quien reveló que la idea se la acercó el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo

Qué dice la ley

La ley 26.639 de 2010 prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en las zonas glaciares y periglaciares. Sin embargo, la norma no es clara en lo que respecta a la definición de las zonas periglaciares.

El artículo 2 de la ley dice que “se entiende por ambiente periglaciar en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. Identificar esos suelos requiere criterios científicos que la ley no detalla.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha sido el organismo encargado de aplicar criterios científicos para identificar en el terreno aquello que la ley manda proteger y elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y caracteriza glaciares y geoformas periglaciales.

Ese inventario ha recibido varias objeciones por parte de organizaciones ambientalistas porque afirman que el inventario no incluye glaciares de menos de una hectárea. Al mismo tiempo, las empresas afirman que el inventario obstaculiza sus proyectos y buscan que se revise la interpretación técnica de dónde hay glaciares o periglaciares protegidos.

Centralismo o federalismo ambiental

El debate sobre la Ley de Glaciares estuvo atravesado desde su inicio por la dictomía federalización/centralización que ahora resurge de la mano del proyecto que enviará el gobierno al Congreso.

Las organizaciones ambientalistas defendieron la necesidad de que el inventario de zonas glaciares y periglaciares fuera realizado solo por el IANIGLIA porque aquellas áreas trascendían los límites políticos-administrativos y era indispensable utilizar una metodología uniforme a lo largo de toda la Cordillera de los Andes.

Además, cuestionaban que las auditorías ambientales fuesen realizadas por autoridades provinciales ya que con este instrumento se podía llegar a demorar la efectiva implementación de la Ley de Glaciares, como había sucedido en algunas jurisdicciones con la Ley de Bosques Nativos.

Por el contrario, los gobernadores de las provincias mineras plantearon que las instituciones provinciales debían participar en la elaboración del inventario y de las auditorías. Estos actores sostenían que como los recursos naturales son dominio de las provincias.

Como recuerda la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María Laura Isla Raffaele, en un paper donde repasa las discusiones y controversias sobre el federalismo ambiental que motivó la ley de Glaciares, los mandatarios de ocho provincias cordilleranas (Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, Río Negro y Santa Cruz) firmaron incluso un documento en el cual se comprometieron a impulsar legislaciones provinciales sobre glaciares, como una forma de rechazo a las discusiones parlamentarias a nivel nacional

En cumplimiento de ese acuerdo, Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz sancionaron leyes de protección de glaciares, cuyo objetivo fue reforzar la autonomía provincial sobre los recursos naturales y la potestad de decidir sobre el desarrollo de la megaminería.

La disputa incluso llegó a judicializarse hasta que en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la validez jurídica de la norma y determinó que las autoridades nacionales y provinciales debían arbitrar los medios necesarios para potenciar su cumplimiento. Sin embargo, el tema nunca terminó de resolverse y ahora el debate se reabre.

Fernando Krakowiak

En defensa de la producción local de alimentos

0

50 de las 51 políticas alimentarias que implementó el Gobierno desde que asumió van, paradójicamente, en contra de la producción local de alimentos. Así lo detalla un relevamiento elaborado por el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA). Uno de los ejemplos más significativos fue la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), del que fueron despedidos la mayoría de sus trabajadores.

A eso se le suman los despidos y la reducción de personal y presupuestaria que viene sufriendo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como la eliminación de programas destinados a ese sector que el instituto venía desarrollando desde hacía más de 30 años. Uno de ellos fue el ProHuerta, que fue discontinuado en abril de 2024, a pesar de que era un programa de referencia a nivel internacional. Un caso similar fue el de Cambio Rural, que jugaba un rol clave para los pequeños establecimientos productivos en todo el país pero fue cerrado en octubre de ese mismo año.

“Durante el año pasado, ya habíamos perdido el 10% de la planta del INTA, alrededor de 300 compañeros se fueron de la institución”, cuestiona Sebastián Fajardo, delegado de ATE en INTA AMBA, y agrega que, en febrero de este año, el Consejo Directivo del instituto votó a favor del cierre de la Agencia Experimental del AMBA, con sus nueve agencias de extensión. “Sería la primera vez en los 70 años de historia del INTA que se cierra una experimental”, destaca Fajardo, y advierte que eso no solo afectará al personal de la institución, sino también a decenas de familias productoras que perderán el acompañamiento y la asistencia que los profesionales y técnicos del INTA les ofrecen desde hace décadas. Además, agrega que la dinámica de ajuste fue “muchísimo mayor” desde que asumió el nuevo presidente en el INTA (que es designado por el Gobierno nacional), Nicolás Bronzovich.

La situación del INTA y los productores del cordón frutihortícola del AMBA se repite en distintas partes del país.

Por todo eso, a fines de octubre, trabajadores del INTA junto a organizaciones de productores del cordón hortícola de la zona del Gran La Plata, Berazategui, Florencio Varela y alrededores realizaron un festival en la ciudad de La Plata, para visibilizar sus preocupaciones y defender no solo sus fuentes de trabajo y el futuro de la institución, sino también el de las unidades productivas de la zona.

“¿Cómo no apoyar al INTA en la situación que está pasando, si para nosotros es una parte principal, nos aporta tecnología y el trabajo de ingenieros que estudiaron y vuelcan su experiencia en nuestros campos, con análisis de agua, de suelo y de nuestros productos?”, se pregunta Luis Pérez, uno de los productores de la Asociación 1610, de Florencio Varela, que en 2009 comenzó a producir de manera agroecológica y trabaja con el INTA desde entonces.

Ahora, Pérez sostiene que no solo carecen de la asistencia que recibían por parte de los técnicos del INTA: también deben afrontar otras dificultades en la producción y comercialización de sus productos, y eso también impacta en toda una cadena que incluye a quienes producen o comercializan los insumos que ellos necesitan, como maderas y otros materiales que ya no pueden reponer debido a la crisis que están atravesando.

“Los productores de la región son principalmente arrendatarios: con costos de alquileres encarecidos, costos fijos altos, problemas comerciales y dependencia de insumos externos dolarizados, es muy difícil sostenerse. Muchos productores están endeudados y cuando ya no sostienen el endeudamiento, se terminan yendo”, advierte Camila Gómez, coordinadora del Proyecto Regional de Ambiente y jefa de la Agencia de Extensión La Plata (recientemente cerrada). Gómez afirma que muchos ya se han ido hacia zonas con más disponibilidad de tierras, en las que el valor de los alquileres no es tan alto, como Magdalena o Brandsen, pero muchos otros directamente no están más porque se dedican a otra cosa, hacen changas o vuelven a sus países de origen.

La especialista agrega que muchas de las personas del INTA que trabajaban en las nueve estaciones experimentales que dependía de la experimental de AMBA fueron trasladadas al Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF), donde los objetivos de trabajo son diferentes, lo que les dificulta continuar con sus líneas de trabajo previas. Esto se traduce en un debilitamiento con el vínculo con los productores, a los que, por ejemplo, ya no pueden seguir visitando con la misma regularidad que antes.

“Hay una desvalorización hacia el trabajo destinado a la agricultura familiar en general, no solo en esta región, sino dentro del INTA en general”, cuestiona Gómez, y agrega que desde las agencias de extensión no solo asesoraban a las familias productoras sobre productos y formas de producción más sustentables, sino que también les proveían semillas producidas por el INTA y otros materiales “más versátiles, con menos exigencias de incorporación de insumos externos”, para cultivos como tomate, pimiento y zanahoria. Además, ayudaron con la inclusión de papas y otras hortalizas denominadas pesadas, para diversificar sus producciones.

Durante el festival hubo feria de producciones locales, talleres y debate sobre la preocupante situación del sector y el rol del Estado en las políticas agroalimentarias.

“También trabajamos mucho, desde la Agencia de La Plata, en la reparación de suelos”, explica Gómez. “Tratamos de trabajar todas estas cuestiones con los productores y las organizaciones, promoviendo prácticas más sustentables y amigables con el ambiente”, agrega. Por ejemplo, menciona procesos como incorporar materia orgánica vegetal, triturar los restos de cultivos e incorporarlos, compostar con restos de cultivo y promover la biofumigación.

La especialista dice que desde la experimental del INTA también estaban trabajando en otras problemáticas sociales, como las que genera el avance de la urbanización sobre zonas más rurales, que terminan rodeadas de grandes barrios cerrados.

“Nos trasladamos cuidando nuestros lugares de trabajo pero seguimos reivindicando que no se cierra la Experimental, así como las tareas que veníamos teniendo en el territorio desde las distintas agencias de extensión, porque si no lo hace el INTA, es una zona vacía”, coincide Fajardo, que trabaja desde hace años con productores de la ciudad de La Plata, y subraya que “esto afecta al cinturón hortícola más importante del país y a un montón de producciones de alimentos frescos que abastecen no solo a la Capital Federal, sino también a muchas ciudades del área metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más densamente poblada del país”.

Soberanía alimentaria

La situación del INTA y los productores del cordón frutihortícola del AMBA se repite en distintas partes del país. Así como se visualizó esta situación durante el festival del INTA, tras el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, que fue el 16 de octubre, también se realizaron diversas manifestaciones y eventos para seguir defendiendo el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, y los riesgos que corre hoy este sector.

Ese mismo día, investigadores y especialistas de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAS) presentaron el último Informe Anual de Soberanía Alimentaria, con indicadores y datos sobre el sector. Además, se refirieron a la relevancia de la lactancia materna como primer alimento, cuestionaron el modelo agroindustrial hegemónico, advirtieron sobre la concentración en la distribución de productos y recordaron que la alimentación es un derecho constitucional en el país desde 1994, cuyo acceso debe ser garantizado.

Al día siguiente, las organizaciones de productores se manifestaron en Plaza de Mayo. Estos colectivos, nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina, realizaron lo que denominaron un «alimentazo» frente a la Casa Rosada, para mostrar la crítica realidad que viven productores campesinos y cooperativos en todo el país.

Vanina Lombardi

Paolo Rocca pide una “política industrial” para la Argentina

0

Reformas, apertura racional y política industrial fueron los temas de la conversación que mantuvo el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). El empresario aportó su mirada sobre la agenda que impulsa el presidente Javier Milei y las oportunidades del sector productivo.

En cada una de sus apariciones públicas, Rocca habla de política industrial. “El hecho de que se haya desprestigiado este concepto por los abusos, la falta de transparencia y la intervención no le quita valor ni relevancia“, sostuvo.

El empresario reconoció el reordenamiento de la economía a cargo de la gestión de Milei, pero también planteó que quedan cosas por hacer: “Debemos hacer política monetaria e industrial“. De hecho, Rocca se manifestó en contra de que el desarrollo de la Argentina dependa solo de una cadena de valor porque “eso no alcanza”.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló de las reformas que impulsa el Gobierno
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló de las reformas que impulsa el Gobierno

En consecuencia, introdujo la idea de decisiones sectoriales. En palabras de Rocca esto equivale a “entender en qué cadena de valor aceptamos un rol distinto y a cuál apoyamos y cuidamos”.

El empresario destacó que el sistema impositivo es una de las principales trabas para el sector productivo. “La industria necesita reducir la carga impositiva, reducir la informalidad laboral, ampliar las bases de recaudación con equilibrio fiscal y distribuyendo el peso del Estado”, señaló, al tiempo que cuestionó la presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal.

“Nuestra empresa tiene un 4% o 5% de impuesto a la exportación industrial. No hay que desalentar la exportación”, afirmó Rocca.

En ese sentido, consideró que una reforma tributaria debería tomar como referencia modelos que diferencian los impuestos sobre utilidades distribuidas y reinvertidas. “Los tres principios —reducir la informalidad, favorecer la inversión y no obstaculizar las exportaciones— son elementos de orientación de una reforma”, sintetizó.

A su vez, Rocca no le escapó en sus comentarios a la reforma laboral como otro eje prioritario. “El tema laboral es la segunda reforma importante, y en el corazón de esto está la reducción de la informalidad”, sostuvo. “Una reforma laboral debería apuntar a reducir la informalidad, reducir la litigiosidad y permitir la flexibilidad que aumente la productividad”, añadió, y remarcó la necesidad de “construir consenso y una posibilidad de transformación positiva”.

Además, fuera de agenda planteó la necesidad de una reforma educativa que permita mejorar los resultados del sistema. Este es otro de los temas que el empresario suele repetir en sus discursos. “Hace falta una reforma educativa: en 1994 se provincializó, tenemos 9 millones de alumnos y 800.000 docentes; gran parte de esto está en manos de las provincias”, dijo. Acto seguido, propuso “poner al Estado en control de contenidos, evaluación y performance, para que no quede fragmentado”.

Por último, consideró que el desarrollo de la infraestructura y la logística es clave para la competitividad industrial. “La empresa para ser competitiva necesita logística, un tema muy relevante para la transformación”, aseguró.

Ignacio Grimaldi

«Acuerdo comercial» ¿qué exige EE.UU. en servicios digitales y transferencias de datos?

0

La Casa Blanca anunció que nuestro país concretará un acuerdo con los Estados Unidos en materia de comercio e inversión. El texto inicial detalla, en el apartado “Comercio digital”, que “Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos mediante el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluyendo datos personales, y a no discriminar servicios digitales o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas para su legislación las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley estadounidense”.

Aunque el texto no tiene validez de ley, y es apenas una declaración de intenciones, insiste sobre algunos puntos relacionados con el mundo digital que llamaron la atención de los expertos locales.

Traspaso de datos personales

Aunque aún falta que se redacte el texto final y la letra chica, varios especialistas y abogados ofrecen su visión sobre cómo afectará a nuestros datos personales este acuerdo, y el valor que tienen y tendrán, sobre todo si son datos íntimos que compartimos sin saberlo (o sin tenerlo en cuenta).

Algunos aseguran que mejorará la operatoria diaria de las compañías y no afectará a los usuarios finales; mientras otros advierten que podría poner en peligro nuestra intimidad. Entre estos últimos se encuentra Javier Pallero, especialista en políticas públicas de la tecnología. “El texto que se ha publicado sobre datos personales implica que Argentina no podrá aplicar controles más estrictos sobre cómo se manejan los datos de argentinos al usar aplicaciones de empresas estadounidenses -analiza-. Hoy la ley que rige en Argentina tiene algunos aspectos más proteccionistas que los que se usan en los Estados Unidos. Esto se hace para facilitar la operatoria de empresas estadounidenses y de su gestión de los datos personales, a contramano de otras tendencias regulatorias como la europea, que son más estrictas, y hacia los cuales la Argentina iba orientándose a través de convenios y proyectos de reforma”.

David Mielnik, abogado especializado en tecnología y en la aplicación de IA al Derecho, explica que este apartado del texto del acuerdo se relaciona con nuestra ley de proyección de datos personales, que es la ley 25.326. “Es relativamente vieja porque data del año 2000 y no contempla los desarrollos tecnológicos de los últimos años. Pero en el artículo 12 prohíbe la transferencia transnacional de datos personales a países que no ofrezcan adecuadas garantías de su protección. Entonces, con este acuerdo, Argentina reconocería expresamente que los Estados Unidos es un país que ofrece garantías adecuadas de protección. Esto facilita la adopción de software, en particular de inteligencia artificial, que por su propia naturaleza maneja datos. En otras palabras, facilitaría la adopción de tecnologías donde el procesamiento ocurre en los Estados Unidos y lo colocaría en lugar de preferencia, en relación con otros países como China”, analiza.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es quien determina qué países ofrecen las garantías de protección de datos personales adecuadas. “Con este acuerdo ya no sería necesario tomar esa decisión respecto de Estados Unidos”, explica Mielnik.

Definir los detalles

Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre (una ONG dedicada a gobierno digital y derecho en línea) ve con preocupación los detalles de este acuerdo marco. “Nos preocupan dos grandes campos: la propiedad intelectual y el comercio electrónico. La agenda de comercio electrónico, sobre todo la cuestión del tráfico transfronterizo de datos y el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada en términos de la ley argentina es un problema muy grave, especialmente por el hecho de que EE.UU. no tiene a nivel federal una ley de protección de datos que garantice el mismo marco de derechos que tenemos los ciudadanos argentinos sobre nuestros datos personales”, señala.

Aunque reconoce que tenemos una ley “viejita”, destaca que está basada en el marco legal de Europa, que es muy garantista de los derechos de protección de datos. “Hoy gracias a esta ley tenemos plenas capacidades sobre nuestros datos personales. El problema de nuestro país que tiene que ver con la baja capacidad de observancia de la ley y la falta de una cultura de protección de datos, pero un acuerdo de esta naturaleza con Estados Unidos no va a mejorar de ninguna manera los derechos de los argentinos sobre sus datos, sino que va a debilitar todavía más los magros resguardos que tenemos sobre ellos”, agrega Busaniche.

Para esta experta, será necesario tener una gran espalda financiera para poder litigar con una empresa estadounidense en territorio norteamericano sobre gestión de datos de un argentino, que es lo que habilita a priori el texto del acuerdo.

Visión positiva

Desde el otro lado, Pablo Palazzi, abogado, director del Centro de Tecnología y Sociedad (CETYS) de la Universidad de San Andrés y socio estudio Allende & Brea, considera que el acuerdo es muy positivo para el país y su economía. “Aunque hay que ver la letra chica una vez que se implemente en materia de datos personales, Argentina hace un cuarto de siglo que sigue el sistema europeo; además, fue el primer país de la región en ser considerado adecuado, es decir que se permite la transferencia de datos de la Unión Europa a Argentina. Mientras que el modelo norteamericano se focaliza más en la innovación y la tecnología, y menos en la regulación. En otras palabras, permite hacer más cosas con los datos personales, incluida la IA sin ningún límite. En cambio, en Europa ponen más límites. Con este acuerdo los datos van a fluir más fácil entre Argentina y Estados Unidos, sin tener que implementar otras medidas legales”, señala.

Según Palazzi, esto facilitará el comercio electrónico y ayudará a que haya más socios comerciales de ambas naciones. “Un tema a analizar a futuro es que los Estados Unidos es un país federal, y solo 20 estados de 50 tienen leyes generales de privacidad. Por lo tanto, hay que ver a dónde van los datos”, resalta.

Para Raúl Martínez Fazzalari, abogado especialista en tecnología, no hay conflicto entre las leyes locales y este acuerdo, ni con lo que establece sobre la transferencia de datos. “Cuando aceptamos el uso de cualquier servicio como Uber, Spotify, Netflix, por poner algunos ejemplos, estamos cediendo datos personales con consentimiento, porque aceptamos el uso de la política de privacidad. Para los usuarios individuales, en materia de datos personales, no significará ningún cambio. Las empresas deberán adaptar o incluir una condición en su contrato, como que ‘cualquier conflicto derivado de datos personales se podrá solucionar con la jurisdicción de Estados Unidos’. De hecho, Facebook, por ejemplo, tiene jurisdicción para los no residentes en Estados Unidos y Canadá, en Irlanda. Así que es exactamente lo mismo. En la práctica no veo ningún tipo de conflicto”, dice.

Opiniones cruzadas

Sobre la aceptación del uso de datos personales que hoy damos al utilizar redes sociales y servicios de empresas estadounidenses, Busaniche considera que “cuando se habla de asimilar jurisdicción en términos de adecuación, hay un montón de otros datos personales que van a empezar a fluir, que hoy no necesariamente están fluyendo, al menos legalmente, y con este marco se los va a habilitar. Hay mucha información personal que no es la que se otorga cuando se usan las redes sociales, como los datos bancarios, de salud, de compañías de seguro, por dar algunos ejemplos. Esa no es información que circula internacionalmente y no hemos avalado que ahora lo haga. La sensibilidad del asunto está en todos los otros datos que componen la economía hoy, de lo cual se extrae valor económico y que con una armonización de este tipo pueden fluir sin que los ciudadanos argentinos tengamos el control”, argumenta.

Para Martínez Fazzalari, en cambio, ya circula mucha de esta información, incluso en el marco de la ley contra lavado de dinero. “La información fluye. Por lo general, las personas dan sus datos personales si una compañía del exterior les presta un servicio. A mí, por ejemplo, no me importa que sepan si estoy asegurado o brindar los datos que me piden. El conflicto existe cuando afecta un derecho como puede ser la venta de esos datos, pero hoy eso ya ocurre. Cuando buscamos algo en Instagram a los pocos minutos vemos publicidades de ese producto. Hoy ya se comparten datos. Los organismos bilaterales específicos comparten datos, obviamente en investigaciones o por un tema de seguridad o ciberseguridad, pero los comparten”, opina.

Según Martínez Fazzalari, el sistema que usamos hoy se llama autorregulación de servicios: “la empresa que te presta cualquier tipo de servicio establece términos y condiciones para el uso de su aplicación y vos aceptás o no. Esto es lo que se está usando hace años en todas las plataformas y funciona. Es cierto que hay conflicto y que hay prácticas desleales, pero en términos generales el sistema funciona”.

Lo que deberá definirse en la letra chica del acuerdo (cuya implementación todavía no tiene fecha fija) es cuál es el alcance de ese flujo de datos de usuarios argentinos de servicios estadounidenses, si será bidireccional, y qué potestad tendrán el Estado, las empresas y los ciudadanos argentinos a la hora de reclamar ante un eventual problema.

Cintia Perazo

El primer amparo para frenar la privatización de Nucleoeléctrica

0

Pocos días después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo pusiera en marcha la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, una diputada nacional presentó el primer amparo para frenar la operación, mediante la cual el Gobierno busca  vender el 44% de las acciones de la compañía estatal que opera las centrales nucleares. 

Gabriela Estévez, del Frente de Todos, impulsó la medida, una acción de amparo individual y colectivo, en la que solicita la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. El expediente está en manos del juzgado federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja. Según se conoció, en los próximos días se realizarán planteos similares en otros tribunales.

De acuerdo con el texto, la demanda denuncia que el decreto fue dictado fuera del plazo de la delegación legislativa, violando el artículo 76 de la Constitución Nacional. Además, se omitió la Audiencia Pública obligatoria, exigida por el artículo 42 Constitución Nacional y la doctrina “CEPIS” de la Corte Suprema, lo que “vulnera el derecho de los usuarios a participar en decisiones que afectan tarifas y calidad del servicio”.

En su escrito, la diputada también recuerda que Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país y genera más del 7% de la energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista. “No es deficitaria ni prescindible. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2025 acumuló ganancias por 17 millones de dólares, y lleva adelante proyectos clave como la extensión de vida de Atucha I (725 millones USD) y el almacenamiento en seco de combustible gastado (173 millones USD), ambos financiados con deuda respaldada por contratos de venta de energía”, prosigue.

“La privatización no tiene justificación técnica ni económica. Por el contrario, pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas, la seguridad radiológica y la estabilidad tarifaria de más de 2,5 millones de hogares. Como advierte el amparo, una vez transferido el 44% del capital accionario, el daño sería irreversible”, señala el texto. 

La acción judicial invoca la defensa de derechos de incidencia colectiva (Art. 42 CN), el derecho a un ambiente sano (Art. 41 CN) y el derecho a una vida digna (Art. 4.1 CADH). “La gestión de activos nucleares exige máxima transparencia y control estatal, no negociaciones opacas ni cesión patrimonial a grupos privados sin experiencia ni compromiso con el interés público”, detalla. En consecuencia, la diputada solicita la suspensión “inmediata” de cualquier acto de licitación, oferta o transferencia de acciones de NA-SA.

Por último, se remarca que el plan nuclear que anunció el Gobierno Nacional hace casi un año “carece de un rumbo claro” y tampoco ha mostrado ningún avance concreto: su único resultado palpable es la paralización del proyecto CAREM, uno de los pequeños reactores (SMR) de mayor avance en el mundo.   “Los trabajadores de las centrales nucleares vienen resistiendo el desguace nuclear, mediante un plan de lucha permanente en los lugares de trabajo y repudiando a la conducción entreguista de la empresa”, finaliza.

El acuerdo que plantea Trump a Argentina y otros países latinoamericanos. Comentario  editorial

0

Aclaramos en el título de esta nota que el acuerdo que anunció la Casa Blanca ayer, 13 de noviembre, es, en sus líneas generales, el mismo que la administración Trump negocia, al mismo tiempo, con otros países de la región, Guatemala, Ecuador y El Salvador.

Este hecho no niega el peso de la «relación especial» que mantendrían Donald Trump y el presidente de nuestro país, Javier Milei. Ni que Argentina sigue siendo la 3ra. economía de la región, detrás de Brasil y México. Pero esos factores no serían decisivos para las políticas estratégicas de Washington.

Subrayamos este enfoque porque la mayoría de los sectores políticos, y de los comunicadores locales, hablan como si Argentina fuera un caso único en el mundo, para bien o para mal. En AgendAR hemos tratado de tomar con pinzas este mito.

 Qué hay, hasta ahora, de concreto en el proyectado acuerdo EE.UU.-Argentina. Y qué falta para que se haga realidad

La administración Trump, anuncia un acuerdo marco (framework agreement) para el comercio recíproco e inversiones con Argentina. No es un tratado de libre comercio completo firmado, sino un marco preliminar que se espera finalizar y firmar en las próximas dos semanas. Este plazo, y los correspondientes anuncios, estarán influidos por las necesidades políticas del presidente Trump, que ya sufrió cuestionamientos de la oposición Demócrata y de productores agrarios estadounidenses en este tema.

Sobre las medidas incluidas en este «acuerdo marco» ya informaron esta mañana extensamente, y con distintos enfoques, los medios gráficos y digitales argentinos. Son tentativos, porque este tratado, como los demás propuestos, deberán pasar por los Congresos de cada país latinoamericano, y en la mayoría de los casos con más dificultad, por el Congreso de los EE.UU.

Igual, ya este anuncio es un paso importante en el plano político interno de nuestro país y en su posicionamiento geopolítico, impulsado por la relación entre Trump y Milei, y la dependencia financiera del actual gobierno argentino del apoyo del Tesoro estadounidense.

Para EE.UU. este paso forma parte de una iniciativa más amplia para reducir barreras arancelarias en la región.

Todos estos futuros acuerdos están en una fase preliminar y se centran, en general, en facilitar el intercambio de productos tradicionales de los países de la región (agrarios y minerales)  por manufacturas estadounidenses.

En el caso argentino, hay dificultades especiales: nuestras exportaciones agrarias más importantes compiten con las de Estados Unidos. Y la insistencia de décadas de Washington en que se respeten con rigurosidad  sus patentes (medicamentos, semillas) afecta a intereses locales poderosos.

También, ha surgido en la última década una preocupación estratégica a propósito de la economía digital por parte de EE.UU. Pero todavía no está claro lo que puede exigir o imponer.

Vale la pena repasar brevemente el panorama general de los tratados de libre comercio de EE.UU. con países de América Latina: 

  • Panamá: Firmado en 2012, en vigor desde octubre de ese año. Cubre comercio de bienes, servicios, inversión y propiedad intelectual.
  • Perú: Firmado en 2006, en vigor desde 2009. Ha impulsado exportaciones peruanas como textiles y agro productos.
  • Colombia: Firmado en 2012, en vigor desde ese año. Similar al de Panamá, con énfasis en manufacturas y agricultura.

Son parte de una red más amplia: EE.UU. tiene seis acuerdos de libre comercio con 11 países latinoamericanos en total (incluyendo México y Centroamérica vía CAFTA-DR). Además, hay Acuerdos de Marco Comercial e Inversiones (TIFAs) con otros, como Brasil o Chile, que sirven de base para futuras negociaciones. Entendimientos, pero en fase de «marco» por ahora.

Las opiniones sobre estos tratados son muy diversas, por ambas partes. Pero el hecho evidente e indiscutible es que no favorecen el desarrollo industrial y tecnológico autónomo de la parte no estadounidense.

Son asimétricos, como inevitablemente lo son todos los que se firman entre un país más fuerte y otro más débil. Como lo era el tratado Roca-Runciman, firmado entre Gran Bretaña y Argentina en 1933.

Pero ese tratado no le impidió a la Argentina la industrialización sustitutiva puesta en marcha bajo Agustín P. Justo. Ni la industrialización mercado internista y el desarrollo tecnológico impulsado por Juan Domingo Perón.

Los países con población educada y alguna base industrial no marchan a la irrelevancia porque las Grandes Potencias los obligan. Serán irrelevantes si sus gobernantes tienen esa vocación.

Abel B. Fernández

Raúl Podetti denuncia un negociado en la compra de submarinos a Francia

0

El ingeniero naval Raúl Podetti, consultor independiente y exdirectivo de Astillero Río Santiago, intensifica su denuncia contra lo que el define como la «corrupción naval militar argentina».

En 2022, su novela “L’Affaire Argentine” ya había revelado la «vergonzosa» y “sobrepreciada” compra de cuatro patrulleros oceánicos (ARA Bouchard (P-51), ARA Piedrabuena (P-52), ARA Storni (P-53) y ARA Contraalmirante Cordero (P-54)); al astillero estatal francés DCNS Naval Group —señalado por organismos internacionales como el más corrupto del mundo—. Dicha operación (iniciada por Macri y continuada por Fernández) se cerró en U$D 400 millones, a pesar de informes que aconsejaban la construcción nacional a mucho menor costo.

Tres años después, Podetti acusa al actual gobierno de Javier Milei de impulsar una nueva compra directa y «sobrepreciada» de otros cuatro patrulleros idénticos a los OPV ya adquiridos, y que están inactivos en Mar del Plata por falta de fondos para operarlos; más una flotilla de submarinos, al mismo proveedor francés, esta vez por U$D 3.000 millones, con presuntas comisiones del 11%.

Podetti sostiene que esta «Política de Estado» desvía recursos -el nuevo gasto equivale a 100 años del FONDEF- y relega a la industria naval argentina, tal como lo comprobó una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre compras militares con «alevosas irregularidades».

El ingeniero naval ha elevado todas sus revelaciones a la Oficina Anticorrupción, buscando frenar lo que considera un «fraude naval militar» que se mantiene sin importar el signo político.

L´Affaire Argentine II

Este debería ser el título de la segunda parte de mi anterior novela, basada en el negociado realizado entre la Argentina y Francia en el 2018. Fue en ese año cuando se compraron, en forma directa y al doble del precio de mercado, 4 barcos patrulleros al astillero estatal francés, el más corrupto del mundo, según el Compendium of Arms Trade Corruption – Fletcher School). El estudio detalla sobornos franceses por 1 billón de dólares pagados en Brasil, Paquistán, Malasia, Arabia y Taiwán, y una serie de asesinatos para su encubrimiento.

Sólo Argentina compró esos barcos a pesar del rechazo por mal desempeño de todas las Marinas, incluso la de Francia. Quizás sea por eso que desde su llegada casi nunca han salido a patrullar, y son una estática postal turística de Mar del Plata, amarrados siempre en la Base Naval, mientras los pesqueros ilegales hacen su festín cerca de la milla 200.

Para explicar esta nula actividad, el gobierno ha manifestado que NO HAY PLATA para operarlos. Sin embargo, Milei acaba de anunciar la compra directa sobrepreciada de otros cuatro inútiles barcos patrulleros iguales y una flotilla de submarinos, siempre al mismo astillero estatal francés, único y preferido proveedor de los funcionarios civiles y militares navales argentinos. Así el gobierno francés recibiría 3000 millones de dólares, menos las correspondientes comisiones del orden del 11%, según el estudio de corrupción naval militar citado.

Debe reconocerse que hay un trabajo en equipo. Estas nuevas compras fraudulentas fueron iniciadas en el anterior gobierno y el actual las impulsa con vigor, demostrando que la corrupción naval militar argentina es una verdadera Política de Estado.

A la compra de submarinos y patrulleros-que-no-patrullan se sumó también, en ese mismo año, la compra de una flotilla de Super Etendard franceses, con una característica especial: se trata de aviones-que-no-vuelan o, al menos, que no lo han hecho en los siete años desde que llegaron.

Pero nada de esto debería sorprendernos, pues hace ya varios años que la Argentina está rankeada entre los países más corruptos del mundo en compras militares. Según el Global Defense Integrity Index (GDI) de Transparency International, nos ubicamos al nivel de Angola, Camerún, Sudán, Nigeria, Bangladesh, Irn, Irak, Jordania, China, Rusia y Venezuela. Nuestras chances de mejorar son muy bajas pues los que deberían generar el cambio son justamente los que se benefician con mantener el mismo status quo de corrupción.

¿Cómo se financia este fraude naval?

Los 3000 millones de dólares (más intereses) que se lleva el gobierno de Francia en contratos navales equivalen a casi 100 años de la tasa (0,8%) sobre el presupuesto nacional fijada en el Fondo Nacional de la Defensa (Ley 27565 – FONDEF) para el reequipamiento militar. En otras palabras, cuatro generaciones de argentinos aportaremos un 0,8% de nuestro Presupuesto para dar trabajo al astillero estatal francés, incumpliendo el objetivo de “sustitución de importaciones en el reequipamiento de Defensa” definido para el FONDEF. No en vano, estas siglas se reinterpretan hoy como FOndo para el DEsarrollo de Francia.

¡Dejar de Robar!

En el lanzamiento de mi reciente libro CAIN, Relatos Salvajes del Fratricidio Nacional hice la siguiente reflexión:

Si a los ocho barcos patrulleros franceses, se suman los otros cuatro comprados en forma directa a un astillero israelí en 2017, también inútiles y al doble del precio de mercado, la Argentina obtendría el récord mundial de inversión en barcos patrulleros (1000 millones de dólares en sólo ocho años). Pero lo más increíble de este billonario fraude naval militar en curso actual es que no sirve para nada, pues el patrullaje real de la Argentina es casi nulo.

Es obvio que esos 12 sencillos barcos patrulleros podrían haberse construido a la mitad de precio en otro astillero o en algunos de los 16 astilleros argentinos (14 privados). Pero a la industria naval argentina se la mantuvo excluida de esos contratos, y agredida con pésimas medidas económicas al punto que, en ese mismo período de ocho años, sólo construyó barcos por un valor de 100 millones de dólares. Con estos datos concretos les pregunto a nuestros geniales economistas superdotados a cargo del gobierno: ¿Qué medida económica puede multiplicar por diez la actividad económica de un sector productivo y reducir el gasto público a la mitad?

Y la única respuesta que me surge es: ¡Dejar de Robar!

Investigación y Denuncia

Cuando reúno suficiente evidencia de corrupción, mis investigaciones concluyen en denuncias administrativas, judiciales y mediáticas que suelen parecer pérdidas de tiempo. Pero a veces no lo son: una de mis denuncias ante la Oficina Anticorrupción terminó siendo elevada a la Justicia Penal y avanza, aunque con lentitud y, en otro caso, la Auditoría General de la Nación (AGN) tomó mi denuncia por el fraude en la compra de patrulleros e inició una larga investigación que culminó en un informe lapidario (#12010800). En noviembre 2024, la AGN identificó alevosas irregularidades propias de un sistema de corrupción organizado dentro del Ministerio de Seguridad: el 91% de las compras eran ilegales, el 74% de los contratos no tenían garantía, el 69% eran compras directas sin justificación ni comisión evaluadora y más del 33% no tuvieron requerimiento ni especificación técnica.

Algunos de los casos antes mencionados terminaron con varios funcionarios extranjeros presos por corrupción: directores del astillero israelí, un presidente del astillero estatal francés, un presidente y dos ministros franceses, y varios almirantes y funcionarios de Brasil, Malasia, Taiwán y Paquistán, todos clientes-socios del astillero estatal francés. Tarde o temprano a esta lista se sumarán también funcionarios civiles y militares argentinos. Será justicia.

Les Misērables

El famoso musical se basa en la obra cumbre del siglo XIX francés donde Víctor Hugo denunciaba el abuso de poder del gobernante que empobrecía a la sociedad. En la obra, los miserables eran los oprimidos que vivían en la miseria heroicamente representados por Jean Valjean, un hombre perseguido por el poder por robar una rodaja de pan.

Sumándome a Víctor Hugo en su denuncia, me pregunto: ¿Quiénes son hoy y aquí, los “miserables”? Y encuentro primero una dolorosa coincidencia con la obra francesa original: hay millones de argentinos que siguen sumergidos en la miseria. A esto contribuye, sin dudas, la corrupción sistémica que anida en la cumbre del poder y roba los recursos que podrían ayudarlos a salir de esa condición. Sin embargo, la interpretación coloquial más actual del término “miserable” no se refiere tanto ya sólo al pobre inocente oprimido y tiene una carga mucho más negativa y acusatoria que meramente descriptiva, asociándose, por ejemplo, al explotador, al maldito (“al muy miserable”) que desde el poder roba, no una rodaja de pan como Jean Valjean, sino millones para su propio beneficio.

El robo desde el poder político se llama corrupción, y su máxima expresión mundial (40%), se da en la venta de armas, que en la Argentina, uno de los peores países en esta materia, alcanza actualmente niveles críticos con las reiteradas compras al astillero estatal francés.

En el último capítulo de CAIN, Relatos Salvajes del Fratricidio Nacional planteo un nuevo el guion para el exitoso musical, adaptado a la realidad nacional de la última década. Los invito a Los Miserables, el Musical de la Corrupción.

Nadie Importa

Posiblemente estas líneas te indignen, pero también quizás llamen a preguntarte que hacer para terminar con el flagelo de la corrupción que nos mantiene sumergidos en el subdesarrollo. Seguramente ese proceso termine llevándote a pensar que la corrupción, y en especial la militar, es algo demasiado grande comparado con tu tamaño haciéndote sentir que “no sos nadie” para solucionar esto. Y justamente ahí anida la fuerza de la corrupción que, como una planta que crece en la oscuridad de un rincón oculto, se alimenta de nuestra pasividad.

Yo intento que cada vez más gente se anime a denunciar, iluminando así ese rincón húmedo y oscuro de nuestra Argentina. Intento que los argentinos nos empoderemos y que nos convenzamos que la acción de cada uno de nosotros realmente importa. Eso intento transmitir en este breve video:   www.youtube.com/watch?v=TfKIav7QZVs

Argentina en el mar VI – Átomos, naves y submarinos

0

Desde el blog de este editor se propuso un proyecto demasiado ambicioso para este tiempo desalentador: instalar en una nave argentina un reactor CAREM, como medio de propulsión. Aquí se analizan los -pocos- antecedentes del asunto.

A.B.F

El CAREM: duro de re-navalizar

No seríamos el primer país en subir un reactor convectivo, o de circulación natural a una embarcación. Lo hizo primeramente la entonces llamada República Federal Alemana (RFA) con el transporte de minerales Otto Hahn, botado en 1964 y retirado de servicio en 1979. En esos 30 años navegó 1,2 millones de km. gastando unos 60 kg. de uranio levemente enriquecido; lo que le ganó el calificativo de “un éxito irrelevante” por parte de GCaptain, un newsletter de la industria naval que ama las externalidades.

¿Cuáles externalidades? Sigue siendo mejor operar una flota comercial térmica movida a “bunker oil”, el residuo último y más berreta del proceso de “cracking” del petróleo. Es casi carbón líquido (bueno, bastante líquido). Scientific American, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y hasta la OMI (Organización Marítima Internacional) coinciden en que el bunker genera humo con hollines tan llenos de HAPS (hidrocaburos aromáticos persistentes), y además tantos óxidos de azufre y de nitrógeno, que está matando prematuramente de tumores respiratorios y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) a 90.000 personas/año en puertos y “choke points” (cuellos de botella de la navegación marítima).

Los 15 mayores barcos  del año 2009, en general containeras con motores de 109.000 HP promedio, generaban tantos HAPS como la flota mundial automovilística, aquel año integrada por 790 millones de autos. Los 90.000 mercantes enlistados aquel año por Lloyds produjeron el 30% de los óxidos de nitrógeno y el 9% de los de azufre que contaminan la atmósfera por acción humana. Otro modo de ver el asunto es que cada nave mercante aquel año mató a su ñato. Me limito a medir el impacto del bunker-oil sobre la salud humana, y dejo de lado su impacto climático por contribución al calentamiento global. Evitar 90.000 muertes prematuras/año, entonces, retomando la opinión tan naviera de GCaptain, debería considerarse un éxito comercial relevante.

Hago estas aclaraciones porque si algún día la Argentina va al frente con planes de navegación nuclear, Greenpace y similares nos acusarán de tramar Chernobyles flotantes, mientras la diplomacia de los poderosos y preocupados emite anónimos y consternados “white papers” para conmover a nuestros diplomáticos, políticos, jueces y periodistas “al uso”. No descarto intervenciones más brutales, como la que se vio en Brasil en 2015. Ya llegaré a eso.

savannah

El reactor PWR “no compacto” que movía al Savannah, nave con líneas más cerca de transatlántico de 32 nudos que de carguero patachón de 12 nudos. Las cuentas no cerraban ni a palos.

El Otto Hahn compitió unos pocos años con el US Savannah, botado en 1959 y movido por un PWR convencional, con los circuitos primario y secundario separados. Veloz, esbelto y aerodinámico como un transatlántico (rara tipología para un carguero), el Savannah salió de servicio en 1965 por sus altos costos de mantenimiento. Hoy funge de museo flotante en Baltimore. Como experimento, dejó en claro que para transportar cargas de bulto y poco valor por tonelada, es más barato un mionca que una Ferrari.

El barco oceanográfico japonés Mutsu no logró sus objetivos científicos porque debido a fisuras en su contención, su reactor “fugaba” neutrones a lo pavote: perdía su potencia irradiando a la tripulación. Hubo quejas y cajoneo. Hoy el Sevmorput ruso es el único carguero nuclear del planeta, pero por buenas razones: como conteinera mercante polar, gasta mucha potencia en romper hielo. Sólo en los mares polares este tipo de propulsión logra cerrar las cuentas.

Cuando tuvo su bautismo de mar, sólo 2 años tras la catástrofe de Chernobyl, lo que le cerraban al Sevmorpout eran los puertos, incluso los soviéticos, porque hasta los camaradas estibadores temían que su reactor NKL-40 tuviera algún parecido técnico con el RBMK que se acababa de hacer puré radioactivo en Ucrania. Para felicidad de Atomflot, el dueño actual, de la nave, la planta es un PWR de lo más convencional, con bastante “back-up” en sistemas de seguridad.

El extraño nombre de esa nave es un apócope de  Северный Морской Путь. Significa “la ruta del Norte” en buen cirílico, como Ud. habrá deducido. No es que haya muchas otras para navegar en la Santa Madrecita Rusia, país continental como pocos…

ártico

Las rutas del Sevmorput en 2016: 9 meses por año de hielo y más hielo, incluso en verano.

Con su proa acucharada de rompehielos y sus casi 40.000 HP (muchos burros para un mercante no tanto mayor que un Panamax), el Sevmorput logra avanzar a 2 nudos por hielo de 1 metro de grosor: caminando a la par sobre hielo liso, Ud. lo sobrepasaría apurando el paso: el hielo no es para impacientes. Y hablamos de la endeble banquisa Ártica, un chiste al lado de su cada vez más robusta contraparte Antártica.

¿A qué va tanta introducción? A que hoy decir “naval y nuclear” es cosa no de marineros sino de submarinistas. La US Navy se enamoró de la simplicidad y buen desempeño del reactor alemán del Otto Hahn, porque era de circulación natural, integrado (con los generadores de vapor encapsulados en el recipiente de presión) y muy silencioso. Lo tomó como base del S5G, cuyo modelo de ensayo se construyó y testeó en los Idaho National Labs. Entre 1969 y 1999, una copia plenamente navalizada de esa planta fungió de unidad motriz del submarino SSN Narwhal, una bestia considerable de 5300 toneladas de desplazamiento, demasiado grande para una nave “de caza” (es decir, un submarino “killer-hunter”, o cazasubmarinos). El Narwhal era un experimento.

central

La centralita nuclear integrada del Otto Hahn, tan compacta que podía viajar armada en un camión, y silenciosa por su circulación convectiva. La marina yanqui la copió al hartazgo.

Su andar, más furtivo que el del resto de las naves de ese oficio sigiloso, le permitía hacer cosas raras: fue tal vez el primer submarino hacker de la historia. Pinchaba cables  intercontinentales de telecomunicaciones mediante el uso de robots teleguiados (ROVs), para pispear sin deschavarse las charlitas de enemigos y aliados. También escrutaba las fuentes marinas de sonido a grandes distancias, arrastrando un largo tren de sonares pasivos detrás de sí. Eso le daba a la US Navy un primer mapa de amenazas soviéticas marinas a escala de todo un océano en tiempo casi real.

Además de eso, el Narwhal brillaba en su métier más aburrido, “caminarle la nuca” a submarinos soviéticos y rusos sin que estos se avivaran, tratando en lo posible de no chocarlos (ha ocurrido). Su historial de servicio es una suma de vaguedades, ergo: sigue secreto. Su motor nuclear S5G tenía una potencia térmica de 90 MW que movían una turbina acoplada directamente al árbol de la hélice, sin engranajes reductores ruidosos. Así, podía pasar sumergido bajo la Flota Soviética del Báltico sin que a ningún almirante se le derramara siquiera el vodka, y a 22 nudos, que no es chiste para un sub: nuestros TR-1700, realmente rápidos para su propulsión diésel-eléctrica, dan sólo 25. Pero para un escape o un flanqueo, el Narwhal se cree que tiraba 40 nudos o por ahí (la US Navy lo niega, pero sin énfasis). Para ello, el reactor debía pasar a refrigeración mixta, asistida por bombas, y entonces no mezquinar potencia ni ruido aunque el enemigo “le largara los perros”: las bombas son la principal fuente sónica de cualquier submarino nuclear.

Aunque el Narwhal fue un prototipo que no se repitió, su éxito se mide por el hecho de que el reactor S8G, planta motriz de los 18 enormes submarinos misilísticos yanquis clase Ohio es, se dice, un S5G “on steroids”: tira 220 MW térmicos, y sólo en raras ocasiones tiene que hacer uso de refrigeración asistida por bombeo. Con 24 misiles Trident que llevan 8 cabezas termonucleares independientes cada uno, 4 de estas naves alcanzarían para transformar a 768 ciudades y blancos estratégicos rusos en otras tantas playas de estacionamiento radioactivas, y eso desde 11.000 km. de distancia y en 2 horas. Esa capacidad, a precio de amigos, sale U$ 2000 millones la unidad. Y a no preocuparse, que ese poder de aniquilación lo manejan Donald Trump y sus sensatos seguidores.

Daniel E. Arias

Expedición Cretácica I: “Un huevo de dinosaurio que se habría perdido en una temporada más”

0

Durante la segunda jornada de la Expedición Cretácica I, Federico Agnolin, jefe científico del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales (LACEV-MACN-CONICET), notó algo inusual en el suelo. Matías Motta, investigador y explorador de National Geographic, filmaba la escena: “Varios de grupo quedamos más atrás y lo veo a Fede, que estaba delante. Se agacha, extiende la mano, mira al piso… y ahí estaba el huevo”, recuerda.

Lo que encontraron, transmitido a miles de espectadores, se convirtió en el momento más emocionante de la expedición: un huevo de dinosaurio carnívoro de 70 millones de años en estado casi perfecto. El yacimiento, ventana privilegiada al mundo previo a la extinción de los dinosaurios, ya había revelado en campañas anteriores al menos diez especies nuevas sin nombre.

La expedición forma parte del proyecto internacional El fin de la era de los dinosaurios, que reúne a más de 80 investigadores en una iniciativa que busca reconstruir la vida antes del impacto del meteorito que habría causado su extinción. Además del MACN y el CONICET, cuenta con el respaldo de National Geographic Society, la Fundación Félix de Azara y la Secretaría de Cultura de Río Negro.

El descubrimiento constituye el primer nido de dinosaurio carnívoro documentado en toda América. Mientras los huevos de titanosaurios, los gigantes herbívoros de cuello largo, abundan en la Patagonia, los de carnívoros son extremadamente escasos. Hasta ahora, solo un par de huevos incompletos se habían atribuido con certeza a Bonapartenykus, otro terópodo de la región.

El descubrimiento constituye el primer nido de dinosaurio carnívoro documentado en toda América.

La cáscara fina con ornamentación suave y el contorno ovoidal indica que perteneció a un dinosaurio carnívoro, posiblemente un raptor. Del tamaño de un huevo de ñandú, su nivel de preservación hace que parezca de un animal actual, según describen los investigadores.

En general, los huevos quedan rápidamente enterrados por sedimentos, lo que los protege de la descomposición. Con el tiempo, los minerales reemplazan los tejidos originales en un proceso llamado fosilización, que conserva su forma durante millones de años. Más tarde, la erosión remueve las capas superiores y deja el material fósil expuesto.

Pero la misma erosión que los expone también puede destruirlos. Jordi García Marsà, geólogo del equipo, explica: “Cuando un huevo está rodeado de roca, los agentes erosivos (agua, viento, hielo) empiezan a separarlo de la roca por la superficie de erosión”. El ejemplar probablemente estuvo expuesto durante cientos o miles de años: “En una o dos temporadas más, el huevo se habría perdido”, estima.

Durante las transmisiones en vivo, algunos espectadores se alarmaron al ver a los investigadores sostener el fósil con las manos desnudas pero la práctica responde a criterios técnicos: “No usamos guantes porque no hay riesgo de contaminación y la piel proporciona mejor control», explica Julia D’Angelo, paleontóloga especialista en reptiles marinos. El huevo siempre se sostiene con ambas manos y sobre una superficie firme: “Sabemos manipularlo y no lo íbamos a poner en riesgo”.

Durante las transmisiones en vivo, algunos espectadores se alarmaron al ver a los investigadores sostener el fósil con las manos desnudas pero la práctica responde a criterios técnicos.

¿Qué esconde el huevo?: De la tomografía al museo

El próximo paso es un estudio tomográfico, técnica no destructiva que permite explorar su interior sin romper la cáscara. “Pueden pasar dos cosas: que el embrión se haya degradado o que se haya conservado. Las tomografías nos permitirán verlo”, explica Mauricio Cerroni, paleontólogo especializado en vertebrados.

El equipo evaluará el uso de un tomógrafo médico convencional o de un microtomógrafo de alta resolución en la Comisión Nacional de Energía Atómica. El tomógrafo realiza miles de cortes digitales, permitiendo ver sección por sección el interior del huevo: “Los embriones iniciales son cartílago y no se preservan, así que solo podrían observarse si estaban muy avanzados, casi listos para nacer”, aclara Cerroni.

Hace unos años, el único modo de ver dentro del huevo era abrirlo y destruir parte de la cáscara. Hoy, el proceso conserva el fósil intacto y permite extraer un modelo 3D sin tocarlo. Incluso, evalúan transmitir la tomografía en vivo, para que el público pueda compartir el momento del hallazgo junto con el equipo.

Un objetivo clave es estudiar el color original del huevo, técnica que ya se ha logrado con fósiles asiáticos y ahora se puede replicar en la Argentina. Este análisis, junto con la disposición de los huevos en el nido y restos vegetales, permitirá conocer los comportamientos reproductivos de estas especies.

El lugar parece haber sido un sitio recurrente de nidificación durante millones de años. Cercano al mar y atravesado por antiguos ríos, ofrecía microambientes ideales para la reproducción, lo que habría atraído repetidamente a distintas especies de dinosaurios. La posibilidad de encontrar nuevos nidos es concreta: “Podría haber otros nidos en capas cercanas, y el equipo espera seguir investigando”, explica Eric Del Campo, paleontólogo del equipo.

“Nos preguntaban mucho qué vamos a hacer con el huevo, si se lo llevan o dónde queda”, cuentan los investigadores. La Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico regula que todos los materiales deben regresar al museo correspondiente, en este caso por su ubicación geográfica. Así, el destino del huevo será el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, en General Roca, Río Negro. D’Angelo destaca que esta política garantiza la soberanía científica: “Cada provincia define qué institución actúa para su preservación. El huevo quedará disponible para cualquier investigador del CONICET o del exterior”.

La legislación adquiere sentido al compararla con otros países: “En muchos lugares, los fósiles se venden. Acá en cambio, gracias a la ley, el patrimonio es público y queda en la Argentina. Eso es fundamental para nuestro trabajo y para la soberanía científica. Muy pocos países tienen una norma así”, señalan los investigadores.

Una campaña que superó las expectativas

El huevo acaparó la atención mediática pero la Expedición Cretácica I fue mucho más que eso. En tres semanas, el equipo identificó fósiles que podrían expandir el conocimiento sobre la fauna del Cretácico Superior en Sudamérica: hadrosáuridos (dinosaurios herbívoros de pico de pato), otro de cuello largo apodado “pie pequeño”, restos de mamíferos fósiles, lagartos, una víbora diminuta y huevos de aves primitivas.

La expedición fue liderada por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales (LACEV-MACN-CONICET)

La transmisión en vivo desde el campo fue, en muchos sentidos, una apuesta. “Siempre habíamos fantaseado con esta idea de mostrar directamente cómo se saca un fósil. Hace un año esto era impensado y para llevarlo a cabo, necesitábamos internet”, cuenta Motta.

La incorporación de una antena Starlink generó debate dentro del equipo. “Muchos no querían tener conexión en el campo porque es un momento de desconexión, de contacto con la naturaleza y con lo que estás haciendo. Tener señal para subir fotos parecía que iba a hacer perder algo de esa experiencia”, comentan.

Aún así, el equipo coincide en que uno de los grandes logros del proyecto fue su impacto comunicacional. “La gente realmente tiene interés en la ciencia y tienen la atención de estar horas escuchando cómo hablan de una estrella de mar o de un dinosaurio patagónico”, cuenta D’Angelo.

La experiencia fue una oportunidad de acercar la ciencia al público desde otro lugar: “Es un formato nuevo para contar ciencia. Estamos acostumbrados a ver documentales o notas donde todo ya está editado. Acá era en vivo, sin filtro, mostrando los tiempos reales de la ciencia. Si un fósil tarda media hora en salir, tarda media hora. Y eso también es parte de la verdad científica”, concluye Del Campo.

Se pueden seguir todos los resultados y detalles de la expedición en la cuenta de Instagram del equipo: @paleocueva.lacev

Matías Ortale

La nueva fase de la competencia tecnológica: chips, datos y poder

0

La disputa entre Estados Unidos y China por el control de la inteligencia artificial está entrando a una etapa de reconfiguración estructural. Ya no se trata solo de comercio o sanciones, sino de dos modelos tecnológicos y políticos en competencia.

China: autosuficiencia y movilización nacional

  • La semana pasada, Beijing ordenó que todos los nuevos centros de datos financiados con fondos públicos usen exclusivamente chips de IA producidos en China, excluyendo así a Nvidia, AMD e Intel.
  • Los proyectos en curso que no superen el 30% de avance deben retirar chips extranjeros o cancelar sus compras.
  • La medida busca acelerar la independencia tecnológica y proteger la infraestructura crítica, incluso a costa de menor rendimiento inmediato.
  • Beneficia a fabricantes nacionales como Huawei, Cambricon, MetaX y Moore Threads, y consolida la estrategia de “soberanía digital con características chinas”.

Estados Unidos: contención y control estratégico

  • Washington mantiene su política de bloquear los chips más avanzados de Nvidia (series B200 y H200).
  • Donald Trump afirmó que permitirá a China “deal with Nvidia” pero no con “los más avanzados”, es decir, solo versiones degradadas.
  • El objetivo declarado es evitar usos militares de los chips, pero el subtexto es preservar la ventaja tecnológica estructural de EE.UU.
  • Estas restricciones, sumadas a las limitaciones de exportación de equipos de litografía, han reducido la cuota de mercado de Nvidia en China de 95% en 2022 a 0% hoy.
  • Mientras tanto, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, advirtió que en estas condiciones, China “va a ganar la carrera de la IA”. Según Huang, China tiene energía más barata, subsidios estatales y menos trabas regulatorias, mientras que EE. UU. “se está paralizando en su propio cinismo y exceso de reglas”. Para Huang, la fragmentación regulatoria de Estados Unidos corre el riesgo de generar 50 marcos regulatorios de IA, uno para cada estado. El punto de más divergencia de Huang con Trump es que para el CEO de Nvidia, mantener a China dependiente del hardware americano sería más útil que bloquear sus compras.

Tendencias estructurales: el giro hacia la ventaja china

Un análisis reciente del Financial Times, apoyado en el AI Index Report 2025 de Stanford, muestra que el liderazgo de EE.UU. sigue siendo fuerte, pero ya no indiscutido. En la tabla de abajo, tomé algunos datos del reporte de Stanford, más otros del US Council of Economic Advisers y de Air Street Capital. 

De estos informes, mi lectura es como sigue: Estados Unidos mantiene el liderazgo en investigación de frontera, en grandes empresas globales y en el dominio de capital de riesgo, pero China está liderando en volumen de producción científica y patentes, una señal de que la brecha del talento se estaría cerrando. Las restricciones de Trump a las visas H-1B ayuda al gobierno chino a que esto suceda. China tiene una ventaja en diseños de aplicación masiva y rápida de modelos abiertos, como DeepSeek-V3 o Gwen 2.5-Max, que son menos potentes que GPT-4, pero más eficientes. De hecho, China ya supera a EE.UU. en descargas mensuales de modelos de IA. No menos importante: China puede canalizar recursos de todo el sistema (universidades, empresas, provincias) con un nivel de coordinación imposible en economías más fragmentadas. En síntesis:

  • China se desacopla de la tecnología estadounidense, apostando por autonomía y escala.
  • EE.UU. intenta contener sin aislar completamente, preservando su liderazgo científico.
  • Nvidia y otras firmas occidentales quedan atrapadas entre ambos sistemas.
  • La carrera por la IA ya no es solo una disputa de talento o de ciencia. Es una prueba de capacidad de organización nacional y de quién puede mover más rápido el trípode de energía, capital y datos.

Federico Merke