Argentina retoma el proyecto de su lanzador satelital. Y piensa en exportar servicios de puesta en órbita
Hace una semana informamos en AgendAR «En la Universidad de Mar del Plata fabrican tanques ultralivianos para el lanzador espacial Tronador«. En esta nota, Nora Bär amplía y desarrolla este renacimiento de un proyecto argentino inspirador, y también práctico.
Exequiel Rodríguez, investigador independiente del Conicet está contento y no es para menos: junto con su grupo del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema), de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acaba de recibir financiamiento para avanzar en la elaboración de componentes y materiales compuestos para el vehículo lanzador que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) desarrolla dentro de su proyecto de acceso al espacio. El equipo (que también integran Juan Morán, Lucía Asaro, Pablo Montemartini, Pablo Leiva, Liliana Manfredi y Analía Tomba) resultó seleccionado en el programa de “Investigaciones orientadas para satélites” del Fonarsec (Fondo Argentino Sectorial), uno de los instrumentos con los que la Agencia I+D+i distribuye su presupuesto para la promoción de la ciencia y la tecnología en el país. En este caso, está destinado a desarrollar los recipientes de presión que permiten almacenar el combustible, y los gases presurizantes y propelentes que se emplean durante el despegue. “La concreción de este proyecto es un hito para nosotros y el resultado de muchos años de trabajo, estamos muy contentos –manifiesta el investigador en un comunicado del Instituto–. El financiamiento nos permitirá cambiar de escala y obtener productos que puedan emplearse directamente en los cohetes fabricados en el país”. Recibirán 15 millones de pesos, pero ese es solo el comienzo de un camino que se había desandado y que hoy vuelve a retomarse. “El proyecto se había aprobado hace alrededor de tres años, pero nunca habían aparecido los fondos –cuenta Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la CONAE–. Pero vamos a tener contratos particulares de desarrollo con Intema que, de acuerdo con los planes de trabajo que vayamos desarrollando, estoy seguro que van a superar esa cifra, porque son trabajos que requieren de mucha mano de obra, de mucha investigación, tiempos prolongados”. Los materiales compuestos son los que se exigen en muchas partes del vehículo lanzador, cuyo desarrollo está en manos de la Conae y su empresa de alta tecnología Veng SA. Se llama así a los formados por dos componentes principales, explica Kulichevsky, uno que es el que otorga resistencia (en general, son fibras de carbono embebidas en un polímero). Esto permite generar materiales muy fuertes, mucho más que los metales, pero diez veces más livianos. Son cruciales para la actividad espacial, pero hay que diseñarlos y fabricarlos artesanalmente. “Hay que saber muy bien cómo uno superponer capas para lograr las propiedades que necesita –destaca el director de la Conae–. Los materiales se hacen ad hoc para cada pieza. Todo esa investigación es la que ahora va a estar haciendo la gente del Intema”. Los primeros prototipos que obtuvieron los investigadores marplatenses fueron desarrollados con materiales de muy bajo peso basados en fibras de carbono y nanocompuestos poliméricos. El diseño mecánico se obtuvo empleando métodos basados en algoritmos genéticos, un tipo particular de inteligencia artificial. Pero luego habrá que investigar otras estructuras para la cúpula del lanzador, donde irá ubicado el satélite que se desee poner en órbita. Tanques y cúpula son totalmente distintos, y cada uno requiere de su investigación, su desarrollo, sus ensayos para que se comporten como se espera.
Así, paso a paso, la Conae está rearmando el entramado de pymes, centros de investigación, y otras instituciones de ciencia y tecnología que participaban en el proyecto y que hoy hay que reconstruir. “La falta de continuidad es un gran problema –dice Kulichevsky–. Las empresas y los institutos de investigación no pueden quedarse esperando a que uno retome. Entonces desarman lo que tienen hecho para dedicarse a otra cosa. Hay que volver a remar parte del camino que ya se había hecho”.
Pero no todo fue tiempo perdido. Los científicos no se quedaron de brazos cruzados e invirtieron estos años en desarrollar mejores soluciones de ingeniería. “El objetivo final, que es tener un vehículo lanzador que pueda colocar en órbitas bajas satélites de hasta 750 kg, sigue siendo el mismo –destaca Kulichevsky–. Pero la tecnología no se detiene y seguimos aprendiendo, capacitándonos para entender algunos procesos que nos van a permitir tener un modelo óptimo”.
En este momento, intentan rearmar el cronograma y evaluando las capacidades de las empresas que colaboran, no solo en dinero, sino en recursos humanos para volver a sumarlas. También se reanudó la alianza con la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), cuya Facultad de Ingeniería siempre tuvo una participación destacada en este proyecto.
“Estamos trabajando en algunas mejoras de los vehículos experimentales (VEx) y esperamos que en el segundo semestre del año próximo podremos hacer un nuevo vuelo con un vehículo experimental. Tenemos que seguir trabajando con los sistemas de separación, pero también volver a poner en funcionamiento todas las capacidades de infraestructura que teníamos en Pipinas, que estos años se fueron deteriorando”.
El Tronador había sido pensado como un vehículo de navegación autónoma; es decir, que una vez programado busca su órbita. Está siendo íntegramente diseñado y producido en el país, un desafío mayúsculo si se tiene en cuenta que no hay información disponible sobre los procesos de construcción.
Tendrá dos «etapas». La primera es la que lo impulsa algo más de los primeros dos minutos de vuelo hasta que logra vencer la fuerza de gravedad. Ésta llega hasta los 100 km de altura, se desprende y cae al océano. Con el 10% restante, la segunda etapa sigue hasta inyectar el satélite en la órbita predeterminada. Completo, medirá algo más de 30 metros de altura por dos metros y medio de diámetro y pesará 7000 kilos.
Para Diego Hurtado de Mendoza, historiador de la ciencia y actual secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, «la CONAE fue la institución más golpeada en el ranking de recortes presupuestarios entre 2016 y 2019 –asegura–. Batió récords con una disminución del 70%. Pero el proyecto Tronador volvió a ser prioritario y tiene su financiamiento asegurado. En este momento, hay todo un plan de obras de infraestructura vinculado con la base de lanzamiento en Puerto Belgrano y ya tenemos todo un cronograma que retoma la serie VEx”.
“Estamos volviendo después de un parate muy importante. Tras cuatro años hay recursos –coincide Marcos Actis, ingeniero espacial y vicepresidente del área institucional de la UNLP–. Por suerte, el personal mantuvo los equipos. Pero perdimos mucha gente que uno tarda años en preparar. Chicos que estaban porque eran parte de un proyecto que era un sueño en la Argentina. Hoy tenemos la promesa de que se va a mantener la financiación. Y este es un nicho que deberíamos aprovechar: Bahía Blanca (donde se estaba construyendo la base) es un punto estratégico para lanzar sobre el mar y alcanzar órbitas polares, que son las que se están utilizando para satélites de baja altura. La Argentina podría brindar servicios para toda América latina. La única forma de salir de la pobreza es con valor agregado y desarrollo tecnológico”. Mejoran el regimen jubilatorio del personal técnico y de apoyo del CONICET
En una serie de tweets el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Roberto Salvarezza anunció un nuevo régimen jubilatorio para un sector de trabajadores del Conicet.
Salvarezza informó que «el gobierno nacional resolvió que los profesionales y técnicos de la carrera de apoyo del CONICET sean incluidos dentro del régimen previsional especial para investigadores científicos«. «Desde la reglamentación de la Ley 22.929 en 1983, las y los trabajadores que llevaban a cargo tareas de Apoyo a la Investigación y el Desarrollo en el ámbito del CONICET se encontraban excluidos del régimen jubilatorio del personal científico». «Con el dictado de la resolución MTEySS 478/2021, se homologa ahora en ese régimen previsional a los profesionales y técnicos de la carrera de apoyo de CONICET, reconociendo así el papel de dichos agentes en la producción científica y tecnológica y en su transferencia a la sociedad«. «A través del trabajo conjunto realizado entre el Ministerio de Trabajo, la ANSES y El MinCyt se logró solucionar una demanda histórica del sistema científico argentino. La resolución citada equipara al personal comprendido en las categorías de Profesional Principal; Profesional Adjunto; Profesional Asistente, Técnico Principal y Técnico Asociado de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo del CONICET al personal de las categorías de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de la Ley N° 20.464, a los efectos de su inclusión en el Régimen Especial de la Ley N° 22.929, sus modificatorias y el Decreto 160/05″. «Quiero destacar el rol que tuvieron las senadoras nacionales Sapag y Larraburu para llegar a la resolución de esta situación. Desde el ámbito legislativo trabajaron con las distintas agrupaciones de CPA para poner por escrito un proyecto de Ley que recoja estas reivindicaciones. El proyecto de ley para que los CPA formaran parte del régimen jubilatorio de los investigadores científicos había sido presentado por Cristina Kirchner en diciembre de 2015 pero no había llegado a aprobarse».Estados Unidos sumará una 3° dosis de las vacunas Pfizer y Moderna: «La protección disminuye con el tiempo»
Los estadounidenses que recibieron los fármacos de Pfizer y Moderna podrán recibir la llamada dosis de refuerzo ocho meses después de la segunda.
El gobierno de Estados Unidos anunció que ofrecerá una tercera dosis contra el coronavirus a toda su población a partir de septiembre. El argumento ofrecido es que la protección que brindan esas vacunas disminuye «con el tiempo» y ante el avance de la variante Delta. Esto implica el revés mayor -por el peso del país que lo lleva adelante- para el pedido de la Organización Mundial de Salud (OMS) de donar esas vacunas a los países que tienen más dificultades en acceder a ellas. Este refuerzo estará disponible desde el 20 de septiembre para los estadounidenses que fueron inoculados con los fármacos de Pfizer y Moderna y que recibieron la segunda dosis hace al menos ocho meses. Un comunicado conjunto de altos funcionarios, entre ellos el asesor principal de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, afirma: «Los datos disponibles muestran claramente que la protección contra la infección por SARS-CoV-2 comienza a declinar con el tiempo después de las primeras dosis de la vacuna». Para avanzar con esta decisión se necesita la autorización oficial por parte de la Agencia Federal de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), algo que se descuenta que ocurra en los próximos días, y una recomendación de un comité asesor de vacunas de los CDC. Quienes hayan recibido el inmunizante monodosis de Johnson & Johnson podrían sumarse a esta medida, aunque las autoridades indicaron que necesitan evaluar más datos antes de hacer una recomendación formal. «La protección actual contra los casos graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y la muerte podrían disminuir en los próximos meses, especialmente para las personas con mayor riesgo o las vacunadas durante la primera fase de la campaña de vacunación inicial», argumentaron los expertos. «Sumado al predominio de la variante Delta, estamos comenzando a ver evidencia de una protección reducida contra los casos leves y moderados de la enfermedad» afirmaron, con el aval del presidente de Joe Biden de avanzar con esta decisión. Los primeros que podrán beneficiarse de este refuerzo serán los adultos mayores y trabajadores de salud, las primeras categorías de la población en ser vacunadas en Estados Unidos, que se sumarán así a los inmunodeprimidos que ya recibieron una nueva inyección. Estados Unidos ya administró cerca de 358 millones de dosis, casi cinco veces más que todo el continente africano, que aplicó hasta aquí unas 78 millones, de acuerdo con los últimos datos oficiales. El primer país del mundo en poner en marcha una tercera dosis fue Israel. Francia y Alemania ya anunciaron que darán una inyección de refuerzo a partir de septiembre a «personas mayores y vulnerables». Uruguay, Chile, República Dominicana y Ecuador ya anunciaron planes o ya empezaron a administrar este refuerzo en sus campañas contra el coronavirus. Cabe señalar que en Estados Unidos se han alzado voces cuestionando esta medida, como puede leerse en publicaciones científicas: «La decisión de la administración Biden de comenzar a autorizar terceras dosis de la vacuna Covid-19 en septiembre está siendo recibida con desconcierto, preocupación e incluso enojo por parte de varios inmunólogos, vacunólogos y personas inmersas en la forma normal en que se toman tales decisiones. Muchos desafiaron rotundamente la necesidad de dosis de refuerzo en este momento. Otros cuestionaron la moralidad de administrar terceras inyecciones a los estadounidenses cuando la mayoría de la gente en el planeta no ha recibido una. Y a algunos les preocupaba que se hubiera tomado una decisión antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos dictaminara la necesidad de un refuerzo o que un comité asesor clave de vacunas hubiera evaluado los datos, generalmente la forma en que se establece la política de vacunas«.Comentario de AgendAR:
No tenemos dudas que las objeciones están bien fundadas. Aún con un criterio de egoísmo nacional lúcido, vacunar a la mayor parte de la población del planeta hace más por derrotar la pandemia, y así reducir las posibilidades de contagio para todos, que dar una tercera dosis a sus propios ciudadanos. Pero la lucidez no es una característica necesaria de las decisiones políticas, y sí el cortoplacismo. Es importante que tengamos claro, entonces, que el covid probablemente se volverá endémico, y será necesario contar con vacunas producidas en Argentina. Y que también serán exportables.Los once «unicornios» argentinos: las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares
Argentina es el segundo país de la región con la mayor cantidad de estas empresas tecnológicas.
En la última semana, tres empresas tecnológicas argentinas se transformaron en unicornios, es decir, valen más de u$s 1.000 millones, y así llegan al grupo mundial que alcanzaron gigantes como Uber, Airbnb o SpaceX. De esta manera, ascienden a 11 los unicornios argentinos, por lo que el país es el segundo de Latinoamérica con mayor cantidad, solo detrás de Brasil. Los analistas indican que esto se explica en parte por el ecosistema emprendedor que perdura en el país, que cuenta con profesionales con muy buena educación, talento, mirada global y resiliencia para atravesar las reiteradas crisis. Sin embargo, también influye el contexto: de las 11 empresas unicornio, la mitad llegaron a esta categoría este año, en parte debido a la híper liquidez que hay a nivel global. “Esto es muy bueno para el país. Trae innovación, genera fuentes de trabajo altamente capacitado y ayuda a diversificar la matriz productiva”, aseguró María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor. “Podría generar un efecto contagio entre los inversores, la oportunidad para el país es enorme, pero para que esto no sea solo una primavera, hay que apurarse en invertir en educación”, agregó. Los 11 unicornios argentinos tienen en conjunto un valor de más de u$s 120 mil millones, por lo que triplican las reservas del Banco Central. Allí se encuentran, por orden de llegada: Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX, Auth0, Vercel, Aleph Holding, Mural, Bitfarms, Ualá y TiendaNube. Todas tienen en común ser tecnológicas y trabajar en diversos países. Para los últimos unicornios, la pandemia fue una “oportunidad”: Ualá permite medios de pagos electrónicos, Mural simplifica las reuniones virtuales y Tiendanube trabaja en la reconversión de las pymes para vender digitalmente. El Gobierno mira de cerca este fenómeno. Si bien la mayoría de las compañías no están radicadas en el país, ni tampoco viven sus dueños, muchas operan desde la Argentina, y lo hacen para diversos mercados, por lo que no solo pagan impuestos y generan trabajo, sino que también traen dólares. Varios funcionarios salieron a felicitar por Twitter a los empresarios, y hasta uno de los CEO fue recibido por el ministro de Economía de Economía, Martín Guzmán. Se trata de Pierpaolo Barbieri, de Ualá, que tiene 34 años. Ante la consulta de por qué Argentina es tierra fértil para el boom de este tipo de empresas, Gonzalo Blousson, presidente de la Asociación de Emprendedores (ASEA), afirmó: “El emprendedor argentino subsiste en un país que navega entre crisis, y eso se vuelve un activo importante. Pero también, como el mercado interno es chico, tienen una mirada global y hambre de expandirse”. Sin embargo, destacó: “El éxito muestra el increíble talento y capacidad que hay, por eso creo que el futuro no está en Ezeiza. Pero me da pena pensar en cuánto más se podría construir con otras condiciones y reglas claras”. Otra coincidencia entre los 11 unicornios argentinos es que en ningún caso la dueña es mujer. Ante la consulta de la falta de “unicornias”, Bearzi explicó: “El ecosistema emprendedor no escapa de lo que ocurre con la brecha de género de la sociedad. Las mujeres emprendedoras también tienen el techo de cristal”. Por su parte, Blousson agregó: “Hay una cuestión estadística, hasta hace unos años había pocas mujeres en tecnología, pero esa brecha se va a empezar a cerrar”.La vacuna contra el covid «Arvac Cecilia Grierson» iniciará sus ensayos en voluntarios
Desarrollada por un equipo de la UNSAM y el Conicet, podría servir como refuerzo anual contra el covid. Las pruebas comenzarán entre diciembre y enero.
Nuestro país avanza en el diseño, la producción, el envasado y la distribución de una vacuna contra el covid-19 totalmente argentina. Del abanico de opciones que existen -que detallamos en esta nota de AgendAR– la “Arvac Cecilia Grierson», desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet es la más avanzada. Podría ser empleada como un refuerzo anual y satisfacer la demanda regular al definir la incorporación de la vacuna contra covid-19 en el calendario obligatorio.Ante la aparición de variantes, la necesidad de inocular nuevas dosis –más allá del esquema inicial de dos vacunas– es un hechoLos ensayos clínicos con voluntarios podrían iniciarse a fines de este año o principios del siguiente, con el objetivo de probar seguridad y eficacia en humanos. Ya comprobaron su éxito en roedores: la fórmula argentina induce muy buena respuesta de anticuerpos neutralizantes y de linfocitos T “La Anmat acordó con el equipo de investigación un camino a seguir para completar la etapa de ensayos preclínicos y para iniciar, entre diciembre de este año y enero del siguiente, los ensayos clínicos en humanos. Para ello, será necesaria la autorización por parte del comité de ética que deberá dar el visto bueno”, informó Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). “Ahora existe un plan aprobado por la autoridad regulatoria, se liberó el camino y ello es clave, porque nos brinda un horizonte palpable”. La vacuna argentina contra el coronavirus fue bautizada “Arvac Cecilia Grierson”, en honor a la primera médica argentina, graduada en 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. El proyecto que encabeza su desarrollo es dirigido por la investigadora Juliana Cassataro –referente del equipo del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet– y recibe financiamiento público. “La Agencia financia con 60 millones de pesos lo que cuesta solventar los estudios preclínicos y parte de la fase 1. En su mayoría hemos logrado que las pruebas se hagan en el país y con un protagonismo muy importante de la Universidad Nacional del Litoral”, amplió Peirano. Luego continúa con el detalle de lo que sigue, pues, diseñar una tecnología tan compleja como una vacuna no es nada barato. “Para las fases 2 y 3, como se deberán reunir a unos tres mil o cuatro mil voluntarios, vamos a diseñar otro instrumento que posiblemente tenga el formato de un crédito contingente, es decir, que deberá ser devuelto en caso de que la producción de la vacuna llegue a buen puerto y sea aprobada. De lo contrario, se asumirá como un costo para todo el sistema de producción. Entendemos que la relación costo-beneficio que hacemos con esta inversión es extraordinariamente ventajosa para toda la sociedad argentina”, precisó Peirano, que es economista. Además de ser utilizada para uso doméstico, si la Arvac llegara a atravesar exitosamente las fases correspondientes, podría ser exportada a otros países de la región. Se sumará a la producción a escala de la Sputnik V que Laboratorios Richmond realizará en su nueva planta en 2022. Resta concretar, por parte del gobierno, el acuerdo para la fabricación de las Sinopharm a cargo de la farmacéutica nacional Sinergium Biotech. Argentina busca obtener independencia al momento de tomar sus decisiones sanitarias y, al mismo tiempo, ubicarse como un faro productivo en Latinoamérica. El financiamiento necesario La vacuna diseñada por el equipo de la UNSAM fue uno de los proyectos seleccionados por la Agencia I+D+i en el marco de la Unidad Coronavirus, que integra junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el Conicet. Como refería Peirano, en junio se aprobó un apoyo de 60 millones de pesos para concluir la etapa preclínica y comenzar las pruebas en humanos. La Arvac es una tecnología de proteínas recombinantes: se emplea un fragmento del Sars CoV-2, se lo purifica y, se lo combina con un adyuvante, esto es, un compuesto que amplifica la respuesta del organismo. Será similar a otras que ya forman parte del calendario para prevenir distintas enfermedades (como la de la Hepatitis B o la del HPV), así como también las que desarrolló Cuba contra la covid. En las próximas dos semanas la Agencia prevé definir los apoyos para otros cuatro proyectos de vacunas. Los equipos que se presentaron para conseguir subsidios pertenecen a la UNLP (Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, liderados por el bioquímico Guillermo Docena); al Instituto Leloir, el INTI y el INTA (al frente de esta postulación se halla la viróloga Andrea Gamarnik); al INTA junto a la empresa Biogénesis Bagó; y, por último, al Instituto Leloir, el Conicet y la biotecnológica Vaxinz (coordinado por el biólogo molecular Osvaldo Podhajcer). “Nosotros lo vemos como un camino de complementariedades que se ensancha y no como una competencia entre diferentes grupos. Los proyectos que son buenos tendrán el financiamiento que necesiten”, adelantó Peirano. «No depender de otros» Uno de los interrogantes que pueden hacerse a un año y medio del comienzo de la pandemia es: ¿por qué desarrollar una vacuna propia cuando ya hay tantas seguras y eficaces en el mundo? Peirano lo respondió de este modo: “Vale la pena desarrollar nuestra propia vacuna porque permite poner en valor saberes que se venían acumulando desde hace más de una década. Nos habilita, además, a sentar nuevas capacidades, útiles para la contingencia de la pandemia del covid que tiene perspectiva de volverse endémica. Será fundamental porque todos los años tendremos que volver a inmunizar a nuestra población”. “Son proyectos que, al ser tecnológicos, dialogan con la industria. Tener la ciencia y la tecnología de la calidad que tenemos constituye una ventaja frente estas situaciones de excepción. Fortalece nuestra capacidad de respuesta ante a sucesos críticos”, añadió. Contar con una vacuna propia, en este sentido, permite mayores cuotas de autonomía de cara al futuro, refiere el funcionario, y habilita a la instalación de capacidades frente a nuevas epidemias. La experiencia en el desarrollo tecnológico no se pierde de un año a otro, sino que se recicla y se actualiza, de manera que puede servir para resolver futuros conflictos.
Empleo en la cosecha, el primer ensayo del cambio en los planes sociales
La llegada de Juan Zabaleta al ministerio de Desarrollo Social tiene varios frentes de trabajo y un desafío central: convertir al esquema de asistencia social en programas de empleo genuino. El Gobierno avanza en la concreción de diferentes alternativas, aplicables a rubros y condiciones de empleabilidad distintas.
El primer caso testigo es el del sector rural. Allí, y ante la necesidad de trabajadores para la cosecha, se llegó a un acuerdo con la UTEP y la CAME para sumar trabajadores que cobran asignaciones a ese empleo temporario. Los que hagan esa tarea, seguirán percibiendo la AUH o el Potenciar Trabajo, y recibirán el resto hasta alcanzar el salario de convenio del sector. Según explican quienes trabajan en este cambio de paradigma, al ser la cosecha un trabajo temporario, cuando cesa esa actividad, el empleado mantiene los planes de asistencia. Este sector es, vale señalar, uno de los rubros con paga más magra en relación a la carga horaria y de esfuerzo. «El desafío es transformar los planes sociales en trabajo (…) unos 250 mil beneficiarios van a poder compatibilizar estas ayudas con acciones que realicen en actividades vinculadas a las cosechas», dijo Zabaleta en las últimas horas. En el caso del agro «los productores nos contaban que perdieron el 30 por ciento de la cosecha por no tener mano de obra. Se hizo un estudio y en la cosecha hay unas 250 mil personas que son beneficiarios de planes sociales como Potenciar Trabajo o Asignación Universal por Hijo (AUH)». El ministro adelantó también que «vamos a ampliar a distintos sectores de la actividad económica que las personas que tienen un plan social puedan trabajar y mantener ambos. Tenemos el desafío enorme de transformar los planes sociales en trabajo». Lo que se está evaluando ahora es qué variante se buscará en aquellos sectores que, aún requiriendo trabajo temporal, ese empleo podría volverse permanente, como es el caso de la construcción. Esas alternativas aún se debaten y suponen la mayor complejidad. Naturalmente, en el Gobierno saben que la transición de planes a empleo depende, sobre todo, de que la recuperación de la economía se consolide como un proceso estable en el tiempo. Además, la necesidad de transformar el empleo la asistencia es una necesidad del Estado para ordenar el gasto social para que sea sustentable. Con los niveles de inflación actuales, la asistencia crece en volúmenes para la caja del Estado, pero tiene un efecto más de sostenibilidad que de mejora en las condiciones para aquellos que la perciben. Ese punto específico se debate en casi todos los ministerios, y sobre todo en Economía, y el pensamiento está en línea con la idea de los movimientos sociales de salir de ese esquema. Hace unas semanas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, visitó Ciudad Oculta de la mano de dirigentes del Movimiento Evita. Uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de asistencia, generando empleo genuino. Este martes, Guzmán estuvo reunido con el ministro Zabaleta en la previa al acto que compartieron en Avellaneda el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner. «Fue un repaso de temas generales», fue la versión oficial. El asunto de fondo estuvo, de todos modos, sobre la mesa. “Hay una idea marco, que es la de trabajar con todos los sectores, con organizaciones sociales, sindicatos, cámaras y pymes”, sintetizaron desde el entorno de Zabaleta. Se va a encarar lo que viene en base a las necesidades de cada sector. En la carpeta está también un diálogo político con los intendentes y las organizaciones sociales que cuentan con unidades productivas. «Zabaleta tiene el expertise del territorio, de su vida como jefe comunal en Hurlingham, lo que le facilita encarar esa cuestión, afirman. Es necesario tener presente, sin embargo, que tanto los movimientos sociales opositores, como aquellos menos hostiles al gobierno nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), e incluso referentes del gobierno como el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y ahora precandidato a diputado por el Frente de Todos, impulsan un proyecto de ley para instaurar el salario básico universal.La bajante del Paraná beneficia a los puertos de Bahía Blanca y Quequén. Pero crecen los efectos negativos
En los últimos cuatro meses, el puerto de Bahía Blanca registró un aumento del 24% en las cargas de maíz. La bajante del río Paraná es considerada histórica tanto por su profundidad pero, sobre todo, por su duración que se extiende hace dos años y aún no tiene perspectivas de terminar.
La bajante del Río Paraná generó un cambio de dinámica obligado para las exportaciones agroindustriales. Los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca o Quequén, se volvieron claves para el negocio dado el bajo calado del complejo portuario del Gran Rosario, que obliga a los barcos a completar su carga o recurrir directamente a esos puertos. Desde principios de julio ha crecido considerablemente la descarga a esos puertos del sur de Buenos Aires, superando los registros de los años anteriores. En el Gran Rosario, en tanto, la cantidad de camiones ingresados se encuentra por encima del registro de 2020 pero por debajo de 2019. Así lo observó un estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, al señalar que «la severa bajante del Río Paraná está causando problemas logísticos en la carga de buques en los puertos del up-river«. En julio y agosto de este año, el total de maíz embarcado y programado a embarcar desde los puertos asciende a 9,1 millones de toneladas, de las cuales el 67 por ciento tienen como origen el del Gran Rosario, mientras que el 30 por ciento los de Bahía Blanca y Necochea/Quequén. En el 2020, el porcentaje era de 77 y 21 por ciento y en 2019 de 80 y 19 por ciento, respectivamente. «Esta es la menor importancia relativa de los puertos del Up-River (y, paralelamente, la más elevada proporción de los del sur de Buenos Aires) desde, al menos, 2018«, indicó el informe de la Bolsa rosarina.¿Cuánto están cargado los buques?
De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, las terminales marítimas de la ciudad vieron incrementada además la llegada de barcos para completar sus cargas. El promedio cargado por buque aumentó del histórico de 21.500 toneladas a 26.748 toneladas. En términos porcentuales significa un incremento de 24,4 por ciento con respecto al tonelaje que se suele cargar. «Incluso, el completamiento llegó a picos del orden de las 30.900 toneladas, un 44 por ciento por encima del histórico», explica el reporte de la Bolsa de Bahía, en referencia al promedio de maíz en el puerto que se obtuvo a partir del tonelaje cargado por buque en el período 2017-2019, en los cuales no se daban los efectos de la bajante del río Paraná. El análisis de la entidad se centró en maíz ya que en los demás granos el crecimiento no fue de tanta relevancia. Asegura que «en el caso del poroto de soja, las consecuencias de la bajante del río en el puerto local no se muestran tan marcadas como para el maíz». En este caso, el promedio histórico se ubica en 23.000 toneladas, mientras que, en el período analizado, cada buque tuvo una carga promedio de 26.349 toneladas con picos de completamiento que superaron las 34.000. En el caso del trigo «la mayor proporción de los buques que zarpan desde el puerto de Bahía Blanca se dirigen a Brasil en embarcaciones de menor porte, con lo que la originación de la carga se da en la región». Por ello, la bajante del río Paraná no tiene efectos significativos para este cereal.Los otros impactos económicos
Es sabido que la baja de la cota del río no permite que barcos de gran calado transporten los granos directamente desde aguas arribas del Paraná hacia los países compradores, lo que genera sobrecostos logísticos. Al mismo tiempo, comienzan a conocerse otros efectos económicos negativos de la bajante, como un descenso de la producción de energía hidroeléctrica de la central de Yacyretá, que produce al 50 por ciento de su capacidad. Y, por otro lado, en otros cultivos o actividades que necesitan agua para funcionar. El INTA alertó que el cultivo de arroz que se realiza a campo inundado podría verse afectado para la cosecha 2021/2022, al tiempo que la pesca comercial y de subsistencia que se realiza en la costa del Paraná a la altura de Entre Ríos, Santa Fe y parte de Buenos Aires también se encuentra en alerta.Investigadores argentinos crearon una app para rastrear contactos estrechos de Covid-19
Una aplicación que permite al usuario tener un registro de los lugares que visitó y cuánto tiempo permaneció en ellos, entre varias otras funciones, fue diseñada por investigadores de Tandil, provincia de Buenos Aires, para mejorar el rastreo de contactos estrechos en casos de coronavirus.
La aplicación, que se usa desde mayo de 2020 en el municipio de Ayacucho -una ciudad del centro este bonaerense-, «está dando buenos resultados y a medida que avance el proyecto podrá usarse en el resto del país», aseguran sus creadores e impulsores. «Durante los primeros casos positivos notamos que muchas veces las personas no recordaban con mucha precisión todos los lugares que habían visitado los últimos días, algo que entorpecía el rastreo de contactos», indicó el el doctor en Ciencias de la Computación Luis Berdun, director del proyecto e investigador del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil (Isistan), que depende de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y del Conicet, con sede en Tandil. El proyecto tuvo el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). La app, que funciona como una «bitácora del usuario», puede descargarse para celulares Android a través de Google Play y próximamente estará disponible también para dispositivos iOS.Al usuario se le pide autorización para compartir sus datos de manera anónima a fin de poder analizar la movilidad en general de la población, detectar zonas de mucha concentración de personas, notificar en caso de haber estado en el pasado en una zona considerada de riesgo sanitario o incluso detectar posibles contactos estrechos en el caso de contagios confirmados. A través de la app, los usuarios también pueden realizar autodiagnósticos e identificar negocios con reparto a domicilio, farmacias de turno y comercios cercanos a la ubicación, recibir información oficial de la localidad o solicitar turnos para eventos con aforo organizados en la localidad. También permite dar aviso de irregularidades a las autoridades, incluyendo fiestas clandestinas, roturas de aislamiento y demás eventos. Además, tiene funcionalidades adicionales extra-Covid-19, como un «botón de pánico» en caso de violencia de género. «Pasar de un prototipo de laboratorio a una herramienta funcional que ayuda a las personas produce una enorme satisfacción», dijo Berdun. Del desarrollo también participaron los doctores en Ciencias de la Computación Sebastián Vallejos, Marcelo Armentano y Silvia Schiaffino, del Isistan; doctores en matemática computacional e industrial Oscar Nigro y Sandra Gonzalez Cisaro, del Instituto de Investigación en Tecnología Informática Avanzada (Intia), también dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen.La app ya fue descargada por más de 1.800 ciudadanos de Ayacucho y se llama «Plataforma de Servicios de Ayacucho (APS)».
Jujuy exige carnet de vacunación para usar el transporte público
Los pasajeros deben acreditar haber recibido al menos una dosis. Los empleados públicos que regresan al trabajo en forma presencial tienen la misma exigencia.
El gobierno provincial de Jujuy comenzó a exigir desde ayer 17 de agosto que los usuarios de transporte público cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID 19. Al ser controlados, los pasajeros deberán exhibir un carnet de vacunación que acredite la inoculación, que será exigida por las fuerzas policiales. El gobernador Gerardo Morales también firmó el decreto N° 3768/2021, que luego fue ratificado por ley, en el que establece la obligatoriedad de la vacunación para los agentes de la administración pública, que son la mayoría de la Población Económicamente Activa en la provincia del norte. Todos los agentes públicos deberán acreditar haber recibido al menos una dosis, de lo contrario tendrán vedada la asistencia. En tal caso, y a menos que presenten una justificación, no percibirán sus sueldos.