La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de las Naciones Unidas donde se sientan a negociar los gobiernos, las cámaras empresarias y los sindicatos de 187 países. Es el único lugar del mundo donde los trabajadores tenemos voz y voto en pie de igualdad con los Estados y las empresas. De ahí salieron conquistas que hoy parecen naturales: la jornada de 8 horas, las vacaciones pagas, la protección de la maternidad, la libertad sindical. Cuando la OIT aprueba un convenio, no aprueba una declaración ni un consejo. Aprueba un tratado internacional. Los países que lo ratifican quedan obligados a cumplirlo y a rendir cuentas. Por eso las empresas pelean tanto cada vez que se discute uno. Esta madrugada de jueves, en Ginebra, quedó acordado el texto final del primer convenio de la historia sobre el trabajo en plataformas digitales. Mañana viernes se vota en el plenario de la Conferencia, el último paso para su adopción formal.
Cómo se ganó
Las cámaras empresarias pelearon durante dos años para rebajar la norma a una simple recomendación, un papel sin fuerza obligatoria. Ya lo habían logrado en 2006, cuando se discutió la relación de trabajo. Esta vez perdieron. El grupo de trabajadores, junto a muchos gobiernos, sostuvo el convenio hasta el final: la pulseada se estiró toda la noche y el texto se terminó de acordar cerca de las cinco y media de la mañana de Ginebra, mediodía de hoy en la Argentina. Que exista una norma vinculante y no una lista de buenas intenciones es una victoria del sindicalismo mundial. Nuestra victoria.
Qué dice el convenio, en lenguaje sencillo
Te cubre aunque la empresa te llame «socio». El convenio alcanza a todos los trabajadores de plataformas «independientemente de la clasificación de su situación en el empleo». Aunque la app te llame colaborador, emprendedor o socio, la norma te incluye. Eso desarma el truco central del modelo: cambiarle el nombre al trabajador para esquivar las obligaciones.
Derecho a organizarse y negociar. Por primera vez una norma internacional dice expresamente que quien trabaja para una app tiene libertad sindical y derecho a negociar colectivamente, esté registrado como esté. El que reparte solo en la calle tiene, por escrito y para todo el mundo, el derecho a juntarse con otros y pelear en conjunto.
Valen los hechos, no el contrato. Para definir si sos empleado o independiente, lo que cuenta son «los hechos relativos a la ejecución del trabajo». Si la aplicación te asigna los pedidos, te pone la tarifa, te evalúa, te sanciona y te puede bloquear, eso pesa más que cualquier papel que te hayan hecho firmar. Es lo que venimos diciendo hace años: detrás de la app hay un patrón. Ahora lo dice la OIT.
El algoritmo deja de ser una caja negra. La plataforma está obligada a informarte qué sistemas automáticos usa para vigilarte, evaluarte y decidir sobre tu trabajo. Tenés derecho a una explicación por escrito de toda decisión que te perjudique. Si te bloquean la cuenta, te desactivan o no te pagan, tenés derecho a que esa decisión se revise, y tiene que haber intervención humana: ninguna máquina puede tener la última palabra sobre tu ingreso. El bloqueo arbitrario queda prohibido. El convenio trata al bloqueo como lo que siempre fue: un despido, que ahora exige explicación y revisión.
Condiciones concretas. Pago puntual y completo, con información clara de cuánto cobrás y qué te descuentan. Seguridad social en condiciones no peores que las de cualquier otro trabajador. Derecho a negarte a una situación de peligro grave sin sufrir represalias: si llueve torrencialmente o la zona es insegura, podés parar sin que te castigue el puntaje. Protección contra la violencia y el acoso, incluso el que viene de los clientes.
La ley es la del país donde se trabaja. Las condiciones se rigen por la legislación del lugar donde se hace el trabajo, y cada Estado debe fiscalizar a las plataformas que operan en su territorio. La casa matriz en otro país deja de servir como escudo.
Qué significa para nosotros
Venimos sosteniendo desde hace tiempo que la novedad de las plataformas no fue eliminar al patrón sino esconderlo detrás de una interfaz. Este convenio lo saca del escondite y le pone obligaciones con nombre y apellido. Lo que parecía una exageración sindical hoy es doctrina de la OIT, votada por los gobiernos y con las cámaras empresarias sentadas a la mesa.
Para la Argentina tiene un valor enorme. El convenio confirma que el camino que abrió la Provincia de Buenos Aires es el correcto: el proyecto de ley de plataformas, con registro, transparencia algorítmica, seguro obligatorio, paradores y el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación, y el fallo de la Suprema Corte bonaerense en el caso Rappi van en la misma dirección que la nueva norma mundial. A los que repiten que regular espanta inversiones les quedó un problema serio: la regulación ya es el estándar internacional. La discusión global dejó de ser si se regula. Es con qué reglas.
Y deja en evidencia al gobierno de Milei. Su reforma laboral definió por ley a repartidores y conductores como independientes, obligándolos a inscribirse y aportar por su cuenta. Lo vendió como modernización, como el futuro inevitable. El mundo acaba de decir lo contrario: eso que el gobierno legalizó es un déficit de trabajo decente que hay que corregir.
Las tareas que nos deja
El convenio es un piso de derechos para todo el planeta. Construir sobre ese piso es tarea nuestra, y la orientación es clara.
Exigir la ratificación. El convenio obliga a los países que lo ratifican. Hay que instalar la exigencia en todos lados: que cada legislador, cada funcionario y cada candidato tenga que decir en voz alta si está a favor o en contra de que Argentina ratifique el convenio.
Empujar la ley bonaerense. El proyecto provincial de plataformas es la traducción local más avanzada del espíritu del convenio, y en puntos clave lo supera: prevé que el Estado audite los algoritmos de asignación, no solo que la empresa explique sus decisiones. Aprobarla es poner a la Provincia a la vanguardia de lo que el mundo acaba de acordar.
Pelear por lo que sigue. El convenio fija el punto de partida de las próximas conquistas: la presunción de relación laboral, que ya rige en Europa; el salario mínimo y la cobertura de gastos para todos sin distinción de categoría; la reputación digital como propiedad del trabajador, portable de una app a otra, como planteamos en nuestras Diez Propuestas; y la discusión de fondo sobre quién se queda con las rentas que las plataformas extraen del país.
Organizar. Ninguna norma se cumple sola. La experiencia internacional lo muestra: donde hay fiscalización estatal y organización de base, los derechos se vuelven realidad; donde no, las empresas encuentran el atajo. El convenio es una herramienta nueva en la caja. La fuerza para usarla la construimos nosotros, con los trabajadores reales de este tiempo: los que salen de un trabajo y entran en otro, los que esperan pedidos en una esquina, los que se enteran por una notificación de que esta semana su tiempo vale menos. A partir de este convenio tenemos al derecho internacional de su lado.
