Este material podría ser útil para prevenir COVID-19 y fue desarrollado por una empresa marplatense, NAIROTECH, en el marco de una convocatoria para empresas de base tecnológica de la Agencia I+D+i.
Mediante el empleo de nanotecnología y con la colaboración de universidades, una empresa marplatense de base tecnológica especializada en la industria del plástico desarrolló materiales que reducen el tiempo de permanencia de microorganismos sobre superficies, incluyendo el nuevo coronavirus que causa COVID-19.
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La iniciativa fue una de las seleccionadas en la convocatoria para Empresas de Base Tecnológica (EBT) COVID-19 realizada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) , para su financiamiento a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
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“El material se puede aplicar a los productos cotidianos sin que pierdan sus propiedades originales. El objetivo también es crear espacios más seguros en ambientes de masiva circulación de personas como oficinas, escuelas, transporte público, hospitales y otros ámbitos”, indicó el ingeniero en materiales Matías Lanfranconi, socio fundador y director de Tecnología e Innovación de la empresa Nairotech Desarrollo e Investigación.
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El material desarrollado se llama Nairo.Care y contiene nanopartículas de cobre que eliminan a los patógenos. La empresa fabricó diversas formulaciones de esas nanopartículas para usar como aditivo en múltiples productos, tales como textiles, artículos de limpieza, pellets de polietileno, pinturas y plásticos de PVC.
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“Con esta gran variedad de aplicaciones se pueden conferir propiedades antimicrobianas a suavizantes de ropa, lustramuebles, juguetes, muebles de jardín, manteles, uniformes, guardapolvos y una infinidad de productos cotidianos”, destacó Lanfranconi.
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En pruebas de laboratorio, el polímero germicida mostró eliminar el 99,99% del coronavirus canino y de la bacteria Escherichia coli tras cinco minutos de exposición.
Además, un ensayo de citotoxicidad documentó su inocuidad en humanos
“Además de cuidar la salud, otra ventaja que tiene nuestro material es que evitará la necesidad de tener que sanitizarsuperficies o productos de forma continua”, señaló Rosario Enseñat, gerente de Marketing y Desarrollo de Productos de la compañía.
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Según los directivos, la compañía ahora apunta a optimizar el prototipo de material y el proceso de fabricación hasta llevarlo a escala productiva.
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“El proyecto de Nairotech responde a la necesidad específica de contar con superficies libres de microorganismos que se potenció con la pandemia y es parte de un modelo de negocios ambicioso”, indicó Laura Toledo, directora de FONARSEC, quien precisó que este tipo de iniciativas constituye una plataforma tecnológica capaz de ofrecer diversidad de productos de alto valor agregado para múltiples mercados potenciales.
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Para la realización de ensayos e investigaciones, Nairotech se asoció con el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Fundación Argentina de Nanotecnología, mientras que la gestión de la inteligencia tecnológica y propiedad intelectual estuvo a cargo de ITERA. La empresa marplatense también está asociada con Aceleradora del Litoral, un fondo que depende de la Universidad Nacional del Litoral y que potencia negocios basados en ciencia.
Es probable que las personas necesiten una tercera dosis de la vacuna de 6 a 12 meses después de su primera ronda, dice Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer.
Los datos del mundo real muestran que la vacuna Pfizer es efectiva contra una variante preocupante del coronavirus que se vio por primera vez en Sudáfrica, llamada B.1.351, dijo Bourla durante un evento de CVS Health Live publicado en Facebook ayer jueves. «La protección disminuye con el tiempo, pero aún en seis meses sigue siendo extremadamente, extremadamente alta», dijo.
Bourla dijo que queda por ver con qué frecuencia tendría que suceder una posible tercera dosis, pero “un escenario probable es que probablemente se necesite una tercera dosis en algún momento entre seis y 12 meses y luego, a partir de ahí, habrá una revacunación. Pero todo esto necesita ser confirmado».
“En las pandemias, estás tan protegido como tu vecino”, dijo Bourla. Por eso es importante que todos los países vacunen a sus ciudadanos.
Ayer, miércoles 14 de abril, fue el día en el que el gobierno nacional tuvo que aceptar que la «segunda ola» de la pandemia había llegado a la Argentina, que los contagios y las muertes crecían, y que era necesario tratar de imponer otra vez, como un año atrás, aunque esta vez sería necesariamente por un plazo más corto, restricciones a la circulación, cese de actividades no esenciales y cierre de las escuelas.
Aún sabiendo, por lógica y por experiencia, que estas restricciones no podrán ser completas, porque hay actividades que no pueden detenerse (distribución de alimentos, de combustibles,…), que una parte de la sociedad no las va a acatar, y que perjudicarán en forma grave a muchos sectores y dañarán una recuperación de la economía en curso pero irregular e incompleta.
Pero ayer a la mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había dado un informe descarnado sobre la gravedad de la situación. Y a la tarde se conocieron las cifras del día: 25.157 nuevos casos de covid y 368 muertes.
El presidente Alberto Fernández decidió pagar el costo político ante una parte numerosa de la población, cansada y harta de una pandemia que ya lleva 13 meses entre nosotros. Pero también, recuperando ante muchos otros -no menos cansados y hartos, cómo no- la autoridad que da el tomar decisiones duras que se consideran necesarias.
Así, ayer el presidente Fernández anunció por cadena nacional que, desde las 0 horas de este viernes 16, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), “la circulación nocturna será restringida de 20 a 6″. “Restringir la nocturnidad no quiere decir que en el día se puede hacer cualquier cosa”, agregó.
También “quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados”. Las actividades comerciales deberán desarrollarse entre las 9 y las 19. Todos los negocios deben cerrar a esa hora, pero las empresas gastronómicas pueden seguir funcionando, bajo la modalidad de entrega a domicilio («delivery»).
Se suspenda la presencialidad en las escuelas. Desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril, se volverá a la modalidad virtual en los tres niveles educativos. “Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases”.
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Al final de su exposición, el presidente recordó que estas medidas estaban destinadas al Área Metropolitana, ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde se producen la mayoría de los contagios, y que “el resto de las jurisdicciones pueden adherir a estas decisiones”, si así lo consideran.
“De acuerdo al último decreto de necesidad de urgencia que dicté en esta materia, las provincias pueden tomar todas estas medidas con prescindencia de la decisión presidencial. Espero que los gobernadores e intendentes, que entiendan que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan; pero es responsabilidad de cada uno hacerlo. Vivimos en un país federal”.
“Como presidente de la Nación, preservaré la salud de todos y todas las argentinas, y en especial a los que viven en la Capital Federal porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital federal de todos los argentinos”.
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Como dijimos al comienzo de esta nota, en AgendAR tenemos claro, y estamos seguros que el gobierno también, que estas medidas sólo servirán para ganar tiempo, disminuyendo – si tienen éxito- el ritmo de los contagios.
Pero mientras se han vacunado ya 5.874.864 compatriotas, al menos con una dosis, y el lunes llegan 864.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Será lento -probablemente recién a fin de año la producción y distribución de vacunas empezará a acercarse a la demanda, pero esa es «la luz al final del túnel» de la pandemia.
Un estudio detectó residuos de 42 fármacos en muestras de diferentes especies ofrecidas en comercios de la capital provincial.
Una investigación analizó muestras de sábalo, pacú, trucha y salmón provenientes de supermercados y pescaderías de la ciudad de Córdoba. En el 100% de los casos detectó antibióticos (ATBs) de las familias de macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Además, en el 82% de las muestras de pacú, en el 57% de las de sábalo y de trucha, y en el 50% de las de salmón, los valores hallados excedieron el límite máximo residual de al menos un antibiótico.
El hallazgo preocupa por dos razones. Por un lado, los antimicrobianos que se aplican en psicicultura son iguales o similares a los de uso humano. Su administración frecuente e inapropiada puede afectar su efectividad en las personas, debido a que las bacterias pueden desarrollar resistencia hacia ellos.
Por otro lado, se carece de información sobre el impacto crónico y el riesgo que implica la mezcla de estas sustancias, tanto en el medio acuático como en la salud humana.
“Nuestros resultados muestran que los peces estudiados estuvieron expuestos a una amplia gama de ATBs, ya sea por contaminación ambiental y/o por tratamientos inadecuados durante la cría y producción. Pese a que –contabilizados de forma individual– ningún nivel supera la dosis diaria que una persona puede ingerir, es necesario realizar más estudios para saber su impacto en la salud”, explica Valeria Amé, directora de la investigación, profesora y directora de la Especialización en Química Ambiental.
El trabajo analizó ejemplares de dos especies nativas (sábalo y pacú) y otras dos introducidas (trucha, de un criadero local y salmón, proveniente de Chile). Todos fueron comprados en supermercados y pescaderías de la ciudad de Córdoba, en 2017 y 2018.
Hasta donde conoce el grupo de investigación, se trata del primer informe abocado a identificar una amplia variedad de antibióticos de usos veterinarios y humanos en acuacultura comercial en muestras de pescado del mercado argentino.
Criaderos de peces y contaminantes
Los antibióticos se han utilizado en la acuacultura durante más de 50 años, según indica el estudio. Una característica de estas sustancias es que entre el 30% y el 90% de ellas atraviesa el cuerpo de los peces sin ser metabolizadas y vuelven al agua, excretadas a través de la orina y las heces.
Amé explica que la administración de antimicrobianos autorizados está permitida en los criaderos de animales. De hecho, se agregan regularmente al alimento o directamente al agua. Sin embargo, los ejemplares destinados al consumo deben cumplir un determinado tiempo libres de fármacos, previo a su comercialización.
La extensión de ese lapso temporal depende de la especie, el tipo de infección y el tratamiento en particular. Si ese periodo se acorta o se administran dosis mayores a las recomendadas para acelerar los procesos, los residuos de ATBs pueden superar el límite permitido.
Otro dato a tener en cuenta es que en general los criaderos de agua dulce toman agua de ríos y arroyos cercanos. Si esos cursos de agua reciben efluentes incorrectamente procesados de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, es factible que una gran variedad de contaminantes ingresen a esos ecosistemas acuáticos y puedan acumularse en los peces. “Así, los peces de consumo pueden estar expuestos a fármacos veterinarios de forma voluntaria y a fármacos de uso para humano, involuntariamente”, agrega Amé.
Por otra parte, la contaminación con antibióticos se correlaciona fuertemente con la inducción de resistencia a múltiplesfármacos en bacterias, incluso si la concentración de contaminantes es baja.
La resistencia de estos microorganismos a los medicamentos es un problema en todo el mundo. En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, junto a otras agencias e instituciones, implementó en 2015 un Control Nacional de resistencia a los antimicrobianos para asegurar el uso responsable de estos compuestos.
A su vez, el Servicio Nacional de Salud y de Calidad de Productos Agroalimentarios (Senasa) lanzó el Programa de Control de Residuos, Contaminantes e Higiene Alimentaria (Plan CREHA) para la detección de antimicrobianos en alimentos destinados al consumo humano.
Este trabajo de investigación y otros anteriores sugieren que el manejo irresponsable de antibióticos por parte de quienes se dedican a la piscicultura, así como entradas incontroladas de antibióticos en el medio acuático, pueden ocasionar efectos no deseados graves.
“Por un lado, los ATB pueden dar lugar a bacterias resistentes, aun en dosis más bajas que las permitidas actualmente en el registro de límites máximos residuales. El efecto de múltiples residuos de antibióticos, así como de otros contaminantes en tejido de peces es desconocido. Pueden ocurrir efectos sinérgicos con un efecto mayor al de cada uno de los compuestos por separado, o antagónicos con un efecto menor al de cada uno de los compuestos por separado. Estas cuestiones están desafiando nuestro conocimiento actual sobre la toxicidad de alimentos de producción intensiva para la salud humana. Para saberlo es necesario ampliar los estudios”, reconoce Amé.
En la totalidad de los casos, encontraron compuestos de las familias de macrólidos (claritromicina y roxitromicina), tetraciclinas (doxiciclina y oxitetraciclina) y fluoroquinolonas (enrofloxacina).
Los datos obtenidos en la investigación fueron contrastados con el Límite Máximo Residual (LMR) establecido por la Comisión Europea (CE), CODEX y el Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Brasil. Se trata de un valor de referencia que indica el nivel máximo de residuos de antibióticos permitidos legalmente en los alimentos.
“En el Código Alimentario Argentino existen límites máximos permitidos para residuos de algunos antimicrobianos, pero no podemos encontrarlos para la mayoría de los compuestos medidos en este estudio”, comenta Amé.
El 82% de las muestras de pacú, el 57% de sábalo y de trucha, y el 50% de las de salmón,
excedieron el LMR de al menos un antibiótico.
Algunos compuestos no tienen un nivel seguro porque su sola detección ya implica un riesgo. Es el caso del cloranfenicol, furazolidona y nitrofurantoína, que se detectaron en el 41%, 22% y 4% del total de las muestras, respectivamente.
Para otros siete antibióticos detectados, todavía no se ha establecido un LMR que permita conocer a partir de qué concentración esas sustancias representan un riesgo para la población que los consume.
“Según la Organización Mundial de la Salud, cuando un antibiótico no tiene un LMR, el riesgo para la salud pública es desconocido y puede, si está presente en una concentración suficiente, representar un peligro para quienes ingieren esos productos”, explica.
“Este descubrimiento no pretende alarmar a la población, sino que brinda información valiosa que podrá ser aplicada en la generación de estrategias para el uso juicioso y adecuado de antibióticos, promoviendo la producción de alimentos seguros y buscando reducir la contaminación de los sistemas acuáticos”, agrega la investigadora.
Asimismo, aclara que, en la mayor parte de los pescados estudiados, los residuos de ATB no excedieron los LMR recomendados por autoridades reguladoras, y ningún antibiótico individual superó la ingesta diaria admitida. Sin embargo, alerta que los efectos crónicos de las mezclas de estos compuestos en la salud humana y en los sistemas acuáticos continúan siendo desconocidos.
La pandemia produjo durante 2020 desplomes de gran magnitud en el comercio internacional. La dinámica del comienzo de este año refleja una acelerada recuperación. Y el Centro de Estudios Económicos de la Cancillería ya prevé una recuperación del 30% en los envíos al exterior y ventas por u$s 70.000 millones.
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En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el plan de promoción de las exportaciones 2021 que tiene previstas una batería de 657 acciones comerciales en todo el mundo.
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El eje del plan está puesto en las acciones a desarrollar durante en el 2021: se llevarán a cabo 295 misiones comerciales, 140 ferias, 40 rondas de negocios, 60 acciones de posicionamiento y 80 talleres de oferta tecnológica, mediante la realización de capacitaciones que protagonizarán los institutos de promoción tecnológica, como el INTI, INTA y ANMAT.
El Gobierno proyecta exportaciones por u$s70.000 millones en 2021
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El principal foco estará puesto en Latinoamérica. Allí se realizarán 230 de las 657 acciones. En segundo lugar aparece Europa en donde se desarrollarán 138 iniciativas. Para América del Norte hay diagramadas 107 acciones, mientras que en Asia 73, en África 37, en Medio Oriente 21 y en Oceanía 11.
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Dentro de los complejos impulsados están las carnes, la pesca, las autopartes, la construcción, la minería, el petróleo, la metalmecánica, la maquinaria agrícola y el sector frutícola, entre otros.
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También se promocionarán actividades vinculadas a los servicios como la edición, la comunicación, el turismo, el marketing.
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“Esperamos un crecimiento importante para las exportaciones este año. Estimamos alcanzar los u$s 70.000 millones”, dijo el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Jorge Neme. En ese sentido, explicó que “los mercados se muestran más demandantes” y agregó: “Vamos a tener buenas novedades con el mercado mexicano donde aspiramos a vender carne y ya hay un compromiso de abrir el mercado, también actualizar el convenio automotor. Pero al mismo tiempo tenemos un muy buen diálogo con Estados Unidos, China y también con países de África y el mundo árabe”.
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Las acciones fueron consensuadas en el Consejo Público Privado de Promoción de Exportaciones que fue creado por el Ministerio el año pasado. Este órgano cuenta con la participación de más de 18 mil empresas nucleadas en 247 cámaras sectoriales. Allí se trabaja en la definición de oferta exportable, la identificación de mercados y la elaboración de acciones de promoción de comercio exterior.
Los precios del trigo, el maíz y la soja en el Mercado de Chicago nuevamente repuntaron con fuerza ayer miércoles, apuntalados esta vez por las previsiones que un frente frío en el Medio Oeste pueda perjudicar el desarrollo de la cosecha en los Estados Unidos.
La soja para mayo subía 1,7% a u$s 518,26; el maíz también para mayo ganaba un 2,9% a u$s 234,74, máximos desde junio de 2013. En tanto, el trigo para mayo trepaba un 2,8% a u$s 238,74
«La ola fría de la próxima semana plantea un riesgo de daños al trigo en algunas zonas de un tercio del sur de los Grandes Llanos de Estados Unidos; posiblemente que se queme el maíz que ya brotó en el Medio Oeste», dijo Commodity Weather Group en una nota a sus clientes.
El clima también podría hacer que algunos productores retrasen la siembra de maíz y soja, ya que los cultivos plantados en temperaturas frías podrían tener dificultades para emerger del suelo.
«Las temperaturas de EEUU no encajan en la categoría ‘severa’, pero la ola de frío actual mantiene bajo el entusiasmo por la siembra temprana de maíz y soja, con condiciones que parecen secas pero frías durante los próximos siete a 10 días o más», dijo Matt Zeller, director de información de mercado de StoneX, en una nota a clientes.
Los expertos predicen una racha seca en las próximas semanas en el continente europeo. El déficit de agua ya está presente en áreas productoras de trigo de primavera en el norte de Estados Unidos, dijo la consultora francesa Agritel en una nota.
«El clima en Francia es seguido de cerca», sostuvo Agritel. «Las previsiones meteorológicas para las próximas semanas apuntan a un riesgo de déficit hídrico, lo que se suma a la firmeza de los precios, incluida la cosecha 2021».
El importante diario de negocios Financial Times publicó hace pocas horas que Brasil buscaba mil millones de dólares «al contado» («up front«) para la preservación de la Amazonia. Y que su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirmaba que el gobierno de Bolsonaro ha hecho bastante para merecer los fondos.
No todos están de acuerdo. En la Unión Europea las críticas al presidente brasileño son abiertas, el presidente francés Macron lo ha denostado en público. Y el ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Sveinung Rotevatn, dijo ayer que Brasil debe demostrar que puede reducir la deforestación en el Amazonas antes de que Noruega reanude los pagos en apoyo de la preservación de la selva tropical.
El país escandinavo trabajó estrechamente con Brasil para proteger el ecosistema entre 2008 y 2018, enviando 1.200 millones de dólares al Fondo Amazónico, que paga a Brasil para prevenir, vigilar y combatir la deforestación. Noruega ha sido el mayor donante a la causa.
Pero la destrucción de la selva tropical ha aumentado desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo en enero de 2019, debilitando la aplicación de la ley y pidiendo el desarrollo de la región, además de cambiar la gobernanza del fondo.
Aun así, Brasil había solicitado a principios de este mes 1.000 millones de dólares de ayuda en un periodo de 12 meses a países como Estados Unidos y Noruega para ayudar a reducir la deforestación entre un 30% y un 40%.
Oslo, que en 2019 congeló fondos por más de 5.000 millones de coronas noruegas (585 millones de dólares), dijo que las conversaciones con Brasil están en curso. «Las condiciones para una puesta a disposición de estos fondos es que la deforestación disminuya sustancialmente y que se llegue a un acuerdo sobre la estructura de gobernanza del Fondo Amazónico», advirtió el ministro noruego.
Este tema está en los medios por el estilo desafiante y pintoresco del presidente Bolsonaro. Pero en Argentina debemos mirarlo más allá de las anécdotas. La Unión Europea y Estados Unidos, con la administración Biden, están resueltos a convertir la lucha con la deforestación y, en general, contra las emisiones de carbono, en uno de los temas claves de política internacional.
Y nuestro país es el octavo en extensión del planeta. No nos dejarán ser indiferentes al problema. Ni limitarnos a declaraciones «políticamente correctas».
Hoy, miércoles 14 de abril, la ministra de Salud, Dra. Carla Vizzotti, dirigió un mensaje en, como señaló, «el momento más crítico de la pandemia». En él vuelca todo lo que el gobierno sabe y tiene previsto hacer en este momento. Vale la pena escucharlo
Dentro de pocos días, el 30 de abril, opera el vencimiento de la concesión en virtud de la cual la «Hidrovía» del Río Paraná es administrada por un ente privado sin control estatal. Esto pone en discusión su futuro (y el de nuestro país). ¿Debe continuar así? ¿o el Estado debe asumir su manejo?
El economista Horacio Rovelli, ex Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, ha publicado una criteriosa (si no neutral) nota sobre las posturas en torno la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La reproducimos y agregamos una noticia reciente.
La Administración General de Puerto gobernaba en forma centralizada todos los puertos marítimos y fluviales hasta que en el año 1992 la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093 y, la disolución de esa Empresa del Estado mediante decreto 817/92, hace que el sistema nacional centralizado se atomice en múltiples organizaciones provinciales.
La ley 24.093 sostiene que la actividad portuaria no es ni un acto de gobierno ni corresponde ser insertada en el derecho público, sino que es propia y esencialmente una actividad productiva. A su vez, en esta ley se descentraliza la actividad de habilitación y gestión portuaria a las Provincias, que generó una proliferación de puertos privados para sacar la producción de granos en el litoral, facilitando parte de la cadena logística a los grandes exportadores los cuales son todos dueños de terminales portuarias y/o tienen la concesión de su administración.
I) El 28 de agosto de 2020 se creó la “Administradora Federal Hidrovía S.E.”, integrada por el Estado Nacional con una participación del 51 % del capital social y un 49 % por 7 provincias: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Y en los considerando de ese acuerdo se afirmaba que la Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía navegable natural conformada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que constituye un cauce de salida de aproximadamente el 80 por ciento de la exportación nacional, menos costoso y ambientalmente más sustentable. Su desarrollo será fundamental para mejorar la competitividad internacional de los productos argentinos, y su ampliación permitirá integrar a la región con los puertos que se ubican aguas arriba de la ciudad de Santa Fe.
A su vez, el Consejo Federal tendrá carácter consultivo y estará integrado por el Ministerio de Transporte, las provincias, entidades empresarias, gremiales, representativas de usuarios y organismos académicos. Además, el organismo impulsará la creación de una Sociedad del Estado que establecerá la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias a la Hidrovía.
II) Sin embargo el 26 de noviembre de 2020 se publica el Decreto 949/2020, por medio del cual el presidente Alberto Fernández delega en el Ministro de Transportes la facultad del llamado a licitación pública nacional e internacional por medio del régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520 para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná-Océano Atlántico, a riesgo empresario y sin aval del Estado”. (Síntesis textual publicada en infoleg). Tal decisión, pone de manifiesto la voluntad de volver a licitar esa vía navegable, que estuviera en manos de Hidrovía S.A. desde el año 1995, consorcio integrado por EMEPA S.A. y la empresa Jean de Nul, que procedió a la explotación de esa vía navegable.
El Decreto 949/2020 por un lado le da toda la administración de la licitación de la mal llamada “Hidrovía del Paraná” al Ministerio de Transporte de la Nación, desconociendo los acuerdo arribados en agosto 2020 con las 7 provincias que tienen puertos sobre el Paraná y, por otra parte, propone el uso del Canal Punta Indio hacia Montevideo y el dragado del brazo Paraná Bravo, por lo que la puerta de entrada y salida es por ese puerto o por el de Nueva Palmira en la República Oriental del Uruguay, perdiendo la Argentina su soberanía cuando tiene una de las más amplias extensiones de costa del mundo.
LAS DOS POSTURAS PRINCIPALES
1)POSTURA DE DEFENSA DEL ACUERDO DEL 28/08/2020 CREACION DEL CONSEJO FEDERALY LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL ESTADO QUE EJERZA LA ADMINISTRACIÓN, EL CONTROL Y LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS A LA HIDROVÍA
La misma está encabezada por el Senador Jorge Taiana quien presentÓ un Pedido de Informe en el Senado de la Nación, el 1 de febrero de 2021, en que solicita que se invite al ministro de Transporte Mario Meoni, para que informe sobre «todo lo relacionado con la concesión de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización de la Vía Navegable Troncal» que surca las aguas del Paraná y del Río de la Plata, y además solicitó al Congreso la conformación de una comisión bicameral de seguimiento.
Adhieren Julio Cesar Urien (que lidera el Grupo Bolivar), les ex Subsecretarios de Puertos y Vías Navegables del kirchnerismo: Jorge Metz y Horacio Tettamanti, Mempo Giardinelli, entre otros, quienes por un lado exigen que se hagan las obras sobre el Canal Magdalena que permitiría solo emplear puertos argentinos. Y segundo, proponen en el marco del Artículo 40 de la Constitución Nacional[2] que se realice junto a las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) o las elecciones nacionales del corriente año 2021, un REFERENDUM VINCULANTE por la creación de una Sociedad del Estado que establecerá la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias en el Paraná o, en cambio, si se vuelve a licitar como lo propone el Decreto 949/2020.
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2) POSTURA DE LOS QUE PROPONEN QUE SE LICITE NUEVAMENTE LA HIDROVIA DEL PARANA Y QUE DEFIENDEN Y PROPICIAN EL DECRETO 949/2020
El Decreto 949/20 diluye el poder del Consejo Federal de la Hidrovía. En el nuevo esquema, el Consejo Federal de la Hidrovía estará presidido por el Ministro Meoni y, aunque lo integrarán las siete provincias -además de funcionarios de Interior y Desarrollo Productivo-, funcionará como un espacio de coordinación que solo brindará asesoramiento, no administra. El poder real estará en la Unidad Ejecutora temporaria que definirá quién o quienes se quedarán con dicha administración. En la Unidad Ejecutora planteada por el Ministerio de Transporte no hay espacio para los representantes provinciales. Según refieren, estará encabezada por Pablo Barbieri, un abogado especializado en derecho comercial que fue asesor de la Secretaría de Deportes e integra el Tribunal de Ética de la AFA.
Los funcionarios de Ministerio de Transporte que trabajan en el tema aseguran que el Canal Magdalena se licitará y sugieren que EMEPA no seguirá y la reemplazará otra empresa nacional que hará las tareas de balizamiento. Dicen, además, que “para darle transparencia a la licitación participará la OCDE”. No es extraño. El negocio del mayor peaje del país tiene interesados poderosos. Además de Jan de Nul – que quiere continuar, aunque sea sin Romero – son de la partida las compañías holandesas Boskalis, Dredging y Van Hool, y también el holding chino Shanghai Dredging Company.
Independiente de quién realice las tareas de dragado y balizamiento, lo cierto es que las organizaciones empresarias enviaron una carta al ministro de Transporte, Mario Meoni, firmada por la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara Argentina del Acero, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carsfe, Sociedad Rural de Rosario, Centro de Navegación, Cámara Naviera Argentina, Centro Marítimo Rosario, Foro Regional Rosario y Cámara de Exportadores (Cera) solicitando que se licite nuevamente la Hidrovía del Paraná. Solicitaron que la transición sea lo más breve posible con el propósito de “llevar adelante una licitación transparente y competitiva para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado”.
No quieren que esos 5 meses el cobro del peaje quede en manos estatales, o asegurarse por lo menos que no se extienda más que ese plazo de transición. Incluso, ofrecen sus propios estudios privados sobre la necesidad de obras, estudios que debería encarar el estado antes de re licitar.
“No hay que romper lo que funcionó. Si no sería un retroceso ponernos a discutir cosas que ya han funcionado y ha sido beneficioso. Si resistió desde 1995 a todos los cimbronazos que tuvo la economía argentina”, asegura Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario.
«Esta es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado», asegura Gustavo Idígoras, quien dirige la Cámara de Exportadores de Cereales, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y el Concejo Agroindustrial Argentino.
El presidente la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, quien en un reciente seminario sobre Hidrovía en la Cámara de Diputados de Santa Fe afirmó: “El concesionario debe ser quien cobre el peaje y no el Estado, (porque) sabemos lo que sucede después”.
Carlos Vaccaro, director ejecutivo de la Cámara del Acero y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuestiono la intención de que el Estado intervenga asegurando que “no hay razón para cambiar algo que funcionó exitosamente 25 años”
El sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento que dirige Juan Carlos Smith, guarda silencio. Su prioridad es que no se pierdan las fuentes de trabajo, que actualmente paga buenos salarios.
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Por su parte, el informado periodista Nicolás Deza publicó ayer en El Grito del Sur una noticia terminante:
El Ministerio de Transporte de la Nación propondrá extender la concesión del mantenimiento del Sistema de Navegación Troncal del Paraná, mejor conocido como Hidrovía Paraná-Paraguay.
La decisión podría darse a conocer en la próxima reunión del Consejo Federal Hidrovía, a menos de cuatro días del vencimiento de la concesión actual.
La prórroga implica que Hidrovía S.A. seguirá al frente de las tareas de dragado y balizamiento del canal navegable, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. La concesión vence el próximo 30 de abril, tan solo cuatro días después de la próxima reunión del Consejo Federal Hidrovía, en la que comenzará la discusión por el pliego de la futura licitación.
Hidrovía S.A. es un consorcio conformado por la dragadora belga Jan de Nuly la empresa nacional de balizamiento Emepa. Llevan a cabo en Argentina las tareas de señalización y remoción de tierras en el lecho del río Paraná desde 1995, año en que ganaron la licitación internacional lanzada bajo la presidencia de Carlos Menem.
Con el llamado a licitación quedará sepultada cualquier posibilidad de que el Estado se haga cargo del mantenimiento de la Hidrovía. Es que ofertas no van a faltar: es un negocio estable, estimado en 300 millones de dólares por año. La reunión del Consejo Federal del lunes 26 de abril será el puntapié para la discusión de los pliegos de la licitación con las provincias.
El partido sigue abierto hasta que se produzca el llamado a licitación, aunque el Gobierno parece haber desistido de la idea de crear una empresa estatal para el mantenimiento de la hidrovía. En agosto el presidente Alberto Fernández, el ministro de Transporte Mario Meoni y los gobernadores de las provincias del litoral suscribieron el Acuerdo Federal de la Hidrovía, por el cual se propuso la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado.
Esa posibilidad comenzó a naufragar en noviembre con el decreto 949/2000, que facultó al Ministerio de Transporte para que realice el llamado y adjudicación del dragado, balizamiento y mantenimiento de la Hidrovía. El decreto nada dice sobre la administradora federal. Además mantiene el régimen de concesión de obra pública por peaje “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, un lineamento central del sistema actual.
Las multinacionales agroexportadoras confían en que el sistema se mantenga en manos privadas y sin grandes cambios. Tienen sus razones: ni el Estado ni ninguna empresa nacional tiene las dragas necesarias como para asumir y continuar con las operaciones de dragado en el corto plazo. La discontinuidad de esas operaciones es particularmente peligrosa para la economía nacional por los niveles de aguas bajas que el Paraná viene registrando desde hace un año.
Un cambio significativo que sí podría introducir el Poder Ejecutivo es una mayor fiscalización sobre el comercio de granos. La Unidad de Información Financiera (UIF) está participando de las comisiones de trabajo creadas en el Consejo Federal Hidrovía, el organismo que brindará asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión.
La UIF publicó este lunes las propuestas finales presentadas en tres comisiones. En la Comisión de Planificación Estratégica y Económica, el organismo postuló la creación de un órgano de contralor que, a partir de una Base Federal de Información Económica, centralice y releve la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados o ilegales, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque.
Según la UIF, “más del 70% de las exportaciones circulan por esta vía y más del 55/60% de las pertenecientes al sector agroindustrial, también circulan por allí. O sea, que lo que decurre por el Corredor Litoral va a tener incidencia sobre cuestiones centrales del sistema económico financiero y social argentino”.
Si bien la mayor parte del comercio, las transacciones y el tráfico se desarrollan de forma lícita, también “se han desplegado distintas maniobras vinculadas con el contrabando de alimentos, por ejemplo granos o aceites; con el contrabando de armas, de drogas y con la trata de personas, y además con las implicancias respecto a la evasión impositiva”.
Por la la Hidrovia Paraná-Paraguay sale más del 80% de las exportaciones del país, según el Ministerio de Transporte. Cerca del 70% de los granos producidos en el país son embarcados en los puertos del Gran Rosario. Menos del 10% es despachado en otros puertos sobre las costas del Paraná, como Zárate, Ramallo y San Pedro. Lo que resta sale por los puertos cerealeros en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Tal como indicaba la primera fase del estudio que publicamos el 5 de marzo, la vacuna Sputnik V genera una muy buena respuesta inmune tras la aplicación de la primera dosis: es la conclusión del informe final de la primera etapa de un estudio, liderado por investigadores del Instituto Leloir y del CONICET y realizado bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
El “paper” demostró que el 94% de las personas que recibieron una sola dosis de la vacuna producen anticuerpos específicos para el coronavirus. Además las personas previamente infectadas que recibieron solo una dosis producen cinco veces más anticuerpos que quienes completaron el esquema de dos dosis sin antecedente de COVID-19.
Del trabajo participaron 288 individuos, y el detalle muestra que el 96% de las personas menores de 60 años tienen anticuerpos a los 21 días de la primera aplicación.
En los mayores, esa tasa es del 89%. Y dos inmunizaciones generan anticuerpos en el 100% de los vacunados, según concluyó la primera etapa de un estudio longitudinal de la Plataforma de Estudios Serológicos de la Provincia de Buenos Aires.
Apoyos para el estudio
La investigación contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y fue coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en siete hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires: Evita, Fiorito, Rossi, San Juan de Dios, San Martín, San Roque y El Cruce.
El trabajo también reveló que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna Sputnik V es 4,6 veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.
“La vacuna Sputnik V da una respuesta inmune robusta en gran parte de los vacunados. Si analizamos al grupo con previa exposición al virus que se incluyó en el análisis, no se observó un aumento significativo en el título de anticuerpos al aplicar la segunda dosis, sugiriendo que esta población no recibiría un beneficio adicional al recibir una segunda dosis”, afirmó la líder del estudio, Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora superior del CONICET.
Para llegar a esos resultados, los investigadores tomaron muestras de plasma de los voluntarios del personal de salud del subsector público de la Provincia de Buenos Aires antes de la vacunación (nivel basal), a los 21 días de la primera dosis y a los 21 días de la segunda.
Los detalles del trabajo científico
Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 en el grupo con previa infección mostró una media geométrica de título de anticuerpos de 9850, un valor elevado que refleja cuántas veces se puede diluir el anticuerpo y aun detectar su actividad. El otro grupo, sin previa infección, mostró un valor medio de 244.
Tras la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de 244 a 2150, mientras que en el grupo con previa exposición a SARS-CoV-2 no se observaron diferencias significativas en los anticuerpos después de una o dos dosis.
“Estos resultados indican que la infección previa genera memoria inmunológica y que la reactivación del sistema inmune frente a una dosis de vacuna Sputnik V da lugar a niveles de anticuerpos muy superiores a la desarrollada después de dos dosis en personas que no se enfrentaron con el virus previamente”, puntualizó Jorge Geffner, miembro del equipo que hizo el estudio e investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), que depende del CONICET y la UBA.
SE CONTINUARÁ EVALUANDO LA INMUNIDAD DE LOS VACUNADOS A LOS 4, 6 Y 12 MESES DE LA PRIMERA DOSIS
Cabe destacar que este estudio incluyó por primera vez un estándar internacional de anticuerpos contra el nuevo coronavirus recientemente generado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este permite cuantificar el nivel de anticuerpos con la misma regla en distintas partes del mundo, facilitando la comparación de resultados obtenidos en distintos laboratorios que emplean diferentes tecnologías y vacunas.
“Este trabajo es un aporte muy importante no solo a nivel local, sino a nivel mundial, ya que no había estudios hasta el momento con la vacuna Sputnik V que evalúen los niveles de respuesta inmune de individuos vacunados con una o dos dosis con o sin exposición previa a SARS-CoV-2”, resumió Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
“Los resultados finales de este primer trabajo de la plataforma demuestran la importancia de generar evidencia local de manera interdisciplinaria entre hospitales públicos e instituciones de investigación para la toma de decisiones”, precisó Marina Pifano, asesora en biotecnología del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Gamarnik señaló que “los datos obtenidos en el presente trabajo son una muestra de la importancia del trabajo conjunto entre científicos, profesionales de la salud y autoridades para generar información que acompañe la toma de decisiones en nuestro país”.
