El ministro de Economía confirmó que no habrá un cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia ya que «hay que mantener ciertos equilibrios para proteger la actividad». También se extendió sobre los otros temas que están sobre en su esfera, pero no hay dudas que el del IFE es en este momento el que afecta más a los más vulnerables.
Guzmán explicó en una entrevista televisada que el Gobierno realizó el mayor esfuerzo durante el período más crítico de la pandemia de Covid-19. Aclaró que se guardan cierta flexibilidad de gasto en caso de que se produzca una segunda ola de coronavirus, como está sucediendo en Europa y en Estados Unidos.
Agregó que el objetivo para estos meses es sustituir a programas como el IFE por herramientas de asistencia más focalizadas. Un ejemplo de esta estrategia es la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar que anunció el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hace algunos días.
Esas herramientas focalizadas deberán ponerse en marcha rápido. Entre abril y junio, los primeros tres meses de la pandemia y la cuarentena, se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo, según informó el INDEC.
Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya misión ya está en el país, Guzmán aseguró que Argentina «negociará todo lo que haga falta para buscar el programa que más le sirva». En cuanto a las particularidades, reafirmó que la idea es conseguir un periodo de cuatro años y medio sin pagos.
El ministro recordó nuevamente el difícil escenario de endeudamiento que le tocó resolver a la gestión de Alberto Fernández. «Estamos resolviendo problemas profundos. La deuda externa era un gran problema que se resolvió», explicó y aseveró que «lo del FMI también es un problema profundo en el que se metió Argentina y nosotros estamos buscando resolverlo en el contexto de la pandemia que ha hecho las cosas más complejas».
En ese sentido, se refirió al reciente proyecto de ley que plantea la obligación de contar con la aprobación del Congreso para contraer nueva deuda externa ya que una decisión de tal magnitud debe «involucrar a los representantes del pueblo».
En respuesta a los cuestionamientos por el presunto ajuste que trae implícito la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, Guzmán lo desmintió rotundamente. «Ahora que esperamos que crezcan la economía y los salarios, mandamos una fórmula que busca aumentar el poder adquisitivo de los jubilados», sentenció.
Sobre las cuestiones técnicas de la fórmula, dijo que será muy parecida a la que se aprobó en 2008 durante el gobierno de Cristina Férnandez ya que «los ponderadores de salarios y actividad económica serán idénticos».
Paralelamente, aprovechó para criticar con dureza la anterior fórmula dictada en 2017. “Lo que hizo el Gobierno con las jubilaciones fue una estafa y un engaño. En el único año donde el país creció, cambiaron la fórmula. Buscaban licuar las jubilaciones», sostuvo.
En cuanto al sostenido declive que exhibió la brecha cambiaria -hasta ayer, que volvió a subir- entre el dólar oficial y los dólares paralelos durante los últimos días, Guzmán ratificó que tenían los instrumentos para enfrentar las presiones devaluatorias. Respecto de la suba de $ 13 que atravesó este miércoles el blue, aclaró que es un mercado muy pequeño y que hoy (por ayer) fue un día particular pero lo que importa es «la tendencia» y que la cotización bajó $ 33 desde su récord de $ 195.
Además remarcó que en los últimos días se intensificó la liquidación de divisas por parte del sector aceitero, lo cual significa un fortalecimiento para las reservas.
Sobre el impuesto a las grandes fortunas, el ministro explicó que el Gobierno «debe contener el esfuerzo fiscal» realizado en estos últimos meses y que, para ese objetivo, «tiene sentido una contribución extraordinaria» de los que más tienen. Sin embargo, aclaró que el Gobierno respetará «los tiempos del Poder Legislativo, que ha jugado un rol muy importante y muy positivo durante la pandemia».
El embajador de nuestro país en China, Luis María Kreckler, informó que Argentina se sumará en los próximos meses a la Nueva Ruta de la Seda, el megaproyecto de infraestructura impulsado por el gigante asiático. Este martes el diario El Cronista añadió una precisión importante: Alberto Fernández tiene la intención de reactivar el acuerdo que había firmado el gobierno de Cristina Kirchner en 2015 para la construcción de dos nuevas centrales nucleares y que el gobierno de Macri había desechado.
Los lectores de AgendAR están en el tema. Durante más de dos años hemos insistido que ese acuerdo era una oportunidad excelente para la industria nuclear argentina y para el despliegue de nuestras capacidades científicas y técnicas: una central de tecnología CANDU, en la tenemos décadas de experiencia, y la central china Hualong-1, ambas financiadas en condiciones favorables por su gobierno, para el que la Hualong es un proyecto «de bandera», que marca el ingreso de China a la primera línea de los países que construyen y exportan centrales nucleares.
Ahora, esto formaría parte de la incorporación de Argentina a los acuerdos para la implementación de La Franja y La Ruta (BRI, Belt and Road Initiative), conocido como la Nueva Ruta de la Seda, que implica el acceso a diversos proyectos de infraestructura de la República Popular para conectarse con el resto del planeta.
El presidente de China, Xi Jinping, ya conversó de este proyecto con Alberto Fernández. En sus comienzos, cuando el presidente chino Xi Jinping presentó la idea en sendas cumbres en Astaná (Kazajistán) y Yakarta (Indonesia) en 2013, la propuesta se ceñía a los países vecinos, y su propósito era principalmente la construcción de infraestructuras ferroviarias, autopistas y puertos.
Pero ha ido expandiéndose geográfica y sectorialmente, a medida que ha ido creciendo la asertividad de China en el exterior. Actualmente, según Beijing, están adheridos más de cien países en todo el mundo. Y abarca casi cualquier área: tiene componentes comerciales, fnancieros, de seguridad y culturales.
Para China, los beneficios del plan son claros: ampliar vías hacia el oeste le permite desarrollar sus regiones occidentales, más empobrecidas; estimula sus sectores industriales en momentos en los que su economía entra en una etapa de menor crecimiento; abre mercados para sus productos; facilita que otros países adopten sus estándares tecnológicos, por ejemplo en telefonía 5G; y, en general, expande su presencia e influencia internacional.
Para nuestro país, China es desde el comienzo de este siglo un cliente muy importante, y en los últimos meses se convirtió en el principal cliente. En abril de 2018 publicamos en AgendAR el resumen de un texto anterior y más extenso con el título «China: ¿nuestra nueva Inglaterra?».
Vale la pena señalar que hasta el momento, Chile, Uruguay y Venezuela junto con Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam se han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. De todos modos, China ha estado financiando proyectos a países de América Latina que no son miembros de la BRI.
Argentina, por ejemplo, es receptora de fondos chinos para una serie de importantes proyectos de infraestructura, además de esas dos previstas plantas nucleares. Por ejemplo, una mejora de 2.500 millones de dólares de su principal red ferroviaria de carga.
Al unirse a la Iniciativa, Argentina podría, afirma el medio, desbloquear el financiamiento chino para inversiones en infraestructura y transporte, energía fósil y renovable, minería, manufactura, agricultura, innovación y tecnología de la información.
Esto permitiría al país cerrar las brechas de infraestructura e integrarse mejor con países como Chile, que cuenta con fuertes corredores comerciales que lo conectan con los mercados de Asia, reduciendo así los costos logísticos y mejorando la competitividad.
También, la red óptica submarina Chile-China es potencialmente un «game changer», ya que ayudará a impulsarla interconectividad, el comercio, la inversión, así como los intercambios científicos y culturales entre América del Sur y Asia. El cable comienza en la ciudad chilena de Valparaíso, pasa por Nueva Zelanda, Australia y la Polinesia Francesa y conecta con Shanghai.
Este lunes 9 el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó la «necesidad de trabajar en la agenda de cooperación bilateral para ampliar las enormes oportunidades que existen entre Argentina y China», al participar de la inauguración de la Ronda del Vino Argentino en la 3° Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE).
Del acto -que se realizó de forma virtual- también participaron el viceministro de Comercio chino, Wang Bingnan; el embajador de ese país en la Argentina, Zou Xiaoli; y el presidente de Bank of China Limited, Wang Jiang.»Estamos convencidos de que China continuará demandando nuestros productos y creemos que eso abre una granoportunidad para nuestros vinos porque Argentina es referencia a nivel mundial por la calidad de su producción»,afirmó Kulfas. El ministro subrayó, además, la importancia de «trabajar con el sector privado para abrir oportunidades a nuestras empresas para posicionar sus productos en el creciente mercado interno de China y fortalecer exportaciones hoy por debajo de su potencial».
Durante el encuentro, más de 20 empresas argentinas productoras de vino y mosto de uva mantuvieron reuniones de negocios con más de 20 importadores chinos. Según el funcionario chino, «en los primeros nueve meses de este año, a pesar del impacto de la pandemia, se logró un crecimiento del comercio bilateral, y el volumen de las exportaciones de Argentina a China alcanzó los US$ 5.200 millones, lo que representa un incremento de 8,3% en comparación conel mismo período del año anterior«.
Esta será la primera experiencia de una serie de rondas más amplias que Desarrollo Productivo, el Bank of China y su Embajada en Argentina lanzarán próximamente. Xiaoli afirmó que «en 2020 se ha escrito un nuevo capítulo para las relaciones bilaterales entre China yArgentina a través de la lucha conjunta contra la pandemia del Covid-19 y la superación conjunta de múltiples dificultades».
El diplomático también sostuvo que esperan que «no solamente se incremente la participación del vino argentino en el mercado chino, sino que también el vino sirva como un medio para atraer a más turistas chinos hacia Argentina».
Después de un proceso de venta que se inició antes de la pandemia y que estuvo suspendido durante unos meses, el viernes 6 al mediodía se anunció la compra de Walmart Argentina por parte del Grupo De Narváez. La operación representa el regreso de Francisco de Narváez al supermercadismo. De Narváez mantuvo la semana pasada una reunión virtual con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y le anticipó un programa de inversiones para los próximos 3 años por US$ 120 millones para desarrollar la cadena. También le manifestó su compromiso con el desarrollo de proveedores pymes y ratificó su adhesión al programa de Precios Cuidados.
El periodismo abre un signo de pregunta acerca si también volverá al ruedo la histórica marca Casa Tía. En la venta se dejó establecido que la marca Walmart solo podrá ser utilizada por los compradores durante un período de transición, cuya duración no fue informada, pero que seguramente será de solo unos meses.
Ante eso, se abren tres alternativas para la elección de la marca de los supermercados con que trabajará De Narváez.
La primera es que las 92 sucursales que tiene Walmart en la Argentina pasen todas a funcionar con el cartel de Changomas. Esta marca pertenece a Walmart pero nació en el país como una propuesta más orientada al precio y el consumo popular que la original de la cadena norteamericana y resultó muy exitosa, especialmente en algunas plazas de las provincias y del conurbano bonaerense.
La segunda opción es que De Narváez decida importar a la Argentina la marca Ta-Ta, con la que opera en Uruguay. Allí el grupo argentino lidera el negocio supermercadista con distintas marcas, aunque su principal emblema es Ta-Ta. Si se inclina por esta opción, De Narváez contaría con la ventaja de que al menos entre los argentinos que viajan a Uruguay partiría con una marca reconocida.
La tercera y última opción es reflotar el nombre Casa Tía o su versión abreviada, Tía, con la que operó hasta fines de los ’90. La marca Casa Tía tiene una larga historia que se remonta a la ciudad de Praga, antes de la Segunda Guerra Mundial. Kerel Steuer, el abuelo de Francisco de Narváez, tenía en su Praga natal una cadena de almacenes que comenzó a operar en la casa de una tía y por eso fue bautizada como Teta, que significa Tía en checo. Cuando la familia tuvo que escapar de Europa por el nazismo se terminaron radicando en Colombia y ahí volvieron al negocio familiar, pero traduciendo la marca como Casa Tía.
Kerel Steuer fue tentado por un viejo socio que tenía en Rumania, Federico Deutsch (el padre de Andrés Deutsch, el exdueño de Lapa), para probar suerte en la Argentina, y así en 1946 abrió la primera sucursal de Casa Tía en pleno microcentro porteño, en la calle Suipacha 140. De la mano de la tercera generación de la familia, encabezada por Francisco y Carlos de Narváez (los nietos de Kerel Steuer), en los ’80 Tía inició un fuerte proceso de expansión ingresando de lleno al rubro supermercadista, hasta que en 1999 la cadena fue adquirida por el fondo de inversión The Exxel Group en US$ 650 millones.
Dentro de la operación se incluyó la marca Tía, que después terminó en manos de Carrefour, cuando el grupo francés se quedó con Tía y Supermercados Norte. Los franceses decidieron unificar todos sus supermercados bajo el nombre de Carrefour y desde principios de siglo la marca Tía está desaparecida.
En 2005 Carlos de Narváez logró incluir el nombre Tía en la operación que cerró con Carrefour para encarar el proyecto inmobiliario Al Río, en la costa de Vicente López, en un terreno pegado al principal hipermercado de los franceses. Hoy Carlos De Narváez tiene la propiedad de la marca y no parece fácil que se la venda a su hermano menor, Francisco, del que hoy se encuentra muy distanciado. Pero en el mundo de los negocios todo puede pasar, y por eso en el mercado nadie descarta una resurrección de la vieja Tía, si finalmente sus descendientes se ponen de acuerdo.
El aspecto más interesante de todo esto, en realidad, es si esta operación se enmarca en esta etapa de la economía argentina en un proceso, todavía incierto, de retirada de algunas empresas multinacionales por grupos locales. El que viva lo verá.
Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson – CNEA/UNSAM
La Argentina tiene cuatro tareas nucleares urgentes:
garantizar la prolongación de la vida útil de Atucha I,
incrementar a nivel industrial su capacidad de enriquecimiento de uranio,
decidir sus opciones tecnológicas para nuevas centrales núcleoeléctricas,
y terminar el prototipo de su reactor modular CAREM.
Nuestro país estaba en recesión mucho antes del cambio de gobierno nacional, seguido trascartón por la pandemia de coronavirus, que la agravó en Argentina y la desató en el mundo. Si nuestra recuperación se implementa con políticas activas de empleo e infraestructura eléctrica de baja huella de carbono, la energía nuclear tiene un papel importante a desempeñar. Y comienza por la extensión de vida de las instalaciones actuales.
Lo interesante es que, en un giro inesperado o al menos largamente demorado, ahora esto lo dice también la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) respecto del resto del mundo.
Hasta que nos sorprendió en julio de 2020 con un trabajo llamado “Sustainable Recovery”, la Agencia Internacional de Energía (IEA) de la OCDE siempre fue elusiva respecto de la nucleoelectricidad. Si mencionaba el átomo, lo hacía instando blandamente a “mantener abiertas todas las opciones”.
Sin embargo, a la luz de los costos humanos, económicos y políticos del recalentamiento del clima planetario, hasta la IEA termina aceptando que, junto con la hidráulica, la nuclear es la forma de generación menos emisora de gases de invernadero. Y que por lo tanto es un contrasentido desactivar plantas nucleares y rellenar el bache de oferta con fuentes renovables, cuya intermitencia y/o impredictibilidad se compensa, sistemáticamente… quemando gas.
En el artículo mencionado, al cual se accede aquí, se resumen los principales argumentos encontrables en la bibliografía respecto de la necesidad de la componente nuclear. Sin ésta, alcanzar un sistema eléctrico sustentable es mucho más complejo, tanto técnica como económicamente.
Todo este análisis es directamente aplicable a nuestro país. No se trata únicamente de alinearse con objetivos globales. Se trata de mantener (y en algunos casos recrear) lo que se ha ido perdiendo de desarrollo tecnológico en el área nuclear. Es una de las pocas en las que el país ha conseguido un nivel de evolución y autonomía inusuales para países con similar y aún superior grado de desarrollo económico.
Su desarrollo nuclear es la causa por la que la Argentina es invitada frecuente por asuntos nucleares de la OCDE, y también miembro pleno del G20. Evidentemente la Argentina no figura en este último organismo representante de 20 países ricos y poderosos por su PBI (está en el número 73 en el ránking mundial), o por sus capacidades militares (hoy casi inexistentes), y menos aún por la sofisticación de su canasta de exportaciones (73,2 por ciento primarias, según muestra aquí la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 2019). Tampoco se explica su presencia en ese foro por ser uno de los 30 compradores/usuarios de centrales nucleares. Está ahí por ser un creador y exportador de tecnología nuclear, salida de un programa independiente.
La discusión actual sobre cuáles líneas de reactores han de equipar las futuras plantas nucleares argentinas remite, aunque no se lo diga explícitamente, a la discusión de los años ’60 y ’70 sobre uranio enriquecido o uranio natural.
Naturalmente el contexto es diferente. Desde la decisión por el uranio natural, nuestro país ha recorrido un largo camino. Tiene tres centrales nucleares en operación, de las cuales la terminación de la tercera, Atucha II, constituyó poco menos que una epopeya tecnológica: las capacidades locales para recrear y movilizar todos los saberes y tecnologías necesarios se sometieron a una exigencia poco común.
Éste también es un país que concretó exitosamente la extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse, que además tiene proyectos de vanguardia como el reactor CAREM y que ha desplegado en forma sostenida las múltiples aplicaciones de esta tecnología, particularmente las vinculadas con el área médica. Ineludible mencionar que la Argentina se convirtió en exportador de reactores para investigación y producción de radioisótopos de la mano de la empresa INVAP y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). También exportó otras plantas del ciclo de combustible. Y todo esto coloca al país en una posición internacional de privilegio.
Ahora bien, puestos a decidir respecto de la próxima planta de generación, carecemos de los recursos financieros que permitan una continuidad necesaria. En el brete, China se presenta como una opción válida si se atienden tanto los intereses propios como los de la contraparte. Y estos últimos están claros. Son los primeros los que están en discusión.
Se plantean las alternativas de: a) acordar la construcción de dos plantas, una de uranio natural (tipo CANDU) y otra de uranio enriquecido (tipo Hualong) o b) eliminar el proyecto CANDU e ir directa y únicamente a la de uranio enriquecido. Esta central es la que fundamenta el interés chino: la Hualong es una exportación “de bandera” para ese país. Ambas alternativas quedan viabilizadas por un importante financiamiento de China.
Los argumentos que sustentan la primera opción pueden verse muy claramente expuestos en “Energía nuclear y soberanía económica”, artículo firmado en 2020 por el ing. José L. Antúnez y los Dres. Gabriel Barceló, Andrés Kreiner y Eduardo Barreiro, del Instituto de Energía Scalabrino Ortiz (IESO). (Este portal reproduce una versión abreviada aquí).
Desconocemos la argumentación fundada de la segunda opción.
En cualquiera de las dos situaciones nos veremos en la necesidad de utilizar uranio enriquecido, aun suponiendo que se obtenga la necesaria transferencia de tecnología para fabricar el combustible en el país. Y esta necesidad se mantendrá durante los 60 años que las nuevas plantas proyectan como vida útil, si nos limitamos a la Hualong china y al proyecto argentino CAREM: ambos utilizan uranio enriquecido como combustible.
Estamos ante la misma encerrona que se planteaba en los años ’60. Pero la salida hoy debe ser diferente. Es importante concretar los proyectos argentinos de enriquecimiento que están demorados y seguramente desfinanciados. Nos referimos concretamente a transformar nuestra planta de demostración tecnológica de Pilcaniyeu, Río Negro, en una unidad de capacidad industrial.
Y esto debemos hacerlo no sólo por la demanda de uranio enriquecido que nos impondrá la Hualong, sino también y fundamentalmente por el CAREM. Éste es el proyecto que mejor se inserta en la nueva corriente internacional de armonizar la generación nuclear con la renovable intermitente. Pero además de un respaldo de potencia de base libre de carbono para los parques eólicos o solares, el CAREM puede llegar a ser la mayor exportación tecnológica de este país, así como una refundación de su imagen económica externa.
Así surge claramente la necesidad de avanzar en el Plan Nuclear tomando una decisión respecto de la 4ta y 5ta central nuclear, que es una decisión controvertida y que merece ser saldada cuanto antes.
Pero más urgente aún, y con esto no debería haber controversia alguna, es la prolongación de vida de Atucha I, para lo cual concretar el almacenamiento en seco del combustible gastado es una prioridad absoluta.
La otra decisión indiscutible e importante debe ser reforzar el proyecto de enriquecimiento de uranio por método centrífugo, en sustitución del que tenemos hoy (de difusión gaseosa, energéticamente ineficiente). Y esto debemos hacerlo reivindicando la histórica posición argentina de usos pacíficos de la energía nuclear y no proliferación.
Éste es un programa de mínima, e incluye, como es obvio e imperativo, la terminación del prototipo CAREM. Su entrada en línea mostrará al mundo una posible opción comercial y elevará nuestra presencia en el mercado mundial a un plano cualitativamente superior.
«Cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora», fue la reacción del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la advertencia del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, que «Brasil sufrirá consecuencias económicas si no combate la deforestación y los incendios de la Amazonia».
Biden también enarboló la zanahoria, además del palo. En estos días volvió a hablar de un fondo de 20 mil millones de dólares para el «desarrollo responsable» de la foresta amazónica
Su interés en el tema viene de antes. El entonces candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos dijo en una entrevista publicada en marzo que, de ser electo, su administración «unirá al mundo» para presionar al gobierno de Jair Bolsonaro y obligarlo a que proteja la selva amazónica y garantice la preservación del medio ambiente.
«El presidente Bolsonaro debe saber que si Brasil deja de ser un guardián responsable de la selva amazónica, mi administración unirá al mundo para asegurar que el medio ambiente esté protegido», dijo Biden al portal Americas Quarterly.
Bolsonaro ayer también declaró que es necesario enfrentar la pandemia del coronavirus con coraje y que Brasil debe dejar de ser «un país de maricas», en una referencia peyorativa al miedo al Covid-19, la enfermedad que ha matado a más de 162.000 personas e infectado a cerca de 6 millones en su país.
«Ahora todo es la pandemia. Lo siento por los muertos, lo siento. Todos vamos a morir un día, aquí todos moriremos algún día (…) De nada sirve huir de esto, de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas», dijo el mandatario en una ceremonia en el Palacio del Planalto.
Es posible que el presidente Bolsonaro sufra un problema de sobrecompensación, y tal vez una terapia pueda ayudarlo. Pero como sudamericanos debemos ser cuidadosos y conscientes que cualquier paso hacia una «internacionalización» de la Amazonia sería muy negativo para todos nosotros.
El presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno ya prepara el megaoperativo de vacunación contra el coronavirus en todo el país, que comenzará a fines de diciembre con la vacuna rusa -la primera en estar disponible. El operativo contempla la vacunación en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
Los primeros que recibirán la vacuna son los denominados grupos de riesgo, entre quienes están los que padecen enfermedades graves, los mayores de 65 años, y el personal de salud.
Para llegar a todo el país con la vacunación, el Gobierno se crea un “comando” que estará integrado por los ministerios de Salud, del Interior, y de Defensa para coordinar con los distintos gobernadores cómo se realizará el operativo. Indicó que es necesario “mantener el frío” de las vacunas durante la distribución y preparar los lugares en donde se aplicará.
Luego de anunciar la nueva fase de las medidas de prevención de contagio, Alberto Fernández dijo que “tenemos ahora que empezar a prepararnos para la vacuna”.
Al respeto, contó la charla que mantuvo con su par de Rusia, Vladimir Putin, y recordó que de la Sputnik V llegarán 10 millones de vacunas, que son 20 millones de dosis. “Si todo va bien hacia finales de diciembre podrá comenzar la vacunación”.
(En AgendAR hemos señalado que, si bien es posible que la vacuna de Pfizer esté también aprobada para esas fechas -en Europa esperan comenzar la vacunación con ella a fines de diciembre- ésta requiere una «cadena de frío» mucho más extrema que la Sputnik V. Mantener las vacunas a 80° bajo cero hasta poco antes de la inyección sería carísimo, especialmente en un país tan extenso como el nuestro).
El Ministerio de Salud prevé vacunar a más de 11 millones de personas contra el coronavirus en 2021. El dato surge de la información publicada por el Ministerio de Salud en el proyecto de Presupuesto 2021.
El número preciso de personas a las que aspira a inmunizar es 11.214.921, a partir que las vacunas terminen las etapas de pruebas y lleguen al país.
La vacunación contra el coronavirus estará enmarcada en el programa «Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles» y será ejecutado por la Secretaría de Acceso a la Salud.
En las últimas semanas, el presidente Alberto Fernández anunció avances en acuerdos para comprar 25 millones de vacunas Sputnik V a Rusia y 22 millones de dosis de la AZD 1222, que desarrolla el laboratorio AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford: también podría llegar a fin de año la de Pfizer, que ayer se anunció que tendría una efectividad del 90%.De todos modos, el Gobierno remarcó que mantiene negociaciones con «casi todos» los laboratorios y países que se encuentran investigados y desarrollando vacunas contra el Covid-19.Asimismo, ante algunos cuestionamientos hacia la Sputnik V, el ministro de Salud, Ginés González García, precisó la semana pasada que «ninguna vacuna va a ser obligatoria», aunque remarcó que el Gobierno desplegará un esquema de vacunación «masivo».
«Nosotros queremos masificar de entrada la vacunación y de manera temprana con el objetivo de bajar la circulación y la mortalidad», había manifestado el titular de la cartera sanitaria la semana pasada. Y que no habrá favoritismos hacia ninguna provincia.
En declaraciones periodísticas, el funcionario nacional había ratificado que todas las vacunas iban a ser sometidas a estrictos controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): «Vamos a garantizar que el argentino que sea vacunado tenga la seguridad más absoluta de que la vacuna pasó todas las pruebas. No hay que entrar en el mundo de las guerras comerciales, geopolíticas, hablando mal o bien de una u otra. Todas las que sean aprobadas pasarán todas las pruebas».
Hasta hoy, en Argentina se registró un total de 1.262.476 contagios de coronavirus y 34.183 muertes.
Un grupo de científicos dentro de los cuales está el investigador principal del CONICET, Alberto Piola, logró estudiar una década de registros horarios de temperatura de amarres anclados a cuatro profundidades –entre los 1360 metros y los 4757 metros de profundidad- en la Cuenca Argentina del Océano Atlántico frente a la costa de Uruguay. Es la primera vez que se estudian este tipo de registros, que dejaron al descubierto que las profundidades del océano están teniendo una tendencia a un calentamiento sin precedentes. El estudio acaba de publicarse en la revista Geophysical Research Letters de la American Geophysical Union (AGU).
Concretamente, la tendencia al calentamiento se ubicó entre los 0,02 y 0,04 grados Celsius por década, entre 2009 y 2019, y representa una tendencia significativa, teniendo en cuenta que las fluctuaciones en las profundidades del mar suelen medirse en milésimas de grado. La razón podría ser el cambio climático. Así lo explica Piola:
¿Cómo surge este trabajo sobre la variabilidad de la temperatura del fondo del océano en cuatro sitios de la cuenca del noroeste de Argentina?
En 2009 instalamos unos instrumentos acústicos y sensores de presión en el fondo del mar frente a la costa del Uruguay. Todavía mantenemos estos fondeos dentro del marco del proyecto SAMOC (de sus siglas en ingles South Atlantic Meridional Overturning Circulation). SAMOC es una iniciativa de investigación de instituciones de Argentina, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia y Sudáfrica. Los instrumentos están instalados entre 1360 y 4757 metros de profundidad. Estas mediciones permiten estimar la intensidad de las corrientes en la región y combinados con observaciones en el otro extremo del Atlántico Sur frente a las costas de Sudáfrica podemos estimar la intensidad de la circulación meridional del océano. Los instrumentos tienen un sensor de temperatura que es necesaria para calibrar las mediciones presión y esos son los datos que usamos para determinar las variaciones de la temperatura en las aguas de fondo en la región.
¿Por qué se habla de la evidencia de un calentamiento decenal profundo/abisal en medio de una variabilidad horaria a interanual durante 2009-2019?
En la superficie del mar tenemos mediciones satelitales de temperatura desde fines de la década del 70 y estos datos permiten cuantificar con precisión las variaciones de temperatura en la superficie en todo el océano. Pero son muy pocos los registros continuos de largo plazo por debajo de la superficie, especialmente en las aguas profundas. Nuestros registros horarios ya tienen mas de 10 años de duración, y son únicos en esta parte del océano mundial. Los datos en los cuatro sitios con registros mas largos documentan el calentamiento de las aguas profundas con una precisión sin precedentes. En los tres sitios más profundos, entre aproximadamente 3500 y 4700 metros de profundidad, la tendencia es 0.02°C por década. Además del calentamiento de largo plazo, los datos también muestran intensas variaciones de temperatura especialmente en los dos instrumentos menos profundos, con períodos característicos de más de 100 días a 1360 metros de profundidad y entre 20 y 50 días a 3535 metros.
¿Qué significa o qué consecuencias tiene o tendría este calentamiento decenal profundo hallado en el fondo del océano?
El océano es el mayor reservorio de calor del sistema climático y, por lo tanto, pequeñas variaciones de la temperatura media del océano representan enormes variaciones del calor contenido en el sistema. Esto se debe al gran volumen y la alta capacidad calorífica del agua contenida en el océano. La escasez de datos continuos de temperatura en el océano profundo hace difícil cuantificar los cambios con la precisión necesaria. Además, el agua profunda y las anomalías de temperatura pueden permanecer sumergidas durante muchos cientos de años, es decir que continuarán modulando el clima durante igualmente largos periodos de tiempo. Por eso suele decirse que el océano es la memoria del clima. El aumento de temperatura tiene múltiples efectos, como el aumento del nivel del mar por la expansión térmica del agua, que puede contribuir directamente al derretimiento de glaciares que desembocan en el océano, y modificar las propiedades biogeoquímicas del agua, contribuyendo a la disminución de la concentración de oxígeno disuelto y al proceso conocido como acidificación.
¿Hay estudios previos similares, existe algún antecedente de este trabajo?
Los estudios previos sobre los cambios de temperatura del océano profundo se basan en observaciones esporádicas, en algunos casos con un dato cada 10 años, por lo tanto, los resultados son altamente inciertos. Nuestros datos horarios, si bien solo proveen evidencia de una región específica, permiten determinar las variaciones y las tendencias de temperatura con un alto grado de precisión. Estos datos indican que para determinar las tendencias con una precisión del orden de 0.01°C/década, que representa un error del 50% de la tendencia estimada, es necesario realizar observaciones cada 18 meses aproximadamente. Son muy pocas las regiones del océano mundial en las que se dispone de datos apropiados para determinar las tendencias de temperatura de largo plazo.
¿Cómo fue su participación puntualmente dentro de este trabajo?
Soy chair del Comité Ejecutivo de SAMOC, formado por investigadores de todos los países participantes. La idea de iniciar estas mediciones surgió en una reunión realizada en Angra dos Reis, Brasil, en febrero de 2003. Durante los siguientes seis años se hizo el diseño experimental y llevó a cabo la implementación del proyecto y se obtuvieron los fondos necesarios para iniciar las observaciones. Obtuvimos el apoyo oficial de Clivar (Climate and Ocean: Variability, Predictability and Change). La componente argentina del proyecto es responsable de llevar a cabo observaciones complementarias durante la realización de campañas oceanográficas destinadas al mantenimiento y reemplazo de los instrumentos y bajar los datos de los instrumentos mediante telemetría acústica. Participé en ocho de estas campañas y fui Jefe Científico en siete de ellas. Mi trabajo consistió en el análisis de las observaciones complementarias, necesarias para calibrar las temperaturas observadas en los fondeos.
¿Cómo continúa el trabajo de este tema de ahora en adelante?
Los instrumentos continúan fondeados y la prolongación de las series de tiempo permitirá evaluar con una precisión sin precedentes las variaciones a más largo plazo. Además pretendemos analizar series de temperatura de fondo de instrumentos similares emplazados en otras regiones y verificar si existen patrones similares de calentamiento de aguas de fondo en otras cuencas oceánicas.
Ayer martes 10 se registraron 35.096 contagios y 580 muertos por coronavirus en Italia. La pandemia sigue en expansión y crece el número de científicos y especialistas que presionan en favor de una cuarentena nacional rígida de al menos un mes, para impedir que colapse en pocas semanas el sistema sanitario, que no da abasto para atender a los miles de pacientes que se suman todos los días en los hospitales.
El gobierno del primer ministro Giuseppe Conte se resiste porque el precio de la cuarentena sería enorme en términos económicos, e intenta diferenciar la situación entre las veinte regiones divididas en tres áreas, según la gravedad de la pandemia.
Veinticinco millones de italianos han sido incluidos en el área intermedia de riesgo, llamada naranja, incorporando a Veneto, Umbría, Toscana y Liguria, que se agregaron a Puglia y Sicilia.
En el área roja se encuentran Lombardía y Piamonte, las dos regiones del norte más castigadas, junto con el Valle de Aosta y la sureña Calabria, que padece una gran fragilidad en su sistema sanitario. En esta zona se imponen las mayores restricciones, que incluyen el cierre de todos los comercios, salvo los de ventas de alimentos y medicamentos, la necesidad de pedir autorización para salir de los domicilios y la prohibición de cruzar a otra región o alejarse del lugar de residencia.
Un paciente con Covid-19 sube a una ambulancia para ir al hospital en Milán, Italia, este martes. Foto: AP
En todo el país se aplica un toque de queda entre las 22 y las 5 de la madrugada. Además los medios de transporte pueden funcionar al 50% de su capacidad.
??Reino Unido y la ??UE se dan la última oportunidad para negociar un acuerdo de salida antes de 2021. La opción de una ruptura sin acuerdo ("hard Brexit"), con alto impacto para las relaciones comerciales bilaterales, sigue abierta.
