El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para 2026 y 2027 con el objetivo de despejar dudas sobre el pago de los vencimientos de deuda y mostrar mayor poder de fuego del Gobierno de cara al año electoral.
Entre los anuncios, el funcionario indicó que una parte de ese financiamiento llegará a través de privatizaciones: US$800 millones ingresarán este año a la caja del Tesoro y otros US$1500 millones lo harán el que viene.
La cifra implica un leve ajuste respecto de lo que había anticipado el propio Caputo el 28 de abril pasado, durante Expo EFI. En esa oportunidad, había dicho que el proceso de privatizaciones y concesiones iba a generar ingresos por unos US$2000 millones. El cambio no es sustancial, pero marca una recalibración de los tiempos y los montos esperados.
Hasta el momento, el Gobierno recaudó US$356 millones por la venta de su participación accionaria en la transportista eléctrica Transener y otros US$707 millones durante el verano, con la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.
Los próximos activos en la lista
El resto del programa de privatizaciones incluye una serie de activos en distintas etapas. El más observado por el sector energético es la venta de las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, ambas en manos de la estatal Enarsa, que tiene el 65,01% de la primera y el 68,83% de la segunda. Se trata de dos activos mellizos, de 823MW y 865MW cada una y con turbinas Siemens, que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tasa en alrededor de US$400 millones cada uno.
Central Térmica Manuel Belgrano, en Campana (Buenos Aires), y San Martín, en Timbúes (Santa Fe), nacieron de una solución sui géneris que ideó el exministro de Planificación, Julio De Vido, durante la crisis energética de 2004, cuando el Estado saldó deudas con generadoras a través de la construcción de nuevas centrales que se financiaron con el Foninvemem (Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista), e hicieron a las empresas accionistas. Entre ambas representan cerca del 10% de la demanda eléctrica total del país.
El proceso de venta tiene dos obstáculos. El primero es el derecho de preferencia que tienen los socios privados —entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía— para igualar cualquier oferta que se presente. Eso desalienta la llegada de nuevos jugadores y reduce el proceso, en la práctica, a una discusión entre los actuales accionistas.
El segundo obstáculo es la tasación. El valor de estos activos depende del flujo de ingresos futuro, que resulta difícil de proyectar tras los cambios recientes en las reglas de remuneración del mercado eléctrico que impulsó el Gobierno.
Más adelante, Enarsa también prevé sumar a la lista de venta otras dos centrales térmicas, Almirante Brown (575 MW) y Vuelta de Obligado (540 MW), aunque ambas están todavía sujetas al fideicomiso que recién vence entre 2027 y 2028.
En materia hidroeléctrica, el Gobierno también prepara una segunda etapa de concesiones, que incluye a las centrales Los Nihuiles (265 MW), Diamante (388 MW) y Pichi Picún Leufú (285 MW).
Otro de los procesos en danza es la privatización de Belgrano Cargas, que arrastra demoras. El pliego, que en Argentina Week se había anticipado para marzo, todavía no se conoció. El Gobierno licita en este caso tres activos distintos. El primero es la concesión de las vías por 50 años de los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza, con un fuerte componente de financiamiento internacional y arbitraje fuera del país. Ya mostraron interés el grupo mexicano Ferromex, un consorcio de cerealeras y una constructora local.
El segundo es la venta del material rodante —locomotoras y vagones—, tasado en unos US$500 millones, un activo que se revaloriza porque no hay stock disponible en el mercado internacional. El tercero es el alquiler de los talleres de reparación, bajo un esquema de leasing.
A diferencia de otros procesos, la concesión de las vías no aporta liquidez inmediata al Tesoro, ya que las empresas se comprometen a ejecutar obras a lo largo de cinco a 15 años. El ingreso más rápido llegaría por la venta del material rodante, que se cobraría en cinco cuotas: un anticipo del 20% y cuatro pagos anuales sujetos al avance de la obra.
De todos los procesos, el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) es el que más interés despierta en el mercado y el que muestra mayor avance. A mediados de mayo, el Gobierno publicó los pliegos para vender el 90% de las acciones de la empresa, con el objetivo de recaudar unos US$500 millones para el pago de deuda. El esquema prevé dos etapas: primero, la venta de al menos el 51% del capital a un operador privado mediante licitación; luego, la colocación del resto de las acciones estatales en el mercado. El 10% restante quedará en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada. Entre los interesados en quedarse con la compañía figuran el empresario José Luis Manzano y Sabesp, la empresa brasileña de gestión de agua y residuos con sede en San Pablo.
El proceso de privatización de Intercargo, en cambio, sufrió un traspié. Tras dos prórrogas, el Gobierno abrió los sobres de la licitación para vender el 100% del paquete accionario de la empresa de asistencia en tierra, que opera en más de 20 aeropuertos del país, pero no recibió ninguna oferta. El precio base era de US$45 millones.
Tandanor, la compañía que se ocupa de la reparación y mantenimiento de buques, y la imprenta Casa de Moneda completan la lista de activos que el Gobierno evalúa incorporar al proceso, aunque todavía sin cronograma definido.
Sofía Diamante
