AgendARProducción Argentina

El 6 de diciembre el presidente de la Nación, Javier Milei, junto con su ministro de Defensa saliente, Luis Petri y altos jefes militares, participaron en la presentación de los aviones F-16 adquiridos en Dinamarca. La adquisición de este sistema de armas, fue objeto de una intensa campaña de publicidad o, mejor dicho, de acción psicológica, para contrarrestar cualquier opinión contraria a la decisión de adquirir dichos cazas, con sus implicancias políticas y económicas.

Desde el punto de vista político, forma parte de una narrativa para poner en evidencia la existencia de una gestión en el área de Defensa, a diferencia del kirchnerismo. El arribo de ocho vehículos de combate ICV Stryker 8×8 destinados a la X Brigada de Infantería Mecanizada, desplegada en La Pampa, también fue anunciado con “bombos y platillos” como otro de los grandes éxitos de la gestión mileísta. Estamos frente a “puestas de escena” cuando la realidad de la Defensa Nacional en Argentina es bien distinta. 

¿Qué es el Sistema de Defensa Nacional? ¿En qué situación está?

La ley 23.554 de Defensa Nacional de 1987 establece las bases jurídicas y la organización del Sistema de Defensa Nacional, al que podemos definir como el conjunto de instituciones, funcionarios y la ciudadanía, organizada y preparada para planificar, conducir y ejecutar la defensa nacional. La citada norma establece una clara estructura donde encontramos al presidente de la Nación, el Consejo de Defensa Nacional, el Congreso de la Nación, el ministerio de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y el pueblo de la Nación (organizado a través de los servicios militar, civil, movilización y defensa civil). 

Obviando la increíble destrucción del Sistema de Defensa, Martín Menem mira sonriente el abrazo entre Luis Petri y Javier Milei durante la presentación de los F-16 de segunda mano.

El presidente es responsable de la dirección de la Defensa Nacional y, en caso de conflicto armado, cuenta según la ley con el Consejo de Defensa Nacional para el asesoramiento y asistencia en la conducción estratégica de la misma y al Comité de Crisis, para la conducción estratégica militar.  En tiempos de paz, las pautas orientadoras sobre la política de Defensa Nacional, surgen de la Apreciación y Resolución de la Estrategia Nacional, tarea en la que interviene el Consejo de Defensa (organismo formado por los ministros, titular del organismo de inteligencia nacional, vicepresidente y representantes de las comisiones de Defensa del Congreso) en calidad de órgano de asesoramiento y de debate estratégico. Este Consejo nunca fue convocado desde que fuera creado en 1987. Asimismo, tiene la responsabilidad de la redacción de anteproyectos de ley de Inteligencia, Orgánica de las Fuerzas Armadas; Territorial y de Movilización Nacional; Orgánica para la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval; Producción para la Defensa; Inteligencia Nacional; y Secreto de Estado.

La actual ley de Inteligencia fue iniciativa del poder ejecutivo, nunca convocó al Consejo de Defensa. No existe ningún proyecto sobre ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ni de secreto de Estado. En cuanto a las normas sobre Gendarmería y Prefectura, por medio de sendos decretos de necesidad y urgencia de dudosa constitucionalidad, fueron modificadas a instancias del ministerio de Seguridad nacional. En cuanto a las leyes de Producción de Defensa y Movilización, existen numerosos proyectos en el Congreso y el ministerio de Defensa, pero ninguno llegó muy lejos. Por ejemplo ¿qué utilidad tendría una ley de Movilización? Más allá de una situación de conflicto, en caso de emergencia nacional, ante una catástrofe de magnitud, como fue la pandemia COVID 19, el estado tendría las herramientas para conocer capacidades industriales, logísticas, recursos humanos para hacer frente a una emergencia y movilizarlas en el momento indicado. 

En caso de una crisis grave, estamos ante vacíos en materia de movilización, organización territorial, confusión de roles y niveles de la conducción de la defensa, agregándose que el sistema de defensa, como está previsto por la ley, nunca fue activado. Los vacíos en materia de planeamiento, quedan reflejados en no haber actualizado la directiva de Defensa Nacional que data de 2021. 

Desde hace años, también se espera una ley de Reservistas. El personal que presta el servicio militar nunca más pisa un cuartel. Existe una pequeña estructura de reservistas, pero carentes de una capacidad operativa real. La gestión de Petri, como la de sus antecesores, mantuvo una absoluta indiferencia al respecto. Esto se traduce, por ejemplo, en caso de una emergencia, no disponer de herramientas para convocar a personal entrenado para complementar las organizaciones existentes. 

Los abrazos, una constante en la presentación de los F-16. Algo similar ocurrió con los submarinos «llave en mano», que volvieron a hipotecar el futuro industrial de Argentina.

El Sistema de Defensa Nacional, previsto por la ley 23.554 de Defensa, solo existe en el papel. En estos dos años de gestión del Luis Petri no hubo avances para adecuar por lo menos el marco jurídico que la citada norma exige y menos en materia de planeamiento. Por ende, el país carece de sistema de movilización, organización de reservistas, reforma militar, etcétera. 

La política de “bienestar” del personal militar en tiempos libertarios  

La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ha sido de público conocimiento. En 2023 y a pesar que la entidad tenía problemas en cuanto a la calidad de sus prestaciones, tenía un superávit de 2.960 millones de pesos. En dos años, las estimaciones sobre las deudas contraídas durante la gestión libertaria rondan entre los 126.000 millones a 220.000 millones, afectando las prestaciones del instituto en todo el país y llegando en 2025 a un nivel de gravedad que afecta los tratamientos contra el VIH, cáncer, diabetes, crisis en las farmacias del IOSFA.

En dieciocho meses pasaron tres presidentes, que tuvieron que lidiar con denuncias sobre contrataciones, recortes de servicios, toma de deuda por cifras multimillonarias (40.000 millones de pesos pedidos a la caja militar, el Instituto de Ayuda Financiera, con tasas de interés muy superiores al otorgado por el sistema bancario). Los retrasos de entrega de medicamentos / tratamientos incrementó los litigios tanto en el plano administrativo como judicial, con amparos por la falta de entrega de medicamentos. El desmantelamiento de las auditorías -como denuncian sectores sindicales- impidió controles internos sobre presuntas irregularidades. Tal y como lo dio a conocer REALPOLITIK, en octubre de 2025 el ministerio de Defensa tuvo que liberar 15.000 millones de pesos para cubrir deudas para seis droguerías, entre ellas la cuestionada Suizo Argentina por el caso ANDIS.  

La crisis de IOSFA llevó, al parecer, al ministerio de Defensa a proponer dividir la entidad, que engloba también a beneficiarios de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Mientras tanto, hay 600 mil afiliados rehenes de la crisis de la obra social. En el gobierno que dice defender la libertad, no adopta medidas para que los afiliados a IOSFA tengan el derecho a optar por los distintos agentes de salud, como prevé la ley 23.660, agregándose que tampoco se habla de colocar a la obra social militar bajo la supervisión de la superintendencia de Servicios de Salud, organismo responsable de la fiscalización, regular y control del sistema de obra sociales. Esto mejoraría sin ninguna duda a la transparencia, contrarrestar irregularidades y aplicar sanciones. 

COVIARA, una empresa de larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, creada para desarrollos inmobiliarios para la Armada y Prefectura Naval, históricamente fue una organización con reducido personal y con cuentas ordenadas. Desde 1996 no recibe aportes del Tesoro nacional, llegó a diciembre de 2023 con cuarenta empleados y cuentas equilibradas. Tiene un historial exitoso de haber construido 8 mil viviendas. La gestión Petri terminó con una empresa que en poco tiempo alcanzó un déficit de 1.000 millones de pesos y en el marco del programa privatizador del gobierno, fue decidido su transformación en sociedad anónima, para abrir paso a su fusión con la empresa estatal Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, entidad creada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para desarrollos inmobiliarios en terrenos que pertenecieron a los ferrocarriles, con el objetivo de promover el fortalecimiento del fondo de garantía de la ANSES.

Realmente sería interesante saber el fundamento para fusionar una empresa de desarrollo inmobiliario específico para las Fuerzas Armadas con una entidad creada para el desarrollo de predios ferroviarios y otros terrenos ociosos, en espacios verdes, emprendimientos inmobiliarios con una función social, además de generar recursos para la ANSES. El premio consuelo al desguace del único organismo de las Fuerzas Armadas con capacidad de construir viviendas, fue un programa de créditos del Banco de la Nación Argentina para el acceso a la primera vivienda para personal militar. 

El ministerio de Defensa anunció con “bombos y platillos” que el personal del Servicio Militar Voluntario tendría la obligación de terminar la educación secundaria, anunciando un plan de estudios adaptado al personal de tropa, con participación del ministerio de Capital Humano. Asimismo el decreto 372/2025 faculta al ministerio de Defensa para celebrar convenios con organismos públicos y privados, nacionales, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales para la implementación de programas de capacitación laboral con certificaciones y/o titulaciones oficiales. Los cambios introducidos por el decreto guardan silencio sobre aspectos en materia de beneficios previstos por la ley 24.429 que regular el Servicio Militar Voluntario, que en su artículo 9º dispone:

b) Se les otorgarán condiciones preferenciales o puntaje adicional para su ingreso a la administración pública nacional y a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, poder judicial de la nación y poder legislativo nacional, y para la adquisición de viviendas en los planes nacionales y municipales. Se invita a las provincias a adherirse a lo establecido en el presente inciso y a solicitar a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones seguir igual temperamento;

c) El cumplimiento del SMV generará los beneficios y ventajas que fije la reglamentación para el ingreso a todas las fuerzas de seguridad, policiales y al Servicio Penitenciario;

d) Las fuerzas armadas podrán certificar la capacidad laboral en aquellos casos que desempeñen o sean capacitados para oficios o tareas de aplicación civil;

e) Se otorgarán facilidades para el ingreso a los institutos militares.

Lamentablemente el decreto 372/2025 guardó silencio al respecto y pone en evidencia que las medidas anunciadas simplemente eran para “la foto” y mera “narrativa” de la estrategia de marketing de Luis Petri para mostrar “gestión”. 

Petri posando frente a los F-16 de segunda mano, un capítulo que se suma al de las fragatas danesas Iver Huitfeldt consideradas «chatarra naval».

Se estima que casi el 60 por ciento del personal militar en actividad cobra salarios por debajo de la línea de pobreza, afectando obviamente las jerarquías más bajas, especialmente suboficiales y soldados. En dos años unos 19 mil efectivos abandonaron el uniforme, especialmente por razones económicas. Por ejemplo, un capitán del Ejército o teniente de navío de la Armada, a mediados del año 2025, tuvo un salario de alrededor de 1.109.913, mientras que un subteniente o alférez (primera jerarquía de oficial del Ejército y Fuerza Aérea respectivamente) apenas supera los 800 mil. Entre los suboficiales, los salarios oscilan entre 765 y 850 mil.

En muchos casos, los ingresos están por debajo de la línea de pobreza, que en agosto fue de 1.160.780 para una familia tipo, en los términos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Es diversos medios fue publicado el salario básico de un cabo enfermero, de unos 500 mil. La carrera militar es sacrificada, por el proceso de selección, las exigencias profesionales y la movilidad geográfica, esto no se ve compensado con salarios y programas de bienestar. Pocos los dicen pero la “fuga” abarca cuadros altamente capacitados, que afecta el funcionamiento de organismos logísticos, la flota aérea militar, el sistema de salud, por dar unos ejemplos. 

El “diktat” de Estados Unidos: las Fuerzas Armadas y la lucha contra el narcotráfico

La Argentina pasó del voluntarismo patriotero del kirchnerismo, lleno de expresiones sobre Malvinas, la Pampa Azul, los intereses marítimos -que en los hechos no se tradujo ni en el desarrollo de capacidades defensivas, geoestrategia para contrarrestar el accionar británico en el Atlántico Sur o la puesta en marcha de la base integrada de Ushuaia- a un alineamiento “automático” con Estados Unidos, donde la cuestión Malvinas pasó a segundo plano y el discurso se centró en la vaguedad que las Fuerzas Armadas vienen a defender la “libertad de los argentinos” y comenzó a deslizarse en el discurso una agenda que viene desde Washington, especialmente en involucrar a los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Así lo manifestó el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en defensa de su proyecto de reforma de ley de Seguridad Interior: “Llegó el momento de garantizar que ante amenazas terroristas vamos a utilizar todo el poder y la potencia del estado, y todos los instrumentos a disposición del estado, entre ellos el instrumento militar”. En este punto, la pregunta obligada es a qué amenaza terrorista se refiere el ministro. No lo aclaró.

Cabe recordar qué decía el proyecto, que por suerte duerme el sueño de los justos en la comisión de Defensa de Diputados: “En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina – Ley 11.179 (TO 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia. En el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración. En caso de detectar un presunto delito, las Fuerzas Armadas deberán adoptar las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez competente, según corresponda. El ministerio de Defensa deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado. En estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las Fuerzas de Seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas a la realización de operaciones de Seguridad Interior».

El contenido del proyecto parece indicar que los asesores del ministerio de Defensa no saben o no entienden que el personal militar no está capacitado para acciones propias de una fuerza policial. Además, es interesante resaltar, a este gobierno tan cercano a Estados Unidos, en dicho país, la Posse Comitatus Act prohíbe a las fuerzas armadas estadounidenses actuar en cuestiones de seguridad interior, solo en condiciones que sea autorizado expresamente por el Congreso en casos excepcionales, ante conatos de guerra civil o sedición. 

Una vez más, Petri siguió la “costumbre” común en los titulares del ministerio de Defensa -iniciada en 2011 con la Operación Escudo Norte- de enviar a militares en apoyo a las fuerzas federales a vigilar la Frontera Norte. La resolución que prevé la Operación Julio Argentino Roca, como se denomina el despliegue de fuerzas militares en la zona norte de nuestro país, tenía previsto el inicio de las actividades en abril de 2025, pero finalmente el despliegue comenzó en agosto, por medio de otra resolución (prueba del nivel planeamiento en lo que respecta al equipo político del ministerio de Defensa).

El grado de improvisación de la resolución 347/2025 es notorio. En su artículo 1 dice: “Dispónese el inicio de la ‘Operación Presidente Julio Argentino Roca’, en adelante ‘Operación Roca’, que implicará el despliegue de medios y personal a desarrollarse en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 15 de abril al 15 de diciembre del 2025”. No se fijan objetivos, por ende, afecta al planeamiento y a los medios desplegados. Estamos otra vez ante la improvisación, agregándose un tema no exento de polémica: la facultad de aprehensión en caso de flagrancia. Las reglas de empeñamiento que determinan bajo las circunstancias que puedan ser detenidos civiles por personal militar en casos de flagrancia, fueron declaradas de carácter reservado. Un hecho inadmisible en tiempos de democracia. A ello se agrega que la resolución entra en colisión con la ley 24.059 de Seguridad Interior, que es muy clara respecto a las circunstancias en las que pueden actuar las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Solo es aceptable dictar reglas de empeñamiento o enfrentamiento, tengan carácter reservado en caso de un conflicto armado. 

La Operación Roca,es una manera encubierta de dar roles policiales a las Fuerzas Armadas para lidiar con problemas tales como el contrabando, tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos de índole federal. Asimismo, la eficacia del patrullaje tiene limitaciones sin inteligencia y ante la falta de cooperación transfronteriza con organismos de seguridad de Bolivia. Un tema espinoso es la ley de Derribos como aplica Brasil, de la que Patricia Bullrich era ferviente partidaria, pero Estados Unidos no está de acuerdo con su aplicación y al parecer el gobierno argentino es permeable a esta postura.

Por ende, en la frontera norte solo hay fuerzas terrestres, apoyados por un avión de Diamond de patrulla y reconocimiento, algunos helicópteros cargados de años, radares fijos y móviles, pero con ausencia de medios aéreos destinados a la interceptación y policía aérea. Las plataformas ideales son el IA-63 Pampa y el avión de ataque liviano FMA IA-58 Pucará, cuyo programa de modernización está paralizado. El ministerio de Defensa tampoco explica por qué nunca se adquirió un avión de alerta temprana como exige del decreto 1407/2004 de creación del Sistema Nacional de Vigilancia Aeroespacial. 

El fracaso de la gestión de las empresas de Defensa

La llegada del presidente Javier Milei a la presidencia abrió nuevamente las puertas para las privatizaciones al mejor estilo de la década del 90. De años de manejo irresponsable, con excepciones, pasamos a una política de deshacerse de valiosos activos del estado, donde una vez más, como en tiempos del menemismo, el ahorro público pasa a manos privadas con un criterio recaudador. Las empresas del área de defensa no fueron la excepción.

La Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), ubicada en la provincia de Córdoba, es crónica de un fracaso, agregándose el amateurismo con el cual se maneja la empresa, incluyendo al ministerio de Defensa, en especial cuando una ignota empleada hizo una serie de modificaciones al contrato de modernización de seis aviones Pampa III “Block 2”. La justificación de la exjefa de asesores de Luis Petri, Luciana Carrasco, en la Cámara de Diputados, fue que hubo errores administrativos –no quedó en claro cuáles– y que no permitiría que contratos de defensa “salvaran” a la empresa con problemas de gestión. Un detalle que la funcionaria olvidó, es que el estado nacional es el principal accionista y el ministerio de Defensa tiene responsabilidades. Si hay mala gestión, ello atañe al organismo al que ella pertenecía. Asimismo, demuestra desconocimiento al impedir que la Fuerza Aérea disponga de medios adecuados para entrenamiento avanzado, con los recursos tecnológicos correspondientes, para los futuros pilotos de los aviones F-16, la nueva “joya de la corona” de la aeronáutica militar.

FAdeA está íntimamente ligada a la Fuerza Aérea. La temática de la investigación, desarrollo y producción, en lo que específicamente le corresponde, fue considerada y estructurada por dicha institución como una actividad más, insertas en las direcciones Generales de Sistemas y Material. La primera era responsable de la investigación, desarrollo y administración de proyectos, siendo la parte ejecutiva la dirección de material, tanto en la fabricación (la ex Área Material Córdoba, hoy FAdeA) como al mantenimiento y reparación. La privatización del Área Material Córdoba / Fábrica Militar de Aviones rompió con este equilibrio, dado que la citada entidad estaba orientada a producir aeronaves específicas para la Fuerza Aérea, además de mantenimiento y modernización del material aéreo en servicio. En síntesis, nunca tuvo un fin comercial. Por sus capacidades e instalaciones, debería haber sido el centro de apoyo a los aviones F-16, pero curiosamente la Fuerza Aérea, dispersando medios y recursos, invirtió el esfuerzo en el Área Material Río Cuarto, agregándose que las otras fuerzas también tienen instalaciones de mantenimiento aeronáutico y, como señaló el ingeniero Ricardo Runza, reconocido experto en la materia: “Es como tener cinco FAdeA, lo que genera un gasto ineficiente”. 

Fabricaciones Militares SAU también atraviesa problemas, a pesar de tener una oportunidad con el potencial del negocio minero que demanda el uso de explosivos, el ministerio de Defensa poco y nada hace para la puesta en valor de la Fábrica Militar de Explosivos y Pólvoras de Azul, conocida como FANAZUL. La planta está completamente paralizada.

La planta de Jáchal fue desmantelada a pesar del potencial del negocio de la minería en la región de Cuyo. Despidos, recortes de presupuesto, llevaron a un “estado de alerta” gremial. La planta de Río Tercero, está una situación crítica, afectada por los retiros voluntarios, líneas de producción paralizadas (como la metalmecánica, destinada a reparar/construir vagones). En este sentido, la crisis de Petroquímica Río Tercero que compraba el 90 por ciento de ácido nítrico, que garantizaba el pago de salarios de la fábrica militar, fue un golpe de gracia.

Existe la posibilidad cierta del cierre de una planta industrial clave en la producción de químicos vitales para fabricar explosivos, pólvoras, etcétera. La planta de Villa María solo produce pólvoras monóbasicas, quedando paralizada la producción Nitroglicerina y Dinamitas, como el área de planta de ácidos y nitrocelulosas. La fábrica Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, sobrevive produciendo chalecos y municiones. 

Tandanor SACIyN fue el taller de reparaciones navales más grande del Atlántico Sur en su momento, hoy acumula deudas con proveedores; tiene proyectos paralizados como la construcción de una docena de remolcadores. La empresa padece las consecuencias de la política económica, que afecta a la industria naval. A ello se agrega la falta de creatividad para aprovechar las instalaciones del astillero Almirante Storni, en asociación con el sector privado.

El “gran éxito” del área de Industria del ministerio de Defensa es organizar congresos y seminarios, como el Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Defensa, llevado a cabo los primeros días de octubre de 2025, donde expusieron empresas, las fuerzas armadas, organismos de ciencia y tecnología. En otras palabras, una expresión de deseo a cielo abierto. Puro marketing, como la tradicional entrega de medallas a veteranos de la guerra de Malvinas. Espectáculo de bandas, visitas abiertas al público.

Mientras los funcionarios del área de Defensa se llenan la boca de proyectos, Fabricaciones Militares es objeto de una estrategia de vaciamiento, FAdeA SA agoniza y Tandanor se llena de deudas.

Los países vecinos siguen otra estrategia. Chile apuesta a un ambicioso programa de construcciones navales y la fabricación del avión de instrucción básica Newen. Brasil se posiciona como exportador de aeronaves militares con sus productos estrella: el avión de transporte táctico KC390 y el avión de ataque liviano Super Tucano. Perú va por un programa de construcción de fragatas y cierra acuerdos para ensamblar blindados con tecnología surcoreana (paso previo a desarrollar capacidades de fabricación). 

Defensa Nacional en Argentina, un espejismo

En dos años de gestión libertaria de la Defensa el país sigue sin un Sistema de Defensa Nacional operativo. La negativa de invertir en obra pública afecta la “preparación territorial”, o sea, el desarrollo de infraestructuras de utilidad para el desarrollo, pero también para la defensa nacional (puertos, aeropuertos, redes ferroviarias que puedan emplearse para el despliegue de fuerzas en una crisis).

El presidente Javier Milei posando frente al F-16 de segunda mano comprado a Dinamarca.

El campo de batalla del siglo XXI demanda innovación tecnológica, algo difícil en el clima de austeridad fiscal, además de observar escasos avances en materia de sistemas no tripulados, ciberdefensa, sistemas de comando y control; defensa antiaérea moderna; de adquirir una plataforma aérea de alerta temprana; un despliegue inadecuado, que obedece a criterios geopolíticos ya superados; falta de expectativa profesional por bajos salarios y prestaciones sociales deficitarias; faltan millares de soldados para un adecuado funcionamiento de las unidades; un complejo industrial en agonía, con pérdida de recursos humanos valiosos y capacidades productivas difíciles de recuperar.

Bases y cuarteles están en mal estado. La lista sigue. No cabe duda que la gestión libertaria, ironías del destino, se asemeja al kirchnerismo que tanto crítica: improvisación, narrativa y voluntarismo. Mientras tanto, la Argentina permanece indefensa e inerme frente a un escenario internacional cada vez más inseguro y voraz por los recursos naturales. Y es precisamente a raíz de estas riquezas que, tarde o temprano, el mundo golpeará nuestras puertas.

Jorge Suárez