Las ventas minoristas pymes a precios constantes subieron un 15,7% en relación a septiembre del año pasado, aunque bajaron 0,5 % en relación a agosto, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
«Fue un mes atípico, donde las ventas estacionales habituales de cada sector quedaron mezcladas por la normalización del ciclo escolar en casi todo el país, por la reapertura de clubes, gimnasios, la habilitación de eventos, el levantamiento de las restricciones para circular, y por la concreción de compras que venían frenadas. Los comercios se movieron con altibajos, con momentos de alto flujo de gente y otros, donde los compradores desaparecían del mercado. Sobre fin de septiembre se sintió la falta de efectivo, pero el balance general mostró una economía que va encontrando su recuperación», dijeron desde CAME.
Analizando las ventas a precios constantes de septiembre 2021, los resultados son:
Frente a agosto 2021 (variación mensual): cayeron 0,5%, con las mayores bajas en Electrodomésticos, electrónicos, computación, celulares y accesorios (-7,9%) y Jugueterías y librerías (-6,8%). Los mayores aumentos de ventas -siempre a precios constantes- fueron en Indumentaria, lencería y accesorios (+3,9%) y Alimentos y bebidas (+3,3%).
Frente a septiembre de 2020 (variación anual): crecieron 15,7%, con las mayores tasas de variación en Ropa y artículos deportivos y de recreación (+69,5%) y Jugueterías y librerías (+65,5%). Solo cayeron dos rubros de los 11 relevados: Farmacias (-8,6%) y Neumáticos y repuestos de autos y motos (-1,0%).
Frente a septiembre de 2019 (variación bianual): se ubicaron 6,8% arriba, por el impulso de sectores vinculados a la actividad escolar, ocio, recreación e indumentaria laboral, que tuvieron una actividad atípica para lo que suele ser septiembre.
En los 9 meses del año las ventas acumulan un alza de 14% frente a iguales meses de 2020 aunque se mantienen 10,3% debajo de iguales meses de 2019.
Los resultados se obtuvieron sobre el promedio de las tasas de variaciones mensuales y anuales informadas por 725 comercios del país entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.
La conclusión puede resumirse en que, pese a que todavía no se logra alcanzar los niveles pre pandémicos, el consumo está mostrando un repunte en estos meses.
(Compartimos esta crónica aparecida hace algunos minutos en «El País», de España)
El hermano y el asesor estrella de un presidente reciente y la hija de otro ya fallecido; un secretario del poder que de la noche a la mañana se convirtió en millonario; el heredero del rey del fútbol argentino y jugadores de elite. Los Papeles de Pandora, la última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidencian los movimientos opacos de argentinos que utilizaron paraísos fiscales para hacer negocios.
Una investigación global que ha durado meses encontró, entre 11,9 millones de documentos, empresas offshore a nombre de Mariano Macri, Jaime Durán Barba, Zulema Menem, Daniel Muñoz, Humberto Grondona, Ángel Di María y Javier Mascherano.
El apellido Macri vuelve a estar en una investigación del ICIJ cinco años después de que el ex presidente Mauricio Macri apareciese en losPapeles de Panamá.La investigación de los Papeles de Pandora revela ahora una empresa offshore radicada en Belice a nombre de Mariano, su hermano menor, que nunca fue declarada en Argentina. También vinculado a Macri, pero sin relaciones de sangre, figura el ecuatoriano Jaime Durán Barba, estratega de la campaña que en 2015 lo llevó a la Casa Rosada y luego su asesor estrella.
Los ingresos de Durán Barba en Argentina fueron siempre un secreto muy bien guardado, a tal punto que el público (N.delaR.: el público muy ingenuo) lo consideraba un gurú que trabajaba gratis para el macrismo. Los documentos muestran que él y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de al menos dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas dedicadas a “la inversión en Suiza” y a frustrados negocios de minería.
Fuera del universo Macri aparece otro nombre vinculado al poder, pero kirchnerista. Los documentos suman detalles a la enorme estructura de ocultamiento de dinero que desplegó Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente Néstor Kirchner (ambos fallecidos, el primero en 2016 y el segundo en 2010). Muñoz fue investigado por la justicia argentina después de que los Papeles de Panamá destaparan múltiples estructuras financieras opacas del secretario utilizadas para lavar dinero considerado ilícito, producto del presunto cobro de sobornos vinculados a la obra pública.
En los Papeles de Pandora hay pruebas de una sociedad offshore más en la que aparecen testaferros y millonarias inversiones en bienes raíces en Miami y Nueva York. Entre los documentos de los 14 despachos analizados también está Zulema Menem, conocida como Zulemita, la hija del expresidente Carlos Saúl Menem, fallecido en febrero de este año. Figuran a su nombre cuatro sociedades offshore usadas para operaciones tan variadas como la apertura de una agencia de autos en Buenos Aires o alquileres de pisos en Miami.
La creación de empresas offshore no es exclusiva de políticos argentinos o personas vinculadas a ellos. Humberto Grondona, “Humbertito”, hijo mayor de quien fuera presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años, Julio Grondona, figura como único beneficiario de una sociedad creada en Belice para recibir dinero de la herencia de su padre y de “negocios familiares”. La empresa fue inscrita en diciembre de 2014, seis meses después de la muerte del dirigente argentino. La fortuna del expresidente de la AFA y exvicepresidente de la FIFA está bajo el escrutinio de la justicia argentina y de la de Estados Unidos, en el marco del llamado Fifagate.
También buscaron refugio en paraísos fiscales jugadores de fútbol, como Ángel Di María y Javier Mascherano. Los documentos a los que accedió el ICIJ suman detalles sobre el uso que Di María dio a la sociedad offshore que creó en Panamá en 2009, meses antes de llegar al Real Madrid. La empresa, una sigla sin sede ni empleados, siguió operativa mientras Di María jugó en el Manchester United y aún lo está tras su pase al Paris Saint-Germain. Mascherano, en tanto, tuvo dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas entre 2013 y principios de 2016, para hacer inversiones inmobiliarias fuera de los ojos del fisco de España, donde vivía.
Nota de AgendAR:
Para no contribuir al mito de la «excepcionalidad argentina» en temas fiscales, es necesario agregar que en los Pandora Papers aparecen 35 jefes y ex jefes de Estado, más de 330 funcionarios de casi 100 países y un amplio abanico de grandes empresarios, deportistas y mediáticos.
Entre ellos están, por ejemplo, los actuales presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Ecuador, Guillermo Lasso, y República Dominicana, Luis Abinader; los de Ucrania y de Kenia, el rey de Jordania, el primer ministro de la República Checa y el ex primer ministro británico Tony Blair. También figuran los ex presidentes de Colombia y Perú y el actual ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, que hace unos días nos sugirió que Argentina se tomara unas vacaciones de unos dos años del Mercosur.
Esta investigación periodística es interesante, por cierto, pero no es imprescindible. Hace varios años que las agencias impositivas de todos los países con un Estado mínimamente alerta -entre ellos la Argentina- firman convenios de reciprocidad en la información. En los paraísos fiscales ya entró la serpiente, y cualquier asesor que les recomiende abrir una cuenta ahí, no les está dando un buen consejo.
Sin Ley de Humedales para ordenar los usos productivos del territorio, con recursos que son escasos y dificultades de gestión estatales que son enormes, la crisis de las quemas en el complejo y frágil sistema de humedales que constituyen el Delta del Paraná atraviesa su segundo año seguido, potenciada por una bajante histórica del Paraná que aún no llegó a su pico más extremo, que se prevé para noviembre.
La ausencia de los cortafuegos naturales por la sequía y el escaso caudal de agua del río, hace que los incendios, utilizados desde hace décadaspara “limpiar” el terreno de vegetación seca y favorecer el rebrote de pastos para el ganado, no encuentren freno.
Productores agropecuarios en su mayoría, pero también cazadores, pescadores e incluso baqueanos utilizan el fuego como herramienta de manejo, en un ambiente que no se regula naturalmente de esa forma, sino por los pulsos de creciente y bajante.
Ni el antecedente de 2008, cuando el humo invadió la ciudad de Buenos Aires, ni las alertas lanzadas por muchos grupos ambientalistas que advirtieron en febrero del año pasado sobre lo que podía pasar con los incendios, sirvieron para desactivar una enorme crisis socioambiental que ya se llevó puesta una buena parte del territorio insular del Paraná y que generó graves episodios de contaminación del aire en las ciudades costeras como Rosario, la ciudad de Santa Fe, San Lorenzo, Villa Constitución y San Pedro.
No hay estadísticas oficiales actualizadas, pero desde organizaciones como la Red Nacional de Humedales (Renahu) calculan que, en los últimos 20 meses, se incendiaron unas 900.000 hectáreas sobre los 2,3 millones totales del Delta. A los casi 40.000 focos de incendios registrados el año pasado se sumaron en 2021 más de 10.000, según los registros que lleva el museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás.
“En 2008 tuvimos una crisis muy grave pero casi no se habló, salvo algunos académicos. Ahora la sociedad empezó a conectar todo: la bajante, las quemas, la contaminación. La catástrofe se hizo evidente, el humo está cerca y lo padecemos en primera persona” sintetizó Jorge Liotta, biólogo y director del museo Scasso.
En un escenario de aceleración de la crisis climática global, dentro de la cual los expertos estiman que los incendios forestales serán cada vez más frecuentes y extendidos, las quemas en el Delta son una bomba de tiempo que urge desactivar.
¿Por qué se quema el Delta?
Si el 95% de los incendios son intencionales (así lo afirma el ministerio de Ambiente de la Nación), la pregunta es saber quiénes prenden el fuego, y porqué. Para Liotta y Beatriz Giacosa, también bióloga y parte de la Fundación Humedales, “es una pregunta recurrente sin respuestas sencillas”.
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“En la época del rebrote (el final del invierno), siempre aumentan los incendios, entonces hay una vinculación con la ganadería. Pero es algo multicausal, echarle la culpa a un solo sector es simplificar demasiado”, dijo Liotta. La bióloga avanzó en el mismo sentido y explicó que se trata de una práctica habitual para limpiar el territorio que no sólo utilizan los productores, sino también algunas personas que viven en la zona de Islas, así como los cazadores y otros “usuarios” del territorio.
Cesar Massi, de la Renahu, señaló que “ha quedado claro que los incendios no son naturales” y que en los dos últimos años, sequía y bajante mediante, la zona se convirtió “en un polvorín”. Massi apuntó directamente contra los productores ganaderos «ya que el fuego se prende “para generar pasturas nuevas y que no se termine el pasto”. “Hay intentos evidentes de quemar grandes superficies para las vacas, puede haber algo de pescadores, cazadores o paseantes, pero visto como se quemaron los 800 kilómetros de costa santafesina del Paraná, los Bajos Submeridionales y buena parte de Corrientes, todas zonas ganaderas, está claro que las quemas son para cambiar el uso del suelo”.
Para Sergio Federovisky, biólogo y actual viceministro de Ambiente de la Nación, hay que diferenciar entre la quema para el rebrote de pasto nuevo (que implicaría incendios a partir de la primavera) y lo que pasó en los dos últimos años: fuego intencional con la finalidad de que avance la frontera agropecuaria para agricultura o ganadería. “Lo que tuvimos en 2020 y este año es desmonte con fuego, porque se usan a los incendios como reemplazo de la topadora”.
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Desde el sector ganadero, por su parte, reconocen que hay que cambiar pautas culturales históricas para adaptarse a las nuevas demandas sociales, donde la sustentabilidad y el cambio climático ocupan un lugar cada vez más preponderante. Según Raúl Milano, productor agropecuario y director ejecutivo del Rosgan (el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario), la ganadería de Islas es una antigua práctica productiva en las provincias litoraleñas argentinas que hoy representa una enorme oportunidad comercial al trabajar con pasturas naturales, lo que se traduce en animales cuya carne se valoriza más en los mercados internacionales.
Este año, la ciudad de Rosario estuvo varias veces cubierta de humo debido a los incendios en el Delta Foto: Marcelo Manera
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“El criterio cultural de quemar para renovar pasturas hoy requiere una acción más responsable y regulada para que estos emprendimientos individuales tengan un contralor importante. Hay que hacer un mix, la ganadería es una oportunidad y no un problema, hay que ser inteligentes y tener elementos de control y regulación para que exista responsabilidad si hay quemas en las Islas”, dijo Milano, quien agregó que la ganadería en pasturas naturales “no tiene ninguna incidencia en el cambio climático”.
La falta de información sistematizada sobre la cantidad de incendios y la superficie afectada es un primer obstáculo para intentar establecer políticas públicas. “No encontrábamos información más o menos continuada sobre las quemas, por eso empezamos a generar la nuestra” explicó Liotta, quien tomó la decisión, en marzo de 2020, de comenzar a elaborar y difundir un reporte semanal de quemas.
En base al análisis de datos satelitales, suma los focos diarios en la zona denominada Piecas Delta del Paraná, un área que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Escobar (Buenos Aires) al sur, contemplada en un plan de manejo (el Piecas) creado después de la gran crisis de incendios de 2008. “Tomamos un satélite, que es el que mejor resolución tiene, y hacemos los informes. Tratamos de generar un servicio y que la información esté disponible para todos”. Desde la Renahu estimaron que en los dos últimos años se quemaron más de 900.000 hectáreas solo en esa zona. Según datos difundidos desde el museo Scasso, sólo este año se quemaron unas 153.000 hectáreas.
Para Federovisky, desde lo metodológico, no es determinante publicar la superficie incendiada ya que “no es lo mismo una hectárea en el Delta que una en zona de interfaz en la Patagonia, o 100 hectáreas en el valle de Calamuchita, en Córdoba, que en zona de actividad ganadera”. “Son cálculos que en sí mismos no dicen nada, salvo que vengan acompañados de un contexto que contemple la calidad y el tipo de hectáreas incendiadas”, dice. “Creo que la divulgación de la información respecto de la cantidad de hectáreas quemadas es una cuestión muy controvertida que tiene un valor periodístico discutible”, argumentó el actual viceministro de la cartera ambiental.
La destrucción de un aliado clave contra el cambio climático
En un contexto de aceleración de la crisis climática, detener la destrucción del Delta debería ser una prioridad. Así lo argumenta Graciela Klekailo, ecóloga e investigadora de la facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Todas nuestras actividades productivas, en este momento histórico, deben ubicarse en un escenario de cambio climático”, señaló, para agregar que los humedales son sumideros de carbono “incluso más importantes que muchos bosques”.
Al quemar este territorio, entonces, no sólo se ataca su capacidad natural para atrapar carbono, sino que se suma la liberación de más gases de efecto invernadero. “A la luz del sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que estamos haciendo con el Delta es más grave aún, ya que cuando quemamos grandes superficies de humedales aumentamos la emisión de esos gases”.
La Ley de Humedales, presentada por primera vez en 2013, ya perdió varias veces estado parlamentario y se encamina a hacerlo una vez más
En 2008, una gigantesca crisis de incendios en la zona sur del pre Delta llenó de humo durante varios días a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento se articuló el Piecas, un plan de gestión que buscaba acercar a las diferentes jurisdicciones que comparten el Delta que nunca se terminó de activar por completo. “En 2008 se quemó algo parecido en superficie a lo del año pasado. Pero a diferencia de antes, ahora hubo mucha más repercusión pública”, puntualizó Liotta.
Ese año, científicos especializados en el estudio de los Humedales agrupados en la Universidad de San Martín alertaron que, si no se avanzaba con normativa específica y con recursos para control y sanción, esos episodios de quemas masivas se iban a repetir con mayor frecuencia. Nada ocurrió desde 2008 a esta parte y la reacción estatal sigue siendo “correr de atrás” al problema. Así lo afirmó Klekailo, para quien si el plan de manejo del Piecas hubiera funcionado mejor “se podría haber prevenido esta crisis, al menos en parte”, ya que hubiera podido haber una mayor y mejor coordinación entre los diferentes actores que interactúan en el territorio.
El Estado bajo la lupa
Las organizaciones ambientalistas han destacado que con el voluntarismo estatal no alcanza para que las cosas funcionen y que la escasa articulación, mala ejecución, poquísimo control y nulas sanciones dejaron el territorio liberado para la destrucción del ambiente. “La crisis de 2008 nos dejó el Piecas y la de 2020/21 los Faros de Conservación, pero que están en el estado que conocemos: a medio implementar. Todo carretea y va muy lento”, apuntó Giacosa
“Hay cosas que desde la gestión llevan tiempo y no está alcanzando lo que se está haciendo. Tener que mover la maquinaria del Estado para acciones concretas hace que todo sea poco o tarde. Hay un cambio, lo vemos, pero todavía no es suficiente, falta mucha articulación entre los organismos y el sector académico”, agregó la especialista.
Liotta avanzó con un argumento similar: “a veces nuestro federalismo nos juega en contra porque las provincias tienen distintos sistemas de monitoreo y Nación sólo envía ayuda si las provincias piden. Nos morimos en esa burocracia y al final las cosas no se hacen”. Klekailo opinó de forma muy parecida al referirse a los Faros de Conservación, el programa de vigilancia y prevención de incendios en el Delta que Nación lanzó el año pasado durante el pico de las quemas, pero que aún casi no funciona: “Un año después vemos que son predios casi sin uso que no están cumpliendo el rol asignado, que era poder lanzar alertas tempranas”.
Desde Ambiente de Nación no opinan lo mismo. Para Federovisky, la instalación de los Faros no está demorada: “es una acción concreta del Estado y hay que valorarla. No hay que quedarse en si se atrasó una semana o dos la colocación de las torres porque es la primera vez que se instala esta tecnología en Argentina”, dijo el funcionario, que agregó que “siempre se dijo que a finales de septiembre u octubre iba a estar funcionando”. “Esto nunca se hizo, es una perspectiva distinta en el trabajo vinculado al fuego porque impone una lógica de prevención y alerta”, aseguró. También agregó que la agudización de los incendios forestales es un fenómeno global potenciado por el cambio climático, que genera sequías más prolongadas y mayor estrés hídrico en la vegetación. “Pasa en todo el mundo, no sólo en la Argentina”, subrayó.
Ley de Humedales, en la columna de los pendientes
Como nunca antes, el reclamo por una Ley de Humedales creció y se instaló en la opinión pública durante 2020 y este año, apalancado en la enorme cantidad de quemas y en los problemas de salud asociados al humo, que son graves y que afectan de manera periódica a centenares de miles de personas que habitan en las ciudades ribereñas del Paraná.
A las masivas movilizaciones sociales que decenas de veces cortaron la ruta que une las ciudades de Rosario y Victoria se sumó una histórica travesía en kayak que, en agosto pasado, unió Rosario con Buenos Aires. “En 2008 tuvimos humo muchos días, tal vez más que ahora, pero sólo se escucharon algunos académicos advirtiendo sobre el problema. Ahora hubo una gran reacción de la gente, tanto a través de organizaciones formales como de forma espontánea. Eso es una gran diferencia”, señaló Giacosa.
Estado de la ley de humedales:
En noviembre de 2020, obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados un proyecto unificado de Ley de Humedales impulsado por diversas organizaciones ambientalistas.
Con un texto que unificó 15 proyectos, pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Hace más de seis meses que el proyecto se encuentra en esa comisión. Pero si le diera dictamen, aún falta que se trate en las comisiones de Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros y Presupuesto y Hacienda para después pasar a ser votado en el recinto.
Por ahora, y como suele pasar en los años de elecciones, el Congreso da pocas señales de vida. La Ley de Humedales, presentada por primera vez en 2013, ya perdió varias veces estado parlamentario, y se encamina a hacerlo una vez más, a pesar de que la presión social y el grado de devastación ambiental en esos ambientes es más fuerte que nunca.
Sin cambios de fondo tanto a nivel normativo como a nivel operativo, las quemas pueden ser cada vez más recurrentes, en un contexto global de crisis climática acelerada y mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales. Para Liotta, en lo que resta del año la altura del rio no mejorará de forma significativa y sólo queda la lluvia como aliada. “No habrá creciente como para que cambie el escenario de los incendios. Nos puede salvar la lluvia, pero cuando se dispara un incendio de 10.000 hectáreas en una semana no lo parás con nada. Lo único es la prevención y la concientización”, dice.
Para Giacosa “existen más preguntas que respuestas”. “Siento una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque el cambio climático ya es una realidad y no sé qué va a pasar con el rio, nunca dudé que el Paraná todo lo podía y ahora ya no sé. No sé qué va a pasar con el sistema, con la cuenca. La esperanza viene por el lado de que la sociedad está más despierta y más activa. Nos falta un montón, pero hay mucha más gente preocupándose por el río y el ambiente”.
Como dispone la nueva Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -aprobada el 24 de febrero-, que establece un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a Ciencia y Técnica, en 2022 los organismos de esa área pasarán de recibir el 0,28% del PBI al 0,31%.
En términos absolutos, son $ 187.944 millones para el conjunto de entidades que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología. Haciendo la comparación en pesos constantes, en 2022 todavía estarán por debajo, pero cerca del monto de 2015.
“Lo importante es que se cumple con lo fijado en la ley. Otro aspecto positivo es que, al ser algo pautado y programado, permite hacer planes; por ejemplo, prever la incorporación de nuevos investigadores y para qué instituciones.
Si se mantiene, ya no será necesario instrumentar soluciones ad hoc –destaca el físico y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Jorge Aliaga, que todos los años analiza en detalle los fondos destinados al área.
«La ‘función ciencia y tecnología’, que abarca más que lo que concierne estrictamente al Ministerio de Ciencia (Mincyt): Incluye dentro de su órbita el Conicet, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, además de la Fundación Manuel Sadosky y la Fundación Argentina de Nanotecnología, tiene una suba importante en relación con los presupuestos de 2019 y 2020”.
Entre los organismos también dentro de la órbita de esta esta ley figuran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que está en el organigrama del Ministerio de Producción, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en Energía, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Agricultura.
Como novedades de este ejercicio, apunta el científico, aparece con presupuesto propio la Agencia I+D+I (organismo 173) y pasa a “ciencia y tecnología” el Servicio Meteorológico Nacional (organismo 452), que previamente estaba asignado a la función “transporte”.
Para realizar comparaciones entre los presupuesto de los distintos años, Aliaga los convirtió en pesos del año 2022 usando los mismos índices con que se elaboró el presupuesto nacional. Así, el aumento más notorio es el asignado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 23.479 millones de pesos vs 10.514 en 2020 y 3.405 en 2019.
“Sobre el PBI estimado para 2022, sube el porcentaje de acuerdo con lo que dice la ley y ese monto se lo asignan al Mincyt porque en su reglamentación la norma estipula que la encargada de ejecutar el fortalecimiento es la cartera de Ciencia. Todavía queda por verse cómo se implementará la distribución, porque tal vez parte del dinero que originalmente está asignada a esa repartición luego se utilice para otros organismos”.
Al Conicet (comparado en pesos constantes a precios de 2022) se le aumenta, de 46.353 millones en 2021, a 57.207 en 2022. “Esa cifra se divide en gastos de personal, servicios no personales (esencialmente, becas) y gastos de funcionamiento –explica Aliaga–. Los subsidios siguen siendo bajos, pero los gastos de funcionamiento. Aún por debajo de lo que eran en 2014/2015, casi se duplicaron con respecto a 2018 (4.938 millones de pesos vs. 2.732 millones). La planta de investigadores en 2022 será superior en más del 20% a la de 2015, lo que evidencia el deterioro salarial registrado entre 2016 y 2019”.
El año próximo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) mantiene valores similares a los de 2021, año en que duplicó los de 2020: 10.872 millones de pesos vs. 4.757 millones.
La CNEAregistra el mayor aumento de la última década: 37.842 millones de pesos en 2022 vs. 27.768 millones este año, y el INTA se mantiene en niveles similares a los de los últimos períodos: 23.051 millones vs. 21.535 millones en 2021. El INTI, por su parte, muestra una lenta recuperación: 9.148 millones de pesos vs 8.914 millones este año y 8.578 el año pasado.
La Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología establece el monto y la distribución de los dineros públicos, pero el desarrollo científico-tecnológico de un país exige además inversión privada. En 2020 casi el 80% fue del primer tipo y solo el 20% del segundo, una proporción muy alejada de lo deseable.
¿Irá el aumento de la inversión pública acompañado de otro comparable en la inversión privada? “No hay una relación directa entre ambas» –contesta Fernando Peirano, titular de la Agencia I+D+i. No es posible establecer que 1000 millones extras de inversión pública incentivarán una inversión privada de X millones. Pero luego de superar cierto umbral de inversión pública en I+D, la privada se activa y gana protagonismoLa explicación más aceptada es que la privada es la de ‘última milla’, la que recorre el último tramo de los desarrollos. «Con la nueva ley, podemos empezar a configurar un escenario así. El 1% del PBI de inversión en I+D pública es una referencia bastante aceptada para que esa dinámica se active”.
Según Peirano, la agencia que conduce (que convoca la presentación de proyectos y distribuye subsidios de investigación), está en un proceso de recuperación de cartera. “Hoy tenemos 13.000 millones de pesos adjudicados que se van aplicando al ritmo que los titulares de los proyectos lo solicitan –detalla–. Contamos con 8000 proyectos activos y más de la mitad fueron evaluados y adjudicados en 2020 y 2021. De esos, 5500 son proyectos de ciencia, con 30.000 investigadores y becarios involucrados. La cohorte de subsidios PICT adjudicada en 2021 fue la más grande de toda la serie desde 2008. Hoy tenemos más de 40 cada 1000 investigadores vs. 21 al momento de la creación del Mincyt. Y tenemos más de 1.500 con Pymes innovadoras”.
Peirano concede que el monto promedio de los subsidios PICT está en valores muy bajos. “En 2021, subieron respecto de 2020 y en 2019 no hubo adjudicaciones. También es cierto que subimos muchos los subsidios de ciencia en temas focalizados. Estamos analizando una propuesta para ligar los subsidios PICT a la evolución de los fondos crecientes de la Ley para así resolver la erosión que causa la inflación. En breve tendremos novedades”.
Con respecto a los créditos internacionales, anticipa que pronto el Presidente firmará un contrato con el BID que permitirá contar con un flujo de 230 millones de dólares. “Ayer recibimos 8.5 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estamos recomponiendo la cartera y fuentes de financiamiento”.
El Banco Central de la República Argentina anunció ayer sábado 2 un nuevo paquete de medidas destinado a fomentar en las empresas productivas «una recuperación equilibrada y sostenida en todo el país luego de la caída de la actividad a causa de la pandemia», según su comunicado.
Desde el organismo financiero informaron sobre la creación de una nueva línea de inversión productiva para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), además de tratamientos especiales para sectores provinciales clave. El programa enfocado en las MiPyMEs se encuentra orientado a apuntalar «principalmente al sector industrial y de servicios» para el período 2021-2022.
En este marco, el BCRA obliga a todas las entidades financieras a ofrecer esta nueva línea que tiene como objetivo la creación de créditos por alrededor de $ 450.000 millones antes del 31 de marzo del año entrante. Así, los principales bancos deberán prestar un 7,5% de su cartera de depósitos privados.
La línea de créditos consta de dos tipos de financiamiento: uno dedicado a la Inversión en Bienes de Capital, con una tasa del 30% anual y un plazo promedio mínimo de 2 años; y otro para el Capital de Trabajo, con una tasa del 35% anual.
Los créditos, a diferencia de ediciones anteriores similares, poseen una serie de beneficios para sectores específicos como el agropecuario y las áreas más damnificadas por los efectos de la pandemia. Estos son:
Todas las MiPyMEs ganaderas tendrán acceso a ambas líneas. Así, podrán requerir ingresar al programa todos los productores de carne y/o leche, incluyendo engorde, pasturas, vientres, genética, galpones, vehículos nacionales, alambrado y aguadas, entre otros.
Tanto las MiPyMEs como las no MiPyMEs productoras de carne de pollo y/o cerdo podrán acceder a la línea de Inversión en Bienes de Capital a tasa del 30% sin importar el tamaño de la empresa.
Los sectores de gastronomía, hotelería, servicios culturales y esparcimiento podrán acceder a la Línea de Capital de Trabajo con una tasa del 35% con un plazo de gracia de 6 meses para comenzar a pagar el crédito.
Finalmente, en el mismo comunicado la entidad informó una última medida destinada al sector agro: el plazo para la liquidación de las exportaciones de sorgo y cebada se duplicará, pasando de 15 a 30 días.
«Se trata de una medida que responde a un pedido por parte de productores y exportadores dados los tiempos sanitarios que bloqueaban los envíos, sobre todo a China», indicó el Banco Central.
La empresa estatal rionegrina INVAP se transformó en la primera del sector que ingresará al régimen de la Ley de Economía del Conocimiento. La decisión fue confirmada durante un encuentro de trabajo desarrollado en su sede central, donde además se anunció la convocatoria del plan Potenciar Industria Satelital y Aeroespacial.
INVAP se suma al régimen de la Ley de Economía del Conocimiento -sancionada en octubre de 2020- que busca promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones.
“Atrás de cada uno de los proyectos que se llevan adelante en INVAP hay un montón de pequeñas y medianas empresas, hay un motor importante, hay actividad económica que se distribuye en Río Negro y en toda la Argentina”, resaltó el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, participante del encuentro.
“Hacemos voto para que esta provincia continúe afirmando lo que ya se viene desarrollando y que se transformó en una verdadera política de Estado, y dándonos visión para el futuro”, sostuvo el presidente de INVAP, Hugo Albani.
Destacó los ocho satélites que se fabricaron en tierras rionegrinas: “Seis de observación de la tierra de órbita baja, liderados por la CONAE, y cuando se crea ARSAT, aparece una clara decisión de ocupar el espacio que Argentina tenía con productos de fabricación nacional, una decisión que hizo posible un desarrollo más avanzado de lo que era una construcción de plataformas satelitales para cubrir órbitas estacionarias”.
“Eso generó una capacitación muy grande de trabajo, pudimos transferir mucho conocimiento a pequeñas empresas que arriesgaron su capital en seguir estos emprendimientos, confiando en esta política de Estado que iba a marcar el camino por muchos años y esto nos da mucha visión de futuro y mucha tranquilidad”, completó Albani.
Plan Potenciar la Industria Satelital y Aeroespacial
En este mismo marco, la directora nacional de Innovación Abierta, Mariana Piotti, explicó detalles de la convocatoria del plan Potenciar Satelital y Aeroespacial que brindará aportes no reembolsables para fortalecer procesos y servicios en ese sector.
Según detalló, el punto clave del programa se da en los diferentes tipos de proyectos que se acompañarán. El primero busca fortalecer los servicios que ya se prestan, el segundo va a estar enfocado a la generación de servicios, productos o prototipos (modalidad individual o colaborativa), el tercero son los proyectos orientados al escalado productivo, y el cuarto es el orientado a plataformas tecnológicas.
Los destinatarios son empresas públicas, privadas, mixtas instituciones tecnológicas, centros de investigación, cooperativas y mutuales, entre otros. Se incluyen aportes que van de los $ 18.000.000 por participante individual, hasta un tope de $ 46.000.000 si se presentan en forma conjunta.
En esta convocatoria se suma la perspectiva de género “el monto va a aumentar a $ 20.000.000 por participante y $ 50.000.000 cuando los proyectos tengan un impacto en cuestiones de género o el directorio de las empresas que se presenten sea en su mayoría femenino”.
El Ministerio de Salud bonaerense propone transformar el Instituto Biológico de La Plata «Tomás Perón» y crear un polo productivo, científico y tecnológico en el área de la salud. La inversión será de $ 8.680.602.060.
El gobierno de Axel Kicillof presentó un proyecto para de ley para ampliar la producción de vacunas, medicamentos y sueros mediante la transformación del Instituto Biológico de La Plata «Tomás Perón» en un nuevo polo productivo, científico y tecnológico.
Se prevé que la construcción y ampliación del complejo permitirá que la provincia produzca más de 400 millones de unidades de medicamentos, vacunas y sueros a través de una inversión de $ 8.680.602.060.
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, expuso en la Cámara de Diputados provincial que esto permitirá «tener mucha más velocidad y capacidad de producción, reducir los costos para el Estado, aumentar la previsibilidad, poder garantizar el acceso a los medicamentos para toda la provincia de Buenos Aires y, también, el desarrollo industrial, que implica más puestos de trabajo».
Su puesta en marcha posibilitará «producir 400 millones de comprimidos al año», una cifra que cubrirá las necesidades de tratamiento del 45% de los bonaerenses que tienen cobertura pública exclusiva en materia de salud, aseguró el funcionario.
El proyecto prevé la construcción de una planta de vacunas bacterianas, entre ellas, la BCG de uso oncológico, un medicamento de escasa producción y alto costo, lo que permitirá cubrir la demanda nacional de este fármaco e incluso exportarlo.
«Uno de los pilares fundantes de este nuevo proyecto del Biológico es una articulación eficiente entre el sector público y privado, en lo científico y tecnológico».
(La 1° parte de este artículo está aquí; la 2°, aquí); y la 3°, aquí)
¿Qué hemos venido importando y a cuánto?
La dispersión y evolución de los precios que supimos conseguir es interesante. La vacuna más barata fue la de AstraZeneca, a U$ 4 la dosis, centavito más, centavito menos, su precio standard en todo el mundo. Todas las vacunas licenciadas hoy por la OMS se lograron con subvenciones de distintos estados, directas o intermediadas por fundaciones y ONGs. Pero AstraZeneca, además de sangrar en abundancia a Su Graciosa Majestad, tuvo el golpe de vista de subcontratar a más de 30 laboratorios de genéricos en todo el mundo como proveedores, entre ellos los gigantes del negocio: el Serum Institute de la India, SK de Corea del Sur, y en la América Latina de habla hispana, al grupo Insud. Y fueron veloces, lo hicieron antes de entrar siquiera en estudios de fase. Le tenían fe a su vacuna. Dejaron al resto de las “Big Pharma” de Occidente casi sin capacidad instalada de fabricación en los países donde la hay buena y a bajo costo (somos uno de ellos). Por esta razón el precio de la AstraZeneca es imbatible incluso para la china Sinovac, pese a que ésta fue la vacuna más vendida en el planeta. AstraZeneca abarató su dosis encareciendo a las demás. AstraZeneca solía decir que no piensa ganar plata con esta pandemia. Hace un tiempo que no insisten con eso. Resulta tan creíble como que, con su Armada Brancaleone de fabricantes, cumpla un pedido en tiempo y forma. No lo han hecho ni con el Reino Unido, país del cual es la vacuna “de bandera”. Los rusos fueron nuestro plan B. Resultó muy superior al A medido por efectividad (91,8% a doble pinchazo). Los rusos recibieron uno de los dos mayores pedidos de Argentina: 30 millones de dosis. El RDIF cobra U$ 9,95 cada dosis de Sputnik-V, precio más que decente para la tercera vacuna más eficaz del planeta. Pero el RDIF nos hizo (y hace) penar duro con los atrasos e incumplimientos, especialmente del segundo componente de la vacuna. La culpa es en parte nuestra: fuimos su segundo cliente internacional cuando a esa vacuna le hurtaban el hombro incluso en su país de origen, y el primer comprador externo que no era una casi provincia rusa, como Belarús. Esto fue puro mérito de la actual ministra de Salud, la Dra. Carla Vizzotti, que logró ver el mérito de la fórmula rusa en origen, en Moscú, y entender que era muy superior a su propaganda. Al Instituto Gamaleya, pese a su tradición científica tan centenaria y digna como la del Institut Pasteur francés, fue una argentina quien lo puso de moda en Occidente. En mi barrio, eso es avivar giles. También fue el comienzo verdadero de la campaña de vacunación de nuestro país. Entre las decenas de vacunas codificantes como la AstraZeneca o la Johnson & Johnson, que usan adenovirus del resfrío Ad5 como vectores de genes del SARS-CoV, la fórmula rusa tiene la rareza única de emplear el adenovirus Ad26 para primera dosis, y Ad5 para la segunda. Esta parece ser la clave de su impresionante eficacia: la segunda dosis no encuentra ninguna resistencia inmune generada por el vector viral de la primera. No hay reacción “cartero mata mensaje”. En revancha, esto complica una fabricación conceptualmente compleja de suyo: el Ad5 parece más duro de producir en masa, al menos para los fabricantes rusos.Lo concreto es que la Sputnik-V fue licenciada por las autoridades regulatorias de 70 países en los que viven 4000 millones de personas, la mitad de la humanidad. Que la OMS le siga retaceando su aprobación a lo sumo prueba que a esa agencia de la Naciones Unidas la teledirigen los EEUU, China y la UE. Lógico: ponen la mayor parte de su presupuesto. Lo apestoso de la situación es que, por propiedad transitiva, a la OMS la terminan dirigiendo las Big Pharma occidentales, y ahora también de China.
Las vacunas chinas que compramos han sido algo más previsibles en las entregas, aunque menos efectivas y más caras. Sinopharm, con tres pedidos argentos que se acumularon hasta sumar 30 millones de dosis, empezó cobrando U$ 20 la dosis con la primera orden chica, pero cuando pasamos a gran comprador, nos bajó el precio a U$ 15. La china CanSino, en cambio, nos vendió 5,4 millones de dosis a U$ 17 la unidad: es una vacuna codificante, de vector adenoviral y eficacia mediocre. Tiene la ventaja de funcionar a dosis única. La casi inefectiva Sinovac, “dumpeada” a troche y moche por China sobre Sudamérica en sustitución de la Pfizer (que no llegaba jamás), aquí no la quisimos. Con el diario del lunes, habría sido mejor olvidarse de la existencia de AstraZeneca y empezar comprándole directamente la Sinopharm a China y la Sputnik-V a Rusia. Y si lográbamos asegurar algunas entregas exitosas, empezar a negociar la transferencia de tecnología para fabricarlas enteras aquí, de punta a punta. No habría sido fácil obtenerla. ¿Pero quién podía suponer en marzo de 2020 que AstraZeneca, una multi de lo más seria, y la intermediación de tantos magnates como Gates y Slim podía desembocar en el caos? ¿Y quién podía poner la mano sobre el fuego porque rusos y chinos pudieran fabricar vacunas más que decentes según estándares occidentales? No lo habían hecho jamás. Las vacunas génicas yanquis a mARN, o ARN mensajero, Pfizer y Moderna, nos salen previsiblemente saladas, pero sus fabricantes aquí parecen estar bajándose del caballo: Moderna cerró con el MinSal a U$ 21,50 la dosis. Alguien negoció bien: según la BBC, piden entre U$ 25 y U$ 37 la dosis. Pfizer, que en 2020 nos empezó apretando con precios y garantías psicópatas y alguien (vaya a saber quién) desató el infierno mediático cuando los mandamos a bañarse, acaba de acordar con nuestro país por 20 millones de dosis a U$ 12 cada una. Eso, por la misma vacuna que Pfizer le acaba de volver a vender a Israel a U$ 23,5 la ampollita, vale decir el doble. La diferencia quizás está en la seguridad de las entregas: en Israel ya están dando 3ra dosis a razón de 150.000 pinchazos diarios. No hay un “después del Covid-19”, aunque hoy aquí parezca tan a la baja. Va camino de volverse otra respiratoria de alcance planetario con la que lidiar, pero por ahora –y tal vez por varios años más- bastante peor que la gripe en contagiosidad, letalidad y secuelas. Parecerá irse y rebrotará.Habrá meses o años en que no pensaremos en el virus SARS CoV2, y otros momentos en que no podremos pensar en nada más. ¿Estamos bien abastecidos de vacunas, por lo menos? En teoría, tenemos contratos que suman 130.404.710 dosis. Va en letras, casi cientotreinta millones. Suficiente para 65 millones de habitantes… que son 20 más que los 45 millones de argentinos existentes. ¿Entonces compramos de más? En absoluto. Primero, que confundir promesas de entrega con entregas en un mundo con un 60% de no vacunados sería un error de principiantes, y ya lo cometimos. Segundo, que si los fabricantes nos cumplen, cantaremos hosannas, aleluyas, y celebraremos que hay yapa, o tercera dosis de refuerzo, para casi la mitad de los argentinos. Es un modo de zafar parte de 2022 hasta que lleguen las vacunas criollas, cuyo licenciamiento… viene lento. Como decía el viejo refrán español: “Las cosas de palacio… van despacio”. Es que la Argentina rara vez logra sobreponerse a su entusiasmo cholulo por lo importado. Aquí hubo gran revuelo cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS, regional de la OMS, Naciones Unidas) dijo que nos transferiría la tecnología de vacunas a ARN mensajero, mARN en la jerga.Por ahora, sólo hay 2 licenciadas por la OMS: Pfizer y Moderna. Y los receptores de la tecnología serían el Fiocruz en Brasil, formalmente el Instituto Oswaldo Cruz, una SE (Sociedad del Estado Federal), y el grupo Insud en Argentina. No parece una oferta muy pensada desde lo diplomático. ¿La OPS considera que no tenemos un estado federal, o que es tan obviable que tratando con Insud se acorta camino? ¿Qué parte de la tecnología de vacunas a mARN transferiría una firma como Pfizer, y a cuánto? ¿El “filtering-filling” terminal, quizás? Es lo que otorgó el Fondo Ruso para la Inversión Directa (RFDI) a laboratorios Richmond para el caso de la Sputnik-V ¿O la receta de la vacuna a granel, como le transfirió AstraZeneca a mAbxience, pero sin la terminación? “Uno te vende la cola del pescado y el otro la cabeza, pero ninguno el pescado entero. Si querés el pescado entero, agarrá la caña porque tenés que pescarlo vos, papá”, resume un investigador a cargo del laborioso desarrollo de una vacuna argentina. Para que SU fórmula no sufra represalias de licenciamiento, prefiere no dar su nombre. “Ninguna Big Pharma te va a transferir el ‘core’, el núcleo de ciencia pura, aplicada y tecnología que te permite dominar totalmente una vacuna conceptualmente nueva como una de mARN”, añade. “Pero perdoname si me pongo en Corea del Centro: no está mal que transfieran una parte de la producción a granel o del envasado de algo que no tenemos en el país, ni en el sector público ni en el privado”. ¿Y por qué lo hacen?, queremos saber. “Lo hacen porque les conviene a ellos- contesta el experto- No somos Uganda. Aquí hay universidades y una industria. Cuando las papas queman y hay 8000 millones de personas a vacunar, tener empresas en el Sur capaces de recibir el granel, acondicionarlo y fraccionarlo, es estratégico”. Parecería que el mercado estadounidense está saturado: los antivacunas le han puesto un techo más bajo que el previsible. Pfizer parecería estar revoleando stock antes de que se les venza. Pero además de planear vendernos su vacuna a granel a través de la OPS, tal vez tengan otras cosas distintas para vender. En el Hospital Militar Central (HMC), mismo lugar donde Pfizer en 2020 testeó su vacuna en fase 3 sobre 6000 voluntarios, hoy avanza otro estudio de fase 3 bajo dirección del Dr. Gonzalo Pérez Marc. Se testea una novedosa “triple viral respiratoria”, dirigida contra el Covid-19, la gripe A y la bronquiolitis causada por el virus sincicial respiratorio. Éste último es mucho menos pediátrico de lo que se cree: en mayores de 60 está ligado a infecciones pulmonares con efectos cardíacos. A diferencia de la triple viral anti-eruptiva infantil, de efectos muy prolongados (exige a lo sumo uno o dos refuerzos en toda una vida), una triple viral respiratoria para ambos extremos de la vida –mayorcitos y chicos- debería reformularse cada año, por la rápida deriva genética de los tres virus mentados. Los patrocinantes de este estudio en el HMC por ahora esquivan dar el nombre. Pero en este nuevo plan triple pasarían de una situación “gallina de los huevos de oro”, como se las dio hasta hace meses con sus vacunas contra el Covid-19, a otra más definible como “la vaca atada”.El médico investigador, Gonzalo Perez Marc, junto al infectólogo, Fernando Polack, están a cargo de los ensayos de la vacuna triple viral En términos regulatorios, además, gastarían menos, porque los relicenciamientos se harían sobre fases 2/3 reducidas. Deberían ser muy expeditivos, cosa de seguirle las gambetas a virus tan mutantes.El Dr. Fernando Polack, infectólogo referente que condujo aquel estudio, resume así esta novedad. “De esta forma te darías una vacuna una vez por año y te sacarías de encima el problema de las respiratorias”. Cualquier mayor de 60 años que ha salido vivo de una neumonía postgripal escucha eso y para la oreja. No sabemos cuándo estarán licenciadas o cuánto costarán estas novedades, ni si estamos –como país- dando nuevamente un activo nacional como el Hospital Militar Central a cambio de nada y sin pedir garantías firmadas de provisión y de precio, como sucedió en 2020.
Sí sabemos que la ley 27573 de vacunas contra el Covid-19 fue redactada para evitar que en la desesperación inicial por importar una dosis salvadora termináramos aceptando garantías raras: una cuenta del Banco Nación, una embajada, unas tierritas fiscales, una fragata, vamos, algún activo militar, aflojen,che, argentos amargos, cambien la Constitución. Porque los abogados de las farmacológicas son gente aprensiva y melindrosa. Necesita desesperadamente poner a sus firmas a salvo de eventuales juicios de mala praxis por parte del país comprador, si en fase 4 (post licenciamiento, ya en etapa de despliegue masivo) resulta que la fórmula mata a más gente de la que salva. ¿Acaso no pasó con la vacuna contra el dengue en Filipinas?Aprietes de las multis significa eso, someterse a la paranoia de una manga de subnormales corporativos, no sólo a sus precios delirantes.Dado que “la Cecilia” es la fórmula con los preclínicos más completos y por tecnología, será de producción barata y rápida, el único argumento que podrá esgrimirse para que el Ministerio de Salud no encare ya el licenciamiento, será tal vez que en 2022 no haya tantos argentinos sin inmunizar.Pero en el escenario de un testeo exitoso de 4000 voluntarios adultos, luego estaríamos bien parados para exportar vacunas a otros países. Según viene de necesidades insatisfechas el mundo, si alcanzamos un punto de cruce lógico entre efectividad y costo, estaremos en carrera.El costo de una “Cecilia”, si entra en producción, se estima en U$ 8 la dosis. Y es argentina.
Daniel E. Arias
PS: Mientras este texto estaba en corrección, llegó la noticia de que el gobierno aceptará un crédito del Banco Mundial por U$ 500 millones para comprar 40 millones de dosis de vacunas contra el covid, y pinta que serán Pfizer y Moderna. Sin comentarios.
El investigador del Departamento de Combustibles Nucleares y referente en transición energética de la CNEA Rodolfo Kempf habla sobre cómo se puede llevar adelante un reemplazo de las fuentes tradicionales de energía y a la vez generar un desarrollo industrial que acompañe esos cambios.
La irrupción del cambio climático está llevando al mundo a buscar nuevas fuentes de energía que reemplacen el quemado de combustibles fósiles, causantes del efecto invernadero. Esta transición energética necesitará de nuevos modelos de desarrollo industrial y permitirá construir nuevos liderazgos mundiales. Desde el Gobierno, se impulsa una agenda para que la Argentina se pueda incorporar a este movimiento de transición y, a la vez, desarrollar un sector industrial que permita el progreso económico y tecnológico del país orientado a esta misión.
Rodolfo Kempf es doctor en Ciencias de los Materiales, investigador principal en el Departamento de Combustibles Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y miembro del consejo directivo de ATE-CNEA. Como referente en temas de transición energética dentro de esa institución, en este reportaje señala los desafíos a los que se enfrenta nuestro país en el reemplazo de las fuentes tradicionales de energía y acerca de cuáles son las opciones disponibles para llevar adelante este cambio en las fuentes de producción energética.
– El mundo se encuentra en un punto en que el que se busca cambiar su matriz energética y cada vez que esto pasó en la historia surgieron nuevos liderazgos mundiales. ¿Cómo encara la Argentina este proceso?
– La Argentina tiene una historia de haberse adelantado en el tiempo en algunos de estos procesos. Uno de los gasoductos más importantes –y de los más extensos del continente– lo inició Gas del Estado, con YPF: son más de 3000 kilómetros desde Comodoro Rivadavia hasta lo que hoy es el AMBA. Hoy, la emergencia climática exige una descarbonización fuerte y aparece la necesidad de un cambio en la matriz energética, de una diversificación que minimice el uso de hidrocarburos. La Argentina es un país periférico, por lo que sería difícil plantearse ser un líder mundial, pero sí somos uno de los tres países en el mundo que están construyendo un reactor modular pequeño, como lo es el CAREM. En la Organización Internacional de Energía Atómica se ha destacado recientemente a la Argentina por el desarrollo y la construcción del CAREM, junto con otros dos países. En ese sentido, estamos liderando y apuntando al concepto de autonomía tecnológica, que es una perspectiva para retomar y afianzar.
– La gran mayoría de los molinos eólicos que hay instalados en el país son importados, ya que la gestión anterior favoreció ese modelo pese a que la Argentina tiene un cluster de energía eólica. ¿Todavía hay espacio para ingresar como jugador industrial en este mercado?
– Sí, y es fundamental. Hace poco se realizó el salvataje de IMPSA, que tiene capacidades de producción de envergadura. Es una situación virtuosa que hay que fomentar en asociación con el Astillero Río Santiago, que está en condiciones de construir los pilares, mientras que IMPSA podría llevar adelante las aspas de estos molinos. Esos son los elementos fundamentales, a lo que se suma todo el conocimiento del cual INVAP fue un promotor. En el caso de la eólica, está claro que el gobierno de Macri pensó a la energía como un apalancamiento financiero más que como un derecho humano del conjunto de la población y en una posibilidad de industrialización de nuestro país. La Argentina es muy competitiva en eólica, tanto por su historia metalmecánica como por el conocimiento acumulado en la caracterización de campos de viento, así como en diseño.
-¿La estatización de IMPSA llegó en un momento ideal?
-Claro, porque tuvimos el camino sinuoso con Vicentín. Lo de IMPSA llegó en un momento justo porque la revitalización del mercado interno va a aparecer como una posible salida con la industrialización post-pandemia. Nosotros tenemos que recuperar nuestras mejores experiencias, nuestra historia y nuestra cultura tecnológica. Los conocimientos acumulados son parte de los bienes comunes de nuestro pueblo. Lo de IMPSA puede sumar a lo que en algún momento planteaba Jorge Sábato como una apertura del paquete tecnológico y el desglose de obras y equipamientos que permiten el máximo aporte posible de capacidad e intervención, que permiten la industrialización con la perspectiva de empresas públicas.
-En algunos lugares, la energía se considera un derecho de las personas y por eso recibe grandes subsidios, como en el caso de Canadá, mientras que en otros se la considera un activo financiero más. ¿Qué postura debería tomar la Argentina en este debate?
-La visión de que es un activo financiero tiene la mirada en la tasa de ganancia de determinadas empresas, ni siquiera en el desagregado del conglomerado industrial. Esto no es exclusivo de nuestro continente. Se suele decir que América Latina es el continente más desigual, con un 70% de pobreza energética, con millones de personas sin acceso a la energía eléctrica, con 8 millones de personas que aún cocinan con biomasa, con leña, rezagos de madera, y, al mismo tiempo, con gran concentración de tierras, donde el 40% del petróleo que se produce se exporta. Tenemos que satisfacer las necesidades del conjunto de la población, en el sentido de que la energía debe ser considerada un bien social y su libre disponibilidad como un derecho humano. La idea de apalancamiento de activos financieros del plan Renov.ar impuso una condición dura de dolarización de tarifas. En ese caso, podemos citar el caso paradigmático de Uruguay, que avanzó mucho en ese esquema de molinos de viento en parques eólicos, que superó la demanda uruguaya y exporta energía y nos la vende más barata de lo que se la cobra a sus pobladores, porque también tuvo la exigencia financiera de la dolarización de la tarifa.
-Suena difícil de aplicar teniendo en cuenta que durante el gobierno anterior se aumentaron mucho las tarifas y mucha gente estaba de acuerdo porque pensaba que la energía era muy barata.
-Sí, depende de con quién se hablaba. Yo recuerdo un momento en que el 60% de la industria tenía capacidad ociosa. Con el tarifazo pasamos a ser casi neutros en carbono pero sin industrializar. Tener un 60% de capacidad ociosa con el tarifazo del gobierno anterior solo trajo despidos, parálisis económica e incremento de la pobreza.
-La transición energética apunta a la electrificación de la matriz y la generación de hidrógeno como vector energético. ¿en qué lugar quedaría Vaca Muerta, que es un yacimiento que necesita muchísimas inversiones?
-Lo que se está llevando adelante en Vaca Muerta es una forma de bombeo que es más agresivo con el ambiente que un pozo petrolero convencional, pero no da un salto en calidad. Lo que se busca es avanzar a una transición energética que descarbonice, que permita desarrollos tecnológicos y de industrialización. En ese sentido, tendríamos que poner más el foco en el hidrógeno como vector para desarrollar renovables asociadas. En celdas de combustible de óxido sólido para aprovechamiento del hidrógeno hay mucho desarrollo científico tecnológico básico y, en algunos casos, se llegó a planta piloto. En eso hay que invertir, para que pueda tener una producción masiva industrial y poder incorporarnos en lo que se conoce como el hidrógeno como vector de energía. Tenemos capacidades que nos permitirían diversificar la matriz incorporando al vector hidrógeno pero con soberanía tecnológica y con la capacidad de escalar un proyecto desde el conocimiento básico a la planta piloto, y luego un entramado industrial. Yo pondría el financiamiento ahí. Al mismo tiempo, y en ese mismo sentido, iría con el desarrollo de la cadena del litio. Nuestro país tiene gran cantidad de investigadores e investigadoras en el área electroquímica, en el área de baterías, y tenemos que industrializar en el territorio de origen. Hay que industrializar el noroeste argentino y dar trabajo y calificación para un trabajo digno, como se hizo con el mineral de hierro y Altos Hornos Zapla. La planta piloto de Y-TEC se podría llevar a escala industrial en Salta, Jujuy o Catamarca, lo que nos falta es el complejo tecnológico industrial en el propio territorio de origen y no solo concentrado en el AMBA.
-¿Hay que seguir invirtiendo en Vaca Muerta para producir hidrógeno azul o hay que ir directo al hidrógeno verde?
-Hay que ir por una diversificación. Vaca Muerta nos permite tener el conocimiento de la tecnología del fracking. Yo preservaría recursos y hay que mantenerlo para poder tener seguridad energética. Tenemos que tener acceso al gas y ampliar la red troncal, para satisfacer las necesidades nacionales y regionales, pero hasta ahí. El peso del financiamiento hay que ponerlo en las cadenas que vienen después, tanto en el hidrógeno como en el litio.
-La Argentina tiene una historia de desarrollo nuclear asociada a la tecnología CANDU pero en estos momentos se está encarando un proyecto con una nueva tecnología, la Hua Long. Deberíamos seguir apostando a CANDU para lograr una planta con diseño propio o se deberían apuntar todos los esfuerzos al CAREM?
-Podemos considerar a todos como proyectos complementarios. En el caso de la Hua Long, hay que apostar fuerte para que se haga la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible, para que no sea como comprar una impresora y después tener que comprar los cartuchos. A la CANDU está planteada mantenerla y reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Hay otros ciclos de combustible en el mundo como el de India, adonde se combina la PWR (reactor de agua presurizada, como el Hua Long) con CANDU. Es un ciclo de combustible que podemos usar en nuestro caso. No hay un antagonismo entre el CAREM, como reactor de diseño nacional, la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible de la Hua Long y el proyecto nacional CANDU con la PIAP y los elementos estructurales de los tubos de presión. De hecho, la Argentina ya ha exportado tubos de presión a la India. Nos inscribimos en la transición energética para dejar la dependencia del carbono y eso combina la energía nuclear con fuentes renovables: la nuclear como energía de base para suplir la intermitencia de las renovables. También con almacenamiento energético que nos permitiría tener al litio y al hidrógeno como vectores de energía. Eso sería una matriz energética diversa. En ese sentido, la energía nuclear debe poder integrar los conocimientos de tecnología que venimos aplicando en el CAREM y fortalecerlo como estratégico.
-Las obras del sector nuclear vienen con mucho retraso, tanto el CAREM, la Hua Long, que ya debería estar en construcción, y el almacenamiento en seco de combustibles gastados. ¿A qué se debe?
-Eso está claro que fue por la desidia de la gestión anterior de Energía. Lo que se intentó hacer con el CAREM fue un negociado con la empresa española IECSA, que terminó quebrando. Fue una mala opción y por eso quedaron paralizadas gran parte de las obras del CAREM. Con la nueva CNEA eso se viene reactivando. Había un conflicto latente con la UOCRA y las nuevas autoridades pudieron desactivarlo. El ASECU II (el almacenamiento en seco de combustibles usados), se coordinó entre NASA y CNEA, y se está avanzando. Entiendo que eso tiene que ver con que tuvimos un año y medio de macrismo dentro la CNEA y de la propia NASA. Se mantuvo esa desidia. Con las nuevas autoridades nombradas en CNEA y NASA hay vientos de avance en el CAREM y también en el almacenamiento en seco de los combustibles en el predio de Lima.
-¿Es posible recuperar a los trabajadores que tienen una calificación difícil de conseguir y quedaron muchos años postergados, como en el caso de la PIAP?
-En la PIAP quedaron algo menos de 100 trabajadores y trabajadoras y hubo una política fuerte de despido, encubierto como retiro voluntario. Eso es lo que hay que retomar, fundamentalmente, porque son trabajadores calificados, conocen la planta y pueden hacer la puesta en marcha rápidamente, no hay que volver a formar a la gente. A pesar del año y medio perdido estamos a tiempo de reincorporarlos y volver a armar un plantel preparado para la producción. También hay que destacar que en la unidad de gestión de NASA hubo centenares de despidos. Era el área que estaba preparada para hacer la Hua Long. Esa recuperación del primer conjunto que se estaba armando para esa etapa es un proceso que tenemos por delante.
«Cuando Andy llegó para la reunión de ventas semanal, el último lanzamiento de cohetes de la compañía se estaba reproduciendo en la pantalla de la pared de su jefa. Los motores rugiendo y el cohete elevándose lentamente hacia el cielo hacían una gran promoción de ventas. Siguió «Vinculando el mundo a través del cielo», el video que muestra cientos de satélites de comunicaciones lanzados por la compañía que se arquean lentamente a través del cielo en sus órbitas, brillando tan intensamente cuando la luz del sol los golpea que no puede ver las estrellas.
«Gran lanzamiento, Marina», dijo cuando miró hacia arriba. “Vendí todas las máquinas tragamonedas que habíamos dejado abiertas y el cliente consiguió todos sus satélites a bordo. Un cliente pequeño y un poco raro, pero tenían su camión cargado y listo para partir «.
«De eso es de lo que quería hablarte», dijo Marina. Ella no sonaba feliz.
«No te preocupes. El pago compensado. Me senté en la oficina del contralor y la vi ingresar la información de pago en nuestro sistema «. Andy nunca permitiría que otro club de robótica estudiantil despegara un cubo antes de que se liquidara su pago. Le encantaba vender y el espacio era un gran negocio, pero la plata es la plata.
«Tenemos el dinero», dijo su jefa. “Pero pagaron en criptomonedas anónimas que no dejaron un nombre en nuestros archivos. ¿Verificaste su puntaje crediticio y su índice de reputación?»
«Er, no …» Había estado demasiado ansioso por impulsar la venta. «¿No demuestra un pago válido que son legítimos?»
Marina suspiró. «¿Obtuviste su nombre?»
«No …» dijo lentamente. “Pensé que el contralor lo puso en el sistema. Es una especie de grupo ambientalista. Necesitaban lanzar una docena de satélites para un experimento. Era urgente, así que les cobré una prima para realizar el primer lanzamiento disponible «.
«¿Te suena el nombre ‘Fundación Espacio Limpio’?»
«No», Andy se encogió de hombros. “No tenían nombre en la puerta. El contralor me dijo que estaban rehaciendo el logo”.
Marina estaba negando con la cabeza y poniendo los ojos en blanco cuando una alerta URGENTE brilló en la pantalla de su escritorio. Andy reconoció el acento del director de seguridad, teñido de un tono ansioso. “Nuestros agentes no pueden descifrar la criptografía, pero parece Espacio Limpio. Deben saber que los tenemos en la lista negra profunda».
«¿Crees que están en la Alianza Kessler?» ella preguntó.
«Sé que están», dijo el de seguridad. «Por eso los rastreamos».
«¿Espacio Limpio?» Andy nunca había oído el nombre.
Marina lo ignoró y miró la pantalla. «¿Alguna señal de problemas en los sats?»
«Estamos trabajando en eso».
Marina miró en silencio a la pantalla. Andy se quedó callado, esperando que el problema pasara.
«¿Tu empleado les vendió algún seguro?» preguntó el jefe de seguridad.
«Lo intenté», dijo Andy.
«¿Qué dijeron que era la carga útil?»
«Equipo científico», respondió Andy.
«No ingresaste nada en el sistema».
«Deben haberme interrumpido cuando lo iba a hacer», dijo Andy, sin querer admitir que lo había olvidado.
«¿Qué hay en su registro de operaciones?» preguntó el de seguridad.
Marina ingresó un comando y leyó desde la nueva pantalla después de que se abrió. “El lanzamiento y la dispersión fueron normales. No activamos la verificación de ruta porque no compraron el paquete de seguro. Las ventas habían aprobado su seguridad «.
«Eso no debería haber sucedido. Tuvimos los controles habituales en los satélites, pero nada que los saboteadores no puedan evitar».
«¿Saboteadores?» Andy espetó. Nadie le había hablado nunca de los saboteadores.
La voz de Marina era helada. “Personas que quieren evitar que los satélites artificiales profanen su cielo y sus estrellas sagradas. Su plan es estrellar satélites entre sí, convirtiéndolos en metralla que llena el cielo y destruye todos los satélites. Se llama síndrome de Kessler. Todo eso ha estado en nuestro nuevo programa de capacitación para empleados desde antes de que te contrataran, junto con una explicación de nuestra lista negra «.
Andy no había prestado mucha atención a la seguridad de la empresa; pensó que hizo su parte vendiendo cosas. «Oh», dijo en el silencio.
«¡Maldita sea!» La voz profunda del jefe de seguridad volvió. “Los 12 sensores que colocamos en sus satélites no han cambiado de velocidad desde 20 minutos después de la dispersión. Pasamos los datos a través de nuestra IA y dice que cada uno de sus satélites llevaba cuatro Tic-Bots. Son equipos militares clasificados que se adhieren a los satélites y los secuestran «.
En el silencio, Andy preguntó: «¿Qué pasa?»
“Los Tic-Bots convierten las naves espaciales del otro lado en satélites asesinos. Desactivan su unidad de propulsión y activan su propio sistema cazador-asesino, que apunta a otro satélite para matarlo por impacto. A 10 kilómetros por segundo, el choque produce mil piezas letales de basura espacial. Hacen una avalancha de metralla «.
«Piense en una reacción en cadena nuclear descontrolada», agregó Marina. «En el peor de los casos, se acabó el juego para todo en la órbita terrestre baja».
Después de otro largo silencio, una maldición estalló en la pantalla. “Colisión detectada. Chocaron dos sats. Las computadoras de seguimiento conectaron sus órbitas y el Tic-Bot «. El jefe de seguridad hizo una pausa. “Nuestro topo dice que Espacio Limpio pasó a la clandestinidad. El cielo será un gran espectáculo de fuegos artificiales. Se acabo.»
Marina miró la pantalla y luego se volvió. Andate, Andy. Ya no te necesitamos».
Al salir del edificio, Andy se preguntó si podría vender binoculares a las personas que observaban las colisiones. Entonces recordó que el contralor había dicho que el cielo iba a estar despejado, y se preguntó si podría vender más binoculares cuando la gente pudiera ver las estrellas.»
La “Medición sobre Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades” es un estudio en gran escala que la Fundación COLSECOR realiza en Argentina. Se hizo en julio de 2021 con 1.567 casos efectivos. La muestra de localidades se diseñó en cuatro estratos no proporcionales, según tamaño de ciudad, con un mínimo de 363 casos y un máximo de 391 por estrato. Posteriormente se calibró la muestra según parámetros censales de sexo, edad y tamaño de ciudad. La conclusiones son, también, grandes.
1 – Hay un deterioro de la calidad de vida comparada con 2020. En esto se achicaron o aplanaron las diferencias entre localidades con diferentes tamaños. ¿Qué refleja lo dicho? Indica que las percepciones sobre la calidad de vida, indiferentemente de la localidad, han sufrido un deterioro se viva donde se viva, sea en pueblos o ciudades. Ante la pregunta: “¿Qué tan satisfecha/o se siente con la calidad de vida en su localidad?”, los datos arrojados en el 2021, enfocándonos en el promedio nacional, daba cuenta que el 67% reflejó satisfacción total o parcial con respecto a la calidad de vida en su localidad, frente a un 79% en el 2020.
2 – Aunque esperable, resulta igualmente impactante: las mujeres tienen menos felicidad, menos optimismo, más tristeza, más preocupación, más stress, más intranquilidad, comparando los resultados de 2020 y 2021.
Comparemos: un 60% de mujeres manifestó felicidad total o parcial frente a un 68% manifestado por los hombres; un 58% de las mujeres percibió optimismo total o parcial frente a un 71% percibido por los hombres; un 31% de las mujeres expresó tristeza total o parcial frente a un 19% por parte de los hombres; un 59% de las mujeres presentó preocupación total o parcial frente a un 47% por parte de los hombres; un 52% de las mujeres declaró stress total o parcial frente a un 43% por parte de los hombres; dejando por último a la intranquilidad, donde un 51% de las mujeres reveló que sintieron intranquilidad total o parcial frente a un 43% por parte de los hombres. Las diferencias son elocuentes.
3 – Hay más tristeza en las ciudades grandes. Tomando como referencia la pregunta: “Pensando en el último mes, ¿Con qué frecuencia diría que se sintió triste?” en ciudades grandes, un 29% de tristeza; mientras que esta cifra se reduce, a medida que decrece el tamaño poblacional. En aquellas que comprenden entre 10.000 y 35.000 habitantes, por ejemplo, sólo un 16% han manifestado tristeza. En las grandes ciudades se registra mayor insatisfacción laboral y más inconformidad con ingresos.
No hay diferencias en la satisfacción con la oferta educativa obligatoria en las diferentes localidades, aunque sí hay un deterioro con la mayor satisfacción corroborada en el 2020 respecto a la educación en todas las ciudades. Las ofertas comerciales y culturales arrojan mayor satisfacción si se comparan ciudades con pueblos y muchísimo más la conformidad con la oferta de especialidades médicas. No obstante, la satisfacción promedio sobre el funcionamiento de servicios públicos es bastante menor en grandes ciudades, así como la insatisfacción con el medio ambiente, la preocupación por las manifestaciones públicas y la preocupación por el tráfico. Ni hablar si se considera a la inseguridad donde hay enormes diferencias sobre su percepción. La inseguridad se percibe mayor que en el 2020 y además mucho más alta en grandes ciudades, bajando considerablemente en pequeños pueblos. La insatisfacción con respecto a la inseguridad en localidades pequeñas con menos de 10.000 residentes alcanza el 32% versus localidades con más de 100.000 habitantes que alcanzan el 71%.
4 – Aumentó la potencialidad migratoria del país comparada a 2020 y ya no sólo es significativa sólo en jóvenes sino en adultos jóvenes también. El panorama migratorio ha sufrido un aumento con respecto al relevamiento realizado en el 2020. Ante la pregunta: “Si tuviera la posibilidad de irse del país ¿cuán probable sería que usted se vaya?”. Observando los datos arrojados en el 2021, el 52% afirmó que se iría o probablemente se iría, frente a un 46% en el 2020.
Entre los jóvenes de 15 y 24 años de edad, quienes que se irían o probablemente se irían alcanza el 60% y en aquellos comprendidos en el rango etario de 25 a 39 años esta cifra se reduce al 59%. Entre aquellos comprendidos entre 40 y más de 59 años de edad, la chance migratoria desciende al 46%, dejando por último aquellos con más de 60 años de edad con el 48%, igualmente considerable.
Otro dato es que se mantiene estable (y alto) es la potencialidad migratoria de ciudades grandes hacia las pequeñas. De acuerdo a los datos arrojados en el 2021, se reafirma que crece la tendencia potencial de los ciudadanos a vivir en lugares que no sean grandes urbes. Tras la pregunta: “Si pudiera mudarse a una localidad pequeña ¿cuán probable sería que se mude?”, el 54% de quienes viven en grandes ciudades afirmó que se iría o probablemente se iría, frente a un 53% en el 2020.
5- Bajó la participación en instituciones: clubes, cooperadoras, asociaciones, grupos sociales o religiosos (salvo en pueblos pequeños). Sin embargo, ha crecido algo la participación política. El involucramiento de ciudadanos en instituciones, clubes, grupos sociales o religiosos es trascendental en términos de participación ciudadana. Sin embargo, un hallazgo significativo en el último relevamiento realizado en el 2021 es que se ha visto reducido la intervención en ellos. Tomando en cuenta los promedios nacionales, un 19% ha participado en clubes en el 2021, frente a un 33% en el 2020, un 16% ha participado en asociaciones escolares o de padres frente a un 28% del 2020, un 6% ha participado en cooperativas frente a un 10% en el 2020, un 21% ha participado en grupos religiosos este año, frente a un 27% del 2020.
Sin embargo, ha crecido la participación en organizaciones políticas con un 19% frente a un 17% del 2020. Y cerca de un 15% ha participado de algún acto de protesta. Se registra más actividad a medida que crece el tamaño poblacional. Protestar es un componente esencial de toda democracia que involucra derechos fundamentales como peticionar a las autoridades y expresarse en libertad. Frente a la consulta, “En los últimos meses ¿algún miembro de su hogar ha participado en actos de protesta, marchas o manifestaciones por desacuerdo con la acción de gobierno?”, el promedio nacional arrojo un 15% de positividad. Sin embargo, si desagregamos el dato por tamaño poblacional, se registra más actividad a medida que asciende la cantidad de habitantes.
Dentro de las acciones políticas, la firma de alguna petición involucra a un tercio de la población. Lo mismo la queja en redes sociales. Dentro de la esfera política, la acción política por parte de la ciudadanía es un derecho fundamental. Frente a la consulta, “En los últimos meses ¿algún miembro de su hogar ha firmado una petición en alguna plataforma digital?” el 32% respondió de manera afirmativa. El mismo caso, frente a la pregunta “En los últimos meses ¿algún miembro de su hogar ha participado o se ha quejado activamente en redes sociales?” el 36% respondió de manera afirmativa. Un dato: la mayor actividad en ambas preguntas se da con personas con mayor nivel educativo.
6 – La solidaridad es más valorada que la libertad y que el “sálvese quien pueda”. También es mayor que la autoridad. La solidaridad es un sentimiento basado en intereses comunes o la incesante búsqueda de la sociedad de actuar como un todo. En el relevamiento realizado en el 2021, cuando se consultó “En el día a día de la pandemia, priorizo la solidaridad y el bienestar general”, el promedio nacional arrojo una cifra de conformidad del 77%. Contrariamente, se consultó, “La pandemia impone a todos, una situación de “sálvese quien pueda”, arrojando un promedio nacional de conformidad del 36% y “En el día a día de la pandemia, priorizo la autonomía y la libertad personal” con un promedio nacional de conformidad del 46%.
¿Qué nos indican los datos arrojados? A pesar de estar viviendo un contexto pandémico, el sentimiento de cooperativismo, solidaridad y bienestar colectivo se destacó por sobre la autonomía y las libertades personales. Incluso cuando se mide a estos conceptos en una escala del 1 al 10, la solidaridad promedia 9 puntos, la libertad 8 y la autoridad 7. Estos valores cobran más sentido si se considera que también bajó la confianza tanto en el estado como en el mercado. Bajó la colaboración social para resolver algún problema comunitario en las ciudades, pero sigue siendo muy alto a medida que desciende el tamaño poblacional.
El explorador robótico Perseverance logró recolectar dos muestras de suelo marciano. Tras el análisis inicial, Nasa informó que provienen de rocas, probablemente de origen volcánico, y que contienen toques o pizcas de sales que pueden retener burbujas de agua antigua y que darían pistas de cómo se formó esa área, su historia de agua y si alguna vez hubo vida allí.
“Este es un gran lugar para explorar hábitats antiguos, es un gran lugar para buscar vida. Como una ventaja adicional, justo fuera del borde del cráter Jezero se encuentran algunas de las rocas más antiguas y mejor expuestas en Marte de un período de tiempo incluso mil millones de años antes», destacó Bethany Ehlmann, investigadora del Laboratorio de Propulsión Jet de la Nasa.
Se prevé que el Perseverance continúe recolectando muestras de roca y del suelo, y las deposite en tubos del tamaño de lápices. Posteriormente, si todo sale según lo planeado, en 2028, un rover de la Agencia Espacial Europea amartizará en Marte, recogerá las muestras y las traerá de vuelta a nuestro planeta sobre el año 2031.
El doctor Scott Hubbard, profesor de la Universidad de Stanford, destacó que “este es un gran paso en lo que la comunidad científica ha querido durante más de 50 años, que es traer muestras del planeta rojo. El primer intento fue una decepción, pero Marte siempre te sorprende”.
El Gobierno nacional dictó el DNU N° 678/2021 para «disponer medidas preventivas generales y regular la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico …, en el marco de la pandemia». Entre las medidas figura que no será necesario el uso de tapabocas, siempre que sea al aire libre y cuando se circule a más de dos metros de distancia de otras personas.La nueva flexibilización será tendrá vigencia desde el 1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021. También se regularizan los viajes de egresados o similares, siempre que cuenten con autorización de las jurisdicciones provinciales. Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados, podrán utilizar, como máximo, el 50 por ciento de la capacidad autorizada.
Los detalles del nuevo DNU
?Sigue vigente la necesidad de mantener distancia social (de al menos dos metros entre las personas) y el uso de tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos, pero ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas.
?Para reducir la circulación del coronavirus continúa siendo necesario ventilar los ambientes en forma adecuada y constante e higienizarse las manos frecuentemente.
?Todas las actividades deberán realizarse según los protocolos y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
?En ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de “caso confirmado”, “caso sospechoso” o “contacto estrecho” de COVID-19.
?Se autorizará la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario que deberán cumplir, además de los protocolos de las autoridades sanitarias, con ciertas condiciones.
-Los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes o similares, deberán contar con autorización de las jurisdicciones provinciales de destino y permanencia; todas las personas integrantes del contingente deberán contar con un test de antígeno negativo al embarcar; al regreso deberán realizar un test de antígeno previo al abordaje del transporte de regreso. En caso de resultar positivo alguno de los tests se coordinará con las autoridades locales para el aislamiento de los casos y sus contactos estrechos. Además, aquellas personas que no cuenten con esquema completo de vacunación 14 días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de siete días y, por su cuenta, un nuevo testeo que deberá ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia por el laboratorio. El control de la realización del testeo estará a cargo de la empresa de viajes.
-En los viajes grupales de jubilados y jubiladas todo el contingente deberá presentar esquema de vacunación completo ocurrido por lo menos 14 días previos al inicio del viaje.
-Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados, podrán utilizar, como máximo, el 50 por ciento de la capacidad autorizada. Además, deberán requerir a quienes concurran esquema completo de vacunación ocurrido al menos 14 días antes.
-En el caso de los salones de fiestas, alternativamente al esquema de vacunación, podrán solicitar un test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas.
-Los eventos masivos de más de mil personas en espacios cerrados podrán utilizar, como máximo, el 50 por ciento de la capacidad autorizada y deberán requerir el esquema de vacunación completo o al menos una dosis de vacuna más test diagnóstico negativo. Si el evento se realiza al aire libre podrán deberán requerir a las personas concurrentes mayores 18 años que cuenten con al menos una dosis de vacuna aplicada.
?Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales con la finalidad de contener los contagios por COVID-19.
?Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
?Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
?Solo estarán dispensados del deber de asistencia al lugar de tareas, con carácter excepcional, los trabajadores y las trabajadoras a los que comprende el artículo 3°, incisos V y VI, de la Resolución 627/20 del Ministerio de Salud, es decir, personas con inmunodeficiencias: congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave, VIH dependiendo del status y personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis; pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
?Se establece la presencialidad en el trabajo para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional.
?Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.
?Se prorroga hasta el día 31 de octubre de 2021 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, y sus sucesivas prórrogas. Quedan exceptuadas de la prohibición de ingreso establecida en el artículo 1° del decreto precedentemente citado, las personas nacionales o residentes de países limítrofes, siempre que cumplan con las indicaciones, recomendaciones y requisitos sanitarios y migratorios para el ingreso y permanencia en el país establecidos o que se establezcan en el futuro.
?Sin perjuicio del citado decreto se podrán establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país con el objeto de implementar actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieran autorización los Gobernadores o las Gobernadoras o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, las autoridades locales deberán presentar un protocolo de abordaje integral aprobado por la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplir las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse.
?A partir del 1° de noviembre de 2021, se restablece el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes, siempre que cumplan con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se establezcan en el futuro. El mismo se realizará por los corredores seguros establecidos en los términos del artículo 16 del Decreto N° 260/20
?El Jefe de Gabinete de Ministros puede suspender o modificar las normas previstas, de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario y del avance de la vacunación contra la COVID-19, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.
?El Ministerio de Salud definirá los corredores seguros aéreos, marítimos, fluviales y terrestres, determinando los puntos de entrada al país, trayectos o lugares que reúnen las mejores capacidades para responder a las necesidades sanitarias y epidemiológicas, los cuales serán notificados a las autoridades competentes para su implementación. Mientras esté vigente la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país, la Dirección Nacional de Migraciones podrá autorizar el tránsito vecinal fronterizo cuando se verifiquen las condiciones epidemiológicas y los requisitos que la autoridad sanitaria nacional considere necesarios.
(La primera parte de este artículo está aquí; la segunda, aquí)4. ¿Aún vale la pena una vacuna enteramente nacional?Llevamos gastados en importaciones inseguras más de 1661 millones de dólares. Licenciar una fórmula propia en fase 2/3 saldría aproximadamente 24 millones de dólares. En la fase 2/3 del prototipo de “la Cecilia” se testeará como vacuna de refuerzo y de resguardo ante cambios del virus. Y mostrará –o no- su eficacia. Con pocos argentinos no vacunados como se espera tener en otoño de 2022 y una circulación viral difícil de predecir, no tendría sentido realizar las inmensas pruebas de fase 3 de 2020. Es más, será imposible. Aquellas fases 3 se hicieron con estudios de entre 30.000 y 60.000 voluntarios sanos “a doble ciego”. Esto ya se explicó mil veces, pero ahí va de nuevo: se dividía al grupo total en dos cohortes, la “vacuna” y la “control” y se asignaban sus miembros al azar. Ningún voluntario sabía en cuál subgrupo había caído hasta terminada la prueba. Todos eran inyectados, los de la “cohorte vacuna”, con la fórmula, los del grupo control, con solución salina. Pero nadie (ni los profesionales en contacto con los voluntarios) sabían qué le toco a quién. Y de eso se trata: de eliminar el efecto protector de la esperanza en el medicamento. Existe, y logra torcer mucho las cifras. Luego se esperó a que se enfermaran una cifra cercana al centenar, lo que supone que, con una letalidad de alrededor de entre el 2 y el 4% como la del Covid-19 en 2020, murieron unos cuantos. Ciencia despiadada, pero en 2020 no había nada mejor. Al llegar al número de enfermos y muertos considerado matemáticamente “de corte”, se levantaba el secreto para ver si los enfermos se habían agrupado mayormente en “el grupo control”, el que había recibido placebo y no vacuna. El grupo vacunado, en cambio, debía estar estadísticamente más libre de enfermedad sintomática, de casos graves y de muertes. La comparación numérica entre ambos grupos daba porcentajes de eficacia bastante indiscutibles, máxime si los estudios eran de decenas de miles e incluían población especialmente vulnerable, como mayores de 50. En junio o julio del año pasado, la circulación viral era tan bestial que una fase 3 se terminaba en dos meses: en el mundo no había casi nadie vacunado, sólo algunos curados con algo de resistencia a reinfección. Una prueba de éstas con 30.000 argentinos en 2020 habría salido unos U$ 180 millones. Aquí suena a muy caro, pero para las “Big Pharma”, era un regalo. De modo que acudieron a hacer parte de sus fases 3 Pfizer, Sinopharm, Sinovac y Johnson & Johnson: el costo argentino era bajo y la circulación viral, alta. Alguien negoció MUY mal por la Argentina, porque a cambio del favor no recibió compensación alguna en forma de certezas de provisión, o buenos precios de entrega. No faltan quienes celebran el respeto internacional que inspiramos como cobayos “con onda”. Aún así, en 2022 casi no habrá compatriotas sin su doble pinchazo. En cuanto a la circulación del virus, para estimar cuánto durarán las fases 3 de nuevas vacunas argentinas, es bastante impredecible: depende de futuras mutaciones del virus, que no ha dado sus planes a publicidad. Incluso sin estar acorralado en absoluto (hay 4800 millones de humanos a espera de su primera vacuna), el SARS CoV2 viene dando pruebas de reinventarse rápido. Es un Houdini, como el virus gripal: va camino de volverse un gran escapista. Por ello, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica) podría aprobar fórmulas argentinas que simplemente susciten una respuesta potente de anticuerpos en 4000 personas, todas ellas ya portadoras de otras vacunas. En el nuevo panorama, una medición de eficacia se vuelve muy económica. La UNSAM recibió $ 60 millones (pesos, no dólares) de la Agencia I+D+i (un ente autárquico de promoción tecnológica en el área del Ministerio de Ciencia, MinCyt). “La Agencia”, como se la llama en el ambiente, otorgó partidas equivalentes para las vacunas ArgenVac de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y a la de la Fundación Instituto Leloir. Esta plata a lo sumo permite completar los estudios preclínicos y entrar a la fase 1, o “de seguridad”, sobre 100 voluntarios sanos. De ahí en más, los costos se disparan. A U$ 6000 (dólares, no pesos) por voluntario, pero con el valor del peso en picada, el subsidio de La Agencia a fecha de hoy cubre la mitad de una fase 1. Para una fase 2/3 completa y licenciar “la Cecilia” se estima una factura de U$ 24 millones. Dólares, quede claro. Hace casi un año que hay un industrial farmacológico calentando motores y listo a producir “la Cecilia”: el laboratorio Pablo Cassará. 4. Competidores nacionales, segundo y tercer pelotónLa CoroVacx G.3 de la Fundación Instituto Leloir (FIL) terminó sus ensayos de pre-fase y está lista para estudios de seguridad. Los frasquitos sugieren que el fabricante podría ser Inmunova, una empresa incubada en la UNSAM con mayoría accionaria del grupo INSUD.El MinCyt repartió, imparcial, otros dos óbolos equivalentes, de 60 millones de pesos, a dos vacunas argentas que vienen remando detrás de “la Cecilia”. Son las fórmulas de la FIL (Fundación Instituto Leloir) y la de la UNLP (Universidad Nacional de la Plata). Pero hay un tercer pelotón: con las propuestas de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral y el INTA Bariloche, la lista de aspirantes podría llegar a 6. La de la FIL es una vacuna a vector viral recombinante, es decir de 2da generación: es la más compleja entre las nacionales. Se parece a la AstraZeneca, pero intenta ser suficientemente eficaz con una única dosis, como trataron la yanqui Johnson & Johnson y la china CanSino (y alcanzaron un 66,3 y un 65,7%). Superar –y mucho- el 70% a monodosis no es imposible. Lo logró la Sputnik-V: un estudio sobre 186.581 mayores entre los 60 y los 79 años del MinSal de la Provincia de Buenos Aires indicó una efectividad del 78,6% para evitar casos de COVID-19, del 84,7% para evitar las muertes y del 87,6% para reducir hospitalizaciones. Impresiona bastante, pero con una sola dosis de Sputnik-V estás mejor que con dos de AstraZeneca… (ver aquí). Nihil obstat, conseguir la 2da dosis de la Sputnik-V sigue siendo un problemazo: los rusos no entregan. Y como posible sustituto, la CoroVaxG.3 podría encontrar un nicho inicial: usa el mismo adenovirus vector. La vacuna de la FIL tendría un fabricante (?) externo, Vaxinz,cuya página de internet muestra un “start-up” organizado para la ocasión en Los Angeles, EEUU, con una filial en San Pablo, Brasil, 4 empleados y al parecer sin instalaciones industriales propias. Lo que desconcierta no poco, porque al dar la noticia de terminación de sus estudios preclínicos, la FIL publicó una foto de dosis con el marbete de Inmunova, una empresa de Insud incubada en la UNSAM, la misma que el año pasado logró la aprobación del suero equino hiperinmune como terapia de Covid-19 sintomático entre leve y agudo. Este suero ya se usó con efectividad en al menos 20.000 pacientes desde su aprobación por la ANMAT, lo que certifica una empresa chica pero real. Esas diferencias importan. En AgendAR llamamos “argentinas” a las vacunas diseñadas, aprobadas y fabricadas íntegramente en el país y por empresas nacionales. Y no lo hacemos por patrioteros sino por cautelosos. Porque ni la AstraZeneca “made in Garín” pero terminada en México se consigue fácil, ni tampoco llega en cantidades que muevan el amperímetro la Sputnik-V fabricada en Rusia, pero terminada en Pilar. No es argentino todo lo que dice serlo. El que se quemó con leche, ya se sabe… Un posible lugar de fabricación de la fórmula de la FIL sería la propia mAbxience, cuando haya terminado su contrato con la fundación Slim y AstraZeneca, cuya fecha de expiración ignoramos. No sería de asombro. El grupo Insud viene copando todos los wings de la pandemia de Covid-19 en Argentina: así como “in illo tempore” todos los caminos conducían a Roma, hoy todo debe pasar por Garín. Para lo cual Insud ha mostrado no poco lobby en el MinSal. En días menos tranquilos para el Dr. Ginés González García, cuando todavía encabezaba el MinSal, salía en fotos con el Dr. Hugo Sigman, dueño de Insud. Eso es raro: Sigman se resigna a la fama como Ud. o yo al dentista. Nunca quiso ser un Steve Jobs, un Jeff Bezos o un Elon Musk de la biotecnología. Es un zar de bajísimo perfil, que emplea a más de 8000 personas en 40 países y sabe desplegar sus generales, y estos sus espadas. La Mgra. Sonia Tarragona, jefa de gabinete del MinSalSonia Tarragona es economista con una maestría en salud pública, docente de la UNLP en lo mismo, ex subsecretaria de medicamentos del MinSal y hoy su Jefa de Gabinete (es decir, es la número 2 de ese ministerio). Es una experta del riñón de la Fundación Isalud, de Ginés González García, pero dirigió también la Fundación Mundo Sano, delaDra. Silvia Gold, esposa de Hugo Sigman. Y con Vizzotti apagando incendios, Tarragona decide si una vacuna nacional entra en estudios de fase o muere archivada. Es temida. Bagó, por su parte, como ya se explicó, es socia de Insud en Biogénesis, la mayor productora de vacunas antiaftosa del mundo. Y Biogénesis Bagó, mAbxience y Sinergium Biotech distan una de otra un minuto a tranco de garinense a pata. Razón por la que tampoco asombra que otra vacuna argentina en gateras, la del médico, veterinario y virólogo Sebastián Pappalardo, responsabledelLaboratorio de Nanomedicina Veterinaria de INTA Bariloche, ya venga de la mano de Bagó. Los virólogos criollos con vacunas propias ven luz en Planeta Garín, tocan timbre y se asocian, buscando el único padrinazgo local tan robusto como para capear un proceso de licenciamiento en la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica. La ANMAT fue creada durante la primera presidencia del difunto Carlos Menem con el mandato legal de aprobar automáticamente (sic) todo medicamento que haya alcanzado el licenciamiento de la Food and Drug Administration (FDA) de los EEUU. Extrañamente, la FDA no aprueba automáticamente todo aquello que la ANMAT licencia. Por MUY distintas razones, ni la FDA ni Menem nos explicaron por qué. Es fama que en nuestra agencia reguladora, por timidez de los funcionarios a poner el gancho en novedades demasiado nativas, las carpetas correspondientes se cubren de polvo. Salvo que te ayude alguien con mucho plumero. Y en “Planeta Garín” sobra. El panorama en la competencia argentina por licenciar es éste: los $ 60 millones del MinCyt son un empujón, pero el único ministerio con bolsillos y autoridad para hacerte entrar en pruebas de fase es el de Salud, que hasta hoy no puso un centavo en ninguna fórmula nacional ni dio luz verde a nadie para iniciar ensayos de fase en la ANMAT. Razón por la cual lo disponible hoy es todo importado, razón por la cual sigue siendo bastante indisponible. El segundo pelotón de aspirantes a fabricar vacunas argentinas contra el SARS CoV2 se cierra con la ArVac de la UNLP. Es una fórmula de primera generación, como “la Cecilia”. Funciona a fracciones llamadas RBD del antígeno Spike. RBD significa “receptor binding domain”, y designa a secuencias de aminoácidos muy resistentes a deriva genética del SARS CoV2. En cortito: no cambian. Es entendible que cambien poco, porque son los puntos con que el antígeno Spike reconoce la proteína ACE 2, su garfio de abordaje en las células humanas a infectar. Y como garfio, está muy optimizado por la evolución. Se encastra en la ACE2 con un encaje llave-cerradura. La ACE2 a los humanos nos sirve para otras cosas, pero el virus SARS CoV2 ha logrado explotarla como puerta trasera.Otra imagen del antígeno viral Spike. La gente curada de covid suele tener anticuerpos contra 3 regiones de esa proteína: anti-RBD, anti-NTD y anti-S2. Las vacunas como las de la UNSAM o la UNLP pueden usar estos 3 antígenos, el S2, el NTD y el RBD, pero el último es el más invariable y por ende el más factible de atajar futuras mutaciones virales. Las RBD son garfios moleculares poco mejorables. Tanto así que, por la continua deriva genética del virus SARS CoV2 y el tamaño global de la pandemia, el RBD desarrolla millones de variaciones nuevas. Pero en su inmensa mayoría funcionan peor y quedan descartadas por el triunfo reproductivo de las variedades más competitivas. Darwin puro. “La Cecilia” de la UNSAM y la ArVac de la UNLP te inyectan fracciones RBD, es decir partes de una parte casi invariable del virus. Son fragmentos de proteína elegidos por su capacidad irritante. No son genes: no contienen ni transportan información. Son vacunas no codificantes. Pero acompañadas por un coadyuvante “polenta”, esas fracciones RBD levantan una respuesta enérgica de anticuerpos segregados por los linfocitos B del sistema inmune. También activan, al parecer, los linfocitos T “asesinos” (que matan a las células infectadas) y las “de memoria”, que facilitan una respuesta rápida de toda la orquesta inmune en caso de re-infección. En el caso de la vacuna platense, las fracciones RBD están combinadas con nanopartículas producidas por el equipo del Dr. Omar Azzaroni del INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, de la UNLP y el CONICET). El resultado permitiría una administración doble: o por inyección, o por aspiración, a través de las mucosas nasales. La idea del elenco de la UNLP se parece un poco al de una vacuna yanqui aún no licenciada, la Novavax. La administración nasal abarataría mucho cualquier campaña vacunatoria. Habrá que fabricar las decenas de miles de litros de la fórmula, en una u otra presentación, pero no sabemos qué laboratorio lo hará. De todos modos el Dr. Guillermo Docena, del IIF (Instituto de Investigaciones Inmunológicas y Fisiopatológicas) estima que terminar la fase preclínica e iniciar estudios de fase con humanos le insumirá al menos 18 meses (ver aquí). Seguramente Docena y Azzaroni están pensando en algún fabricante, pero no indicaron cuál ni apuntan a un precio, por ahora. Lo seguro es que vivir de importaciones resulta más caro. Basta mirar los contratos que firmó el MinSal (disponibles aquí). Los proveedores son AstraZeneca, el RDIF (Fondo Ruso de Inversión Directa), el Serum Institute de la India, Sinopharm, Moderna, CanSino (una vacuna china poco mentada en estos pagos) y Pfizer. Suman hasta ahora U$ 1.661.022.520,00 sin los fletes. Repetido en letras para disipar dudas: algo más de mil seiscientos sesenta y un palos verdes. Ahora Ud., lector/a, acaba de comprender que gastar 24 palos verdes en tener al menos UNA vacuna propia no es tan caro. Algunos dólares de la parva que estamos exportando al Reino Unido, Suecia, Rusia, la India, China, Estados Unidos y Alemania podrían quedar aquí.
Las consultas por emergencias, internaciones, operaciones y controles de enfermedades cardiovasculares disminuyeron durante 2020 y principios de 2021 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Si bien se están recuperando, aún no alcanzan los niveles pre pandémicos, por lo que especialistas convocan a «retomar los cuidados del corazón».
«La cuarentena y el confinamiento impuestos por la pandemia de Covid-19 más el temor de la gente al contagio se tradujeron no sólo en un abandono de las consultasprogramadas al médico, sino que también contribuyeron al empeoramiento de algunos factores de riesgo», señaló a Oscar Mendiz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro, y jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista.
Según un relevamiento realizado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento (Adecra+Cedim), durante abril y mayo de 2020 disminuyeron 74% las consultas por emergencias, 73% por cirugías generales y 62% por anginas de pecho o síndromes coronarios agudos.
También se redujo 46% la cantidad de personas que ingresaron por accidentes cerebrovasculares (ACV) y 16% las prestaciones de quimioterapia y radioterapia.
«Todavía hay algunas actividades que están por debajo si se compara con 2019: por ejemplo, en las internaciones generales»
«Estas estadísticas se fueron recuperando pero todavía hay algunas actividades que están por debajo si se compara con 2019; por ejemplo, en las internaciones generales», describió Mendiz, uno de los profesionales que asesoró en la página de consulta gratuita cuidandotucorazon.com
El especialista señaló que «esta disminución de consultas y llamadas al servicio de emergencia han aumentado en todo el mundo la mortalidad cardiovascular y, más aún, los pacientes que llegaron al hospital tuvieron una mortalidad mayor que los que se habían internado en igual periodo del año previo, lo que significa que llegaron tarde».
«Pero más allá de los que ya fallecieron por llegar tarde, la falta de controles de las patologías crónicas –sobre todo de las que tiene gran mortalidad como la estenosis valvular aórtica severa– seguramente van a tener impacto a largo plazo», agregó.
Mendiz advirtió que mucho más de lo que suceda con el control de los factores de riesgo, como los pacientes que aumentaron su peso, que no controlaron su hipertensión, colesterol o diabetes, «van a tener una afectación en sus órganos que no podemos todavía cuantificar, pero que sabemos que tendrá un impacto en cantidad y calidad de vida por muchos años».
En el mismo sentido, el cardiólogo Mario Boskis, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), señaló que «no hay duda que la pandemia generó un trastorno importante en nuestro estilo de vida alterando nuestras rutinas, lo que llevó en muchos casos a descuidar nuestra salud cardiovascular».
«La enfermedad cardiovascular en Argentina (y en el mundo) es la primera causa de muerte y produce cerca de cien mil fallecimientos anuales», agregó este experto.
«No sólo concurrimos menos a las consultas médicas preventivas, ya sea por el aislamiento obligatorio o por el temor a contagiarse, sino también dejamos de hacer actividad física y descuidamos hábitos alimentarios», coincidió el especialista, quien advirtió que «si bien no hay datos unificados a nivel nacional, desde la SAC se estimó una caída cercana al 50% en la internación en Unidad Coronaria en hospitales públicos y privados entre el inicio de la pandemia y junio de 2020».
«No concurrir a una guardia ante la presencia de síntomas lleva a la posibilidad de que estos pacientes puedan fallecer fuera del ámbito hospitalario, lo que genera un exceso de muertes que se podrían haber evitado con la consulta», añadió.
Consultas pre pandemia
Juan Furmento, jefe de Emergencias del Instituto Cardiovascular (ICBA), detalló que en relación al período prepandemia actualmente están atendiendo 10% menos de consultas en guardia. «Sin embargo, el porcentaje de pacientes que se internan pasó del 9 al 20%, lo que indica una mayor gravedad de las consultas«, precisó.
Juan Pablo Costabel, jefe de Unidad Coronaria de la misma institución, alertó que «si bien esta situación (el descenso de consultas y controles) se ha ido recomponiendo en los últimos meses, todavía no llegamos a los niveles prepandemia, lo que nos impulsa a insistir con la concientización sobre el cuidado del corazón».
Según la Federación Argentina de Cardiología (FAC), entre 2000 y 2010 se había logrado reducir un 22% la mortalidad cardiovascular en Argentina «gracias a la implementación de programas de prevención, diagnóstico con avanzadas técnicas de imagen cardíaca y un óptimo y renovado intervencionismo cardiovascular».
«Estos avances se vieron afectados por la pandemia de Covid», indicó Eduardo Perna, presidente de la FAC, y enfatizó que «los servicios de emergencia de los centros de salud están preparados para atender pacientes con la protección necesaria» y alentó a la población a no dejar de realizar una consulta por pensar que se va a contagiar.
En este sentido, Boskis también alentó a retomar controles: «Con la disminución de casos de Covid-19 en Argentina y el relajamiento de las restricciones, se vislumbra la posibilidad de entrar, con mucha cautela, a una nueva normalidad; mientras tanto, actuemos responsablemente, manteniendo las medidas de cuidado e incluyendo a nuestro corazón en ellas».
Pero más allá de volver a las consultas y controles, muchas personas también se encuentran retomando la actividad física, para lo cual Analía Aquieri, cardióloga del Departamento de Cardiología del Hospital de Clínicas, recomendó «realizar controles clínicos cardiológicos».
Entre las situaciones que se presentan hoy en los consultas, Aquieri describió que «es frecuente que nuestros pacientes nos refieran palpitaciones; muchas veces este síntoma no se traduce en un problema grave de salud, pero debemos tener en cuenta que puede estar asociado a una secuela post Covid-19, e investigar mediante estudios específicos».
Embraer, el fabricante aeronáutico brasileño, presentó a las compañías estadounidenses su nuevo turbohélice en el mercado con menos asientos de los que fueron anunciados al público.
La inédita aeronave aún sin nombre que llevará el fuselaje de los populares E-Jets, con configuración de alas y motores similares al del CBA-123, representa un movimiento muy importante deEmbraer, que busca reemplazar con este modelo a los primeros ERJ, precisamente al E135 y al E145.
El ERJ representa uno de los hitos históricos de Embraer, ya que gracias a ese modelo, el fabricante había logrado ingresar de lleno en el mercado norteamericano, el más grande de la aviación global regional.
En aquel momento, la aeronave fue fabricada para ese tipo de mercado, con un máximo de 50 asientos, ya que había un tope de peso que le impedía superar ese número y que existía un acuerdo definido por los sindicatos de pilotos, en el cual estaba dictaminada esa cantidad como límite.
En rutas menos densas y sin un reemplazo muy claro, todos los ERJ-135/145 y sus competidores canadienses CRJ-100/200 siguen operando al día de hoy. Se trata de aeronaves de los años 90, con proyectos compartidos de jets ejecutivos y que ya demuestran a flor de piel el paso de los años. Por consiguiente, Embraer busca que su nuevo turbohélice sea la perfecta elección natural para la renovación de cualquier flota.
La presentación formal en Estados Unidos se dio este lunes 27, en la reunión anual de la Asociación Regional de Aerolíneas de EE.UU.: La idea principal es la de seguir gran parte de la estrategia del competidor: tomar una aeronave de 70 asientos y reconfigurarla a 50, cumpliendo de igual forma con las clausulas del gremio de pilotos que limitan a las unidades por categoría de capacidad.
Nota de AgendAR:
Este avión es la versión actual del Embraer/FMA CBA 123 Vector. Un avión turbohélice diseñado en los ’80 para servicios regionales, que podía llevar hasta 19 pasajeros.
Fue desarrollado por un consorcio entre Embraer y la entonces Fábrica Militar de Aviones, FAdeA. Por eso lleva «CBA» en su nombre, las siglas de «Cooperación Brasil-Argentina». El avión fue uno de los turbohélice más modernos de su tiempo, que incluía novedades tecnológicas en cuanto a aviónica, aerodinámica y propulsión.
La única diferencia estructural entre estos aviones separados por tres décadas son las turbohélices en posición «puller», en lugar de «pusher». Si ahorran suficiente combustible, este diseño va a andar muy bien en cabotaje entre aeropuertos de ciudades chicas y medianas.
Conceptualmente es algo muy nuevo: bajarse del motor turbofan al turboprop, del alto consumo de combustible al ahorro, de los 900 km/h a los 600 de velocidad crucero, y del esquema «hub & spoke», con grandes aeopuertos de transbordo, a los viajes punto a punto entre aeropuertos chicos.
Lo que enfurece a quienes quieren una industria aeronáutica argentina es que el CBA 123 se hizo en sociedad entre el Área de Materiales de la FAA y Embraer. Había dos prototipos recorriendo ferias aeronáuticas, y centenares de pedidos de informes por parte de aerolíneas chicas. Era revolucionario entonces por el precio del combustible, y vuelve a serlo hoy por el impacto de emisiones de gases invernadero y la saturación de los trasbordos, y sus esperas.
Bastó que coincidieran Fernando Collor de Melo en Brasil y Carlos Menem en Argentina para archivar el proyecto. Ahora Embraer lo reflota sola: ya no nos necesita.
La falta de alimentos, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), haciendo un llamado urgente a reducir la cantidad de alimentos que se desperdician.
De acuerdo con datos de la FAO, 931 millones de toneladas o el 17% de los alimentos que se produjeron en 2019 acabaron en la basura de las familias, los comercios minoristas, los restaurantes y otros actores del rubro de la alimentación.
En tanto, hoy811 millones de personas padecen hambre y 132 millones enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional, debido a la pandemia de COVID-19. En términos de dinero, la pérdida de alimentos anual se estima en 400.000 millones de dólares.
Asimismo, la FAO recalcó que los alimentos que no se consumen suponen un desperdicio de recursos como la tierra, el agua, la energía, el suelo, las semillas y otros insumos utilizados para su producción.
El 17% de los alimentos que se produjeron en 2019 acabaron en la basura
La directora adjunta de Desarrollo Económico y Social de la FAO, Nancy Aburto, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra que el problema del desperdicio de alimentos es mundial y que no se limita a las naciones ricas.
“La inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo, ninguno está exento. Unos 811 millones de personas sufren hambre; 2000 millones tienen deficiencias de micronutrientes, es decir, deficiencias de vitaminas y minerales; y millones de niños padecen retraso del crecimiento y emaciación, formas mortales de desnutrición”, detalló.
La funcionaria advirtió que, debido a su alto costo, las dietas saludables están fuera del alcance de la gran mayoría de las personas de todas las regiones del mundo, incluida Europa.
Asimismo, afirmó que los países necesitan adoptar herramientas innovadoras para reducir el desperdicio, y citó como ejemplo los nuevos empaquetados que pueden prolongar la vida útil de muchos alimentos o las aplicaciones para teléfonos inteligentes que acercan a los consumidores y a los productores, acortando el tiempo entre la cosecha y el consumo del alimento.
“La inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo, ninguno está exento. Unos 811 millones de personas sufren hambre; 2000 millones tienen deficiencias de micronutrientes, es decir, deficiencias de vitaminas y minerales; y millones de niños padecen retraso del crecimiento y emaciación, formas mortales de desnutrición”, advirtió la directora Aburto.
Las entidades empresarias de la provincia de Buenos Aires, que agrupan sobre todo a las pymes, quieren impulsar la radicación de la producción donde está la materia prima o su mercado, con la meta de “abrir el Conurbano”, generando productividad en las economías regionales.
“La creación de parques industriales es una de las políticas a incentivar”, subrayó Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires – CEPBA.
El dirigente empresario pidió, además, promover el Puerto y la zona franca de La Plata, como así también la unión de empresas por sector y región, para promover la especialización en un trabajo conjunto con universidades y formar profesionales.
“Pero el problema principal y más urgente son las empresas que cerraron por la pandemia y están en condiciones de reabrir, pero están fuera de los programas de los gobiernos. Esos programas consisten principalmente en subsidios de tasas pero siempre en el marco de créditos blandos bajo el régimen de la normativa del Banco Central y la Ley de entidades Financieras, que es de la epoca de la dictadura”.
“Hay que generar un amplio programa de reapertura y recuperación de pymes y puestos de trabajo que por la pandemia y las medidas de macroeconomía cerraron sus puertas y están con cheques rechazados, juicios laborales e impositivos y demás problemas propios de un cierre no voluntario y que los excluyen del «scoring» para acceder a créditos y programas del Gobierno».
Tampoco los ANR (aportes no reembolsables) se direccionan para estas pymes. Y las entidades empresarias saben cuáles valen la pena recuperar ya que son parte de las cadenas devalor”, agregó el titular de CEPBA.
(La primera parte de este artículo está aquí)Tres sobrios sombrerazos para Vizzotti Previendo quizás lo de AstraZeneca, el Ministerio de Salud de la Nación(MinSal) negoció rápido un plan B con Rusia y China, mérito absoluto de la Dra. Carla Vizzotti y del equipo de salud de la Provincia de Buenos Aires. Esto sucedió durante la administración de Ginés González García y cuando Vizzotti aún no era ministra. Mayormente con la Sputnik-V rusa y más aún con la Sinopharm china como “muletti”, en agosto 2021 Argentina ya se había vacunado a doble dosis al 61% de los mayores de 50, y con 1 dosis al 70% de la población. No son números bonitos pero podrían haber sido más feos. Y siempre hay tiempo de empeorarlos: aún es posible que la cepa delta (un 160% más contagiosa que las prevalentes hasta hoy) desate una escalada de casos sintomáticos y colapse las guardias de hospital. Porque sólo tenemos un 45% por ciento de los argentinos con doble vacuna. Estamos por encima de la media mundial (29,74%) pero retrasados respecto de Uruguay y Chile, con porcentajes de inmunización completa del 85,5% y del 70,7% respectivamente. No los cito por simple rivalidad vecinal: pese a tener recursos sanitarios menores que la Argentina, son los países más vacunados de la región y allí el Covid mata menos. Uruguay ya reparte terceras dosis entre los mayores de 60. Los números de vacunación de ambos vecinos de mapa son el resultado de historias un poco parecidas a la nuestra y sin embargo diferentes: su plan A jamás fue la producción bajo licenciasino la importación. Lógico, no tienen industria. La decisión de los vecinos tuvo otra lógica adicional: mayor eficacia de la Pfizer en primer lugar (95% contra 63% de la AstraZeneca), aunque en otoño de 2020 eso no se sabía. Pero la decisión Argentina también tuvo su lógica: un precio inicial por dosis 10 veces menor que el de Pfizer, y la ingenuidad de creer que lo que se fabricaba aquí no faltaría. Lo cierto es que todos esos planes A, tanto los argentinos como los de Chile y Uruguay, se vinieron abajo por un incumplimiento de entregas mundial, que afectó incluso a casi toda Europa y otros países ricos. En despavorido plan B, los presidentes Sebastián Piñera y Luis LacallePou salieron a comprar lo que hubiera en anaqueles. Lacalle Pou es un caso rarísimo. Confiado en que Uruguay seguiría todo 2021 con muy pocos contagios por arte de magia, beneficio todavía inexplicado que lo acompañó durante todo 2020, y sin tener campaña alguna de vacunación prevista, se pegó el palo de su vida cuando los muertos en “el paisito” saltaron de golpe a 6000. Lo cierto es que ambos mandatarios, el chileno y el uruguayo, salvaron la ropa con la poco efectiva pero abundante Sinovac (51% de eficacia). A la Sinovac –también llamada Coronavac- China la vendió como salvavidas entre los náufragos de Pfizer, Moderna y AstraZeneca en casi toda Sudamérica, y por lo mismo, al precio que se les dio la gana. Este subcontinente podría tener como lema “me clavaron los gringos pero me pincharon los chinos”. La china Sinovac o Coronavac, 51% de eficacia, pero la vacuna más vendida del planeta Nuestro plan B resultó mejor que el de Chile y Uruguay sólo en eficacia vacunal (79% Sinopharm, 91% Sputnik-V), pero no en certeza de provisión: la Sinovac en julio de este año seguía siendo la vacuna anticovid más vendida en el planeta, con más de 1000 millones de dosis aplicadas. En cambio los atrasos de llegada de la Sinopharm y la Sputnik-V fueron desastrosos. Corolario: la mejor vacuna es la que existe.Sin embargo, salimos no tan mal de esta segunda rodada. La estrategia argentina se reconvirtió a vacunar a una sola dosis al máximo posible de ciudadanos con vacunas buenas, y esperar meses la llegada de la 2da dosis. Eso también fue puro plan C de Vizzotti. No lo puede patentar, sin embargo. Lo tuvo que improvisar también el Reino Unido por similares causas, visto que la segunda dosis de su propia vacuna (AstraZeneca) no llegaba nunca a Gran Bretaña desde su lugar de fabricación (Bélgica). El club de rábulas mediáticos que en AgendAR denominamos “las viudas de Pfizer” le cayó con furia a Vizzotti, y también lo hicieron algunos caciques de su palo que rompen fácil el boludómetro. En general, las mismas personas que meses antes en 2020 habían chillado contra la vacuna rusa “por floja de papeles”. En boca de gente insospechada de leer revistas de medicina clínica, especialmente la británica “The Lancet”, la Sputnik-V no les disgustaba tanto por errores de documentación como por denominación de origen. The Lancet es uno de los 3 “journals” médicos más prestigiosos del mundo, y a 198 años de fundado, el más viejo. Con la Organización Mundial de la Salud (OMS) paralizada por una cinchada de lobbies diplomáticos y corporativos, The Lancet asumió por default el rol de puntuar con objetividad la eficacia de las vacunas. Desde esa autoridad informal pero hoy más acatada que la de la OMS, echó la primera rociada de agua bendita sobre los números presentados por los rusos. Con el diario del lunes, publicación que las citadas viudas de Pfizer leen con menos dificultad, la opción de Vizzotti por la Sputnik-V y luego la postergación de segundas dosis fueron decisiones científicas, inevitables y oportunas. ¿Pero entonces era mejor plan B tener una vacuna relativamente mala pero más abundante como la Sinovac? Es la pregunta del millón, y hoy la respuesta –según los muertos por millón en Uruguay y Chile- es el “sí” dubitativo de quien ve el fotograma, pero ignora cómo sigue la película. Habrá que repreguntarse eso dentro de tres meses. Y es que con la cepa delta, nacida del desastre de la India, hay una fuerza nueva que vino disparando los contagios en todo el planeta. Quizás la soporten mejor quienes hayan recibido vacunas de blindaje más grueso. No se sabe. Al comparar la situación argentina actual con la de 2020, como predice un estudio estadístico de los hermanos Olszcevicki accesible aquí, debería haber menos ingresados a terapia intensiva, menos gente en respirador, y menos muertes. Esa predicción empieza a verificarse. En EEUU a los contagios con delta de los vacunados los llaman “breakthrough cases”. El Science Times del 7 de septiembre los cuantifica como raros: de 1 chance en 5.000 por día a una en 10.000 por día, según cada región. Pero añade que en los estados menos vacunados las chances de “breakthrough” son cuatro veces mayores que en los más vacunados.Curvas de muerte por Covid-19 en EEUU, con los condados más antivacunas cuadruplicando la casuística de los condados bien vacunados Y como en “la tierra de los libres y hogar de los valientes” sigue sin vacunar sólo ese tercio de habitantes que hurta el hombro a la jeringa, el editorialista David Leonhardt resume: “Si todo el país hubiera sido inmunizado a la misma velocidad que el Noroeste o que California, la actual ola delta mediría una pequeña fracción de su tamano actual. La delta es un problema. Pero la renuencia a vacunarse es un problema mayor”. Lo es al punto de que en los condados donde Donald Trump tuvo al menos un 70% de votos, desde fines de junio a la fecha el SARS CoV2 mató a unos 470 ciudadanos por millón, pero donde cosechó 32% o menos, las muertes por millón andan en los 100. ¿Casi 5 veces menos…? En EEUU este fenómeno político-epidemiológico se llama “la grieta de las vacunas”. Y tiene hasta contraparte religiosa: el pastor Daniel Darling escribió un editorial en USA Today explicando las razones por las cuales se había vacunado. La alianza evangélica que controla el diario lo echó. Hay un 32% de estadounidenses remisos al pinchazo. Surgen de sumar un 7% de indecisos a un 25% de “antivaxxers” irreductibles. Aquí en Argentina falta aún navegar mucho pinchazo para toparse con ese escollo, todavía sumergido, y cuyo tamaño real se ignora. Lo que da esperanzas de que no sea grande es que la ministra Vizzotti haya logrado vacunar el 93% de la población de Tierra del Fuego. Esto le confirió a la isla el discutido criterio de “inmunidad de rebaño”. Es definible como el punto en que un no vacunado queda bastante protegido del contagio: lo rodea una muralla humana de vacunados, poco permeable para la circulación viral. Ante un virus hiper-contagioso como el SARS CoV2, esa borrosa frontera se empezaría a cruzar con más de un 80% de población vacunada. Y un tercer sombrerazo a Vizzotti por ello: esa Argentina insular vive en gran medida del turismo de cruceros rumbo a la Antártida. Esos barcos atestados en 2020 se transformaron en “feedlots” flotantes, con miles de humanos fungiendo de alimento balanceado para este virus. Ningún puerto quería recibir cruceros. Pero si alguna autoridad regulatoria se atreve a autorizar el regreso bajo protocolos de este tipo de turismo y algún humano muy vacunado a embarcar, entonces quizás Ushuaia se atreva a darle desembarco. Más vale blindarse para el futuro, si se quiere tener alguno. Pese a que aquí no existe una “grieta de las vacunas”, en Argentina ya se murió uno de cada 395 habitantes, y en EEUU, “sólo” uno de cada 500. El problema nuestro sigue siendo la falta de autoprovisión de fórmulas propias, no la imbecilidad anticientífica de un sector político. Por ahora, la Argentina pisa a descenso la cifra diaria de muertes cabalgando como mejor puede sobre fórmulas importadas. Pintó por fin la de AstraZeneca (en México deben haber encontrado los frasquitos), toca timbre una marca china con un módico 65,7% de eficacia (CanSino) pero de una sola dosis, y se vienen (y quizás en cantidad) hasta Pfizer y Moderna. Lo dijimos desde comienzos de la crisis: lo que hizo y hace falta son vacunas nacionales. ENTERAMENTE NACIONALES. Vamos “la Cecilia”, todavía.
El proyecto está planteado como un plan de largo alcance, con medidas hasta el 2030. Surgió en el sector privado, del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que mantuvo en el año pasado reuniones con el Presidente y la Vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados y varios gobernadores provinciales.
El CAA agrupa a los grandes exportadores de cereales de CIARA-CEC, a las Bolsas de granos de todo el país, a parte de la Unión Industrial, a tres de las patas de la Mesa de Enlace, más de 60 cámaras agrupadas, y representantes de todas las economías regionales.
Finalmente el Gobierno la tomó como propia para elaborar un proyecto que enviará hoy jueves al Congreso.
Este lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió a su par de Agricultura, Julián Domínguez, para precisar los últimos detalles este plan de fomento a la agroindustria.
La iniciativa se llama «Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador» (la inclinación del gobierno actual por los títulos largos…), y favorece las nuevas inversiones «en todo tipo de producción agropecuaria y agroindustrial» para 24 cadenas de actividad productiva. Pone parte de su foco en las pymes, y plantea medidas con vigencia hasta 2030, y otras retroactivas a enero de 2021.
En el texto, se prevén distintos beneficios impositivos. Se fija una «amortización acelerada» en 3 años para las inversiones, en lugar de 10 años o más, según el sector del agro.
La forma de ingreso para los beneficios será de manera simple, mediante una Ventanilla Única Digital donde deberán inscribirse los interesados que pretendan acceder a los beneficios.
Se plantea un beneficio para inversiones en infraestructura, y se impulsa la «devolución de IVA en tres cuota». Habrá beneficios específicos para la actividad ganadera: dejarán de pagar Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos. También habrá un estímulo a compras de insumos, como en las semillas fiscalizadas que venden las empresas.
El Consejo Agroindustrial Argentino había planteado en su constitución como objetivo promover una ley que permita pasar de exportaciones totales del país por u$s 65.000 millones a u$s 100.000 millones, y la creación de 700.000 nuevos empleos, 210.000 de ellos directos con el agro.
La realidad hoy es que el sector agroindustrial representa el 17 por ciento del PBI en todo el país y el 65 por ciento de las exportaciones argentinas. El gobierno nacional ha decidido tomar nota de esto, y apostar a refundar sus vínculos, en diálogo con una institución joven, con ánimo negociador, y que a la vez reúne a algunos de los actores más poderosos de nuestra economía, las multinacionales comercializadoras de cereales y oleaginosas.
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-¿Hay que seguir invirtiendo en Vaca Muerta para producir hidrógeno azul o hay que ir directo al hidrógeno verde?
-Hay que ir por una diversificación. Vaca Muerta nos permite tener el conocimiento de la tecnología del fracking. Yo preservaría recursos y hay que mantenerlo para poder tener seguridad energética. Tenemos que tener acceso al gas y ampliar la red troncal, para satisfacer las necesidades nacionales y regionales, pero hasta ahí. El peso del financiamiento hay que ponerlo en las cadenas que vienen después, tanto en el hidrógeno como en el litio.
-La Argentina tiene una historia de desarrollo nuclear asociada a la tecnología CANDU pero en estos momentos se está encarando un proyecto con una nueva tecnología, la Hua Long. Deberíamos seguir apostando a CANDU para lograr una planta con diseño propio o se deberían apuntar todos los esfuerzos al CAREM?
-Podemos considerar a todos como proyectos complementarios. En el caso de la Hua Long, hay que apostar fuerte para que se haga la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible, para que no sea como comprar una impresora y después tener que comprar los cartuchos. A la CANDU está planteada mantenerla y reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Hay otros ciclos de combustible en el mundo como el de India, adonde se combina la PWR (reactor de agua presurizada, como el Hua Long) con CANDU. Es un ciclo de combustible que podemos usar en nuestro caso. No hay un antagonismo entre el CAREM, como reactor de diseño nacional, la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible de la Hua Long y el proyecto nacional CANDU con la PIAP y los elementos estructurales de los tubos de presión. De hecho, la Argentina ya ha exportado tubos de presión a la India. Nos inscribimos en la transición energética para dejar la dependencia del carbono y eso combina la energía nuclear con fuentes renovables: la nuclear como energía de base para suplir la intermitencia de las renovables. También con almacenamiento energético que nos permitiría tener al litio y al hidrógeno como vectores de energía. Eso sería una matriz energética diversa. En ese sentido, la energía nuclear debe poder integrar los conocimientos de tecnología que venimos aplicando en el CAREM y fortalecerlo como estratégico.
-Las obras del sector nuclear vienen con mucho retraso, tanto el CAREM, la Hua Long, que ya debería estar en construcción, y el almacenamiento en seco de combustibles gastados. ¿A qué se debe?
-Eso está claro que fue por la desidia de la gestión anterior de Energía. Lo que se intentó hacer con el CAREM fue un negociado con la empresa española IECSA, que terminó quebrando. Fue una mala opción y por eso quedaron paralizadas gran parte de las obras del CAREM. Con la nueva CNEA eso se viene reactivando. Había un conflicto latente con la UOCRA y las nuevas autoridades pudieron desactivarlo. El ASECU II (el almacenamiento en seco de combustibles usados), se coordinó entre NASA y CNEA, y se está avanzando. Entiendo que eso tiene que ver con que tuvimos un año y medio de macrismo dentro la CNEA y de la propia NASA. Se mantuvo esa desidia. Con las nuevas autoridades nombradas en CNEA y NASA hay vientos de avance en el CAREM y también en el almacenamiento en seco de los combustibles en el predio de Lima.
-¿Es posible recuperar a los trabajadores que tienen una calificación difícil de conseguir y quedaron muchos años postergados, como en el caso de la PIAP?
-En la PIAP quedaron algo menos de 100 trabajadores y trabajadoras y hubo una política fuerte de despido, encubierto como retiro voluntario. Eso es lo que hay que retomar, fundamentalmente, porque son trabajadores calificados, conocen la planta y pueden hacer la puesta en marcha rápidamente, no hay que volver a formar a la gente. A pesar del año y medio perdido estamos a tiempo de reincorporarlos y volver a armar un plantel preparado para la producción. También hay que destacar que en la unidad de gestión de NASA hubo centenares de despidos. Era el área que estaba preparada para hacer la Hua Long. Esa recuperación del primer conjunto que se estaba armando para esa etapa es un proceso que tenemos por delante. 
La CoroVacx G.3 de la Fundación Instituto Leloir (FIL) terminó sus ensayos de pre-fase y está lista para estudios de seguridad. Los frasquitos sugieren que el fabricante podría ser Inmunova, una empresa incubada en la UNSAM con mayoría accionaria del grupo INSUD.
El MinCyt repartió, imparcial, otros dos óbolos equivalentes, de 60 millones de pesos, a dos vacunas argentas que vienen remando detrás de “la Cecilia”. Son las fórmulas de la FIL (Fundación Instituto Leloir) y la de la UNLP (Universidad Nacional de la Plata).
Pero hay un tercer pelotón: con las propuestas de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral y el INTA Bariloche, la lista de aspirantes podría llegar a 6.
La de la FIL es una vacuna a vector viral recombinante, es decir de 2da generación: es la más compleja entre las nacionales. Se parece a la AstraZeneca, pero intenta ser suficientemente eficaz con una única dosis, como trataron la yanqui Johnson & Johnson y la china CanSino (y alcanzaron un 66,3 y un 65,7%).
Superar –y mucho- el 70% a monodosis no es imposible. Lo logró la Sputnik-V: un estudio sobre 186.581 mayores entre los 60 y los 79 años del MinSal de la Provincia de Buenos Aires indicó una efectividad del 78,6% para evitar casos de COVID-19, del 84,7% para evitar las muertes y del 87,6% para reducir hospitalizaciones. Impresiona bastante, pero con una sola dosis de Sputnik-V estás mejor que con dos de AstraZeneca… (ver aquí).
Nihil obstat, conseguir la 2da dosis de la Sputnik-V sigue siendo un problemazo: los rusos no entregan. Y como posible sustituto, la CoroVaxG.3 podría encontrar un nicho inicial: usa el mismo adenovirus vector.
La vacuna de la FIL tendría un fabricante (?) externo, Vaxinz, cuya página de internet muestra un “start-up” organizado para la ocasión en Los Angeles, EEUU, con una filial en San Pablo, Brasil, 4 empleados y al parecer sin instalaciones industriales propias.
Lo que desconcierta no poco, porque al dar la noticia de terminación de sus estudios preclínicos, la FIL publicó una foto de dosis con el marbete de Inmunova, una empresa de Insud incubada en la UNSAM, la misma que el año pasado logró la aprobación del suero equino hiperinmune como terapia de Covid-19 sintomático entre leve y agudo. Este suero ya se usó con efectividad en al menos 20.000 pacientes desde su aprobación por la ANMAT, lo que certifica una empresa chica pero real.
Esas diferencias importan. En AgendAR llamamos “argentinas” a las vacunas diseñadas, aprobadas y fabricadas íntegramente en el país y por empresas nacionales. Y no lo hacemos por patrioteros sino por cautelosos. Porque ni la AstraZeneca “made in Garín” pero terminada en México se consigue fácil, ni tampoco llega en cantidades que muevan el amperímetro la Sputnik-V fabricada en Rusia, pero terminada en Pilar.
No es argentino todo lo que dice serlo. El que se quemó con leche, ya se sabe…
Un posible lugar de fabricación de la fórmula de la FIL sería la propia mAbxience, cuando haya terminado su contrato con la fundación Slim y AstraZeneca, cuya fecha de expiración ignoramos. No sería de asombro. El grupo Insud viene copando todos los wings de la pandemia de Covid-19 en Argentina: así como “in illo tempore” todos los caminos conducían a Roma, hoy todo debe pasar por Garín. Para lo cual Insud ha mostrado no poco lobby en el MinSal.
En días menos tranquilos para el Dr. Ginés González García, cuando todavía encabezaba el MinSal, salía en fotos con el Dr. Hugo Sigman, dueño de Insud. Eso es raro: Sigman se resigna a la fama como Ud. o yo al dentista. Nunca quiso ser un Steve Jobs, un Jeff Bezos o un Elon Musk de la biotecnología. Es un zar de bajísimo perfil, que emplea a más de 8000 personas en 40 países y sabe desplegar sus generales, y estos sus espadas.
La Mgra. Sonia Tarragona, jefa de gabinete del MinSal
Sonia Tarragona es economista con una maestría en salud pública, docente de la UNLP en lo mismo, ex subsecretaria de medicamentos del MinSal y hoy su Jefa de Gabinete (es decir, es la número 2 de ese ministerio). Es una experta del riñón de la Fundación Isalud, de Ginés González García, pero dirigió también la Fundación Mundo Sano, de la Dra. Silvia Gold, esposa de Hugo Sigman. Y con Vizzotti apagando incendios, Tarragona decide si una vacuna nacional entra en estudios de fase o muere archivada. Es temida.
Bagó, por su parte, como ya se explicó, es socia de Insud en Biogénesis, la mayor productora de vacunas antiaftosa del mundo. Y Biogénesis Bagó, mAbxience y Sinergium Biotech distan una de otra un minuto a tranco de garinense a pata.
Razón por la que tampoco asombra que otra vacuna argentina en gateras, la del médico, veterinario y virólogo Sebastián Pappalardo, responsable del Laboratorio de Nanomedicina Veterinaria de INTA Bariloche, ya venga de la mano de Bagó.
Los virólogos criollos con vacunas propias ven luz en Planeta Garín, tocan timbre y se asocian, buscando el único padrinazgo local tan robusto como para capear un proceso de licenciamiento en la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica.
La ANMAT fue creada durante la primera presidencia del difunto Carlos Menem con el mandato legal de aprobar automáticamente (sic) todo medicamento que haya alcanzado el licenciamiento de la Food and Drug Administration (FDA) de los EEUU. Extrañamente, la FDA no aprueba automáticamente todo aquello que la ANMAT licencia. Por MUY distintas razones, ni la FDA ni Menem nos explicaron por qué.
Es fama que en nuestra agencia reguladora, por timidez de los funcionarios a poner el gancho en novedades demasiado nativas, las carpetas correspondientes se cubren de polvo. Salvo que te ayude alguien con mucho plumero. Y en “Planeta Garín” sobra.
El panorama en la competencia argentina por licenciar es éste: los $ 60 millones del MinCyt son un empujón, pero el único ministerio con bolsillos y autoridad para hacerte entrar en pruebas de fase es el de Salud, que hasta hoy no puso un centavo en ninguna fórmula nacional ni dio luz verde a nadie para iniciar ensayos de fase en la ANMAT.
Razón por la cual lo disponible hoy es todo importado, razón por la cual sigue siendo bastante indisponible.
El segundo pelotón de aspirantes a fabricar vacunas argentinas contra el SARS CoV2 se cierra con la ArVac de la UNLP. Es una fórmula de primera generación, como “la Cecilia”. Funciona a fracciones llamadas RBD del antígeno Spike. RBD significa “receptor binding domain”, y designa a secuencias de aminoácidos muy resistentes a deriva genética del SARS CoV2. En cortito: no cambian.
Es entendible que cambien poco, porque son los puntos con que el antígeno Spike reconoce la proteína ACE 2, su garfio de abordaje en las células humanas a infectar. Y como garfio, está muy optimizado por la evolución. Se encastra en la ACE2 con un encaje llave-cerradura. La ACE2 a los humanos nos sirve para otras cosas, pero el virus SARS CoV2 ha logrado explotarla como puerta trasera.
Otra imagen del antígeno viral Spike. La gente curada de covid suele tener anticuerpos contra 3 regiones de esa proteína: anti-RBD, anti-NTD y anti-S2. Las vacunas como las de la UNSAM o la UNLP pueden usar estos 3 antígenos, el S2, el NTD y el RBD, pero el último es el más invariable y por ende el más factible de atajar futuras mutaciones virales.
Las RBD son garfios moleculares poco mejorables. Tanto así que, por la continua deriva genética del virus SARS CoV2 y el tamaño global de la pandemia, el RBD desarrolla millones de variaciones nuevas. Pero en su inmensa mayoría funcionan peor y quedan descartadas por el triunfo reproductivo de las variedades más competitivas. Darwin puro.
“La Cecilia” de la UNSAM y la ArVac de la UNLP te inyectan fracciones RBD, es decir partes de una parte casi invariable del virus. Son fragmentos de proteína elegidos por su capacidad irritante. No son genes: no contienen ni transportan información. Son vacunas no codificantes.
Pero acompañadas por un coadyuvante “polenta”, esas fracciones RBD levantan una respuesta enérgica de anticuerpos segregados por los linfocitos B del sistema inmune. También activan, al parecer, los linfocitos T “asesinos” (que matan a las células infectadas) y las “de memoria”, que facilitan una respuesta rápida de toda la orquesta inmune en caso de re-infección.
En el caso de la vacuna platense, las fracciones RBD están combinadas con nanopartículas producidas por el equipo del Dr. Omar Azzaroni del INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, de la UNLP y el CONICET). El resultado permitiría una administración doble: o por inyección, o por aspiración, a través de las mucosas nasales.
La idea del elenco de la UNLP se parece un poco al de una vacuna yanqui aún no licenciada, la Novavax. La administración nasal abarataría mucho cualquier campaña vacunatoria.
Habrá que fabricar las decenas de miles de litros de la fórmula, en una u otra presentación, pero no sabemos qué laboratorio lo hará. De todos modos el Dr. Guillermo Docena, del IIF (Instituto de Investigaciones Inmunológicas y Fisiopatológicas) estima que terminar la fase preclínica e iniciar estudios de fase con humanos le insumirá al menos 18 meses (ver aquí). Seguramente Docena y Azzaroni están pensando en algún fabricante, pero no indicaron cuál ni apuntan a un precio, por ahora.
Lo seguro es que vivir de importaciones resulta más caro.
Basta mirar los contratos que firmó el MinSal (disponibles aquí). Los proveedores son AstraZeneca, el RDIF (Fondo Ruso de Inversión Directa), el Serum Institute de la India, Sinopharm, Moderna, CanSino (una vacuna china poco mentada en estos pagos) y Pfizer. Suman hasta ahora U$ 1.661.022.520,00 sin los fletes. Repetido en letras para disipar dudas: algo más de mil seiscientos sesenta y un palos verdes.
Ahora Ud., lector/a, acaba de comprender que gastar 24 palos verdes en tener al menos UNA vacuna propia no es tan caro. Algunos dólares de la parva que estamos exportando al Reino Unido, Suecia, Rusia, la India, China, Estados Unidos y Alemania podrían quedar aquí.
La china Sinovac o Coronavac, 51% de eficacia, pero la vacuna más vendida del planeta
Nuestro plan B resultó mejor que el de Chile y Uruguay sólo en eficacia vacunal (79% Sinopharm, 91% Sputnik-V), pero no en certeza de provisión: la Sinovac en julio de este año seguía siendo la vacuna anticovid más vendida en el planeta, con más de 1000 millones de dosis aplicadas. En cambio los atrasos de llegada de la Sinopharm y la Sputnik-V fueron desastrosos. Corolario: la mejor vacuna es la que existe.
Sin embargo, salimos no tan mal de esta segunda rodada. La estrategia argentina se reconvirtió a vacunar a una sola dosis al máximo posible de ciudadanos con vacunas buenas, y esperar meses la llegada de la 2da dosis. Eso también fue puro plan C de Vizzotti. No lo puede patentar, sin embargo. Lo tuvo que improvisar también el Reino Unido por similares causas, visto que la segunda dosis de su propia vacuna (AstraZeneca) no llegaba nunca a Gran Bretaña desde su lugar de fabricación (Bélgica).
El club de rábulas mediáticos que en AgendAR denominamos “las viudas de Pfizer” le cayó con furia a Vizzotti, y también lo hicieron algunos caciques de su palo que rompen fácil el boludómetro. En general, las mismas personas que meses antes en 2020 habían chillado contra la vacuna rusa “por floja de papeles”.
En boca de gente insospechada de leer revistas de medicina clínica, especialmente la británica “The Lancet”, la Sputnik-V no les disgustaba tanto por errores de documentación como por denominación de origen.
The Lancet es uno de los 3 “journals” médicos más prestigiosos del mundo, y a 198 años de fundado, el más viejo. Con la Organización Mundial de la Salud (OMS) paralizada por una cinchada de lobbies diplomáticos y corporativos, The Lancet asumió por default el rol de puntuar con objetividad la eficacia de las vacunas. Desde esa autoridad informal pero hoy más acatada que la de la OMS, echó la primera rociada de agua bendita sobre los números presentados por los rusos.
Con el diario del lunes, publicación que las citadas viudas de Pfizer leen con menos dificultad, la opción de Vizzotti por la Sputnik-V y luego la postergación de segundas dosis fueron decisiones científicas, inevitables y oportunas.
¿Pero entonces era mejor plan B tener una vacuna relativamente mala pero más abundante como la Sinovac? Es la pregunta del millón, y hoy la respuesta –según los muertos por millón en Uruguay y Chile- es el “sí” dubitativo de quien ve el fotograma, pero ignora cómo sigue la película.
Habrá que repreguntarse eso dentro de tres meses. Y es que con la cepa delta, nacida del desastre de la India, hay una fuerza nueva que vino disparando los contagios en todo el planeta. Quizás la soporten mejor quienes hayan recibido vacunas de blindaje más grueso. No se sabe.
Al comparar la situación argentina actual con la de 2020, como predice un estudio estadístico de los hermanos Olszcevicki accesible aquí, debería haber menos ingresados a terapia intensiva, menos gente en respirador, y menos muertes. Esa predicción empieza a verificarse.
En EEUU a los contagios con delta de los vacunados los llaman “breakthrough cases”. El Science Times del 7 de septiembre los cuantifica como raros: de 1 chance en 5.000 por día a una en 10.000 por día, según cada región. Pero añade que en los estados menos vacunados las chances de “breakthrough” son cuatro veces mayores que en los más vacunados.
Curvas de muerte por Covid-19 en EEUU, con los condados más antivacunas cuadruplicando la casuística de los condados bien vacunados
Y como en “la tierra de los libres y hogar de los valientes” sigue sin vacunar sólo ese tercio de habitantes que hurta el hombro a la jeringa, el editorialista David Leonhardt resume: “Si todo el país hubiera sido inmunizado a la misma velocidad que el Noroeste o que California, la actual ola delta mediría una pequeña fracción de su tamano actual. La delta es un problema. Pero la renuencia a vacunarse es un problema mayor”.
Lo es al punto de que en los condados donde Donald Trump tuvo al menos un 70% de votos, desde fines de junio a la fecha el SARS CoV2 mató a unos 470 ciudadanos por millón, pero donde cosechó 32% o menos, las muertes por millón andan en los 100. ¿Casi 5 veces menos…?
En EEUU este fenómeno político-epidemiológico se llama “la grieta de las vacunas”. Y tiene hasta contraparte religiosa: el pastor Daniel Darling escribió un editorial en USA Today explicando las razones por las cuales se había vacunado. La alianza evangélica que controla el diario lo echó.
Hay un 32% de estadounidenses remisos al pinchazo. Surgen de sumar un 7% de indecisos a un 25% de “antivaxxers” irreductibles. Aquí en Argentina falta aún navegar mucho pinchazo para toparse con ese escollo, todavía sumergido, y cuyo tamaño real se ignora.
Lo que da esperanzas de que no sea grande es que la ministra Vizzotti haya logrado vacunar el 93% de la población de Tierra del Fuego. Esto le confirió a la isla el discutido criterio de “inmunidad de rebaño”.
Es definible como el punto en que un no vacunado queda bastante protegido del contagio: lo rodea una muralla humana de vacunados, poco permeable para la circulación viral. Ante un virus hiper-contagioso como el SARS CoV2, esa borrosa frontera se empezaría a cruzar con más de un 80% de población vacunada.
Y un tercer sombrerazo a Vizzotti por ello: esa Argentina insular vive en gran medida del turismo de cruceros rumbo a la Antártida. Esos barcos atestados en 2020 se transformaron en “feedlots” flotantes, con miles de humanos fungiendo de alimento balanceado para este virus. Ningún puerto quería recibir cruceros.
Pero si alguna autoridad regulatoria se atreve a autorizar el regreso bajo protocolos de este tipo de turismo y algún humano muy vacunado a embarcar, entonces quizás Ushuaia se atreva a darle desembarco. Más vale blindarse para el futuro, si se quiere tener alguno.
Pese a que aquí no existe una “grieta de las vacunas”, en Argentina ya se murió uno de cada 395 habitantes, y en EEUU, “sólo” uno de cada 500. El problema nuestro sigue siendo la falta de autoprovisión de fórmulas propias, no la imbecilidad anticientífica de un sector político.
Por ahora, la Argentina pisa a descenso la cifra diaria de muertes cabalgando como mejor puede sobre fórmulas importadas. Pintó por fin la de AstraZeneca (en México deben haber encontrado los frasquitos), toca timbre una marca china con un módico 65,7% de eficacia (CanSino) pero de una sola dosis, y se vienen (y quizás en cantidad) hasta Pfizer y Moderna.
Lo dijimos desde comienzos de la crisis: lo que hizo y hace falta son vacunas nacionales. ENTERAMENTE NACIONALES.
Vamos “la Cecilia”, todavía.
