El Grupo Arcor avanzó con la adquisición de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos, la empresa dueña de La Serenísima, al activar la opción de compra del 51% restante de las acciones. De esta manera, la alimenticia cordobesa logró el control total de una de las marcas líderes del rubro lácteo en la Argentina.
La operación se concretó a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad controlada por Arcor y Danone, y fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con esta jugada, el grupo liderado por Luis Pagani refuerza su estrategia de diversificación y crecimiento dentro del negocio de alimentos y bebidas.
Hasta este lunes, Bagley ya era titular del 49% de Mastellone Hermanos. Si bien la operación contaba con respaldo contractual previo, generó malestar en el seno de la familia fundadora. Desde el entorno de los Mastellone manifestaron su disconformidad con el desenlace, aunque reconocieron que no contaban con herramientas legales para frenar la adquisición.
El desembarco total de Arcor en La Serenísima se produce en un contexto de fuerte reconfiguración del negocio de consumo masivo en la Argentina, marcado por la necesidad de escala, eficiencia productiva y diversificación para enfrentar los desafíos económicos y de competencia.
Arcor toma posesión de una marca histórica láctea con más de 100 años
La Serenísima fue fundada en 1929 por Antonino Mastellone y Teresa Aiello, y bajo la conducción de Pascual Mastellone se consolidó como un ícono de la industria láctea nacional. Hoy, procesa 3,8 millones de litros de leche diarios, y cuenta con 6 plantas de clasificación, 9 de elaboración, 12 centros de distribución y 71.000 puntos de venta en todo el país.
Entre sus productos se destacan la leche, dulce de leche, yogures, manteca, quesos, postres y una creciente línea de alimentos vegetales. Con esta integración, Arcor suma a su oferta una de las marcas de mayor reconocimiento y llegada al consumidor argentino.
Más de 30 compañías han iniciado el camino para la privatización o incorporación de capital privado; sin embargo, ninguna avanzó y algunas licitaciones fracasaron
Por ahora, más allá de la estridencia del ajuste, las empresas públicas siguen siendo estatales y las concesiones que se vencen, no pasan a manos de los privados. Vale hacerse una pregunta que, seguramente, será un puñal en medio del credo libertario. ¿Es más grande el Estado desde que asumió el presidente Javier Milei? Y la respuesta es no, al menos si se toma en cuenta el gasto en subsidios que insumen.
También podría pensarse la cuenta de otra forma y mirar si hay más o menos empresas, no importa el gasto. En ese caso, la administración Milei también achicó el Estado: vendió Impsa (antes llamada Industrias Metalúrgicas Pescarmona), cerro la Administradora de Capital Humano Ferroviario y estatizó la concesión del corredor de rutas del Litoral que explotaba hasta el 9 de abril pasado Caminos del Río Uruguay (Crusa). El resto, sigue igual.
Entre los funcionarios que mojan el pan en la salsa de los planes privatizadores circula un panel de control con el estado en que se encuentra cada una de las empresas que podrían pasar, parcial o totalmente, a manos de los privados.
Hasta ahora, en ese borrador se pueden ver dos compañías que, en principio, terminarán en manos de la provincias. La Fabrica Argentina de Aviones (Fadea) pasará a manos Córdoba. Por estas horas se discute el proyecto de acuerdo de transferencia con la provincia elaborado en conjunto entre la jurisdicción comandada por Martín Llaryora y el gobierno nacional. Ya hay un proyecto de decreto elaborado que requiere “la manifestación de interés en la transferencia de parte de la provincia de Córdoba”. Después habrá que discutir el canon de concesión del predio y los nuevos contratos con la Fuerza Aérea. Tiene cerrado el balance 2023 aunque no aún el del año pasado.
Otra que marchará a manos provinciales es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una minera que cuenta con la participación del gobierno de Catamarca, de la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. Esta firma pasará a manos catamarqueñas, cuando se defina el proceso.
Fabricaciones Militares es otra de las que se dividirá. En marzo se concretó la transferencias de Minas Capillitas, ubicadas en Catamarca, también a esa provincia. El yacimiento contiene minerales como cobre, plomo, zinc, antimonio, oro y plata. Su mayor renombre proviene de la extracción de rodocrosita, una piedra semipreciosa. El titular de esta empresa (Caymen) era Fabricaciones Militares y por un convenio mutuo, se entregó a la provincia.
Entrada al predio de Fabricaciones Militares «Fray Luis Beltrán»
La fábrica de explosivos San José del Jachal, también de Fabricaciones Militares, ya cerró y se remataron los bienes. Para el resto, hay algunas propuestas de iniciativa privada para ver qué sucede con el resto de los bienes.
Hay dos bancos que podrían tener novedades. El primero, el Banco Hipotecario que tiene planes para que se realice una Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering, IPO), por las acciones que están en manos del Estado. El segundo el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BiCE), sobre el que se estudian posibilidades que llegan hasta el extremo del cierre definitivo de la entidad. Para el Banco de la Nación también hay un borrador ¿Qué dice? Pues que se incorporarán capitales privados.
En la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) se espera hacer una unión transitoria de empresas, obviamente con privadas, por cada una de las unidades de negocios. En este rubro también está Vehículos Espaciales Nueva Generación (VENG), una empresa que tiene planes para ser achicada. Mientras tanto, hay un arduo trabajo para que se aprueben los balances, al igual que en gran cantidad de compañías que tenían varios períodos sin contables sin aprobar.
Nucleoeléctrica Argentina tiene los balances al día y la decisión que se ha tomado, hasta ahora, es proceder a una venta parcial. Para eso, se contrataron asesores internacionales (PWC) con especialidad en la industria nuclear para definir la modalidad y las alternativas más convenientes.
El Correo Argentino tiene planes concretos: entregar la concesión del servicio a un nuevo operador para toda la red postal. Un punto: se transferirá todo el personal. Quedará, entonces, un Correo residual que tendrá como tarea gestionar la devolución de los inmuebles para ser posteriormente transferidos a la Administración de Bienes del Estado (AABE).
La empresa que opera los tallares navales Tandanor se venderá. En esta compañía existen varios problemas con los aún pendientes estados contables atrasados al punto que se contrató un estudio contable para la normalización.
La Casa de la Moneda terminó hace un mes el proceso para convertirse en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). La empresa encargada de la impresión de billetes y la fabricación de monedas de curso legal había sido intervenida a finales de octubre de 2024. En aquella hoja de ruta, el Gobierno escribió que realizará las licitaciones necesarias para pasar la producción de las distintas unidades de negocio a manos de un privado.
Mientras tanto, está en marcha un Plan de Retiro Voluntario (PRV) y un Plan Preventivo de Crisis (PPC). La idea es que al término de la intervención -finalizó el 30 de abril-, se formalice la disolución mediante decreto presidencial. Finamente, habrá una transferencia del personal y se venderán las máquinas. Lo que viene es el cierre, la disolución y la liquidación.
La idea del Gobierno es cerrar la Casa de la Moneda
Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) es una de las que ya podría empezar a generar novedades. Con sus cuentas operativas saneadas, hay una propuesta base: vender a un accionista estratégico con control, con al menos 51% del paquete, 10% a los empleados, y el remanente al mercado.
El mundo trenes tiene varias empresas. Ya se anunció la privatización del Belgrano Cargas y Logística, mientras que la Operadora Ferroviaria (Sofse) realiza un plan para diseñar un sistema ferroviario que permita la prestación de servicio de empresas privadas. La idea es la concesión parcial de algunos servicios.
Playas Ferroviarias de Buenos Aires y Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (Coviara) podrían fusionarse en la primera. Esta última cerraría, mientras que la que absorbe venderá los inmuebles propios de las dos.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se venderá parcialmente, previo a constituir otras Sociedad Anónima. En los activos de la empresa está la mina y la central térmica a carbón. No son pocos los que dicen que se partirá la compañía en dos unidades de negocios.
Hay dos empresas que tienen un enorme signo de interrogación. La primera es Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea); la segunda, el Polo Tecnológico Constituyentes. No son pocos los que ponen su voto en el cierre de ambas empresas.
La Agencia de Publicidad de Estado; Radio y Televisión Argentina; Contenidos Artísticos e Informativos y Educ.Ar, por ahora, tienen destino incierto. Se trabaja con los balances y además, todas transitaron el camino para ser Sociedades Anónimas, una manera de que sea más fácil una eventual venta.
Preguntará el lector que pasa con una de las más importantes: Aerolíneas Argentinas y su prima pequeña, Líneas Aéreas del Estado (LADE). No hay planes concretos para ninguna, apenas alguna iniciativa de convertir a esta última en sociedad del derecho comercial.
Corredores Viales es otra de las que tendría novedades rápidamente: pasaría a un nuevo ente con Vialidad Nacional, mientras que la concesión de la hidrovía del río Paraná, que técnicamente no es una empresa pública sino un concesión, tuvo un proceso fallido y está en marcha un segundo que no tiene fechas ciertas.
El tablero de control está lleno de interrogantes. Los tiempos administrativos son largos, por ejemplo, muchos tienen que pasar por el Congreso con un informe circunstanciado. Los nombres propios que llevan este asunto son varios y van desde los ministros Luis Caputo, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger hasta la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En el medio, un deslucido funcionario que tiene a cargo la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, un abogado mendocino con paso previo por el Grupo América. Paso un año y medio, y el tablero está demasiado quieto, sin demasiadas definiciones y con demasiadas incógnitas.
El Gobierno apunta a simplificar el sistema tributario y reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte para todo el país, El nuevo tributo sumaría al actual impuesto al valor agregado (IVA) el impuesto a los ingresos brutos (IIBB), que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y representa la mayor fuente de ingresos de esos distritos después de lo que reciben por coparticipación. La iniciativa no contempla una reducción de la tasa del 21% actual del IVA. Ni tampoco de IIBB. El agente recaudador sería ARCA (la ex-AFIP). Preocupación entre los gobernadores.
La propuesta es revolucionaria. La idea está casi cerrada y solo resta pasar por el tamiz profesional de algunos técnicos que colaboran con su elaboración. Sabe el Gobierno que económicamente es más que viable y que cambiará para siempre no solo la recaudación impositiva sino también la relación política entre la Nación y las provincias, además de entre los gobernadores entre sí. Y que tiene, además, el aval del FMI, con el que el Ejecutivo se comprometió a avanzar en una reforma tributaria, a más tardar, en 2026. Políticos al fin, desde la sede del organismo saben que en Argentina Javier Milei no podría aprobar semejante cambio con este Congreso, y que obligatoriamente debe esperar a después de las elecciones de octubre para tener un Poder Legislativo que acceda, se anime y, obviamente, apruebe una modificación fiscal tan profunda como, supone el Presidente, imprescindible para que su “misión” para este mandato esté completa.
Se trata de la creación del “súper-IVA”, un esquema recaudatorio del impuesto al consumo, pero compartido entre la Nación y las gobernaciones. Administrado desde la ARCA (la ex-AFIP), que cobraría una parte de lo consumido con un nuevo tributo, y luego lo repartiría con las provincias, según el porcentaje de impuesto local que aplique cada región. Es un proyecto de calibres majestuosos para los ojos de los libertarios, que saldaría una de las grandes deudas y demandas de la sociedad argentina desde hace años. Quizá décadas. Y por la que, hay que reconocerlo, muchos de los votantes de todo el país eligieron en 2023 a Milei para que manejara los destinos del país. El propio Presidente ya había dado el visto bueno a la elaboración de la idea hacia octubre del año pasado, y la propuesta entró así en etapa de laboratorio, la que ya está prácticamente terminada. Para Milei, sería una de sus (varias) obras maestras económicas: una reforma impositiva integral, basada en la simplificación del sistema tributario argentino, con la intención de reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte. En todo el país. Como se dijo, un reclamo histórico de los contribuyentes, que deben lidiar con uno de los sistemas impositivos más retrógrados, irritantes e injustos del globo.
El problema para los gobernadores está en la idea base del proyecto de Milei, Caputo (ministro) y los técnicos libertarios que trabajan en la letra fina de la reforma. El lanzamiento de una especie de “súper-IVA”, que concentre no solo el impuesto al valor agregado, sino que sume además el denominado tributo a los ingresos brutos que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y que representa la segunda mayor fuente de ingresos de las regiones, después de la coparticipación. La idea sobre la que se trabaja es simple: al IVA del 21% (nadie piensa en una disminución) se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5% a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial del 2%, la tasa pasaría al 23%; dinero que sería recaudado en su totalidad por ARCA y que pasaría a ser –luego de ingresado en el ahora organismo recaudador– girado a las provincias. Siempre respetando el monto de cada alícuota. El principal argumento a favor de la concentración en la recaudación es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA, con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino, abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los principales reclamos de los privados en estos tiempos de análisis del “costo argentino”.
Todos ganan. Salvo unos interesados directos, a los que la sola idea del “súper-IVA” los aterra. Los mismísimos gobernadores, que ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero obtenido en el territorio. Esto pese a reconocer que Ingresos Brutos es el peor invento de la historia de los impuestos mundiales.
En definitiva, Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal) por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.
Pasó el tiempo y la propia lógica de la evolución moderna de la ciencia tributaria (progresista o liberal) apuntó a la eliminación del impuesto y la aplicación de lo que en el país se llamó IVA. Un tributo que grava toda la cadena productiva y no el final. Con sus errores, ya no se trata de un impuesto “cascada” como Ingresos Brutos, sino a toda la línea de generación de riqueza; lo que lo hace más justo y efectivo. Hoy son pocos los sistemas tributarios que aplican IIBB. Solo alguno que otro país poco integrado y con sistemas impositivos regionales y nacionales sin vasos comunicantes. Salvo Argentina.
Milei busca dar vuelta la creación de la gestión Alberto Fernández, donde se aprobó el consenso fiscal, que avalaba la posibilidad de incrementar el tributo provincial hasta las nubes del 9% dependiendo del sector, y liberarlo para otros.
Es verdad que el tributo va al contrario de la modernidad tributaria mundial. Y un severo retroceso a la producción y el crecimiento. Sin embargo, priman otras cuestiones. Básicamente una. Que los gobernadores tengan más dinero, y que a partir de esta piñata apoyen a la Nación en la aplicación de una mayor carga impositiva que permita evitar los ajustes, que siempre reclama el FMI. De más está decir que desde este organismo se aplaude de pie la alternativa del “súper-IVA”.
Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazo del anterior impuesto a las actividades comerciales. Se aplica a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van del 1,5% al 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales, y la alícuota depende del distrito y de la industria.
Hubo dos intentos fallidos por disminuir su presión o directamente eliminarlos de manera gradual. El primero, en 1993, con la firma del Segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los ingresos brutos; algo que, obviamente, nunca ocurrió ni se aplicó. El segundo, en 2017, el que quedó enterrado el jueves pasado.
Es un lugar ya común que el IIBB sea el impuesto más rechazado, repudiado y odiado de todo el sistema tributario nacional, provincial o municipal. Algo notable teniendo en cuenta que Argentina es un país donde se combinan más de 125 clases diferentes de impuestos, con un promedio de creación de uno cada dos años en los últimos treinta. Todos los tributaristas, sin importar la escuela donde abreven, mencionan el IIBB como el primero en eliminar si se quiere modernizar y sanear un sistema tributario donde los promedios de evasión y elusión superan hoy el 35%. Y con cálculos conservadores.
Se lo considera como el culpable de gran parte de la distorsión en el momento de la medición de costos y valores finales de venta al público y como el principal conspirador en el momento de poder atacar la inflación o medir la competitividad de la producción local hacia el exterior. Especialmente cuando se lo mide con la propia comarca latinoamericana, donde el IIBB es historia pasada, antigua y olvidada. Ni hablar del mundo desarrollado, donde la eficacia en la recaudación de impuestos y la fiscalización para el consecuente gasto de ese dinero son norma pétrea.
Sin embargo, para los gobernadores el IIBB es aire fresco en tiempos de asfixiantes ajustes. Ya son muchos los gobernadores que, en alerta, comenzaron a watsapearse para asegurar una posición contraria a la idea. Sin embargo, lo saben, no es fácil tener a Milei por delante. Más en un año electoral, sin Presupuesto y con la dependencia absoluta de la firma de recursos por parte de Luis Caputo. O, aun peor, la de su primo, con el que comparte apellido y que habita como asesor de lujo en el edificio de enfrente del Palacio de Hacienda.
Y-TEC, la empresa de tecnología de la petrolera YPF, firmó un acuerdo con la empresa israelí XtraLit para el desarrollo de oportunidades vinculadas con la producción de litio mediante tecnologías de extracción directa. El acuerdo marca un nuevo paso en la estrategia de XtraLit en el país, en donde el año pasado anunció un plan de inversiones por US$ 104 millones.
Las empresas anunciaron este lunes la firma de un acuerdo de cooperación con el objetivo de revolucionar la extracción de litio mediante el posible desarrollo conjunto de proyectos de extracción directa de litio (DLE por sus siglas en inglés) en la Argentina.
“Conocí a XtraLit durante mi viaje a Israel a principios de 2025 y quedé profundamente impresionado por el ecosistema de innovación israelí en general y por sus capacidades técnicas de primer nivel en particular”, declaró Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.
El CEO de XtraLit, Simon Litsyn destacó que el acuerdo «refleja nuestro compromiso compartido con la innovación sostenible para descubrir nuevas fuentes de litio en Argentina que no se habían abordado hasta ahora debido a la falta de tecnología relevante”.
“Esta alianza con Y-TEC representa un gran avance para XtraLit en el escalamiento de nuestra tecnología en Argentina”, afirmó Gerardo Tyszberowicz, director de XtraLit en Latinoamérica.
XtraLit
Fundada en 2021, XtraLit esta desarrollando una tecnología para la extracción eficiente de litio en salmueras con concentraciones altas o bajas del mineral. La empresa ya ha adquirido una amplia experiencia en la extracción de litio en proyectos en Medio Oriente y América del Norte.
El CEO de la empresa visitó la Argentina el año pasado por primera vez, motivado por el cambio de rumbo económico introducido por el gobierno de Javier Milei. En el país, Xtralit cuenta con el respaldo de Dragones Venture Partners, un grupo de inversores de venture capital entre los que figuran Diego y Martín Teubal, accionistas y directores de BGH, Dario Fainguersch, Daniel Aisenberg, Diego Zbar, Andrés Perez y Miguel Ángel Graña.
«Creemos firmemente que nuestra tecnología tiene un rendimiento mejor que el rendimiento de la mayoría. Sin embargo, no existe una tecnología que sea la mejor en todos los casos. Esto significa que para cada salmuera hay que encontrar la que mejor se adapte desde el punto de vista tecnológico. Entonces, nuestro enfoque, nuestra tecnología, es la mejor para muchas salmueras, pero no para todas. Y hay otras tecnologías que serán mejores para otras salmueras. Es una situación saludable, hay lugar para la competencia», analizó Litsyn.
Un nuevo medicamento inyectable de producción nacional, similar al conocido Ozempic, fue recientemente aprobado por la ANMAT y comenzará a comercializarse en la Argentina hacia finales de mayo. Según informó el sitio especializado Kairos, donde están disponibles los precios de los medicamentos, este nuevo producto costará alrededor de un 80% menos que su equivalente importado.
Si bien el Ozempic fue autorizado para tratar la diabetes tipo 2, muchos profesionales lo recetan también para controlar la obesidad, aunque no esté especificado en el prospecto. La aparición de esta versión local se da en un contexto donde el Gobierno busca reducir el costo de los medicamentos más caros promoviendo el desarrollo de copias nacionales. Lo mismo sucede con muchas otras drogas, por lo que hay una histórica puja entre los laboratorios nacionales y los extranjeros.
Detrás de esta nueva opción inyectable está el laboratorio Elea, que ya había lanzado una versión oral del medicamento bajo el nombre Dutide. Esta presentación, en comprimidos diarios, no estaba disponible previamente en la Argentina, aunque el laboratorio danés Novo Nordisk —titular del Ozempic original— sí la comercializa en otros países.
Ahora, Elea apuesta a competir directamente con el inyectable de Novo Nordisk. El Dutide en su formato de 1 mg, con cuatro jeringas precargadas, costará alrededor de 128.400 pesos, frente a los más de 653.000 pesos que cuesta el producto importado, marcando una diferencia de más del 80%.
Matías Deprati, médico especialista en medicina familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires y director de asuntos médicos del laboratorio Elea, explicó que el Dutide inyectable no presenta diferencias farmacológicas ni de biodisponibilidad respecto del producto médico de referencia. “Está formulado con el mismo principio activo, mismas concentraciones, mismos excipientes y misma vía de administración que el medicamento anteriormente autorizado. En todos los análisis de consistencia, robustez, homogeneidad y actividad biológica, ambos medicamentos performan de la misma manera. No se encuentran diferencias”, detalló.
Por eso, la ANMAT autorizó su inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) con las mismas indicaciones que el original. “La diferencia relevante está en el acceso: Dutide es más asequible para los pacientes y para los financiadores”, remarcó Deprati.
Ozempic se popularizó por su uso para bajar de pesomyskin – Shutterstock
La administración de este tratamiento es semanal —a diferencia de la formulación oral que se toma a diario—, y cada caja rinde para un mes. Su venta será bajo receta médica debido a los posibles efectos adversos de su principio activo, la semaglutida, y al mayor alcance que se espera dada la considerable reducción de su precio.
Deprati subrayó que Elea es el único laboratorio argentino que logró desarrollar, autorizar y comercializar tanto la versión oral como la inyectable de semaglutida. Ambas, sostuvo, ofrecen eficacia y seguridad comparables. “Dependen de la acción de la semaglutida, que es independiente de la vía de administración. Esto permite que los pacientes puedan elegir entre comprimidos diarios o inyecciones semanales, según su preferencia, en un proceso de decisión compartida con su médico”, explicó.
“Quienes prefieren evitar la toma diaria tienen la opción subcutánea semanal, y para aquellos más habituados a la ingesta oral también está disponible esa forma”.
En paralelo, Novo Nordisk anunció que traerá al país Wegovy, otra versión inyectable de semaglutida en dosis más altas (hasta 2,4 mg), indicada exclusivamente para la pérdida de peso. Este lanzamiento está previsto para la primavera de este año.
Wegovy medicamento para adelgazar del laboratorio Novo NordiskTwitter
En este escenario, durante al menos tres meses, el Dutide inyectable convivirá en el mercado con el Ozempic. Más adelante, se sumará Wegovy, enfocado directamente en el tratamiento de la obesidad. No obstante, Elea ya trabaja en una versión nacional de ese medicamento: el expediente para su aprobación ya fue entregado a la ANMAT y podría recibir el visto bueno hacia fin de año. “Ya se encuentra en fase de registro una versión con mayor concentración, de 1,7 y 2,4 miligramos”, adelantó Deprati, lo que permitirá cubrir también indicaciones específicas para la obesidad.
Qué es la semaglutida y cómo actúa
La semaglutida es una molécula que cumple una doble función terapéutica: regula los niveles de glucosa en sangre y suprime el apetito, favoreciendo así la pérdida de peso. Su mecanismo actúa a nivel cerebral, disminuyendo la sensación de hambre, lo que genera resultados visibles en poco tiempo, especialmente si se acompaña de actividad física y una alimentación saludable.
En los tratamientos con Ozempic y su equivalente local, la dosis inicial se ajusta progresivamente hasta alcanzar el máximo de 1 mg por semana. Luego del primer mes, ya se suelen observar mejoras, aunque los especialistas indican que al tercer mes es cuando se puede evaluar su efectividad en cada paciente.
El uso de semaglutida está pensado como parte de un tratamiento prolongado. Los médicos pueden ajustar o incluso suspender la medicación en función de los resultados y los riesgos de un posible efecto rebote, que en algunos casos puede presentarse al discontinuar el fármaco.
Para Deprati, “el diferencial de este lanzamiento es optimizar el acceso y democratizar terapias innovadoras en patologías muy prevalentes en la Argentina”. Según dijo, eso permitirá que más personas puedan recibir medicamentos que modifican el curso de la enfermedad, mejoran el control metabólico, ayudan al descenso de peso y reducen el riesgo cardiovascular.
Alejandro Horvat
LO MISMO, PERO DE AGENDAR Y CON MIRADA LADINA.
La semaglútida es un competidor del glucagon natural, una de las dos hormonas pancreáticas reguladoras de la glucosa disponible en sangre. La otra es la más conocida insulina, que promueve la entrada de la glucosa en sus dos grandes destinos finales: el cerebro y demás órganos, y el tejido muscular. De este modo, elimina la glucosa adonde su exceso hace daño (la sangre) y la deja donde sí se la necesita a gritos (los tejidos en hipoglucemia).
Muy simplificadas, la diabetes de ambos tipos, I y II, son asuntos de logística, crónica y grave respectivamente.
¿Y qué hace el glucagon? Lo contrario. Cuando el páncreas dectecta que falta glucosa en sangre, le da una patadita de glucagon al hígado para que eleve la éste eleve la producción de glucosa. El hígado obedece y desintegra en subunidades de glucosa de rápida captación su propio almacén de larga vida, el glucógeno, un polímero inmenso que no puede salir de ningún lado ni entrar a ningún otro salvo fraccionado. Y así el hígado bien aleccionado dispara un chute de glucosa a la sangre, para que que cada órgano o tejido cliente que están penando se sirvan su porción.
Glucagon lo acentuamos como palabra grave sin tilde y no aguda con tilde, por causas obvias.
El sistema pancreático de la insulina y la glucosa funciona como un sube y baja natural de la glucemia. Mejor aún, esto lo logra en tiempo real, de modo de mantener valores medios aunque uno haya gastado demasiada glucosa en ganar una maratón de 40 kilómetros, o se haya inundado la sangre de ella tras dar cuenta de medio kilo de bombones.
Lo que hace esa forma de glucagon artificial que es la semaglútida es unirse a los receptores hepáticos e intestinales de glucacon, pero de forma preferencial, a expensas del glucacon nativo, y de modo más prolongado: un 1mg. se elimina totalmente en una semana. Eso deprime de modo perdurable la sobreproducción de insulina, baja la glucemia , le da descanso a los islotes de Langerhans (los cúmulos de células pancreáticas que producen insulina), y el efecto final se ejerce en el cerebro. Al detectar el órgano más consumidor de glucosa un «todo normal» en sangre, el apetito su primer combustible desaparece tras el primer bombón, y los otros 450 gramos se regalan a una novia o novio.
Con esta forma sobrenaturalmente perdurable de glucagon, la semaglútida, en dosis de hasta 7 mg. semanales esto sucede también con las grasas de almacenamiento y liberación rápida que los humanos acumulamos en la mitad del cuerpo. Se fraccionan en ácido grados y simples, y estos se queman como diésel, a falta de nafta premium. El cuerpo humano admite cualquier combustible, como los viejos Land Rover militares, no las versiones tilingas de hoy.
Los depósitos de grasa fácilmente degradable en ácidos grasos son pocos. En los congresos internacionales de diabetología celebrados cada mes en El Cilindro del Racing Club de Avellaneda, son llamados indistintamente «el salvavidas», «la zapán», la «busarda» y también «la bufanda presidencial», cuando pinta un primer mandatario de gran papada.
Este truco de las dosis le ha permitido a la sueca Novonordisk aprobar su molécula ante la FDA (Food and Drug Administration) en 2017 como tratamiento para la insulina de tipo II, y luego, en mayores dosis y con otro nombre y otra bula regulatoria, como tratamiento para el sobrepreso. Ambas se venden a precios alucinantes y en el mejor mercado de la Tierra, donde las patentes duran «forever». Efectivamente, el 60% de la población estadounidense tiene sobrepeso u obesidad, a veces desde la infancia, y el 16% de los adultos tienen diabetes II, y sólo el 8% tiene alguna idea de ello.
El impacto de la semaglútida en grandes dosis, con Wegovy a la cabeza, ha generado enflaquecimientos inesperados y súbitos: personas cachetonas que en medio año de uso tienen las mejillas pegadas entre sí, como si se les hubiera trancado la bombilla del mate, y a las que hoy se les caen los blue-jeans del año pasado. El slang yanqui ha inventado la expresión «Wegovy face» para caras rotundas devenidas en angostos mapas de Chile.
Eso sí, en cuanto los pacientes largan la semaglútida, rebotan de peso como pelotas de pingpong. Los mejores clientes del mundo son los cautivos.
La Argentina, especialmente la urbana más pobre y sin tiempo ni plata para gimnasio, esa población que vive de changas aquí y allá, y va colgada de un colectivo o tren, ésa que evade la bicicleta por el peligro de afano en la vía pública y come «fast food» porque no hay plata ni tiempo para mejor cosa, tiene tasas similares de sobrepeso, obesidad y diabetes II que la yanqui. Como dijo uno, «Ya somos Primer Mundo».
En suma, somos otro buen mercado para la semaglútida, al menos para el nivel OSDE 310 para arriba. Preveemos batallas legales de asociados contra auditores, y también que el área legal de las obras sociales sindicales, Ucrania parecerá un sitio de paz, amor y rock and roll por los amparos judiciales para conseguir Dutide. De la devastada salud pública, ni hablar.
Máxime cuando la ANMAT emite licencias automáticas a toda aprobación regulatoria de la FDA, y Elea es uno de los grandes jugadores del mercado interno. La ANMAT y el MinSal no son sordos a sus reclamos. Sea cual sea el origen nacional del principio activo (Corea, la India o incluso la propia Argentina), hay monopolio y precios de fantasía para el Dutide y de su próxima formulación para el sobrepeso. Y durarán un largo rato.
Que Dutide cueste menos un 80% menos que Ozempic no es una hazaña de la farmacología local, conste en actas.
En su última aparición televisiva, el ministro de Defensa, Luis Petri, volvió a demostrar más consignas rápidas y menos reflexiones estratégicas. En diálogo con Jonatan Viale, el titular de la cartera de Defensa explicó que “el relato K hizo que en la Argentina tengamos que explicar lo obvio”. A saber: que cortar calles es delito, que los presos deben estar presos, y que “defender la soberanía en las fronteras es tarea de las Fuerzas Armadas”.
Lo cierto es que el ministro sí necesita explicar. Pero no lo obvio, sino lo peligroso. Porque cuando afirma que “defender la soberanía en las fronteras” corresponde a las Fuerzas Armadas, se mete en un terreno en el que ni la legislación ni la doctrina militar argentina parecen acompañarlo. ¿Cuál es la idea de fondo? ¿Qué las Fuerzas Armadas sean quienes controlen pasos fronterizos, pidan documentos y detengan a sospechosos de contrabando en Salta o Formosa? ¿O que, como ya se viene practicando bajo reglas reservadas, se conviertan en un parche ante la incapacidad estructural del Estado para resolver lo que en esencia son problemas de seguridad interior y desorden federal?
El problema no es que las Fuerzas Armadas participen en tareas que refuercen la defensa nacional. El problema es que, con discursos como estos, se termina reduciendo la defensa nacional a patrullajes de frontera, a una suerte de gendarmería de repuesto que “está equipada y entrenada” pero sin misión militar definida.
Lo más curioso, sin embargo, no es la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Lo más curioso es la falta de memoria. Hace menos de dos años, en plena campaña electoral, uno de los candidatos con más chances a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, sostenía con seguridad que “hoy no tenemos hipótesis de conflicto”. La frase mereció el rechazo inmediato del sector militar, especialistas, e incluso de algunos aliados del propio espacio político. Hoy, con otros términos, y desde el sillón ministerial, se parece bastante a lo mismo. Porque si estamos en un “continente de paz” (como declaró Petri), si el escenario geopolítico no justifica preocupaciones mayores, entonces la lógica natural es dedicar las Fuerzas Armadas a cubrir baches, no a prepararse para lo que por definición son: la guerra.
Lo que no explica Petri es por qué, si el continente está en paz, países como Chile, Brasil, Colombia o incluso Perú vienen apostando —con mayor o menor intensidad— al desarrollo y modernización de sus capacidades militares convencionales. ¿Están todos ellos equivocados, en una suerte de delirio belicista regional? ¿O será que Argentina se encamina —una vez más— en dirección contraria, resignando capacidades, presupuestos y doctrina bajo la idea de que el Ejército puede ser útil para tapar los baches de otras agendas institucionales?
La lógica de “reemplazo funcional” ya mostró sus límites. La Gendarmería, fuerza federal creada específicamente para ocupar ese espacio intermedio entre defensa y seguridad, hace años que se encuentra absorbida por demandas ajenas: policías provinciales colapsadas, gobernaciones que delegan el monopolio de la fuerza, y una demanda social creciente por respuestas inmediatas. Ahora, parece que el turno es de las Fuerzas Armadas, con la ilusión de que al vestir uniforme verde oliva, el problema desaparece.
La creación de la Gendarmería en 1938 fue, precisamente, para que las Fuerzas Armadas no fueran utilizadas como solución a los conflictos internos. Para que el Estado tuviera una herramienta especializada en zonas de frontera, pero sin comprometer la misión principal de sus Fuerzas Armadas. Esa distinción, que parecía clara desde la época de Roberto Ortiz, hoy se desdibuja en aras del oportunismo político y el cortoplacismo electoral.
Y mientras se arman estas puestas en escena, se esquivan las preguntas verdaderas. ¿Cómo se forma al personal militar si su misión es tan volátil? ¿Qué capacidades reales se planifican si la misión es tan volátil? ¿Dónde están las inversiones? ¿Y los salarios prometidos? Tengamos en cuenta, que mas allá de las declaraciones grandilocuentes ministeriales acompañadas por el retweet del submundo coptado por trolls de comunicadores paraoficiales, según el SIPRI, la Argentina volvió a perforar el récord de desinversión en materia de defensa durante el año 2024.
Por ahora, a poco de promediar la gestión, el ámbito de Defensa Nacional continua con el mismo ciclo pendular y de deterioro hacia las Fuerzas Armadas. Hasta ahora no parece haber saltos cualitativos en los ciclos de políticas publicas relacionados al ámbito que busquen transformaciones reales, sino mas bien un revival de eslóganes y propuestas que, de un lado y otro de la medianera política, atrasan décadas.
La OPEC+ se dirige a su reunión del 5 de mayo con los precios del petróleo bajo renovada presión (a la baja), y los países miembros divididos sobre si acelerar los aumentos de producción, dejando los precios del petróleo preparados para caer o experimentar un rally de cobertura de posiciones cortas dependiendo de la decisión del grupo, según dijeron los analistas de Citi en una nota reciente.
«Esperamos resistencia de los países miembros de la OPEC+ a la aparente propuesta de aumento de producción, de modo que los precios del petróleo están en la cuerda floja: ¿una gran caída o un considerable rally de cobertura de posiciones cortas?», dijeron los analistas de Citi en una nota esta semana, destacando la naturaleza de alto riesgo de la reunión.
El crudo Brent cayó brevemente por debajo de los 60 dólares por barril el 1 de mayo, casi revisitando los mínimos de abril después de que los titulares sugirieran que Arabia Saudí podría estar dispuesta a aumentar la producción y dejar que los precios cayeran aún más. «La noticia de que Arabia Saudí estaría dispuesta a aumentar la producción de petróleo en la próxima reunión de la OPEC y dejar caer los precios del petróleo generó incertidumbre adicional sobre los precios», añadieron los analistas.
Citi presenta una serie de escenarios para los próximos meses. En el caso bajista, una mayor debilidad del Brent podría encontrar soporte en 57 dólares en el segundo trimestre, 50 dólares en el tercer trimestre y 45 dólares en el cuarto trimestre si los fundamentos y la confianza empeoran. «Si la OPEC+ entrega un aumento adicional de producción, digamos una aceleración adicional de 0,5 mb/d, entonces el rango de altos 50 dólares/barril para el Brent podría mantenerse», dijo Citi, aunque señaló que un aumento más fuerte o un avance en las sanciones con Irán podría empujar el Brent hacia los 50 dólares.
Estos niveles son consistentes con los soportes de costos fundamentales, dijeron los analistas, citando la Encuesta de Energía de la Reserva Federal de Dallas. «La Encuesta de Energía de la Fed de Dallas sugiere que los productores en la región ’Permian (Otros)’… requieren un promedio de alrededor de 45 dólares/barril de ’precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI)… para cubrir los gastos operativos de los pozos existentes’. Añadiendo alrededor de 4 dólares/barril de diferencial Brent-WTI, entonces el nivel de 49-50 dólares/barril podría formar otro nivel de soporte».
En el caso alcista, mientras tanto, Citi ve posible un rally sorpresa si la OPEC+ se abstiene de más aumentos o si las sanciones a Irán se endurecen, con el Brent potencialmente volviendo a los 70 dólares. «Nuestro caso alcista con precios en el rango de 70 dólares/barril implica una combinación de ningún aumento adicional de producción por encima de lo anunciado, o incluso una congelación, y alguna implementación de sanciones más duras relacionadas con Irán, ya que las conversaciones se han estancado», dijeron los analistas.
Para la OPEC, se avecina un difícil acto de equilibrio, ya que los precios de equilibrio fiscal para productores clave como Arabia Saudí son mucho más altos que los niveles actuales del mercado.
«Si la OPEC+ aún acelera su retorno de producción, entonces sería difícil saber dónde la OPEC+ reconsideraría su decisión de producción. Un umbral potencial de la memoria reciente es un retorno a los precios de la era COVID alrededor de mediados de los 40 dólares/barril, cuando hicieron recortes contundentes a la producción», dijeron los analistas.
Con el mercado «más condicionado a pensar en la baja», Citi advirtió que la volatilidad probablemente seguirá siendo elevada cualquiera que sea el camino que elija la OPEC+ en esta reunión crucial, que involucrará a 8 países miembros de la OPEC+ incluyendo Arabia Saudí, Rusia, Irak, EAU, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.
Luis “Toto” Caputo tiene tiempo. Pero el reloj ya comenzó la cuenta regresiva. El ministro de Economía debe conseguir, antes de la última semana de junio, unos US$ 2.500 millones. Es el dinero que le falta para cumplir con el último gran compromiso financiero del año, el pago de los cupones de los bonares y globales que vencen el 9 de julio; y que implican un desembolso de unos US$ 4.500 millones entre capitales e intereses. El ministro ya contabiliza para la obligación unos US$ 2 mil millones que ya negoció con algunos bancos de posición amistosa con el país, y cuyo préstamo fue anunciado el viernes 11 de abril, el mismo día en que se presentó en sociedad el Facilidades Extendidas.
Pero le falta más de la mitad del dinero, ya que la intención del funcionario y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es la de mostrarle al mundo que después del acuerdo con el organismo, Argentina estaba ya lista para volver al maravilloso mundo de la colocación de deuda voluntaria en los mercados financieros internacionales. El riesgo país sigue navegando por arriba de los 700 puntos básicos, lejos de los 300 o 400 que debería exhibir para poder lograr alguna colocación de deuda financieramente prolija y con un costo accesible para cualquier economía normal; lo que aleja la posibilidad de las aspiraciones de Economía para conseguir el resto del dinero necesario para el vencimiento del 9 de julio. En el Palacio de Hacienda aseguran, confían en realidad, que falta poco para que el riesgo país reaccione, y que para junio ya todo estará “on track”. Nuevamente, tiempo hay, pero el reloj comenzó a correr. Tienen Caputo y Quirno algo más de treinta días para que el endiablado riesgo país pueda perforar los 500 puntos y llegar a un nivel de colocación de deuda de un 8% máximo.
¿Qué sucedería si esto no se lograra? Como ya se explicó en este medio, el FMI autorizó a Caputo a utilizar parte del dinero que ya se envió el martes 14 de abril para cumplir con el compromiso. Habría que descontar entonces unos 2.500 millones de los 12 mil millones de dólares que giró el FMI aquel día para fortalecer las reservas. Todo en orden entonces. El dinero para cumplir con el pago está disponible, aunque Caputo y Quirno no logren esa colocación de deuda voluntaria en los mercados internacionales. El problema surge hacia delante, para luego de ese 9 de julio. El Gobierno se comprometió ante el FMI a lograr un incremento neto de las reservas del Banco Central por unos US$ 4 mil millones; para cumplir la tríada de metas firmadas. Las otras dos son fáciles de lograr: el superávit primario de 1,3% del PBI (será superior al 1,6%) y la no emisión de pesos. Pero así como 2024 se complicó por la falta de dólares en la entidad que maneja Santiago Bausilli; lo mismo ocurre ahora en 2025. El Gobierno debe comprar dólares, tanto para el vencimiento del 9 de julio como para incrementar las reservas en esos 4 mil millones de dólares obligatorios. Si no lo hiciera, debería negociar un waiver hacia fin de año; algo que, indudablemente, sería un papelón.
La deuda que habrá que cubrir el 9 de julio alcanza unos US$ 2.898 millones en capital y US$ 1.559 millones en intereses; lo que suma unos US$ 4.457 millones totales; y que completan el primer pago que se realizó en enero pasado, por un monto similar. Entre ambos pagos representan casi el 50% del total de vencimientos de todo el año; con lo que despejado el panorama de este compromiso, ya casi el Gobierno no tendrá deuda importante por cerrar. Al menos durante este ejercicio 2025.
En el caso de no lograrse la colocación voluntaria buscada en los mercados internacionales, la habilitación para que este vencimiento se cumpla con el dinero del FMI no es un logro menor para Caputo y sus huestes negociadoras con el responsable del caso argentino ante el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. La ecuación general del préstamo de Facilidades Extendidas implica desde siempre que el dinero que se gire dentro del acuerdo debe quedar en las reservas del BCRA como si fuera en un escaparate intocable. Con el único objetivo general de mostrarle al público operador en el mercado financiero que la entidad que maneja Santiago Bausilli tiene la suficiente fuerza de acción para poder enfrentar tormentas. Y comenzar, ahora sí, a moverse en terrenos de azul y no de rojo permanente como viene ocurriendo desde el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy. Para cualquier otra acción dentro del mercado de capitales, queda claro para Washington que deben usarse dólares que el país vaya consiguiendo vía liquidaciones del campo (soja, maíz, etc), del primer superávit energético de peso o de la posible caída de la demanda de turismo por el fin de las épocas estivales. Sin embargo, saben desde el FMI que no hay tiempo para que, fuera del enorme refuerzo que implica el giro de dinero desde el organismo, las reservas del BCRA puedan recuperarse lo suficientemente rápido como para poder hacer frente al majestuoso vencimiento de julio. Es por eso que se conversó entre las partes negociadores que no haya mayores cuestionamientos para que el dinero del Facilidades Extendidas se utilice para este vencimiento de julio. Más teniendo en cuenta que para junio las posibilidades de recurrir a un potencial préstamo del mercado financiero voluntario de deuda internacional se viene complicando.
Muchos analistas del mercado financiero, algunos de ellos con contacto directo con los funcionarios del oficialismo, creen que para poder volver seriamente a los mercados financieros internacionales, habrá que esperar a que el país logre despachar la principal incógnita que queda pendiente, luego del conocerse la letra del acuerdo con el FMI y la manera (hasta acá exitosa) de salida del esquema de crawling peg al 1% mensual. Esto es, lo que suceda luego de las elecciones legislativas de octubre 2025, donde la gestión de Javier Milei se juega parte de su futuro político, económico, financiero y monetario. Esta circunstancia la saben los mercados en general, que reconocen que un buen resultado electoral le dará (o no) espaldas a Milei para seguir adelante con su plan económico libertario, y llevarlo a una instancia superadora. Y, luego, comenzaría a caer el riesgo país al ritmo de las reformas que siempre el mercado pondera. Por lo contrario, si el resultado legislativo es negativo, difícilmente ese nivel de riesgo país pueda bajar sustancialmente, con lo que la alternativa de una posibilidad de recurrir a los mercados financieros internacionales voluntarios quedará para otra oportunidad. No es un secreto.
Lo dijo indiscretamente el jueves pasado la búlgara Kristalina Giorgieva en el ámbito de la Asamblea Conjunta de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. Sin eufemismos, la directora gerente del organismo, llamó a votar al oficialismo, para que las reformas sigan por el buen camino. Algo que el estatuto del FMI prohíbe explícitamente con la siguiente consideración en su estatuto: “El FMI es una organización que se centra en la estabilidad económica y monetaria internacional, y no tiene jurisdicción ni autoridad para interferir en los procesos electorales de los países miembros. La soberanía de cada país sobre sus propios asuntos internos, incluyendo sus elecciones, es un principio fundamental del derecho internacional”.
Evidentemente, la crisis institucional es mundial.
A menos de un año de la primera guerra comercial de Donald Trump con China, el líder chino Xi Jinping realizó una visita de alto perfil a una fábrica sin pretensiones en Ganzhou, una ciudad industrial enclavada entre ondulantes colinas en el sureste del país.
Durante su recorrido por la sala de exposiciones en 2019, Xi examinó fila tras fila de bloques de metal gris poco llamativos y declaró a su séquito de funcionarios del Partido Comunista: «Las tierras raras son un recurso estratégico vital».
Casi seis años después, el dominio de China de la cadena de suministro de tierras raras ha surgido como una de sus herramientas más potentes en una renovada guerra comercial con el presidente de Estados Unidos. Estos minerales, que se utilizan para alimentar desde iPhones hasta vehículos eléctricos, son componentes vitales para el tipo de tecnología avanzada que definirá el futuro.
Y, a diferencia de los aranceles, es un frente en el que Trump tiene poco margen para tomar represalias del mismo tipo.
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos más abundantes que el oro y pueden encontrarse en muchos países, incluido Estados Unidos. Pero su extracción y procesamiento son difíciles, costosos y contaminantes para el medio ambiente.
Durante décadas, Estados Unidos y otros países han dependido del suministro de Pekín de estos metales procesados. China representa el 61% de la producción mundial de tierras raras extraídas, pero su control sobre la fase de procesamiento es del 92% de la producción mundial, según la Agencia Internacional de la Energía.
El 4 de abril, tras años de advertencias veladas, el gobierno chino impuso restricciones a la exportación de siete tipos de minerales de tierras raras, como parte de sus represalias contra los aranceles «recíprocos» iniciales de Trump del 34% sobre los productos chinos. Las nuevas normas exigen que todas las empresas obtengan un permiso gubernamental para exportar los siete minerales, así como productos asociados, como los imanes.
Los imanes hechos de tierras raras permiten motores y generadores más pequeños y eficientes utilizados en teléfonos inteligentes, motores de automóviles y aviones, y máquinas de resonancia magnética. También son componentes esenciales de una serie de armas de gran coste, desde los cazas furtivos F-35 hasta los submarinos nucleares de ataque.
«Es China mostrando que puede ejercer un increíble poder económico siendo estratégica (…) y quirúrgica y realmente golpeando a la industria estadounidense justo donde duele», dijo Justin Wolfers, profesor de economía y políticas públicas en la Universidad de Michigan.
El martes, Trump ordenó una investigación sobre los posibles aranceles a los minerales críticos, una categoría más amplia de recursos que incluye elementos de tierras raras, para evaluar el impacto de estas importaciones en la seguridad y la resistencia de Estados Unidos.
«La dependencia de Estados Unidos de las importaciones y la vulnerabilidad de nuestras cadenas de suministro plantea la posibilidad de riesgos para la seguridad nacional, la preparación para la defensa, la estabilidad de precios y la prosperidad y resiliencia económicas», dijo Trump en una orden ejecutiva.
Desde la primera administración Trump, Estados Unidos ha estado tratando de ponerse al día y construir su propia cadena de suministro nacional de tierras raras. Tres empresas estadounidenses del sector de las tierras raras han declarado a CNN que están ampliando su capacidad de producción y adquiriendo materiales de aliados y socios estadounidenses.
Pero estos esfuerzos tardarán años en satisfacer la enorme demanda de las principales industrias estadounidenses.
Pedidos suspendidos
Por el momento, el impacto de los controles a la exportación de Pekín se está dejando sentir rápidamente sobre el terreno.
John Ormerod, fundador de la consultora de imanes de tierras raras JOC, declaró a la CNN que los envíos de imanes de tierras raras de al menos cinco empresas estadounidenses y europeas se han detenido en China desde la imposición de la orden.
«Les ha pillado por sorpresa, así que hay mucha confusión por su parte y necesitan que las autoridades les aclaren qué es lo que hay que hacer (para obtener las licencias de exportación necesarias)», explicó.
Joshua Ballard, Consejero Delegado de USA Rare Earth, dijo que los controles de exportación se centran en las tierras raras «pesadas», controladas en un 98% por China. (Las tierras raras pesadas son menos comunes, más difíciles de procesar y más valiosas.) Esto significa que ahora las empresas deben solicitar la aprobación de Pekín para suministrar estos materiales críticos a industrias estadounidenses clave, añadió.
«Ahora mismo, literalmente, estas exportaciones están suspendidas», dijo Ballard. «No tenemos muchas existencias de este material en Estados Unidos… Esta es la mejor jugada de China. No tienen mucha influencia cuando se trata de aranceles sobre nosotros, pero seguro que tienen influencia aquí.»
Según Thomas Kruemmer, director de la empresa Ginger International Trade and Investment, con sede en Singapur, dedicada a la cadena de suministro de minerales y metales, los controles de exportación no sólo afectan a materiales concretos, sino también a aleaciones y productos que contengan estos elementos, aunque sea en cantidades mínimas. «Muchas exportaciones están ahora sujetas a este sistema de licencias», añadió, señalando que se esperan algunos retrasos mientras los exportadores navegan por el nuevo sistema.
Décadas de desarrollo
China se inició en la extracción de tierras raras en la década de 1950, según los medios de comunicación estatales, pero el sector no empezó a desarrollarse realmente hasta finales de los años setenta.
Durante ese tiempo, China combinó sus bajos costes laborales y unas normas medioambientales relativamente laxas con la adopción de tecnologías extranjeras, según Stan Trout, fundador de la consultora de tierras raras y materiales magnéticos Spontaneous Materials.
«Gran parte de la tecnología que trajeron se desarrolló aquí, en Estados Unidos, en Japón o en Europa», explica. «Y con el tiempo, seguro que la han mejorado».
A medida que aumentaba la producción de tierras raras del país, Pekín fue comprendiendo la importancia estratégica de los minerales. «Se reconoció que podía ser una tecnología muy importante que debían dominar», añadió Trout.
En 1992, durante una visita a uno de los principales centros de producción de tierras raras del país, en Mongolia Interior, Deng Xiaoping, el antiguo dirigente chino que encabezó las reformas económicas del país, pronunció una famosa frase: «Mientras hay petróleo en Oriente Medio, China tiene tierras raras». Hoy, China ha cumplido la visión de Deng al dominar toda la cadena de suministro de estos materiales.
Aunque los costes laborales son ahora más elevados, el control chino del sector se ha consolidado gracias a su «voluntad de invertir en tecnología, I+D y automatización» en una industria que requiere mucho capital, explica Ormerod.
Antes había empresas estadounidenses que fabricaban estos imanes de tierras raras. Pero Ormerod señaló que fueron abandonando el negocio a medida que surgían alternativas chinas más baratas.
«Hemos perdido los conocimientos técnicos, la capacidad de recursos humanos y se trata de una operación muy intensiva en capital», afirmó.
Ahora es difícil competir con el «precio chino», debido a las mayores economías de escala del país, así como a los incentivos gubernamentales que les dieron una ventaja adicional, añadió Ormerod.
Entre 2020 y 2023, EE.UU. dependerá de China para el 70% de sus importaciones de todos los compuestos y metales de tierras raras, según un informe del Servicio Geológico de EE.UU. de este año.
Reto y oportunidad para EE.UU.
Los últimos controles de exportación no son la primera vez que Pekín hace valer su dominio en el sector. En 2010, China detuvo los envíos de tierras raras a Japón durante casi dos meses por una disputa territorial. A finales de 2023, Pekín prohibió las tecnologías de extracción y separación de tierras raras.
Pekín también ha frenado las exportaciones de otros minerales críticos que son vitales para la economía y las cadenas de suministro mundiales.
Expertos y expertos del sector afirman que los controles de las exportaciones chinas han dejado al resto del mundo con alternativas muy limitadas. Pero Estados Unidos está trabajando para llenar ese vacío.
Desde 2020, el Departamento de Defensa estadounidense ha concedido más de 439 millones de dólares para establecer cadenas de suministro nacionales de elementos de tierras raras. Y se ha fijado el objetivo de desarrollar una cadena de suministro sostenible, de mina a imán, capaz de apoyar todos los requisitos de defensa de Estados Unidos para 2027.
Algunas empresas estadounidenses ven en el control de las exportaciones chinas una oportunidad para acelerar la producción nacional e impulsar una cadena de suministro más sólida fuera de China.
Nicholas Myers, consejero delegado de Phoenix Tailings, una empresa emergente de procesamiento de tierras raras con sede en Massachusetts, afirmó que su compañía ha desarrollado una tecnología para refinar minerales de tierras raras con «cero residuos, cero emisiones» en metales y aleaciones metálicas, obteniendo los materiales de minerales nacionales, así como de Canadá y Australia.
Su empresa produce actualmente 40 toneladas métricas de metales y aleaciones de tierras raras al año y aspira a alcanzar las 400 toneladas con una nueva instalación en New Hampshire.
«Todo es procesamiento nacional. No dependemos de nada de China», afirma.
«Estados Unidos tiene la capacidad absoluta para producir metales de tierras raras en los plazos que realmente necesitamos. Sólo tenemos que asegurarnos de que todos los clientes, todos los responsables políticos se centran en apoyar a la industria para que realmente crezca», añadió Myers.
Las empresas estadounidenses también se están introduciendo en algunos eslabones de la cadena de suministro.
USA Rare Earth está construyendo una planta de imanes en Texas, con el objetivo de producir 5.000 toneladas de imanes de tierras raras al año; también posee un yacimiento rico en tierras raras pesadas en el oeste de Texas, que incluye todos los minerales de la última lista de control de exportaciones de China, según su CEO Ballard. (El yacimiento también es rico en galio, un material crítico cuya exportación a EE.UU. prohibió China en diciembre).
Pero la empresa sigue trabajando en la tecnología de procesamiento para extraer los minerales de las rocas, dijo Ballard.
«La cuestión es cómo hacerlo más rápido. ¿Cómo desbloquear estos activos que tenemos en EE.UU., por pocos que sean? Tenemos que desbloquear lo que tenemos y construir tan rápido como podamos», afirmó.
Tras años de rumores, las empresas estadounidenses pueden tener por fin el impulso que necesitan para llevar a cabo la difícil tarea de restablecer la industria de extracción y transformación de materias primas, clave para ganar la carrera tecnológica a China.
En el año 2023 la cantidad de estudiantes de las Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense superó, por primera vez en la historia, a la de la Universidad de Buenos Aires.
El recientemente publicado Anuario de Estadísticas Universitarias 2023 nos muestra el cambio. Los Anuarios tienen siempre valiosa información para analizar el sistema universitario, muy recomendable darle, al menos, una mirada: argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/anuarios…
Este cambio era algo esperable por el importante desarrollo de la oferta universitaria en los Partidos del AMBA y por su dimensión demográfica: mientras que en CABA residen unas 3 millones de personas, en los Partidos del AMBA o Conurbano viven casi 11 millones.
El cambio no se dio por sustitución de la UBA, ya que su matrícula casi se duplicó desde el regreso a la democracia, sino por ampliación del alcance del sistema y por complementación. La nueva oleada de democratización de la universidad no podía generarla una sola institución.
Así se cristaliza el proyecto de Taquini con su plan de descentralización de la UBA, institución que había superado lo que consideraba, basado en Julio Olivera, el tamaño óptimo de 20 mil alumnos (cifra hoy irrisoria ante la dimensión de las univ. de masas de todo el mundo).
A partir de 2009, durante el gobierno de CFK, se crean 8 UUNN: Jauretche, Avellaneda, UNPAZ, Moreno, Oeste, Hurlingham, Brown y Scalabrini y, en 2023 Delta y Pilar. El objetivo es favorecer la inclusión de sectores más alejados territorial y socialmente de la universidad.
Festejemos que, más allá de las dificultades, el Proyecto de más de 50 años se concretó y las UUNN del Conurbano son un orgullo para todo el sistema universitario. Crecen, se expanden y mejoran con la experiencia.
De esto pueden dar fe sus más de 350 mil alumnos, sus docentes, no docentes e investigadores, así como los de otras universidades, desde la de Jujuy hasta la de Tierra del Fuego, pasando por la pionera de Córdoba y UBA, con las cuales interactúan y se benefician mutuamente.
El mejoramiento genético de animales y plantas es un proceso tan silencioso como extenso. Sobre todo en el caso de los árboles, que pueden demorar décadas en expresar sus características y ralentizan la elección, un paso clave para obtener especies superadoras. Un estudio reciente de investigadores del INTA, Conicet, Embrapa (Brasil) y UPM-Forestal Oriental (Uruguay) propone un mecanismo para acelerarlo y hacerlo menos costoso.
En realidad, descubrieron que es efectivo aplicar la selección genómica, ya utilizada en otros campos, al mejoramiento forestal. Es decir que, en vez de demorar años en la observación a campo para evaluar el crecimiento y calidad de la madera, se puede usar información de ADN para hacer predicciones y acelerar el proceso de selección.
El trabajo titulado “Genomic selection in forest trees comes to life: unraveling its potential in an advanced four-generation”, publicado en la revista Frontiers in Plant Science, evalúa cuatro generaciones de Eucalyptus grandis para ver cuán probable es anticiparse al crecimiento en volumen, la densidad de la madera y el rendimiento de pulpa sólo con datos genómicos y fenotípicos de generaciones previas del árbol.
“Este estudio resalta el enorme potencial de la selección genómica para hacer más eficiente el mejoramiento de los árboles, reduciendo costos, tiempos de evaluación, y permitiendo seleccionar individuos superiores con mayor precisión”, señaló el investigador Eduardo Cappa, que pertenece al INTA y el Conicet.
Se evaluaron más de 34.000 árboles con datos de crecimiento a tres años, y el único de los aspectos que encontraron difícil de estimar es el crecimiento en volumen. La precisión respecto a la densidad y rendimiento, sin necesidad de ver crecer el árbol en el campo, demuestra que puede hacerse mejoramiento forestal a gran escala a partir de modelos genómicos entrenados con información de parientes cercanos.
Desde el INTA destacaron la importancia que tienen estos avances para el sector forestal, ya que se podrán reducir o eliminar las largas y costosas pruebas de campo, en las que se evalúa la descendencia. “Podrá optimizar la producción de madera y otros productos derivados, contribuyendo al desarrollo sustentable de los bosques plantados”, señaló Cappa.
Durante cinco segundos, a las 12.33 de este lunes, 15 gigawatios (GW) de generación eléctrica desaparecieron de golpe del sistema en España. Equivalía, explican fuentes del Gobierno, el 60% de la electricidad que se estaba consumiendo en ese momento en el país. Solo hicieron falta esos cincos segundos para desatar el caos este lunes. El sistema se vino abajo, pero la causa sigue siendo una incógnita.
La Península vive un apagón masivo e histórico que ha dejado a los territorios continentales de España y Portugal sin energía eléctrica. “En los más de 40 años que llevo en este sector nunca había visto algo así”, sostiene Jorge Fabra, quien fue durante una década presidente de Red Eléctrica. Por la tarde, se ha ido recuperando la electricidad en algunos puntos del país. Pero la principal duda que sigue sobre la mesa es qué ha ocurrido. “No descartamos ninguna hipótesis”, ha afirmado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en una conferencia de prensa sobre las 18.00. “No sabemos las causas”, ha insistido el presidente aumentando así todavía más la incertidumbre sobre este cero energético histórico en el país.
Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe en la tarde de este lunes.
¿Cuándo ha comenzado el corte del suministro?
A las 12.33 se ha detectado “una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia” de las redes eléctricas. Y esa oscilación se ha debido a una pérdida de generación, es decir, a una caída en la producción de electricidad, que en España proviene de las centrales nucleares, las plantas hidroeléctricas, los ciclos combinados y los parques solares y eólicos, principalmente.
Esa pérdida de potencia estuvo motivada por la desaparición durante cinco segundos de los 15 GW de generación. Para comprender la dimensión del problema las cinco centrales nucleares que hay en España tienen una potencia instalada de 7,4 GW.
La oscilación provocada por esa caída, cuyas causas se siguen investigadndo, ha desencadenado a su vez la desconexión del sistema eléctrico español del europeo, que se basa en una interconexión con Francia. Esa desconexión “ha conllevado el colapso” del sistema y el consiguiente apagón generalizado, según ha señalado Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, en una primera conferencia de prensa a las 14.30. Luego, a las 19.00 Pietro ha comparecido de nuevo, para reiterar esta explicación. Este responsable del operador del sistema ha recalcado que se trata de un “hecho absolutamente excepcional”, ya que nunca se había dado un “acontecimiento de estas características” en España.
¿Cuándo se solucionará el problema?
Prieto había señalado a las 14.30 que la recuperación total del servicio en España tardaría entre seis y diez horas. Y que será “paulatina y progresiva”. Pero en la comparecencia de la tarde ya no ha especificado el número de horas para que se recupere por completo el sistema.
El Gobierno de España ha declarado una crisis de electricidad tras la interrupción de suministro eléctrico y se han iniciado los trabajos para recuperar el suministro.
Los técnicos de Red Eléctrica y los de las compañías eléctricas trabajan ahora en la recuperación de la tensión que ha empezado por zonas cercanas a Francia. Una vez que se recupere esa tensión en el sistema, y se haga llegar a las centrales, estas pueden arrancar para recuperar la normalidad. Sobre las 17.30 ya se había recuperado el suministro eléctrico en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, según informaba Red Eléctrica. A las 18.45, este mismo organismo informaba de que a las zonas donde ya se ha comenzado a reponer el suministro “se suman otras en Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha”. A las 21.30, según Prieto, el 35% del suministro estaba ya cubierto en España.
¿Qué ha provocado la caída del sistema?
Ni Pedro Sánchez, ni Prieto, ni ninguna fuente oficial han explicado qué ha causado este inédito cero energético. “No vamos a especular”, insisten fuentes oficiales del Gobierno. Sánchez, en su breve comparecencia sin preguntas, ha insistido en que no se propague “información de dudosa procedencia”.
¿Ha sido por un fenómeno meteorológico?
Durante todas las horas de silencio informativo sobre las causas del apagón se han disparado las hipótesis, algunas de ellas desmentidas, sobre el desencadenante de esta crisis.
Reuters informó que de REN (Redes Energéticas Nacionais, el equivalente a Red Eléctrica de España) había adelantado que un extraño fenómeno meteorológico en España podría estar en el origen del apagón. Pero fuentes de este organismo han desmentido esa información, que apuntaba a una supuesta variación de las temperaturas en el interior de España.
¿Podría ser un ciberataque?
Desde que se produjo el apagón masivo, otra de las especulaciones ha sido la del ciberataque. El primero en asegurarlo con más firmeza ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien señaló que de acuerdo con la información que le traslada el centro de ciberseguridad autonómico “todo apunta a que un apagón de esta magnitud solo puede deberse a un ciberataque”. El presidente andaluz reconocía haber llegado a esa conclusión sin confirmación de La Moncloa u otra institución: “Solo con nuestros datos”. Un par de horas después, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha señalado en Bruselas que, después de estar en contacto con las autoridades españolas y portuguesas, no “hay indicios de que haya sido provocado”.
El Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se ha limitado a asegurar que está investigando la hipótesis del ciberataque. España se ha convertido en uno de los países que más ciberataques considerados críticos por su especial gravedad reciben, con varios cientos al año. El Mando Conjunto del Ciberespacio, que depende Defensa, está también investigando el posible origen cibernético del apagón.
¿Sería posible un ciberataque de estas dimensiones?
La preparación y ejecución de un ciberataque que apague la electricidad de dos países casi enteros es muy complejo. Requiere de una operación coordinada que logre varios objetivos de manera simultánea. “Un apagón a esta escala mediante un ciberataque sería complicado porque hay muchas redes eléctricas segmentadas”, asegura Martín Vigo, especialista en ciberamenazas. Y una vez ocurrido, analizar las redes para encontrar el origen del ataque tampoco es sencillo. “Los ciberataques a redes eléctricas son posibles en teoría y en la práctica, porque las infraestructuras energéticas son sistemas muy complejos, llenos de puntos vulnerables”, dice Lukasz Olejnik, experto del King’s College de Londres. “Un ataque, por ejemplo, podría ir dirigido contra transformadores o subestaciones, provocando daños en el hardware hasta que empezara a fallar. Pero coordinar un ataque así de grande y sincronizado sería extremadamente difícil”.
¿Ha ocurrido un ataque así en el pasado?
En España hasta ahora no ha habido ningún indicio de que algo así es lo que haya ocurrido. Los únicos precedentes con éxito hasta ahora ocurrieron en Ucrania en 2015 y 2016, con Rusia como culpable. “Otros casos fueron simplemente demostraciones, intentos fallidos o simples rumores”, dice Olejnik, incluido otro ataque contra Ucrania en 2022. Toda la visibilidad necesaria la tienen los equipos oficiales encargados de investigar si realmente ha habido un ataque: “Se pueden imaginar otros escenarios, pero ahora no sirve de mucho especular: simplemente no tenemos los datos suficientes”, añade Olejnik. “No existe un ‘síntoma claro’ que permita decir con certeza que un apagón así se debe a un ciberataque. Todo lo que hemos visto hasta ahora también podría explicarse por causas normales, no malintencionadas. Por eso es importante investigar y evitar caer en rumores o en desinformación”.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advirtió hace un año del “gran crecimiento de ciberataques que están afectando a los entornos industriales y a los sistemas críticos”. La institución puso como ejemplo el software malicioso BlackEnergy, que el 23 de diciembre de 2015 fue utilizado por piratas rusos para sabotear las distribuidoras eléctricas de la región ucraniana de Ivano-Frankvisk, provocando un apagón en los hogares de 1,5 millones de personas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gabinete de la Presidencia del Gobierno también alertó en su último informe del “aumento en el número, frecuencia, sofisticación y severidad de impacto de los ciberataques”. En 2023, el Centro Criptológico Nacional gestionó unos 108.000 incidentes; el INCIBE, 83.500; y el Mando Conjunto del Ciberespacio del Ministerio de Defensa, 1.480. El órgano de asesoramiento del presidente advirtió de la existencia de “atacantes cada vez más sofisticados técnicamente y una creciente interconectividad, que amplía su posible rango de actuación”.
Manuel Planelles y Jordi Pérez Colomé
Comentario de AgendAR:
El «raro fenómeno atmosférico» suena a verso. Las hipótesis son muchas. Pero las causas estructurales e explican más fácil de otro modo. La industria europea que trabajaba a turnos se mudó a China.
Antes de hacerlo, generaba una demanda continua de potencia que se sostenía con centrales térmicas, hidráulicas y nucleares «de base». Los picos de demanda estacional creados por el frío y el calor tendían a aplanarse debido al consumo industrial. Evaporada la industria, los descensos y picos de demanda estacional urbana se disparan, y no son sólo estacionales sino circadianos, y el calentamiento global empieza a tallar.
Por ejemplo, los veranos se volvieron infernales incluso en el norte de la UE. Las fábricas remanentes trabajan a un turno, o tal vez dos, y a las 18:00 está todo el mundo viajando a su casa en subte o tren, con lo que se dispara un pico de demanda eléctrica, y a las 19:00 llega a casa y prende el aire acondicionado, las compus y la TV, o recarga su auto, con lo que un segundo pico de demanda se solapa con el primero.
Y los cables y transformadores de tensión alta, media y domiciliaria de la red han venido acumulando calor atmosférico todo el puto día, con lo que aumenta su resistencia, lo que a su vez los recalienta y entran a quemarse trafos a lo perro, especialmente los enormes y de difícil reemplazo de las líneas de alta tensión a media tensión. Siempre hay una primera gran central que se desconecta de la red para protegerse de las variaciones de voltaje y eso desencadena una cascada automática de desconexiones autoprotectivas en toda la red, y en un segundo se te apagó una ciudad, en dos una provincia, y en tres el subcontinente entero. Las centrales eólicas y solares no logran llenar jamás los picos de demanda, por la emperrada costumbre del viento de plancharse cuando más se lo necesita, y la del sol de no brillar de noche, y sólo con desgano y siempre que no haya nubes en los picos de demanda eléctrica matutina y vespertina. Ergo, pintan mega-apagones que a fuerza de repetirse dejarán de ser extraordinarios, y que matan preferentemente a gente de nuestra edad por deshidratación rápida y falta de agua en pisos altos de sus casas, y a otros por la rápida putrefacción de la comida en la cadena de frío.
Y en el fondo, es que hace medio siglo que la UE hace todo mal: exporta sus fábricas a Asia, cierra fuentes de potencia firme, se ata a las intermitentes, y lo hace mientras entra de lleno en el patrón circadiano sinusoidal de los países pobres y se aparta definitivamente del patrón mucho más plano de los países industrializados. La apuesta de conservadores y socialdemócratas (son lo mismo) al megavatio/hora barato e intermitente salió cara. La apuesta a vivir de servicios irreales en lugar de fabricar cosas materiales, doblemente. Y la de integrar redes eléctricas sin suficiente soporte de base llevó a Alemania a desmantelar las mejores centrales nucleares de Europa, las de Siemens, para vivir de gas y petróleo rusos, pero haciéndole guerra a Rusia, y a quemar carbón polaco, prusiano y hasta malasio para que no se les caiga el sistema eléctrico. Dicho de yapa, en su gran movida antinuclear, Alemania se volvió el principal comprador de excedentes de electricidad francesa… que es mayormente nuclear.
La buena noticia para la Argentina es que hay boludos peores.
La mala para los europeos es que los trafos de alta tardan semanas en fabricarse, y otras tantas en entregarse y montarse, y vienen mayormente de China.
El canciller brasileño Mauro Vieira llegará a Buenos Aires en la noche del próximo jueves. Además de participar de la reunión de cancilleres del Mercosur y un almuerzo previstos para el viernes por la mañana en el Palacio San Martín, Vieira pondrá sobre la mesa las instrucciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidido a reforzar junto a sus pares del bloque regional el funcionamiento interno de un Mercosur que parece haber “despertado”, según coinciden muy cerca del canciller argentino Gerardo Werthein.
“El Mercosur se despertó. Y más que amigos, somos socios que trabajan juntos”, definieron cerca del canciller argentino, que a su regreso de Roma (formó parte de la delegación que acompañó al presidente Javier Milei en los funerales del papa Francisco) se pondrá al frente de una reunión, que promete avances sustantivos en la implementación de cincuenta excepciones arancelarias adicionales para cada país al Arancel Externo Común. Excepciones vitales para que el Gobierno pueda cumplir su máximo objetivo: abrochar en los próximos meses un acuerdo comercial con el gobierno de Donald Trump.
Más allá del océano ideológico que los separa-ni siquiera se cruzaron en Roma, una foto que podría haberse dado de manera casual-y de los ásperos intercambios verbales del pasado, Milei y Lula da Silva están decididos a impulsar la “agenda externa” del Mercosur: acuerdos con la Unión Europea, el Efta, Emiratos Arabes Unidos y otros adicionales (Lula quiere un acuerdo con Japón, Milei un tratado de Libre Comercio con El Salvador de su aliado Nayib Bukele) están en etapas finales o en la agenda del bloque regional. Un panorama impensado meses atrás, cuando todo era distancia entre el gobierno libertario y el que encabeza el experimentado dirigente del PT brasileño, más allá de que el encuentro cara a cara entre Milei y Lula pueda darse recién en los primeros días de julio, en la cumbre de presidentes del Mercosur, en Buenos Aires.
Fuentes con conocimiento de la estrategia de la cancillería brasileña afirmaron que Lula considera “razonable” el acuerdo que la Argentina quiere sellar con Trump, acuerdo para el cual necesita la serie de 50 exenciones arancelarias adicionales, que ya tiene el visto bueno político del bloque regional a partir de la pasada reunión de cancilleres, el pasado 11 de este mes. El detalle de cada rubro fue discutido, miércoles y jueves pasados, en la reunión de representantes del Grupo Mercado Común del Mercosur, aunque las conclusiones no trascendieron.
“Este es un momento distinto, por eso las soluciones tienen que ser distintas. Tenemos que ser abiertos a los intereses de cada país”, comentaron desde el sub-bloque progresista que hoy componen Brasil y Uruguay, ya con el Frente Amplio del presidente Yamandú Orsi en el poder, de evidente sintonía con Lula da Silva. “No hay novedades hasta la reunión de cancilleres”, informaron, lacónicos, desde el Palacio San Martín, aunque dejaron trascender su optimismo ante lo que, consideran, una nueva etapa en la relación con sus vecinos.
El pasado 9 de abril, Milei visitó por primera vez en lo que va de su mandato a un presidente vecino. Fue a Asunción para conversar con Santiago Peña, el presidente de Paraguay que coincide con Milei en su firme alineamiento con Estados Unidos, y del que se siente más cercano en su línea pro-mercado. Brasil y Uruguay observaron ese movimiento del Presidente, aunque desde aquellos países trascendió una versión con tintes de diplomacia pura. “Lo que quedó claro con ese viaje es que a Milei le interesa el Mercosur”, afirmaron desde Brasilia y Montevideo, meses después de que Milei calificara al Mercosur como un “lastre” y un obstáculo para un TLC con Trump, una idea que, a poco de andar, fue desechada por la propia Casa Rosada, y reconvertida en un “acuerdo de preferencias comerciales” con la primera potencia mundial.
Por lo bajo, desde Itamaraty aseguran que buena parte del empresariado brasileño vio con buenos ojos la salida del cepo cambiario, puesta en marcha hace dos semanas por el gobierno argentino. Subsisten, como era de esperar, algunos resquemores, como la posibilidad de la anunciada apertura a la importación prometida por la Casa Rosada (con eventual mayor presencia de China en rubros como automóviles), o la promesa libertaria de arancelar los estudios universitarios y los servicios de salud para extranjeros, que afectaría, por ejemplo, a los 20.000 estudiantes brasileños en el país. “Una cosa es lo que se anuncia, otra lo que efectivamente se lleva adelante”, expresaron, con mesura, conocedores de la trama diplomática regional.
También está pendiente la resolución de la situación de los cinco opositores al régimen chavista asilados, desde hace más de un año, en la sede diplomática argentina en Caracas, una sede a cargo del Estado brasileño luego de que el presidente Nicolás Maduro expulsara a la delegación argentina del país caribeño. Desde el Gobierno consideraron como “muy buena iniciativa” la propuesta de Bukele a Maduro, consistente en el otorgamiento del salvoconducto para los asilados y el gendarme argentino Nahuel Gallo (detenido en las cárceles del chavismo sin noticias de su paradero) a cambio de la salida de más de 200 presos venezolanos en El Salvador. Maduro, como era de esperar, rechazó la propuesta, que era apoyada por los miembros de Argentina en el Mercosur.
Reforzar la “agenda externa” del Mercosur incluye, por cierto, la idea de avanzar con el demorado acuerdo con la Unión Europea, que requiere del aval de la totalidad de los parlamentos de los miembros de cada bloque para concretarse en su totalidad.
Para Milei, lograr un acuerdo en los próximos meses con Estados Unidos, basado en las exenciones arancelarias solicitadas por la administración Trump es, hoy, una meta alcanzable. Si lo logra, será por cierto con la ayuda, por cierto, de sus “súbitos” socios del Mercosur.
En un nuevo gesto de consolidación militar británica en el Atlántico Sur, la Sección 2 del Regimiento Real de Fusileros Gurkhas, llevó a cabo una serie de ejercicios militares avanzados en las Islas Malvinas bajo el nombre de Cabo Kukri III. Las maniobras incluyeron fuego de fogueo y real, simulacros de combate nocturno y diurno, operaciones conjuntas con la Real Fuerza Aérea (RAF) y el despliegue táctico de drones, marcando una nueva fase en el adiestramiento de las fuerzas británicas en territorio ocupado.
Estas operaciones se enmarcan dentro de una política sostenida por el Reino Unido desde 1982, con el objetivo de mantener una presencia militar robusta en el archipiélago. Siendo la base aérea de Monte Agradable (Mount Pleasant), el centro neurálgico de estas actividades, albergando recursos estratégicos como aviones Eurofighter Typhoon, Airbus 400 Atlas, sistemas misilísticos de defensa aérea y efectivos de infantería de élite, de manera rotativa.
Un escenario de entrenamiento con doble propósito
El ejercicio “Cabo Kukri III”, que se desarrolló a lo largo de una semana, no se limitó a prácticas convencionales. Incluyó tareas complejas como la ocupación de posiciones en áreas de difícil acceso, particularmente en sectores como Monte Harriet, y la integración con plataformas aéreas para simulacros de asistencia y defensa coordinada, además del despliegue de drones.
Estas prácticas fueron acompañadas por un ejercicio de reabastecimiento aéreo inédito: el lanzamiento de más de 21 toneladas de suministros desde un avión A400M Atlas en las cercanías de Pradera del Ganso, considerado el mayor despliegue logístico de este tipo en la historia reciente británica en Malvinas. Esta maniobra, lejos de responder a necesidades humanitarias como se insinúa desde voceros británicos, refuerza una política de ocupación con alta capacidad de proyección táctica en escenarios remotos.
Consolidación militar en territorio usurpado
El accionar de las fuerzas Gurkhas y las prácticas de interoperabilidad entre unidades terrestres, aéreas y navales —como el entrenamiento reciente a bordo del patrullero HMS Forth— responden a una estrategia integral británica para garantizar el dominio operacional sobre un enclave geopolítico ocupado.
Este tipo de ejercicios, diseñados para operar bajo condiciones climáticas adversas y topografía compleja, no hacen más que reafirmar la vocación de permanencia de Londres en el archipiélago. El HMS Forth, que completó una rigurosa evaluación FOST (Flag Officer Sea Training), se mantiene como una de las principales plataformas de vigilancia en la región, garantizando una presencia naval permanente en línea con las capacidades disuasivas británicas.
El silencio diplomático argentino y las implicancias geopolíticas
Pese a las reiteradas denuncias históricas de la República Argentina ante Naciones Unidas por la militarización de las Islas Malvinas, bajo la gestión actual del presidente Javier Milei no se han producido declaraciones oficiales recientes respecto de estos ejercicios. Esta omisión contrasta con las posturas activas de gobiernos anteriores que apelaban al principio de desmilitarización del Atlántico Sur, consagrado en resoluciones de la ONU.
A contramano de la tradición diplomática argentina, Milei introdujo recientemente un enfoque inédito —y para muchos sectores, controvertido— al sugerir que los habitantes de las islas podrían “votar con los pies” y optar por ser argentinos. Durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el mandatario expresó que anhela que “los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”, en una formulación que fue interpretada como un reconocimiento implícito del derecho a la autodeterminación de los kelpers.
Esta declaración representa un giro conceptual respecto al enfoque basado en la integridad territorial, pilar del reclamo argentino respaldado por resoluciones de la ONU que rechazan la autodeterminación para poblaciones implantadas por ocupación colonial. Aunque Milei reiteró su “reclamo inclaudicable” por la soberanía, evitó condenar la ocupación británica o exigir su reversión, priorizando una lógica de atracción económica por sobre el reclamo jurídico.
El discurso provocó críticas tanto en ámbitos diplomáticos como en la sociedad civil, al considerar que socava la posición argentina en foros internacionales y podría fortalecer el argumento británico. Asimismo, la utilización del término “malvinenses” para referirse a los kelpers fue vista como una concesión simbólica a la narrativa del Reino Unido. Desde una perspectiva estratégica, esta aparente concesión podría ser utilizada por Londres como herramienta para legitimar su control sobre el archipiélago.
Si bien la intención anunciada de YPF era construir una instalación de licuefacción en la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, ahora la prioridad es la llegada de seis buques de GNL. Daniel Arias señaló hace 9 meses, en un comentario que volvemos a publicar al final de esta nota, las razones técnicas que hacían impracticable el traslado, de Bahía Blanca a Punta Colorada por razones políticas, de la locación del proyecto original
El mercado de exportación de gas en la Argentina avanza con cada vez más empresas que aprovechan el excedente de producción de los meses de altas temperaturas para vender moléculas a Chile, Uruguay y Brasil. Por ahora, sin embargo, son operaciones hechas a través de gasoductos.
En paralelo, el sector está diseñando la llegada de varios buques de licuefacción, que permiten transformar el gas de su estado natural a líquido para ampliar el horizonte de venta a otros mercados.
Si bien la idea original de YPF era construir una planta de licuefacción en la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, este plan viró en la instalación de buques de gas natural licuado (GNL). “En vez de ser una planta en tierra, son varias plantas offshore (costa afuera)”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.
La petrolera señaló que el objetivo final sigue siendo el mismo: que la Argentina exporte 30 millones de toneladas por año (MTPA), equivalente a 141 millones de metros cúbicos día (m3/d) de gas natural para 2030. Esto significa duplicar la producción actual de gas del país e incrementar las exportaciones argentinas en US$15.000 millones dentro de cinco años.
La adquisición de buques de GNL ofrece varias ventajas con respecto a la construcción de la planta en tierra. Por un lado, da mayor flexibilidad al proyecto de exportar GNL, porque permite ir escalándolo de a poco. Además, es más fácil de financiar, ya que sólo construir la planta implicaría desembolsar al menos US$3000 millones.
“Antes era incierto saber si eran plantas en tierra o costa afuera, pero la construcción de barcos es más competitiva y más económica. Además, hay más precisión en la fecha de entrega, porque son contratos llave en mano. Esto es importante porque se le puede dar más precisión de entrega a los offtakers [clientes]”, dijeron en YPF.
Al momento ya está confirmada la puesta en producción comercial de un primer buque de GNL para principios de 2027. Se trata del proyecto que lideró Pan American Energy (PAE) -la empresa que dirige la familia Bulgheroni– junto con la compañía noruega Golar, propietaria de la tecnología.
Para ello se constituyó una nueva compañía, Southern Energy, de la cual fueron comprando porciones otras productoras. La participación accionaria se compone por PAE (40%), Pampa Energía (20%), YPF (15%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).
Este primer buque de licuefacción, llamado Hilli Episeyo, tendrá una capacidad de producción de 2,45 MTPA de GNL, equivalente a 11,5 millones de m3/d gas.
Golar, además, está construyendo otro buque similar con capacidad de 3,45 MTPA, que podría estar disponible para finales de 2027. Esto permitiría ampliar la capacidad de exportación a 27 millones de m3/d en tres años, que significa el 20% de la producción nacional.
YPF, a su vez, está trabajando para construir cuatro buques de GNL adicionales en China: dos serían en conjunto con la empresa italiana Eni y los otros dos, con la angloholandesa Shell.
Todo el proyecto implicaría una inversión de al menos US$22.000 millones, que incluye también la construcción de plantas de tratamiento y el resto de la infraestructura necesaria, según la última presentación que hizo Marín, ante inversores en la Bolsa de Nueva York.
Los planes de YPF ya no incluyen la mención de la construcción de la planta de GNL
En caso de avanzar con todos estos proyectos, hará falta construir tres gasoductos más similares al Perito Moreno (antes llamado presidente Néstor Kirchner), desde la cuenca neuquina a Río Negro. El ducto de 36 pulgadas y 573 kilómetros de largo demandó una inversión de US$2700 millones en 2023.
Crecen las exportaciones a Brasil
En el corto plazo, y aunque todavía son volúmenes chicos, cada vez más empresas están aprovechando la infraestructura existente para venderle gas a Brasil a través de Bolivia. Luego de los anuncios de TotalEnergies y Tecpetrol, Pluspetrol también confirmó que realizó el primer envío al país gobernado por Lula da Silva.
Por ahora, son testeos para conocer el mercado vecino, atraer clientes y negociar con Bolivia el “peaje” que cobra por usar sus gasoductos para llegar a San Pablo. Las compañías aprovechan el excedente de producción antes de que lleguen las bajas temperaturas y el mercado local aumente su demanda (en invierno se espera que se frenen los envíos para abastecer el mayor consumo doméstico).
Los volúmenes exportados apenas son de 700.000 m3/d, menos del 4% de la producción total, que en febrero fue de 145 millones m3/d. Pero es un primer paso para conocer el mercado brasileño, que antes se abastecía de las reservas de Bolivia, cuyos yacimientos en los últimos años entraron en una fuerte declinación.
Pluspetrol resultó adjudicatario y es el nuevo proveedor de la uruguaya ANCAP desde mayo pasado hasta diciembre de 2028
“Fue una prueba lo que se hizo, aún hay que lograr llegar a Brasil con precios más competitivos y hay que recorrer 5000 km de ductos”, dijo en reserva una de las empresas, que hizo referencia al precio mínimo de exportación que todavía rige del gobierno de Alberto Fernández.
A través de una resolución de la Secretaría de Energía, la administración anterior fijó el valor mínimo de exportación, que equivale al 5,5% del precio del Brent, la cotización internacional del barril de petróleo. A esto se le suman los costos de transporte en firme (no interrumpible).
Esto equivale a un valor en torno a US$4,5 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Para tener una referencia, en la Argentina se paga en promedio menos de US$3 el millón de BTU.
Otro de los desafíos hacia delante es lograr que los contratos sean “en firme”, es decir, no interrumpibles, como sucede actualmente. Esta condición obliga a cobrar más barato las exportaciones.
Al momento, solo Pluspetrol logró firmar un contrato en firme por 3,5 años con Uruguay, al resultar adjudicatario de ser el proveedor principal de la estatal Ancap, desde mayo pasado hasta diciembre de 2028. En los meses de invierno los volúmenes en firmes alcanzan picos de 400.000 m3/d, mientras que el promedio en el período estival es de aproximadamente 200.000 m3/d. La entrega es en la frontera argentino-uruguaya, en los puntos de medición del gasoducto Gas Link y en la Cámara Colón de Entre Ríos.
Asimismo, si bien se avanzó con la reversión del sentido de flujo del gasoducto del Norte, que se usa para llevar gas de Vaca Muerta a Bolivia, todavía es necesario invertir en la construcción de capacidad adicional. De hecho, todavía está pendiente la adjudicación del proyecto para ampliar el gasoducto Perito Moreno, que diseñó TGS.
Sofía Diamante
ooooo
Comentario de AgendAR:
Este comentario acompañaba la nota del 31 de julio del año pasado, en la que Horacio Marín anunciaba su intención de construir una planta de licuefacción y producir GNL en Punta Colorada, Río Negro. Aquí se dan las razones técnicas que ya decían que era un proyecto absurdo.
A Horacio Marín, director de YPF, por ahora no sabemos si creerle: su mandato es defender el RIGI como ley nacional, no la logística de una instalación industrial y portuaria compleja. Esto tiene límites más severos, fijados por la geografía de costas.
A Petronas le creeremos que elige Punta Colorada para la segunda etapa industrial y portuaria del proyecto GNL, cuando lo diga. Mientras no lo haga, puede embarcar gas natural, básicamente metano en estado gaseoso, y licuarlo en barcos especializados que tienen todo aquello que falta en Punta Colorada para pasar el gas a estado líquido y almacenarlo.
Lo que falta en Punta Colorada y deben proveer los barcos son máquinas criogénicas capaces de generar 162 grados bajo cero, agua desalinizada para enfriar las mismas, y para consumo de los especialistas y el resto de la tripulación a bordo. Estos también tienen a bordo la hotelería de ingenieros, técnicos y del resto de la tripulación, y las máquinas diesel de propulsión suministran la enorme demanda eléctrica del equipamiento. Estamos hablando de barcos que son pequeñas ciudadades industriales, no de naves chicas.
Se pueden fondear en Punta Colorada barcazas de permanentes de licuefacción, almacenamiento y trasbordo a barcos. Petronas tiene una capaz de licuar unos 6 millones de m3 de gas natural y producir con ellos 1,5 millones de toneladas anuales del producto final, GNL. La cifra sería sumamente preliminar para los planes de la petrolera malasia. En la etapa más avanzada del proyecto, Petronas quiere exportar al menos 20 millones de toneladas/año de GNL.
Esa barcaza podría operar en Punta Colorada si allí hubiera un gasoducto que trajera gas a ese punto desolado (ups, no lo hay). Para una operación preliminar, con una sola barcaza de licuefacción, habría que tirar un caño hacia el Gasoducto San Martín, que pasa 50 kilómetros tierra adentro, y conformar a los millones de clientes y usuarios finales de ese gas natural, las industrias y la población de la Región Centro, que vienen de décadas con cierres de fábricas y de apagones eléctricos en invierno o en verano, por falta de suministro.
Esta «solución» es contractual y políticamente ripiosa. Si Punta Colorada ha de exportar GNL en cantidades atractivas, debería contar con un gasoducto propio y exclusivo desde Vaca Muerta, 630 kilómetros si se sigue el trazado de la RN 22 para construirlo. ¿Pondrá la plata Petronas para esa obra? El presidente y CEO de Petronas, Tengku Muhammad Taufik, podría hacerlo si Punta Colorada estuviera menos expuesta a vientos y oleaje.
Nuestra morfología costera no es fácilmente remediable. A diferencia de la Patagonia Chilena, a su contraparte argentina la geología le otorgó -con un par de excepciones- muy pocos y muy malos puertos. Tenemos un combo de mareas extremas, fondos bajos, corrientes de marea, escarceos y una línea de costa más bien recta y aburrida, con poquísimas rías o caletas que den abrigo contra los vientos, famosos por brutales e impredecibles.
Hay malos puertos patagónicos (Comodoro, Caleta Valdés) que se sobrepusieron con infraestructura flotante de embarque. Pero sirve para trasbordar crudo, un material que además se trae de cercanías, que de yapa está naturalmente en estado líquiodo y que resulta menos difícil de manipular que el GNL. Pero Punta Colorada jamás figuró siquiera dentro de la lista chica de malospuertos.
Mientras funcionó la mina de Hierro de HIPASAM, Punta Colorada fue un embarcadero de pellets de hierro, con un muelle de acero que se aleja centenares de metros de la línea de la costa en perpendicular, buscando desesperadamente algo de profundidad. Esa inmensa estructructura de vigas tipo «truss» debía garantizar que los buques mineraleros de los ’80, raramente mayores de 30.000 toneladas, llenaran rápido sus bodegas en pleamar.
Rápido, en pleamar y además debían ser chicos forzosamente, por las limitaciones en el punto de embarque: en bajamar y con viento, las restingas rocosas tipicas de casi todas las costas patagónicas son de riesgo de encallamiento y/o de fractura de casco. Pero además, luego de rumbear para el Norte debían navegar el el Plata y luego el Paraná de las Palmas aguas arriba, hasta los altos hornos de acero de SOMISA en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Ambos ríos estaban dragados a menor profundidad que hoy. Estamos hablando de barcos de cabotaje modestos, no de naves oceánicas de 300 metros de eslora, 43 de manga y 12 de calado, como los metaneros grandes de hoy.
Fernando Krakowiak y Nicolas Gandini, en el número del 31 de Julio de Econojournal (ver aquí), dicen que reuniendo otras petroleras multinacionales se podrían tener hasta tres barcazas de licuefacción de gas, y sumando todas llegar hasta 11 millones de toneladas/año de GNL. Dejan dudas sobre si esto podrá suceder, porque habría que juntar con YPF y Petronas a PAE, Tecpetrol, Pampa, TotalEnergies, Wintershall Dea, Pluspetrol y CGC, entre otros protagonistas importantes en Vaca Muerta, que miden cero e incluso debajo en materia de «affectio societatis».
Sin embargo en licuar metano todo grado Celsius negativo suma: después de todo, es un proceso criogénico.
El «affectio societatis» surge sólo cuando las cuentas son buenas. Pero incluso empresas tan tecnológicamente aventureras como algunas petroleras, las que se atreven a perforar a 7 kilómetros de profundidad a 300 km. de la costa bonaerense, podrían pensar que 3 ciudades flotantes en una costa tan brava es demasiado riesgo. Tampoco sabemos si Petronas quiere semejante multitud en su proyecto con YPF, planteado inicialmente como un íntimo «Tea for Two».
Lo cierto es que en las etapas 2 y 3 del proyecto de Petronas con YPF, tal como se planificaban hasta el 10 diciembre de 2023, la licuefacción del gas natural debía hacerse en tierra, para aumentar volúmenes y bajar costos. Nada de barcazas. Plantas grandes, espaciosas, relativamente a salvo de extremos meteorológicos, bien provistas de agua potable para consumo y procesos, de electricidad, de vivienda para el personal permanente, y con una población a tiro con ingenieros, técnicos y talleres capaces de manejo y mantenimiento de grandes equipos. Hasta hace medio año, Petronas parecía estar buscando un puerto, no una base lunar.
No creo que eso haya cambiado.
Si hay industrias petroquímicas preexistentes, facilitan las cosas: implican que la ciudad ya tiene acometida de gas. Es importante tener gas si uno quiere, digamos, vender gas.
Bahía Blanca, con su Polo Petroquímico y la planta de fabricación de urea de Profértil, una sociedad mixta canadiense y de YPF, era candidata natural por descarte: reúne todas las condiciones logísticas, pese a ser un puerto a lo sumo mediocre, por sus fondos barrosos. Aún así, de Puerto White y de Quequén sale toda la cosecha granelera del centro y sur de la provincia de Buenos Aires y la de la Pampa. El puerto está ahí desde fines del siglo XIX, es «de abrigo», enorme y no hay que inventarlo. Tiene limitaciones. Como dice Ricardo Bianchi, asesor en logística portuaria: se banca graneleros de hasta 60.000 toneladas.
¿Un mejor puerto que Bahía Blanca pero en Río Negro? Madryn, tal vez, por sus aguas profundas y relativamente (subrayo «relativamente») abrigadas. Pero está en la mayor y mejor reserva faunística de la Argentina, y sostiene un negocio fenomenal de turismo receptivo internacional. Por ahora, es mejor que los europeos y asiáticos concurran a a Madryn a dejar su plata a pie de pingüino, como quien dice, en esa ciudad paga más que mandarles GNL. El turismo en Madryn ya convive a codazos con la planta de reducción de bauxita a aluminio metálico de ALUAR. No porque ésta contamine el agua o el aire, sino porque compiten por electricidad que viene mayormente de la central hidroeléctrica de Futaleufú.
En los ’90, cuando Madryn ya tenía una población permanente de más de 70.000 habitantes, ALUAR consumía el 99% del producto eléctrico de Futaleufú. Con el 1% restante, se iluminaban Madryn y Trelew. ¿Alguien dijo por ahí que el aluminio es literalmente electricidad congelada? Tiene razón. Recursos humanos capacitados en Madryn hay, por los que radicó ALUAR y los que crearon las varias metalúrgicas locales que añaden valor al aluminio en lingotes. ¿Hay lugar para terceros? No. Hay tres techos: la escasez de agua potable, la de electricidad y, naturalmente, la de gas.
Inventar una industria, un puerto y una ciudad puede ser demasiado para Petronas. Eran las cosas que hacía la vieja YPF, la que trabajaba para el país como conjunto, cuando iba fundando ciudades en Chubut y Santa Cruz, y ponía desde las viviendas hasta la electricidad, y desde los hospitales hasta las escuelas. Linda empresa, nacional y pública, como Petronas. Pero una recidivante jauría de turros la dejó vaciar a placer por unos cosos hispánicos, se recuperó medio averiada en 2011. Y aunque desde entonces YPF desarrolló Vaca Muerta, no se le puede pedir que ande inventando país en medio de la nada, como antes.
En cuanto a Petronas, hace negocios para SU país, no el nuestro.
Respecto de la falta de agua potable en Punta Colorada, en el subsuelo local no la hay. Las lluvias raramente arañan los 200 mm. anuales. Es la costa de un desierto bastante estricto. La ciudad dormitorio del embarcadero de pellets de hierro de HIPASAM era Sierra Grande, 34,5 km. hacia tierra adentro por la Ruta Provincial 5.
Sierra Grande debía abastecerse de agua por acueductos de 120 y 140 km. de longitud. El agua venía desde dos arroyitos de la Meseta de Somuncurá, también bastante desértica, pero con algo de esa capacidad de almacenamiento hídrico que dan las tierras altas. Los dos acueductos, que requerían mantenimiento intenso, lograban sumar unos 4m3 por segundo de caudal. Es algo así como 2/3 del agua que mueve el Riachuelo, ese arroyo bonaerense que separa la CABA de Avellaneda. Más limpia, obviamente.
Esa escueta cantidad alcanzaba para hacer funcionar la mina de hierro, cerrada en 1990. El excedente, cuando la mina estaba en operaciones, daba para una hora diaria de suministro a los domicilios de esa ciudad, entonces de 20.000 habitantes. Era frecuente quedarse enjabonado cuando la ducha decidía, de pronto, no entregar más agua: un blooper la primera vez, después ya no tanto. El que tenía lavarropas, debía correr hasta su casa para llegar hasta él junto con el agua.
Si Petronas se asienta allí en Punta Colorada y el proyecto avanza a las fases 2 y 3, que implican plantas industriales de licuefacción en tierra, deberá conseguirse el agua potable desalinizando agua de mar por ósmosis inversa. Es caro, es perfectamente posible, es el único modo de que crezcan las ciudades costeras patagónicas en general, pero es conjetural que la petrolera malasia quiera incurrir en semejante gasto, aunque podemos sumarlo a la carta que le escriben los chicos a los reyes magos. En cuanto a YPF, ya no está financiera o políticamente para esos bailes.
No ponemos en duda de que Petronas en unos años estará exportando cantidades modestas y preliminares de GNL de Vaca Muerta desde su barcaza de licuefacción. Pero eso puede hacerlo indistintamente de casi cualquier lugar de la costa argentina, tanto la patagónica como la bonaerense. Sin embargo, una geografía costera apta, un puerto ya fundado, electricidad, agua y gas en cantidades suficientes y una población preexistentes ayudarían mucho.
La Nación, diario al cual le creemos cada palabra, incluso la fecha, afirma que en su fase de apogeo el dúo Petronas-YPF debe llenar 400 barcos metaneros por año. Ojo, son barcos que embarcan GNL ya licuado, no chatas flotantes que reciben gas natural, lo licúan, lo almacenan y lo trasbordan a su vez a barcos metaneros muy alejados de la costa. Muy complicado. Además entre el viento, el oleaje, las corrientes de marea, las restingas, ya se sabe. Ya tenemos suficientes barcos naufragados en esas costas como para volver a exportar hierro.
Tal vez el presidente de YPF tenga previsto de adónde va a sacar el agua. Después de todo, cuando se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia se estaba buscando agua. Por ahí don Marín, a fuerza de buscar más petróleo, la encontró y no dice nada, para no avivar giles. ¿O tal vez se puede simplemente dejar secas las canillas de la vecina Sierra Grande, cuya población bajó de 20.000 a 7500 personas tras el cierre de la mina de hierro de HIPASAM? Podría ser, pero no va a alcanzar. Una mirada al mapa hidrográfico de Río Negro no muestra ninguna fuente de agua libre de sal demasiado cercana.
Ese caudaloso río que da nombre a la provincia, el Negro, tal vez sería una ayuda. Transporta 760 m3/segundo anuales. Pero queda medio a trasmano para acueductos. No digo que sea imposible hacerlos. ¿Alguien los pagará? Para el caso, si Petronas se aviniera a ello, por abundancia de agua dulce debería ubicar su puerto antes de la desembocadura del Río Negro. Pero ésta es bastante impracticable: el sedimento que mueve nuestro tercer río nacional, según caudal, crea barras y bajíos bastante móviles. Por algo, Carmen de Patagones es una ciudad básicamente administrativa y algo pesquera, pero no un puerto de ultramar.
Lo dicho, los buenos puertos están en Chile. Nosotros tenemos las buenas tierras y los hidrocarburos. Si esto es obra de uno o varios dioses, tienen un raro sentido del humor.
¿Y la potencia eléctrica para la planta terrestre de GNL? Río Negro tiene las cadenas de represas sobre el Limay, pero también quedan medio lejos, y habría que construir unos 630 km. de electroductos de alta tensión, siguiendo el sinuoso recorrido de la Ruta Nacional 22, la Provincial 2 y luego la Nacional 3. Si se quiere acortar camino, hay que construir y desplegar todas esas torres y cables de alta tensión sin ningún camino para camiones, todo a través de la rocosa inmensidad de la Meseta de Somuncurá. Titánico, pero dudamos de que alguien en Malasia tenga las ganas o la plata.
También hay que ver si los concesionarios de Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila están en condiciones técnicas de derivar electricidad hacia el proyecto de planta y ciudad en Punta Colorada. La demanda de la Región Centro es enorme, cada vez mayor pese a la seguidilla de recesiones, porque la tracciona la demografía. Y las que están también en recesión son las precipitaciones que alimentan los ríos del Comahue. Se han vuelto inciertas, con disminuciones drásticas en los años de Niña.
Pero además, las concesiones de esos operadores privados sobre las represas mencionadas, construidas todas por el Estado Nacional, están vencidas, y en prórroga de prórroga de prórroga. ¿Tiene valor legal lo que firmen las empresas okupas de tanta obra federal? La ilegalidad podría no detener a este gobierno (generalmente, lo atrae), y seguramente también tentaría a las concesionarias de las hidroeléctricas del Comahue. Pero es posible que no tanto a Petronas, que tiene que asegurarse un negocio blindado durante décadas.
El enigma de la electricidad en Punta Colorada se podría haber resuelto solo con una central nuclear grandota, pero la población provincial se rebeló en 2017 cuando el presidente Mauricio Macri, el gobernador Alberto Weretilnek y el subsecretario de Energía Atómica, el sociólogo Julián Gadano, le comunicaron a la provincia, vía Tweet desde Beijing, que en ese lugar la CNNC (China Nuclear National Corporation) iba a instalar allí una Hualong-1 de uranio enriquecido y 1120 MWe, y nada menos que en Sierra Grande. Los rionegrinos no tenían la menor idea del asunto. Un sociólogo, allí. Ups, parece que ya tenían uno.
Era claro que Macri seguía instrucciones de que en nuestro país no hubiera jamás una central nuclear china. Gadano, por su parte, cree que la responsabilidad del fracaso del proyecto Hualong-1 la tienen «los defensores de las ballenas». No se culpe a los rionegrinos que se movilizaron contra la central china: hoy parece buena, aunque MUY cara, pero lo central es que en aquel entonces estaba poco probada en origen. Sin embargo, lo decisivo es que aquel era un proyecto colonial. Todo el producto eléctrico se iba para Buenos Aires. La Hualong en Sierra Grande no venía atada a ninguna industria electrointensiva a pie de planta, o en alguna ciudad-puerto viable de la provincia.
La mala suerte rionegrina: cuando pinta electricidad, viene sin industria. Cuando pinta industria, viene sin electricidad.
En fin, creo que Petronas, que ambiciona un puerto de licuefacción asociado a Vaca Muerta desde 2012, hace meses que ve pasar las balas entre Kiciloff y Marín sobre su cabeza, y no tiene mayor apuro por ligarse una. Son asuntos de argentinos.
La empresa viene de un país volcánico, no sólo en el sentido geológico, y está negociando con otro incluso más inestable. A fuerza de petrolera y habituada a negocios de lago plazo con mucha inversión en infraestructura, es experta en hacer cuerpo a tierra y, como observan Krakowiak y Gandini, en mantener un bajísimo perfil. Así viene desde 2012, cuando tocó el timbre en La Rosada y preguntó adónde quedaba Vaca Muerta.
No creo que Petronas tenga mayor problema en vender un tiempo bajas cantidades de GNL con su chata de licuefacción, incluso desde Punta Colorada. ¿Puede hacerlo? Si se trae gas, no es imposible, solo carísimo. Buena suerte, tigres de la Malasia, especialmente en invierno, cuando el viento pasa de bravo a criminal.
Cuando Petronas pase a la segunda etapa, sin embargo, deberá buscarse un puerto geológicamente más decente, y preferentemente con agua, electricidad, y en una ciudad en lo posible ya construida. Es difícil bajar todo eso desde un helicóptero, aunque sea el de Santa Claus.
Hasta que Petronas diga algo algo respecto de la segunda etapa y tercera etapas, dejamos planteada nuestras dudas. ¿Saben qué, lectores? En Kwala Lumpor no van a decir nada, ni mu. No son idiotas. Reduciendo las cosas a términos políticos, libres de toda consideración de geología costera o de logística industrial, Marín a los malasios quizás ya les huele a transitorio, y Kiciloff les huele a posible.
Pero la que manda es la naturaleza.
Creemos que la moneda entre Río Negro o la provincia de Buenos Aires no es asunto de RIGI o de no RIGI, y sigue, como quién dice, en el aire.
Como el país mismo, casi siempre. Pero desde hace unos meses, ni te cuento.
Daniel E. Arias
Declaro un error involuntario en mi comentario. Cerca de Punta Colorada, ahora pasa un tramo nuevo de LAT (línea de alta tensión) de 500 kilovoltios, que enlaza la isla de Choele-Choel, sobre el Río Negro, con Puerto Madryn. Se inauguró en 2023. Agradezco el dato al Ing. Jordi Fondevila.
Esto podría resolver el problema de electricidad en Punta Colorada. Fuera de ello, para hacer un puerto industrial en ese sitio y con población residente, quedan sin resolver los temas de falta de agua potable, del fondo costero de restingas, de las grandes diferencias intermareales, de las corrientes de marea, de la falta de resguardo ante el viento y del oleaje.
Tal vez tanto dato geográfico se resista a ser modificado por decreto.
Tras nueve años de trabajo, con la participación de más de 80 empresas grandes, medianas y pequeñas del país, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está culminando un proyecto de alto impacto para la salud, la industria y el desarrollo científico-tecnológicoargentino.
El Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza, potenciará la producción de radioisótopos, la irradiación de materiales, la calificación de combustible nuclear y la investigación a partir de técnicas neutrónicas.
La obra civil ya está completada y, durante este año, finalizará la etapa del montaje y se iniciarán los ensayos preoperacionales. La CNEA estima que a fines de 2026 se logrará la puesta a crítico del reactor, como se denomina el estado en el que, por primera vez, la reacción nuclear en cadena, que ocurre en el núcleo del reactor, alcanza su autosostenibilidad. Si todo sale como está planificado, el reactor debería estar listo para empezar a producir a mediados de 2027.
El proyecto es el resultado del trabajo conjunto del ecosistema nuclear argentino y contó con la participación de más de 80 empresas grandes, medianas y pequeñas del país en las obras
Un reactor experimental con múltiples usos
“El RA-10 apunta a asegurar el suministro interno de radioisótopos y a posicionar a la Argentina como un exportador hacia el mercado mundial, a través de sus dispositivos para irradiar blancos de producción de molibdeno”, explica a DEF el ingeniero Herman Blaumann. En, rigor el elemento que se obtiene es el tecnecio, producido a partir del decaimiento del molibdeno, el radioisótopo más utilizado a nivel mundial para estudios de diagnóstico. A la vez, permitirá avanzar en la producción local de otros radioisótopos que hoy ya son utilizados en el mundo para el tratamiento del cáncer, como el lutecio.
Por otra parte, contará con un dispositivo que permitirá irradiar barras combustibles de reactores de reactores de potencia en sus condiciones de operación, para evaluar su performance. Y, de la mano de nuevos laboratorios de ensayos, podremos ofrecer, a nivel local e internacional, el servicio de calificación de combustibles nucleares.
El recinto de piletas del RA-10, el reactor que posicionará al país como proveedor del mercado internacional de radioisótopos
Además, la CNEA apunta a “ampliar el horizonte de la investigación científica y tecnológica, ofreciendo herramientas para la aplicación de técnicas neutrónicas”. Una de las instalaciones complementarias del RA-10 será el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), que va a gestionar la disponibilidad de los neutrones que se originan en el núcleo del reactor para los distintos instrumentos que se utilizarán en ensayos de ciencia básica y otras aplicaciones tecnológicas. Uno de esos instrumentos es el tomógrafo de neutrones, que permite reconstruir la forma interior de los objetos analizados para que, por ejemplo, los arqueólogos evalúen el estado de los bienes investigados y determinen sus propiedades.
Argentina, un referente mundial en el sector nuclear
“Este reactor consolida nuestra posición como referentes en el mercado mundial de los reactores experimentales, posición que logramos consolidar en los últimos 40 años”, afirma, con orgullo, el gerente del RA-10. Aclara que Argentina no es el país que más construyó, pero sí es “el país que más reactores experimentales exportó en el mundo”. Por eso, más allá de las cuestiones estratégicas vinculadas a la salud, la industria y la tecnología, este tipo de instalaciones ofrece importantes oportunidades de inversión y de negocios.
Las torres de enfriamiento del RA-10, reactor multipropósito emplazado en el Centro Atómico Ezeiza
Al referirse a los antecedentes del futuro reactor, Blaumann menciona el reactor OPAL, exportado por INVAP a Australia, que actualmente es “el reactor experimental que tiene el mayor factor de utilización en el mundo”. Explica que ese ha sido el resultado de una “combinación de la tecnología utilizada con la capacidad de gestión y de operación por parte del personal de la Organización de Ciencia y Tecnología Nuclear de Australia (ANSTO)”.
“Nosotros, en el RA-10, ampliamos los objetivos de diseño del OPAL e incluimos conceptos nuevos, como la capacidad de irradiar materiales y combustibles”, aclara. “Eso ha generado diferencias en el diseño; por ejemplo, la potencia del RA-10 es de 30 megavatios, mientras que el OPAL tenía una potencia de 20 megavatios”, ejemplifica. Y añade que existen también variantes funcionales o soluciones tecnológicas más convenientes, transcurridas casi dos décadas de aquel proyecto.
Después de alcanzar su puesta a crítico en 2026, el RA-10 comenzará a producir a mediados de 2027
Bonus track: el silicio dopado para la industria de los semiconductores
En un mundo en el que los microchips están llamados a convertirse en el “petróleo del siglo XXI”, el RA-10 también tendrá una aplicación muy demandada por la electrónica de potencia. Se trata del dopaje de silicio, el material semiconductor más utilizado por esa industria. Para ello, se lo irradia en el reactor hasta lograr reducir su resistividad (resistencia eléctrica) al nivel necesario para su uso en ese tipo de aplicaciones.
En referencia a las potencialidades de cara al futuro, Blaumann detalla: “Esta es una industria que está creciendo a niveles de entre el 7 y el 10% anual a nivel mundial. Si bien hoy la demanda está satisfecha, no es fácil ampliar la oferta porque eso depende de las capacidades de los reactores”. Ahí es donde entra el RA-10. Así lo explica Blaumann: “Una vez que el reactor esté funcionando, nuestro país estaría en condiciones de satisfacer aproximadamente la mitad de la demanda mundial. Los ingresos de estas exportaciones permitirán, por otra parte, cubrir buena parte de los costos operativos del reactor”.
A la hora de hacer un balance final de este proyecto, Blaumann señala que contaremos con una instalación de clase mundial que ofrecerá productos y servicios de alto valor agregado demandados internacionalmente y subraya “la vitalidad del sector nuclear argentino y la capacidad de la industria nuclear y convencional del país, un activo muy valioso que tenemos tanto para producir internamente como para exportar”.
El Fondo ha aprobado sucesivos préstamos a Argentina con fundamentos más políticos que técnicos, más allá del “ropaje” con el que se presentan. Con sus desembolsos ayudará al Gobierno a sostener un dólar barato, pero el déficit externo y el crecimiento de la deuda plantean riesgos crecientes.
En junio de 2018 el FMI aprobó un programa de financiamiento al gobierno argentino por 35.379 millones de DEG, equivalentes en ese momento a US$50.000 millones, y poco más tarde lo aumentó a 40.710 millones de DEG (algo más de US$56.000 millones). Fue un préstamo decidido políticamente para respaldar a un gobierno que enfrentaba problemas fiscales y externos.
El documento que justificaba el préstamo tenía proyecciones poco creíbles, que estuvieron muy lejos de verificarse. El programa se suspendió en 2019, luego de desembolsarse el 78% de los fondos acordados y en 2022 el FMI tuvo que conceder una refinanciación, dado que Argentina no tenía las divisas para hacer frente a los pagos programados.
Desde el comienzo se sabía que lo más probable era que no se pudiera pagar en tiempo y forma la deuda. La apuesta era que, gracias al programa, Mauricio Macri fuera reelegido, en cuyo caso se negociaría en forma amistosa un nuevo programa que implicaría cambios más de fondo. Y, si Macri no era reelegido, la necesidad de un nuevo préstamo para refinanciar la deuda constituiría un condicionante para el siguiente gobierno que, a cambio de evitar un incumplimiento, iba a tener que adecuar sus políticas a lo que el FMI entendiera como más conveniente. El nuevo programa fue acordado en 2022, pero en un marco de tensión en el que el FMI no pudo establecer condicionantes estructurales con los que el gobierno de Alberto Fernández no estaba de acuerdo.
Ahora, con otro gobierno en Argentina más del agrado del pensamiento predominante en el FMI, se aprobó otro programa, con un nuevo préstamo por 15.267 millones de DEG (más de US$20.000 millones). El 60% ya se ha desembolsado; el 10% se planea desembolsar en junio, y el 5% en diciembre. Para mediados de 2026, la deuda de nuestro país con el FMI ascendería a casi 43.100 millones de DEG; al cambio actual, más de US$58.000 millones.
Este ha sido, nuevamente, un programa aprobado por razones políticas y, al igual que en 2018, requirió de proyecciones forzadas para darle un marco técnico.
El ministro de Economía, Luis Caputo NA
El problema macroeconómico principal que afrontaba el país en el momento de aprobación del programa era el déficit externo, que hizo que las reservas internacionales del Banco Central disminuyeran en más de US$8.000 millones en poco más de tres meses. El desembolso inicial del FMI, seguido por otro del Banco Mundial, alivió temporalmente la situación, pero no garantiza una corrección del flujo. Sirve para que el Gobierno pueda afirmar que tiene con qué sostener un precio del dólar que no supere el techo de la franja de flotación que estableció: $1.400, más 1% mensual.
Con tasas de interés que ofrece pagar el Gobierno de casi 4% mensual en las LECAP, la idea es que sea mayor negocio permanecer en pesos que en dólares, promoviendo una nueva “bicicleta financiera” bajo la forma de “carry trade”: obtener ganancias por tasas de interés en pesos sustancialmente mayores que la suba que tendría el dólar, medido en pesos. Pero el carry trade es transitorio: si lo que importan son las ganancias en dólares, en algún momento los inversores querrán volver a los dólares. Y, en el proceso, intentarán llevarse los dólares que ingresaron al sistema. Ese momento, para el período de carry trade previo a la oficialización del nuevo acuerdo, fue entre mediados de marzo y principios de abril y constituyó uno de los motivos por los que el Banco Central tuvo que vender casi US$2.500 millones para mantener “pisado” el tipo de cambio.
Para que la oferta de dólares supere a su demanda en forma genuina (sin pérdida de reservas, préstamos políticos ni carry trade) las exportaciones deberían superar a las importaciones, en un monto suficiente para pagar los intereses de deudas y las utilidades de las empresas extranjeras: es decir, debería haber superávit de Cuenta Corriente del Balance de Pagos. Con ese superávit, más eventuales ingresos de capitales o reinversión de utilidades, se podrían afrontar las amortizaciones de deuda y las compras de divisas que se hagan por razones de ahorro.
En las proyecciones oficiales, el déficit de cuenta corriente de balance de pagos será de sólo US$2.700 millones en 2025, se reducirá a US$2.000 millones en 2026, y pasará a ser superávit desde 2027. Se basa en suponer que las exportaciones de bienes y servicios superarán a las importaciones en US$8.600 millones en 2025 y US$10.400 millones en 2026, con superávit creciente en los años siguientes. Que se basa, a su vez, en una trayectoria de importaciones que no es congruente con las variables principales que las determinan: nivel de actividad, tipo de cambio y grado de apertura importadora.
Las proyecciones del FMI tienen implícito un dólar a fines de 2025 de $1.259 y de $1.420 a fines de 2026, y estiman una inflación de 18 a 23% en 2025, y de 10 a 15% en 2026. Es decir: prevén que se mantendría un tipo de cambio real similar al de fines de 2024, 17% inferior al promedio del año 2022 (considerando el dólar oficial), que lleva a que los bienes y servicios tiendan a ser más caros en Argentina que en el exterior, evidenciado en el fuerte aumento tanto en las importaciones como en el turismo al exterior, y una disminución de los turistas que ingresan al país.
En las últimas décadas tenemos tres experiencias de apertura importadora con atraso cambiario. En la “tablita cambiaria” y en la Convertibilidad, el aumento de las importaciones fue explosivo. En el inicio de la presidencia de Macri la apertura fue más moderada, y también su efecto: las importaciones de bienes de 2017 fueron 11% mayores que las de 2015 (ambos años tuvieron un nivel de actividad similar).
Kristalina Georgieva encabeza las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington. X @KGeorgieva
Pero, en la proyección que suscribe ahora el FMI, las importaciones de bienes en 2026 serían 11% inferiores a las de 2022, a pesar de un PBI real casi 7% superior, un dólar más barato y apertura importadora. No parece razonable.
Por otra parte, en cuanto a la deuda del gobierno nacional (excluida la que se debe a sí mismo), las proyecciones dicen que, luego del fuerte aumento en 2024, caerá en 2025 y 2026. Para ello, estiman que la deuda en pesos (medida en dólares) se reducirá en US$22.000 millones en 2025 y en casi US$20.000 millones adicionales en 2026.
Los informes oficiales informan que la deuda nacional en pesos subió en el equivalente a US$9.000 millones en el primer trimestre de 2025, totalmente explicado por la “capitalización de intereses”: es decir, intereses de LECAP, BONCAP y LEFI, que en la ejecución presupuestaria no se reconocen como tales porque, de hacerlo, se caería el cuento de que hay superávit fiscal. El FMI, en su documento, advierte que las cifras oficiales no incluyen estos intereses y estima que los mismos, sumados al ajuste por inflación de los bonos indexados, fueron equivalentes en 2024 a 2,5% del PBI. Una forma diplomática de decir que ese año, en lugar de un superávit equivalente al 0,3% del PBI, hubo un déficit de 2,2% del PBI.
Para 2025 el documento del FMI proyecta que habrá un superávit primario por un monto similar al de los intereses reconocidos como tales; con lo cual, el verdadero déficit fiscal será equivalente, aproximadamente, al monto de los intereses capitalizados, que vienen creciendo y sumándose a la deuda. Por esto, no hay motivos para pensar que la deuda en pesos interrumpirá su crecimiento, aun medida en dólares. Sobre todo, a partir de que las tasas de interés de las LECAP han ido subiendo, desde 2,4% mensual en enero (para los títulos de menor plazo) hasta 3,75% en abril. Con una suba proyectada del dólar de menos de 2% mensual, no resulta creíble la fuerte disminución prevista de la deuda.
No es que los técnicos del FMI no sepan que, cuando aumenta el PBI, las importaciones tienden a subir más que proporcionalmente. O que, si el Gobierno tiene un déficit (más allá de que no lo sincere) y lo financia con deuda, la deuda aumenta. Tampoco es que no sabían que el préstamo acordado en 2018 no podría devolverse sino con un nuevo préstamo que lo refinancie. Es que reciben órdenes, y tienen que adaptar las proyecciones para cumplirlas, dándoles un ropaje técnico.
Pero dos departamentos del FMI tuvieron que evaluar la exposición financiera del Fondo. Su conclusión fue que “la capacidad de Argentina para repagar sus obligaciones con el Fondo queda sujeta a riesgos crediticios excepcionalmente altos”, y que se espera que los riesgos aumenten en los años venideros, cuando crezcan los servicios de la deuda en moneda extranjera, al superponerse el repago de la deuda con el Fondo con importantes servicios de la deuda con bonistas privados.
Ante esto, el FMI admite que no se puede considerar que haya una alta probabilidad de que la deuda de Argentina sea sustentable; pero afirma que, en caso de shocks adversos, habría potencialmente suficiente deuda reestructurable en moneda extranjera con el sector privado para que se pueda proteger a los recursos del Fondo. Es decir, se da por sentado que bastará con no pagar la deuda a los bonistas para que el repago al FMI esté asegurado. El supuesto es bastante endeble. En primer lugar, porque, si el país tiene déficit externo, no tendrá divisas para pagar ninguna deuda. Y, en segundo lugar, porque, si ya ocurrió que un préstamo del Fondo otorgado (en 2018-19) por razones políticas debió ser refinanciado (en 2022), ¿cómo estar seguro de que un futuro gobierno priorizará el repago en tiempo y forma de este préstamo, por sobre las obligaciones con los bonistas, correspondientes a una deuda que ya fue reestructurada?
Milei y Luis Caputo hicieron un viaje relámpago a Estados Unidos a principios del mes.
El gobierno de Milei ha bajado el gasto público primario (sueldos, jubilaciones, transferencias, obras públicas, etc.) y ha propuesto importantes privatizaciones y desregulaciones de la economía, avanzando en varias de ellas. Esto es lo que debe hacerse para mejorar la economía, en la visión del FMI y de otros organismos multilaterales y oficiales, incluyendo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero el Gobierno, para seguir avanzando, necesita apoyo electoral, que tiene, como condición necesaria, que la inflación esté controlada.
Hasta principios de este año la inflación venía bajando, en gran parte gracias a que el dólar subía poco, haciendo de “ancla” para ralentizar la inflación. El problema es que el dólar barato lleva a déficit externo, que, si no se financia, desemboca en una crisis cambiaria. El programa del FMI, con el respaldo de Banco Mundial y el BID, provee financiamiento, procurando que no haya turbulencias, al menos antes de las elecciones de medio término. Para eso, pusieron una montaña de plata, que transmite la idea de que el dólar va a estar tranquilo por ahora. Si sube, no será mucho, de modo que será más negocio cobrar tasa de interés en pesos. Eso alienta la entrada de dólares financieros, que son los que “mandan” en el corto plazo. Pero, mientras siga el dólar barato, el déficit externo se irá agravando, saliendo dólares comerciales. Y esta situación no durará para siempre.
«Instamos a la parte estadounidense a que desintoxique su mente. En lugar de dedicar su tiempo y energía a… atacar a China, sería mucho más productivo hacer contribuciones reales al desarrollo de los países de la región.»
Si Panamá fue el primer punto de discordia entre Estados Unidos y China en el continente americano desde que Trump 2.0 asumió el poder y comenzó a empujar su peso, Argentina es claramente el segundo.
Al igual que Panamá, Argentina tiene un inmenso valor geoestratégico dada su posición a las puertas de la Antártida, con su enorme riqueza en recursos naturales inexplorados y sin explotar, así como la «Triple Frontera» que comparte con Brasil y Paraguay, una frontera clave en Sudamérica en términos de población, movimiento de personas y relaciones internacionales.
Al igual que Panamá, Argentina ha desarrollado vínculos económicos y comerciales muy estrechos con China, especialmente desde la firma de un swap de divisas entre ambos países en 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández. Desde entonces, China no sólo se ha convertido en una fuente clave de financiación exterior para el Gobierno argentino, sino también en un importante socio comercial, sólo superado por Brasil, vecino directo de Argentina, y fuente de inversiones.
Pero Estados Unidos está decidido a cambiar todo eso. El viernes pasado, el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, realizó una visita poco habitual a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y discutir las futuras relaciones entre ambos países. No por casualidad, la reunión se produjo sólo tres días después de que Milei firmara un rescate de 20.000 millones de dólares del FMI, la mayor parte de cuyos fondos Caputo probablemente habrá quemado antes de las elecciones legislativas argentinas de octubre. De nuestro artículo sobre el tema:
En una entrevista con Bloomberg, Bessent elogió a Milei por trabajar para derribar las barreras hacia el comercio recíproco con Estados Unidos. También admitió que Estados Unidos intenta impedir que los países latinoamericanos cedan sus derechos mineros a China a cambio de ayuda. Lo no dicho: esos derechos estarían mucho mejor aprovechados en manos de empresas estadounidenses, canadienses, europeas y australianas.
«China ha firmado una serie de estos acuerdos rapaces marcados como ayuda, en los que… han tomado derechos mineros. Han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países», afirmó. «Están garantizando que las generaciones futuras sean pobres y carezcan de recursos. Y no queremos que eso ocurra más de lo que ya ha ocurrido en América Latina».
Todo esto forma parte de la mentira colectiva occidental de la trampa de la deuda china que no morirá, como Conor documentó en 2023:
Aunque Pekín ciertamente busca influencia en los países a los que presta, también suele construir infraestructuras. Y aunque esas carreteras, vías de tren, puertos y demás también suelen beneficiar a las operaciones chinas, su construcción también ayuda al país anfitrión. Además, es mucho más de lo que Occidente ofrece en términos de infraestructuras…
Mientras tanto, para Washington el FMI sigue siendo una herramienta útil para perseguir sus objetivos geopolíticos, no sólo en su propio «patio trasero» sino mucho más allá. A medida que más y más países del Sur Global, estancados y fuertemente endeudados, sucumben a los efectos azotadores de la guerra comercial global de Trump y entran en cesación de pagos, el uso de esa herramienta podría estar a punto de aumentar significativamente.
La pregunta es: ¿cómo responderá China?
China acaba de responder, con un mensaje firme sobre comercio internacional y desarrollo que, en mi opinión, iba dirigido a un público mucho más amplio que Argentina y Estados Unidos, a saber, los otros 76 países del G77+China (también conocido, aunque de forma imprecisa, como el «Sur Global»). Pekín sabe que en las próximas semanas EE.UU. intentará presionar a docenas de otras naciones de América Latina y África para que corten, o al menos aflojen, sus lazos comerciales y económicos con China, al igual que está haciendo con Argentina, utilizando al FMI como su principal palanca.
He aquí las secciones más importantes del texto de una página:
La Embajada de China en Argentina expresa su profundo descontento y categórico rechazo a las maliciosas difamaciones y calumnias vertidas por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, durante su visita a la República Argentina el pasado 14 de abril, y formula la siguiente declaración:
I. Es falsa la afirmación sobre los acuerdos calificados de predatorios y los supuestos grandes montos de deuda contraídos por la República Popular China. Lo que sí es cierto es que algunas personas con motivos encubiertos intentan sembrar discordia en las relaciones sino-argentinas y sino-africanas. Les recordamos que, en la medida de sus posibilidades, China acompaña a los países en desarrollo en su camino hacia el desarrollo -incluidos los de América Latina y África- sin imponer condicionalidades políticas. La intención de estas asociaciones ha sido contribuir al desarrollo socioeconómico y a la mejora del bienestar de los pueblos, lo que ha sido muy bien acogido por los gobiernos y las poblaciones beneficiarias.
Si Estados Unidos prefiere no seguir este camino, al menos debería abstenerse de obstruir o sabotear deliberadamente la ayuda de otros países a las naciones en desarrollo y al Sur Global. Tampoco debería sacrificar el bienestar de los pueblos de estas naciones para servir a sus egoístas intereses geopolíticos en defensa de su propia hegemonía…
II. China siempre ha llevado a cabo una cooperación práctica con Argentina en diversos campos, incluido el swap de divisas, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo. A lo largo del tiempo, la cooperación sino-argentina con el swap ha jugado un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera de Argentina, lo que ha sido bien recibido y altamente valorado por la parte argentina. Además, cabe señalar que la renovación del swap también ha desempeñado un papel importante en la obtención de la financiación pertinente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La cooperación de China con los países latinoamericanos -incluida Argentina- es una colaboración Sur-Sur que siempre se adhiere a los principios de igualdad de trato.
En cambio, los aranceles impuestos por Donald Trump a principios de mes amenazan con asestar un golpe especialmente duro a las economías en desarrollo y emergentes si entran en vigor tras la pausa de gracia de 90 días que el presidente estadounidense anunció posteriormente. Estos países, sobre todo del sudeste asiático y América Latina, muchos de ellos enfrentados a crisis de deuda, se encuentran ahora atrapados entre las dos superpotencias económicas del mundo: China, gran fuente de productos manufacturados y socio comercial clave, y Estados Unidos, mercado de exportación crucial.
Entre ellos se encuentra Argentina, cuyo gobierno depende en gran medida de la financiación exterior tanto del FMI, con sede en Washington, como del gobierno de China. El país también depende en gran medida de China como segundo socio comercial, que representa el 7,8% de las exportaciones argentinas (exactamente la misma proporción que EE.UU.) y el 20% de sus importaciones (casi 10 puntos porcentuales más que EE.UU.).
El 10 de abril, el gobierno de Milei renovó por un año más una línea de swap activada con China por valor de 5.000 millones de dólares. Una semana más tarde, firmó un acuerdo de préstamo de emergencia con el FMI por valor de 20.000 millones de dólares, lo que eleva a más de 60.000 millones el total de sus obligaciones de deuda con el Fondo. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington, le han concedido 22.000 millones de dólares más.
El objetivo es claro: alejar a Argentina de China y devolverla a la órbita de Estados Unidos. Como se mencionó al principio del post, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ya lanzó una diatriba contra el acuerdo de canje de divisas de China con Argentina durante su visita a Buenos Aires, repitiendo la falsedad tantas veces utilizada de que Pekín está llevando a cabo una diplomacia de trampa de la deuda, mientras utiliza al FMI exactamente de esa manera, como ha hecho durante décadas.
Los riesgos de sacudir el mundo
Al parecer, uno de los principales objetivos de las amenazas arancelarias de Trump es empujar a los socios económicos de EE. UU. a frenar el comercio con China y refrenar el dominio manufacturero de Pekín. Así lo afirma un reciente artículo del Wall Street Journal. Bloomberg también ha informado de que Bessent está trabajando para aislar a China de algunos de sus vecinos más cercanos -Japón, Corea del Sur, Vietnam e India- en lo que se ha denominado una estrategia de «gran cerco».
Queda por ver hasta qué punto tendrá éxito este intento de hacer tambalearse al mundo entero. La UE, como señaló Conor esta semana, probablemente terminará cayendo en la línea mientras «hace ruido acerca de acogerse a China como un contrapeso a las tácticas de negociación de bola dura de Trump.» Los socios estadounidenses del USMCA, México y Canadá, son simplemente demasiado dependientes de la economía estadounidense para alejarse y probablemente terminarán reduciendo su comercio con China.
También hubo noticias ayer de que India ha acordado imponer un arancel del 12% sobre el acero chino, lo que sugiere que la estrategia de «gran cerco» de Bessent ya está dando dividendos wrt el eslabón más débil de los BRICS. En un intento de apaciguar a Trump, el Gobierno indio de Modi también ha anunciado grandes recortes en los aranceles a la importación de motocicletas Harley-Davidson y whisky bourbon de fabricación estadounidense, al tiempo que se ha comprometido a comprar más productos energéticos y de defensa estadounidenses.
Pero en el «Sur Global» en su conjunto, incluyendo amplias zonas de su llamado «patio trasero», Washington tiene un gran problema: tiene poco que ofrecer a muchos países, aparte de la amenaza constante de aranceles de dos dígitos sobre sus productos exportados que entran en EEUU y la zanahoria ocasionalmente colgada de la suspensión (presumiblemente temporal) de los aranceles -siempre que hagan todo lo que exige la administración Trump, incluido distanciarse de China-.
«Estados Unidos les pide que bloqueen las inversiones chinas, pero les da poco a cambio e incluso bloquea la entrada de productos en su propio mercado imponiendo aranceles», explica a El País Gabriel Merino, analista geopolítico. «China apuesta por su famosa paciencia estratégica. Tiene obstáculos, con los intentos de Estados Unidos de reducir su influencia, pero seguirá persiguiendo sus objetivos porque entiende que la cooperación con América Latina es fundamental.»
Como muestra el mapa siguiente, para la mayoría de los países del «Sur Global» e incluso algunos del «Norte Global», China es ya su mayor socio comercial.
«La dependencia crítica que China ha desarrollado en todo el mundo, especialmente en Asia, significa que muchos [de los socios comerciales] no pueden prescindir de China», dijo Alicia García-Herrero, economista del banco de inversión Natixis. «Desde minerales críticos hasta chips de silicio, las exportaciones chinas son casi insustituibles».
Otro problema para EE.UU. es la Iniciativa Belt and Road de China, de la que EE.UU. no tiene un equivalente y es casi seguro que es incapaz de producir uno. Como lamentaba Daniel Runde, vicepresidente senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en un reciente testimonio ante el Congreso estadounidense (el subrayado es mío): «Desgraciadamente, la BRI es un proyecto ambicioso y esperanzador que habla de las aspiraciones de los amigos y potenciales amigos de China. Lo odio porque es una gran idea, porque inspira a la gente del Sur Global. Pero no es nuestra idea».
A diferencia de Estados Unidos, China no suele intentar dictar cómo deben comportarse sus socios comerciales ni a qué tipo de reglas, normas, principios e ideología deben adherirse. Lo que China hace -o al menos ha hecho en general en las últimas décadas hasta ahora- es comerciar e invertir en países que tienen bienes -en particular materias primas- que codicia. Y como muestra el mapa anterior, hasta ahora ha sido una estrategia ganadora.
Incluso el ferviente anticomunista presidente de Argentina, Javier Milei, admitió que China es un «socio comercial muy interesante». Casi exactamente un año después de decirle a Tucker Carlson que nunca comerciaría con el gobierno asesino de China, Milei no tuvo más que palabras de cariño para el principal rival estratégico de EE.UU., diciendo: «[ellos] no exigen nada, lo único que piden es que no se les moleste».
El comercio con Estados Unidos, por el contrario, siempre lleva aparejadas fuertes condiciones, y la relación que Washington forja con los países dispuestos a doblar la rodilla es siempre de amo y vasallo, como la UE ha aprendido a su costa. Contrasta el discurso de China sobre la «cooperación práctica» con los países «sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo» con la reciente fanfarronada de Trump sobre los países que «me besan el culo» para negociar los aranceles durante una cena para republicanos.
Además, como Yves ha señalado en repetidas ocasiones, Estados Unidos simplemente no es capaz de llegar a un acuerdo. La administración Trump lo ha demostrado con creces con la forma en que ha tratado de reescribir los términos y condiciones del USMCA -que el propio Trump no sólo negoció, sino que anunció como el mayor, más justo, más equilibrado y moderno acuerdo comercial jamás logrado- apenas seis años después de su firma.
Argentina es un ejemplo fascinante de lo difícil que le resultará a Estados Unidos abrir una brecha entre las economías del Sur Global y China. El gobierno de Milei ha tratado de alinear a Argentina lo más firmemente posible con el Occidente Colectivo, llegando incluso a solicitar convertirse en «socio global» de la OTAN, meses después de cancelar la pertenencia de Argentina a la alianza BRICS-plus.
Se ha ofrecido a enviar armas a Ucrania al tiempo que ha prometido un apoyo total a los crímenes de guerra genocidas de Israel. En una entrevista con Bloomberg hace poco más de un año, cuando todavía estaba en campaña, Milei se refirió a la nación asiática como un «asesino». Sin embargo, la siempre atribulada economía argentina necesita financiación, inversiones y comercio chinos.
El propio Bessent ha declarado que EE.UU. está dispuesto a ofrecer a Argentina una línea de crédito de emergencia en caso de crisis mundial. Pero Estados Unidos no podrá suplantar a corto plazo el comercio de China con Argentina -de hecho, como gran exportador de soja, cereales, forraje para animales, etc., Argentina compite directamente con el poderosísimo sector agrícola estadounidense, mientras que éste complementa las necesidades de China- ni las multimillonarias inversiones de Pekín en las infraestructuras argentinas.
Pekín contraataca
Al igual que Trump no esperaba que Pekín respondiera con la misma moneda a su escalada arancelaria sobre los productos chinos, es probable que su Gobierno también se haya sorprendido por la dureza con la que China ha tratado a los países que acaban besando el trasero de Trump. Un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo a principios de esta semana que Pekín «tomará contramedidas de forma decidida y recíproca» contra las naciones que se alineen con EEUU en su contra. De Al Jazeera:
El lunes, el Ministerio de Comercio de China contraatacó, advirtiendo a otras naciones que «buscar los propios intereses egoístas temporales a expensas de los intereses de los demás es buscar la piel de un tigre». En efecto, argumentó que los que intenten llegar a acuerdos con Estados Unidos -el tigre- acabarán devorados.
El ministerio también afirmó que China, a su vez, atacaría a todos los países que se alinearan con la presión estadounidense para perjudicar a Pekín.
Xi Jinping ha estado difundiendo este mensaje durante su reciente gira relámpago por el Sudeste Asiático, donde muchos países dependen de las exportaciones a EE.UU. pero se enfrentan a algunos de los aranceles más elevados de Trump. El líder supremo de China hizo un llamamiento a estos países, incluido Vietnam, para que se opongan a la intimidación unilateral de Estados Unidos, al tiempo que advirtió de las consecuencias para los países que acaben apaciguando a Trump.
La ironía final es que, al poner patas arriba las reglas del sistema de comercio mundial que escribieron el gobierno y las corporaciones estadounidenses, la administración Trump ha hecho que China parezca un socio más fiable, incluso para algunos Estados vasallos aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, como la UE, Canadá y Japón. La semana pasada, por ejemplo, la secretaria del Tesoro del Reino Unido, Rachel Reeves, dijo que sería «muy tonto» que el Reino Unido participara en menos comercio con China.
«China se está posicionando ahora como líder del sistema comercial mundial basado en normas, y presenta a Estados Unidos como una peligrosa nación canalla decidida a hacer saltar por los aires unas relaciones comerciales ordenadas», afirmó Stephen Olson, antiguo negociador comercial estadounidense que ahora trabaja en el Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur.
Incluso antes de que los aranceles del presidente Donald Trump amenazaran con poner en jaque el negocio de fabricación de Apple en China, las dificultades de la compañía para fabricar nuevos productos estaba llevando a algunas personas dentro de su lujosa sede de Silicon Valley a preguntarse si la compañía había perdido de alguna manera su magia.
Los aranceles, que se introdujeron el 2 de abril, hicieron que Apple perdiera 773.000 millones de dólares de capitalización bursátil en cuatro días y perdiera brevemente su condición de empresa cotizada más valiosa del mundo. Pero los inversores ya habían empezado a resentirse con la empresa, haciendo que el precio de sus acciones cayera 8 por ciento en los cuatro primeros meses del año, el doble de la caída del S&P 500.
Apple esperaba reavivar su fortuna el año pasado con un casco de realidad virtual, el Vision Pro, y un sistema de inteligencia artificial llamado Apple Intelligence. Sin embargo, las ventas del casco han sido decepcionantes y las características del sistema de inteligencia artificial se han pospuesto porque no han funcionado tan bien como la empresa esperaba.
Los problemas de la empresa remarcaron que su reputación de innovación, considerada en su día un elemento fundamental de su marca, se ha convertido en un lastre que alimenta la angustia entre los empleados y la frustración entre los clientes. Y a las personas dentro de la empresa les preocupa que Apple, a pesar de sus años de ganancias que desafían las previsiones, se vea obstaculizada por las luchas políticas internas, los recortes y la fuga de talentos que a menudo atormentan a las grandes empresas, según más de una decena de antiguos y actuales empleados y asesores.
Apple declinó hacer comentarios.
Ha pasado una década desde los lanzamientos de los éxitos comerciales más recientes de Apple: el Apple Watch y los AirPods. Sus servicios como Apple TV+ y Fitness+, que presentó en 2019, van a la zaga de sus rivales en suscripciones. La mitad de sus ventas siguen procediendo del iPhone, un producto de hace 18 años que mejora incrementalmente casi cada año.
Mientras que las ventas de Vision Pro han sido decepcionantes, los problemas de la empresa con Apple Intelligence pusieron de manifiesto el mal funcionamiento dentro de la organización.
En una presentación en video de casi dos horas el verano pasado, Apple demostró cómo el producto de inteligencia artificial resumiría las notificaciones y ofrecería herramientas de escritura para mejorar los correos electrónicos y los mensajes. También reveló un asistente virtual Siri mejorada, que podría combinar información en un teléfono, como un mensaje sobre el itinerario de viaje de alguien, con información en la web, como la hora de llegada de un vuelo.
Las funciones de inteligencia artificial no estaban disponibles cuando se enviaron los nuevos iPhones. Llegaron en octubre, con un mes de retraso, y no tardaron en dar problemas. Los resúmenes de las notificaciones tergiversaban las noticias, lo que llevó a Apple a desactivar esa función. Luego, el mes pasado, la compañía pospuso el lanzamiento en primavera de un Siri mejorado porque las pruebas internas encontraron que era inexacta en casi un tercio de las solicitudes, dijeron tres personas familiarizadas con el proyecto que hablaron bajo condición de anonimato.
Después del retraso, Craig Federighi, jefe de software de Apple, comunicó a los empleados que la empresa iba a reorganizar a sus ejecutivos, retirando la responsabilidad del desarrollo del nuevo asistente Siri a John Giannandrea, jefe de Inteligencia Artificial de la empresa, y dándosela a Mike Rockwell, responsable de su casco Vision Pro.
“Apple tiene que entender qué pasó porque esto es algo más grande que hacer solo cambios cosméticos”, dijo Michael Gartenberg, un analista de tecnología que anteriormente trabajó como comercializador de productos en la empresa. “Si alguna vez ha habido un ejemplo de prometer más de la cuenta y cumplir menos, ese es Apple Intelligence”. Era la primera vez en años que la marca no comercializaba un producto que había presentado.
Algunos detalles de los cambios de Apple en su equipo Siri y los desafíos fueron reportados previamente por Bloomberg y The Information.
El tropiezo de la inteligencia artificial comenzó en marcha a principios de 2023. Giannandrea, que estaba supervisando el esfuerzo, buscó la aprobación del presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook, para comprar más chips de inteligencia artificial, conocidos como unidades de procesamiento gráfico o GPU, dijeron cinco personas con conocimiento de la solicitud. Los chips, que pueden realizar cientos de cálculos al mismo tiempo, son fundamentales para construir las redes neuronales de los sistemas de inteligencia artificial, como los chatbots, que pueden responder preguntas o escribir código de software.
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en la sede de la empresa en Cupertino, California, el año pasado.Credit…Justin Sullivan/Getty Images
En aquel momento, los centros de datos de Apple tenían unas 50.000 GPU con más de cinco años de antigüedad, muchas menos que los cientos de miles de chips que compraban entonces líderes de la inteligencia artificial como Microsoft, Amazon, Google y Meta, según las personas consultadas.
Cook aprobó un plan para duplicar el presupuesto de chips del equipo, pero el jefe de finanzas de Apple, Luca Maestri, redujo el aumento a menos de la mitad, dijeron las personas. Maestri exhortó al equipo a hacer más eficientes los chips que tenían.
La falta de GPU obligó al equipo de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial a negociar con proveedores como Google y Amazon la potencia de cálculo de sus centros de datos, según dos de las personas citadas. Los principales chips fabricados por Nvidia tenían tanta demanda que Apple utilizó chips alternativos fabricados por Google para algunos de sus desarrollos de inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, los líderes de dos de los equipos de software de Apple estaban peleando sobre quién encabezaría el despliegue de las nuevas habilidades de Siri, dijeron tres personas que trabajaron en el esfuerzo. Robby Walker, quien supervisó Siri, y Sebastien Marineau-Mes, un alto ejecutivo del equipo de software, pelearon sobre quién tendría la responsabilidad de algunos aspectos del proyecto. Ambos se quedaron con partes del proyecto.
Las luchas internas siguieron a un éxodo más amplio de talento de Apple. En 2019, Jony Ive, diseñador jefe de la compañía, se marchó para fundar su propia empresa de diseño y se llevó a más de una decena de diseñadores e ingenieros integrales de Apple. Y Dan Riccio, durante mucho tiempo jefe de diseño de productos de la compañía que trabajó en el Apple Watch, se jubiló el año pasado.
En su lugar, Apple se ha quedado con antiguos y nuevos líderes con menos experiencia en el desarrollo de productos. Giannandrea, que se unió a la compañía en 2019 procedente de Google, nunca había liderado el lanzamiento de un producto de alto perfil como la Siri mejorada. Y Federighi, su homólogo supervisando el software, nunca había liderado la creación de un nuevo sistema operativo como algunos de sus predecesores en ese papel.
Cook, de 64 años, que tiene experiencia en operaciones, ha dudado a lo largo de los años en proporcionar una orientación clara y directa sobre el desarrollo de productos, dijeron tres personas familiarizadas con el funcionamiento de la empresa.
“Se trata claramente de una falla de liderazgo, comunicación y procesos internos”, dijo Benedict Evans, analista independiente que trabajó anteriormente como inversor de capital riesgo en Andreessen Horowitz.
Apple no ha cancelado su renovación de Siri. La empresa planea lanzar un asistente virtual en otoño capaz de hacer cosas como editar y enviar una foto a un amigo si se le pide, dijeron tres personas con conocimiento de sus planes.
Algunos de los dirigentes de Apple no creen que el retraso sea un problema porque ninguno de sus rivales, como Google y Meta, ha descifrado aún la inteligencia artificial. Creen que hay tiempo para hacerlo bien.
Mientras el reloj sigue corriendo para arreglar Siri, Apple defenderá las deficiencias actuales del asistente. El mes pasado, unos clientes presentaron una demanda federal acusando a Apple de publicidad engañosa. Desde entonces, sus anuncios sobre Siri se detuvieron.