En Procens con los desperdicios alimenticios se alimenta una mosca autóctona (Hermetia Ilucens) que en 12 días multiplica su peso por 10.000, biodegradando el alimento y generando un compost a escala industrial. Finalmente gracias a ese proceso digestivo se produce proteínas, aceites de calidad para la alimentación animal y una enmienda orgánica (bioinsumo) para regenerar los suelos y mejorar los rendimientos de cultivos como el de la papa.
Por su parte el presidente del Senasa, Pablo Cortese sostuvo que «Desde el Senasa estuvimos trabajando fuertemente para actualizar el marco regulatorio, para asegurar que estos productos sean seguros tanto desde el punto de vista alimentario como ambiental», y agregó «la aprobación del mismo se realizó respetando todos los aspectos normativos siguiendo las instrucciones del Secretario en el marco de la bioeconomía».
Además Vilella remarcó el ejemplo claro de economía circular que propone Procens y sostuvo que «Propuestas bioproductivas como Procens, entendemos que son parte de la solución del desarrollo de cada uno de los rincones del país». El intendente de Balcarce, Esteban Reino sostuvo «Procens ya es un símbolo de Balcarce. Sabemos del esfuerzo y el mérito de todos los trabajadores», y agregó «nos enorgullece el claro ejemplo de economía sostenible de triple impacto y desde el Municipio queremos que sigan creciendo».
Estuvieron presentes en la inauguración el presidente del Senasa, Pablo Cortese; el subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Pedro Vigneau; el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Pablo Nardone; y la vicepresidente del INTA, María Giraudo.
Los fabricantes de automóviles chinos están empezando a equipar los coches eléctricos con drones con cámara. Por ahora, esta integración de drones está dirigida a creadores de contenidos que quieran recopilar vídeos de ellos mismos conduciendo. Estos sistemas suelen permitir filmar un vehículo en movimiento con un solo clic, y la acción puede verse en directo en la pantalla interior del coche, además de grabarse para la posteridad. El conductor (distraído) también puede controlar los vuelos por voz.
El SUV híbrido enchufable Yangwang U8 de BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, cuesta 150.000 dólares y lleva un dron de DJI guardado y cargado en un espacio específico del techo con un panel deslizante al estilo de los Thunderbirds.
Lynk & Co, propiedad de Geely, ha actualizado el sistema operativo de su SUV compacto 06 EM-P, de 24.000 dólares, para que la pantalla de la cabina pueda controlar un dron lanzado desde el capó, también de DJI.
El SUV M-Hero 917 de la empresa estatal Dongfeng, valorado en 98.000 dólares, puede equiparse -por 14.000 dólares más- con el dron comercial S400 de GDU Tech. (Tanto DJI como GDU Tech tienen su sede en Shenzhen.) Lanzado desde el techo del 917 para un vuelo autónomo o controlable mediante pantalla táctil desde el interior de este todoterreno con forma de Hummer, el conjunto de cámaras del S400 cuenta con detección de movimiento y reconocimiento facial para un seguimiento de objetivos escalofriante pero preciso.
A los creadores de contenidos no les servirá de mucho el láser de detección de averías en la red eléctrica del S400, aunque la capacidad del dron para transportar cargas de 3 kilogramos podría resultarles útil para entregar latas de Red Bull en caso de emergencia durante sesiones intensas en las redes sociales. (A Ucrania le vendrían muy bien estos vehículos casi militares equipados con drones, y las iniciativas de crowdfunding de base, o dronaciones, podrían comprar una flota de ellos).
«Como creador de contenidos, la integración de drones en los coches es interesante», afirma Mark Rainford, periodista de automoción afincado en Shanghái que trabaja en Inside China Auto. «Tengo mucha experiencia en filmar coches con drones en China, y es una tarea tensa y difícil, ya que el mobiliario urbano del país suele incluir árboles junto a la calle y cables que la cruzan. Para evitarlos, hay que activar el sistema de prevención de obstáculos del dron, lo que limita la velocidad a la que se puede grabar».
La mayoría de los drones de consumo no pueden superar los 27 km/h cuando vuelan de forma autónoma. No obstante, Rainford predice que más fabricantes de automóviles chinos integrarán drones en sus nuevos coches. «La competencia es dura, así que este tipo de colaboraciones pueden hacer que un producto destaque, por muy útil que sea en la vida real», afirma.
Las fotos de coches eléctricos circulando a baja velocidad no van a dar la vuelta al mundo, pero los vendedores pueden esperar que el acoplamiento de drones a los coches permita pronto vigilar desde el cielo los atascos de tráfico, aunque las autoridades de aviación de todo el mundo se tomarán sin duda su tiempo para sancionar este uso.
Hasta ahora, los fabricantes de automóviles chinos sólo han destacado el potencial de creación de contenidos de estos drones a bordo.
En el lanzamiento del producto «2024 Dream Day», celebrado en la sede mundial de BYD en Shenzhen a principios de este año, la empresa presentó su UAS (sistema de aeronaves no tripuladas) integrado en un SUV Yangwang U8.
Un vídeo publicitario del UAS de BYD muestra un brazo robótico que coloca una batería cargada en un dron de DJI dentro del techo de un U8 antes de que el cuadricóptero ascienda. Una vez en el aire, el dron esquiva los árboles mientras graba de forma autónoma al todoterreno de gama alta mientras recorre un camino de tierra. Una vez terminada la filmación, el dron vuela de vuelta, aterriza en la bahía para drones iluminada con luz H y queda bien sujeto, listo para ser cargado para la siguiente incursión.
Del mismo modo, un vídeo del Lynk & Co 06 EM-P en acción muestra a una mujer creando contenidos de forma autónoma mientras conduce por un puente en curva. Lentamente.
No se sabe si estas integraciones de drones se harán internacionales, pero hay esperanza para los propietarios de Tesla Cybertruck. La empresa china de acoplamiento de drones Heisha afirma que puede instalar su porta drones Dcap en el maletero de un Cybertruck. Promocionado en YouTube como «perfecto para la fotografía aérea», el Dcap es una caja de techo con un dron dentro, y ese dron puede ser de casi cualquier marca, dice la empresa.
«Siempre que quieras volar tu dron, con sólo pulsar un botón se abrirá la cubierta de la base para drones», dice el sitio web de Heisha.
¿Te suena de algo? Hace dos años, Polestar promocionó su prototipo deportivo O2 con un dron a bordo diminuto e increíblemente rápido, pero no pasó de ser un sueño generado por ordenador.
Más atrás aún, el prototipo Kwid de Renault de 2014 también llevaba un dron integrado. De nuevo, era diminuto e increíblemente rápido. Una animación lo mostraba zumbando alrededor del microcoche a unos inverosímiles 80 km/h. Ni el coche ni el dron llegaron a fabricarse.
En el presente, es probable que veamos más tecnología de evitación de obstáculos de DJI, y no sólo en drones. La empresa está dispuesta a vender su tecnología de conducción autónoma Lingxi a los fabricantes de automóviles. Esta tecnología no necesita fuentes de datos externas ni sensores prohibitivos, y permite que los coches más baratos ofrezcan evitación de obstáculos, control de crucero adaptativo y asistencia inteligente de carril.
¿Suena demasiado bien para ser verdad? El Lingxi de DJI ya está disponible en el pequeño KiWi EV de 14.000 dólares de Baojun, una empresa conjunta de SAIC, Wuling y General Motors.
Los/as directores/as de centros científicos y tecnológicos del CONICET repudiamos la no renovación de los contratos que se viene realizando durante el presente año. Este accionar destruye la estructura de gestión, impide el normal funcionamiento del sistema científico y se enmarca en la política de ajuste del estado actualmente en ejecución. En el mismo sentido, rechazamos la metodología utilizada para llevar adelante el achicamiento del organismo. Reiteramos la necesidad de renovar los contratos hasta fin de año y de reincorporar el personal dado de baja.
Red de directores/as de CCTs de CONICET
Dra. María Cristina Area, CONICET Nordeste
Dr. Fidel Roig, CONICET Mendoza
Dr. Alejandro Zunino, CONICET Tandil
Dr. Antonio J. Ramírez Pastor, CONICET
San Luis Dr. Joaquín Perren, CONICET Patagonia Confluencia
La disputa entre Javier Milei y Axel Kicillof se suma a la ola de conflictos que se vienen dando entre el Gobierno nacional y las provincias desde el inicio de la gestión, en particular desde el rechazo de la Ley Ómnibus en el Congreso el 6 de febrero. Para el presidente, los gobernadores fueron los principales responsables del fracaso legislativo, dado que muchos diputados que responden a los mandatarios provinciales votaron en contra.
No obstante, el problema de fondo es la tensa relación fiscal que hay entre la Nación y las provincias, sobre todo respecto a cómo se va a repartir (económica, social y políticamente) el drástico ajuste que Milei quiere llevar a cabo.
Un poco de contexto
Para poder entender esta disputa tenemos que arrancar por examinar cómo se distribuyen los recursos tributarios. Ahí aparece la famosa coparticipación, un mecanismo por el cual un porcentaje de la recaudación fiscal que realiza el Gobierno nacional se distribuye automáticamente entre éste y las provincias. Data de la reforma de 1988 de la Ley Nº 23548, pensada como algo “transitorio”.
Del total de impuestos existentes en la actualidad, algunos se coparticipan en su totalidad (por ejemplo el impuesto a las ganancias), en otros casos solamente una parte es coparticipable (el 30% del monotributo), y algunos no se coparticipan, como por ejemplo los derechos de exportación o el impuesto PAIS (en esos casos, la recaudación va en su totalidad a las arcas del Gobierno o a financiar gastos específicos).
Como se desprende del diagrama a continuación, del total recaudado hay una parte que no se coparticipa (va directo a la Nación y a la seguridad social), otra se coparticipa entre la propia Nación y las provincias (aproximadamente en una relación 41%-58%), mientras que el 1% restante va a los Aportes del Tesoro Nacional, unos fondos discrecionales destinados a atender situaciones de fuertes desequilibrios financieros en las provincias. Una complejidad adicional que tiene el sistema es que los fondos de la coparticipación que van para CABA (1,4%) y Tierra del Fuego (1,3%) salen de la parte que obtiene el Gobierno Nacional.
Esto es lo que se conoce como la distribución primaria de la coparticipación (el monto que reciben en total las provincias respecto de Nación). Luego, está la distribución secundaria, es decir, el porcentaje que le corresponde a cada provincia (los pueden consultar acá).
Un primer aspecto importante para destacar es que la parte de los recursos que le corresponde a cada provincia ha venido mejorando de manera significativa en los últimos años, tanto por el aumento de la masa coparticipable como de la porción que reciben las provincias. El incremento de la masa coparticipable se explica, en buena medida, por el consenso fiscal de 2017, que hizo que la recaudación del impuesto a las ganancias pasara a ser coparticipado, mientras que el incremento de la porción que reciben las provincias se explica por el fallo de la Corte Suprema de 2015, que declaró inconstitucional el acuerdo federal de 1992, que establecía que el 15% de los recursos coparticipables que iban a las provincias se destinaran al financiamiento de la ANSES.
Así, y tal como se desprende del cuadro a continuación, elaborado a partir de los datos de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, las provincias pasaron de recibir el 22% de la recaudación total en 2015 al 31% en 2023, a costa de lo que obtenía la ANSES y el resto de los recursos no coparticipables.
Distribución de la recaudación (como % del total)
Fuente: Reporte de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos (2023).
Ahora bien, los recursos que reciben las provincias de parte de la Nación representan solo una parte de sus ingresos totales dado que, además, cobran impuestos propios (siendo ingresos brutos el más relevante y, en algunos casos, regalías). El tema es que aquí se observa una fuerte disparidad, explicada en general por las asimetrías productivas (como explicó Nico en su última entrega de #LluviaDeInversiones) que hay entre las provincias, que hace que una importante cantidad dependa de los recursos que provienen de la Nación para financiar sus gastos. Como se puede ver en el gráfico debajo, las más dependientes son La Rioja (que decidió emitir una cuasimoneda), donde el 90% de sus ingresos provienen de las transferencias que realiza la Nación, Jujuy (con el 85%), Santiago del Estero (85%), Formosa (81%) y Catamarca (80%).
Y acá aparece el gran problema, porque en lo que va del año las provincias vieron fuertemente reducidos sus ingresos por tres vías distintas: una menor coparticipación, un duro recorte de las transferencias discrecionales que realiza el Gobierno nacional y el freno de la obra pública.
Respecto de lo primero, como muestra este informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en lo que va del año los recursos coparticipables que van a las provincias se redujeron más de 15% en términos reales. Esto estuvo explicado por la fuerte recesión que está atravesando la economía –que llevó a una menor recaudación– y, en particular, por el mal desempeño del impuesto a las ganancias (que tuvo una caída superior al 38%).
Recordemos que, a fines del año pasado, Sergio Massa impulsó una reforma de este impuesto –avalada por las propias provincias a través de sus diputados y senadores en el Congreso– que significó una reducción significativa de su recaudación, lo que afectó de manera importante los recursos coparticipables. Esto se tradujo en el nivel más bajo de los últimos 9 años para las transferencias automáticas que reciben las provincias.
Transferencias automáticas a provincias (a precios constantes de febrero de 2024)
Fuente: IARAF.
Sumado a lo anterior, en el marco del ajuste sobre el total del gasto público y del conflicto del Gobierno nacional con las provincias, Milei decidió recortar drásticamente las transferencias discrecionales a las provincias. Así, en lo que va del año su reducción fue del 77%. Entre estas, una de las más importantes –que el Gobierno directamente decidió eliminar– fue el Fondo de Incentivo Docente (FONID), que tenía como objetivo reforzar el salario de los docentes y que representaba el 20% de las transferencias corrientes totales de Nación. A nivel desagregado, las provincias más afectadas fueron CABA, Buenos Aires y La Rioja.
El último elemento de recorte fueron las transferencias destinadas a la obra pública provincial que, tal como había anunciado Milei en su momento, se frenaron casi en su totalidad (la caída fue del 98%).
En suma, los ingresos provinciales sufrieron una violenta caída en un breve lapso de tiempo, producto de una fuerte recesión pero, sobre todo, de la determinación del Gobierno nacional de recortar significativamente las transferencias discrecionales hacia estas jurisdicciones. Esta decisión se enmarca en el conflicto que se desató a partir del rechazo de la Ley Ómnibus en el Congreso, pero, en realidad, es parte de su programa económico, como quedó claro al ver los 10 puntos que propuso para el Pacto de Mayo y que hizo extensivo a las provincias. Allí, el mandatario estipuló que el gasto público debía bajar al 25% del PBI (hoy se encuentra en torno al 35%), y evidentemente busca que una parte sea afrontado por las provincias (las mismas explican en torno al 40% del gasto público total). Látigo y chequera, como mostró Santi Bulat en esta nota en Cenital.
A esto se le debe agregar una complejidad adicional, como es el hecho de que el principal gasto que realizan todas las provincias es, por lejos, en personal (fundamentalmente en salud, educación y seguridad), cuya participación en promedio se ubica en el 50%. El problema con esto es que es un componente sumamente delicado para recortar y que, además, no puede hacerse de un día para el otro. Así es el trasfondo de las discusiones que se vienen dando de cara al Pacto de Mayo. Esto recién empieza.
Las autoridades de la petrolera de bandera, YPF, destacaron como un hito el lanzamiento de la licitación para el estudio de ingeniería del ambicioso proyecto de crear un complejo exportador de gas natural licuado (GNL).
En concreto, el proceso que se abrió consiste en la ingeniería para los trabajos de las unidades flotantes de licuefacción con las que se espera comenzar el desarrollo hacia 2027. «Este hito se desprende del Joint Study and Development Agreement firmado entre YPF y Petronas el 1 de septiembre de 2022 para llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para el proyecto», destacaron desde la petrolera de mayoría estatal.
Como ya se detalló, el plan que YPF elabora junto a la gigante malaya Petronas, consiste en un desarrollo modular, por etapas, que se espera que entre en producción en 2027 con un primer buque licuefactor con una capacidad de procesamiento de entre 1 y 2 MTPA (millones de toneladas anuales de GNL).
Luego de esto, se espera multiplicar esa capacidad de procesamiento y exportación, hasta los 8 ó 9 MTPA, al anexar a los trabajos dos buques regasificadores más. Esto permitirá avanzar en los trabajos hasta tanto la planta en tierra esté construida, algo que se visualiza para el 2032, es decir en 8 años.
La decisión final de inversión para este proyecto está planificada para el segundo semestre del año que viene, con un cambio incluso en el nombre de la iniciativa que pasó a ser Proyecto Argentina GNL, ya que se apunta a incorporar a otras empresas productoras de gas para poder materializarlo.
Desde YPF se informó en la presentación de resultados del año pasado que la meta de la petrolera de bandera es iniciar el desarrollo con una inversión no menor a 200 millones de dólares y con la meta de retener cerca del 30% del total de la iniciativa.
«Una vez que se alcance la decisión final de inversión, el Proyecto Argentina GNL se prevé que permitirá al país dar un salto cualitativo en la generación de divisas, con una capacidad total de producción planeada de 25 millones de toneladas de gas por año (MTPA)», destacaron desde YPF.
Mientras países como Noruega han alcanzado una tasa del 82% de ventas de autos eléctricos cero kilómetro sobre el total del mercado, otros como Países Bajos empiezan a sufrir el colapso de sus redes eléctricas por la alta demanda de energía de su parque automotor enchufable. No se trata de cantidad de cargadores, sino de capacidad eléctrica de las ciudades, y ni siquiera se reduce a los autos eléctricos, sino a la capacidad de las ciudades en general.
Stedin, el mayor distribuidor de energía eléctrica de Países Bajos, ha lanzado una advertencia al decir que la situación es insostenible. La ciudad de Utrecht ya tiene mayor demanda de electricidad que la capacidad de la red general, y situaciones similares podrían presentarse en muy poco tiempo en Rotterdam, Ámsterdam y La Haya.
Pero el problema no es exclusivamente europeo. Elon Musk, CEO de Tesla, dijo recientemente en su intervención en la conferencia del Bosch Connected World, que “primero hubo escasez de chips de red neuronal. Después, el problema de la disponibilidad estuvo en los transformadores reductores de voltaje. Esta sucesión de acontecimientos me lleva a pensar que el próximo problema será la falta de electricidad”.
Las redes de carga en países como Noruega y Países Bajos, son abundantes por el gran parque de autos eléctricos, pero empieza a colapsar la capacidad de las ciudades
Apoyando las declaraciones de Musk, un reciente informe del New York Times señala que la enorme demanda de energía eléctrica actual no solo está poniendo al límite las redes eléctricas, sino que está poniendo en peligro como consecuencia, los objetivos climáticos que se han planteado en los países más desarrollados, tanto por separado como en bloque en el caso de la Unión Europea.
El documento del NYT dice que únicamente en Estados Unidos, los centros de datos, criptominería y la expansión de la IA de la mano de gigantes como Amazon, Apple, Google o Microsoft están catapultando la débil red eléctrica. En algunos Estados como Georgia, la demanda es ahora 17 veces mayor que hace una década.
También se evalúa que la energía se genera en unos pocos y determinados lugares del país pero debe distribuirse por todo el territorio. Entonces, son las líneas de alta tensión y de tensión normal, las que reciben sobrecargas, ya que no dejan de ser cables y tienen una capacidad limitada: cuanta más energía transporte, más se calienta, y cuando esto ocurre empiezan a ocurrir las caídas del sistema.
“El crecimiento simultáneo de la movilidad eléctrica y de la IA está creando una demanda excesiva de generación de energía eléctrica”, dijo Musk, vinculando este problema al mundo de los autos a batería.
En los autos eléctricos, conectados e inteligentes, cada vez es mayor la cantidad de tecnología basada en Inteligencia Artificial (IA), lo que incrementará el consumo y por lo tanto demandará más energía de las redes eléctricas, que deberán responder con mayor capacidad y velocidad. Pero a la vez, las fábricas de microchips y baterías también consumen mucha más energía por el aumento de la producción global, y todos, indefectiblemente, terminan recurriendo a las centrales de generación de electricidad que empiezan a colapsar.
En aquellas ciudades o Estados con mucho consumo de energía por criptominería y expansión de la Inteligencia Artificial, el consumo eléctrico es mayor a la producción. Así lo establece un informe del New York Times. Photographer: Gilles Sabrie/Bloomberg
En ese escenario, la única solución es construir nuevos centros de generación de electricidad, que no pueden ser únicamente ecológicos, porque la demanda es mayor a la posibilidad de producción. Así, no quedará otra solución que regresar a las generadoras que funcionan con gas, carbón, energía nuclear e hidroeléctrica. Y es aquí donde los objetivos de neutralidad de carbono al medio ambiente entrarían en crisis.
Hace tres años, el físico argentino Juan Carlos Bolcich había planteado a través de Infobae, su preocupación por los ambiciosos planes de conversión de las automotrices mundiales a la movilidad eléctrica de forma masiva, adelantándose incluso al plazo de 2035 que propuso la Comisión Europea.
“El tema es recolectar esa energía para poder usar de acuerdo a demanda, porque es energía dispersa, no está concentrada en un pozo como el petróleo. La electricidad no debería llegar a ser más del 50% de la energía que se puede generar directamente, porque el problema es la red eléctrica. Por más que tengamos grandes tendidos eléctricos de alta tensión, éstos son como una avenida. Cuando el tránsito es mayor a la cantidad de autos que pueden circular, la avenida queda angosta y el tránsito se frena. Con la electricidad pasa lo mismo. Por eso los autos eléctricos enchufables no son el futuro”, dijo en junio de 2021.
Bolcich es considerado como el “padre del hidrógeno en la Argentina”, y en aquel entonces, había planteado que el hidrógeno no sólo podía ser un recurso de energía para propulsar motores, sino también como almacenamiento de energía eléctrica para los momento de mayor demanda. Esto se hace a través de un proceso llamado electrólisis, el mismo que se utiliza para convertir energía eléctrica de un molino de energía eólica para separar la molécula del agua dejando el hidrógeno separado del oxígeno.
Juan Carlos Bolcich predijo en 2021, que los objetivos de neutralidad de carbono con autos eléctricos sería difícil de lograr. Hoy, la industria automotriz está revirtiendo el desarrollo y se focaliza más en los autos híbridos, que había sido casi descartados a comienzos de la década
“Lo que hay que hacer es usar esos recursos naturales infinitos pero variables, de manera inteligente. Porque el sol de noche no está, el viento no siempre sopla y los ríos no siempre tienen caudal. Y además, la demanda también es variable y estacional. Si la demanda es directa y la energía eléctrica que se genera, así como nace se consume, habrá momentos en los que no alcance y momentos en los que haya exceso de producción. Lo que hay que hacer es un colchón. Transformar esa energía de los recursos naturales en hidrógeno a través de electrólisis y almacenarlo para poder transformarlo en energía eléctrica nuevamente al momento que sean necesaria”, explicó el científico argentino, con una clara visión a corto plazo que hoy se confirma.
“Los autos eléctricos no reemplazarán completamente a los autos a combustión, porque las autopistas por las que viaja la electricidad no darán suficiente respuesta. Esos motores podrán ser eléctricos a través de pila de combustible de hidrógeno, pero ahí habrá un desecho que es la batería. En cambio, el hidrógeno a inyección directa, permitirá mantener los motores a explosión, solo que el gas que combustione será hidrógeno y lo que saldrá por el caño de escape, será vapor de agua y no gases de efecto invernadero”, señaló Bolcich.
La industria automotriz mundial está dándose cuenta de esta situación con importantes rediseños de sus estrategias de electrificación. Tanto en Europa como en Estados Unidos, se han vuelto a considerar los autos híbridos como una opción razonable para mitigar las emisiones contaminantes a un precio accesible para los consumidores y sin colapsar las redes eléctricas que todavía son algo escasas. Toyota, la única marca que siempre apostó por una multiplicidad de plataformas de movilidad que contemplara la electricidad, pero sin abandonar los motores térmicos combinados con asistencia eléctrica, y el uso del hidrógeno, puede decir una vez más que no estaban equivocados.
Son 94 personas que concursaron para ingresar a la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) de ese organismo científico. Todas y todos terminaron primeros en órden de mérito, por concurso. La mayoría llegó a hacer doctorados o maestrías en el extranjero. Las situaciones incluyen la falta de publicación de resultados y el congelamiento de trámites y de la entrega de becas. Rostros y voces de científicos que corren el riesgo de ser expulsados del sistema.
Julia tiene dos licenciaturas: una en Geoquímica y otra en Geología, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. En septiembre de 2022 tenía un cargo de planta permanente en la provincia de Buenos Aires pero decidió seguir su sueño de trabajar en un laboratorio y se presentó a un concurso para integrar la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Resultó primera en el orden de mérito y a fines del año pasado recibió una propuesta de beca “de estadía corta”. El paso previo al alta. Le llegó el alta definitiva y empezó a trabajar en un centro de investigaciones de La Plata el 1 de enero pero poco después retrotrajeron su situación y finalmente le dieron otra beca, a la espera de la resolución de su situación. Hoy su continuidad corre peligro por las nuevas políticas de recortes que llevaron a la crisis que atraviesa el organismo. La incertidumbre de su situación laboral y su inestabilidad económica afecta también a sus 2 hijos, que necesitan de su ingreso.
La falta de presupuesto y los congelamientos vienen impidiendo la efectivización de Julia y de otras 93 personas que están en distintas situaciones, que incluyen falta de publicación de resultados, y hasta el freno en el otorgamiento de becas “de estadía corta” y en los procesos de alta ya iniciados.
La carrera de Personal de Apoyo incluye los profesionales y técnicos que realizan apoyatura calificada a grupos de investigación o que acompañan la ejecución de los programas de investigación y desarrollo bajo la supervisión o dirección de investigadores del CONICET.
A ese casi centenar de investigadoras e investigadores calificados (todos especializados, la mayoría con doctorados o posdoctorados en el exterior) que ya tenían ganado su concurso para entrar, se le suma otros ajustes y recortes en ciencia, desde el congelamiento presupuestario hasta los despidos, que ya son más de 250 solo en Ciencia, y que según auguran pueden superar los 1200. El viernes pasado desmantelaron todo el área de divulgación del ex Ministerio, incluyendo Tecnópolis y el Centro Cultural de la Ciencia.
Ante este vaciamiento, la población científica decidió un paro para este miércoles. El viernes movilizarán a las 11 horas a la Jefatura de Gabinete. Su titular, Nicolás Posse, es quien lidera las acciones de desmantelamiento del área.
La asfixia presupuestaria llegó a ser criticada por 68 Premios Nobel de todo el mundo, que días atrás le reclamaron al gobierno: «Sin una infraestructura para la ciencia, un país cae en el desamparo y la vulnerabilidad, sin desarrollar supropia tecnología para avanzar, ni capacitar a las personas ni desarrollar la infraestructura necesaria para aplicar el conocimiento científico y tecnológico de otros a los problemas regionales, nacionales y locales. ¿Dónde dejaría a la Argentina una situación así?».
Las consecuencias del ajuste
El grupo de investigadores de CPA en su conjunto presentó una carta ante el directorio del organismo el 26 de febrero, en la que solicitó la activación de los nombramientos, en medio de un proceso de profunda incertidumbre. Los gremios y autoridades de distintos institutos han manifestado ya su apoyo al reclamo, atravesado por la crisis que vive el organismo público a partir de la nueva gestión.
Las 94 personas que piden la efectivización de sus cargos, ganados en procesos arduos de concursos transparentes, son profesionales y técnicos que rindieron entre 2022 y 2023, en institutos y CCT de todo el país.
La demora en la designación ha generado consecuencias para los ingresantes. Algunos, como Julia, ya están trabajando en el organismo desde enero de 2024 sin percibir salario. Otros tuvieron que renunciar a sus trabajos, mudarse dentro del país o desde otras partes del mundo, o esperan aún la publicación de los resultados, sin tener certezas sobre la continuidad del proceso.
Es el caso de Magdalena, por ejemplo, que es traductora pública de inglés, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. También está en proceso de finalizar un Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes.
Hizo prácticas en las bibliotecas del Ministerio de Economía y del Banco Mundial. Se formó en gestión documental y su desempeño la llevó a ganar becas para capacitarse en Suecia y en otros organismos públicos nacionales de renombre, como el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) o el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
Trabaja en CONICET desde 2013 y desde 2018 se desempeña en áreas de comunicación y divulgación científica. Se capacitó en la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Leloir, y universidades del país y el extranjero. En 2022 se presentó a un concurso para la carrera de Personal de Apoyo y, después de un arduo proceso de evaluación, fue preseleccionada para pasar a una entrevista en abril de 2023. Desde ese momento, espera la publicación del orden de mérito. Su situación es preocupante: el 31 de marzo es posible que su contrato no sea renovado. Tiene dos hijos a cargo.
Magdalena.
«Renuncié a mi trabajo esperando el ingreso»
Ingresar a la Carrera de Personal de Apoyo no es solo un logro individual. Implica el armado del tejido científico del cual se va a nutrir el desarrollo del país año a año. Las bases. Ninguno de los países avanzados del mundo desistió de la ciencia. Los admirados por el presidente Javier Milei (EE UU o Israel) tienen al sector científico tecnológico como un área esencial. En la Argentina libertaria no solo se la recorta, sino que hasta hay cierta ufanación de funcionarios de hacerlo.
En el camino hay historias, angustias, padecimientos. Oscar es de Santa Fe. En julio de 2023, se postuló para un concurso en el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica del CONICET. El 21 de septiembre tuvo la entrevista y unos días después le comunicaron que quedó primero en el orden de mérito. Presentó toda la documentación a la espera del alta en el cargo. Su situación es crítica: “Renuncié a mi trabajo el año pasado esperando el ingreso al instituto, por lo que actualmente estoy desempleado y preocupado”, expresa.
Oscar.
Analía B. está en una situación análoga a las anteriores. Es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo y estudió una especialización en Gestión de Proyectos y Comunicación Multimedia en Francia, donde reside actualmente.
Trabajó en divulgación científica de universidades argentinas y francesas. Rindió una entrevista para ingresar en el CCT Mendoza en abril de 2023, salió primera en el orden de mérito del concurso, y con toda la documentación presentada, aguarda la activación del alta, mientras sueña con volver a Argentina.
Rodrigo.
Rodrigo es Licenciado en Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Doctor en Física de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su doctorado mediante una beca doctoral CONICET de 2014 a 2019, y tras obtener una beca postdoctoral CONICET siguió en funciones de 2019 a 2022. Su trabajo doctoral y postdoctoral fue realizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Para continuarlo, se presentó a un concurso de un cargo de CPA convocado por el Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA) de la misma universidad. Resultó primero en el orden de mérito, situación que fue informada el 6 de septiembre de 2023, y le solicitaron el documental de alta que entregó en tiempo y forma a los 20 días.
Desde entonces no tuvo más respuestas desde el organismo ni le ofrecieron ningún tipo de solución para asegurar la continuidad en su puesto de trabajo. Su efectivización corre peligro por las políticas de recortes del gobierno actual.
Galo Soler Illia, Doctor en Química, especializado en nanotecnología, investigador del Conicet y director del Instituto de Nanosistemas (INS) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), aseguró a Tiempo días atrás: «El gobierno hoy tiene armado un sistema que apuesta a la innovación antes que a la Ciencia y la Tecnología, lo cual es poner un carro delante del caballo. Todavía no tiene cargos importantes cubiertos como, por ejemplo, la Agencia de Ciencia y Tecnología. Es decir, todo el capital y los recursos que teníamos para poder investigar, que no eran muchos, no se pueden ejecutar».
Y acotó: «Perdimos tres meses de nuestras vidas que en un ambiente competitivo como la ciencia es un montón. Así que por más que digan que apoyan a la ciencia, no lo hacen. Sólo se ve una enorme hostilidad hacia el sistema científico tecnológico culpándolo de ideologización. Está tomando la parte por el todo, cosa que es muy mala, y se está viendo una enorme improvisación, contratando gente para cargos directivos que no tienen experiencia, no tienen capacidad y que, en el fondo, va a ser una pasantía cara que vamos a pagar todos».
Sostener hijos, una vida, un proyecto de país
Florencia es Licenciada en Química y Doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde hace varios años se desempeña en el área de la Neurociencia, habiendo trabajado en el laboratorio en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad de Chile. Actualmente vive en La Plata.
El año pasado se postuló a un cargo CPA de CONICET. Fue seleccionada para cubrir la plaza de encargada de Laboratorio de Cultivo Celular, pero aunque tiene Resolución oficial, nunca activaron su trámite de alta. Con su trabajo sostiene a dos hijas.
Noelia es Licenciada en Biotecnología, doctorada en ciencia y tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Se dedica a la biología molecular de plantas. Ha ganado becas internacionales para estancias cortas en el extranjero y actualmente se desempeña con una beca postdoctoral del CONICET. En 2023, Noelia se ubicó en primer lugar en el orden de mérito en un concurso para un puesto de CPA y espera su alta con la documentación ya presentada. En julio del 2024 finaliza su beca de postdoctorado, principal fuente de ingreso para su familia, que incluye a su bebé de 11 meses.
Sensores para la detección temprana de dengue
Dimas es uno de los pocos científicos de nuestro país que tiene experiencia en el desarrollo de sistemas microfluídicos por medio de litografía y quiere seguir aportando a la producción científica argentina. Estudió Farmacia en la UBA y allí se despertó su interés por la ciencia. Después hizo un doctorado en materiales que lo llevó a explorar cómo podemos contribuir a un mundo más limpio y sostenible.
Tiene un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde participó en una investigación para desarrollar procesos para fabricar microelectrodos como sensores para detección temprana de dengue. Es docente en el Instituto de Química Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), mientras espera la publicación de los resultados del concurso que rindió en julio de 2023.
Pablo se graduó en Biología y obtuvo el Doctorado en Ciencias Biológicas, becado por el CONICET, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC (Córdoba). Obtuvo la Maestría de Biología Vegetal en la Universidade Federal de Pernambuco, en Brasil. Concursó para CPA en 2022 y resultó primero en el órden de mérito. Fue notificado en agosto de 2023 luego de un largo proceso que duró 10 meses. Hoy con 45 años espera la designación efectiva en un contexto general de incertidumbre institucional, mientras su beca de postdoctorado finaliza el 31 de marzo de este año. Tiene dos hijos, que necesitan de su ingreso.
“Yo había aceptado un cargo CPA en el que salí segundo en el orden en noviembre de 2022 y para el cual me designaron la toma de cargo en octubre 2023, justo un mes después de que yo ya había enviado mi carta de renuncia enviada en agosto 2023 (casi un año de espera), porque decidí aceptar otro cargo CPA que concursé y en el que salí primero, según me fue comunicado en agosto de 2023. Esto generó un atascamiento de los papeles en CONICET que hasta hoy no se resuelve ni tengo una comunicación oficial de lo que vaya a pasar con alguna de las dos situaciones”, relata para dar cuenta de la complejidad en el proceso de selección.
Pablo.
Analía G. es Licenciada y Doctora en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires en ambos casos. Concursó un cargo CPA en septiembre de 2022, para entrar a trabajar en el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Obtuvo el dictamen de orden de mérito en abril de 2023. Fue notificada de su designación al cargo en diciembre de 2023 y hasta el momento no le han habilitado los trámites de alta del cargo.
Todos estos casos fueron planteados en la carta presentada ante las autoridades del CONICET, en la cual solicitaron una pronta respuesta y solución a la efectivización de sus cargos, las inmediatas tomas de posesión con fecha de inicio en enero, febrero y marzo de 2024, la celeridad en el avance de las altas de CPA pendientes y becas de estadía corta para quienes lo requieran, la publicación a través del sistema oficial del orden de mérito para aquellos casos pendientes de publicación, y el tratamiento de este petitorio en próximas reuniones del Directorio.
«Esta situación se produce en un contexto de desfinanciamiento o vaciamiento de CONICET. El reclamo se incorpora al presentado ante el despido de 50 administrativos en enero y el recorte de 700 becas en febrero –manifestaron–. Los casos de los ingresantes CPA son similares a la de aspirantes a la carrera de investigador científico (CIC), quienes también reclaman las altas de los concursos realizados en 2020, 2021 y 2022″. Parece mentira, pero en cuestión de meses la ciencia argentina ingresó en un derrotero que puede poner en jaque el desarrollo y la soberanía del país para las próximas décadas.
En esta nota, Liendro cuenta, entre otros temas, de qué se trata el proyecto ganador en torno a la exploración lunar y cómo influyó su formación en el Balseiro en su trayectoria profesional.
“Haber ganado esta hackathon con un trabajo realizado en dos días demuestra que en Argentina los jóvenes tenemos capacidades competitivas a nivel global”, destacó Tomás Liendro. Junto a su colega Lautaro Mendieta, ambos ingenieros egresados del Instituto Balseiro, y otros cuatro colegas de distintas universidades públicas de Argentina, integra uno de los equipos ganadores de la competencia global “NASA SpaceApps Challenge 2023”, una mega reunión de programadores que organiza cada año la agencia espacial estadounidense NASA.
“El proyecto que desarrollamos es un sitio web con una interfaz muy amigable para la visualización de datos recopilados por instrumentos de medición que se encuentran en la Luna”, comentó Tomás Liendro, que tiene 27 años, es oriundo de la ciudad de Río Turbio, Santa Cruz, y egresó de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Balseiro en 2020.
El Balseiro es una institución pública, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), referente en carreras de física e ingeniería. “Actualmente hay un creciente interés por explorar la Luna, con la idea de crear asentamientos permanentes para humanos allí. Es por eso que es necesario poder comprender los desafíos y las oportunidades que nuestro satélite natural ofrece”, agregó Liendro.
El anuncio de los ganadores fue transmitido por el canal oficial de la NASA en YouTube
Premio y planes futuros El premio para los ganadores de las diez categorías de la competencia consiste en una visita al Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA ubicado en Washington, Estados Unidos. “La visita será una gran oportunidad para seguir explorando nuevas redes de contacto”, expresó Liendro, que integró el equipo “SpaceBee” y que recibió el premio en la categoría “Mejor uso de tecnología”.
Adicionalmente nuestro proyecto pretende convertirse en una plataforma para conectar grupos alrededor del mundo que se encuentren desarrollando tecnologías similares y que de esa forma puedan trabajar en conjunto para potenciarse de manera de llevar la exploración interplanetaria al siguiente nivel por medio de la democratización de la información y de la tecnología espacial”, dijo Liendro, que en la actualidad, es estudiante de la Maestría en Ingeniería en el mismo instituto.
Así, la app web que desarrolló el equipo integrado por Liendro y colegas, bautizado “SpaceBee”, vincula y visualiza datos que distintos instrumentos científicos de las misiones Apolo recaban en la Luna. La aplicación se llama “Aónikenk”, en referencia a pueblos indígenas de la Patagonia en Sudamérica, e invita a sumergirse en la exploración lunar de forma abierta y pública. “En la aplicación podrás filtrar por fecha los eventos lunares registrados por los instrumentos pasivos desplegados durante las misiones Apolo entre 1969 y 1972.
También encontrarás información de series temporales sobre terremotos lunares. Todos estos datos se presentan en un globo terráqueo 3D que representa la Luna y ondas sísmicas animadas sobre los lugares de los eventos sismológicos”, comentan en la descripción de la app: aonikenk.spacebeetech.com/
El equipo “SpaceBee”, que se destacó entre más de ocho mil proyectos de todo el mundo, fue evaluado por expertos técnicos y de administración de la NASA. Además de Tomás Liendro y Lautaro Mendieta, quien es Ingeniero en Telecomunicaciones del Balseiro, está integrado por Fabián Burgos, Ingeniero Electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional; Santiago Nuñez, Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Juan Losarcos, Geólogo de la Universidad Nacional de la Pampa; Dolores Avalis, Diseñadora Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba; y Sol Maldonado, Ingeniera Electrónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Con respecto a planes futuros, Liendro contó que la intención es seguir desarrollando la herramienta de visualización de datos que presentaron en la hackathon. Luego, se buscará trabajar en la articulación con un proyecto que tiene junto a su colega Lautaro Mendieta, relacionado a las tecnologías espaciales. “Los objetivos a corto plazo incluyen continuar la promoción de las tecnologías espaciales como lo venimos haciendo desde hace un par de años con nuestro proyecto de un Rover Lunar”, comentó.
Este ingeniero conforma también, con sus colegas de SpaceBee Technologies, el equipo que ganó, en 2023, el desafío “Moon Rover” (rover lunar) del programa “Open Space”, a partir de la propuesta de crear un robot de exploración lunar llamado “RoverTito”. Sin embargo, la continuidad de estos proyectos y la invitación a viajar en junio de 2024 al centro Goddard depende de los recursos que el equipo de Liendro y colegas pueda conseguir. “
Como cualquier proyecto que busca generar un impacto en la sociedad, se requiere mucho tiempo y esfuerzo”, destacó. La base del IB Ante la consulta de cómo influyó su formación del Instituto Balseiro, o IB como lo llama su comunidad académica, Liendro Gracias al IB adquirí no solo el conocimiento técnico necesario para llevar adelante proyectos tecnológicos, sino que también aprendí el enorme valor de la perseverancia, y a apoyarme en mi equipo y colegas para lograr el objetivo”. Asimismo, habló sobre su profesión y remarcó la importancia de la creatividad para resolver problemas.
“Como ingeniero, lo que más me gusta es poder pensar en problemas y contar con las herramientas necesarias para poder materializar soluciones. Los proyectos de ingeniería suelen ser muy interdisciplinarios, por lo que también el trabajo en equipo y la formación continua son aspectos que me gustan de la ingeniería”, dijo.
-¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera de grado en el IB? -Lo que más me gustó del IB tiene que ver con la creatividad con la que se plantean los problemas. En el Balseiro aprendí que la ingeniería es el fruto de la creatividad sumada a las herramientas técnicas, todo ello multiplicado por la coherencia en la estructura de las ideas.
Sobre la competencia El evento “NASA SpaceApps Challenge”, que tiene como consigna impulsar la creatividad, la colaboración y el potencial para resolver desafíos que existen en la Tierra y en el espacio, convoca cada año a equipos de todo el mundo a participar de dos días de trabajo para resolver problemas planteados por expertos de la NASA. “Es un hackathon internacional, equipos de ciudades de todo el mundo utilizan los datos abiertos y gratuitos de la NASA para abordar problemas del mundo real en la Tierra y el espacio”, informa el sitio web oficial del International Space Apps Challenge. Hubo otras nueve categorías de desafíos en la edición de 2023, con un proyecto ganador en cada una. Así miles de profesionales expertos en programación de distintos países del mundo se unieron a la hackaton generando proyectos en las categorías de impacto local, conexión global, mejor concepto de misión, el mejor impacto galáctico, mejor uso de la ciencia, arte y tecnología, inspiracional, mejor uso de datos y mejor uso de storytelling (narración de historias). (Área de Comunicación Institucional y Prensa del Instituto Balseiro)
A tres meses de la instauración del primer gobierno de ultraderecha elegido popularmente en la Argentina, este informe intenta delinear la fisonomía de una administración sui generis, a partir de la procedencia de los cien principales funcionarios que integran el gabinete de Javier Milei. La tarea resulta doblemente útil si tenemos en cuenta que el mandatario considera que “el Estado es el enemigo, una asociación criminal” y “la única forma es entrar al sistema y dinamitarlo”.
El 24 de octubre de 2023 el candidato Milei visitó al expresidente Mauricio Macri para concretar el Pacto de Acassuso que lo llevaría al triunfo en el balotaje. Dos días antes la fórmula de La Libertad Avanza (LLA) había quedado relegada por un peronismo que amenazaba con la resurrección. Esa noche terminó de configurarse una entente integrada por cuatro sectores distintos, de acuerdo con las figuras y trayectorias que encabezan:
En primer lugar, la escudería libertaria articulada en torno a los hermanos Milei, que ocupa la mayoría de los ravioles en el organigrama estatal.
En segunda instancia, la tropa de Patricia Bullrich, excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), quien se distanció de Macri para incorporarse al gobierno como ministra con dos carteras.
La tercera línea fue relegada de los casilleros ejecutivos pero cuenta con un personaje de notable proyección: la vicepresidenta Victoria Villarruel, heredera de la tradición nacionalista reaccionaria, por ahora agazapada como titular del Senado.
Por último, el macrismo, acaudillado por su líder y fundador, expresión del acervo liberal conservador, quedó fuera del primer gabinete pero ya se prepara para desplegar su influencia.
Además, proponemos distinguir diversas corrientes de las que el actual Gobierno extrae ideas, cuadros y recursos. Núcleos que operan de manera transversal y flexible:
El mundo empresario-corporativo.
La gran familia militar.
La red de fundaciones de ultraderecha.
Este informe reúne y sistematiza un cúmulo de información hasta el momento dispersa y delinea una cartografía política para analizar el inédito escenario que enfrentamos.
el organigrama de la motosierra
La nueva administración redujo significativamente la cantidad de ministerios. De los 22 heredados solo dejó 9: agrupó funciones de diferentes dependencias y concentró en menos funcionarios mayores atribuciones y áreas de gestión. Además, miles de agentes estatales fueron despedidos y una deliberada desidia se instaló en numerosas reparticiones que continúan acéfalas o funcionando a media máquina.
El que podés ver aquí debajo presenta el diagrama del Poder Ejecutivo al momento de cerrar este informe. Incluye ministrxs, secretarixs de Estado y algunas designaciones que nos resultaron estratégicas. Aparecen coloreadas según su origen partidario: en amarillo los de JxC, en azul quienes provienen de alguna variante del peronismo, y en violeta aquellos que carecen de identificación política anterior. Esta clasificación no representa lealtades partidarias, sino orígenes de trayectorias. Incluimos también, en cada caso, un símbolo que indica a qué corrientes pertenecen.
La armada del leone
En el vértice de la pirámide de mando se ubica un tridente compuesto por el jefe de Estado, su hermana Karina (Secretaria General de la Presidencia) y el “arquitecto del triunfo”, Santiago Caputo, apenas asesor a pesar de su altísima relevancia. El núcleo duro se completa con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuya amistad con el presidente se remonta a los años compartidos en la Corporación América.
Santiago Caputo es experto en comunicación política. Trabajó con Jaime Durán Barba y siguió de cerca la experiencia salvadoreña, en la que Nayib Bukele redefinió el sistema político a fuerza de un carisma antipolítico, disonante y extremo. Proviene de una de las parentelas más ricas del país y lleva tatuados el escudo familiar junto a símbolos rusos anticomunistas. Su principal función parece ser la de un guionista que adecúa cada acto de gobierno a la estrategia política general.
La gestión estatal está en gran medida a cargo de Posse, cuadro corporativo de pasado en Molinos Río de la Plata, Telecom, Red Bull y Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000). Su cartera es la más fortalecida del nuevo organigrama. En la Secretaría de Estrategia Nacional designó a Jorge Jesús Antelo, brigadier de la Fuerza Aérea retirado en 2013, que se desempeñó como director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa entre 2015 y 2019. Durante su carrera en las Fuerzas Armadas, Antelo conoció a los hombres de Eduardo Eurnekian, dueño de AA2000. Según versiones recogidas para este informe, el brigadier habría sido el encargado de designar a los nuevos jefes militares.
Posse colocó otros hombres de su confianza en áreas clave. El abogado Silvestre Sívori, quien trabajó con Guillermo Dietrich durante su gestión en el Ministerio de Transporte, quedó a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Idéntica procedencia de la segunda línea macrista posee el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Juan Manuel Gallo. Y la secretaria de Simplificación del Estado, Josefina Sanz. La Jefatura de Gabinete absorbió ministerios enteros como el de Ciencia y Tecnología, a cargo de Paula Nahirñak, del equipo del incombustible ex-ministro Lino Barañao. Creó una estructura especialmente dedicada a la política de privatizaciones, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, a cargo del extecnócrata del Banco Itaú, Mauricio González Botto, que supervisa todos los movimientos en empresas públicas.
El segundo anillo de intimidad del presidente está integrado por una funcionaria sin experiencia alguna de gestión, Sandra Pettovello, que como titular de Capital Humano absorbió todos los Ministerios relacionados con áreas sociales, excepto el de Salud. El paquete también incluye a la monumental Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Es la única cartera con “billetera abierta”, advirtió Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, tío del asesor estrella mencionado y exfuncionario del gobierno de Macri, fue reclutado por el propio Milei para la más viril de las tareas del gobierno libertario: empuñar la motosierra y generar las condiciones para la dolarización. Contra el dogma liberal que exige máxima independencia del Banco Central, Caputo designó como presidente de esa entidad a Santiago Bausili, su socio en la consultora Anker. Economía fue el otro Ministerio que absorbió dependencias a granel.
La estratégica Cancillería fue puesta en manos de la economista y banquera cordobesa Diana Mondino, vinculada por partida doble a la Fundación Mediterránea, una de las canteras más influyentes del neoliberalismo en los noventa. Su hermano, Guillermo Mondino, fue Secretario de Finanzas y jefe de gabinete de Cavallo y su esposo, Eugenio Pendás, fue funcionario de Menem entre 1990 y 1998, destacándose su paso como director del Banco Central, lo que le valió un procesamiento por administración infiel en perjuicio del estado. Otro prohombre de la patria financiera, Federico Sturzenegger, asumió la importantísima labor de coordinar la artillería normativa desreguladora, sin ocupar puesto alguno en la jerarquía estatal. De ese mismo menemismo residual descienden tres experimentados baqueanos de la cosa pública: el exministro de Justicia y cortesano Rodolfo Barra, hoy procurador general de la Nación; el ministro del Interior Guillermo Francos; y el funcionario de todos los gobiernos peronistas desde el retorno a la democracia, Daniel Scioli, ahora flamante secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.
La tarea que unifica al scrum mileísta es el desarme del tinglado institucional: un poder destituyente sin otro ánimo constructivo que la diseminación de una gobernanza mercantil.
los fierros de la dama
2023 fue el año en que el peronismo perdió el poder y se sumergió en una fuerte crisis de liderazgos. Pero fue también el año en el que murió JxC y el PRO comenzó a desmembrarse. Primero vino la fractura entre el ala moderada de Horacio Rodríguez Larreta y los halcones representados por Patricia Bullrich. Luego la derrota de esta última en la elección general, que la dejó fuera del balotaje. Por último, el diferendo entre la candidata y el jefe del antikirchnerismo, Mauricio Macri, sobre los términos de la alianza con la ultraderecha ganadora. Bullrich desoyó la orden del expresidente y aceptó el ofrecimiento libertario de ingresar al gobierno como ministra de Seguridad, para destacarse con un altísimo perfil de mano dura, antiprotesta y pro gatillo fácil.
En su larga marcha ideológica del peronismo de izquierda al ultraliberalismo, destaca la influencia que sobre ella ejerció la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, organización alemana asociada al Partido Democrático Libre. En 2006 fundó el Instituto de Estudios Estratégicos (IEES), que fue clave para el financiamiento de su candidatura. De allí provienen su actual jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, hombre del Opus Dei; el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Gustavo Gavassa; el director nacional de Tecnología Jorge Teodoro (perito informático, acusado de borrar los celulares de Gerardo Milman y sus asesoras luego del intento de asesinato a CFK); y la directora general de Planificación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Carolina Estebarena.
Su área de influencia abarca el Ministerio de Defensa, donde recaló su candidato a vice, el radical mendocino Luis Petri. Allí Bullrich ubicó a dos cuadros salidos del IEES: los coroneles retirados Carlos Federico Becker Fioretti, en la Unidad de Gabinete de Asesores, virtual viceministro; y Marcelo Rozas Garay, subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias. También se extiende a otras dependencias, como la Secretaría de Culto, donde asumió Francisco Sánchez, impulsor de la pena de muerte para CFK; y la Secretaría de Trabajo, donde recaló el abogado laboralista Omar Yasin.
Habrá que seguir de cerca las sordas disputas que se dirimen en Seguridad y Defensa. Por la intención oficial de difuminar los límites de cada área, uno de los principales logros de la atribulada democracia argentina. Por las cuitas entre fuerzas de seguridad y militares, complejo balance que cada vez se inclina más a favor de los primeros, tanto en términos salariales como simbólicos. Y por el eventual alineamiento entre las Fuerzas Armadas y la vicepresidenta, de imprevisibles consecuencias.
la casta corporativa
Ni bien se encaramaron en el gobierno, los libertarios anunciaron dos ambiciosas iniciativas: el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus. La magnitud de ambas normativas evidenció el trabajo estratégico de un equipo corporativo dedicado a crear las bases para un nuevo proceso de reorganización nacional, destinado a empoderar al nuevo sujeto legislador: el mercado.
Gustavo Nigohosian, admirador de Eduardo Bolsonaro y experto en “ética corporativa”, explicó en una entrevista reciente que durante dos años estuvo coordinando el grupo de trabajo que sentó las bases para ambos textos: “Cuando Javier decía que había gente en las sombras, era verdad. Comenzamos ocho personas y terminamos cien trabajando, tanto en el DNU como en la Ley Ómnibus”. Para tal fin creó el Instituto para el Crecimiento (ICAC), oficializado a fines de 2022 como Asociación Civil, estructura que también le sirvió a Nicolás Posse para recolectar fondos. El presidente del think tank es Miguel Ángel Ponte, exsecretario de Trabajo de Macri, quien durante tres décadas se desempeñó en el área de Recursos Humanos de Techint, corporación para la que Nigohosian trabajó 15 años.
El ICAC funciona en la oficina de la Escribanía Caputo, cuyo propietario fue el padre de Santiago (presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires), hasta su fallecimiento en junio de 2023. En la misma sede opera Caputo Hermanos S.A., la desarrolladora inmobiliaria que financió al líder de Revolución Federal. Por su parte, las hermanas Florencia y Fátima Monteverde, vocales del ICAC, contactaron a empresarios para realizar aportes privados. Florencia trabaja en el estudio jurídico Barreiro, Oliva, De Luca, Jaca & Nicastro, muy posiblemente uno de los que participaron de la redacción de las reformas de Milei. Daniel Funes de Rioja, actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue incapaz de negar en una entrevista radial que también el bufete Bruchou & Funes de Rioja manejó la lapicera.
El análisis de los aportantes a la campaña electoral ofrece más señales sobre el entusiasmo empresario con el avance de la libertad. De los 153 millones registrados legalmente, Sebastián Braun aportó 30 palos y José María Malbrán otros 20. Ambos son socios en Brubank, el banco digital de la familia Bruchou. A cambio, la exsocia de su estudio jurídico y encargada del departamento legal de Brubank, Solana Agustina Pelayo, fue designada directora del Banco Nación, con la misión de reglamentar el blanqueo de criptomonedas habilitado por el DNU.
En el sprint final de la campaña se sumaron dos aportantes de lujo: el grupo Techint desembolsó 20 millones a través de Inurban S.A., mientras Eduardo Bastitta Harriet aportó casi 13 millones, además de garantizar la fiscalización durante el balotaje por indicación de Macri. Plaza Logística, la firma de Bastitta Harriet, cuenta entre sus financistas al fondo estadounidense PointState Capital y fue denunciada por emplazar sus polos empresariales en terrenos fiscales a bajo costo, como el centro de distribución de Mercado Libre que funciona en La Matanza.
El principal contribuyente de La Libertad Avanza, sin embargo, es un contador desconocido: Héctor Falvino. Utilizó dos empresas de su propiedad y otra de la cual fue síndico para aportar 48 millones en las PASO y así eludir el tope de 20 millones impuesto en ese tramo de la campaña.
Pero hay una empresa que, en la historia argentina de las puertas giratorias, debe ser la recordista nacional: Corporación América, de Eduardo Eurnekian. Además del presidente Milei, que fue empleado de la compañía hasta su ingreso a la política, el 33% de los ministerios fueron ocupados por hombres vinculados a la firma: el jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro del Interior Guillermo Francos, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Mientras que en las segundas líneas, los exasalariados de la Corporación se multiplican.
una familia muy militar
La rama castrense avanza en el nuevo oficialismo. Junto al ya mencionado Brigadier Antelo como secretario de Estrategia Nacional, hay que apuntar el ingreso de altos oficiales retirados en cargos determinantes del Ministerio de Defensa. Pero el abordaje militar más llamativo y preocupante es el que está aconteciendo en la AFI, donde según distintas versiones han sido designados en puestos clave cinco expertos en espionaje que provienen de las Fuerzas Armadas. Abajo encontrarás un apartado elaborado por el Colectivo Editorial Crisis sobre este tema.
Además de esta presencia en el Ejecutivo, dos organizaciones se destacan como nodos que irradian desde el mundo militar hacia la política institucional. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) fue creado por Victoria Villarruel en 2006. En septiembre de 2023, en plena campaña, la actual vicepresidenta realizó un acto en la Legislatura porteña para promocionar su agenda de “memoria completa”. Hija de un teniente coronel retirado que participó del Operativo Independencia en Tucumán y Veterano de la Guerra de Malvinas (VGM), Villarruel convocó a Marcelo Llambías, militar acusado por torturas y vejaciones de soldados argentinos. La jornada fue coorganizada por la legisladora Lucía Montenegro, cuyo padre cultivó vínculos estrechos con el líder carapintada Mohamed Alí Seineldín y el dirigente neonazi Alejandro Biondini. Otro miembro activo del CELTYV en el gobierno es el mencionado Carlos Manfroni, coautor junto a Villarruel de Los otros muertos: Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur está presidida por la diputada libertaria María Fernanda Araujo, hermana de un combatiente que murió en la guerra. Su primer presidente fue Héctor Omar Cisneros, quien debió renunciar pues había formado parte del Batallón 601 de inteligencia del Ejército entre 1981 y 1983. Esta organización se opuso a investigar las torturas y tratos crueles cometidos contra la propia tropa durante la guerra, y a la identificación de las tumbas del cementerio de Darwin, a lo que finalmente accedieron. Cuenta con el apoyo especial de Eduardo Eurnekian, distinguido con la medalla oficial de la Orden del Imperio Británico por contribuir a la relación entre el Reino Unido y la Argentina. El vínculo fue cincelado por Roberto Curilovic, aviador de la Marina y veterano de Malvinas, quien es gerente de Desarrollo de Negocios y Programas Internacionales de AA2000, empresa cuyas operaciones requieren vínculos permanentes con las Fuerzas Armadas.
El ítem “hijos de militares” es particularmente prolífico en el entramado político de la ultraderecha 2.0. Otras dos diputadas nacionales ostentan como bandera esa condición. La mendocina Lourdes Arrieta, cuyo padre estuvo en Malvinas y fue denunciado por retirarles el alimento a los soldados a su cargo. Y la marplatense Juliana Santillán, hija del suboficial mayor de la Armada Carlos Santillán, que fue contramaestre del ARA Irigoyen en Malvinas. Así expresa su sentir: “Represento y muy orgullosamente la familia militar, de la Armada, de la Marina. Estoy cerca de la familia militar que ve en Javier Milei una persona con una decisión muy importante, que es cambiar los rumbos de la Argentina”.
Los vástagos de represores se hacen fuertes también en el nuevo esquema de poder. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Alberto Presti, es hijo del coronel Roque Carlos Alberto Presti, a cargo del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura y responsable de la represión ilegal en varios campos de concentración, entre ellos La Cacha. Por su parte, el nuevo director de Fabricaciones Militares, Hugo Alejandro Pascarelli, es hijo del excoronel Hugo Hildebrando, jefe durante la última dictadura militar del Área de Seguridad 114, condenado en julio de 2011 a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino El Vesubio. Hugo Alejandro no reivindica públicamente a su padre y decidió volcarse al ámbito empresarial, donde llegó a ser CEO de Monsanto y de las autopartistas estadounidenses Delphi y Famar.
fundaciones que bajan turbias
Tal es la importancia que los libertarios le adjudican a la batalla cultural por el sentido común que algunos de sus más importantes voceros, los influencers Nicolás Márquez y Agustín Laje, no aceptaron cargos para continuar con su labor evangelizadora. Escriben libros de circulación masiva, narran la coyuntura como fieles partisanos semióticos y establecen articulaciones a nivel internacional.
Se trata de una estrategia cuyo origen se remonta a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando Milton Friedman y Friedrich Hayek, pensadores que inspiran a Milei, fundaron la Mont Pelerin Society para combatir la expansión del socialismo. Aunque durante la segunda mitad del siglo veinte el credo ultraliberal se mantuvo minoritario, poco a poco se crearon cientos de fundaciones en el mundo. El protagonismo de los think tanks a nivel global aumentó en una relación directamente proporcional al declive de los partidos políticos, a los que sustituyeron como espacios de elaboración programática e ideológica.
La red internacional de fundaciones con mayor resonancia local es Atlas Network, dirigida durante más de dos décadas por el argentino-estadounidense Alejandro Chafuen. Atlas tiene bajo su influencia a unas 450 organizaciones en el mundo, y al menos doce en nuestro país. Investigaciones periodísticas señalan entre sus principales financistas a los Hermanos Koch, quienes construyeron su fortuna con la explotación de combustibles fósiles. La Fundación Libertad es la sucursal más importante de la red Atlas en Argentina. Su fundador, Gerardo Bongiovanni, fue uno de los pocos argentinos que ingresaron a la Mont Pelerin Society. Le siguen otros think tanks con mayor llegada al gobierno, en particular la Fundación Libertad y Progreso, cuyo consejo académico es presidido por Alberto Benegas Lynch (“el prócer del liberalismo”, según Milei) e integrado por la canciller Diana Mondino y el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros.
La singularidad de estos círculos de elaboración consiste en haber propalado a la escuela austríaca, vertiente del neoliberalismo con menos adeptos en la Argentina que la escuela de Chicago. Hasta el ingreso de los libertarios a la Casa Rosada, en “la interna” de estas tradiciones los Chicago Boys se autopercibían como una vertiente más pragmática, capaz de sostener las riendas del comando estatal, mientras los austríacos representaban una tendencia profundamente antagonista en relación con el Estado.
El gobierno libertario tiene la mirada fija en sus dos principales objetivos: estabilizar la economía a través de una dolarización y ahogar a la protesta social mediante un recrudecimiento de la violencia estatal. Por eso el presidente y la ministra de Seguridad han trazado una estrecha alianza, de fuerte contenido antipolítico. Y por el momento cuentan con el apoyo de un sector importante de la población, el macizo acompañamiento del poder económico y cierto crédito del imperio norteamericano.
Pero todo esto puede cambiar en cuestión de días y la contracara de la prepotencia oficialista es su fragilidad extrema. Enemistado con la mayoría del sistema político, el gobierno libertario se introduce en una grieta institucional que escala en intensidad. El brutal shock económico sobre la población amenaza con provocar un explosivo conflicto social. Y la hiperideologizada inscripción geopolítica podría generar fracturas entre los poderes fácticos. Para un escenario de crisis inmanejable se preparan las dos figuras relegadas de esta primera etapa: la vicepresidenta, y primera en la línea sucesoria, Victoria Villarruel; y el expresidente Mauricio Macri. Ambos tejen en las sombras y se presentan como los garantes de aquellas prerrogativas que Milei desprecia: el arte de la mediación y el comando del aparato burocrático.
En este informe quisimos hacer el recuento de las muy terrenales fuerzas que tiene la ultraderecha para intentar imponer su programa. No salieron de un repollo. Tampoco cuentan con raíces firmes.
Hace medio siglo el presidente Juan D. Perón apretó un botón y Atucha I, primera central nuclear de la Argentina y de Sudamérica, se puso crítica.
Fue el 13 de enero de 1974: se retiraron parcialmente las barras de control y el núcleo de la central entró lentamente en reacción en cadena. Luego se le fue subiendo la potencia escalonadamente, durante meses y bajo cuidadosa vigilancia de que todas los parámetros de funcionamiento fueran correctos, y finalmente entró en línea a la potencia plena de sus 320 MWe instalados.
La CNEA, compradora y entonces constructora y operadora de esa central, ya tenía 24 años de existencia. Era la cabeza del programa nuclear más dinámico del hemisferio sur, después del de la India. Llevaba diseñados con éxito tres reactores, el tercero la mayor planta de fabricación de radioisótopos médicos de la región, todos con componentes argentinos, salvo el uranio enriquecido. Pero Atucha 1 era otra cosa, una central de potencia. Con este fierro, la CNEA «se ponía los pantalones largos».
Hoy la central cursa su tercera prolongación de vida útil. Es tan sólida y resistente que podría durar 100 años operativos sin problemas, y tal vez más. Perfecta no nació: perfecta la fuimos haciendo. Como también después Atucha 2, Atucha 1 fue un prototipo con el que la KWU-SIEMENS se ganó el derecho de volverse un tiempo el abastecedor principal de centrales de la CNEA, y entre 1980 y 1994, su socio minoritario en la empresa mixta ENACE (Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas).
Cuando ENACE fue cerrada por el presidente Carlos Menem, quedaron pendientes varios asuntos: uno de ellos fue la terminación de Atucha 2, que debió suceder en 1987… pero pasaron cosas. Sucedió 27 años más tarde. La otra que no sucedió fue la exportación a varios países del norte de Africa y de Medio Oriente del ARGOS 360, una central chica que era básicamente una Atucha 1 adaptada a criterios de seguridad y operación post-Chernobyl.
Tras una avería discapacitante de los internos de Atucha 1 y la ruptura de una barra de elementos combustibles, en 1988 la central se fue parando sola por seguridad pasiva: el calentamiento del líquido moderador la fue dejando sin neutrones y sin potencia. Era imposible volver a arrancarla, pero además las dos agencias internas de seguridad nuclear de la CNEA, el CALIN y la Gerencia de Radioprotección lo habrían impedido. Cosas de los prototipos, puteó todo «Planeta CNEA» por lo bajo. Con apagones graves diarios en todo el AMBA por falta de mantenimiento del parque térmico de SEGBA e ITALO, había que reparar Atucha 1 rápido y bien.
Pero SIEMENS, que entonces ya barruntaba secretamente retirarse del mercado nuclear alemán y mundial por presión del Partido Verde, prefirió irse de estas pampas con mucha plata, aprovechando nuestra desgracia. Y pidió U$ 200 millones por desmantelar totalmente el núcleo de la central y rehacerlo, fácilmente 5 o 6 años de obra. ¿Garantías? Olvídate cariño. ¿»Affectio societatis?». No me hables en latín, soy alemán.
Tras infinitas presiones de los alemanes por firmar la reparación y la resistencia y desilusión crecientes de la CNEA, la Dra. Emma Pérez Ferreira, presidenta de la casa, aceptó la propuesta de los expertos Juan Carlos Almagro, Jorge Sidelnik y Roberto Perazzo y la transmitió al presidente de la Nación, Raúl Alfonsín: «La reparamos nosotros».
Alfonsín aceptó, bastante asustado, pero aceptó. Chernobyl había sucedido apenas dos años antes. Atucha 1 se reparó por sólo U$ 17 millones y en 9 meses, en los que la campaña de medios contra la CNEA fue infernal. Cuando estaba por volver a ponerse en marcha, Greenpeace se puso las botas y cosechó tarjetas de crédito de miles pequebús angustiados por el inminente Chernobyl bonaerense. Salvar el planeta es caro, ya se sabe. Jorge Lanata, en la tapa de Página 12, mostró una panorámica de la central con el título «La arreglamos con un alambre». El gabinete de gobierno uruguayo le creyó y prefirió reunirse discretamente un par de semanas en Melo, lo más lejos posible del predio de las Atuchas, hasta que se les fue pasando el julepe. Tardó.
Sembrar semejante terror debe haber costado muchos Deutsche Marks (no existía el Euro). Pero al parecer el alambre con que la CNEA reparó la central era del bueno, porque Atucha 1 no se volvió a romper jamás. Con sucesivas mejoras de termohidráulica totalmente Nac & Pop, la potencia pasó de 320 MWe a 365 MWe. Siguió usando los manojos combustibles de siempre (de uranio natural) pero salpimentados con un toque de uranio 235 al 0,83%. Con ese truco mejoraron su quemado en un 80%, con lo que la máquina hoy usa un 40% menos de combustible que cuando la compramos.
Los posibles clientes del ARGOS 360 en Africa y Medio Oriente se rajaron despavoridos cuando vieron el destrato de SIEMENS hacia su socio nuclear principal entre 1988 y 1989. Pero lo que nos quedó es un ahorro de U$ 193 millones, equivalentes a U$ 505 millones de hoy, un prestigio mundial que te la cuento, y una central que hoy es, en casi todos los sentidos, el ARGOS 360 que ya no exportaremos.
Contra viento y marea y opinión de «expertos» y con un atraso de 27 años la empresa NA-SA terminó Atucha 2 en 1914, armando un rompecabezas de centenares de miles de componentes no ensamblados, y conservados más de un cuarto de siglo con todo cariño en atmósfera de nitrógeno. SIEMENS ya se persignaba si le presentaban al diablo nuclear, de tan ecologistas que se habían puesto. Rehusó ponerse al frente de la tarea. Électricité de France, que había comprado entera la división nuclear de KWU no quiso saber nada de ese peludo pampeano de regalo de sus amigos, «les boches». Así las cosas, NA-SA se arremangó y la terminó, punto. No fue fácil.
Imposible tampoco.
La central (prototipos son prototipos) anduvo bien hasta que en 2108 se rompió una bomba de refrigeración del primario, que son dos y tienen el tamaño de dos Volkswagen. Se reemplazó la averiada, se limpió cuidadosamente el primario de virutas metálicas durante meses, y la central funcionó joya hasta 2022 y zas: tuvo un desperfecto de internos. ¿Otra vez? Malditos prototipos.
Se solucionó repitiendo la opera de 1988 con Atucha 1: SIEMENS pidió U$ 400 millones por reparar Atucha 2 en estilo wagneriano: destapando el recipiente de presión y desarmando el núcleo. Mínimo, eso daba 5 o 6 años sin la central, con una pérdida de ingresos de U$ 750.000 diarios por venta de electricidad.
De modo que NA-SA se volvió a arremangar y arregló Atucha 2 con herramientas telecomandadas diseñadas ad-hoc, y aprovechando incluso algunas que habían quedado en el predio tras la reparación de Atucha 1 en el lejano 1989. Costo del trabajo: U$ 22 millones que se gastaron en el país, o 478 millones que nos ahorramos de pagar afuera. Esto tomó 9 meses, sobre todo por el diseño de las herramientas nuevas. Prototipos son prototipos, alemanes son alemanes, y nosotros somos argentinos, gracias, y a esta altura del partido sabemos más de centrales SIEMENS que la propia SIEMENS. Lógico, todos los ingenieros y físicos nucleares alemanes que co-diseñaron esta máquina con nosotros en ENACE están jubilados desde 1990, o en otras industrias, o tocando el arpa para Werner Heisenberg.
Por eso NA-SA le hizo extensión de vida a Embalse entre 2014 y 2018, un retubamiento a nuevo que nos da 30 años más de operación, y con rediseños Nac & Pop que la polentearon: en su primera vida era una central canadiense CANDU de 600 MWe. Hoy es una CANDU bastante argentinizada con 657 MW, más cantidad de defensas escalonadas activas de seguridad según requirimientos «post-Fukushima», y su tasa de disponibilidad pasó de un 88% al 93%. Es sustancialmente una central nueva a un tercio del costo de una nueva «cero kilómetros». Funciona a potencia nominal 339 días por año promedio, con el resto para mantenimiento programado.
Como el mundillo nuclear mundial es un pañuelo y estas cosas se saben, la empresa mixta CONUAR, propiedad de Pérez Companc en dos tercios y el resto de CNEA, se puso de moda afuera. Hizo todos los caños del retubado de Embalse, tras décadas de fabricar los elementos combustibles de las dos Atuchas y Embalse, metalurgia de la difícil con super-aleaciones con base de zirconio y de níquel. El retubado de la central cordobesa la puso en el mundo CANDU, formado por 47 centrales en 7 países, sin contar las inactivas que probablemente resuciten, visto que sin electricidad nuclear la temperatura promedio de la biosfera se va al diablo.
Ahora CONUAR está exportando tubos y componentes CANDU a la India, a Canadá y a Rumania. NA-SA tiene una nueva especialidad, heredada de la reparación de centrales con recipiente de presión como las de SIEMENS. Podríamos llamarla «reparo tu central rápido y bien, punto com».
Todo esto sumado dejó cadenas de proveedores con calificación nuclear puesta por la CNEA, por NA-SA y por INVAP. Suman centenares de empresas argentinas, mayormente metalúrgicas, metalmecánicas, electromecánicas, electrónicas, y de control, y abarcan desde PyMES a firmas gigantes. En ellas trabajan miles de personas calificadas. Es una Argentina distinta.
El ecosistema nuclear argentino es más exportador que orientado al mercado interno, y esto es una debilidad intrínseca. La barilochense INVAP, una SE creada por CNEA en 1974, lleva vendidos reactores de producción de radioisótopos a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y Holanda, pese a lo cual (o debido a lo cual) Menem, De la Rúa y Macri trataron de hacerla entrar en quiebra. La CNEA se autoabastece de radioisótopos médicos, como el molibdeno 99m, que faltan en Norteamérica y en Europa Occidental, pero además exporta a la región desde 1967.
El Cono Sur tiene medicina nuclear gracias al reactor RA-3 de Ezeiza. Y ahora la CNEA está a dos años de inaugurar el primer reactor de producción e investigación mejor que el «top of the line» mundial. Éste es el OPAL australiano de INVAP, de 20 MW térmicos, en línea desde 2006. Pero el nuevo reactor de la CNEA es de 30 MW térmicos y está también en Ezeiza, junto al RA-3. Entre radioisótopos y silicio irradiado, tiene ventas seguras de U$ 90 millones año. En cuatro años, paga su costo de construcción, y está previsto que dure medio siglo. De hecho, su vecino y predecesor, el RA-3, tiene 57 años. Anda chiche.
La industria nuclear argentina debería ser mucho mayor. Deberíamos tener al menos 10 o 15 centrales de potencia, y un 30 o un 40% de electricidad nuclear. Eso permitiría que no se nos apague la luz cuando vuelva a no llover 3 años seguidos en las cabeceras de nuestros ríos hidroeléctricos, el Paraná, el Uruguay, el Futaleufú y el Limay-Negro.
Eso permitiría no tener que volver a importar gas. Por el contrario, podríamos exportalo sin miedo a repetir la situación de 2000, cuando Repsol vació literalmente el yacimiento gigante de Loma de la Lata exportando gas a Chile a precio vil, y vendiéndoselo a las termoeléctricas que aquí brotaron como hongos, porque el costo del combustible declarado ante CAMMESA en tiempos de Menem se aceptaba que fuera cero.
Sí, pasaron cosas.
Pero todo eso que queda por hacer puede hacerse y probablemente, se haga porque los recursos humanos lo permiten. No sé si Perón, cuando apretó el botón que puso el línea a Atucha 1 hace medio siglo, el 19 de marzo de 1974, pensaba que la trayectoria nuclear futura del país iba a ser un «thriller» sin un minuto para aburrirse, como viene siendo. Máxime hoy…
Ahora queda por delante la extensión de vida de Atucha 1, una tarea de 30 meses que empieza este año y va a crear 2000 puestos de trabajo y otorgar 20 años más de servicio, eso si la Agencia Regulatoria Nuclear da luz verde para ello.
Cuesta pensar que Atucha 1, hace exactamente medio siglo era un prototipo, robusto y lindo pero falible, por prototipo. Los alemanes la hicieron buena, nosotros la hicimos perfecta.
Atucha I cumple 50 años. No es imposible que saquemos otro artículo elogioso cuando cumpla 100. Anda bien, gracias.
El PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, está en medio de una ardua negociación con laboratorios y farmacias por la renovación del convenio que permite al organismo proveer medicamentos –gratuitos o con descuento– a sus más de 5,5 millones de afiliados. El acuerdo vence el 31 de este mes.
Los laboratorios, a través de las tres cámaras que los representan según sean nacionales, cooperativos o extranjeros, están señalando el fuerte crecimiento de la cantidad de medicamentos gratuitos entregados por el PAMI, que pasó de unos 3 millones de unidades en 2018 a 12 millones de unidades en la actualidad, lo que significan más del 75% del total de los medicamentos consumidos por los jubilados en el total del convenio.
“Se están estudiando distintos escenarios; sobre todo se está señalando un consumo excesivo de productos que dan gratis desde el año pasado, algo que se exacerbó en la época de las elecciones”, explicaron en una de las cámaras.
El expresidente Alberto Fernández y Volnovich anunciaron, en febrero de 2020, la implementación del programa “Vivir Mejor”, un vademécum de 170 medicamentos esenciales gratuitos del PAMI como parte de una promesa de campaña en las elecciones de 2019. El objetivo principal, de acuerdo con la resolución que lo puso en marcha, era dar cobertura al 100% de los medicamentos esenciales definidos en el listado con el fin de garantizar el tratamiento de las personas mayores afiliadas al instituto. Luego, con la llegada de la pandemia de coronavirus y las sucesivas elecciones, las cantidades expendidas fueron siempre en aumento. En la actualidad, por razones sociales, el PAMI brinda una cobertura del 100% de los medicamentos ambulatorios (4 prescripciones) para los afiliados que no puedan pagarlos con el descuento habitual, aunque con una serie de requisitos de ingresos y patrimoniales. De no cumplirlos, si la persona gasta más del 5% de sus ingresos en medicamentos puede solicitar una excepción.
Consultados sobre la posibilidad de que se limite o acote el acceso a a los medicamentos gratuitos, en el PAMI afirmaron: “hoy estamos remarcando que el programa de medicamentos gratuitos sigue activo, que la dirección ejecutiva está comprometida con su continuidad”.
“Como cada año, el convenio está en proceso de negociación con la industria para asegurar una cobertura de calidad para todos los afiliados y gestionar de manera eficiente los recursos del instituto”, agregaron.
Las fuentes oficiales subrayaron: “Queremos llevarle tranquilidad a nuestros afiliados de que van a poder continuar con todos sus tratamientos y que no van a perder sus medicamentos gratis. Cualquier información adicional podría entorpecer las negociaciones y queremos evitarlo”.
No obstante, la consigna que el gobierno de Milei enarbola constantemente -“no hay plata”– llegó al PAMI y, pese a la promesa de continuidad del programa de remedios gratuitos, se están realizando auditorías internas que probablemente derivarán en un control mayor y en algunas restricciones de acceso para evitar abusos y fraudes, un camino que en su momento también siguió el gobierno de Mauricio Macri en 2016, imponiendo restricciones de acceso que más tarde incluso se ampliaron, lo que generó encontronazos con el kirchnerismo, que acusó al macrismo de dejar a los jubilados sin medicamentos.
“En PAMI no hay plata; estamos en una situación crítica. Desde hace muchos meses se está gastando más plata de la que ingresa. Durante el 2023, hubo déficit en 7 de los 12 meses del año. En el último trimestre este fue de 200.000 millones de pesos. Estamos tomando medidas de manera inmediata porque si no, la situación económica del instituto va a empeorar drásticamente. Comenzamos una serie de relevamientos e identificamos un uso discrecional sostenido en el tiempo de la plata de los jubilados”, dijeron fuentes del organismo.
“Precio PAMI”, otro reclamo
El otro planteo del grueso de la industria farmacéutica fue, según fuentes del sector privado, la eliminación del llamado Precio PAMI para poder sostener el convenio actual. Este fue creado en 2018 y consideraba una reducción del 5% del precio de lista de los medicamentos cubiertos por el instituto en beneficio de sus afiliados, es decir, un precio especial inferior al del resto de los afiliados de la seguridad social.
Según fuentes de los laboratorios nacionales, la inflación profundizó la brecha entre ambos precios hasta el punto en que, en diciembre de 2023, el descuento comercial de la industria superó el 50%.
“Todo ello determina que la ecuación económica del convenio sea insostenible tanto para los laboratorios como para las farmacias, ya que para los primeros implica que una gran cantidad de sus medicamentos sean entregados por debajo de los costos operativos y para las farmacias la pérdida de más del 80% de su rentabilidad”, agregaron.
El tratamiento de alimentos con radiación ionizante se utiliza en todo el mundo para eliminar o controlar los microorganismos patógenos que causan intoxicaciones y enfermedades. Además de garantizar la seguridad de los productos, también sirve para prolongar su vida útil. Se trata de una técnica totalmente segura, que no vuelve radioactivos a los alimentos ni compromete su calidad nutricional y sensorial. En la Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ahora estudia su uso en salamines, que son tratados en la Planta de Irradiación Semi Industrial, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.
En nuestro país, esta técnica se utiliza principalmente para el tratamiento de especias y hierbas. El Código Alimentario Argentino (CAA) también autoriza la irradiación de productos cárnicos, frutas y hortalizas, entre otros. “Hay un gran interés en productores y empresarios nacionales en utilizar esta tecnología, es por esto que se está trabajando en conjunto con organismos regulatorios para actualizar la reglamentación y que se pueda implementar”, explica la microbióloga y doctora en Ciencias Biológicas María Verónica Vogt, especialista en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear y jefa del Departamento Procesos por Radiación, dependiente de la Gerencia Aplicaciones y Tecnología de las Radiaciones.
“El tratamiento con radiación ionizante es un proceso físico donde el producto es expuesto a este tipo de energía, lo cual no implica un aumento de temperatura, a diferencia de los tratamientos que utilizan energía térmica. Por eso se lo conoce como pasteurización fría”, señala la licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos y magister en Calidad Industrial María Constanza Cova, jefa de la Sección Irradiación de Alimentos de la CNEA.
En el Centro Atómico Ezeiza, se ensaya la técnica con salamines en el marco de la investigación para el trabajo de la tesis “Tratamiento de embutido seco tradicional por irradiación gamma con bajas dosis para asegurar su calidad microbiológica y el control de Listeria monocytogenes”. Este trabajo, que próximamente será presentado, es realizado por la ingeniera química Angela Raad para su Maestría en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Buenos Aires. Los directores de la tesis son la magister Constanza Cova y el doctor Sergio Ramón Vaudagna, director del Instituto Tecnología de Alimentos (ITA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La ingeniera química Angela Raad, autora del trabajo de tesis sobre irradiación de salamines.
La bacteria Listeria monocytogenes puede contaminar los alimentos y luego de su consumo provocar en algunas personas una infección llamada listeriosis. Esta enfermedad afecta especialmente a los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los niños pequeños y las personas inmunocomprometidas. Los alimentos que más se relacionan con brotes de listeriosis son los fiambres y embutidos a base de carne y aves; los lácteos elaborados con leche sin pasteurizar; los vegetales crudos, y los pescados crudos y ahumados.
“El control de la Listeria monocytogenes en los alimentos es crucial debido a que es una bacteria patógena alimentaria y causa listeriosis, una enfermedad grave con alta tasa de mortalidad, que va del 20% al 30% -señala la ingeniera Raad-. Se han informado brotes de listeriosis asociados a la ingesta de productos cárnicos listos para consumir. En respuesta a esta problemática que enfrenta la industria cárnica, se llevó a cabo un proyecto pionero sobre la aplicación de la irradiación gamma en salamín con el objetivo de controlar la presencia de esta bacteria”.
Este proyecto fue liderado por la Sección de Irradiación de Alimentos y tuvo la colaboración del Laboratorio de Microbiología, ambos pertenecientes al Centro Atómico Ezeiza de la CNEA, y del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA. Además, contó con el apoyo de uno de los elaboradores de chacinados más importantes de la Argentina.
“Durante la investigación, se determinó la dosis mínima de radiación que aseguró la ausencia de Listeria monocytogenes en el salamín envasado al vacío. Luego se realizaron análisis microbiológicos, físico-químicos y sensoriales para evaluar los efectos del tratamiento en la calidad del salamín”, detalla Raad.
Entre estos ensayos, se destacó el análisis de vida útil sensorial del producto, con una degustación en la que participaron 190 consumidores. “Los resultados fueron altamente satisfactorios: el salamín envasado al vacío e irradiado no presentó diferencias significativas en sus propiedades físico-químicas y sensoriales respecto al salamín envasado al vacío sin irradiar. A su vez, con esta combinación de envasado al vacío e irradiación se duplicó el tiempo hasta la fecha de vencimiento del salamín en comparación al producto actualmente disponible en el mercado”, afirma Raad.
“La aplicación de la tecnología de irradiación gamma garantizó la seguridad microbiológica del salamín, con el beneficio adicional de la extensión de su vida útil. Esto le brinda la posibilidad de llegar a mercados más lejanos tanto en el territorio nacional como internacional, abriendo así las puertas a la posibilidad de su exportación”, concluye la investigadora.
“La radiación ionizante es efectiva para combatir todo tipo de microorganismos patógenos, entre los cuales se encuentran la Salmonella y la Escherichia coli productora de toxina Shiga (responsable del síndrome urémico hemolítico), y también parásitos como la Trichinella spiralis, (causante de triquinosis). Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta tecnología no reemplaza el uso de las buenas prácticas de manufactura, sino que se debe utilizar en el marco de un sistema de aseguramiento de la inocuidad”, menciona Vogt.
“Entre las ventajas que presenta esta tecnología de conservación se destaca su alta penetración, por lo cual se pueden irradiar los productos ya envasados y listos para salir al mercado –detalla Cova-. Además, no se introducen sustancias químicas en los alimentos ni se altera su estado, es decir que los productos mantienen su condición de frescos, refrigerados o congelados. Otro efecto de la radiación ionizante es el retraso de la maduración en ciertas frutas y la inhibición de la formación de brotes en bulbos, tubérculos y raíces. Así se extiende el tiempo en que se encuentran en condiciones de ser comercializados y consumidos”.
Dónde se realiza el tratamiento
En Argentina, este tratamiento se realiza en la Planta de Irradiación Semi Industrial (PISI) de la CNEA, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, y en la planta privada de la empresa IONICS en Tigre. Estas plantas trabajan con radiación gamma emitida por una fuente de cobalto 60, que tiene la capacidad de descontaminar o de esterilizar diversos productos sin afectar su calidad. Ese fin se alcanza mediante la exposición del producto a la radiación durante el tiempo necesario para que absorba la dosis que se precisa para alcanzar el objetivo.
Previo a la irradiación de un alimento, se debe determinar la dosis mínima requerida para lograr el objetivo deseado y la dosis máxima a la que se lo puede exponer sin alterar sus características organolépticas. Para el tratamiento, los productos ingresan a la sala de irradiación y avanzan a velocidad controlada a través de un sistema de transporte, para que reciban el rango de dosis indicado. El proceso se controla mediante el uso de dosímetros calibrados que permiten determinar la dosis absorbida por el alimento durante el tratamiento.
La legislación en la Argentina y en el mundo
En Argentina, los alimentos deben estar rotulados con la leyenda “Tratado con energía ionizante” cuando hayan sido irradiados en su totalidad o cuando su contenido de ingredientes irradiados sea superior al 10%. A su vez, el envase debe tener el logotipo internacional “radura” de color verde.
En 2012, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación de Argentina IRAM, con activa colaboración de la CNEA, presentó la versión en español de la norma ISO 14470, que fija los “requerimientos para el desarrollo, validación y controles de rutina del proceso de irradiación mediante el uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento de alimentos”.
En octubre de 2017 se realizó una actualización del Código Alimentario Argentino que amplió a ocho las categorías de alimentos destinados a consumo humano que pueden ser irradiados: carne de vaca, pollo y cerdo, entre otras; pescados y mariscos; frutas y vegetales frescos; bulbos y tubérculos; cereales; legumbres y semillas.
En la Unión Europea hay 22 plantas autorizadas para tratar alimentos con radiación ionizante. De acuerdo al informe presentado en diciembre de 2023 por la Comisión Europea al Parlamento de la UE, entre 2020 y 2021 fueron irradiadas 5029,1 toneladas de productos alimenticios en los estados miembros. Los tres productos más irradiados fueron las ancas de rana (76,42%), la carne de aves de corral (11,92%) y las hierbas aromáticas, especias y condimentos vegetales secos (11,6%).
En Brasil, el avance de la legislación y los acuerdos comerciales propiciaron el desarrollo de un próspero mercado de alimentos irradiados. En este contexto, el gobierno brasileño autorizó la irradiación de 117 tipos de alimentos, abarcando incluso la amplia categoría de “todo alimento”. Esta aprobación contempla la irradiación para diversos propósitos y en distintas dosis, posicionando a Brasil como líder mundial en la aceptación de este proceso. Ese país también se destaca por contar con las leyes más permisivas en cuanto a dosis, consolidando así su posición vanguardista en este ámbito a nivel global
En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), también exige que en los envases de los alimentos irradiados figure el símbolo de radura junto con la declaración “Manipulado con radiación” o “Manipulado con irradiación”. En ese país, está autorizado tratar con esta técnica carne de vaca, cerdo y ave; crustáceos y moluscos; frutas y verduras frescas; semillas para germinar; huevos; especias y condimentos. Un dato interesante es que, durante las misiones espaciales, los astronautas de la NASA se alimentan con comida esterilizada con radiación.
“En 1982 no había GPS, ninguno de los artilugios electrónicos que existen ahora. Yo era navegador de Hércules C-130, el que debía marcar en la carta el rumbo del avión. Planifiqué cómo se harían los vuelos a Malvinas el 2 de abril. Y cuando se decidió que el Hércules TC-68 llevara bombas, fui el que guiaba al avión para encontrar los objetivos navales”.
El Comodoro VGM (R) Roberto Cerruti cuenta qué hizo en la guerra. En 1982 era capitán y pertenecía al Escuadrón I C-130 del Grupo de Transporte de la 1 Brigada Aérea, compuesto por nueve aviones Hércules: ocho operativos y uno para repuestos. Pero guarda algo más: “Nosotros conocíamos desde principios de marzo la operación sobre Malvinas. Éramos tres capitanes y un vice comodoro. Y preparamos a nuestra gente”. Sus primeras acciones fueron las esperadas: llevar material bélico y tropas a las islas. Las siguientes fueron heroicas, y obligaron a los británicos a cambiar sus tácticas. Pero, por curioso que parezca, esos vuelos fueron catalogados como “secreto militar” durante casi 20 años. ¿El motivo? Ocultar el ataque a un “súper petrolero” que se encontraba en alta mar en el Atlántico Sur, pero en plena navegación hacia la ubicación de la Task Force británica. Lo que contará Cerruti a partir de ahora será asombroso.
El Comodoro egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1970, y un año después obtuvo el título de Navegador Militar. Diez años antes del conflicto en Malvinas comenzó a volar en el Hércules C-130. En 1982 estaba casado y tenía dos hijos. Cuando llegó la hora de combatir, él y sus camaradas del escuadrón tenían una vasta experiencia. El 1 de abril de ese año, los cuatro que conocían los planes militares se reunieron con el resto del equipo en la Base Aérea El Palomar. Eran las cinco de la tarde cuando el comodoro (R) Alfredo Cano -jefe del Escuadrón- comenzó a hablar. Luego lo hizo Cerruti. “Les habíamos dicho que haríamos un ejercicio de lanzamiento de personal del Ejército en la Patagonia. Te imaginas lo que fue tirar la información ahí, fue tensionante. Todos sentíamos que éramos parte de un hecho histórico. Y esa misma noche, juntamos a las tripulaciones y nos fuimos con tres aviones a Comodoro Rivadavia, donde llegamos a las 23:30. En la madrugada del 2 de abril salió el primer avión para Malvinas, comandado por Cano, y nosotros salimos en el segundo”.
Cuando dice “nosotros”, Cerruti se refiere al entonces vicecomodoro Alberto Vianna, al capitán Andrés Valle, al suboficial principal Pedro Razzini, al suboficial auxiliar Carlos Nazzari y al cabo primero Carlos Ortiz. El primer vuelo lo hicieron en el C-130 que llevaba la matrícula TC-63, bajo la denominación de “Litro 2″ y llevaron efectivos del Regimiento de Infantería 25, de la Compañía de Ingenieros de Combate 0 y del Comando de la IX Brigada de Infantería. Despegaron a las 6.20 desde Comodoro Rivadavia y regresaron a las 11.50. Fue el primero de 25 vuelos a Malvinas entre el 2 y el 30 de abril. “Lo nuestro se intensificó cuando los ingleses declararon la zona de exclusión marítima, no podía haber ningún buque a menos de 200 millas de Malvinas, si no lo hundían, y tenían dos submarinos nucleares. Estábamos las 24 horas arriba del avión. El trabajo era traer carga desde muchos puntos del país y llevarla a Malvinas. Y luego, llevar la carga que estaba en los buques”.
Al principio, cada avión tenía una tripulación fija. Con el devenir del conflicto bélico a partir del 1 de mayo y mucho más al desembarcar los ingleses, se usaban las que estaban disponibles en el momento. El 6 de mayo, Cerruti integró la tripulación del Hércules-C 130 TC-65, que fue el primer avión que rompió el bloqueo británico volando al ras del mar para evitar ser detectado. Para tomar dimensión de lo épico de esos vuelos de la Fuerza Aérea, basta decir que volaban entre 60 y 70 pies (unos 20 metros) sobre el nivel del mar. Los manuales de vuelo táctico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos indican que la altitud más baja para operar de día es de 500 pies, y de noche, 1000.
El 1 de junio, el T-63 fue derribado por una patrulla británica mientras cumplía una misión de “marcación de blancos navales”, algo para lo que no había sido diseñado, explica Cerruti. Fue el único Hércules que se perdió durante la guerra. Murieron con él el Capitán Rubén H. Martel, el Capitán Carlos E. Krause, el Vicecomodoro Hugo C. Meisner, el Cabo Principal Miguel A. Cardone, el Cabo Principal Carlos D. Cantezano, el Suboficial Principal Julio J. Lastra y el Suboficial Ayudante Manuel A. Albelos De 61 intentos de abastecer a las tropas desde el continente, el Escuadrón pudo aterrizar en 31 oportunidades. Eso marca las dificultades operativas. En el informe Rattenbach sobre la guerra de Malvinas, que fue muy crítico con la conducción militar, se resalta el trabajo de la Fuerza Aérea Sur (FAS): “Pese al bloqueo británico, mantuvo abierta la comunicación con Puerto Argentino hasta el último día del conflicto. Cumplimentó arriesgados vuelos de sus aviones C-130 para abastecer a la Guarnición Militar Malvinas”. El almirante británico John Forster Woodward, comandante de la Task Force, reconoce en el libro No picnic de Julian Thompson que los C-130 eran el principal blanco para ellos.
Pero lo más interesante e inesperado sucedió después. Las aeronaves que podían hacer reconocimiento lejano y tenían capacidad de ataque eran los P-2 Neptune de la Armada. Pero el 9 de mayo fueron puestos fuera de servicio y no volaron más en la guerra. El tránsito de la flota inglesa ya no tenía riesgo de ser interferido. Creían tener toda la libertad para moverse por el Atlántico Sur. Pero no.
Los seis tripulantes fueron condecorados recién en 2017
Los “Locos de la guerra
Para reemplazar la capacidad de los Neptune, se decidió que los C-130 los suplantaran en la tarea de interdicción de la flota. La aeronave TC-68 -la primera en aterrizar en Malvinas el 2 de abril- fue preparada para esa labor en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba.
“Una vez nuestro jefe nos dijo que éramos los ‘locos de la guerra’. Nos identificábamos como Los Tigres, usábamos bufandas rojas tejidas por la esposa de Vianna con lana inglesa que él había comprado en Puerto Argentino, siempre pedíamos hacer algo más…”, cuenta Cerruti. Se ofrecieron como voluntarios para una misión que, para muchos, era imposible. Y el 24 de mayo volaron a Córdoba.
Allí, el TC-68 había acondicionado: se instalaron cuatro tanques de combustible en la bodega para que tuviera 19 horas de autonomía; donde estaban los tanques bajo las alas pusieron dos portabombas múltiples que podían transportar hasta seis bombas de 250 kg cada una. Al tablero del piloto le colocaron una mira de tiro que se usaba en los Pucará y un botón para lanzar las bombas. Y sobre el lugar del copiloto, el control del sistema de armas. “A nadie se le había ocurrido algo así… Salimos a practicar con bombas de ejercicio, no reales. La primera vez tiramos más o menos. No era nada del otro mundo: ir con el avión bajo y que las bombas golpearan un barco. Los ingenieros volvieron a estudiar el avión. Salimos por segunda vez. La anécdota es que se escapó una bomba y le pegamos a una torre de alta tensión, dejamos a La Calera sin luz. Así que dijimos, ‘mejor lo dejamos acá, porque los cordobeses nos van a meter presos’. Y volvimos a Buenos Aires. Una vez hablé con un inglés amigo mío, a quien crucé en el Atlántico en la guerra, y me preguntó cuántas veces habíamos practicado. Le dije que dos, y me respondió ‘qué suerte que no practicaron más’”, sonríe Cerruti.
Un Hércules C-130 sobre Malvinas durante la guerra
Los objetivos ideales eran el Queen Elizabeth II, que navegaba con cinco mil efectivos a bordo para reunirse con la flota. La lógica indicaba que lo haría protegido con fragatas. El segundo, más adelante, fue atacar Grytviken, en las Georgias, donde creían que estaban reparando al portaaviones Invincible, averiado el 30 de mayo por un operativo conjunto de dos Super Etendard de la Armada y cuatro A-4C Skyhawk de la Fuerza Aérea. Finalmente, esas órdenes no llegaron. Los C-130 modificados cumplieron siete misiones desde el 28 de mayo, y siempre desde la Base Aérea El Palomar.
“Nosotros teníamos que hacer interdicción, en este caso lejana. No es un vuelo de un cazabombardero. La intención era molestarlos para que no pudieran abastecer a la tropa. Para que te des una idea, había unos 50 barcos de guerra y 70 de logística que iban y venían con comida, combustible, municiones… Nosotros íbamos en completo silencio, si teníamos un problema nadie sabía dónde estábamos. Una vez nos trajeron unos equipos del tipo que usan los buzos, para el agua. Seis o diez horas con eso puesto era para morirse. Preguntamos ‘che, que lindo esto, ¿cuánto podríamos sobrevivir en el agua?’ ‘40 minutos’. Nunca los usamos…”, explica Cerruti.
El 28, como dice el aviador, “no pasó nada”. Pero al día siguiente tuvieron acción. “Fue un día muy importante. Pero lo más importante es algo que todavía no está escrito”, sostiene el Comodoro, agregando suspenso a su relato.
Córdoba, 24 mayo 1982. Los ingenieros adaptaron al Hércules C-130 para convertirlo en un bombardero
Por primera vez en la historia
El 29 de mayo a las 11.34, luego de cuatro horas de vuelo, detectaron dos ecos en el radar. A las 12.07, al norte de las islas Georgias contactaron a un buque llamado British Wye, requisado a la British Petroleum y registrado como petrolero de abastecimiento de la flota inglesa, que había zarpado de Plymouth el 22 de mayo a las órdenes del capitán Rundle. La orden fue atacarlo.
A las 12.14 lanzaron las bombas, que para sorpresa de todos, se desprendieron en su totalidad. “En tierra habían configurado los portabombas para que salieran todas, porque pensaban que no tendríamos una segunda oportunidad de atacar… Nosotros no lo sabíamos”. Cuando regresaron, pidieron que la configuración fuera modificada, para decidir el rumbo de las acciones por ellos mismos.
A las 13.40 iniciaron el regreso hacia El Palomar. Fue la primera vez, en el mundo, que un Hércules C-130 atacaba a un blanco enemigo en una guerra. La tripulación no pudo ver los efectos del bombardeo, pero luego del conflicto, se supo que cuatro de las bombas cayeron al mar y no detonaron; dos tuvieron el mismo destino pero explotaron; una impactó la cubierta sin estallar pero produjo daños. El objetivo estaba cumplido.
El buque logístico Fort Grange fue uno de los blancos de la tripulación del TC-68, pero por las malas condiciones meteorológicas no se concretó el ataque
El 31 de mayo, en el mismo sector, detectaron a otro buque. Pero por la densa niebla que había no pudieron constatar si era enemigo o no. Volaron a 15 metros sobre las olas para chequearlo, pero a una milla de distancia, ante el peligro de chocar contra él, se desviaron. Luego de la guerra supieron que se trataba del RFA Fort Grange, que se dirigía a reunirse con la Task Force en funciones de abastecimiento. Estaba equipado con cuatro ametralladoras de 7,62 milímetros. El 9 de junio ingresó al Estrecho de San Carlos. En 1986 fue visitado por Margaret Thatcher. Según el relato del teniente John Osmond, ingeniero de mantenimiento del los tres helicópteros Sea King que llevaba a bordo el Fort Grange, “en la cubierta de vuelo vi lo que hoy se que era el TC-68 que pasó a la izquierda de nuestro camino lo suficientemente cerca como para divisar la identificación de color amarillo y la escarapela azul y blanca…”.
A pesar de que el Fort Grange no fue bombardeado, las dos acciones del escuadrón hicieron cambiar la estrategia británica con respecto a los buques logísticos. “De esto me enteré hace seis meses. Para ellos fue una sorpresa incomprensible que un Hércules tuviera bombas, y que se las tirara a una distancia de ocho horas del continente. Si le hubiéramos pegado bien, habría sido catastrófico”, asegura. Hubo siete cambios que se vieron obligados a realizar.
El superpetrolero Hércules. La acción del ataque al buque, que según el comandante de la Fuerza Aérea Sur llevaba pertrechos de guerra, motivó una disputa legal que hizo que el hecho se mantuviera como «secreto militar» por dos décadas
Debieron alejar el lugar de reparación de los buques averiados: “El ataque al British Wye obligó al traslado más al norte del área de remolque, reparación y logística en un lugar a sólo 1.100 millas al suroeste de Ascensión casi lateral Río de Janeiro. Ahí se podía trabajar sin riesgo y hacer las reparaciones sin la amenaza enemiga”. También obligaron a la totalidad de los buques logísticos a corregir sus rumbos hacia el este: “El RFA Fort Grange cumplía esa orden y se encontró con la sorpresa de ser sobrevolado por el Hércules. Se demostró que la Fuerza Aérea tenía aviones con un radio de acción suficiente para alcanzar a los buques británicos”. En tercer lugar, debieron dispersar los buques que navegaban hacia el sur: “Ellos pensaban que en medio del Atlántico nadie los iba a atacar. Y de repente vieron que sí y no tenían defensa. Nadie los cuidaba y el almirante Woodward no quería distraer buques para eso. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea los estaba cagando a palos en Malvinas. No podían distraer una fragata…”. También suspendieron los envíos de buques logísticos hacia el sur: “Ningún barco llegó al sur sin provisiones de algún tipo que se necesitaban con urgencia, necesarias para mantener a los barcos, aviones y hombres en acción porque la pérdida de cualquiera de los petroleros o barcos de provisiones habría tenido un impacto negativo en la campaña”. El ataque al British Wye fue analizado por el Comité de Guerra en Londres, y motivó una carta al ministro de Defensa David Omand. Palabras más o menos, le dicen que no haga ninguna protesta, porque ellos hubieran hecho lo mismo “dentro o fuera de la zona de exclusión” y sonaría “hipócrita”. Ordenaron desplazar la ruta del Queen Elizabeth II cerca de la costa de África, y señalaron: “No contentos con enviar suministros y reabastecer de combustible los ataques aéreos, el Grupo 1 hizo el único intento de cortar las líneas de suministro y atacó al British Wye”. Y por último, destinaron al destructor HMS Antrim -averiado por la Fuerza Aérea en el estrecho de San Carlos- para defender el área de las islas Georgias.
Al día siguiente, 1 de junio, tuvieron un encuentro que podría haber significado el fin de sus vidas. Luego de detectar un eco, en medio de condiciones meteorológicas extremas, se aproximaron a lo que, interpretaron, era una fragata. Y además, visualizaron, un helicóptero despegó desde el buque. “Cambiaron el rumbo, supuestamente nos habían detectado. Pero era una madrugada con una una tormenta espantosa, con olas de diez metros. El avión era una coctelera. Y nos pegamos el raje. Siempre quedó la duda de por qué no nos atacaron. Ellos tenían armas automáticas para hacerlo. Y no lo hicieron porque en esa tormenta, los giróscopos (que estabilizan el vuelo de los misiles y el apuntamiento de los cañones) los tienen trabados. A nosotros, esa vez, nos salvó el mal tiempo”, admite el aviador. “Después de ese incidente no encontramos más buques, los habían enviado lejos”, cuenta Cerruti.
Diario de Guerra de la FAS sobre el ataque al Hercules catalogado como «Secreto»
Información clasificada
Pero hubo una última acción del C-130: la que motivó a declarar como “secreto de guerra” su participación.
El 7 de junio a las 12.45, un Boeing 707 de exploración y reconocimiento lejano de la Fuerza Aérea detectó un enorme buque desplazándose hacia el sur, con rumbo directo a la Flota Británica. A las 19.10, la Armada indica que “no son propios, ni pesqueros”. Se planeó, entonces, una operación entre tres escuadrones distintos de la Fuerza Aérea, con el Boeing 707, los Canberra Mk.62 y el Hércules C-130.
A las 6 de la mañana del 8 de junio, el Hércules despegó desde El Palomar. A las 8.26 detectaron en el radar a un buque petrolero de grandes dimensiones. A las 8.45, lo vieron. Cinco minutos después el brigadier Ernesto Crespo, comandante de la FAS (Fuerza Aérea Sur), les pidió que se comunicaran con el buque. Lo hicieron varias veces: “debe dirigirse de inmediato a un puerto del continente, caso contrario será atacado”. Desde la nave no hubo respuesta. “Al contrario, aceleraron”, asegura Cerruti.
Diario del Comodoro Roberto Cerruti sobre el ataque al superpetrolero
A las 9.10 pudieron ver con claridad el nombre del barco… Hércules. El humor negro de la guerra: dos enemigos tocayos. “Te aseguro que en la cabina no lo podíamos creer. Era como encontrarte con alguien con tu nombre en el medio del desierto…”, recuerda Cerruti. También advirtieron el tamaño del navío: 220 mil toneladas de desplazamiento. 322 metros de eslora, 70 de manga y 18 de calado. Treinta y cinco minutos después llegó la orden de atacarlo. El Hércules criollo y los cuatro Canberra (con el apelativo de Negro 1) comenzaron su misión.
A las 9.55, el Hércules lanzó seis bombas sobre el petrolero. Algunas golpearon en el agua y otras cerca de la proa. A las 10.10 se produjo el segundo ataque. Faltaban los Canberra. Dos de ellos regresaron al continente por falta de combustible.
Y aquí, exactamente en este punto, comenzaron los equívocos, un insólito drama de enredos mientras en el cielo y el agua muchos hombres se jugaban la vida.. A las 13.29, desde Puerto Belgrano le indicaron al Comando Aéreo Estratégico (CAE) que el Hércules era un buque de bandera liberiana y se dirigía a Alaska por el Cabo de Hornos. El CAE se lo comunicó a la Fuerza Aérea Sur. Ya era demasiado tarde.
Plan de Vuelo del ataque al Hércules
Un minuto después, el Canberra lanzó una bomba de 1.000 libras, unos 400 kilogramos, contra el súper petrolero. “Le acertó. La bomba quedó en un parante del tanque de petróleo número dos. No explotó, pero no la podían sacar. En ese momento el buque dio la vuelta para poner rumbo a Brasil. Y en ese mismo momento, en un minuto y medio, pasó de todo…” cuenta el comodoro Cerruti.
A las 13.35, luego que habían sucedido los tres bombardeos, la Fuerza Aérea Sur ordenó suspender el ataque: le indicó al Canberra que regresara a Comodoro Rivadavia y al Hércules que hiciera lo mismo pero a Palomar, porque había indicios que patrullas áreas de combate (PAC) británicas se dirigían al lugar. Cinco minutos después, desde el Hércules, detectaron lo que hoy cree Cerruti eran dos Harrier ingleses. “Como a nosotros la autonomía de vuelo nos sobraba, nos fuimos para el lado de África, volamos una hora y pico bien bajo, pensando que nos iban a cortar el camino al continente. Después nos fuimos al norte y desde ahí volvimos”, recuerda el veterano aviador. Cuando a las 17.20 arribaron a El Palomar, habían volado 11 horas y 20 minutos.
El super petrolero Hércules hundiendose en el océano Atlántico el 20 de junio de 1982
A partir de ese momento se desató un conflicto internacional que fue acallado durante tres décadas. A las 20.00, el Comando de la Fuerza Aérea Sur recibió la confirmación de que el petrolero Hércules avisó al Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos que lo habían bombardeado. Averiado, el superpetrolero marchaba a Río de Janeiro.
Al día siguiente, según escribió Cerruti en Boletín de la Dirección de Estudios Históricos en 2016, el Comando Local de Control Operativo de Brasil le comunicó a su par de Argentina que el Hércules había salido sin carga desde Río de Janeiro e iba a Valdez, Alaska. Y que la Administración Marítima de los Estados Unidos le había informado a la embajada Argentina en Washington el movimiento de sus buques y los de bandera liberiana en el Atlántico Sur. El superpetrolero Hércules pertenecía a una empresa norteamericana, United Carriers, que lo había alquilado a Amerada Hess Shipping Corporation. Luego de llevar crudo desde Valdez a las Islas Vírgenes, retornaba a Alaska, con una escala en Río de Janeiro.
El final del superpetrolero. Siempre fue un misterio por qué lo hundieron
No todo parece tan simple y llano. Cerruti piensa que algo más había. El 13 de junio el buque, averiado, llegó a la bahía de Guanabara. Pero lo fondearon lejos de miradas curiosas. Su tripulación, de 28 hombres (26 italianos y dos coreanos), fue enviada a Italia de inmediato y sin tener contacto con nadie. Durante los siguientes días debatieron el desarme de la bomba alojada en la bodega número 2. El 23 de junio llegó un equipo de cinco personas para desactivarla. Una semana después los llevaron en helicóptero al barco. Pero el 11 de julio algo sucedió, la empresa Cardoso & Fonseca, representantes en Brasil de Maritime Overseas Corporation, armadores del petrolero, dijo que necesitaban más tiempo. Y el 13 de julio, Raymond Burke, un abogado de la empresa, contó que el Hércules sería remolcado a 250 millas náuticas de la costa para ser hundido. El 20 de julio llegaron a una zona ubicada a 480 kilómetros al sur de Cabo Frío y a 700 km al este de Florianópolis. Allí, la profundidad del océano es de 2700 metros. Abrieron las válvulas para inundar los tanques y seis horas más tarde, a las 14.15, el gigantesco barco desapareció bajo el mar.
Cerruti plantea sus dudas: “Me llama la atención el hundimiento, porque el buque navegó 2000 kilómetros desde la Patagonia hasta Río de Janeiro sin problemas. Segundo, llevaba equipos electrónicos que valían millones de dólares, y prohibieron sacarlos. Otras compañías quisieron comprarlo, y tampoco… Entonces lo hundieron y le iniciaron acciones legales a la Argentina”. Ese juicio llegó a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que el 23 de enero de 1989 no hizo lugar al reclamo de la empresa Amerada Hess. El argumento fue que “ni los hechos expuestos ni el perjuicio a la propiedad sucedieron en los Estados Unidos”.
El Comodoro VGM (R) Roberto Cerruti
Pero entonces, ¿por qué hundieron al superpetrolero Hércules?
La respuesta del Comodoro Cerruti es contundente: “Ese buque no necesitaba hacer escala en Río de Janeiro, nunca la había hecho. Y a la ida lo hizo por primera vez. El Brigadier General Ernesto Crespo, comandante del FAS, en una entrevista que le hicieron, dijo que el barco llevaba munición 7,5, repuestos, combustible… es decir, pertrechos de guerra”.
La cuestión quedó catalogada como secreto militar, cuenta Cerruti: “Esa información fue clasificada porque al principio, Argentina y Gran Bretaña negaban el ataque al petrolero”. Recién se comenzó a hablar del tema bien avanzada la primera década de este siglo.
La heroica acción del Escuadrón del TC-68 fue reconocida muy tardíamente. En 2017, el Congreso de la Nación condecoró a la tripulación con la medalla que lucen con orgullo: “Al Valor en Combate”. Sí que la merecen.
Nunca antes se definieron tan temprano las candidaturas para la elección presidencial norteamericana y, sin embargo, nunca antes hubo tanta incertidumbre sobre si efectivamente el presidente Joe Biden y su contrincante, el expresidente Donald Trump llegarán al final de la contienda. El modo en que encaren los desafíos que ambos enfrentan va a afectar decisivamente el carácter de la democracia estadounidense.
El martes 12 Georgia, Mississippi y el estado de Washington permitieron al expresidente Donald Trump alcanzar los 1.215 delegados necesarios, para obtener la nominación presidencial en la Convención Nacional Republicana de julio próximo.
Por su parte, ese mismo día el presidente Joe Biden acumuló 1.968 delegados tras sus triunfos en Georgia, Misisipi, el estado de Washington y las Islas Marianas del Norte, asegurándose a su vez ser nominado para la reelección en la Convención Nacional Demócrata de agosto próximo. Por consiguiente, ya está claro quiénes son los contrincantes para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Sin embargo, varias sorpresas acechan a ambos en el camino que allí conduce y no está claro que ambos lleguen a la pelea de fondo.
El presidente Biden está luchando por superar las dudas sobre su liderazgo dentro de su propio partido y la insatisfacción general de la sociedad sobre la dirección de la nación que lo han dejado por detrás de Donald J. Trump, según una nueva encuesta de The New York Times y Siena College difundida el lunes pasado.
De acuerdo al relevamiento entre votantes registrados, con 48% de apoyo Donald Trump aventaja al presidente Biden, quien obtiene 43%. Sólo uno de cada cuatro votantes cree que el país avanza en la dirección correcta. Por cada uno que cree que las políticas del presidente actual lo han ayudado dos opinan que los han perjudicado. La mayoría de los encuestados piensa que la economía está en mal estado y el 47% de los votantes desaprueba decididamente la gestión de Biden.
El sondeo ofrece varias advertencias sobre los puntos débiles de la coalición demócrata, especialmente sobre la pérdida de apoyo entre las mujeres, los negros y los latinos. En la encuesta aparece repetidamente la diferencia de entusiasmo entre los dos partidos: sólo el 23% de los votantes de las primarias demócratas se declaró motivado por Biden contra el 50% de los republicanos que sigue fervientemente a Trump.
Paradójicamente, tanto Trump como Biden son impopulares entre el público en general. Más allá del apoyo electoral, Trump tiene un índice de simpatía general en la población del 44%, mientras que Biden sólo alcanza el 38%. En tanto, entre el 19% de los votantes que dijeron que desaprobaban a ambos posibles candidatos Biden es rechazado por el 45% y Trump por el 33%.
Aunque, falto de contrincantes, el presidente está ganando indiscutiblemente las primarias, los demócratas están divididos en partes iguales sobre la posibilidad de que Biden, de 81 años, vuelva a liderar el partido y quienes más se oponen son los votantes menores de 45 años.
La encuesta muestra claramente el diferente grado de adhesión al candidato comparando el pensamiento actual de los votantes con el de 2020. Mientras que un 10% de quienes entonces votaron por Biden pretenden sufragar en noviembre por Trump, éste no ha perdido posiciones desde entonces, sino que las ha expandido.
Con su enérgico discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado el pasado jueves 7, el presidente buscó recuperar algo del terreno perdido. En el Congreso, donde se siente a sus anchas, Biden ofreció una robusta imagen. Insistió en que EE.UU. siga ayudando a Ucrania, convocó a subir los impuestos a las empresas y las élites, propuso reducir los costos de la atención médica y mejorar la seguridad fronteriza. El líder demócrata alardeó asimismo de los 46.000 nuevos proyectos que la ley de infraestructuras facilitó, defendió la lucha de su gobierno contra “la agresión y la coerción chinas a la economía” y destacó que desde 2021 el PIB subió y el déficit comercial con el país asiático es el más bajo en una década. No obstante, afirmó, Washington no busca un conflicto con China, sino una competencia leal. Por las dudas, avisó también que EE.UU. está en “una posición fuerte para ganar una contienda contra China o contra cualquier otro”. Biden también se enfrentó a los republicanos por la reforma de la inmigración y prometió restablecer la despenalización del aborto.
Durante su discurso el presidente prometió además enviar una misión militar que construya un puerto temporal en la costa de la Franja de Gaza para hacer llegar la ayuda humanitaria al enclave invadido por Israel. Cabe destacar que momentos antes de la intervención, cientos de activistas propalestinos bloquearon en Washington los accesos al Capitolio exigiendo que las autoridades hagan cumplir un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza y tomen mayores medidas para detener los ataques israelíes contra civiles palestinos. Estas manifestaciones que se multiplican por todo el país, los 100.000 votos “no comprometidos” durante las primarias demócratas en Michigan y Minnesota y las crecientes críticas a Israel en los sondeos preocupan seriamente al presidente.
La ruptura con Netanyahu es total. Biden no puede permitirse más acciones de Israel que pongan en peligro su campaña electoral. Sin embargo, la rebeldía del primer ministro israelí se apoya en la voluntad mayoritaria de su pueblo de seguir peleando en busca de una imposible victoria. No obstante, la elite de Washington está atada a un apoyo ciego al Estado sionista que le quita espacio de maniobra, por lo que la guerra en Asia Occidental continuará impactando directamente sobre la campaña electoral norteamericana y debilitando a Biden.
A las limitaciones objetivas se suman las subjetivas. El 8 de febrero pasado el fiscal especial Robert Hur dio a conocer su informe sobre el manejo de documentos clasificados por parte del actual presidente tras abandonar la vicepresidencia de Barack Obama en 2017. En el mismo concluyó que no imputaría a Biden por haber “deliberadamente guardado y divulgado material clasificado”, porque probablemente un jurado lo vería como un “hombre anciano y bienintencionado, pero con mala memoria”. Esta frase confirmó las dudas de la mayoría de los estadounidenses sobre la salud de Biden y su competencia política y debilitó potentemente sus chances electorales.
Aunque aún no han terminado las elecciones primarias, legalmente no hay dudas de que en noviembre se enfrentarán Biden y Trump. Sin embargo, la impopularidad del presidente va en aumento y sus problemas de salud son ostensibles. En algún momento el aparato demócrata y el poder detrás del trono concluirán que su candidatura es riesgosa. Los medios norteamericanos están llenos de especulaciones sobre la mejor salida a este intríngulis.
La más factible, sugerida por el portal demócrata Político, propone que se deje que la campaña para la nominación siga hasta el 4 de junio, cuando terminan las elecciones primarias. Biden sería entonces el vencedor indiscutible y en ese momento podría renunciar a la nominación, liberando a sus delegados para que apoyen a otro candidato. Una serie de encuestas privadas pondría a prueba entonces el apoyo popular a varios candidatos. Hasta la convención, que comienza el 19 de julio, Biden seguiría siendo el Gran Elector y su indicación final ante los delegados reunidos en Chicago sería determinante. Los gobernadores Gavin Newsom, de California, J.B. Pritzker, de Illinois, y Gretchen Whitmer, de Michigan, suenan como los más posibles delfines, pero hasta ese momento aún falta mucho. Nadie menciona a la vicepresidenta Kamala Harris por su torpe desempeño y sus bajísimos índices de aprobación, pero algún lugar se le dará, para no ofender a los afroamericanos.
Finalmente, ¿qué pasaría, si Biden fuera nominado en la convención a finales de agosto, pero luego no pudiera competir en las elecciones de noviembre? Las normas de la convención establecen que, en caso de “fallecimiento, dimisión o incapacidad” del candidato, Jaime Harrison, presidente del partido, “consultará con los líderes demócratas del Congreso y de la Asociación de Gobernadores Demócratas e informará” a los miembros del Comité Nacional Demócrata (DNC, por su nombre en inglés), que elegirían a un nuevo candidato.
Del otro lado del tablero las cosas tampoco andan muy bien. Aunque Donald Trump ha arrasado en las primarias republicanas, eliminado a todos sus contendientes internos y ha unido y movilizado al partido, tiene problemas legales y financieros que obstaculizan su campaña.
El expresidente se enfrenta a cuatro juicios penales que podrían complicar su candidatura. Ha sido acusado de malversar archivos gubernamentales clasificados, falsificar documentos comerciales para ocultar un pago de dinero por silencio y conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. También enfrenta una acusación por interferir en la votación de 2020. Se ha declarado inocente en los cuatro casos, pero los procesos continúan. Si bien la Constitución le permite aspirar a la presidencia aun si fuera condenado y la inmensa mayoría de los republicanos está convencida de que se trata de una persecución política, un veredicto de culpabilidad haría temblar todo el sistema constitucional y político y la imagen de EE.UU. en el mundo.
Las normas del Partido Republicano no incluyen mecanismos “para sacarlo de la papeleta”, si es condenado una vez ungido candidato. De todos modos, es poco probable que los tribunales expidan sentencias antes de noviembre y, si lo hacen, el reo puede apelar. En principio, entonces, los problemas legales no deberían impedir a Trump llegar a la presidencia. Sí, en cambio, los financieros o una combinación entre ambos.
Los datos de la financiación de campañas publicados a finales de enero de 2024 revelaron que Save America, el comité líder de acción política (PAC, por su nombre en inglés) fundado y controlado por el expresidente Donald Trump, gastó en 2023 más de 50 millones de dólares en honorarios legales derivados de los múltiples casos penales y civiles del expresidente. Otras organizaciones alineadas con Trump pagaron 10 millones de dólares más en honorarios legales adicionales.
Por regla general, las contribuciones a la campaña sólo pueden utilizarse para gastos electorales. No son para el uso personal de un candidato o de un titular de un cargo federal. Sin embargo, la Corte Federal Electoral (FEC, por su nombre en inglés) ha permitido repetidamente que los fondos electorales paguen gastos legales relacionados con una campaña o una acción del titular del cargo. Muchos de los casos legales de Trump, y por tanto sus gastos, están relacionados con actividades de campaña. Otros se relacionan con su papel como titular o ex titular de un cargo. No así la demandas interpuesta por E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación. También probablemente personal es el caso civil en Nueva York alegando fraude empresarial, en el que ha sido condenado a pagar más de 350 millones de dólares en multas.
Parece, además, que Save America también ha estado pagando honorarios legales en esos casos. Save America es el PAC líder de Trump, creado por el PAC Make America Great Again (MAGA). Aunque Save America está controlado por Trump, técnicamente es una entidad independiente y la FEC lo considera un “tercer actor”, por lo que puede pagar sus gastos legales personales. La normativa no es clara y permite interpretaciones contradictorias que pueden dar lugar a decisiones arbitrarias.
A esta altura de la campaña el dinero de los comités de acción política parece haberse agotado. Aunque muchos fervorosos activistas están dispuestos a recaudar fondos para la campaña, no quieren con ellos costear los procesos judiciales del candidato. La campaña presidencial de Donald Trump enfrenta un serio desafío financiero.
Por esta razón el expresidente confirmó el lunes pasado a CNBC que recientemente se había reunido con Elon Musk, pero que no sabía si el multimillonario lo respaldaría en las elecciones, ya que ambos difieren sobre la importancia de la movilidad eléctrica. A la entrevista Musk respondió en su red social X que “no voy a donar dinero a ninguno de los candidatos a la presidencia de EE.UU.” La negativa de Musk dio un serio golpe a la campaña de Trump, ya que ambos ocupan el mismo espacio político, pero el dueño de X tiene mucho más dinero que el neoyorquino y aspira a ser el líder absoluto.
Trump sólo puede escapar de las garras de Musk, si encuentra un candidato a vicepresidente que aporte un buen financiamiento, pero no lo condicione. En el horizonte asoma una pléyade de jóvenes dirigentes mujeres y varones del Partido Republicano, el empresario excandidato Vivek Ramaswamy y el presentador Tucker Carlson. De todos estos postulantes Ramaswamy es el mejor posicionado: viene de afuera de la política, puede recaudar fondos para la campaña, da muestra de apertura racial, es arriesgado como el presidenciable, pero no tiene poder político propio.
Trump está en una buena posición electoral y en una mala situación estratégica: si no consigue rápidamente fondos y los procesos judiciales siguen consumiendo sus reservas, tendrá que conseguir donantes generosos. La mayoría de los grandes oligarcas no tiene interés en involucrarse con él. Sólo Musk tendría eventualmente interés, pero su precio sería altísimo. El sudafricano-canadiense-norteamericano no puede ser candidato, porque no nació en EE.UU., pero podría llenarle el gobierno de personal adicto e imponerle duras condiciones políticas. El líder republicano sólo puede romper el cerco financiero que lo estrangula movilizando a las bases republicanas y convenciéndolas de que sus costos legales y los de la campaña son una y la misma cosa. Para lograrlo, tiene que convertir la lucha electoral en una gran causa nacional. Esto no excluye la eventualidad de que el “Estado profundo” arbitre una interpretación casuística de las leyes, para proscribir y/o encarcelar al republicano.
Estados Unidos se aproxima raudamente a un terremoto: el muy probable relevo de Biden como candidato demócrata y la alta probabilidad de que a Trump le impidan llevar la campaña electoral equivalen a dos golpes de estado en uno. El estado de guerra permanente en el exterior coincidiría entonces con el estado de emergencia permanente en el interior.
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves por unanimidad la ley impulsada por el Ejecutivo provincial para regular las concesiones de uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica.
La ley contempla que las disposiciones rigen en toda concesión de uso de aguas públicas de dominio público provincial, con destino a la generación de energía hidroeléctrica sujeta a la administración del Estado Nacional, en las condiciones previstas por la Constitución provincial.
Río Negro cobrará el agua que se utiliza para generar energía
Facundo López del bloque Juntos Somos Río Negro sostuvo que “si se paga el agua para tomar, si se paga el agua para regar, también hay que pagarla para generar energía eléctrica. Donde se genera el 25% de la energía que se va al AMBA y se paga más barata que en Río Negro. Por instrucción del Gobernador (Alberto Weretilneck), vamos a coparticipar lo recaudado, sin importar el color político”.
El legislador Carlos Valeri aseguró que «es una oportunidad para todos los rionegrinos que comencemos a percibir una retribución por el uso del agua en las hidroeléctricas que concesiona el gobierno nacional”.
Por último, Valeri agregó que el gobernador Weretilneck y los gobernadores de la Patagonia “pusieron en agenda los problemas de la Patagonia. En esta ley que se reconocen los derechos sobre nuestros recursos naturales. Siempre con diálogo y consenso”.
El proyecto se aprobó en general por unanimidad, aunque los legisladores Magdalena Odarda y Luciano Delgado Sempé presentaron sus divergencias en particular.
La ley que regula las concesiones de uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica establece que la provincia percibirá hasta un cinco por ciento de canon por ser la dueña del recurso.
El 20 por ciento de esos ingresos será coparticipable para los municipios y comisiones de fomento, con la salvedad que no se podrá utilizar el dinero para solventar gastos corrientes como los salarios.
Patagonia constituyó su propio bloque regional
La noticia es un capítulo más en medio de la disputa entre los gobernadores y la Casa Rosada. Los patagónicos, en particular, llevan adelante una agenda regional propia, en la que hacen bandera de la defensa de los recursos propios, principalmente los vinculados a la energía.
Ese fue uno de los puntos centrales en la cumbre que la semana pasada aglutinó a los seis mandatarios sureños en Puerto Madryn, donde relanzaron el sello Patagonia a fin de plantear problemáticas propias y negociar con Nación desde una posición de fortaleza.
El gerente de medios de Eiling, Mariano Musso, se comunico con AgendAR para asegurarnos que la empresa Gezhouba no se ha ido del país. «Es una versión que publicaron en La Política Online y levantaron otros medios, pero no es cierta. Hay 50 ciudadanos chinos en las obras y 100 en Bs As en las oficinas de la UTE y de Gezhouba. No hemos abandonado el país ni la obra».
Los que sí la están abandonando, por ahora, son más de 1800 trabajadores sumamente argentinos que por un tiempo (para ellos infinito) quedan sin destino en la provincia más despoblada y básica del país. En cuanto a los chinos, probablemente harán lo que ya vienen haciendo desde tiempos de Mauricio Macri: sentarse a esperar ver pasar el entierro del gobierno actual, y eventualmente también el de sus enterradores. No tienen apuro.
Los atrasos de obra los paga la Argentina, los chinos están más convencidos que nosotros de que ésta (la obra) se terminará (alguna vez) y ven las cosas con una perspectiva muy larga. La célebre paciencia china no es un cuento.
Eiling, otrora Electroingeniería, es un grupo cordobés con notable trayectoria en obra pública y privada. Junto con la mendocina Hidrocuyo, es una de las dos patas locales de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) con la firma de ingeniería china Gezhouba, que ganó la licitación por el complejo hidroeléctrico de dos represas, la Kirchner y la Cepernic, sobre el río Santa Cruz, en la provincia homónima.
Ni Gezhouba ni la cancillería china han dicho «esta boca es mía», según usos y costumbres. Están acostumbrados a las locuras de la Argentina y a hacer goles en tiempo de descuento. T
Respecto de este tema, en tiempos algo mejores y muy recientes, cuando las obras se volvieron a descongelar y desembarcó en Punta Quilla la la primera turbina para la más chica de las represas, la Cepernic, publicamos una investigación hidrológica, climática e ingenieril del Santa Cruz y sus dos represas. Al final de este artículo, repetiremos lo ya publicado dos veces, visto que el país no tiene la más mínima idea de la capacidad de cambio económico y demográfico que a la corta o a la larga tendrá el sur de Santa Cruz.
En la estimación de AgendAR, es aún mayor que la que tuvo la represa de Futaleufú sobre Puerto Madryn, en Chubut. Historia que vale la pena contar, para entender lo que inevitablemente sucederá en Punta Quilla. Se necesita de algo más que una peluca con motosierra para frenar lo que se viene. O la Argentina electrifica, industrializa y puebla estas soledades, o las pierde.
En último censo, Madryn sorprendió a la Argentina e incluso a Chubut con 132.397 habitantes. Está muy lejos del perfil que tenía a fines de los años ’60, cuando era un pueblo pesquero de 5000 habitantes en rápida evaporación demográfica, con jóvenes que partían buscando empleo en el AMBA y en Córdoba. El único trabajo lucrativo e interesante era para aristócratas: el soporte logístico de buceo de los turistas porteños con plata. Obviamente, esta actividad no movía el amperímetro económico de una ciudad en extinción.
¿Qué transformó a una polvorienta aldea de viejos y niños en la rumbosa Madryn actual, que genera -sin tener una gota de petróleo ni un gramo aparente de minerales valiosos- el 20% del PBI de una provincia petrolera? ¿Qué la distingue de tantos otros puertos patagónicos que sólo mueven productos primarios? Respuesta sintética: una represa hidroeléctrica y una fábrica. Fueron respectivamente Futaleufú y ALUAR.
En 1971, con el general Levingston como presidente de facto y un ministro de economía muy industrialista, Aldo Ferrer, la Fuerza Aérea Argentina, o más bien la parte de ella que insistía en diseñar y fabricar aviones propios, necesitaba asegurar la materia prima aeronáutica del momento: el aluminio. Pero este material es literalmente electricidad congelada. Se fabrica por reducción de la bauxita, básicamente mineral de hidróxido de aluminio, en enormes cubas de electrólisis. Sin embargo, el consumo eléctrico de una planta grande es pavoroso. ¿Cómo obtenerlo?
Ferrer, el mismo tipo que escribió la «Ley de Compre Nacional», contactó a los hermanos Madanes, dueños de FATE, la mayor fabricante argentina de neumáticos. Aquellos Madanes ya empezaban a meterse en la fabricación de calculadoras electrónicas ayudados por la «craneoteca» de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y en esto tuvieron un éxito despampanante con su marca CIFRA: llegaron a dominar el 70% del mercado argentino, el 30% del sudamericano y empezaba a exportar a Alemania. Eran industriales como ya no se ven en estas pampas.
Y Ferrer armaba juego como Mascherano. Les propuso una fábrica de aluminio para suplir a la Fuerza Aérea, les hizo contacto con ingenieros de la Universidad Nacional de La Plata y les aseguró la electricidad. Para ello convocó a la empresa Agua y Energía SE, una sociedad del estado a la que debemos gran parte de la electricidad patagónica. AyE diseñó y construyó Futaleufú en una curva del río homónimo, empezada en 1971 y terminada en 1978. Tiene 560 MWe instalados, un lago de alta densidad energética (poca superficie, mucho voluman, gran pendiente) bien abastecido de lluvias, incluso en sequías prolongadas. En las condiciones meteorológicas promedio de aquella época producía 2900 GWh anuales.
En 1982 Madryn se había «dado vuelta»: la enorme cantidad de ingenieros y técnicos implantados definitivamente por ALUAR habían trastocado la economía, la demografía y la educación. Madryn devoraba barcos enteros de bauxita sin importar origen (aquel año venían desde Jamaica), y exportaba 140.000 toneladas de lingotes de aluminio a EEUU, Brasil, Japón y Alemania. Mucho más importante: se había llenado de fábricas de llantas especiales y de talleres que fabricaban cerramientos de aluminio para la construcción, echando mano de aproximadamente el 30% del aluminio disponible. También se había llenado de de escuelas y colegios, y finalmente de las carreras de la Universidad Nacional de la Patagonia y del incipiente CENPAT, hoy el mayor instituto del CONICET en la costa atlántica.
Curiosamente, la producción inicial de ALUAR era tan grande que era imposible hacer la aleación llamada «dural», o «duraluminio», el material estructural de las células de los aviones que planificaba la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Una sola de las centenares de cubas de reducción electrolítica de aluminio puro que formaban la planta excedía totalmente la demanda anual de la Fuerza Aérea. Era imposible apartar una cuba de aluminio líquido para hacer aleación con mayor o menor proporción de cobre, magnesio, cromo, hierro, zinc, titanio y escandio que uno necesita para fabricar las células de los Pucará y los Pampa.
Hoy ALUAR produce el triple de toneladas/año de aluminio puro que en los ochenta, en una segunda planta diseñada sobre la primera, también por la Universidad Nacional de La Plata, sin gastar ni un mango en consultoras externas. Aluar destina una parte importante a extruídos y laminados en la provincia de Buenos Aires, es decir genera trabajo calificado incluso a distancia.
Lo que diferencia a Madryn del resto de los puertos patagónicos es que vive de valor agregado local, punto.
El ecoturismo en la Península de Valdés, que genera también un PBI que te la cuento en hotelería y excursiones, sencillamente aprovechó el nivel cultural y manejo de idiomas generado en Madryn por el aluminio, y la biodiversidad costera impactante de la Pensínsula Valdés. Una represa y una fábrica reinventaron a Madryn, aprovechando también que el puerto es protegido de tormentas y no tan malo como otros de la región.
Un dato interesante: ya en 1992 la energía eléctrica de Futaleufú se dividía en tres usuarios: ALUAR usaba el 99%. Madryn y Trelew se iluminaban con el 1% restante. Y ambas tenían industrias y población en aumento, pero no apagones, aunque estaban casi desconectadas del núcleo de la red eléctrica nacional. Donde los apagones eran épicos.
Lo dicho, el aluminio es electricidad congelada, y tecnología. En este caso, 100% argenta. Bauxita se consigue en cualquier lado.
Hay que ser un tremendo imbécil para no tratar de repetir el mismo modelo de Futaleufú-ALUAR-Madryn en el mejor puerto argentino sobre el Atlántico, Punta Quilla, abierto a los dos mayores océanos del planeta. Y de yapa, el enchufe eléctrico resulta el río más represable y confiable del país dentro de la categoría de los cinco más caudalosos, el Santa Cruz. Todo recurso hídrico argentino desde nacientes a desembocadura, no compartido con ningún otro país. Y además exento de sequías por eventos Niña atroces, como el de tres años que superamos recién a fines de 2023. Bueno, por ahora.
Supongo que los chinos lo saben y las empresas argentinas que integran la UTE para construir el complejo de dos represas también lo sabe. La Argentina no tiene la más peregrina idea, con la misma bobera lunática que ignora la historia de Madryn, aunque la vio suceder delante de su tonta nariz.
Un amigo que es juez y sinófobo me pregunta a qué interés ponen la plata los chinos, cifra que no se menta mucho. Le contesto que lo ignoro, pero añado que va subiendo cada vez que aparece un idiota a frenar el único emprendimiento tecnológico de una ecorregión sumamente primaria (excepción solitaria: la CNEA e INVAP en Río Negro). Es que la apuesta de los tres bancos chinos que financian esta obra es disponer de 10 años de energía eléctrica, porcentaje a fijar según precio también a fijar por el estado nacional. Cada vez que se interrumpe la obra, será mayor la cuotaparte china en dinero o en tiempo del producto eléctrico.
Otro amigo ingeniero, menos ideológico y más práctico, me pregunta qué sentido tiene una gran central hidro con la misma capacidad de producción eléctrica anual que la nuclear de Embalse en Córdoba, tan a trasmano del Sistema Argentino de Interconexión. Le contesto que ya no está a trasmano, debido a la línea de alta tensión (LAT) de 500 kilovoltios construida en tiempos de NK y de CFK. Une TODA la Patagonia continental con la Región Centro. Me replica que un conductor tan largo pierde mucha energía en forma de calor, por calentamiento de los cables de aluminio. Y es la pura verdad, es ingeniero.
Contesto que no creo que la demanda mundial de aluminio baje mucho. Tampoco la de acero, tampoco la de vidrio, tampoco la de silicio monocristalino, tampoco la de cobre, tampoco la de cemento, tampoco la de litio, que hasta eso hay en Santa Cruz. Son todas producciones muy electrointensivas, y en este caso generadas por una fuente que no emite dióxido de carbono. Es que los lagos serán probablemente tan abióticos como hoy lo el río, por la pureza del agua y su bajísima temperatura. No habrá algas en descomposición.
Los materiales de ingeniería y de electrónica certificables como «libres de emisión de carbono» a futuro probablemente se vendan sin barreras aduaneras verdes. Sólo la fabricación de cemento hoy es la causa del 8% del efecto invernadero mundial.
Si los presuntos capitanes de la industria están más cómodos dedicados a las galletitas, los aceites o a poner barreras de peaje en rutas que no construyeron, o a vaciar el Correo Nacional, alguien vendrá a poner fábricas en serio en Punta Quilla, bien a tiro de las represas. Porque pese a que el Dr. Joe ha dejado seguidores de sobra (y no así Aldo Ferrer), no es lo mismo fabricar acero que caramelos. No sería raro que, por defección de las nacionales, que hace décadas que están en otra, fueran empresas chinas.
La Argentina ganaría igual frente a la situación actual: la segunda mayor provincia del país, repleta de recursos naturales de extracción que se venden crudos, con una población minúscula llena de déficits de desarrollo humano, y una superficie del tamaño de la vieja Alemania Federal. Pero con aproximadamente 338.000 habitantes, más o menos la mitad de los que hay en la capital bonaerense, La Plata.
Ésta es la causa geopolítica por la que EEUU no está dispuesto de ningún modo a permitir que se construyan las represas. Prefieren un desierto. Razón de más para hacerlas.
Daniel E. Arias
PS: Por si no quedó claro qué tipo irrepetible de río es el Santa Cruz, y por qué las represas son una necesidad urgente de integración territorial, repetimos por tercera vez un artículo que AgendAR publicó en tiempos, como se dijo, menos infelices pero muy recientes.
La represa Jorge Cepernic es la más chica del dúo hidroeléctrico Cepernic-Kirchner sobre el río Santa Cruz, y está situada corriente abajo de esta última. La noticia es que está por recibir la segunda de sus tres turbinas chinas la proxima semana. Desembarcaría el domingo 15 en Punta Quilla, proveniente de Shanghai. Con ello, el avance de esta obra llegará al 50%.
Es un turbinón importante: 5 días al menos para descargarlo y llevarlo 200 km. al lugar de emplazamiento. Pero blanco sobre negro, el represamiento, al menos parcial, del Santa Cruz empieza a ser un hecho, llueve, truene o brille el sol.
Entre tanto, la represa Néstor Kirchner, la mayor de ambas en capacidad instalada y situada corriente arriba de la Cepernic, está a espera de definiciones geológicas. Se está re-estudiando la resistencia de sus anclajes de pared en las barrancas del inmenso valle fluvial del Santa Cruz, cavado por un glaciar durante la última deglaciación, cuando ese río debe haber tenido el módulo del Paraná y el Uruguay sumados. Si esas viejas bardas son proclives a deslaves, habrá que fijarlas con mucha ingeniería.
Luego de construida la represa mayor, presumiblemente en 2028, parte de ese valle se transformará en un embalse. Aguas abajo quedará el segundo embalse, el de la represa Cepernic, la primera en terminarse. Ambos embalses funcionarán en tándem de un modo bastante ingenioso que se explica luego.
El cronograma de obra para la Cepernic ahora queda así: instaladas sus tres turbinas tipo Kaplan, de 120 MWe la pieza, podría estar operativa en 2025. Tendrá una pared interesante, casi 2,5 km. de punta a punta y 41 metros de altura hasta el coronamiento. La potencia total instalada aquí será de 360 MWe, el equivalente de la pequeña central nuclear de Atucha 1 de NA-SA en la provincia de Buenos Aires. Y esa pared estará 170 km. aguas arriba de la ciudad de Comandante Piedrabuena.
Si hubiera población a pie de represa, esto daría para iluminar a 1 millón de habitantes, lo que triplica la población actual de TODA la provincia. Y si el próximo gobierno no interfiere la obra (spoiler alert, ya sucedió entre 2015 y 2019), la Cepernic debería estar entrando en línea en 2025.
La obra más grande del río, la Néstor Kirchner, tendrá más turbinas, esta vez de tipo Francis, más eficientes ante saltos importantes de nivel. Las de la serán 5 en total y además de mayor módulo, de 190 MWe cada una, con una capacidad sumada de 950 MWe.
La financiación de todas estas obras está asegurada desde 2014, y si todavía no están inauguradas y dando potencia, geología de orillas aparte, es por la denominación de origen del crédito original, que el State Department ve como una afrenta de lesa majestad. Originalmente fueron U$ 4714 millones: vienen del China Development Bank Corporation (CDB), del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y del Bank of China Limited (BOC). En tiempos de Silvina Batakis como ministra de Hacienda, se amplió en U$ 300 millones más.
Este trío bancario no tiene obviamente problemas de chequera. Pero el State Department ve esta obra como un aumento de la influencia china sobre esta parte del planeta, y tiene razón. Y no es problema nuestro.
Es una obra necesaria: falta potencia de base en la segunda provincia mayor de toda la Argentina, igual al Reino Unido por superficie (243.000 km2), pero tan primaria y falta de desarrollo industrial que su población entera cabe en el estadio de River Plate, si las personas se amontonan como en el subte B y ocupan también el pasto. En el Reino Unido, en cambio, hay 67,5 millones de habitantes. Mirando el caso de las islas demasiado famosas, cada vez que paramos estas represas, les damos más y más motivos para mudarse aquí.
¿EEUU tal vez ofreció algún crédito igualmente blando y pagadero en electricidad, como China, para hacer ambas represas? No. Prefirió actuar como el perro del hortelano, al decir castizo: ni come él ni deja comer al amo. Nada hacer creer que cambiará de costumbres. «Old dogs don’t learn new tricks», como dicen en Avellaneda.
Pero éste el el último gran río argentino sin represar, y por muchas causas, es nuestro río más perfecto para represar, libre de todo problema que no sea diplomático. No hay población a desalojar en sus orillas: están enérgicamente deshabitadas en sus 385 km. de recorrido desde el desagüe del inmenso y profundo lago Argentino hasta el Atlántico.
¿Excepciones? Los campos de regadío de Pérez Companc y la ciudad de Comandante Piedrabuena en la barranca de la orilla izquierda, amén de Puerto Santa Cruz (5000 habitantes) en la derecha. A añadir, 500 habitantes más en el puerto de aguas profundas de Punta Quilla, donde empieza el Atlántico. Y se acabó.
Todos esos compatriotas quedan aguas abajo de los lagos. No se inundarán. No hay que desalojar a nadie, más bien lo contrario: hay que poblar, o esa provincia la terminaremos perdiendo. Es codiciada desde tiempos fundacionales. Entre 1877 y 1878 Chile envió barcos de guerra aquí para campear en la zona. Cambió de idea cuando Buenos Aires mandó la flota de mar del Comodoro Py. Dado que no hubo tiros y para no desaprovechar el viaje, don Py fundó Puerto Santa Cruz.
Al año siguiente llegó Piedrabuena y fundó… bueno, Piedrabuena, 17 kilómetros aguas arriba. En 1881 y casi en vísperas de una guerra (otra vez sopa) con Chile, se firmó un tratado de paz a ultimísimo momento, y se demarcaron límites. Pero no pasa año sin reclamos chilenos: Laguna del Desierto, los islotes atlánticos sobre el Beagle, los Hielos Continentales, desde hace dos años un considerable pedazo de Mar Argentino sobre el Estrecho de Drake. Y la lista sigue y seguirá.
Por la letra del tratado de 1881, Argentina consideró siempre suyos territorios que luego jamás pobló. Por ocupación unilateral de los mismos por Chile, hubo varias situaciones de pre-guerra durante el siglo XX.
La última grave fue el 22 de diciembre de 1978. Los Airmacchi de la Armada Argentina, con las coheteras Zuni bajo las alas, estaban por salir a misilear la base naval de Punta Arenas, calentando turbinas en cabecera de pista de Ushuaia, cuando llegó contraorden. Que cortaran motor y se bajaran muchachos, Picton, Lennox y Nueva, los islotes antes argentinos (y desocupados) sobre el Beagle, iban a fallo papal.
En esta parte de Santa Cruz sobran, desaprovechadas de modo suicida por la Argentina, tres cosas que faltan en casi todo el mundo: espacio, agua dulce y fuentes de potencia.
¿Qué más hace este río un activo a represar? Después del Paraná, el Uruguay y el Negro, es el cuarto río más caudaloso del país. Ambas orillas son argentinas, no hay ningún país vecino con el que negociar la obra, y la electricidad y obras de regadío son todas para nosotros, gran diferencia con Yacyretá y Salto Grande, en las que la potencia generada se reparte miti y miti. El Santa Cruz no atraviesa varias provincias, lo que evita litigios como el que tiene históricamente la Pampa contra Mendoza por haberse quedado ésta con casi todo el caudal del Atuel. No hay sedimento que vaya a entarquinar los embalses o bloquear sus turbinas, porque el lago Argentino es frío, glaciario, profundísimo, casi abiótico, e intercepta limos y arcillas.
El agua fluye por este río rarísimo como por un caño, muy fría, pura y transparente a grado potable, con un majestuoso caudal promedio de 790 metros cúbicos por segundo anuales. La salida al mar, justamente por falta de sedimentos, es un estuario profundo y no un pequeño humedal a proteger como el de los otros (y pocos) ríos patagónicos argentinos.
Regulado su caudal no por uno sino por dos grandes lagos glaciarios (el Viedma, cauce arriba, desagua en el Argentino a través del río La Leona), controlados estos lagos a su vez por el derretimiento lento de los Hielos Continentales Patagónicos, el río Santa Cruz no depende linealmente de las lluvias en su alta cuenca. Y por ende tampoco de los cada vez más frecuentes y agudos ciclos Niño-Niña.
En esta última «superniña» que duró tres años, en 2021 y 2022 el fondo del Paraná se volvió un medanal caminable, como no sucedió jamás en tiempos históricos, y la represa de Yacyretá perdió hasta 2/3 de su producción eléctrica. En la Patagonia Norte, más dependientes de lluvias, los embalses de la cadena de 7 represas sobre las nacientes del Limay-Río Negro estuvieron en mínimos de nivel, y turbinando agua con cuentagotas.
Pero en su remoto ostracismo austral, el río Santa Cruz ni se enteró de la sequía. Siguió como siempre, rápido, transparente y con su profundidad de entre 6 y 15 metros. Es ver esa correntada y entender por qué el Perito Moreno tuvo que arrastrar sus botes desde la orilla y a la sirga para llegar a las nacientes y descubrir el lago Argentino. A remo eso no lo subís, salvo en kayak, y con unos brazos de patovica.
Las dos represas, coinciden los hidrólogos, no afectarán el régimen anual de crecida y estiaje del Santa Cruz, que de suyo es moderado en altibajos. Es el río perfecto, tan predecible como una central nuclear o térmica: puede funcionar a potencia nominal casi todo el año, y por ahora (tocamos madera) parece a salvo del cambio climático.
Contra la opinión de algunos amigos ecologistas, el embalsamiento del Santa Cruz no va a afectar al macá tobiano, bicho lindo y en declinación, si los hay. Pero el tobiano no es pájaro de este río sino de las lagunas de la Estepa Central Santacruceña, bastante lejos y al Norte. Agarren el mapa, chicos: no muerde.
Y si quieren conservar la fauna endémica del río llegaron un siglo tarde. La actual es importada: la invasión de salmónidos «sembrados» en los lagos y ríos patagónicos es una obra de nuestros tatarabuelos, y estos voraces bichos del Pacífico Norte se comieron casi todo puyén, pejerrey, perca, madrecita y todo otro pececito criollo que hubo antes de aquel lejano entonces. Ese cambio es irreversible. Las represas no afectarán a los salmónidos, que son exóticos, ahora acriollados, poco migratorios y bastante indestructibles.
La única especie nativa en peligro debido a las represas es la lamprea, un pez parásito que se prende como una ventosa a los salmónidos (hoy, plato único) y se los va devorando vivos durante años. Salvadores de la biosfera: cambio lamprea por megavatios, regadío y trabajo industrial cuando quieran. Llame ya.
Este es un río bastante abiótico, como descubrió con asombro extenuado su primer visitante europeo, Charles Darwin. Este jovencito inglés -bueno, los marineros a sus órdenes- lucharon bravamente por avanzar a contracorriente tirando de la ballenera de salvamento con sogas desde las orillas. Buscaban un paso al Pacífico. Hasta que el mañoso Santa Cruz, no muy lejos del lago (no llegaron a verlo), les dio vuelta el bote en sus muchos remolinos.
Ignoro cómo enderezaron la ballenera, o cómo bajaron el río con corriente rápida y por popa, es decir sin timón. El naturalista británico logró llegar, estoico y como pudo, hasta la desembocadura, donde lo esperaba el bergantín HMS Beagle. Pero el 22 de abril de 1834, seguramente con la ropa mojada, temblando de frío y con mucha mala leche, escrachó al río con esta descripción.
«El país seguía siendo igual, y era sumamente. La similitud completa de la producción en toda la Patagonia es una de sus características más llamativas. Las llanuras uniformes de árida gravilla sostienen las mismas plantas enanas y cohibidas, y en los valles crecen los mismos arbustos espinosos. En todas partes vemos las mismas aves e insectos. Incluso las mismas orillas del río y de los arroyos que entran en él, apenas se animan con un tono más brillante de color verde. La maldición de la esterilidad cubre la tierra, y el agua que fluye sobre un lecho de guijarros participa de la misma maldición. Por lo tanto el número de aves acuáticas es muy escaso, porque no hay nada para mantener la vida en la corriente de este río estéril».
Nada cambió en el Santa Cruz desde que Darwin lo bendijo así, salvo la llegada de los salmónidos y la fundación de las ciudades de Comandante Piedrabuena en la orilla izquierda de su curso inferior, y la de Puerto Santa Cruz en su estuario.
Hoy también está Punta Quilla, 17 km. al Sur de Puerto Santa Cruz, donde termina el estuario. «Quilla» es el mejor puerto continental de la Patagonia Argentina, abrigado de ese viento que te saca el gel del pelo y también el pelo. Es apto para buques Panamax y tiene unos insólitos 26 metros de fondo. Fuera de los obvios poteros dizque españoles no es muy activo, dado que en el interior de Santa Cruz no hay población capaz de generar movimiento comercial.
El proyecto de las dos represas nació en 1970, con el gobierno militar de Marcelo Levingston y Aldo Ferrer como ministro de Economía.
Luego no pasó más nada hasta que el país sangró, se privatizó, se endeudó, estalló, ardió, llegó un santacruceño adoptivo a presidente y se desempolvaron viejos planos de Aldo Ferrer, se hizo la licitación, pintaron los bancos chinos ofreciendo financiación -porque el estado nacional ahora vive en quiebra por deuda- y empezaron los estudios de suelos y primeros movimientos de tierra. En 2015, ahí ya había una obra.
Entre 2016 y 2019 el mejor ministro de Energía de la Shell, Juan Carlos Aranguren, auditó -es decir paralizó- las dos represas, y se tomó todo el tiempo del mundo para decidir que había que bajarle la potencia instalada total inicial, que era de 1830 MWe a los 1310 MWe. Según Aranguren, para no interferir el desagüe hacia el río del lago Argentino (hidrológicamente, eso no tiene sentido alguno), y para preservación de la fauna nativa (¿cuál?) en su desembocadura. Cuando un cacique petrolero se pone ecologista, hasta el santo desconfía.
Hubo más. A las represas el presidente Mauricio Macri las regresó a sus nombres topográficos y originales: Cóndor Cliff y Barrancosa. Fuera de ello, el expresidente se fue con los deberes hechos: las dos obras paradas, aunque sumando nombres. Luego al macrismo lo suplantó la pandemia con todo éxito y parecidos costos. Con Fernández las cosas se pusieron nuevamente casi en marcha, con su peculiar estilo inmóvil. La renegociación con los bancos chinos data recién de agosto de 2022.
La única buena noticia es que incluso con el bajón de potencia instalada impuesto por Aranguren (desde 1800 a 1310 MWe), se cree que la cosecha eléctrica anual seguirá inalterable, en los valores iniciales. Ojo lector, porque aquí viene la ingeniería ingeniosa. Cuando estén trabajando ambas represas, la Cepernic usará su embalse, mucho menor, para generar «punta», es decir el consumo eléctrico que en Argentina hace pico desde las 17:00 a las 23:00 horas, cuando la electricidad que se vende más cara.
El resto del día, el complejo dejará que el embalse Kirchner, un monstruito de 250 km2 represado por una pared de 2 km. de largo y 73 metros de altura en el coronamiento, vaya rellenando el nivel perdido a través de las turbinas. En la casa de máquinas de esa pared habrá 5 turbinas Francis, más eficientes para grandes desniveles, con 950 MWe instalados.
El embalse Kirchner generará «base», es decir la provisión 24x7x365 que pide un país con consumo eléctrico ciudadano e industrial. La potencia de base se vende más barata, y es la que más falta en el país. Sin potencia de base, olvidate de tener industria.
Se creía que «la base» eléctrica estaba bien anclada por Yacyretá, Salto Grande, las 7 represas del Comahue, las del Atuel y un centenar y medio más de obras menores que dan un 33% del consumo eléctrico nacional. Y supusimos que lo harían siempre, hasta que entendimos que todas ellas fueron construídas en base a las estadísticas climáticas de los primeras 7 décadas del siglo XX. Pero en el medio siglo que pasó, las lluvias promedio se volvieron una montaña rusa, y hay más sequías y son más frecuentes, más duraderas y peores. Pero en el Santa Cruz por ahora no pintan.
Funcionando en tándem, la Kirchner dando base y la Cepernic dando punta, la cosecha energética anual estará en 5000 gigavatios/año, equivalentes a los de la Central Nuclear de Embalse, de 656 MWe, e igualmente firmes. Y Embalse ilumina a 2 de cada 4 cordobeses, en una provincia muy industrial.
Represas Patagonia es la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por las empresas China Gezhouba Group Corporation, Eling Energía S.A. e Hidrocuyo, que tiene a su cargo la construcción de las dos represas hidroeléctricas, una cerca de El Calafate y la segunda a la altura de Comandante Luis Piedra Buena.
El avance de las obras permite en la actualidad la realización de tareas de hormigonado en zona de vertedero y casa de máquinas, a su vez también tareas de construcción de terraplén de cierre de presa en margen izquierda y margen derecha, en el caso de la represa Jorge Cepernic.
Sumando gente en la obra y subcontratistas, inspección y supervisión, hay unos 3000 trabajadores relacionados de forma directa al proyecto. Y estos generan otros 5.000 puestos indirectos de servicios y materiales de obra.
Habrá un hito fundamental durante 2024 con el desvío de río, lo que permitirá iniciar el llenado del lago de la represa Cepernic, en tanto para lo que resta de este 2023 se continuará con los trabajos de movimientos de suelo y de hormigonado masivo según las etapas simultáneas.
En cuanto al financiamiento de la obra, en junio, en el marco de la visita a China del ministro de Economía, Sergio Massa, junto con la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, se acordó la continuidad de lo desembolsos por una inversión total de US$ 5.000 millones.
Para entonces se trabajó en la nueva adenda de los acuerdos bilaterales para que se pudiera concretar un desembolso de US$ 524 millones antes del 15 de junio y otro importe similar para lo que resta del año. En diciembre, el mismo consorcio transfirió a la Argentina US$ 288 millones para restituir fondos del Tesoro por los avances de obras durante 2021 y 2022.
Y en enero de este año concretó otro desembolso por US$ 212, que se vienen utilizando para los pagos actuales del componente nacional de la obra. Con cada atraso, deberemos más plata por costos improductivos, básicamente financieros. Construir una gran obra de ingeniería con plata ajena es como cruzar de un edificio a otro caminando sobre una cuerda floja. Tratá de hacerlo «de una».
El crédito se repaga con la generación de energía que producirán las centrales, es decir que el Contrato de Venta de Energía es el que reúne los fondos para afrontar el Crédito.
Es una generación anual importante en una provincia despoblada. ¿Venderle la electricidad a quién?, chirrían los muchos enemigos de este proyecto. No hay grandes consumidores a la vista. El enlace con el Sistema Argentino de Interconexión es la línea de alta tensión (500 kilovoltios) que se tiró hacia la Patagonia Sur en tiempo de De Vido, y llegar hasta Patagonia Norte, que está unida más sólidamente con la Región Centro, la de mayor consumo eléctrico.
Como parece inevitable en la geografía hidroeléctrica argentina, los sitios de producción y los de consumo nunca distan menos de 1000 km. Con líneas de alta tensión (LATs) tan largas, parte de la potencia generada se pierde como calor debido a la resistencia de los cables de aluminio, que además se incrementa en verano con el calor. Las LATs además son vulnerables a tornados y a incendios, especialmente en verano.
Queda en los gobiernos nacional y santacruceño crear proyectos industriales electrointensivos (acero, aluminio, vidrio, cobre, cemento) que radique población permanente y genere educación y empleo registrado y de calidad. Si son industrias de exportación, en Punta Quilla tendrán el probablemente mejor puerto del país para sacar su producción al mundo por AMBOS océanos. Espero llegar a verlo.
Una vez concluido el periodo de amortización estimado en un plazo de diez años, quedarán para el Estado Nacional dos instalaciones que pueden durar siglos con mantemientos mínimos, ahorrarán millones de dólares/año por sustitución de máquinas térmicas, y ni te cuento de importaciones de gas y de combustibles líquidos.
Nada impediría que cuando se gasten las turbinas chinas, las próximas las ponga IMPSA, hoy por hoy nacional. Eso no creo llegar a verlo.
La pelota la tiene el próximo gobierno.
Daniel E. Arias
PS: Y el próximo gobierno, es decir el actual, fue fiel a su compromiso de exterminar la obra pública. El texto que Ud. acaba de leer lo escribí obviamente antes de las elecciones nacionales, con alguna incredulidad de que pudiera ganarlas Javier Milei. Pero mi ingenuidad es relativa: nunca pensé que Massa dejara avanzar demasiado esta obra, tan sensata y tan imprescindible. El artículo estaba pensado para enrostrárselo a él. DEA. 14/03/24.
Marruecos apuesta decididamente por la energía nuclear. El asunto se ha vuelto a plantear después de que el embajador y representante permanente de Rabat en Viena, Azzedine Farhan, pidiera «otorgar más apoyo a la Agencia Internacional de Energía Atómica para continuar fortaleciendo las capacidades de los expertos nacionales en ciencia, tecnología y aplicaciones nucleares”. Este llamamiento parece relacionado con el proyecto de Marruecos para construir un reactor experimental.
Tras el acuerdo entre la empresa rusa Rosatom y el gobierno marroquí, y las declaraciones de Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que nombró a Marruecos entre los países que se espera que se conviertan en “nucleares”, parece que la dirección estratégica de Rabat para producir energía eléctrica a partir de la energía nuclear está próxima a ser verificada sobre el terreno, en busca de reducir la elevada factura energética y adaptarse al cambio climático, informan medios digitales del país vecino.
Abdel Samad Malawi, investigador especializado en tecnología y transformación energética, afirmó que la consulta a la citada agencia “pone de relieve su apoyo desde hace años a los esfuerzos del Reino por utilizar la energía nuclear para usos pacíficos», destacando que «Marruecos ha decidido recientemente establecer un grupo de centrales eléctricas para desalinizar agua de mar para cubrir la enorme escasez de esta sustancia vital debido a las condiciones climáticas».
Malawi destacó “la importancia de utilizar energía nuclear en estas centrales porque requieren una cantidad importante de energía eléctrica. Marruecos no puede cumplir con el suministro eléctrico de estas centrales a menos que utilice fuentes distintas de las clásicas, ya sean fuentes fósiles regulares, que Marruecos está tratando de conseguir”.
«El deseo de Marruecos de construir un reactor nuclear experimental
Recordó «la cooperación internacional con la Agencia Internacional de Energía Atómica para establecer un grupo de instalaciones nucleares con fines pacíficos en Marruecos, especialmente en el aspecto relacionado con la investigación científica y la producción de electricidad limpia», destacando que «la estrategia nuclear marroquí para Estos propósitos avanzan con mucha racionalidad, sobre todo porque el país “sigue comprometido con los compromisos estipulados por los partidos internacionales en materia climática”.
Por su parte, Mohamed Al-Sahaimi, investigador en clima y desarrollo sostenible, afirmó: «El deseo de Marruecos de construir un reactor nuclear experimental y abrir la puerta al uso pacífico de la tecnología nuclear refuerza las oportunidades para muchos. Los especialistas marroquíes adquirirán conocimientos y experiencia en este ámbito, cuya excelencia está atestiguada «científica y cognitivamente en el ámbito de la transformación energética»; «esto permitirá a Marruecos beneficiarse de estas mentes locales para crear un autodesarrollo sólido».
Al-Sahaimi añadió: “Los usos pacíficos de la tecnología nuclear en varios países han revelado su eficacia en áreas de gran importancia, especialmente en los ámbitos de la energía, la salud y el suministro de agua, lo que permitirá a Marruecos acelerar diversos proyectos relacionados con la soberanía hídrica. y la seguridad”, destacando “la gran importancia que el Reino concede a la lucha contra los graves cambios climáticos que han provocado una sequía estructural”.
«Marruecos se ha convertido en un protagonista continental gracias a las relaciones y asociaciones Sur-Sur, además de su ubicación estratégica, que lo ha convertido en un mediador entre el Norte y el Sur. Esta es una oportunidad para lograr un desarrollo sostenible entre países africanos que hace de Marruecos un punto de partida para la difusión de tecnología nuclear pacífica que beneficia a África y la empuja a invertir en sus capacidades locales, fortalecer su autoinmunidad y hacer de la cooperación de sus países una base para crear su soberanía de desarrollo local y fortaleciendo sus bases económicas y sociales”.
Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), pertenecientes a la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación, denuncian que hay una decisión ministerial de aplicar recortes de entre un 15 y un 20% en el personal empleado bajo la modalidad de “contrato” en cada institución. Esta decisión coincide con la finalización de dichos contratos el próximo 31 de marzo, que en el caso del SMN abarca a un total de 670 trabajadores (la mitad de la planta), mientras que en el IGN hay 120 empleados en esa situación. Además, según fuentes de estos institutos, el mismo porcentaje de recorte alcanzaría también a un tercer organismo: el Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
“La semana pasada se tomó conocimiento de la decisión ministerial de desvincular a entre un 15 y un 20% del personal contratado en todos los sectores, a prescindencia de la relevancia, desempeño o idoneidad de las funciones que se realizan”, denuncian en un comunicado trabajadores del IGN.
Estas noticias que ponen en riesgo numerosos puestos de trabajo de científicos, ingenieros y especialistas de diversas disciplinas llegan en un contexto de desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico argentino, con un ministerio de Ciencia degradado a Secretaría de Innovación, una Agencia de I+D+i acéfala, institutos del CONICET con presupuestos que solo alcanzan hasta abril y postulantes a becas doctorales que siguen a la espera de información oficial para saber si tendrán trabajo en los próximos meses.
Una nueva edición del CERAWeek, el mega evento del año del sector energético mundial, comienza este lunes en Houston (Texas). La conferencia convocará a empresarios y directivos de las principales empresas y funcionarios de alto nivel a debatir las estrategias para una transición energética de múltiples velocidades y combustibles.
Las perspectivas y desafíos que tiene por delante la industria del petróleo y gas, los reposicionamientos geopolíticos en un mundo signado por una escalada bélica en Europa y Medio Oriente; objetivos medioambientales como la captura de metano y el almacenamiento de carbono y nuevas tendencias y tecnologías como el hidrógeno, la electrificación y el reimpulso de la energía nuclear serán algunos de los temas que más paneles y disertaciones ocuparán en esta edición.
El evento, que es organizado y presentado por S&P Global, tendrá este lunes las exposiciones centrales de los CEOs de ExxonMobil, TotalEnergies y Saudi Aramco, tres los mayores jugadores de la industria a nivel global. Los paneles y disertaciones se extenderán hasta el jueves con presencias argentinas, entre la que destaca una exposición del presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca.
El sector energético en Latinoamérica será tema de conversación en distintos paneles y exposiciones. El martes tendrá lugar un panel sobre Competitividad global del upstream de Latinoamérica con la participación del CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous y de directivos de Petrobras, Apache Corporation y Harbour Energy. También habrá paneles especiales sobre el futuro del gas natural y de los mercados energéticos en la región.
Mercados energéticos y cadenas de valor
La edición del CERAWeek pondrá el foco en cómo el impulso hacia la transición energética está remodelando el panorama competitivo para las empresas y los países, creando nuevas oportunidades y riesgos en toda la cadena de valor de la energía.
La transición energética no es lineal ni uniforme. Los cambios en los mercados energéticos alterarán el posicionamiento de los países en las nuevas cadenas de valor para una economía de cero emisiones, con impacto sobre sus economías.
Temas como las perspectivas del petróleo y gas en Norteamérica y el resto del mundo, la captura y el almacenamiento de carbono, el desarrollo del hidrógeno, el avance de la electrificación, el control de las emisiones de metano y el rol de la energía nuclear estarán en el centro de las conversaciones y exposiciones del CERAWeek 2024.
Como en otras oportunidades, las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el devenir de la guerra en Ucrania serán temas de conversación en los pasillos del mega evento. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm y el ahora ex enviado especial para el Clima, John Kerry brindarán sus perspectivas sobre el rol de EE.UU. en los mercados energéticos.
Nos hemos referido en numerosas oportunidades a la ausencia argentina en la administración del Atlántico Sur, la pesca ilegal y, a la presencia del Reino Unido de Gran Bretaña en la estratégica área austral controlando el tránsito hacia el Pacífico, el Indico y su proyección a la Antártida. En esta oportunidad reseñaremos las decisiones políticas que está tomando el nuevo gobierno argentino respecto a la administración del troncal fluvial Paraná-Paraguay y el Río de la Plata, perdiendo el control de la principal vía comercial argentina y dificultando una comunicación directa y autónoma fluvial-marítima de Argentina.
Hagamos una pequeña síntesis previa. A instancias de Juan Manuel de Rosas el general Lucio Mansilla enfrentó a la escuadra anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, quienes pretendían colonizar nuestro país relacionándose en forma directa con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay sin la intervención de Buenos Aires y desconociendo la autoridad de Rosas en las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Se trató de la ofensiva de una importante flota muy superior en cantidad y modernidad a las escasas naves argentinas. Los sucesivos combates que sucedieron a Obligado, como Quebracho, donde el invasor sufrió grandes pérdidas, hicieron desistir de este proceso colonizador, por lo que la gesta de Obligado fue muy importante para la consolidación nacional y un desaliento a aquellos adeptos de las “potencias civilizadoras”. Por tal razón, en 1974 se sancionó la Ley 20.770 declarando el 20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional” que las actuales acciones desdibujan.
Mucha agua pasó bajo el puente, a punto de tener en 1952 una de las flotas mercantes más importantes y modernas del mundo, con un gran desarrollo de los astilleros nacionales, ambos destinados a fortalecer la industria, la navegación y el comercio. Se firmó en 1973 el Tratado del Río de la Plata, donde no solo se finalizaron los conflictos limítrofes con Uruguay, sino que se acordó una “Zona Común de Pesca” en un área de las Zonas Económicas Exclusivas de ambos países; un hito histórico suramericano de explotación y cuidado ambiental entre dos naciones vecinas y, entre otros hechos relevantes de protección regional -a instancias de Brasil- el establecimiento de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur acordada por todos los países de África occidental y de América oriental consolidada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas, que tiene entre otros objetivos, que “todos los Estados se abstengan de emprender cualquier actividad que pueda crear o agravar situaciones de tensión y de posible conflicto en la región”; por otra parte, en 1994 se promulgó la ley 24.385, donde la Argentina aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial en los ríos Paraguay-Paraná con las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; que tuvo por objeto la protección, cooperación, autonomía y mejora del comercio regional y, demostraba la vocación de resolver el desarrollo regional y el transporte entre los vecinos, sin injerencias extrañas.
Esta vía fluvial es un sistema natural de la Cuenca del Plata, con una extensión de 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay) y, 250 km más hasta el mar. En ella hay 73 puertos argentinos, de los cuales 23 están en Buenos Aires; 1 en Corrientes; 5 en el Chaco, 9 en Entre Ríos, 1 en Formosa, 1 en Misiones y 33 en Santa Fe y, navegan en ella, “unos 4.000 buques oceánicos de bandera extranjera que en 2020 transportaron 74 millones de toneladas de carga, lo que representa el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina; además, de 19 millones de toneladas de carga de cabotaje. Cada año circulan también 146 mil contenedores, 750 mil vehículos y 320 mil pasajeros, por un valor FOB superior a los 70 mil millones de dólares” (Fabian Lugarini, 15/9/2020).
Los aires privatizadores y de atomización de la administración que vivió la Argentina dieron lugar a la sanción en 1992 de la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y, redujeron en 1995 al Acuerdo de Transporte fluvial en un negocio multimillonario, otorgándose la concesión por diez años del mantenimiento de los citados ríos a cambio del cobro de peajes al consorcio Hidrovía SA formado por la empresa argentina AMEPA y la belga Jan De Nul, la que luego de negociaciones se prorrogó hasta abril del 2021.
En el año 2020 por Res. 307 se creó el Consejo Federal Hidrovía presidido por ministro de Transporte e integrado por varios funcionarios nacionales y las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de distintas organizaciones invitadas; sin embargo, con el limitado fin de brindar asesoramiento; coordinar la política y recibir propuestas y, si bien, en este mismo año se anunció la constitución de Hidrovía Sociedad del Estado con el objeto de gestionar la vía navegable, en noviembre del mismo año el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 949/20, donde nuevamente se promovió una licitación pública nacional e internacional para concesionar el mantenimiento y el cobro de peaje como contraprestación, desvaneciendo toda idea de obtener un mayor protagónico federal de desarrollo regional y estratégico nacional, que promovían -en otros- el ex ministro de relaciones exteriores y senador Jorge Taina.
En 2021 se sancionó el Decreto 427/21; como producto de la presión de las provincias litoraleñas, los gremios afines y especialistas en la materia, dando lugar a un incipiente y precario proceso de nacionalización de la administración de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay, donde se le otorgaba las tareas de mantenimiento de la señalización, dragado y control a la Administración General de Puertos; aunque, limitando su responsabilidad hasta quien resulte adjudicatario de la licitación pública autorizada por el Decreto 949/20. Hecho, que da lugar al dictado del Decreto 556/21 de creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la vía Navegable, con el reducido objeto de cobrar un peaje.
En síntesis, la Argentina sigue sin administrar adecuadamente la vía Paraguay-Paraná.
Por su parte, Uruguay ha controlado el tráfico de buques que ingresan al Río de la Plata desde el Virreinato y profundizado desde el Tratado del Río de la Plata, pese a que el 90% de las embarcaciones tienen como destino o provienen de puertos argentinos; motivo por el cual, resulta central el proyecto de construir el Canal de Navegación Magdalena que, además de los importantísimos efectos económicos, técnicos, operativos y laborales, a la par del desarrollo de la región noreste de la Provincia de Buenos Aires provocaría una mayor autonomía nacional argentina en la navegación y el comercio, por la integración de la navegación fluvial-marítima argentina sin la dependencia del canal de Montevideo. Es decir, un claro proyecto de soberanía nacional. Ello, dio lugar, a que en 2009 la Prefectura Naval Argentina presentara un proyecto de rectificación del canal principal de navegación, siendo finalmente la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación quien dictó la Disposición 584/13 y, allanada la aprobación de Uruguay, en 2014, ya efectuados todos los estudios pertinentes, se elaboró el proyecto con el que se publicó oficialmente la licitación internacional que, finalmente quedó suspendida. El proyecto se reactivó en 2021 con la aprobación del informe final de la Audiencia Pública donde quedó aprobado el procedimiento ambiental exigido por la ley y en 2023 se anunció un nuevo llamado a licitación para la construcción del canal; licitación que quedó -por razones técnicas- postergada.
Las acciones postergadas para llevar adelante una política de soberanía nacional y de desarrollo regional relacionado a estas vías y canales estratégicos se desactivan con la llegada del nuevo gobierno.
Por una parte, el 31 de enero pasado, la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata otorgó la aprobación al proyecto de profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo por parte de Uruguay, ahondando la dependencia argentina, sin que a la par, se hubiese avanzado en la construcción del canal de Magdalena para equilibrar esta decisión; mientras que, insólitamente, la Canciller Diana Mondino manifiesta -contrario a la opinión de todos los expertos argentinos- que la autorización “beneficiará a los usuarios de las vías navegables, reducirá costos logísticos e impulsará la competitividad de las exportaciones regionales” (SerIndustria, 31/1/2024); cuestión que Mempo Giardinelli (Página 12, 2/3/2024) entiende como una decisión “absurda, antinacional, abstrusa e inexplicable que deja en manos de compañías extranjeras todo el comercio exterior argentino transportado por el canal de Montevideo” y que, según la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) “la Argentina resignaría 7 mil millones de dólares por año por no construir el Canal Magdalena y seguir dependiendo del Puerto de Montevideo”. Una decisión, que a nuestro entender, trasciende la cuestión económica y operativa y atenta contra la soberanía nacional.
Ahora, la aprobación de la reforma al canal de Montevideo, cuyo puerto está concesionado por 80 años por un conjunto de multinacionales encabezadas por la empresa belga Katoen Naty y, donde se viene blanqueando el origen y la pesca ilegal, no solo tendrá consecuencias en el comercio de la vía Paraná-Paraguay, sino también facilitará la logística de buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que realizan pesca ilegal, tienen tripulantes en situación de esclavitud en alta mar y buques que pescan ilegalmente en Malvinas, fortalecerá la posición China en el Atlántico Sur y, la británica en la parte meridional del Atlántico Sur; cuestiones en que la Cancillería argentina no tiene un plan de acuerdos, tanto con Uruguay como Chile, para revertir esta situación y, tampoco, con los Estados que pescan a distancia. A la luz de las declaraciones de la Canciller argentina estos acuerdos jamás se habrán de realizar. La soberanía argentina está entre las pautas del libre mercado y competencia.
Complementariamente, el gobierno estaría licitando internacionalmente la administración del Paraná-Paraguay dejando en manos extrañas la administración de la vía fluvial, en lugar de una administración con intervención de las provincias del litoral, con el objeto de promover un desarrollo regional, a partir de la reducción de fletes y transporte de la producción de la zona, etc.
Y si algo falta, para perder la soberanía argentina, el gobernador del Chubut Nacho Torres convoca a realizar tareas de control a una patrulla de Estados Unidos en el mar territorial argentino (Escenario Mundial, vista 14/3/2024) y el reciente acuerdo en la vía fluvial Paraguay-Paraná, de convenir (8/3/2024) con el Ejército de Estados Unidos una colaboración conjunta donde se “involucra al ejército de Estados Unidos en la administración de la Hidrovía” (sic), según indica el Administrador General de Puertos Gastón Alejo Benvenuto; a pesar de que la Argentina tiene en la Armada Nacional; el Ejército Argentino; la Prefectura Naval y otras fuerzas de seguridad e, incluso, las fuerzas navales y de seguridad de los países intervinientes en el Acuerdo de hidrovía Paraguay-Paraná que, según el protocolo adicional sobre seguridad y navegación, tienen las capacidades técnicas y materiales suficientes para controlar las actividades en las aguas marítimas y fluviales de Argentina y los puertos correspondientes; aunque, sea frecuente, ver amarradas las OPV de la Armada y las patrullas de altura de la Prefectura en la Base Naval de Mar del Plata y otros puertos. Habría que preguntarse, si ello no se debe, a la posibilidad de que empresas del Estado Chino ganen la licitación de la troncal fluvial Paraguay-Paraná o a la construcción y administración de puertos del litoral patagónico por parte de éstas, como se ventila respecto al puerto de Río Grande, en la estratégica área marina austral bajo control del Reino Unido desde Malvinas.
Ambos actos contaron con la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina Marc Stanley ¿Y la Cancillería Argentina? Ausente.
Esta intromisión de fuerzas extranjeras en aguas argentinas no es facultad del Poder Ejecutivo ni de una Provincia y, mucho menos, de una repartición de tercera categoría como la Administración General de Puertos y, debe, necesariamente, ser autorizada por el Congreso de la Nación, por las prescripciones establecidas en la Constitución Nacional, según el Artículo 75º incisos 10, 15, 16 (proveer a la seguridad de las fronteras), 27 y 28 (permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación) y, el Artículo 99º inciso 3.
Primero fue el DNU, después la Ley Ómnibus, ahora el control del mar argentino y los ríos argentinos con buques extranjeros sin autorización del Congreso. La soberanía en Stand-By.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, Ex Secretario de Estado, Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), Presidente de la Fundación Agustina Lerena
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Un Hércules C-130 sobre Malvinas durante la guerra:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4BTEYM2JEVGZ3IZ4QIEFRUVDCA.JPG%20992w)
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