En la Noche de las Heladerías, en la que participaron 158 empresas productoras de helado artesanal con 250 locales en CABA y el Gran Buenos Aires, se vendieron 62.500 kilos de helado, divididos en 250.000 envases de cuarto kilo.
Según un informe de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), los sabores preferidos por los argentinos son el dulce de leche granizado y el chocolate con almendras; luego sigue el sambayón.
Por su parte, un estudio de D´Alessio IROL señala que en los pedidos de mayor tamaño, el de kilo es el más elegido (con el 31% de los consumidores) y luego el de cuarto kilo, preferido por el 24%.
El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se ha hecho famoso por medidas y declaraciones diversas -la más reciente de las cuales “nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno”- tocamos en otro lugar de AgendAR. Pero hay otra afirmación, que provocará menos ruido, pero es tal vez más cuestionable. Porque apela a un «sentido común» que es compartido con muchos. Y cerraría una opción de crecimiento que es importante para la Argentina. La copiamos abajo, y a continuación, la respuesta de un miembro de nuestro equipo, Daniel Arias.
«En el Ministerio de Hacienda circula un documento reservado que elaboró el equipo de Dujovne, que sostiene que “no sería conveniente hoy poner en un compromiso financiero a la Argentina” para la construcción de una central nuclear, cuya producción es más costosa que el resto de los sistemas energéticos que ya tiene el país.
Hacienda detalló en el informe que el costo de generación de un MW es de USD 170 para el caso de la energía nuclear que se pretende desarrollar con China, mientras que un MW de energía renovable implica un costo total de USD 70 y la producción de energía tradicional que se puede obtener por MW del yacimiento de Vaca Muerta tiene un costo de USD 50». (Citado aquí)Hasta aquí, la posición de Hacienda en una negociación que también AgendAR ha pedido analizar con cuidado, pero por otro motivo: Argentina no debe comprar una central nuclear «llave en mano», cuando tiene historia y capacidades en su construcción. Pero este es otro tema.
Los costos de la energía nuclear:
La inversión inicial es enorme en las centrales nucleares, pero se amortiza por el costo relativamente bajo del combustible. Esto, y luego la crisis del crudo de 1973 atribuída a la OPEP, motorizaron la expansión de la electricidad nuclear en Occidente -somos el Sur pobre de Occidente- entre 1956 y 1986, cuando Chernobyl le puso un parate brusco.
En el pico de esa expansión EEUU, principios de los ’80, EEUU, que tiene carbón a patadas, estaba inaugurando una central nuclear nueva cada 21 días, y solía andar en los 1000 MW. Pero aún antes del accidente de Three Mile Island (cero muertos, cero irradiados) la ingeniería se estaba volviendo demasiado sofisticada y la inversión inicial demasiado grande para las utilities (las compañías que ofrecen servicios públicos) eléctricas, incluso las gigantes y públicas como TVA.
En Francia la instalación de centrales fue tan masiva que en 1986 el 80% de la electricidad francesa era nuclear… y la más barata de TODA EUROPA. Y eso con centrales de 2da. generación cuya vida útil planificada es de sólo 30 años. De todos modos es 10 años más que la duración de una central moderna de gas, y está el lado político: los franceses querían independizar su producción eléctrica del gas o del petróleo importados. Lo lograron. Hoy son exportadores netos de electricidad al resto de la red europea.
El mayor cliente es Alemania, que cerró sus 19 centrales nucleares pero se arregla con electricidad de base nuclear francesa, y electricidad polaca salida del carbón, y es deudor energético pese a que el país está alfombrado de turbinas eólicas y la red compra energía fotovoltaica producida en los techos de los vecinos. Pero Alemania es un país muy próspero. Eso facilita bastante la supervivencia del antinuclearismo del Atlántico Norte: los políticos pueden perder plata, pero no votos.
El Reino Unido está preparándose para la construcción de varias centrales nuevas, todas de diseño extranjero, con la Hualong-1 como opción más probable. Claro, el gas del Mar del Norte se les está acabando y si en UK planteás volver al bueno y viejo carbón galés, los tipos recuerdan los 4000 ingleses que murieron de obstrucción pulmonar aguda en los 4 días de diciembre de 1952 que duró el «Big Smog» de Londres, y te cuelgan en la plaza pública. Chernobyl mató menos gente.
Después de Chernobyl hubo un parate de unos años y el eje de la expansión nuclear se corrió a Oriente: Japón y Corea, donde no hay petróleo o gas domésticos. Sí hay carbón. Pero sin embargo, ambos países tienen suficientes problemas medioambientales como para añadir el de calidad de aire, de modo que sacaron cuentas y lideraron la disparada de instalación de nuevas plantas nucleares, y tanto desarrollaron la tecnología propia que hoy son exportadores.
En ese momento, debido también al problema de calidad de aire en ciudades donde se ha vuelto irrespirable y cuya población muere 7 años antes de lo previsto por problemas pulmonares (EPOC, cánceres), China se metió en el ruedo nuclear, y a lo chino: con todo. En 2030 tendrán más centrales que los EEUU, y mayor capacidad instalada porque serán de mayor módulo promedio, y además más modernas (en general, de generación III +), con lo que estamos hablando de una flota que dura 60 años en operación en lugar de 30. Con lo cual la inversión inicial se diluye muchísimo, de un modo bastante parecido al de las represas hidroeléctricas.
Lo que se debe entender es la diferencia entre el precio por MW instalado y el precio por MW/h producido a término de vida útil del aparato, es decir de aquí a 60 años.
El MW instalado nuclear es carísimo, puede duplicar o triplicar el del MW de una central a gas de ciclos combinados. Pero como el MW nuclear instalado entrega electricidad durante 60 años en lugar de 20, las diferencias se liman. Si le sumás que el uranio suele tener precios dependientes de los altibajos del crudo pero más estables, que es un metal muy abundante en la corteza terrestre, y que el precio del elemento combustible no depende tanto del uranio como de su manufactura (es puro valor agregado tecnológico), el precio de la electricidad nuclear salida de una máquina generación III + termina saliendo más barato que el de la central a gas. Entre otras cosas porque para producir la misma cantidad de electricidad a término, vas a necesitar TRES centrales a gas.
A esto sumale sobrecostos políticos futuros: si hoy ponés una central de gas, dentro de unos años puede caerte encima el tarifazo de un impuesto nacional o mundial a la emisión de gases invernadero. Las centrales nucleares no son «balance cero» en emisiones de carbono: la minería de uranio usa mucha maquinaria diésel, la siderurgia y metalurgia que producen los componentes de una central vienen con emisión de C02 y lo mismo la maquinaria de construcción, y el transporte terrestre y marítimo de componentes y combustibles también. Debido a eso, incluso la electricidad eólica y la fotovoltaica carecen firmemente de «emisión cero».
Eso hace que cautelosamente, y tratando de no pelearse con un público todavía irritadísimo por el desastre de Fukushima, Japón vaya reactivando una tras una todas las plantas nucleares que fue cerrando después de 2011, salvo aquellas que por diseño no pasan una auditoría de seguridad de ningún modo (caso claro de las GE MK-1).
Eso hace también que SIEMENS se haya borrado del negocio nuclear, vendiéndole su división atómica (la vieja KWU) a AREVA, la vieja Electricité de France… donde SIEMENS está asociada con un porcentaje alto del paquete accionario. Es decir, están listos para volver a toque de silbato. Cuando la opinión pública alemana salga de su paranoia, tarde lo que tarde.
Eso hace que el único país occidental donde hubo un derretimiento de núcleo, EEUU (Three Mile Island, 1981), haya iniciado en los ’90 una política de extensión de vida útil de las centrales que llegan al término de la misma. Y son reconstrucciones bastante drásticas e intensivas en capital, pero el resultado es relicenciar un aparato con más potencia y un licenciamiento de al menos 20 años adicionales. Amagan bajarse pero están manteniendo posiciones: de 104 centrales operativas en los ’90 bajaron a 98, con cantidad de re-licenciadas.
En EEUU ven el descenso meteórico de costos de capacidad instalada en eólica y fotovoltaica, pero saben diferenciar el del MW instalado y el del MWh producido a término de vida útil.
En suma: Dujovne está macaneando.
Los argentinos tuvimos estos días una oportunidad para apreciar qué quiere decir la expresión «sinceridad brutal», que tantas veces aparece en la literatura.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en su disertación en el 50° aniversario de la Comisión Nacional de Valores dijo que el país entre este año y el próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi tres puntos del Producto, y destacó que «Esto nunca se había hecho en Argentina sin que caiga el Gobierno, un ajuste fiscal de esta magnitud».
También afirmó que en 2019 el gasto bajará 10% en términos reales, y que el ajuste fiscal incluirá también suba de impuestos. «Todo el ajuste que hemos hecho hasta 2018 fue del lado del gasto. El ajuste fiscal del año próximo se hace mitad y mitad entre baja de gasto y suba de impuestos», dijo el ministro. Según Dujovne, «para converger a la meta fiscal que necesitamos no nos alcanzaba con el gasto. Hemos bajado 10% y el año que viene bajaremos otro 10% el gasto en términos reales».
«El gasto primario lo vamos a bajar cuatro puntos del PBI, de 24 puntos a 20 a fines del año próximo. Ya hemos bajado tres puntos el gasto primario, y el año que viene vamos a terminar en 20 puntos de gasto primario de la Administración Nacional», manifestó Dujovne.
Es posible que este arranque no haya sido bien recibido por los expertos en comunicación del gobierno. O tal vez sí. Lo que puede decirse es que refleja una sensación de políticos oficialistas y también opositores: Piensan que es extraño que la sociedad argentina, históricamente «contenciosa», los sectores perjudicados, no se hayan movilizado en forma más numerosa y con más furia de lo que lo han hecho.
Y sectores perjudicados son, en mayor o menor grado, casi todos. Salvo las entidades financieras, a las que este plan les permite ganancias altísimas -si pueden realizarlas, transformarlas en dólares, antes de otra escalada devaluatoria- y a algunos contratistas del Estado (a los que en cualquier gobierno les ha ido bien, siempre que mantuvieran buenas relaciones con el gobierno). Hoy, por los subsidios, esta categoría incluye a las petroleras.
Pero el resto, los trabajadores, los excluidos, las pymes, las grandes empresas, tienen motivos para quejarse. Hasta las explotaciones de soja del núcleo central, el sector más favorecido por este esquema, no está contento. Sus insumos están cada día más dolarizados, y la realidad -otro nombre del FMI- no le permite evitar las retenciones. Hasta les avisan que no van poder utilizar sus propias semillas sin pagarle a Bayer (Monsanto).
Pero esa sorpresa no expresada de funcionarios y políticos se funda en un error. Los pueblos no se rebelan -en las calles o en las elecciones- en forma automática ante un deterioro paulatino en sus ingresos o en sus condiciones de vida.
Cualquier lectura de la historia moderna muestra que lo hacen cuando el gobierno se debilita y pierde su autoridad, o cuando ven una alternativa que creen que puede ser mejor.
Sobre esto, Dujovne también expresó una opinión. En el terreno de la política afirmó «vamos a ganar las elecciones del año que viene, porque los pueblos no vuelven hacia atrás». Esta frase puede tener varios significados.
El ajuste fiscal ya se desnuda en los números de la ejecución presupuestaria de este año y se centra en gastos de capital, es decir, las obras públicas , y especialmente en el rubro de los envíos a las provincias para proyectos de infraestructura.
También se registró un fuerte freno en el gasto en las denominadas transferencias corrientes (subsidios) al sector privado, que comprenden tanto los subsidios sociales como a los sectores económicos, esto es la energía (gas y luz) y el transporte.
Por otro lado, se formalizó un fuerte ajuste en el rubro «bienes y servicios», que es el pago de insumos como luz, alquileres, mantenimiento, publicidad o contratos de locación de obras. Conforman el grueso de los gastos operativos y de funcionamiento estatal.
Según el informe mensual de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) de septiembre, el último disponible, el ajuste de gastos de capital (obra pública) en los primeros nueve meses del año disminuyó un 17,6% respecto de igual período de 2018.
En 2017 se gastaron $151.774 millones y en 2018 se devengaron 125.009 millones. Si se contempla que el índice de inflación del período enero-septiembre fue de 29,5%, la caída real en inversión en obra pública fue del 47,1% respecto de 2017, que fue un año electoral.
Si se mide septiembre de ambos años, ese gasto bajó un 14,9%, de $ 22.344 millones a $19.026 millones.
La reunión del G20 que se hará a fin de mes en la Ciudad de Buenos Aires obligará a una reprogramación en los aeropuertos, autopistas, avenidas y diferentes puntos de Capital Federal y el conurbano donde se desarrollarán las deliberaciones.
En materia de aeropuertos, en Aeroparque no habrá vuelos comerciales desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el sábado 1/12 a las 22.
En El Palomar, en tanto, los vuelos comerciales se cancelarán desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el sábado 1/12 a las 22.
El aeropuerto internacional de Ezeiza, en tanto, operará normalmente, aunque se intensificarán los operativos de seguridad y los controles migratorios.
En cuanto a las autopistas, la Illia, Cantilo y Lugones estarán cerradas al tránsito desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el domingo 2/12 a las 12 del mediodía.
El puerto de Buenos Aires cierra sus operaciones desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el domingo 2/12 a las 12. Durante este tiempo no habrá libertad marítima para circular, y diversas aéreas estarán controladas por Prefectura Naval.
Asimismo, en cuanto a los trenes, no habrá actividad ferroviaria en Retiro desde el viernes 30/11 a las 10 hasta el domingo 2/12 a las 12.
En otro orden, el predio de Costa Salguero estará cerrado al público desde el martes 27/11 a las 15.
Asimismo, se decretó asueto administrativo el 30 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires en todas las dependencias estatales.
La avenida Ramos Mejía también estará cortada y vigilada. En tanto, toda la zona cercana a Costa Salguero estará cerrada al público. Es un perímetro de 12 kms. que estará custodiado por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA, fuerzas antidisturbios, buzos y unidades de superficie.
Más allá de los cortes, también habrá fuertes operativos en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta. También se dispondrá un operativo con corte en Alvear y Arroyo, zona por donde circularán los mandatarios para entrar y salir de los hoteles.
Durante diciembre, el pago del bono no remunerativo de fin de año y del aguinaldo tendrá efectos tributarios para los empleados que se encuentran en relación de dependencia. El decreto establece el pago obligatorio de un bono de $ 5.000 en dos cuotas para los trabajadores del sector privado y se prometió otro para la Administración Pública Nacional.
De la redacción de la norma surgen dudas sobre lo que pasará en los casos en que los sueldos se abonen dentro del mismo mes de noviembre y de enero. El bono es no remunerativo, o sea no tiene aportes ni contribuciones jubilatorios; sin embargo, podría tenerlos para la obra social y el sindicato si así se determina. En estos casos, como sucede siempre, estos conceptos deben pagar Impuesto a las Ganancias, incluyéndolos en el cálculo de la retención que se efectúe en diciembre.
La devaluación del peso y la fuerte suba de los precios hicieron que las grandes multinacionales empezaran a contabilizar sus operaciones en la Argentina como si se tratara de una hiperinflación. Es un término técnico que se usa cuando en un país la inflación acumula 100% en tres años consecutivos.
Así, la fuerte depreciación del peso hizo que las más de 30 empresas de ese país con intereses en la Argentina que cotizan en Bolsa perdieran más de 800 millones de euros en ganancias (unos US$ 903 millones) y 1.000 millones en ingresos, según publica el diario español Cinco Días.
El gobierno de Mauricio Macri ya tiene su Presupuesto 2019. El oficialismo de Cambiemos consiguió en la madrugada de este jueves sancionar la “ley de leyes”, con apoyo de un sector del PJ y de fuerzas provinciales.
El rionegrino Miguel Pichetto llegó a hablar de la posibilidad de default de la deuda, «si no se ordena el rumbo».
A las 3.33, la pantalla marcó 45 votos afirmativos, 24 negativos y 1 abstención.
Tras el Presupuesto se votaron las leyes “complementarias”: el nuevo Consenso Fiscal también fue sancionado, con 48 votos afirmativos y 12 negativos. Y el proyecto de cambios a Bienes Personales, que con la modificación de dejar fuera del tributo a la la casa habitación, volvió a Diputados.
Impulsada por los alimentos, los gastos de vivienda y el transporte, en octubre la inflación nacional ascendió al 5,4%. Con ese dato, en lo que va del año, la suba de los precios minoristas acumula un alza del 39,5%. Y en 12 meses, un aumento del 45,9%. Son todos datos publicados por el INDEC.
Las consultoras privadas estiman que en noviembre la inflación se fue desacelerando y podría rondar entre el 2,5% y 3%. Y en diciembre con una inflación similar, el año 2018 podría cerrar con una inflación del 47-48%.
El mes pasado, los precios de los alimentos que más aumentaron fueron las verduras y hortalizas, como la papa (35,2% y la batata 35,4%), fideos secos (9%), harina (8,4%), y artículos de limpieza y tocador, jabón (10,9%), algodón (10,1%) y lavandina (8,1%), según los registros del INDEC para Capital y GBA.
La Argentina es, según el informe del Banco Mundial, el país que mayor deuda pública registra para América Latina y el Caribe en proporción al tamaño de su economía. Se trata de una cifra equivalente al 80% del PBI, en la cima del ranking.
El último informe del B. M. «De la incertidumbre conocida a los cisnes negros«, registra la preocupación por el alto nivel de endeudamiento que se está produciendo no sólo en la región, sino también a nivel mundial, el cual, según la entidad, ha alcanzado «un récord histórico». Si bien Venezuela aparece con un nivel de deuda similar al de la Argentina, se aclara que los datos de esa nación no están actualizados.
Después de Argentina, los países más endeudados de la región iberoamericana son Brasil (78%), El Salvador (76,3%), Uruguay (60,6%), Nicaragua (52,5%) y Costa Rica (52,4%).
Siguen Bolivia (51,6%), Colombia (48,1%), Ecuador (46,4%), México (45,3%) y Honduras (43,8%). Por el bajo nivel de deuda se destacan Perú (26,4%), Chile (25,6%) y Paraguay (20,4%). Tener en cuenta que se habla del porcentaje de deuda sobre el PBI, es decir, el tamaño de la economía.
Volviendo a Argentina, se señala que desde que el presidente Macri asumió, la deuda pasó del 52,6% del PBI a casi 80% y las estimaciones más conservadoras ya señalan un crecimiento aún mayor para los próximos meses.
En rigor, los datos del Banco Mundial no incluyen el ingreso de un segundo tramo del acuerdo con el FMI el pasado 30 de octubre, por u$s 5.631 millones, lo que implica no sólo un total de unos u$s 90.000 millones de incremento en la deuda pública en la gestión actual (el mayor monto neto contraído por un Gobierno en la historia argentina en tres años).
Según el mismo informe del Banco Mundial -que preside Jim Yong Kim-, solamente dos países registran proyecciones de caída en su actividad económica para 2019: Argentina (-1,6%) y Nicaragua (-0,5%). El resto de los 30 países que incluyen a América Central y el Caribe, presenta estimaciones de crecimiento, lo que despeja las especulaciones en torno al impacto que tuvo la suba de tasas de interés en EE.UU. en la región.
Según los datos de la Secretaría de Finanzas, que confirman lo antedicho, la deuda pública argentina a junio de 2018 totaliza u$s 327.167 millones, prácticamente un 36% más que en diciembre de 2015 cuando rondaba los u$s 240.000 millones. A eso hay que sumarle el monto de los cupones PBI por u$s 13.000 millones, lo que deja una cifra del orden del 80% del PBI.
Vale la pena prestar atención al cuadro de los vencimientos de esa deuda, que reproducimos abajo. Ahí se ve que el gobierno ha tenido cuidado en que la carga principal se da después del término del actual mandato. Como dicen en el campo «El que venga atrás que arree«.
Uno de los temas argentinos en los que AgendAR pone énfasis es el de la industria nuclear. Por varias razones: una es una historia de esfuerzos y logros que abarca más de 60 años; otra porque en su ámbito se desarrollan científicos, técnicos y también empresas pequeñas y grandes que aumentan las capacidades de nuestro país. Y, cómo no, porque es un aporte significativo a la producción, no contaminante, de energía.Entonces nos parece oportuno acercarles párrafos relevantes del documento para el debate que elaboró esta semana el Cuerpo de Delegados del Centro Atómico Ezeiza. Exponen reclamos gremiales, y también los que consideran debe ser parte de la política de Ciencia y Tecnología del estado argentino en este campo.
«La situación que atravesamos los sectores productivos estatales, así como la de los de salud y ciencia y tecnología, es preocupante. A los despidos y la precarización laboral se suman malas condiciones laborales, la falta de presupuesto y los recortes. Es nuestra responsabilidad como trabajadores denunciarlo porque no sólo nos perjudica a nosotros, sino también a nuestro pueblo.
En las plantas productivas hay compañeros precarizados, varios con más de 5 años bajo diferentes formas de contratación. Dada la situación planteada de no ingreso a la planta del Estado nacional por decreto, y a pesar de que los trabajadores de la CNEA no estaríamos incluidos, es urgente que las autoridades se instrumenten los medios para el pase a planta de nuestros compañeros y de todos los contratados y becarios de la CNEA. La falta de carrera laboral, agravada por la situación de precarización, es un problema para el desarrollo de las tareas de las plantas productivas (y de toda la CNEA).
También es necesario que se avance en las evaluaciones de los agentes de planta permanente, con promoción, dado que la última evaluación y promoción fue instrumentada hace 6 años. Estas evaluaciones también son necesarias para trabajadores con contrato plazo fijo.
… Los radioisótopos tienen varias aplicaciones; una de las principales es su uso en el ámbito médico, tanto en diagnóstico para la detección temprana de múltiples patologías (imágenes en medicina nuclear), así como también en el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer (que es en nuestro país una de las principales causas de mortalidad y morbilidad, tanto en hombres como en mujeres).
En Argentina, el reactor RA3 y sus plantas asociadas (ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza) es hoy el único lugar del país donde se producen los radioisótopos que abastecen a centros y servicios de medicina nuclear de todas las provincias, además de exportar a Brasil.
La CNEA es pionera en la región en este tema, y construyó y sostiene al día de hoy las instalaciones necesarias para esos procesos: el RA3 y sus plantas y sectores asociados. Sin embargo, la comercialización y distribución e estos radioisótopos es llevada adelante por dos empresas ajenas a la CNEA, que obtienen las mayores ganancias y tienen como principal cliente al sector privado de la salud y las obras sociales.
En particular, creemos que la CNEA debería desarrollar y producir generadores de Tc-99m, en principio para abastecer a los Servicios de Medicina Nuclear y Centros de Diagnóstico del sector público en todo el país, evitando la intermediación (y el costo innecesario que significa para el Estado). De hecho, los trabajadores han realizado la ingeniería de esos productos, y sin embargo no ha habido avances; nos preguntamos por qué sucede esto. Esta postura viene de la mano con nuestra defensa de la salud pública, y creemos que nuestro trabajo debe contribuir principalmente a garantizar el acceso a la salud de todo el pueblo. Por otra parte, los radioisótopos excedentes, que se producen semanalmente, podrían ser entregados al sector público, y sólo después de abastecido este, a obras sociales y empresas privadas de salud».
Radioisótopos
“Es nuestro desafío educar al público y a los políticos sobre la importancia de la ciencia para el avance de nuestro país”, afirmó el doctor Alejandro Schinder, Presidente de la Fundación Instituto Leloir, en el reciente coloquio de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania realizado en Buenos Aires.
En el marco del coloquio “Dando forma al futuro de la cooperación científica germano-argentina – El papel de la investigación impulsada por la curiosidad”, Schinder, quien también se desempeña como Presidente de la FIL, afirmó que “la ciencia es indispensable para que nuestro país avance. Y agregó “debe ser impulsada por el Estado. Los gobiernos deben reconocer la ciencia como una inversión, no como un gasto que deba minimizarse.”
Schinder ha liderado trabajos – difundidos en la prestigiosa revista Science y otras reconocidas publicaciones – que lograron describir mecanismos genéticos y moleculares que regulan la neurogénesis (producción de neuronas nuevas) en el giro dentado del hipocampo y el modo en que se “enchufan” en el circuito cerebral. Este proceso está asociado al aprendizaje y a la formación de nuevas memorias y su comprensión podría inspirar en el futuro el desarrollo de terapias para prevenir o atenuar el deterioro cognitivo por Alzheimer o lesiones traumáticas.
POLITICAS DE CIENCIA
Durante el coloquio, el doctor Schinder dijo que “lamentablemente, medidas como la disolución de Ministerios de Salud y Ciencia, la reducción del poder adquisitivo de los subsidios y el monto actual de nuestros salarios son un mensaje claro sobre las prioridades de este gobierno con respecto a la salud y la ciencia. Es un momento difícil que ha dañado a colegas y proyectos en todo el país.” Y continuó: “Necesitamos nuevas políticas para promover y proteger la investigación de manera que prevalezca independientemente de las prioridades e ideología de las autoridades de cada momento.”
Schinder también señaló que “en un momento tan difícil para el país, la colaboración internacional es más necesaria que nunca, porque la brecha tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo es enorme. Además, los programas con socios internacionales son fundamentales para amortiguar las oscilaciones.” Y destacó que programas como los que implementa la Fundación Humboldt – que mantiene una red de más de 26.000 científicos en más de 140 países en todo el mundo, incluyendo 51 ganadores del Premio Nobel – “desempeñan un rol vital brindando oportunidades alternativas a los subsidios estatales, particularmente en momentos críticos en que nuestros gobiernos son refractarios a nuestros reclamos.”
“En Argentina, estamos fracasando en promover la ciencia como un bien público necesario para lograr una mejor calidad de vida, educación y desarrollo económico. Debemos educar tanto al público como a los políticos. Los científicos debemos tomar la iniciativa en esta tarea”, recalcó Schinder.
Por sus hallazgos y el impacto que tendrán en el futuro sus líneas de investigación en el campo de las neurociencias, en 2014 la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania otorgó el premio Friedrich Wilhelm Bessel al doctor Alejandro Schinder, Jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal de la Fundación Instituto Leloir (FIL).
El Ejército de Estados Unidos, ante la falta de interés por ingresar a las fuerzas armadas de ese país, recurrirá a la creación de equipos de videojugadores que participarán de competencias y tratarán de convencer a los jóvenes de enrolarse.
Así lo informó Stars and Stripes (Barras y estrellas), un medio que no pertenece al Departamento de Defensa norteamericano pero que suele refejar las opiniones de este
ente gubernamental, según el cual los jugadores de los equipos de videojuegos dependerán
de la oficina de marketing del Ejército.
La idea de crear estos equipos de videojuegos es generar una conexión mayor del Ejército con los posibles candidatos.
Dos tercios de los jóvenes de entre 17 y 24 años que podrían servir en las fuerzas armadas no lo pueden hacer debido, entre otras razones, a que no superan determinados estándares físicos o tienen problemas de consumo de drogas.
Parece que el ala política venció una vez más sobre la económica dentro del Gobierno. Es que el presidente Mauricio Macri firmó el decreto, que salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial, para que las petroleras vuelvan a estar alcanzadas por el régimen de promoción con que cuenta Tierra del Fuego y que beneficia a los productores con rebajas impositivas y aduaneras. Estas compañías habían sido excluidas en 2012.
La medida llega en el mismo día en que se vota el Presupuesto en el Senado. El Gobierno necesita asegurarse los votos de los dos legisladores que responden a la gobernadora Rosana Bertone.
La readecuación tarifaria y los ajustes por inflación permitieron que la empresa Pampa Energía mejore su calidad crediticia según informó la empresa. Este año, invertirá u$s300 millones en exploración y producción de hidrocarburos y u$s280 millones en generación eléctrica relacionadas con el aumento de la capacidad instalada en los proyectos de la subsidiaria Genelba y proyectos de energía eólica por 150 Mw, afirmó la calificadora de riesgos Fix Scr.
Pampa Energía alcanzará este año un nivel de Ebitda cercano a los u$s 1.100 millones, dos tercios de los cuales se concentrarán en electricidad (segmento de generación y la controlada Edenor) y el tercio restante del gas natural.
La crisis que está viviendo el sector pyme se cobró una nueva víctima. La empresa textil Tileye cerró su planta en Catamarca dejando a 50 trabajadores sin empleo.
«Tuvimos que cesantear (a los empleados) con dolor y preocupación», cita una comunicado de la empresa que advierte la decisión se tomó por caída de las ventas y un deuda de $ 11 millones que no pudieron financiar.
La fábrica había sido inaugurada hace 35 años y requirió una fuerte inversión para la construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de tejeduría, corte y confección.
(Vale preguntar porqué AgendAR, un portal dedicado a la producción argentina, está dedicando espacio a las noticias del Brasil. Hay motivos permanentes: nos unen la geografía y los intereses. Somos clientes principales entre nosotros, y en productos industriales, el principal cliente, también uno del otro. Y esto seguirá así por años, no importa las reformas que se hagan, o no, al Mercosur.Pero hay un motivo inmediato: la crisis, económica, y de confianza en sí mismos que atraviesa ahora Brasil es muy similar a la que atenaza a la Argentina. Y las soluciones que se ofrecen, y los apoyos que encuentran, también son muy parecidos. Es importante analizarlas y, sobre todo, ver sus resultados. Por lo experimentar en cabeza ajena... Un comentario breve al final).Más de un centenar de economistas, académicos, empresarios y consultores formularon un plan económico integral para Brasil y se lo presentaron a al presidente electo Jair Bolsonaro.
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El conjunto de especialistas, que se armó y consolidó desde un grupo de WhatsApp creado en 2015, resumió en un solo documento –«Carta Brasil»– las principales medidas que el nuevo gobierno del país deberá tomar -según su criterio- desde enero próximo, cuando asuma el sucesor de Michel Temer.
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Son 15 directrices generales distribuidas en cuatro grandes áreas: políticas macroeconómicas, políticas microeconómicas, políticas sociales y políticas de sostenibilidad.
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Algunos de los elaboraron y redactaron el programa son Fernando Holanda, Silvia María Matos, Bernard Appy, Sandra Ríos, Cristina Terra, paulo Coutinho,Hugo Figueredo, lenadro Oliveira, Bruno Ottoni, André Portela, Leandro Piquet, Joiìsa Dutra, Samuel Pessoa, Alexandre Schwartsman, Otaviano Canuto, Flaìvio Ataliba, Elena Landau, Tiago Calvacanti, Octavio de Barros, Maìrcio Garcia, Naércio Menezes, Maìrcio Holland y Alexandre Randse, entre otros.
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«La Carta Brasil es ofrecida para la sociedad como un documento de reflexión. Creemos que la ausencia de reformas llevará inevitablemente a un proceso de estancamiento a largo plazo y eventualmente a una crisis de grandes proporciones. Estamos en una encrucijada «, afirmó Cláudio Frischtak, titular de la consultora Inter B, y uno de los referentes del proyecto.
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Sus principales puntos:
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Política macroeconómica: lograr a lo largo de los próximos dos años, un superávit «sustentable» en torno al 3% del PBI.
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Política monetaria: Autonomía formal para el Banco Central, con mandatos fijos y no coincidentes de los directores de la entidad.
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Gestión fiscal y eficiencia del Estado: reforma del sistema de seguridad social, con una migración gradual al régimen de capitalización, eliminación de los niveles mínimos obligatorios de gastos presupuestarios (en salud, educación), eliminación parcial de la estabilidad en el servicio público.
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Impuestos y pacto federal: la transacción de los tributos actuales para el IVA a lo largo de diez años, exención completa para las exportaciones, la tributación en el destino, el resarcimiento en tiempo de los créditos (fiscales) acumulados, elevar las alícuotas para impuesto sobre las herencias, aplicar el Imposto sobre Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) a las aeronaves y barcos.
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Comercio Exterior: simplificación de la estructura tributaria (alícuotas cero, 5%, 10% o 15% a las importaciones) y transformar el Mercosur de una unidad aduanera en una zona de libre comercio.
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Políticas microeconómicas: aprobación de la ley general de Agencias Reguladoras (normativa sobre órganos de control, autonomía municipal, regulaciones en general e interferencias del sector privado); simplificación del derecho procesal civil y reducción de las instancias de recursos; retirar la legislación que restrinja la oferta de servicios alternativos (como Uber, Rappi,…).
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Defensa de la Competencia: cambiar cálculo de penalidades aplicadas por el CADE (similar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia argentina) e incluir la autarquía en el proyecto 6.621, que mejora la gobernanza en las agencias reguladoras.
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Infraestructura: transferencia de empresas públicas y activos al sector privado, fomentar el trabajo conjunto PPI-BNDES (Programa de Alianza para Inversiones, similar al PPP argentino) para las concesiones de obras; combatir la baja autonomía del administrador público en la toma de decisiones.
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Ciencia, tecnología e innovación: eliminar las barreras para la importación de equipamientos y servicios en investigación de desarrollo; facilitar la emisión de visados permanentes para investigadores e ingenieros; acelerar la reglamentación de la ley 13.243/16 de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Política de lucha contra la pobreza y la desigualdad: unificación de los programas sociales Bolsa Familiar y BPC (Beneficio de Prestación Continua); revalidación de los programas sociales con mayor frecuencia; redimensionamiento de los beneficiarios de las trasferencias (pensiones) no contributivas.
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Crisis previsional: reformar el actual sistema de reparto, estudiando eventuales costos y beneficios de un régimen mixto hasta la transición completa a un modelo de capitalización (privado).
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Educación: Creación de un «índice de efectividad» para el traspaso de recursos del Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica), preservación del ProUni (Programa Universidad Para Todos); restringir los créditos del FIES (Fondo de Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior) para los cursos bien evaluados por el MEC (Ministerio de Educación) y con menor valor de la mensualidad disponible por la facultad, manutención de cuotas.
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Mercado de trabajo: unificación del abono salarial (subsidio al año del valor de un salario mínimo) y el salario familiar; unificación del FGTS (Fundo de Garantía del Tempo de Servicio) y el seguro de desempleo en un fondo de ahorro obligatorio e individual; complementación de renta para trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos.
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Seguridad pública y sistema penitenciario: revisión del Código Penal y de la ley de Ejecución Penal; fijar metas de desempeño para los policías, rastreo (registro) de armas de fuego secuestradas en el país; crear padrones para elaborar datos estadísticos.
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Sustentabilidad ambiental: cumplimiento de las mestas del Acuerdo de París; incorporación de una tasa de carbono al sistema tributario; programas de compensación financiera para comunidades tradicionales que ayudan al combate de la deforestación; mayor previsibilidad (transparencia) en la entrega de licencias ambientales (para deforestar).
Nota de AgendAR: Este programa incluye un abanico de medidas en muchas áreas, y algunas de ellas pueden ser suscriptas por gente de distintas ideologías. Pero su núcleo básico, y lo que definirá su éxito o su fracaso, es el programa económico. Y éste se basa en ideas muy definidas.Partidarios y adversarios pueden llamarlas «neoliberales», o «Consenso de Washington» o… no importa. Son las recomendaciones estándar de los organismos internacionales, el «consenso oficial» en la Unión Europea y en EE.UU. (en este último ha habido ajustes, pero se mantiene firme en las recomendaciones para el extranjero): privatizaciones, comercio libre, movimiento de capitales sin restricciones. Y un Banco Central que sea el custodio de esta ortodoxia.El problema que vemos desde AgendAR -y también otros observadores- es que el «proceso de estancamiento a largo plazo y eventualmente a una crisis de grandes proporciones» que preocupa a los autores de Carta Brasil ya llegó.Brasil lo sufre desde 2014, al menos. Argentina… ha pasado varias veces por esa experiencia. Y puede decirse que está inmerso en ella desde 1975, con altibajos. En todo caso, versiones anteriores de esas medidas ya se aplicaron. Con mayor o menor seriedad, con mayor o menor saña. Pero no han funcionado.Dilma Rousseff y Michel Temer, diferentes en su legitimidad, las aplicaron. Y están como están. En Argentina, se aplicaron a fondo con Menem, hasta con la privatización de los fondos jubilatorios. Y no impidieron la Crisis del 2001. Macri lleva casi 3 años ensayando, pero se le echa la culpa a su «gradualismo».Distintos como son Brasil y Argentina, parece que van a servir como banco de pruebas similar para esta nueva experiencia. También veremos qué respuesta dan nuestras respectivas sociedades.
La devaluación que se produjo en estos seis meses -de un dólar a $ 20 a uno de $ 37- provocó, entre muchas otras cosas, un grave problema a las compañías que tenían, tienen deuda en dólares, naturalmente.Pero también a las que no poder actualizar sus activos a la par de los aumentos de precios, tienen patrimonio neto negativo en sus balances del tercer trimestre, presentados en estos días en la Bolsa. Este fenómeno es similar al que se dio en 2002, tras la crisis que generó en las empresas la salida de la Convertibilidad.
Patrimonio neto negativo es cuando la compañía tiene más pasivos (deudas) que activos (bienes). Y, según la ley de sociedades, es una de las causas que llevan a la disolución de una sociedad. El problema fue tan grande en 2002, que el Gobierno llegó a suspender por un tiempo ese artículo para evitar el fin de varias firmas.
Aquí hay también una disputas por impuestos. Hace tiempo que las empresas reclaman al Gobierno poder actualizar sus estados contables por la inflación. El Gobierno aprobó un ajuste a partir de julio de este año, pero todavía no salieron las normas que permitan a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Inspección General de Justicia recibir balances con estos ajustes. Esos son dos de los organismos en los que las empresas están obligadas a presentar sus resultados.
Cuando el patrimonio neto es negativo y los accionistas no quieren que la sociedad se disuelva, lo que hay que hacer de acuerdo a la ley es un aporte de capital de los socios o la venta de activos. Eso es lo que está evaluando, por ejemplo, la petrolera Medanito, de capitales nacionales. La empresa informó a la CNV que el patrimonio neto negativo llegó a $ 1.609 millones en el tercer trimestre. «La sociedad y sus accionistas están analizando distintas alternativas estratégicas entre las que se incluyen la venta de ciertos activos estratégicos y un aporte de capital que mejoren su estructura financiera y patrimonial».
Otra empresa que informó patrimonio neto negativo es Desarrolladora Energética (DESA), la casa matriz de las eléctricas bonaerenses Edelap, EDEN, EDEA y EDES y la salteña EDESA. El rojo llegó a $ 6.900 millones.
También la empresa de biotecnología Bioceres se encuentra en esta situación, aunque el patrimonio neto solo fue negativo en $ 6 millones. Y Petrolera del Conosur, la filial de la venezolana PDVSA, con $ 170,4 millones.
El patrimonio negativo muchas veces no condice con la realidad, porque los activos de las empresas valen más que lo que dicen los balances. Pero afecta, por ejemplo, a la hora de salir a financiarse.
Los balances siguen llegando y es muy probable que estas no sean las únicas grandes compañías con desajustes en sus números. Habrá que ver, sin embargo, cuántas de estas situaciones son solo contables y cuáles esconden un problema financiero.
Una misión diplomática de Argelia, Egipto, Marruecos, El Líbano, Kuwait y Túnez está en Bariloche para ratificar la relación con INVAP y a acercarse al mundo productivo de la provincia.
En el gobierno provincial esperan que la presencia de esa empresa de tecnología en el mundo árabe desde hace décadas se transforme en la llave que les abra la puerta a otras compañías y a productores primarios de Río Negro en los países del norte de África.
Diplomáticos de Argelia, Kuwait, Túnez, El Líbano, Egipto y Marruecos visitaron ayer las instalaciones de INVAP en el Este de Bariloche y hoy tendrán una reunión con empresarios y productores de fruta, forrajes y carne en el hotel Llao Llao.
Egipto y Argelia ya son clientes de la empresa de tecnología aplicada de Río Negro, con una relación que tiene más de tres décadas y contactos permanentes.
Las condiciones económicas en la provincia son desfavorables -como en el resto del país- pero en el gobierno rionegrino hay expectativas por la posibilidad de que lleguen inversiones de los países árabes en agro y que se abran mercados
“Siempre existe la posibilidad de cerrar nuevos contratos. Son procesos que llevan años y que requieren la generación de confianza mutua”, explicó el presidente del directorio de INVAP, Héctor Otheguy.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Alberto Diomedi, explicó que con los embajadores y diplomáticos del mundo árabe se está analizando “qué podemos comercializar y que podemos hacer con ellos”. Agregó que la provincia tiene 200.000 hectáreas bajo riego que no están en este momento en producción.
Las empresas que prestan servicios financieros a través de las nuevas herramientas tecnológicas se multiplican en la región y, principalmente, en la Argentina. Según el informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la cantidad de «fintechs» en el país creció un 61% en el último año, de 72 a 116 emprendimientos.
Sin embargo, todavía Brasil es el país que aporta el mayor número de emprendimientos fintech en América Latina, con 380, seguido por México, con 273; Colombia, con 148, y la Argentina se ubica en el cuarto lugar. Chile completa el top 5, con 84 firmas.
En toda la región, el principal segmento de negocios sigue siendo el de pagos y remesas, que representa el 24% de los emprendimientos identificados, seguido por el segmento de préstamos (18%) y el de gestión de finanzas empresariales (15%).
De las empresas fintech desarrolladas en el país, el BID destaca a tres: Moni, una empresa que gestiona préstamos online; Ripio, y PayPerTic. Las dos últimas son firmas para realizar pagos electrónicos. El Banco además destaca la creación de la Cámara Fintech de Argentina.
