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El candidato fuerte es Gezhouba Group, que construyó la represa más grande del mundo: Tres Gargantas, sobre el río Amarillo, pero China International Water & Electric corre con chances. El pálpito viene de algunas observaciones. 1) Las licitaciones energéticas grandes rara vez las ganan empresas nacionales, porque no cuentan con financiamiento competitivo. Y además, el actual ministro de Energía, Aranguren, no se muestra inclinado a favorecerlas. 2) China ya ofreció una financiación de regalo para la Central Nuclear CANDÚ de 700 Mw a construirse en el predio de las Atuchas I y II, y esto va a pesar en la balanza. 3) China ya es la financista y probable constructora principal de las represas sobre la alta cuenca del río Santa Cruz (Cóndor Cliff y La Barrancosa, antes Cepernic y Kirchner). El Santa Cruz es el cuarto río de la Argentina, medido por caudal y pendiente. 4) China ya es prácticamente la propietaria real -por el endeudamiento generado por las mejoras- del ferrocarril Belgrano Norte, el que mueve la soja desde la llanura chaqueña a los puertos del curso medio y bajo del Paraná, algunos de los cuales son también chinos, y abastece a prácticamente todo el complejo fabril nacional de “crushing”, y extracción de aceites y harinas. Esto supone una capacidad de negociación incomparable. Por todo ello, se le pueden jugar un par de boletos a la China International Water & Electric Corp. Pero a la hora de los antecedentes, la Represa de las Tres Gargantas pesa tremendamente en favor de su rival Gezhouba Group. Esta firma levantó la mayor obra hidroeléctrica del mundo, y también la más controvertida. Tres Gargantas, sobre la alta cuenca del Río Amarillo, o Yangtzé Kiang, obligó a desplazar a entre 3 y 5 millones de habitantes ribereños hasta entonces autosuficientes, eliminó varios templos de valor arqueológico, suprimió el equivalente paisajístico chino del Gran Cañón del Colorado, con la pérdida consiguiente de valor turístico. Son costos sociales y ambientales altos. Además, sus críticos afirman que es posible que el entarquinamiento del lago a pie de muro, debido a la enorme masa de sedimento del río, deteriore rápidamente la capacidad de generación eléctrica de la obra al ir sepultando las bocatomas. Como eso no sucedió, por ahora Tres Gargantas es el mejor antecedente de obra del mundo. Si los presagios de los opositores a la represa se cumplen alguna vez, habrá que quemar esos papeles. La conveniencia de incrementar un 9% la capacidad de generación de Yacyretá no está en discusión. Es la primera fuente de electricidad del país. En realidad, el año pasado inyectó en la red el 22% del consumo eléctrico nacional. Esto tiene causas geográficas y climáticas. Como río gigante regulado por lluvias de gran variabilidad estacional sobre una alta cuenca que cubre muchos países y climas, el Paraná a la altura de Yacyretá da una «capacidad de carga» del 50%. Esto significa que cualquier turbina instalada en Yacyretá rinde el 50% de su capacidad nominal a lo largo del año. Incluso en estiaje y en años secos, el Paraná tiene agua para turbinar casi siempre. En comparación, un río hidroeléctrico patagónico como el Limay, afluente del Negro, da una capacidad de carga del 31% promedio en todos sus lagos artificiales «en cadena». El tramo binacional que le tocó del Paraná a la Argentina tiene una sola orilla rocosa y alta, la nacional, pero la paraguaya es barrosa y anegadiza. Esto hizo de Yacyretá una obra bastante discutible. Para que el lago formado aguas arriba del cierre no inundara una quinta parte de la superficie del Paraguay, hubo que «inventarle» una ribera noroccidental al río, con un altísimo talud de casi 70 km. de largo, de la misma cota que los coronamientos de los dos cierres de la represa propiamente dicha. Eso creó un embalse «de pasada» o «de pelo de agua», como se dice en la jerga, es decir con un lago que en años húmedos no tiene capacidad de almacenamiento para quedarse con un plus de agua para años secos, como sí la tienen los del río Limay. En Yacyretá, el agua que hay se turbina, y ya. Y si hay una onda de crecida excesiva, se descarta por los aliviaderos. El caudal medio en un año promedio es impresionante: 12.300 m3/segundo. Para poner las cosas en perspectiva, el segundo curso en caudal de este país, el río Uruguay, tiene 4622 m3/segundo. El tercero de la lista, el Río Negro, 1000 m3/segundo, pero eso en su curso medio, llano y de poco interés represable. El distante y muy austral Santa Cruz, 750 m3/segundo. El agua en nuestra patria está muy desigualmente repartida, como se ve. La Argentina es árida en el 66% de su superficie. No damos para gran país hidroeléctrico, como Brasil. Por todo ello, Yacyretá fue una obra mucho más difícil y cara que la vecina central brasileña de Itaipú, situada aguas arriba, donde el río Paraná corre naturalmente encajonado entre márgenes de piedra y con una pendiente sumada de 40 metros por los desaparecidos Saltos del Guayrá, hoy sepultados bajo el lago y la obra. Yacyretá tapó un conjunto de correderas y saltos que sumaban sólo 24,10 m de caída. Con tanta orilla fabricada a meno y esa menor caída, Yacyretá fue carísima en proporción a la potencia que se le pudo instalar. A eso se añade el descontrol administrativo que reinó en su construcción prolongada durante décadas de gobiernos inestables y dictatoriales en Argentina, y simplemente dictatoriales en Paraguay. Esa tradición se arrastró durante la recuperación democrática de ambos países propietarios. Como dijo en su momento la difunta Secretaria de Medio Ambiente de la Argentina, María Julia Alsogaray- al Ente Binacional Yacyretá no lo regulaba ningún país en especial «y sólo le faltaba tener himno y bandera propios». El expresidente Carlos Menem añadió al respecto que la obra había sido «un monumento a la corrupción» (acaso el riojano objetaba los monumentos ajenos). La obra se presupuestó a U$ 1200 millones y es probable que haya costado U$ 12.000, pero nadie se casa con ninguna cifra. Por lo pronto, sigue costando, porque nunca se termina. Es un contraste notable con Salto Grande, sobre el río Uruguay. Allí la gran ayuda la puso la geología, con dos orillas de piedra, barrancosas y bien delimitadas. La obra se terminó en tiempo y forma y costó U$ 1800 millones, salvo por un sobreprecio de U$ 1203 millones otorgado por el dictador Reynaldo Bignone a SIDECO 7 días antes de la jura del presidente democrático Raúl Alfonsín. Los costos ambientales y sociales de Yacyretá han sido fuertes. El lago eliminó 100.000 hectáreas de fronda prácticamente virgen, uno de los últimos relictos de la vieja Mata Atlántica o Selva Paranaense, la que fue la segunda foresta del mundo detrás de la Amazónica hasta la 2da Guerra Mundial. La población desalojada real es una cifra que se ignora. Para llevar el lago a su cota definitiva de 83 metros sobre el pie de pared sin inundar la ciudad de Posadas, alcanzada por la cola del lago, hubo que evacuar sus barrios costeros y blindar el frente fluvial con murallones. Los sistemas cloacales de la ciudad debieron ser rediseñados. Algunos epidemiólogos pronosticaron que la obra introduciría la esquistosomiasis, una parasitosis de difícil tratamiento llamada «mal de las represas», que afecta a millones de brasileños en la cuenca superior del Paraná, cuyo cauce central y cuyos tributarios son un largo encadenamiento de decenas de lagos hidroeléctricos artificiales. Eso no sucedió, al menos todavía. Tampoco ha sucedido que el lago se entarquinara, es decir que se colmatara de sedimentos a pie de pared que mermaran el rinde eléctrico de las turbinas. Yacyretá tiene 2 cerramientos divididos por una isla rocosa: el principal, con 20 turbinas que suman 3200 MW, y el de Añá Cuá, donde se deben instalar al menos 300 MW más. Hundidos ya todos los costos, sobrecostos y robos, sería una locura no instalar esas turbinas faltantes en Añá-Cuá. Podrían ser los últimos megavatios que la Argentina logre exprimirle al Paraná, habida cuenta de que las obras proyectadas para aguas abajo están todas suspendidas «sine die», caso de Paraná Medio. Dada que en su momento se hicieron acerca de Paraná Medio prevenciones parecidas a las que generó Yacyretá, salvo cambios drásticos de doctrina en el Banco Mundial y organizaciones satélites, hoy se descuenta que no habrá financiación internacional para grandes cerramientos aguas abajo. Al menos por el momento, debido a su cruce de curvas desfavorable de costo de obra, impacto ambiental y capacidad de generación, las represas en ríos de llanura no están de moda, ni siquiera en Rusia, campeón mundial en la materia. Pero China no necesita del Banco Mundial como financista y podría cambiar totalmente la perspectiva de los dos grandes ríos de la Cuenca del Plata. La expresión «impacto ambiental» no le quita el sueño a nadie en el Reino Medio, máxime en ruedo ajeno. Y si los chinos represaron el tercer río del mundo, ¿no lo podrían hacer con el octavo? Daniel E. Arias

El gobierno provincial de Santa Fe acaba de anunciar que producirá la droga misoprostol. Esta es la droga más usada del mundo en el llamado “aborto medicinal”, y ha sido indicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para practicar abortos seguros. En combinación con el mifepristone alcanza una eficacia del 97%, y como monodroga, del 80%. Para llegar a ese último porcentaje, se necesitan 12 pastillas de al menos 200 mg. de misoprostol por unidad. El efecto es el desencadenamiento de contracciones uterinas expulsivas. No es una droga fácil de controlar, porque también se usa para reducir el riesgo de úlceras estomacales y esofágicas en grupos poblacionales obligados a consumir AINES, o antiinflamatorios no esteroideos. También es la droga más barata y efectiva de provocar el “trabajo de parto” cuando éste se retrasa, con riesgo de vida para el feto y la madre. Pero además, los que tienen órganos trasplantados lo necesitan para mejorar la irrigación de los mismos, ya que neutraliza la vasoconstricción desatada por los inmunosupresores, como la ciclosporina, que aplacan la reacción de rechazo. Por ende, el modo “elegante” de conseguir misoprostol, incluso en megafarmacias porteñas, es tener una abuela con artritis, una receta médica a su nombre, y su DNI. En países donde es aceptado como abortivo su uso es muy directo: el supositorio intravaginal. En otros sitios del mundo donde el misoprostol está o estuvo totalmente prohibido –por ejemplo, por los talibanes en Afganistán o, mientras duró, por el ISIS, o Estado Islámico- se consigue por mercado negro, a precios de fantasía y con riesgos de adulteración. Es también el caso de Ecuador, Colombia o Perú. Donde está jurídicamente en “zona gris” como en Argentina, algunas organizaciones feministas la facilitan a través de sus propias redes médicas, que suministran recetas. En sus páginas web, aconsejan ir a farmacias chicas en lugar de cadenas, donde la venta puede ser objetada, y añaden que siempre es mejor que el comprador sea un hombre. Las dificultades culturales y/o legales para un acceso fácil causan sobreprecios que los laboratorios aprovechan: arman páginas web aparentemente no comerciales con números de teléfono o direcciones de e-mail para generar pedidos. Allí describen en detalle la forma, color y presentación de sus pastillas para dar seguridad de que no se trata de adulteraciones. Compradas “online”, 20 píldoras de 200 mg. de una marca aceptable (una caja de 10 probablemente no sea efectiva) pueden costar 3000 pesos a fecha de hoy. Pero las hay más caras. Éste es el marco institucional que las organizaciones feministas describen como clasista, porque da acceso a un aborto seguro únicamente a mujeres con cierto nivel cultural y fundamentalmente, económico. La fórmula de mayor demanda (Cytotec, de Pfizer) no tiene fama de barata, y menos cuando hay tantos obstáculos entre oferta y demanda. El estado como fabricante entusiasma poco y nada a los laboratorios, pero en la Argentina está apareciendo en algunas provincias y ante algunos medicamentos de muy alta demanda popular. Es el caso de algunos “sartanes”, la familia más habitual de anti-hipertensivos, cuyos precios se dispararon en forma desaforada en medio de una baja generalizada del nivel adquisitivo. Esto dibuja grupos de vulnerabilidad dentro de la sociedad. Como la hipertensión es más frecuente en la edad avanzada, la rampa de precios de los sartanes, por ejemplo, perjudica especialmente a los jubilados. Otro caso dentro de este caso (la vejez) son las estatinas, otra familia de drogas sumamente efectivas para deprimir las cifras demasiado altas de colesterol LDL en sangre. Las estatinas marcaron un antes y después en el riesgo cardíaco de la población de edad avanzada, pero muy especialmente en la femenina: la postmenopausia está bastante ligada a aumentos de colesterol incluso en mujeres que durante su vida fértil tuvieron niveles óptimos. Su encarecimiento perjudica a la población madura, pero es peor con la femenina. En la polémica de “público vs. privado”, el misoprostol tiene particularidades exclusivas: su acceso es tortuoso debido a un entorno cultural, religioso y legal tremendamente polémico, y actualmente en discusión pública. Sin que se zanje este asunto, es muy difícil tomar medidas meramente técnicas para legalizar su uso, abaratar su precio y garantizar su calidad. Podrán parecer técnicas, pero son políticas. Incluyen una toma de posición ante el aborto. Sin embargo, ponerle trabas a su venta por cuestiones «éticas» le complica la vida a dos grupos que gastan en medicamentos una parte sustantiva de su canasta familiar: los ancianos y a la población trasplantada. Hecha esta salvedad, lo que está haciendo Santa Fe con el misoprostol es un intento de bajar precios parecido al de Río Negro, que el año pasado encargó a su empresa de tecnología (INVAP) una planta farmoquímica. Se la construyó en Viedma para fabricar medicamentos enteramente distintos. Otras provincias tomarán ese rumbo: la necesidad tiene cara de hereje. Muchos creen que la intervención del estado como fabricante de medicamentos, en la Argentina, es una necesidad indiscutible para ponerle techo a su costo. La salud pública francesa o la inglesa, por dar casos de excelencia, gastan un 7 u 8% de sus fondos en medicamentos. En la Argentina, desde los años ’90 no bajan del 30%. Daniel E. Arias