Pablo Wende escribe hoy en Infobae una nota que nos parece interesante compartir. Y comentar:
«Si en algo coincidían los diagnósticos del Gobierno, la mayoría de los economistas, empresarios y opositores era en la necesidad de frenar la escalada del dólar, tras un aumento de más de 100% en seis meses.
Había dos opciones: 1) Seguir usando reservas para aumentar la oferta; o 2) Subir todavía más las tasas de interés para tentar a los inversores.
En el acuerdo con el FMI se optó por la segunda alternativa y los resultados comienzan a estar a la vista. El mecanismo negociado en Washington con los burócratas del Fondo funcionó de acuerdo con lo previsto en las dos primeras semanas. Con el plan «emisión cero» las tasas volaron por encima del 70% anual. Y el dólar acumuló dos semanas de caída, que ya supera el 10% desde los máximos que había alcanzado a fines de septiembre.
La «medicina» para controlar al dólar, sin embargo, está teniendo fuertes consecuencias o «efectos colaterales«. La gran pregunta a esta altura que nadie se anima a responder es por cuánto tiempo las tasas seguirán en valores astronómicos.
Mientras tanto, las PYME tiene que pagar un piso de 80% anual para financiarse con descuentos de cheque o adelantos en cuenta corriente. Y el público tiene que pagar 100% para sacar un préstamo personal y hasta 120% para refinanciar un vencimiento de la tarjeta.
Resulta muy difícil justificar racionalmente estas tasas superiores al 70%. Sobre todo teniendo en cuenta que la inflación esperada para los próximos doce meses no supera el 25%.
Semejante salto del costo del dinero representa un duro golpe para la actividad de las empresas, afectadas por un fuerte descenso en las ventas y ahora también por un gran aumento del costo financiero. Paradójicamente, el aumento de tasas que procura una reducción de la inflación genera el efecto contrario, porque las empresas deben trasladar a los precios el encarecimiento del crédito.
En la medida que las tasas no bajen más o menos rápido, la recesión se seguirá profundizando y además se extenderá una mayor cantidad de meses.
El stock de Leliq crece sin parar y amenaza con transformarse en otras bola de nieve. Tienen un rendimiento del 72% anual. Como el Central paga semanalmente a los bancos, la tasa de interés se capitaliza, por lo que en el transcurso de un año esa tasa efectiva es del 100%.
Para los bancos es un negocio redondo: captan plazos fijos del público a tasas del 45 a 50% para luego colocarlo en el BCRA a más del 70%.
El problema lo tiene una vez más el Banco Central. Las LELIQ empezaron siendo un monto mínimo pero su crecimiento es exponencial. El stock ya suma $ 450.000 millones pero aumentará mucho más en el corto plazo por dos razones: el rescate de LEBAC y las altísimas tasas de interés que se pagan semanalmente.
Esta necesidad de refinanciar a diario grandes volúmenes de LELIQ hace que se vuelva mucho más díficil bajar las tasas de los niveles actuales. La esperanza es que el dólar toque el piso de la banda de flotación cambiaria negociado con el Fondo y el Central pueda emitir pesos para comprar divisas. Ese escenario podría aportar algo de alivio para que bajen un poco los rendimientos.
La montaña de LELIQ que acumulará el Central y los intereses astronómicos que tendrá que pagar llevaron a algunos economistas a realizar advertencias extremas. Fueron los casos de Agustín Monteverde y Carlos Rodríguez, que plantearon el peligro concreto de encaminarse hacia un nuevo «Plan Bonex» si no se revierte rápido la suba de tasas.
Las tasas arriba del 70% no se pueden justificar por la suba de la inflación que habría llegado al 7% en septiembre y apunta al 5% en octubre. Ese fuerte ajuste de precios es un fenómeno relacionado con la devaluación.
Para adelante, se supone que la inflación en realidad se ubicaría en niveles cercanos al 25% en los próximos doce meses. Por lo tanto, se estaría pagando ahora una increíble tasa real (descontada la inflación) de más del 45%. La más alta de la historia argentina».
Creemos necesario hacer dos observaciones: Aumentar la oferta de dólares no era una opción. Porque no había, no hay, suficientes reservas para alimentar la demanda posible si inversores y especuladores veían la posibilidad de comprar un dólar «barato». La gestión Caputo «evaporó» los 15 mil millones de dólares del primer tramo del acuerdo con el F.M.I., y hubo que renegociarlo.
Segundo: las altas tasas son, necesariamente, un mecanismo de corto plazo. Porque aumenta la deuda más allá de cualquier posibilidad de pagarla. Tarde o temprano, las opciones que obligará la realidad serán: hiperinflación o reestructuración de la deuda pública.
Pasado mañana miércoles el INDEC dará a conocer el índice de inflación de septiembre. Para la mayoría de las estimaciones, estará entre 6 y 7%. En octubre, los analistas consultados prevén que la suba será algo menor. Aunque no mucho: estará en el orden del 5%.
La inflación es el hecho económico que todos experimentan en su vida diaria. Los pronósticos sirven, entonces, para los cálculos de gerentes financieros. Pero además indican que, aún para los que han apoyado este gobierno y sus planes económicos, hay desaliento y escepticismo en cuanto al manejo de esa variable fundamental.
Orlando Ferreres prevé un alza de precios en el orden del 7%. El director de la consultora Eco Go, Federico Furiase, calcula la inflación para septiembre en 5,5% y para todo el año en 45%. Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, estima que será de 6% y la del año también en 45%. Para Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, la suba de precios de septiembre se ubicará en torno al 7%, con un total para este año de 46%.
El hecho es que la aguja inflacionaria durante este mes arrastra de entrada unos 2,5 puntos de septiembre, por la devaluación en ese mes y en agosto. Y en octubre se suman otros rubros: el gas, los combustibles, los alimentos y las prepagas, más los aumentos en el transporte urbano a partir de hoy.
Así, las previsiones inflacionarias para este mes suman una dosis de inquietud sobre la salud de la economía. Porque más allá de la estabilización del dólar, a partir del plan Sandleris y de la contracción monetaria que se implementa desde el Banco Central, los consumidores siguen experimentando que los precios, lejos de desacelerarse, siguen creciendo.
«La primera semana de octubre, sólo en el rubro alimentos, nos dio 5,5% de suba. A esto hay que computarle un impacto de 1,8% que corresponde a las tarifas, naftas y prepagas», añadió a su pronóstico Federico Furiase, el economista de EcoGo.
A partir de hoy lunes, rigen nuevas tarifas en colectivos y trenes de Buenos Aires. Este es el cuadro (parcial) con las anteriores y las que se cobrarán a partir de hoy.
En 2017, el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres del INDEC contabilizó 86.700 casos en todo el país. De 2013 a 2017, se registraron 260.156 casos, con el 60% de las víctimas entre los 20 y los 39 años.
En la mayor parte de los casos recopilados estuvieron presentes la violencia física (67,4%), y la violencia psicológica (86,9%), causa de daño emocional y pérdida de la autoestima por parte de las mujeres que la padecen.
En el marco de la toma de conciencia y discusión pública de esta temática, se obtuvieron avances en el desarrollo de protocolos para actuar en casos de violencia de género en distintos ámbitos institucionales. Esa ola llegó a las empresas privadas y hoy hay, al menos, cuatro empresas que tienen procedimientos específicos para acompañar a las mujeres que pasan por esta situación y que incluyen la posibilidad de tomar licencia por períodos que van de cuatro a diez días, según el caso.
“Nos planteamos organizarnos como compañía para tener un proceso claro, confidencial y que cuide a las asociadas de la violencia dentro o fuera de la empresa”, cuenta Florencia Yanuzzio, directora ejecutiva de Fundación Avon. “Tener un protocolo le permite a la asociada tener un acompañamiento y la tranquilidad de que su fuente de ingreso, fundamental para poder salir del maltrato, no peligra”.
Las empresas recurrieron a organizaciones especializadas, como La Casa del Encuentro, para derivar a las víctimas de violencia, en caso de que lo requieran, a consultas con abogados o asistentes sociales especializados en la temática. “Se trata de acompañarlas para que puedan organizarse. Algunas pueden decidir seguir la vía judicial, otras no. La idea es fortalecerlas en casa paso”, señala Yanuzzio.
Avon, Natura y Farmacity implementaron una licencia de 10 días, corridos o no, y renovables. Carrefour otorga 4.
Las víctimas necesitan días para buscar y recibir asesoramiento legal y psicológico y, por supuesto, necesitan dinero.
El protocolo desarrollado en esa empresa para casos de violencia doméstica incluye cuatro puntos centrales: estricta confidencialidad, licencia especial, apoyo económico y reubicación.
En Farmacity desde que lanzaron el protocolo tuvieron 10 casos de violencia de género y 3 pedidos de licencia. En Carrefour, ya acompañaron 12 casos.
La semana pasada el gigante digital Amazon anunció que -ante la pérdida de los bonos extraordinarios que recibía parte de su personal en un nuevo convenio- decidía espontáneamente aumentar el salario mínimo de todos sus trabajadores estadounidenses a 15 dólares la hora. El anunció provocó debate en el mundo empresario yanqui y aún algunos comentarios en la Casa Blanca.
Más allá del contexto actual de la economía norteamericana, el anuncio fue comparado con una de las estrategias empresariales más recordadas de la historia.
Se trata de la que usó en 1914 Henry Ford, fundador de la icónica empresa fabricante de autos. Ese año Ford tomó la decisión de pagarles US$ 5 al día a sus empleados, lo que en aquel entonces era mucho dinero.
Según los analistas, Ford tomó aquella decisión por dos razones: para evitar la rotación constante de trabajadores (que afectaba la producción) y para que sus empleados pudieran comprar los autos que fabricaban. Más de 100 años después, algunos expertos ven cierta similitud en el anuncio de Amazon.
«Es una decisión con un beneficio escondido. Un golpe maestro». Primero, porque el incremento es una motivación para los empleados que le permite a Amazon reducir los altos costos de la rotación laboral.
En la práctica, es un incentivo tanto para los 250.000 trabajadores permanentes que la empresa tiene en EE.UU., y para atraer a unos 100.000 empleados temporales que contrata en las fechas de mayor demanda.
Además, la decisión se produce cuando hay demanda en el mercado laboral en EE. UU. (con el más bajo desempleo de las últimas décadas).
En segundo lugar, porque «le permitirá beneficiarse del enfoque Henry Ford: si pones más dinero en el bolsillo de los empleados, gastarán más dinero en tu plataforma».
Y por último, le permite a la firma presentar una imagen «más favorable» frente a los consumidores.
Amazon siempre está en el escrutinio público, pues alcanzó una valoración de mercado de Mil millones de dólares y su director ejecutivo, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo.
Según se estima, por esta medida los costos de Amazon podrían aumentar en un rango de US$ 900 millones a US$ 1.800 millones al año, lo cual es menos del 1% de los ingresos del gigante electrónico.
En la actual situación recesiva del mercado argentino, donde las ventas y el empleo disminuyen, esta noticia no es relevante. Pero recuerda un hecho básico de la actividad económica, que las reglas de juego de la valorización financiera hacen olvidar: los trabajadores también son consumidores.
Investigadores de la UNSAM crearon las primeras aplicaciones con glicoproteínas recombinantes en bacterias, que entrarán al mercado mundial en kits para detectar enfermedades infecciosas, como el síndrome urémico hemolítico y la brucelosis. Serán más accesibles que los productos que se usan actualmente y podrían ofrecer un diagnóstico más rápido de las enfermedades.
La Argentina es el país con mayor incidencia de síndrome urémico hemolítico (SUH) en niños menores de cinco años, una enfermedad provocada por la bacteria Escherichia Coli (E.coli) que, según datos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica(ANMAT), genera alrededor de 350 casos nuevos por año, de los cuales entre el 25 y el 30% provocan insuficiencia renal crónica y hasta la muerte (del 2 al 5,6% de los casos).
Además, se estima que uno de cada cinco niños que recibe un trasplante de riñón llega a ese estado por haber padecido el SUH. Por eso es tan importante detectar la enfermedad lo antes posible, para tratar de reducir las secuelas que puede dejar esta infección.
“Desarrollamos una serie de glicoproteínas que permiten diagnosticar el SUH rápidamente, incluso en la primera etapa de la enfermedad. A medida que íbamos desarrollando los principios activos, le fuimos transfiriendo la tecnología al Malbrán, que la implementó en el Centro de Diagnóstico de Referencia, lo que implicó que del 2014 al 2016 la eficacia diagnóstica del SUH pasara del 25 al 80%, en la Argentina”, destaca el investigador del IIB-INTECH Diego Comerci, que también es uno de los socios fundadores de Chemtest, la primera empresa de base tecnológica (EBT) incubada en la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), que lanzará sus primeros productos al mercado antes de fin de año.
“Desarrollamos toda la línea diagnóstico para enfermedades provocadas por E.coli, entre las cuales está el SUH. Eso es muy importante porque en el país no había buenas herramientas diagnósticas y las que había eran muy poco accesibles”, afirma Comerci y agrega que también desarrollarán kits de diagnóstico para uso humano y veterinario, que utilizan una combinación de biotecnología y nanotecnología para detectar, además del SUH, otras enfermedades infecciosas como la brucelosis, el chagas, el dengue y la fiebre aftosa.
Juan Ugalde, Diego Comerci y Andrés Ciocchini, de Chemtest
I. LOS COSTOS DE QUE EL PLAN NUCLEAR LO DIRIJAN PETROLEROS
¿Cuánto le cuesta al país que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y con ella, todas las empresas públicas, mixtas y privadas dedicadas al átomo, hoy estén bajo la dirección inmemorialmente petrolera del área de Energía? U$ 14 mil millones de dólares, para empezar, pero hay mucho más.
Estos cálculos los hicimos tras el encuentro titulado “El Modelo Nuclear Argentino en la Encrucijada” que organizó el periodista nuclear Alejandro Tancredi el 3 de octubre en el Centro Argentino de Ingenieros. Los U$ 14 mil millones son el valor actual del gas y los combustibles líquidos que se ahorraría el país durante el primer ciclo de vida de Atucha III en versión CANDU, 30 años. Siempre a valores de hoy, en su extensión de vida (otros 30 años) sumarían U$ 28 mil millones.
Estamos hablando de cuatro veces el costo de esta central de 740 MW que China nos financiaba a precio de regalo, que podemos construir con un 70% de componentes críticos nacionales y “clonar” cuantas veces querramos: nada en lo técnico, industrial o legal nos lo impide. La India tiene 13 centrales como ésta, de uranio natural, agua pesada y con tubos de presión, copiadas del diseño canadiense CANDU, y acaba de decidir que va por 10 más. Aquí el proyecto murió oficialmente en mayo de este año.
La CNEA terminó su primera CANDU en 1984 sin el proveedor (la AECL se fue en mitad de la obra). Tras 30 años de excelente funcionamiento NA-SA “la retubó” (es como rehacerla) para otros 30 años más. Es tecnología que conocemos bien. Con la primera financiada por China, no sería imposible hacer en forma escalonada la cantidad de CANDU que querramos sin endeudamiento externo, con cada central pagando con su electricidad la construcción de la siguiente.
¿Se entiende por qué en mayo de este año, tras dilatar, empastar y bloquear dos años su construcción, el entonces Ministro de Energía, Ing. Juan J. Aranguren (CEO histórico de la Shell) la canceló definitivamente? ¿Desde cuándo a las petroleras les interesa que Argentina ahorre petróleo y gas?
Aranguren se fue dejándonos una recesión por tarifazos, el Ministerio volvió a su viejo status de Secretaría y tomó su dirección el ingeniero en petróleo Javier Iguacel. Éste queda a cargo de seguir aplicando el “ajuste nuclear” empezando por la cancelación de Atucha III CANDU, y cuyo objetivo aparente es llegar a un Programa Nuclear Argentino minúsculo, comprador y bobo, incapaz de “pisarle” el precio de la electricidad a las petroleras, o de ganar licitaciones internacionales de reactores, como la que arrebató este año INVAP en Holanda. En suma, un Programa Nuclear que no moleste a nadie. Los costos tecnológicos, materiales, industriales y en recursos humanos son los que queremos poner a la vista.
Estimados, a la Argentina le están robando el futuro ante la nariz.
Centrales CANDU en Qinshan, China, clones de la planta que el ministro Aranguren rechazó.
El Programa Nuclear Argentino tiene 68 años y lo construyó el estado, como principal inversor y/o comprador. Su centro es la CNEA, pero lo rodea un perímetro de empresas públicas como INVAP S.E. (del estado rionegrino); ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) otra S.E. en copropiedad de la CNEA y Neuquén para administrar la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, en Arroyito, Neuquén); NA S.A. (Nucleoeléctrica Argentina); y Dioxitek, fabricante de pastillas cerámicas de uranio para las centrales. Dioxitek también se encarga de extraer y encapsular 60Co (Cobalto 60) de nuestra única central CANDU para radioterapia y usos industriales.
Hay un segundo anillo formado por los gigantes privados de la ingeniería nacional, con mayor o menor compromiso atómico. Pérez Companc es socio de CNEA en CONUAR S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos) y FAE S.A. (Fábrica de Aleaciones Especiales). Otros como TECHINT e IMPSA participan eficazmente como proveedores sólo cuando el estado hace obra, pero al hacerlo adquieren tecnología nueva que a veces los vuelve “winners”: la exquisita metalurgia de los caños sin costura de TECHINT, primera proveedora mundial de pozos petroleros, salió de la CNEA. Hay decenas de ejemplos similares. El negocio nuclear no es iluminar lamparitas sino cerebros.
El tercer anillo es el socialmente decisivo: más de 140 PyMES que lograron elevar su producción a calidad nuclear en obras como la terminación de Atucha II o el retubado de Embalse, en las que miles de obreros y técnicos adquirieron técnicas avanzadas de soldadura o montaje, y 400 ingenieros calificaron como “nucleares”.
Este programa tardó 68 años en construirse, está jalonado de exportación de reactores (Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita, Holanda) y tiene una rareza: ¿cómo se sostiene tanto recurso humano experto, tanta industria proveedora con sólo 3 centrales? La participación nuclear en el mercado eléctrico argentino bajó de picos del 15% en los ’80 al 5,4% hoy, no sin un tremendo lobby adverso que paralizó y casi mató al Programa Nuclear entre 1983 y 2006.
La decisión petrolera de este gobierno fue suspender la cuarta central nuclear (Atucha III) y pasar a la quinta, una Hualong-1 china de la misma empresa que nos financiaba Atucha III, la CNNC, o Chinese National Nuclear Corporation. Financiar Atucha III era el «bono» para vendernos la otra, porque no hay ninguna Hualong-1 funcionando en el mundo, ni siquiera en China.
El gobierno nacional anterior, sabiendo esto y también que la Hualong-1 era un desvío de la tecnología PHWR adoptada como “línea nacional” desde 1968, pero también una rara oportunidad financiera y tecnológica, aceptó la oferta paquete por ambas: 85% financiación china a 20 años, 4% de interés y con 8 años de gracia. Eso sí, exigió escalonar los comienzos de obra: la central PWR, es decir la Hualong-1 de uranio enriquecido se empezaría dos años más tarde. Eso permitiría juzgar al menos la marcha inicial de las dos primeras Hualong-1 en China, daría tiempo a la Autoridad Regulatoria Nuclear a examinar y objetar lo que fuera necesario, y prepararía a la industria argentina para poder negociar la máxima participación posible en la nueva PWR, con la que no ha tenido experiencia alguna. Todo eso terminó en la nada.
Xi-Jinping, el premier chino, está más que contento de no tener que financiar Atucha III CANDU y de testear su Hualong-1 en Sudamérica, terreno en disputa con Rusia desde que en 2014 Rosatom vendió su primer reactor nuclear en Bolivia. “El tío Xi”, como lo llaman en su país, se quedará dos días en Buenos Aires expresamente para asegurarse con papeles firmados que el gobierno actual o el futuro no puedan posponer la Hualong-1 sin pagar multas pesadas. Sí o sí, la obra tendrá que arrancar en 2022.
Pero El Tío exigirá contrato “llave en mano”, con la mínima participación posible de la industria argentina (obra civil, a lo sumo, es decir hormigón y ladrillos), o mejor aún, ninguna.
Eso no es aceptable para los argentinos
* Andrés J. Kreiner. Investigador superior
CNEA-CONICET. Miembro de APCNEAN
* Daniel E. Arias, periodista científico
Olvídense del eslogan «Pobreza Cero», del debate sobre el aborto y hasta del Metrobús en el AMBA. El factor al que la gestión Macri (petrolera si las hay) apuesta su lugar en la historia es la explotación del gigantesco yacimiento de Vaca Muerta.El problema es que ese desarrollo -en esta etapa- necesita de subsidios. El gobierno los está proporcionando -cree que destruyen la cultura del trabajo cuando se dan a los pobres y a las pymes, mas nunca cuando lo reciben laspetroleras- pero la situación fiscal hace que ya no puedan garantizarse en el futuro. Y las protestas que levantó la desafortunada decisión de Iguacel de cobrar en cuotas a los usuarios la devaluación, y que obligó al gobierno a retroceder, aumentó las dudas de las compañías petroleras.Eso, al menos, es lo que se desprende de esta investigación del periodista Nicolás Gandini para Perfil, que compartimos:
«El affaire de las cuotas para pagar el desfasaje de costos de las petroleras por la devaluación fue la gota que rebalsó el vaso en el horizonte de las empresas que tienen comprometidas inversiones en Vaca Muerta, la joya energética con la que la Casa Rosada quiere marcar un antes y un después en su gestión.
Es que por ése y diversos motivos más, las principales compañías del ramo podrían frenar inversiones por hasta US$ 1.200 millones, en un contexto de caída en la facturación por US$ 3 mil millones el año que viene.
Así surge de sondeos entre las compañías y los funcionarios del Gobierno que negocian distintas líneas de financiación y determinan la remuneración por el fluido que producen.
Por un lado, como había aumentado la oferta de gas de Vaca Muerta, el Gobierno decidió reducir la remuneración que se paga por el gas para industrias y hogares de 4,50 dólares por millón de BTU a cerca de 3,30; lo que implica para las petroleras una merma en su recaudación de unos US$ 450 a 500 millones menos el año que viene.
Pero al mismo tiempo, para abaratar la generación eléctrica, lo que en julio se pagaba a US$ 5,20 dólares por millón de BTU empezó a pagarse a entre US$ 3,50 y US$ 4, lo que también supondrá una merma en los ingresos para las empresas de otros US$ 550 millones en 2019. Por eso las principales empresas, desde YPF a Total, Pan American Energy o Pampa Energía, ya piensan en reducir desembolsos hasta en un 50%.
Además, hay una deuda acumulada del Plan Gas de 2017 por 1.600 millones de dólares (solo para YPF son US$ 840 millones). Estaba previsto pagarlo con deuda a emitirse según el artículo 56 del Presupuesto, pero ahora quedó bajo la lupa del Fondo Monetario, y hay dudas de si se pagará. En ese caso, también son fondos para inversión.
Y sobre eso están los $ 17 mil millones, que se iban a pagar los usuarios en 24 cuotas y ahora lo hará el Estado pero con un año de gracia. Son otros US$ 400 millones en duda, que también las empresas contemplaban y no se sabe si lo tendrán. Todo esto sin contar que hay US$ 3.800 millones de inversiones a la espera de que aprueben un subsidio en Hacienda por US$ 1.200 millones, que no tiene el visto bueno aún».
La AFIP descubrió que está siendo uno más de los damnificados por la elevada tasa de interés que impone la política monetaria restrictiva del Banco Central: las pymes que tienen un régimen especial por el cual pueden postergar el pago de impuestos por una “ventana” de 60 días, lo están usando al máximo.
Las cuentas son claras, y las hacen todos las empresas que deben algún impuesto: la tasa que cobra la AFIP por demorar los pagos es de 3% mensual y en los bancos les cobran más del doble. Financiarse con la AFIP pasa a ser ventajoso en una situación de extrema dureza financiera en la que la postergación de obligaciones pasó a ser moneda corriente en la cadena de pagos.
Este «estrés» en la cadena de pagos va en ascenso y, junto con el atraso salarial y ahora el retroceso del dólar, son las principales anclas que tiene el Gobierno para combatir a la inflación que esta semana será noticia cuando se difunda el índice de septiembre (¿5%?).
Pero la baja en la recaudación impositiva aumenta el déficit fiscal, una señal de alarma para el F.M.I. y los otros acreedores de la Argentina: así disminuyen los recursos que tiene el Gobierno para pagar sus deudas.
El tema de los alquileres es uno de los problemas tradicionales en la sociedad argentina. Y también, seamos realistas, en la mayoría de las sociedades occidentales. En nuestro país se ha agravado en los últimos años al hacerse cada vez más difícil el acceso a la vivienda propia. Pero además los aspirantes a inquilinos denuncian requisitos exagerados y los costos que implica la firma de un contrato.
Por eso el Gobierno incluyó en el reciente conjunto de medidas encaminadas a recuperar la aprobación de sectores de las numerosísimas clases medias argentinas -con el menor costo para su política económica- un proyecto de reforma de la Ley de alquileres, con cambios que apuntan a mejorar las condiciones del locatario.
La iniciativa que impulsa el Ejecutivo toma como base el proyecto que tiene media sanción del Senado e incorpora una iniciativa del diputado oficialista Daniel Lipovetzky. Además, suma distintas modificaciones que se vienen analizando entre distintas organizaciones de inquilinos junto a equipos técnicos del Gobierno. La ley vigente, con mínimas reformas posteriores, data de 1984.
Los cambios relevantes que impulsa el Gobierno son:
– Amplía la posibilidad de utilizar otras opciones de garantías, como la bancaria, más allá de la que requiere el aval del propietario de un inmueble no bien de familia para acceder a un alquiler. (Esto abre también un nuevo nicho de negocios para los bancos).
– Regula la forma para actualizar la cuota, que será cada 6 meses, según el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC y la variación salarial.
– Aumenta de 2 a 3 años el plazo mínimo en los contratos de alquiler de viviendas.
– Regula el pago de comisiones, depósitos y adelantos. La comisión inmobiliaria la abonará solo el propietario.
– Las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario, sin excepciones.
– El inquilino podrá dejar el inmueble dos meses antes de la finalización del contrato sin pagar multa.
Para acceder al texto completo del proyecto en debate en el Congreso, cliquee aquí.
Centrales CANDU en Qinshan, China, clones de la planta que el ministro Aranguren rechazó.
El Programa Nuclear Argentino tiene 68 años y lo construyó el estado, como principal inversor y/o comprador. Su centro es la CNEA, pero lo rodea un perímetro de empresas públicas como INVAP S.E. (del estado rionegrino); ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) otra S.E. en copropiedad de la CNEA y Neuquén para administrar la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, en Arroyito, Neuquén); NA S.A. (Nucleoeléctrica Argentina); y Dioxitek, fabricante de pastillas cerámicas de uranio para las centrales. Dioxitek también se encarga de extraer y encapsular 60Co (Cobalto 60) de nuestra única central CANDU para radioterapia y usos industriales.
Hay un segundo anillo formado por los gigantes privados de la ingeniería nacional, con mayor o menor compromiso atómico. Pérez Companc es socio de CNEA en CONUAR S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos) y FAE S.A. (Fábrica de Aleaciones Especiales). Otros como TECHINT e IMPSA participan eficazmente como proveedores sólo cuando el estado hace obra, pero al hacerlo adquieren tecnología nueva que a veces los vuelve “winners”: la exquisita metalurgia de los caños sin costura de TECHINT, primera proveedora mundial de pozos petroleros, salió de la CNEA. Hay decenas de ejemplos similares. El negocio nuclear no es iluminar lamparitas sino cerebros.
El tercer anillo es el socialmente decisivo: más de 140 PyMES que lograron elevar su producción a calidad nuclear en obras como la terminación de Atucha II o el retubado de Embalse, en las que miles de obreros y técnicos adquirieron técnicas avanzadas de soldadura o montaje, y 400 ingenieros calificaron como “nucleares”.
Este programa tardó 68 años en construirse, está jalonado de exportación de reactores (Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita, Holanda) y tiene una rareza: ¿cómo se sostiene tanto recurso humano experto, tanta industria proveedora con sólo 3 centrales? La participación nuclear en el mercado eléctrico argentino bajó de picos del 15% en los ’80 al 5,4% hoy, no sin un tremendo lobby adverso que paralizó y casi mató al Programa Nuclear entre 1983 y 2006.
La decisión petrolera de este gobierno fue suspender la cuarta central nuclear (Atucha III) y pasar a la quinta, una Hualong-1 china de la misma empresa que nos financiaba Atucha III, la CNNC, o Chinese National Nuclear Corporation. Financiar Atucha III era el «bono» para vendernos la otra, porque no hay ninguna Hualong-1 funcionando en el mundo, ni siquiera en China.
El gobierno nacional anterior, sabiendo esto y también que la Hualong-1 era un desvío de la tecnología PHWR adoptada como “línea nacional” desde 1968, pero también una rara oportunidad financiera y tecnológica, aceptó la oferta paquete por ambas: 85% financiación china a 20 años, 4% de interés y con 8 años de gracia. Eso sí, exigió escalonar los comienzos de obra: la central PWR, es decir la Hualong-1 de uranio enriquecido se empezaría dos años más tarde. Eso permitiría juzgar al menos la marcha inicial de las dos primeras Hualong-1 en China, daría tiempo a la Autoridad Regulatoria Nuclear a examinar y objetar lo que fuera necesario, y prepararía a la industria argentina para poder negociar la máxima participación posible en la nueva PWR, con la que no ha tenido experiencia alguna. Todo eso terminó en la nada.
Xi-Jinping, el premier chino, está más que contento de no tener que financiar Atucha III CANDU y de testear su Hualong-1 en Sudamérica, terreno en disputa con Rusia desde que en 2014 Rosatom vendió su primer reactor nuclear en Bolivia. “El tío Xi”, como lo llaman en su país, se quedará dos días en Buenos Aires expresamente para asegurarse con papeles firmados que el gobierno actual o el futuro no puedan posponer la Hualong-1 sin pagar multas pesadas. Sí o sí, la obra tendrá que arrancar en 2022.
Pero El Tío exigirá contrato “llave en mano”, con la mínima participación posible de la industria argentina (obra civil, a lo sumo, es decir hormigón y ladrillos), o mejor aún, ninguna.
Eso no es aceptable para los argentinos
