Después que la Universidad Católica Argentina anunció un aumento importante de la pobreza en el 1° semestre de este año, el gobierno admite en privado que el 27 de septiembre, cuando se conozca el informe del INDEC, la pobreza afectará a cerca de un 30% de la población.
Será una postal muy diferente de la que se anunció en marzo pasado, cuando desde Casa Rosada se informó que la pobreza había bajado de manera sideral en el último semestre de 2017: 25,7%, casi tres puntos menos que en el período anterior y siete por debajo de la primera medición que había hecho en su presidencia.
Un mes después, con la crisis cambiaria a toda velocidad, una devaluación superior al 50%, la inflación disparada, el índice superará en casi cinco puntos al registrado por en marzo.
Medido en cantidad de personas, los argentinos que volverán a ser clasificados como «pobres» serán más de los casi dos millones que, estadísticamente, habían dejado de serlo hace apenas cinco meses.
Nos parece necesario reconocer que estos índices son elementos necesarios para determinar políticas sociales con impacto masivo. Pero también hace falta tener presente que la pobreza y la indigencia no están expresadas en forma directa por el tipo de cambio y la inflación.
La realidad humana de la pobreza son las cosas que faltan y que hacen al bienestar y la dignidad de las personas: el empleo en blanco, la atención sanitaria, la educación, la vivienda, el transporte, la seguridad.
Si se toma en cuenta esto, si se enfrenta esta realidad, tendremos claro que los argentinos pobres son muchos más que los que registran el INDEC o la UCA.
Si bien en los últimos años el teléfono celular se volvió un producto casi indispensable para los argentinos, el sector no se quedó fuera de la caída de ventas en junio y julio, explicado por:
La suba de precios posdevaluación.
El encarecimiento de los planes de financiación que provocaron las altas tasas de interés.
En la Argentina se venden, solamente en el mercado legal, entre 9 y 11 millones de celulares por año, sin contar los teléfonos que compran en el exterior los argentinos y los que se venden en el sector informal. Un número no menor para un país de 45 millones de habitantes.
Este año, el segmento finalizará con ventas de 9,8 millones de equipos.
Pues bien, hasta ahora, las devaluaciones del primer semestre impactaron en las ventas, que cayeron en unidades un 16,5% en junio con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la consultora GfK.
En cuanto a facturación por venta de celulares, mientras en el acumulado del primer semestre aumentó un 47% en comparación con los primeros seis meses del año pasado, solamente en junio cayó un 25,2% interanual.
Los celulares de la gama premium fueron los que más cayeron en unidades en junio, con una baja del 60%, mientras que los de gama alta cayeron 36%; los de gama media, un 22%, y los más bajos, un 11%, según aportó una empresa del sector.
«Aparte de venderse menos, los retailers, que normalmente trabajaban con un determinado nivel de stock para abastecer la demanda, lo reducen, porque tener ese inventario significa tener inmovilizada la plata, y no la podés tener inmovilizada con los niveles de interés que hay», explica Federico Hellemeyer, de Afarte (cámara que agrupa a los fabricantes de electrónica), que indica que la producción cayó un 16% en el segundo trimestre del año.
Por su parte, Germán Greco, gerente general de Motorola, indicó que las ventas «se mantuvieron flat año contra año de enero a junio, aunque se espera una caída en el segundo semestre de entre 10 y 15%». Además, señaló que la industria creció un 22% en 2017 contra el año anterior. «Motorola creció un 102% en volumen puro, lo que nos permitió aumentar el share del mercado de 14 a 22%», dice.
Bruno Drobeta, director comercial senior de la división de Mobile de Samsung Argentina, dice que «el mercado de celulares se volvió anticíclico en los últimos dos o tres años, porque es un producto de primera necesidad», e indicó que si bien las ventas no bajaron, pasaron de crecer a un ritmo del 20% a uno del 5% en junio.
«Nuestra proyección es que vamos a terminar en volúmenes similares a 2017, pero invirtiendo en mayores promociones y más comunicación en la segunda parte del año».
El escándalo de los «cuadernos de Centeno» ya comenzó a golpear en el mercado de títulos y acciones. Aunque sólo hay un puñado de empresas, hasta ahora, que han sido vinculadas a la causa judicial, empezaron a verse efectos en las cotizaciones.
Así el Merval cerró en baja, presionado por los papeles de Ternium, una firma de Techint. «Ya vemos un impacto importante en los bonos. Albanesi, MSU, entre otros. Todos se movieron fuerte para abajo», explicó Leonardo Chialva, de Delphos. La semana pasada, tras la detención de Armando Losson, CEO de Albanesi, la compañía tuvo que volver a postergar la salida de un bono. El título de deuda que la compañía colocó en 2016 ya cayó 22% desde que comenzó el escándalo.
Ya antes la calificadora de riesgo Moody´s había alertado en un comunicado: «Las investigaciones y órdenes de arresto son negativas para Electroingeniería y Albanesi. Conllevan un claro riesgo de reputación y distraerán a la gerencia de las operaciones diarias».
En mayor o menor grado, todas las empresas vinculadas a la obra pública y a la importanción de energía están sufriendo esos efectos.
«El litio es el nuevo petróleo, y Argentina tiene la posibilidad de liderar una nueva revolución industrial en torno a este recurso», aseguró Daniel Layton, socio de Ensorcia Metals Corporation, una firma energética que se está enfocando en el negocio de las energías renovables.
Layton visitó Buenos Aires para encontrar una mejor locación para instalar una planta de baterías de litio.
La inversión proyectada es de u$s 400 millones para construir y operar dos plantas industriales: una en Argentina y otra en Chile.
«Hemos desarrollado una tecnología propia para fabricar baterías de litio que es amigable con el medioambiente, dado que prácticamente no generamos desechos, y
reutilizamos el agua en un 95%», detalló ante uno de los cuestionamientos a esta actividad: la utilización de grandes cantidades de agua y productos químicos que degradan el ambiente, para extraer el litio de los salares.
«Nuestro plan es integrar la producción de baterías, y generar una cadena de valor, que vaya más allá de extraer el recurso y exportarlo para ser procesado en otro país. Pensamos instalar las fábricas lo más cerca posible de los salares de litio, e incentivar la fabricación local de vehículos y motos eléctricas. Estamos en conversaciones con al menos tres compañías interancionales».
Más allá de este proyecto de Ensorcia Metals, las proyecciones de Goldman Sachs indican que para 2025, el 25% del parque automotor mundial va a ser eléctrico. Las principales automotrices -sobre todo europeas y japonesas- tienen previsto migrar su flota hacia vehículos sustentables en los próximos años.
Las acciones del grupo farmacéutico alemán Bayer, nuevo propietario de Monsanto, perdían alrededor de 11% en la bolsa alemana después de la condena sin precedentes a la empresa agroquímica estadounidense por su herbicida Roundup.
El proceso histórico contra Monsanto, el primero relacionado con el posible carácter cancerígeno de los productos con glifosato de Monsanto, podría salirle caro a Bayer, que había cerrado a principios de junio la compra del gigante estadounidense por US$ 63.000 millones.
Sin embargo, el grupo alemán se mostró optimista sobre el recurso que tiene previsto presentar su filial Monsanto contra la condena que le obliga a indemnizar a un hombre en EE.UU. que asegura que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición al herbicida glifosato.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos financiarán durante cinco años la colaboración de un investigador del Conicet en el Instituto Leloir con una colega de la Universidad de Harvard.
El objetivo es identificar los programas genéticos que se activan en una neurona durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo, lo que podría inspirar el desarrollo de terapias para prevenir o atenuar el deterioro cognitivo por Alzheimer o lesiones traumáticas.
Recibirán un importante subsidio para investigar la secuencia de pasos que determinan la producción de neuronas que ocurre en el hipocampo adulto (región cerebral de la memoria y el aprendizaje) y el modo en que este proceso se altera por el envejecimiento.
Se trata del doctor Alejandro Schinder, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal en la Fundación Instituto Leloir (FIL), y la doctora Paola Arlotta, del Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa de la Universidad de Harvard, quienes recibirán fondos del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, que depende de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, en el marco de un programa del Centro Internacional Fogarty, que apoya la investigación global de trastornos del cerebro y del sistema nervioso.
Mediante la realización de experimentos con modelos animales, Schinder y Arlotta apuntan a identificar los mecanismos genéticos y moleculares que regulan las diferentes etapas que atraviesan las neuronas que se «fabrican» en el hipocampo y que luego se «enchufan» al circuito del cerebro adulto.
«Se sabe que el hipocampo y otras áreas específicas del cerebro siguen fabricando neuronas durante toda su vida, un proceso conocido como ‘neurogénesis‘ que está vinculado con el aprendizaje y la formación de nuevas memorias», explica Schinder.
«Nuestra línea de trabajo ayudará a comprender a nivel molecular los factores responsables de la disminución de la plasticidad con la edad», señala el investigador argentino, quien resalta que precisamente el objetivo del proyecto binacional es encontrar los programas genéticos que se activan secuencialmente en una neurona durante su desarrollo en el cerebro adulto y viejo.
Para identificar los genes que cumplen un rol en cada uno de los momentos del desarrollo de las neuronas nuevas del hipocampo, «será necesario emplear técnicas de secuenciación masiva a nivel de una célula única, haciendo uso intensivo de herramientas de análisis bioinformático e integración masiva de datos para ayudar a la interpretación biológica de experimentos», afirma un científico argentino que va a colaborar con el proyecto, el doctor Ariel Chernomoretz, jefe del Laboratorio de Biología de Sistemas Integrativa del Instituto Leloir y también investigador del Conicet.
Los subsidios del Centro Internacional Fogarty, que este año cumplió medio siglo, buscan promover investigaciones sobresalientes en Estados Unidos y el resto del mundo que apuntan a encontrar soluciones a las necesidades de la salud pública global.
Schinder, más allá de la satisfacción personal, destaca que «debemos tomar como ejemplo el hecho de que Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos decidan financiar proyectos internacionales porque consideran que las cuestiones fundamentales se resuelven explotando la diversidad de pensamiento, con sus diferentes focos y geografías. Es rol ineludible del Estado Argentino sostener y alimentar la valiosa diversidad y calidad que hoy identifican a nuestra propia comunidad científica, imprescindible generadora de soluciones a los problemas actuales de nuestra sociedad».
El 40% de los empleados de la Administración Pública Nacional cobró un plus por presentismo, durante el cuatrimestre que fue de febrero a mayo, según datos oficiales.
La mitad de esos 80.000 empleados cobraron $ 5.200 el mes pasado, por no haber faltado ni un sólo día a su lugar de trabajo durante los meses de febrero a mayo. Y el resto cobró un porcentaje de esa cifra, según la cantidad de días que tuvo faltas justificadas.
Es que el pago es cuatrimestral y surge de contabilizar $ 1.300 mensuales para los que tienen asistencia perfecta; $ 910 mensuales para quienes tuvieron hasta cuatros faltas justificadas, durante el cuatrimestre; y $ 520 mensuales, para los que faltaron hasta ocho veces en ese período.
Pero los empleados que no pudieron justificar una de sus faltas, perdieron la posibilidad de cobrar el plus y, además, tuvieron descuentos en sus haberes, a razón de $1.100 por día sin ir a trabajar.
Esta es la tercera vez que se realiza un pago por presentismo. El primero fue para el período junio-septiembre del año pasado; el segundo, por octubre 2017 a enero 2018; y el último fue el pago por el período febrero a mayo de este año.
Un decreto del mes pasado establece que no ingresará más personal nuevo a los ministerios, Jefatura de Gabinete, ni organismos descentralizados como AFIP, PAMI, ANSES, entre otros, bajo cualquier modalidad de empleo o contratación hasta fines de 2019.
Se establecen excepciones «autorizadas» para las universidades, Conicet, personal del servicio exterior, Fuerzas Armadas y de seguridad. También para los concursos en marcha o nuevos -pero internos-, como los de la alta dirección; los habilitados por la Ley de Presupuesto para reponer vacantes; los cargos previstos en «estructuras orgánico-funcionales» y si hay «riesgo operativo, previo agotamiento de búsqueda interna y autorización extraordinaria».
Frente a los proyectos que impulsan la acuicultura con especies exóticas en el mar argentino, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico alertó sobre los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que causaría la actividad.
Un grupo de 23 organizaciones argentinas e internacionales agrupadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia publicó un informe para advertir sobre los graves impactos que tendría el cultivo de salmones y truchas en la costa argentina. De eso tratan las inicitivas que están siendo consideradas por el gobierno nacional y por la provincia de Tierra del Fuego.
Las agrupaciones se nuclean alrededor de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), cuyo perfil histórico ha sido «business friendly»por décadas). Entre los científicos, preside el Foro el Dr. Claudio Campagna, investigador principal en el CENPAT de Madryn, el mayor de los institutos oceanográficos del CONICET y asesor científico en biodiversidad del Proyecto Pampa Azul. En un país donde los ecologistas con consignas terminan siendo un enemigo natural de los ecólogos con doctorados, muchos de los 23 organismos y personas firmantes acreditan títulos que les vale ser escuchados. No son el activismo pago, mediático y autorreferencial de la Gran Multinacional de Salvar al Planeta, que en esta movida no aparece.
Básicamente, el Foro cuestiona la propuesta de instalar y operar centros de cultivo de salmónidos por tratarse de especies introducidas que no pertenecen naturalmente a la Argentina. Pero, citando al Indio Solari, «El futuro llegó hace rato»: en el brazo del Canal del Beagle que separa Isla Redonda de Bahía Ensenada, en pleno Parque Nacional Lapataia, 30 km. al Oeste de Ushuaia, hubo jaulones flotantes de cultivo de truchas arcoiris desde los ’90. También hay algunos a 75 km. hacia el Este de esa capital, siempre sobre la orilla argentina del Beagle, en la pequeña bahía de Puerto Almanza, frente a la ciudad chilena de Puerto Williams sobre la isla Navarino.
Allí en Almanza la gobernadora fueguina Rossana Bertone y el Ministro de Ciencia, Lino Barañao, con un fondo de $ 143 millones, quieren escalar la producción artesanal a tamaño industrial con un conjunto de granjas de cultivos marinos multiespecies, «multitróficas», en la jerga. Hasta ahora, en Almanza la actividad es mínima: desde 1991, unos 30 pescadores artesanales extraen centollas, centollones, mejillones, cholgas y otros moluscos. Con la iniciativa INNOVACUA de Bertone y Barañao, presentada por la Subsecretaría de Pesca a la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y en la que tiene interés (o intereses) hasta la lejana Noruega, todo esto pasaría a escala industrial e intensiva. Habrá granjas multitróficas de salmónidos, erizos de mar, además de todas las especies enumeradas que hoy en Almanza se extraen salvajes. Lo que se quiere impedir ya sucedió: la diferencia es de escala. Pero como sabe todo científico, hay algo cualitativo en lo cuantitativo. “En base a la abundante información científica y técnica disponible, el cultivo de especies introducidas en un ecosistema tan rico y frágil como el mar patagónico representaría un error histórico que lamentaremos para siempre. Las graves implicancias ambientales de la salmonicultura, sobre todo en ecosistemas donde estas especies no son nativas, están totalmente comprobadas y son irreversibles”, sostiene el Dr. Claudio Campagna.
Lo que Campagna pronostica para el Beagle ocurrió hace décadas al Norte en aguas interiores. Empezó en los los lagos de cabecera de los arroyos cordilleranos que confluyen en esos pocos ríos capaces de cruzar la meseta patagónica rumbo al Atlántico. La siembra deliberada de truchas arcoris, para pesca deportiva, y luego las granjas de cultivo de éstas y de salmones Chinook, especies de crecimiento muy rápido y con gran demanda gastronómica, terminó con la colonización de todas estas cuencas fluviales gracias a los «prófugos». Su voraz descendencia barrió con los peces nativos, como los puyenes.
Un pescador levanta un salmón Chinook obtenido en el Río Grande. (Fuente: Patagonian Green).
Los salmónidos traídos desde el Pacífico Norte ya se «acriollaron» hace décadas y no se irán más. Les falta sólo tener DNI. Pero en este caso puntual, nadie perdió plata. Más bien lo contrario. Hay estadounidenses que pagan hasta U$ 500/noche por «apertura de tranquera» en estancias colindantes con algún arroyo o río patagónicos, deseosos de enganchar una arcoiris de 10 o 12 kg o un Chinook aún mayor. Son frecuentes en el Río Grande.
Las especies invasivas traídas a la Argentina ganan por knock-out a las nativas, al punto de que casi todos nuestros compatriotas hoy las creen originarias. ¿Hay daño económico en ello? A veces, y puede ser grande. Los castores importados desde Canadá a Tierra del Fuego para generar una industria peletera en los años ’30 hoy son plaga: no tienen predadores ni parásitos locales, de modo que vienen devastando alegremente el bosque primario de lenga y ñire en todo el corazón de la isla. ¿Y eso a quién afecta? A bastante gente industrial.
a plata turística y maderera que generan esas forestas es importante en Tierra del Fuego. Peor aún, en un clima menos extremo, la piel del castor fueguino es mucho menos tupida que la de sus antecesores canadienses: en términos peleteros, no sirve para nada. Tampoco han servido los esfuerzos para exterminarlos.
Escapando de las recurrentes guerras entre franceses y alemanes, el industrial cervecero alsaciano Emilio Bieckert se instaló, durante la presidencia de Sarmiento, en Buenos Aires. Pero no se limitó a traerse el equipo técnico con que produjo tanta buena cerveza en los campos de Llavallol, sino también jaulas con gorriones para no extrañar tanto su pueblo de origen, Barr. Los hiperprolíficos gorriones desalojaron a los chingolos, mistoles y jilgueros autóctonos. En 1931 ya eran plaga tanto para la agricultura extensiva como para las quintas frutícolas. Se los empezó a exterminar. Pero con hasta 4 nidadas/año por pareja reproductiva, los gorriones ni se enteraron y aquí siguen. Los porteños los aprecian de un modo distraído. Los quinteros del Alto Valle del Río Negro, no.
Lo que el Foro quiere es impedir que sucedan más de estas cosas en el Canal del Beagle, pero el problema no está en la fauna sino en los métodos de cría o cultivo. Las salmoneras ya instaladas en Chile codician aguas más prístinas, con mayor flujo de corriente que disperse hacia el Atlántico la contaminación química y de materia orgánica que generan del lado oriental de los Andes, donde se acumula en aguas más cerradas.
La geografía costera chilena, con su laberinto de canales, fiordos, puertos profundos y caletas, se llenó de tal modo de jaulones de cultivo desde mediados de los ’70 que sus aguas, mucho menos circulantes que las del Beagle, perdieron su pureza inmemorial. Su biodiversidad y productividad caen por el aporte masivo de los antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas que permiten (precariamente) que salmónidos naturalmente muy migratorios sobrevivan atestados en jaulones como presos en un camión celular. En Chile se documenta hasta el cansancio la acumulación de residuos sólidos y líquidos ricos en plaguicidas en el fondo marino, y su impacto negativo sobre los mamíferos marinos y aves nativos.
El albatros de ceja es una de las especies que podrían verse afectadas.
“Las mismas empresas que pretenden instalarse en Argentina llevan treinta años operando en Chile, donde han causado un daño de enorme magnitud en un ecosistema que no sólo es único, sino que tiene un potencial extraordinario para el turismo de naturaleza. La experiencia chilena debería servir para no replicar el mismo camino en la Argentina”, argumenta Alex Muñoz, director del programa Pristine Seas de National Geographic y coautor del documento.
No hay por qué copiar los modelos de desarrollo de National Geographic, cuyo eje no es lo económico o lo social, pero tampoco el chileno. El nuestro no está tan mal. Los mamíferos y aves marinas en el Beagle argentino son parte del paisaje salvaje que vienen a comprar (por un rato) los turistas europeos y asiáticos en su recalada por la isla. Después del gas y los armaderos electrónicos (que desde 2016 arrojan personal en caída libre por la libre importación), el turismo receptivo es el negocio más expansivo, el que emplea más gente en la isla, de modo más estable y pagando mejores sueldos.
La corriente de aproximadamente 3 nudos que fluye por el Beagle desde el Pacífico al Atlántico, ¿será suficiente para dispersar los excesos de materia orgánica y pesticidas en las granjas multitróficas que se vienen a Almanza? Habrá otroas también en los espejos de agua de Punta Paraná y Punta Remolino. ¿O los residuos se acumularán en los «hotspots» de cultivo intensivo y aguas arremansadas, para mal de lobos marinos, pingüinos, albatros, cormoranes, ostreros, palomas antárticas y petreles, todos actores de lucimiento en «el show turístico del Fin del Mundo»? Estamos por descubrirlo, parece.
Los feedlots bovinos en la Argentina reciben críticas por consumir hasta 65 gramos de antibióticos por tonelada de carne. Algunas salmoneras chilenas que buscan desembarcar en la costa norte del Beagle traen antecedentes más debatibles en la materia, según la Dra. Lisbeth van der Meer, de Oceana, ONG participante del Foro. Australis Mar, Trusal SA, Salmones Aysén, Salmones Multiexport SA, gastan entre 950 y 600 gramos por tonelada de trucha o de salmón, cifras que se pudieron saber en Chile por requisitoria judicial. Si los cultivadores en fiordos chilenos (¡y noruegos!) se vienen hacia nuestras aguas, menos abrigadas y más veloces, ¿es por la mayor demanda de producto, o porque saturaron sus fiordos? ¿O por ambas cosas?
¿Y qué aportan? Puestos a elegir los fueguinos entre industrias que tendrán que convivir a palos, las preguntas son varias. Los antibióticos usados en salmonicultura son idénticos o emparentados con los que usamos los humanos. Su consumo a bajas dosis genera cepas bacterianas multirresistentes: el día que uno, que no es petrel de ceja ni pato vapor sino apenas un humano, se agarra una infecciosa bacteriana con esas cepas, a la industria farmacológica le queda poco «plan B» en su arsenal para curarla.
Pero la pregunta del millón (de los millones) en una isla que agrupa a migrantes del resto de la Argentina en búsqueda de trabajo, hoy jaqueados por una desocupación como no se veía desde los ’90, es un «¿qué aportan?» de contadores, más que de biólogos. Las ganancias del turismo en el Beagle, amén de los sueldos e impuestos generados en hotelería, gastronomía, transportes y «tours», quedan en la Argentina (por ahora). ¿Se podrá decir lo mismo de las multinacionales salmoneras? ¿Incluso de las noruegas?
En AgendAR no tenemos las respuestas. Sí las tienen los doctores Lino Barañao y Claudio Campagna. Y son totalmente diferentes. Una prudencia razonable sugiere elegir la opción que NO tiene consecuencias irreversibles.Turismo en la provincia más austral de Argentina ¿podría ser afectado por esta industria pesquera?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de países ricos al que el gobierno quiere que Argentina ingrese, afirma en un informe que a partir de la década del 90 la movilidad social se estancó en nuestro país. Que menos gente en la parte inferior de la pirámide social ha podido ascender mientras los más ricos han mantenido sus fortunas. Lo grave es que tiene razón.
«Esto tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas», concluye el nuevo informe de la OCDE.
Un estudio del organismo, titulado «¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social«, afirma que, considerando los actuales niveles de desigualdad y la movilidad intergeneracional de los ingresos, el niño de una familia pobre necesitaría en el promedio de los países de la OCDE por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos.
En el caso de la Argentina, dicho período para salir de la franja social pobre se extiende a seis generaciones, al igual que en Chile. En el caso de Brasil ese lapso se estira a nueve generaciones, y para Colombia abarca a once.
En los países nórdicos demanda de dos a tres generaciones.
El informe grafica este estancamiento en materia social: Uno de cada tres niños con un padre que percibe bajos ingresos también tendrá bajos ingresos, mientras que para la mayoría de las otras dos terceras partes, la movilidad ascendente se limita al grupo de ingresos próximo.
SALIDAS POSIBLES
Por eso, la entidad insta a que los países establezcan políticas que brinden a todos la oportunidad de ascender, a través de un aumento de las inversiones en educación (sobre todo a temprana edad), a la salud y a la familia que «crearían condiciones más justas para los niños desfavorecidos y moderaría el impacto de las privaciones financieras en el futuro».
Entre las políticas públicas, mencionó aquellas que permiten «acceder a viviendas asequibles de buena calidad y transporte, así como una mejor planificación urbana también contribuirían a reducir las divisiones regionales y las concentraciones de hogares desfavorecidos en las ciudades».
En cuestiones fiscales, recomienda reducir la evasión de impuestos sobre herencias y donaciones, y diseñar sistemas tributarios progresivos con tasas adecuadas y exenciones reducidas mejorarían la movilidad social.
También recomendó «fortalecer las medidas de protección social y los programas de capacitación, así como vincular los derechos de protección social con los individuos, no con los empleos, ayudaría a las personas (sobre todo a quienes ganan poco) a sobrellevar la pérdida de su trabajo».
Mapa con los estados miembros de la OCDE en 2018
Frente al reciente «viernes negro», cuando se disparó el dólar y el riesgo país, y al próximo «supermartes», el gabinete económico y el Banco Central se encuentran abocados a delinear algunas medidas con el objetivo de proteger las reservas y enviar señales que calmen a los mercados.
El primer punto es clave para lograr el segundo. Ya que el nivel de reservas del Central, que cerró el viernes por debajo de los US$ 57 mil millones, empieza a preocupar por la pérdida de dólares que se ha registrado en muy poco tiempo.
Desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta ahora, no llega aún a dos meses, se perdieron cerca de US$ 6 mil millones.
Se estaría tratando de cerrar muy pronto un acuerdo que permita alargar los plazos y a estirar los vencimientos de las LEBACs e instrumentar otro mecanismo de regulación de liquidez que no lleve a ese tipo de concentración de pagos, que finalmente termina haciendo presión sobre el tipo de cambio.
También se dialoga con un grupo de bancos sobre un posible acuerdo llamado “repo”, por el cual podría conseguirse un préstamo de hasta US$ 50 mil millones para engrosar las reservas, mientras en paralelo también se retoman diálogos con el Banco de Basilea para tener abiertas líneas de fondeo.
Además, la gestión anterior del Central había reactivado contactos para duplicar el swap de monedas con China, conversaciones que no se han frenado.
Las decisiones se analizarán con los técnicos del FMI –que hoy inician su visita. Pero desde las autoridades locales se piensa en endurecer algunos aspectos de la política monetaria, restringiendo los encajes y haciendo cambios en el esquema de subasta de dólares.
También se considera -con algo de vacilación- establecer restricciones a la libertad que han gozado los exportadores, especialmente en el sector cerealero, para ingresar los dólares al país producto de sus ventas al exterior.
Finalmente, un punto tal vez más delicado: lograr que el Fondo acepte flexibilizar el convenio que establece límites rígidos a cualquier intervención en el mercado cambiario, más allá de las ya autorizadas. Uno de los dogmas centrales del FMI es un tipo de cambio libre. Sin embargo, en el Central dicen que en el acuerdo está previsto que “si hay disrupción” pueden intervenir.
Nuestra posición en AgendAR, que hemos sostenido a lo largo de estos meses y que ampliaremos en una nueva nota de Opinión, es que intentar solucionar los problemas de la economía argentina exclusivamente a través de mecanismos financieros es imposible. Y si éstos sólo contemplan más endeudamiento en divisas, llevan al desastre.
Mapa con los estados miembros de la OCDE en 2018 