Estanflación: cae la actividad y se aceleran los precios

El día que asumió como presidente, Javier Milei aseguró que “va a haber una estanflación”. Si bien la economía argentina convive desde hace varios años con períodos de estancamiento y elevada inflación, diversos factores confluyeron para que en los últimos meses la caída de la actividad se profundice. Y, tal como advierten los analistas, las perspectivas en el corto plazo no son alentadoras. El último dato oficial corresponde al EMAE de octubre, que dio cuenta de una retracción del 0,1% frente al mes anterior, para acumular una contracción de 1,4% en diez meses. Una caída que respondió, mayormente, al impacto de la sequía en el agro y sus derivaciones. Lo cierto es que el freno de la actividad se acentuó en los últimos meses. El INDEC informó caídas en la industria y la construcción durante noviembre y datos sectoriales reflejaron también números negativos en diciembre. En el último mes de 2023, las ventas minoristas pymes tuvieron un derrumbe anual de 13,7%, y finalizaron el año con una baja del 3,4%, según la CAME. La entidad también informó que las ventas por Reyes Magos retrocedieron 13,6% anual. El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos de insumos para la construcción al sector privado, registró un descenso de 14,8% mensual y 17,4% interanual en diciembre. En tanto, según la Asociación de Fabricantes de cemento portland (AFCP), los despachos de cemento tuvieron su peor diciembre en cuatro años: cayeron 20,5% respecto de noviembre, y 12,9% frente al mismo mes de 2022. La aceleración inflacionaria y la incertidumbre, en un escenario marcado por el cambio de gobierno y las nuevas medidas económicas, fueron algunos de los factores que impactaron en distintas ramas de la actividad en los últimos meses. Y que, según estiman analistas, “profundizó la tendencia estanflacionaria” que ya mostraba la economía argentina.

Inflación, caída del salario e impacto en el consumo

“La actividad económica comenzó a enfriarse a partir de septiembre, que junto a octubre mostraron caídas mensuales leves, según los últimos datos del EMAE del INDEC. Lo que ya dio cuenta de que la economía estaba comenzando a encontrar un freno en su dinámica”, señaló a Ámbito Santiago Manoukian, Jefe de Research en Ecolatina. Ese freno, sostuvo el analista, “se empezó a profundizar a partir de noviembre y más aún en diciembre”. “Producto del impacto de la aceleración inflacionaria sobre los ingresos reales de la población: con una caída del salario real que estamos previendo para diciembre cercana al 10%, que va a ser la más alta probablemente desde abril de 2002. Eso va a afectar claramente al consumo, que es el principal dinamizante de la economía de corto plazo: representa 70% del PBI”, detalló. “Entonces, eso va a profundizar, en forma acentuada, la tendencia estanflacionaria que viene mostrando la economía desde 2011 hasta la fecha. No es algo nuevo, pero sí creemos que eventualmente uno podría llamarlo como ‘shock estanflacionario’, porque en estanflación ya venimos conviviendo hace varios años”, agregó Manoukian. “Va a ser una recesión fuerte”, aseguró el economista, quien señaló que los distintos indicadores sectoriales “son las primeras muestras de esa recesión que se va a profundizar desde los últimos meses del 2023 y en este comienzo del 2024”.

Actividad económica: qué puede esperarse a futuro

Por su parte, según explicó Francisco Ritorto, economista de la consultora ACM, durante buena parte de 2023 se evidenció un proceso de “adelantamiento de consumo”, como forma de proteger el poder adquisitivo frente a una elevada inflación. Lo que, de alguna manera, permitió “atenuar la caída de la actividad”. “Es probable que tal proceso se vaya diluyendo en los meses por venir, ya que el impacto en los ingresos reales puede resultar significativo, principalmente por la aceleración inflacionaria que se espera a partir del realineamiento de precios relativos”, aseguró. “Adicionalmente, en los últimos meses comenzamos a ver recorte en los crecimientos de las industrias líderes (automotores e industrias metálicas básicas), mientras que el resto de los sectores industriales manufactureros profundizan su tendencia contractiva. Dicho escenario se vuelve similar para la actividad económica en general, lo que implica un panorama restrictivo para el primer trimestre de este año, en donde se profundiza a partir de un ‘reordenamiento’ de la actividad que comenzamos a observar”, agregó Ritorto. De todas formas, el economista sostuvo que los “sectores de actividad con capacidad exportadora, probablemente mejoren sus desempeños y logren ‘amortiguar’ la caída de la actividad general”. “Por el otro lado, los sectores de actividad mayormente relacionados al mercado interno y a los bienes de consumo durables, se verán fuertemente afectados por una caída en el poder de compra de los salarios y peores condiciones de financiamiento. Resta ver cómo evoluciona el consumo en el resto de los bienes -como alimentos y bebidas- en un escenario como este, ya que podría revertir lo observado el año pasado, en donde dicho sector presento de los peores desempeños”, concluyó.

El impacto “atraviesa todas las actividades”

Hernán Letcher, director del CEPA, sostuvo que el impacto de la inflación en el poder adquisitivo y en el consumo “atraviesa todas las actividades”. Y, en base a distintas experiencias, explicó: “Hace unos días un comerciante me dijo que antes vendía 50 bolsones de gaseosa y hoy vende 10, mucha gente se pasa al jugo en sobre. Otra comerciante me escribió: ‘Se nos hace imposible, no hay ventas y no podemos aumentar los precios. No quiero echar gente, pero como viene la mano, va a estar difícil’. Un productor de cerdo de Santa Fe, dijo que las ventas cayeron un 30%, pese a que el cerdo vale un 30% menos que el vacuno”. “En fin, la mayoría de diversos sectores dan cuenta de una caída de la actividad sensible en el mes de diciembre. Allí se cruzan diferentes variables: el aumento de los precios es la principal, también en parte la incertidumbre. Pero, probablemente en diciembre y en enero haya un impacto en la mayoría de las actividades”, concluyó.

Nueva estación sismográfica argentino-italiana en la base Petrel

  • Expertos en sismología argentinos e italianos cooperaron para completar las siete instalaciones permanentes argentinas con el instrumental adecuado para seguir contribuyendo al monitoreo sísmico mundial.
Dos expertos en Sismología del Instituto italiano de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste (OGS), en cooperación con el Instituto Antártico Argentino (IAA), llegaron a la Antártida el sábado como parte de la dotación científica del buque ARA Almirante Irízar para construir una nueva estación de la red sismográfica argentino-italiana, por primera vez en Base Petrel, y completarán las siete bases permanentes argentinas con instrumental sismológico para seguir contribuyendo al monitoreo sísmico mundial. Además de trabajar en Petrel, también lo harán en las bases antárticas argentinas permanentes Marambio, Carlini, Orcadas, Esperanza, San Martín y Belgrano II, donde realizarán el mantenimiento y actualizarán el instrumental sismológico de cada uno de los observatorios instalados. «La tarea especial que tenemos durante esta Campaña Antártica de Verano (CAV) es empezar una nueva estación de sismógrafos en la Base Petrel. Tenemos los materiales que necesitamos para la construcción y vamos a ver si la podemos dejar funcionando ya este año», dijo a Télam Milton Plasencia Linares, investigador oriundo de Perú, licenciado en Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctor en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Trieste, ciudad italiana en la que vive y trabaja para el OGS.
La creación de la red argentino-italiana de sismógrafos (Asain) comenzó en 1992 en Base Esperanza.
Todas las estaciones sismográficas de esta red instalada en bases argentinas transmiten en tiempo real los datos que relevan y son de libre acceso para todo el mundo sismológico, destacó Plasencia Linares.
La sismología es una ciencia que estudia los terremotos que se producen de forma únicamente natural, y también fenómenos como las activaciones de volcanes submarinos o externos y la rotura de hielos por cambios estacionales (témpanos), definió el experto mientras trabajaba en la Base Orcadas. En contraposición, esta ciencia no abarca el estudio de los fenómenos provocados por acción humana, como cuando se inyecta energía en el terreno para buscar minerales con fines económicos, aclaró. Las estaciones sismográficas antárticas consisten en un pilar sísmico y una protección para el instrumental parecido a una pequeña casa con un volumen de un metro cúbico, que alberga el sensor y lo dota de su alimentación eléctrica y de la conexión a Internet. «Estos instrumentos son muy dependientes de las variaciones de temperatura, presión y humedad, por eso, nuestra construcción para una estación en la Antártida debe ser inmune a estas variables», explicó Plasencia Linares. Junto a su compañero de trabajo Marco Santulin, oriundo de la ciudad italiana de Trieste y geólogo especialista en Geofísica del OGS, llevan adelante el proyecto «Sismología Itinerante», un convenio de cooperación científica entre ese centro de investigación europeo y el IAA para desarrollar y mantener la red de monitoreo sismográfico. «El comportamiento sísmico está ligado al movimiento de las placas tectónicas y la Antártida es parte de la placa antártica, que se conecta con las otras placas que están alrededor de ella. La corteza terrestre se está moviendo y va generando tensiones, deformaciones. Los terremotos ocurren cuando se producen rupturas más grandes», detalló. Asimismo, precisó que entre las islas Shetland del Sur y la Península Antártica (al oeste de esta), corre una falla desde isla Elefante hasta isla Decepción y hay una fila de volcanes submarinos. Entre los últimos sucesos destacados de la actividad sísmica en el continente antártico, el científico recordó que en el 2020 se activó un volcán denominado Orca, ubicado frente a la Base Carlini, que tuvo una importante actividad volcánica debajo de la corteza, que duró alrededor de seis meses. Además, en 2003 y 2013, en Orcadas se registraron terremotos magnitud 7+ en la escala Richter. Por su parte, Santulin explicó que «en Antártida está la mejor posición del mundo para instalar sismógrafos porque es muy bajo el factor antrópico» o las actividades humanas relacionados con la actividad y el comportamiento del hombre. Y destacó que la estación sismográfica que Argentina e Italia tienen instalada en la Base Belgrano II «tiene el mejor registro -del sexto continente- y es la más completa», siendo utilizada por los principales centros sismológicos del mundo debido a que «es la última estación instalada en roca». También, la red sismográfica se destaca por la alta sensibilidad de sus instrumentos. En ese aspecto, Plasencia Linares explicó que la red es capaz de detectar un terremoto mayor de magnitud 6.2 ocurrido en cualquier parte del mundo, aunque sea en Japón, como sucedió el pasado 1° de enero. Los movimientos sísmicos pueden provocar desprendimientos de hielo, avalanchas y causar movimiento anómalo de ondas en el mar (tsunamis), señalaron.  
La red argentina italiana en Antártida llega a tener una distancia entre estaciones de unos 1000 kilómetros.
  En la Antártida, la calidad del registro se ve mejorada al no haber tanta actividad humana, y esto posibilita diferenciar un terremoto tectónico, que se produce dentro de la tierra, de un desprendimiento de un glaciar (avalancha o témpano). «Nuestro desafío es poner la estación Petrel e instrumentalizar la zona de las islas Shetland del Sur, porque nos dará una mayor precisión en las localizaciones si hay terremotos en la zona», destacó Plasencia Linares, y subrayó que por la alta tecnología de los instrumentos logra recabar la información de forma remota con un software de adquisición, detección y posterior localización de manera automática.
Foto Leo Vaca
  «Lo que necesitamos es densificar la red donde podamos. Necesitamos energía y control de la instrumentación, por eso estamos donde están las bases permanentes donde hay personal de apoyo durante el año, para que el instrumental esté activo y trabajando. De hecho, tenemos un altísimo nivel de funcionamiento: más del 95% de datos en un año, y esto es gracias a la colaboración y el mantenimiento de los invernantes», subrayó el sismólogo. Durante todo el año los operadores informan sobre los problemas que se presentan, si hay que cambiar baterías, software o cualquier otra cosa, así cuando los expertos se dirigen a la Antártida llevan lo necesario para preparar el instrumental para afrontar el invierno. (Por Ornella Rapallini)

Se aprobo una nueva levadura transgénica para la producción de etanol

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Por primera vez en la Argentina se autorizó la venta de unas levaduras transgénicas para la producción de bioetanol a partir de la fermentación de granos. Si bien la decisión, publicada en el Boletín Oficial de este martes, es para una empresa en particular –Danisco Argentina– es considerada “auspiciosa” por toda la industria.

Expertos destacaron que la primera levadura transgénica que mejora la eficiencia en la elaboración de etanol: aumenta hasta tres por ciento la eficiencia de conversión de grano en ese biocombustible.

Se autoriza también a que la burlanda derivada del proceso industrial podrá ser utilizada como alimento para ganado. La resolución 3/2023 de la Secretaría de Agricultura, con la firma de su titular Fernando Vilella, indica que la empresa autorizada deberá suministrar en “forma inmediata” a la autoridad competente “toda nueva información científico-técnica” que surja sobre las levaduras “Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03486 (GPY10009) y Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03506 (GPY10023)” que son las autorizadas a comercializarse.

La autorización definitiva, aclara la resolución, será otorgada “previa evaluación del cumplimiento de los requisitos que establezca la reglamentación” conforme los procedimientos a ser instrumentados por la Dirección Nacional de Bioeconomía.

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) ya determinó que, evaluada la levadura, “no implica un riesgo adicional para el agroecosistema respecto a su variante no modificada”.

También el Senasa concluyó que la burlanda derivada de ese proceso es “apta para el consumo animal” aunque advierte que la “presente conclusión no se hace extensiva a cualquier desvío del uso propuesto de la levadura Saccharomyces cerevisiae Cepa GICC03486 (GPY10009).”. Ambas evaluaciones se hicieron a lo largo del año pasado y las conclusiones se dieron a conocer hace unos meses.

Patrik Adam, consultor en biocombustibles, precisó a este diario que la decisión es “un paso adelante: las levaduras GMO nos permiten aumentar la productividad. Se usan en muchos países y era una desventaja competitiva no poder usarlas. Implican una ganancia de productividad de hasta 3%”. Añadió que “hace años” que la industria viene planteando el tema.

Danisco Argentina, la empresa autorizada, está instalada en Arroyito (Córdoba). En la página de la Municipalidad destacan que es la “única planta” del país que produce “catalizadores enzimáticos”. Se encarga, efectivamente, de desarrollar “soluciones innovadoras de aditivos alimentarios para permitir una producción ganadera sostenible y sin antibióticos”. DuPont había adquirido la compañía en 2011 y diez años después realizó una escisión de toda la división de Nutrition & Biosciences que se fusiona a nivel global con la compañía IFF (Interational Flavors and Fragrances) que es la que comercializará la levadura. Iff además de la planta de Arroyito tiene dos más en Garín donde se elaboran sabores y fragancias.

Manuel Ron, cofundador de Bio-4 y actual titular de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, explica a este medio: “Es una excelente noticia para la industria; los trámites se habían presentado hace tres o cuatro años. Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, lo lleva usando hace tiempo y es un salto de competitividad importante para toda la industria del etanol de maíz”.

España: se obliga al uso de barbijos en público por brote de enfermedades respiratorias

El Ministerio de Sanidad de España exigirá a partir de este miércoles el uso obligatorio del barbijo en hospitales y centros sanitarios, después de que no haya llegado a un acuerdo con comunidades autónomas, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sobre la obligatoriedad de su uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.

Fuentes del departamento que dirige Mónica García confirmaron que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. Las mismas fuentes precisaron que la decisión rige únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.

Ante la falta de acuerdo en la reunión del lunes por la mañana, Sanidad abrió un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las Comunidades Autónomas podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.

Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud”, sostuvo García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión. Defendió, además, la norma al calificarla como “efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población”.

Apoyo dividido

El pasado viernes, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de barbijos en centros de salud mientras que otras Comunidades Autónomas se opusieron a la medida, entre ellas Castilla y León. Por otro lado, Aragón, que anunció la obligatoriedad solo para el personal sanitario, amplió en las últimas horas la obligatoriedad en la portación de las mascarillas en pacientes en salas de espera.

Madrid, mientras tanto, optó por mantener la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir, en caso de que se presenten síntomas y para personas especialmente vulnerables. De igual manera, Islas Baleares no descarta imponer la obligatoriedad del uso del tapabocas en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimentara un crecimiento en los próximos días o semanas.

Las infecciones respiratorias, en aumento

Los médicos llevaban varios días dando la voz de alarma sobre el aumento de casos de gripe, pero también de Covid y de otros virus respiratorios. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, el porcentaje de muestras positivas en gripe ascendió del 27 al 46% en tan solo una semana, lo que supone una cifra mayor que el pico de positividad semanal a gripe de la temporada 2022-23 (36%).

Además, el 98,9% de los virus gripales identificados son de Influenzavirus A. Por el contrario, el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 en Atención Primaria desciende a 10,8% -15,4% en la semana previa- y también para VRS, que desciende a 10,3% (14,1% en la semana anterior).

Durante la pandemia, la obligación de llevar mascarilla fue ampliamente respetada en España, donde el confinamiento fue uno de los más estrictos del mundo.

Polémica por el tritio: Contesta el gerente de la central nuclear Embalse

“Hace veinticinco años que estoy en el rubro y una de las primeras charlas a las que asistí fue por el tritio, así que imaginate lo viejo que es este tema”, dice Juan Cantarelli, 51 años, gerente de la Central Nuclear Embalse, en Córdoba. El hombre, jura, no está enojado con la nota que publicó el análisis de un laboratorio europeo sobre las descargas radiactivas de la Central que él comanda sobre la cuenca del río Ctalamochita, aunque reconoce que las repercusiones lo obligaron a salir a contestar. “No hay contaminación radiactiva porque los valores de tritio encontrados son prácticamente insignificantes”asegura. La respuesta de Cantarelli está dirigida al informe difundido por Cristian Basualdo, periodista y miembro del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) y Silvana Buján, integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, quienes enviaron una muestra de pescado del lago Embalse –tararira– al laboratorio de la CRIIRAD –una asociación sin fines de lucro con sede en Francia– para determinar el tritio ligado biológicamente a la muestra en cuestión. El estudio detectó 154 Bq/L (los bequerelios son la unidad de medida para la presencia de material radiactivo por litro de “agua de combustión”, que es la forma utilizada para detectar tritio ligado orgánicamente), un valor 70 veces superior al nivel natural típico. Vale recordar que el tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno que tiene la particularidad de hacer que el agua, la sustancia más presente en los seres vivos, se vuelva radiactiva. “El tema es siempre el mismo –insiste Cantarelli–; se parten de datos ciertos, no cuestionamos los números, pero la interpretación es antojadiza. Ellos (en referencia a Basualdo y Buján) son antinucleares declarados por lo tanto es muy difícil moverlos de ese dogma”. Más allá de sus opiniones, el gerente también aporta números. Actualmente, los niveles de tritio en el agua del lago de Embalse rondan los 300 Bq/L. Muy por debajo de los 10.000 Bq/L que es el nivel máximo de referencia postulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua de consumo. “Nosotros vivimos al lado del lago, no somos ajenos a la problemática que pudiera haber. Bebemos esa agua y con esa misma agua preparamos la comida que se sirve en el comedor de la Central”, remarca el gerente.

Cuestión de fondo

Cómo ya se dijo, la polémica no es novedosa. Nucleoeléctrica, la empresa estatal que opera las centrales nucleares argentinas, como la Autoridad Regulatoria Nuclear, efectúan monitoreos radiológicos que incluyen el tritio en las aguas ambientales. En 2018, esas mediciones revelaron la presencia de 23.456 Bq/L en el canal de descarga de la Central Nuclear Embalse, cifra que llevó al Movimiento Antinuclear a concluir que el río Ctalamochita “presenta las concentraciones de tritio más altas del mundo”. Cinco años antes, en 2013, Nucleoeléctrica también informó la presencia de 1.081 Bq/L en el agua de red del barrio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Embalse. Ese índice superaba, por ejemplo, el valor máximo de 740 Bq/L que establece Estados Unidos para el agua de red. Más acá en el tiempo, en 2022, el agua de red de Villa Rumipal, que se abastece mediante perforaciones de la napa cercana al lago Embalse, contenía 91,4 Bq/L, casi al límite de los 100Bq/L que es el valor paramétrico de la Unión Europea (UE) para el agua de red.
Central Nuclear de Embalse
“Es un error muy grave considerar los niveles de actividad en el canal de descarga como una muestra ambiental –replica Cantarelli–. Esa medición tiene como objetivo verificar la real dilución del efluente una vez emitido, es decir, se verifica que no se mantenga constantemente en valores elevados”. Con respecto a los índices de tritio encontrados en la red de agua, el gerente argumenta que “fue una singularidad de pocos meses luego del trabajo de limpieza de los tanques de resina y que en ningún momento de la historia de la Central se superó ningún límite establecido por la normativa vigente”. “Nos duele –concluye– que se diga que trabajamos en la oscuridad, todo lo contrario, es una actividad de las más reguladas en donde toda la información está al alcance. La nuclear es una forma de generación de energía segura, limpia y que no aporta gases de efecto invernadero. Toda industria tiene impacto en el ambiente, pero el nuestro es insignificante, el beneficio que generamos es mucho mayor”.

Oficial: Se empezara a eliminar el total del subsidio al gas a partir de Febrero

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció que el Gobierno buscará reducir fuertemente los subsidios en las tarifas de gas en los próximos tres meses y que habrá cambios en la forma de segmentación a partir de abril próximo. El funcionario participó de la audiencia pública para debatir los futuros aumentos en el servicio de gas, que se concentrarán en febrero, marzo y abril.

Rodríguez Chirillo hizo una presentación detallada de la herencia recibida en materia energética y dijo que, actualmente, en promedio, los usuarios de gas pagan solo el 17,5% del costo de producción. En números concretos, se abona a través de las boletas el equivalente a US$0,7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando el costo promedio es US$4.

El 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos, tengan o no suministro a través del presupuesto nacional que se traduce en menores jubilaciones, menor presupuesto para la salud, la educación y mayores impuestos”, dijo Rodríguez Chirillo, en una presentación virtual que duró media hora y se trasmitió por la cuenta oficial del ente regulador del gas, Enargas, en Youtube.

En este sentido, agregó que habrá un “traslado gradual” del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios”. Y aclaró que se quitará un 33% del subsidio en los inicios de cada mes de febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo total. Es decir, los usuarios pasarán de pagar US$0,7 el millón de BTU a US$4 en tres meses. Rodríguez Chirillo no brindó precisiones sobre cómo será el impacto final de los aumentos en las tarifas.

El costo de producir gas es uno de los cuatro segmentos que componen el precio final de las boletas de gas. Además, se incluye el costo de transporte del gas de los lugares de producción (Vaca Muerta, por ejemplo) a los centros de consumo; el costo de distribución del gas en los hogares, y los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, el costo del gas es el que más peso tiene en el precio final, ya que representa alrededor del 40% del valor total de las boletas. El transporte significa el 13% del precio final, la distribución, el 23%, y los impuestos, 24%.

Se espera que se anuncien también aumentos en el transporte y la distribución en los próximos días, para recomponer los márgenes de rentabilidad de las empresas (TGN, TGS, Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras). La idea de la Secretaría de Energía es que haya subas mensuales según la inflación pasada.

Cambios en la segmentación

Rodríguez Chirillo también criticó la segmentación de subsidios llevada a cabo por la anterior gestión y anunció que habrá cambios. Dijo que el sistema vigente “ha tenido sus falencias”, ya que la mayoría de los usuarios “sigue teniendo subsidios generalizados, porque los valores fijados en el precio mayorista no cubren el total de los costos”.

El secretario de Energía dijo que “hay superposición de beneficiarios de planes sociales con estos subsidios, porque la mayoría de ellos están categorizados como nivel 2 [ingresos bajos]”. Y que “hay falta de control del padrón de usuarios y cobranzas o discrepancias con el registro de acceso a los subsidios a la energía (RASE) y la base de datos del sistema de identificación nacional tributario social”.

Para finalizar, criticó: “El subsidio se otorga según las condiciones del contratante del suministro sin control del grupo conviviente”. Rodríguez Chirillo criticó la implementación de la segmentación anterior, pese a que quien la llevó a cabo fue su antecesora, Flavia Royon, quien sigue como funcionara en la gestión actual, a cargo de la Secretaría de Minería.

El secretario de Energía adelantó también que habrá cambios en la manera de subsidiar las tarifas de gas y electricidad a partir del 1° de abril. En primer lugar, se van a determinar “los ingresos totales del grupo conviviente” y se subsidiará hasta un determinado porcentaje de esos ingresos. Además, se creará una “canasta básica energética tanto para gas o electricidad”, que cubrirá las necesidades indispensables de las personas.

La canasta se determinará en una cantidad de metros cúbicos (m3) -en el caso del gas- o de kilovatio hora (kWh) -para la electricidad- por mes, que será distinta según la zona del país. “Es un subsidio a las personas en situaciones de vulnerabilidad. El subsidio que otorgará el Estado será diferencial y se aplicará cuando el precio de la canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”, explicó Rodríguez Chirillo.

En otras palabras, nacerá una canasta básica energética, definida según zonas de consumo y por grupo conviviente. El subsidio se calculará según la relación del porcentaje que tiene ese consumo básico en el total de los ingresos.

Herencia recibida

Rodríguez Chirillo dijo que el sistema energético actual se encuentra “altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgo de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de US$30.000 millones en los últimos 10 años”.

También dijo que hubo un “paulatino e importante debilitamiento institucional del sector”, lo que ha significado en un “relajamiento en las funciones encomendadas para actuar como entes autárquicos e independientes”. En el mismo sentido, dijo que hubo “ausencia de señales de mercado para alentar las inversiones, y mejorar el desarrollo de la infraestructura a largo plazo, llevando a que sea el Estado quien realizó las escasas infraestructuras en forma tardía e ineficiente o costosa”. Y agregó: “El costo del gasoducto [Néstor Kirchner] del primer tramo y la tardía reversión del gasoducto norte lo ponen en evidencia”.

El secretario de Energía señaló que actualmente el cuadro tarifario de gas cuenta con más de 60 tarifas distintas y en algunas provincias hasta con 90, “con subsidios cruzados y en las mayorías de las cuales no remuneran el costo del servicio”.

Martín Vauthier, funcionario del Ministerio de Economía, mostró que en los últimos años se destinó más subsidios a la energía que al programa de asignación universal por hijo (AUH)
Martín Vauthier, funcionario del Ministerio de Economía, mostró que en los últimos años se destinó más subsidios a la energía que al programa de asignación universal por hijo (AUH)

En este sentido, detalló que en junio de 2019, los usuarios pagaban con sus tarifas el 100% del costo del gas: US$4,3 el millón de BTU. Desde entonces, la anterior gestión aplicó un congelamiento tarifario y en junio de 2022, los usuarios pasaron a pagar el 54% del costo del gas (US$2,2 el millón de BTU).

La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía generó un “descongelamiento” del cuadro tarifario, y en marzo de 2023 se logró que los usuarios cubran el 68% del costo del gas con sus boletas (US$2,7 el millón de BTU). Sin embargo, la nueva suspensión de aumentos y la disparada del tipo de cambio oficial generó que, en noviembre 2023, los usuarios pasen a pagar solo el 37% (US$1,5).

Con la fuerte devaluación aplicada por el actual Gobierno, que llevó el tipo de cambio oficial a más de $800, se generó una nueva caída de la cobertura del costo del gas, ya que las boletas se pagan en pesos, pero los contratos están pactados en dólares. Por eso, en la actualidad, se cubre en promedio solo el 17,5% del costo del gas (US$0,7 el millón de BTU).

Rodríguez Chirillo también dijo que la gestión anterior dejó una deuda impaga por las importaciones de Bolivia de US$230 millones, “que actualmente debe honrarse bajo apercibimiento de corte”.

El gobierno canceló la temporada del Centro Cultural de la Ciencia y renunció la directora de Museos

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La ciencia ya empieza a sentir los primeros coletazos de la política libertaria. Mientras avanzan los ceses de convenios de investigación y la falta de aumentos a científicos (que por el momento deberán funcionar con el mismo presupuesto de 2023) el gobierno nacional decidió cancelar la temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia (C3), que pertenecía al ex Ministerio, hoy subsecretaría. La decisión motivó la renuncia de la directora de Museos, Exposiciones y Ferias del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, Guadalupe Díaz Costanzo. La actividad debía comenzar el lunes 8 de enero, pero la decisión administrativa firmada por actual subsecretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, obligó a cancelarla. Se trata del ciclo más importante del Museo de la Ciencia junto con la temporada de invierno, que congrega a miles de personas a visitar las salas y programas, apuntando a la divulgación de la actividad científica. Sobre todo a niñas y niños. El C3 es considerado una vidriera de la labor que realizan los institutos y organismos de ciencia y tecnología de toda la Argentina. Allí semanas atrás se hizo la presentación del concurso Innovar 2023, con los principales desarrollos innovadores del país, desde robots y 3D hasta «aceleradores de la vida» y microscopios especiales para la investigación policial. El Centro Cultural de la Ciencia es un espacio interdisciplinario de creación e intercambio de ideas y saberes que está ubicado en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue inaugurado en 2015 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, cuando se puso en valor el predio abandonado de las ex Bodegas Giol.

Renuncia

Costanzo llegó al puesto de Directora de Museos en 2018, durante la gestión nacional de Mauricio Macri, y se mantuvo durante el albertismo, con un crecimiento de actividades y propuestas que derivó en resultados concretos: el último año tuvo una asistencia de 800 mil personas. «Logramos avanzar conjuntamente con las diversas gestiones para ampliar las oportunidades de acceso a la ciencia a través de la ejecución de propuestas culturales y educativas como exposiciones, espectáculos artísticos con contenido científico, talleres, programas de formación, concursos y premios en divulgación de las ciencias. Entre otros logros que podrían mencionarse, el trabajo realizado permitió alcanzar cifras récord de visitantes durante 2023 y un impacto trascendental entre los museos de la región y el mundo, al obtener prestigiosos reconocimientos internacionales en 2021 y 2022, tanto para exhibiciones como para programas educativos», remarcó en su carta de renuncia. «La situación presente, en la que se considera la suspensión inmediata del Programa, pone de manifiesto una mirada completamente diferente acerca de las funciones de esta Dirección y sus objetivos», continúa. «Creo en la importancia de un Estado presente, que invierte en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como motores indiscutibles para el desarrollo social, económico y productivo del país –añadió–. Creo, en particular, en las políticas públicas en materia de divulgación científica, que permiten ampliar las voces que participan de los debates actuales y necesarios para la construcción de nuestro presente y futuro; debates profundamente atravesados por el conocimiento científico y tecnológico. Creo en el rol estratégico que cumplen los museos y centros de ciencias para estimular el interés por la ciencia y la tecnología, brindar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas, articular con el sistema educativo, establecer alianzas con diversos organismos y la sociedad civil, ofrecer espacios de formación y estimular vocaciones científicas». Y completó. «En suma, creo en la importancia que tienen espacios como el Centro Cultural de la Ciencia para aportar al fortalecimiento del Sistema Científico y Tecnológico Nacional y al desarrollo de una sociedad en la que se garantiza el derecho a la ciencia. Por lo dicho anteriormente, ratifico mi renuncia y deseo que el sector científico y tecnológico de la Argentina pueda transitar un sendero de prosperidad para la construcción soberana de nuestro país, en la que no me cabe duda de que la comunicación pública de la ciencia debe cumplir un rol preponderante».

Perfil tecnocrático

El área científica es una de las que sufrió el recorte ministerial con la asunción de Javier Milei a la presidencia. Pasó a ser la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y dependería de Jefatura de Gabinete. Y pasó a adquirir un perfil tecnocrático, al ser coordinada por un empresario del sector fintech, Alejandro Cosentino. Todo parece indicar que la ciencia nacional pasará a ser priorizada por sus aspectos más mercantiles y tecnocráticos, acordes al interés del sector privado. Los desarrollos «visibles», en detrimento de la ciencia básica, las humanas y las sociales. En ese sentido Laura Toledo, directora del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), se hará cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Cosentino es fundador y CEO de Afluenta, una empresa de créditos e inversiones online de la cual fue presidente entre 2010 y 2022, y es reconocido por “sus operaciones de gestión exitosa de servicios financieros en Latinoamérica”, según declara en su CV. Tiene un perfil empresario sin antecedentes en el mundo científico: es miembro fundador de la Asociación de Empresarios Argentinos (ASEA), de la Asociación Argentina de Fintech y la Alianza Iberoamericana Fintech. Cosentino trabajó en el grupo Exxel, en Santander Río y en American Express. Como relata el artículo de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Quilmes, su intervención política más cercana al nuevo gobierno fue en 2019 cuando, en representación de la Cámara Argentina de Fintech, salió al cruce del secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo por la representación sindical de los trabajadores del sector. Entre las entrevistas que dio, Cosentino dijo que “eran empleados mercantiles y que no podían estar encuadrados en el convenio de trabajo los bancarios”. En su cuenta de Linkedin, Cosentino habla de sí mismo en inglés y se describe como alguien que revolucionó la industria Fintech “con un toque humano y una visión de progreso y autodesarrollo para nuestra sociedad”.

China amplia una baja de aranceles a productos agroindustriales argentinos

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China amplió la reducción de aranceles de importación para productos agroindustriales argentinos. Así lo informó la Secretaría de Agricultura. En rigor, se trata de 143 productos del sector con reducciones o prórroga de reducciones de aranceles temporales.

Se trata de un gesto del presidente chino Xi Jinping a su par Javier Milei. Vale recordar que China es un importante comprar de grano de soja y carne bovina. En 2022, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el país le vendió a China productos agroindustriales por US$6795 millones.

Según dijeron, la medida, oficializada por el comunicado N°10/23 del Ministerio de Finanzas de China, “tiene como objetivo reducir los precios y estimular el gasto del consumidor final, así como elevar o modificar aranceles temporales ya aplicados, en función a la evolución de la demanda del mercado y su oferta en el mercado local”.

En la cartera agrícola recordaron que “China implementó esta política desde 2016 beneficiando a todos los países proveedores que no cuentan con un acuerdo de libre comercio, promoviendo una mayor apertura de ese país al comercio internacional”.

En detalle, los productos argentinos que se verán beneficiados con nuevas eliminaciones y reducciones en los aranceles de importación, como también en la prórroga de otros que fueron alcanzados en años anteriores son:

Hortalizas y especias: reducción del arancel sobre granos de maíz dulce, seco (posición 0712.90.99), del 13% al 0%, y de semillas de cilantro, sin triturar o moler (posición 0909.21.00), del 15% al 0%.

Lácteos: disminución sobre fórmulas infantiles lácteas para uso medicinal (posición 1901.90.00), del 5% o 0%. Se mantuvo la baja sobre quesos (excepto frescos) al 8%, fórmulas infantiles lácteas al 5% o 0%, lactosueros al 2% y proteína láctea al 5%.

Pesca: se mantuvo la reducción del arancel sobre los langostinos congelados, excepto pelados (posición 0306.17.19), del 2%. Es el producto de principal exportación argentina a China en este rubro. También la disminución del arancel sobre cangrejos congelados (0306.14.90) y sobre los demás pescados congelados (0303.89.90), del 5%.

Frutas: continua la baja del arancel temporal sobre arándanos rojos y demás variedades de berries, frescos (posición 0810.40.00) y secos (0813.40.90), del 7%. También sobre nueces de pecán frescos o secos (0802.99.90), del 7%, entre otros.

Oleaginosas: sigue la reducción en los aranceles temporales sobre semillas de lino (1204.00.00), del 15% al 9%, y sobre semillas de girasol (1206.00.90), del 15% al 9%.

Alimentos: continúa la disminución en varios productos alimenticios, tales como preparaciones alimentación infantil, extracto malta, dulce de leche y pastas alimenticias rellenas.

Bebidas: se mantiene la reducción sobre jugo de naranja (posiciones 2009.12 y 2009.19),del 30% al 20%.

Pienso animal y alimentos para mascotas: sigue la disminución arancelaria sobre fardos de alfalfa (1214.90.00), al 2%, y en alimentos para mascotas al 4%.

Maderas: se mantuvo la reducción para carbón vegetal, del 2% al 0%, lana de madera del 2% al 0%, y una mayor reducción sobre hojas para chapado o contrachapado y demás maderas aserradas longitudinalmente, de espesor inferior a 6 mm, aplicando un arancel del 0%, según informó Agricultura.

Impacto

En opinión de Ernesto Ambrosetti, consultor en agronegocios, “si bien la reducción de los aranceles de importación es un beneficio para los consumidores de China, si a los importadores les conviene y logran aumentar el volumen de estos productos argentinos vendidos en su país, esto generaría, de mantenerse estos aranceles en el tiempo, un beneficio a través de una mayor demanda”.

“Al mantener las reducciones preexistentes y otorgar nuevas reducciones en los aranceles de importación por parte de China a la Argentina podría abaratar el costo al consumidor del país asiático de los productos del país, con el beneficio, de mantenerse esta política, que la demanda de los mismos pueda aumentar en el mediano y largo plazo”.

“Estas medidas consolidan el intercambio comercial bilateral e impulsarán las exportaciones de nuestros productos seleccionados por China. De esta manera, el país asiático busca alcanzar precios más accesibles para sus consumidores y reducir su inflación”, agregó.

En tanto, Francisco Schang, gerente de la Cámara Argentina de Nutrición Animal (Caena), expresó: “Vemos muchas oportunidades en el mercado asiático en lo que respecta a nutrición animal para dejar de primarizar las exportaciones y generar un comercio de valor agregado. En este sentido estamos a favor de mantener los aranceles o incluso intentar bajarlos para ser consistentes ya que otorgan previsibilidad a la exportación. Aunque esto es necesario, no es condición suficiente, ya que los derechos de exportación [con el proyecto de ley ómnibus se llevarían del 4,5 al 15%), generan que un producto de alimento para mascotas de la Argentina ingrese a China al menos un 19% más caro que cualquier otro del resto del mundo. Eso nos deja fuera de mercado”.

Agregó: “Las exportaciones requieren de procesos largos para las empresas que desean acceder a mercados internacionales y mucha previsibilidad de variables arancelarias y sanitarias que permitan dar estabilidad a este tipo de negocios. Mantener o bajar aranceles de importación es tan importante como erradicar los derechos de exportación y facilitar los asuntos regulatorios que solo atentan contra la facilitación del comercio exterior”.

Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Pablo Vernengo, dijo que “siempre” desde economías regionales de la entidad solicitaron a la Cancillería “que se trabaje en bajar los aranceles que se imponen a los productos argentinos para entrar en otros países”.

“Un caso que se beneficiará es la cereza, y los berries, por mencionar algunos. Así que bienvenido por esta baja o quita de aranceles que hace que seamos competitivos. Y más con China, que son 1400 millones de consumidores, un mercado muy atractivo”, expresó.

 

Piden un descuento a Techint-Sacde para adjudicar el 3º tramo del Gasoducto Norte

La empresa estatal Enarsa abrió el jueves de la semana pasada los sobres con las ofertas económicas del renglón 3 de la licitación para revertir el Gasoducto Norte, una obra de infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de gas en provincias del norte argentino durante el próximo invierno frente a la declinación de la producción de Bolivia. Al igual que en el renglón 2, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Techint Ingeniería y Construcción y Sacde presentó la propuesta más económica, que ascendió a 62.656,5 millones de pesos. Apenas más atrás quedó BTU, la compañía de la familia Mundín, que ofertó $ 63.870 millones. De una lectura lineal de esos números se desprende que el consorcio Techint-Sacde debería adjudicarse la construcción del tercer tramo de la compulsa, que contempla el tendido de 50 kilómetros de tubería en 36 pulgadas de diámetro y otras obras secundarias. Sin embargo, un elemento regulatorio complica el cierre del proceso. Sucede que ambas ofertas se encuentran por encima del precio tope establecido por el pliego licitatorio redactado por Enarsa. ¿De dónde surge esa cifra? De actualizar por inflación y por apreciación del tipo de cambio el presupuesto oficial fijado por la empresa estatal en junio de 2023. El pliego establece que no se puede convalidar una oferta que supere el presupuesto actualizado más un 20 por ciento. Ese techo ronda los 59.000 millones de pesos, una cifra que es inferior a las dos ofertas recibidas.

Solución

A raíz de eso, Enarsa, que es presidida por Juan Carlos Doncel Jones (a mediados de diciembre reemplazó en el cargo a Agustín Gerez), enfrenta un dilema similar al que se registró tras la apertura de sobres del renglón 1, que finalmente se terminó declarando desierto la última semana de diciembre. En ese caso, como la mejor oferta recibida (también de la UTE Techint-Sacde) era un 60% más alta que el tope fijado en el pliego, el Directorio que lidera Doncel Jones desestimó la propuesta y volverá a relicitar ese tramo del proyecto. Podría haber readecuado el presupuesto para convalidar la oferta con el argumento de que la crisis macroeconómica (que provocó que el dólar oficial pasar de 240 a más de 800 pesos y la inflación se disparará) había impactado fuertemente los costos. Esa era la posición de Gerez. En cambio, la nueva gestión de la compañía pública decidió cancelar el concurso y relicitar el primer tramo del nuevo Gasoducto Norte. Para no dilatar de más el proceso, Enarsa obvió ese antecedente reciente (es decir, no cancelará la licitación) y optó ahora Enarsa por un camino distinto: aprovechando que la diferencia de precios entre la propuesta presentada por el consorcio Techint-Sacde y el presupuesto oficial es menor (ronda apenas un 5%), le pidió a los privados que acepten un descuento en su propuesta a fin de homologarla al presupuesto actualizado de alrededor $ 59.000 millones. Resta saber si la UTE aceptará el pedido. Consultados por este medio, ambas empresas declinaron de realizar comentarios.

Estados Unidos, Argentina y los F-16

Introducciòn de AgendAR:

Durante años, AgendAR siguió de cerca los intentos de reequipamiento de los cazas supersónicos de la Fuerza Aérea Argentina por parte de los gobiernos de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y ahora de Javier Milei.

Durante todo ese tiempo los mandamases aeronáuticos (excepción hecha del Brig. Gral Xavier Isaac en tiempos fernandinos) arrimaron sin disimulos su preferencia por comprar F-16. Eso, según usos y costumbres de una fuerza alineada con los EEUU, y que desde 1955, al cajonear su autoequipamiento con el caza multipropósito Pulqui II y «clavar» a los varios países y fabricantes aeronáuticos que lo habían pedido, abjuró oficialmente de toda independencia tecnológica e industrial futuras en materia de diseño, fabricación y uso de material de combate. Hasta 1953 probablemente podríamos haber seguido el destino de Suecia: potencia aeronáutica menor pero respetada capaz de diseñar, construir y exportar algunos aviones maravillosos, como el Saab Gripen. En 1955 hicimos harakiri aeronáutico explícito en favor de los EEUU. Pero fue la propia Fuerza Aérea la que se encargó del trabajo sucio de destripar la capacidad de autoequipamiento de la Fuerza Aérea. Para más datos, ver aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Y para fijar posición sobre qué caza supersónico necesitamos aquí y ahora, en nuestra autoelegida incapacidad tecnológica y fabril, nuestro punto de vista se encuentra aquí y aquí. Ahi ya hay para entretenerse, lectores. Estos F-16 argentos que vamos a comprarle a EEUU resucitarían del monumental stock de chatarra que toma sol y polvo desde hace décadas en los desiertos del Sudoeste de los EEUU, o de los que van siendo dados de baja -ya muy revenidos- en las fuerzas aéreas europeas de la OTAN a medida que éstas se reequipan con el F-35. Habida cuenta de que somos sudacas imprevisibles y de que con chatarra voladora de cuarta en 1982 le mandamos 6 buques al fondo a su Graciosa Majestad, los EEUU nos venden 12 F-16 sin armamento lanzables inteligentes (es decir, sin bombas guiadas o misiles infrarrojos o radáricos). A eso sumarle una aviónica de tiempos del jopo y el cañón Vulcan de 20 mm. como único armamento. En un combate de intercepción contra otros cazas incluso mucho más antiguos pero dotados de misiles de alcance corto o medio, el cañón es tan útil como un pelapapas. Por otro lado, como dicen con verdad Sergio Eissa y Hernán Longoni, los autores de la nota que sigue, los últimos F-16 que compró Chile están en mejores condiciones de combatir a distancia, por su radar combinado con misiles AMRAAM de guiado terminal radárico, útiles a 20 o 30 km. de distancia. Añado con algo de maldad que la disponibilidad real de los F-16 chilenos rara vez supera el 50% de la flota total (44 aviones). Siempre faltan repuestos, y estos son un catálogo enloquecedoramente largo y variado. Sucede que los transandinos tienen 4 versiones distintas de este viejo pero hermoso caza. En suma, los chilenos tienen media flota excelente para desfile aéreo, y nosotros estamos por adquirir la mitad de la mitad de la mitad de otra, y también para desfile. En el Atlántico Sur, alcanzaría con unos pocos misiles crucero Tomahawk -que son robots transónicos a turbina- lanzados sorpresivamente por submarinos británicos para que los nuestros sean destruidos en tierra. Adiós desfile. De todos modos, para guerra no habrían servido. Vemos que hemos desperdiciado algunos elogios que prodigamos al Cdte. Xavier Isaac por su puntillosidad al comparar ofertas de MiG 35 ruso, JF-17 chino-pakistaní y HAL-Tejaz indio. Hoy Isaac es Jefe de Estado Mayor Conjunto de las tres fuerzas armadas, y subordinado a un gobierno civil que, como el de Javier Milei, excede por varios Kamasutras la política de «Relaciones Carnales» de Menem para con los EEUU. Isaac no parece interesado en renunciar. En el artículo que sigue los lectores van a encontrar que Eissa y Longoni hacen una refutación quirúrgica y experta de por qué NO COMPRAR los F-16. Hace años nos viene tratando de encajar esos aviones, o sus F-18, y como sea, la Generala Laura Richardson. Quien hasta nuevo aviso será la jefa real de nuestras fuerzas armadas residuales. Diferimos de este artículo en un solo punto crucial: el Barón Rojo murió hace mucho. El tema en cuestión, a saber para qué comprar el F-16, ha perdido casi toda su sustancia tecnológica y operativa, aunque no así la geopolítica. Un caza de superioridad aérea (real o supuesta) es un ícono de adhesión a tal o cual polo de poder global. En un momento de la historia humana en que cualquier mamerto entiende que nuestro país debe ser neutral, compromete nuestro alineamiento con Washington por largo tiempo. Al menos intenta eso. Yendo brutalmente a lo tecnológico y operativo: ¿ven mucha lucha entre cazas en el escenario ucraniano, oh lectores? Tanto rusos como ucranianos evitan volar sus Sukhoi 25 y 29 o sus Sukhoi 27, 35 o 57 sobre el territorio en conflicto. No son kamikazes. Prefieren disparar misiles aire aire, aire -tierra o aire-mar inteligentes, en general desde gran altura para lograr más alcance, pero desde lo más lejos que se pueda del frente. Los ataques rasantes supersónicos son de baja utilidad (pésimo apuntamiento) y alto riesgo (misiles antiaéreos portátiles por todas partes). La lucha aérea, antiaérea y de ataque a tierra no se parece a la de ninguna guerra simétrica anterior: se libra mayormente con baterías radarizadas, drones de observación y ataque, y sistemas misilísticos absolutamente automatizados. Todos hemos visto Top Gun. Pero robot mata galán, quevacé. Recordamos al lector que entre 2014 y 2015, el ingeniero Tulio Calderón de INVAP dirigió la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba, y una de sus medidas fundamentales fue empezar a diseñar drones argentinos de observación y ataque de tres capacidades de carga y alcance distintas, el llamado SARA, o Sistema Aéreo Robotizado Argentino. «El Mago» Oreste Berta, diseñador y preparador de motores de la Escuadra Torino en Nürburgring, diseñó un pistonero de tipo bóxer y 90 HP refrigerado a aire para propulsar las máquinas, tanto monomotoras como bimotoras. Entre tanto, se iba diseñando también el BLAAV, o Blanco Aérea de Alta Velocidad, un supersónico a turbina diseñado para ejercicios de intercepción o tiro antiaéreo, pero capaz de volverse un misil crucero de unos 1000 km. de alcance con muy poca ingenieria agregada. Se estaba en conversaciones con distintos proveedores de turbinas extra-OTAN, para que el Reino Unido no objetara la compra, pero con el «caveat» de que la fabricación debía ser local. Se pueden imaginar qué presidente degolló a la joven SARA en la cuna. Lo hizo en 2016, cuando con apoyo únicamente del Ejército, la FAdeA iba ensayando los primeros sistemas de despegue y aterrizaje autónomos de un primer dron de demostración tecnológica. El SARA ponía del tomate a La Embajada y a La Embajadita (la británica) porque, de desarrollarse libremente, habría puesto en duda la ecuación de poder sobre el Atlántico Sur. Pero además, en lo inmediato, estorbaba incluso los planes de Israel y EEUU de vendernos sus drones. No daré nombres, pero el Herodes del caso SARA fue y es tan popular que las canchas de fútbol crearon canciones sobre su prosapia, y tanto así que incluso hoy gobierna por poderes. La Fuerza Aérea, previsiblemente, boicoteó el SARA «ab initio»: los aspirantes a Barón Rojo, que entienden tanto de guerra moderna como yo de rock japonés, lo ven como el principio del fin de carreras que todavía no empiezan. Están equivocados, pero ése es tema de otro artículo. Los que están (o estaban) en peligro real en tiempos de SARA eran (son) los comodoros y brigadieres que ven la creación de una línea de drones nacionales como una amenaza a sus jubilaciones. Onda, comprás chatarra OTAN que ni siquiera logra volar, como los Super Étendard Modernisés (SEM), o que sólo sirve de adiestrador, como el Texan. Y con el diego que te queda vivís como un rey cauteloso. O no. Fuera de ello, con el 8vo país del planeta por superficie terrestre a defender, 36, 24 o 12 cazas inservibles (pero supersónicos) son lo mismo. En AgendAR queremos el regreso del proyecto SARA, y mientras tanto, charlar de sistemas misilísticos antiaéreos móviles con la India, nuestro futuro comprador de soja en plan B, ya que el binomio Milei-Macri le ha hinchado tanto las pelotas a China que nos canceló swaps y ahora empieza a recortarnos pedidos de granos. Queremos cosas que nos defiendan en serio. De aviones caza supersónicos hablaremos cuando nos sobre algo de plata, que será cuando tengamos un gobierno sin doble comando y pensemos más bien en aviones de doble comando. Porque el hombre del asiento trasero, el verdaderamente importante, irá manejando un enjambre de drones erizados de armas, y data-link mediante, generará y recibirá información radárica y visual de otros aviones y baterías terrestres. Será un nodo altamente móvil en una red informática. El de adelante será más bien un remisero con grandes dotes de navegación y aerobáticas, para esquivar misilazos enemigos. Y además, ese caza que compremos tenga integración y reparación nacional, misiles inteligentes y no un ridículo pelapapas Vulcan de 20 mm.

Daniel E. Arias

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Para los autores de esta nota, alineados en el «Consenso Básico de la comunidad académica sobre la política de defensa», la compra de los aviones F-16 a EE.UU., en lugar de los JF-17 que ofrece China, es una iniciativa que refleja intereses “cuyo proyecto es destruir las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los intereses de la superpotencia «A lo largo de cuarenta años de democracia, dos comunidades epistémicas han disputado la definición sobre que es la política de defensa. Claramente, ésta no es neutral ni objetiva y responde a intereses y sistemas de creencias de los actores políticos y sociales, domésticos y externos, interesados en influir en esta cuestión problemática. ¿Por qué? Básicamente, porque quién define es quien decide o, dicho de otra manera, la definición sesga la solución del problema. Estas dos comunidades epistémicas son, por un lado, el Consenso Básico que entiende, entre otras cosas, que la misión principal de la política de defensa es la de conjurar y repeler las agresiones externas militares estatales (AEME); que no deben ser utilizadas como Crime Fighters o Guardias Nacionales en la lucha contra el delito (Nuevas Amenazas, Narcotráfico, entre otras); ni deben ser reconvertidas en Small Armed Forces subordinadas a los intereses estratégicos que los Estados Unidos tiene en Sudamérica. Por el otro, tenemos al Consenso Oris de Roa, identificado por Luciano Anzelini, pero poco estudiado. Estos actores plantean, en este caso en palabras del exembajador Oris de Roa: “EE.UU. tiene hacia nosotros un interés político, y nosotros tenemos hacia ellos un interés económico. A EE.UU. le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (…) El desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que ellos tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo, de una forma diplomática, que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica”. En síntesis, proponen el alineamiento con los Estados Unidos, aunque esto perjudique los intereses vitales y estratégicos de Argentina; la utilización de las Fuerzas Armadas contra los delitos transnacionales; y el desconocimiento –en la práctica– de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; como, por ejemplo, con el Acuerdo Foradori-Duncan. Durante estas últimas cuatro décadas, el Consenso Básico se mantuvo incólume. Incluso pese al intento más serio de imponer los criterios de la otra comunidad epistémica durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) a través de la derogación del Decreto Reglamentario de la Ley de Defensa Nacional y del dictado de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 2018, esta sobrevivió. Funcionarios políticos y sus asesores fracasaron “como analiza Luciano Anzelini en su artículo de la Revista Íconos 75” por incapacidad en la gestión y porque a la derecha argentina no les interesa la política de defensa y las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, ha subordinado la política exterior y de defensa a los intereses del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (desde mediados del siglo XIX y hasta la II Guerra Mundial) y, posteriormente, a los de los Estados Unidos. Pese a ello, el Consenso Oris de Roa estaría intentando imponer que la definición de que los aviones F-16 son la mejor opción para modernizar la Fuerza Aérea argentina. A continuación, tomando como punto de partida los argumentos presentados por Juan Battaleme en dos notas publicadas en PERFIL y RUSI, sumamos algunas ideas y contraargumentos. Las consideraciones técnicas. En primer lugar, se argumenta que si no se compran los F-16 habría un problema de interoperabilidad con los países de la región. Sin embargo, no existiría ningún inconveniente de interoperabilidad. Si se siguiera ese criterio, todos los países de la región deberíamos contar con los tanques Leopard IV, lo cual no se verifica en la realidad. La República Argentina se encuentra modernizando los tanques TAM que fueron diseñados con un peso máximo que los hace aptos para cruzar todos los puentes de nuestro país; mientras que el Leopard no podría cumplir con ese requisito operativo. Aun así, los TAM2CA2 modernizados son completamente interoperables con los tanques del resto de la región. La interoperabilidad es un concepto que está relacionado a equivalencia de los sistemas de abordo y no a igualdad de medios o plataformas. En segundo lugar, los Skyhawk A4-AR llegaron en diciembre de 1997 y eran sistemas modernos. Actualmente, siguen siendo apropiados y cumplen con la misión para la que fueron desarrollados. No obstante, presentan al menos dos problemas: a) la plataforma o la célula (la carrocería, para que se entienda) es antigua; y b) se compraron treinta y seis (36) aviones A4-AR a fines de los 90, sin embargo, solo volaban dieciocho (18). En aquel momento el Poder Ejecutivo Nacional decidió no comprar los repuestos e implementos necesarios para el debido sostenimiento logístico de estos aviones, en tanto que Estados Unidos no garantizó la provisión de armamento inteligente. Por ejemplo, el Sistema A-4AR se lo pidió a Estados Unidos con los cañones DEFA 553 de 30 mm (como el Ayit israelí o la conversión Halcón que Argentina hizo con sus A-4B/D remanentes a finales de los 80), debido a las fallas del Colt Mk12 original. La respuesta estadounidense fue incluir a bajo precio una cantidad importante de munición de 20 mm para forzarnos a desistir de instalar los cañones de más calibre y más eficientes. Todos nuestros A-4AR usan el Colt Mk12 original con todos sus problemas, y eso también es un mensaje, en este caso de Estados Unidos hacia nosotros. Frente a esta situación hubo que recurrir a proveedores privados que ofrecían los repuestos y el armamento a un costo mucho mayor de lo que Argentina pagó por cada plataforma. En tercer lugar, y con relación al IA-63 Pampa, entrenador básico avanzado que utiliza actualmente la Fuerza Aérea argentina para la formación de sus pilotos de caza, debemos destacar que, en cuanto a la aviónica y los sistemas, un Pampa III es más moderno que un F-16 block 15 y también con respecto a un MLU. Obviamente, en lo que refiere a la capacidad del radar (que el Pampa no tiene), la performance y envolvente de vuelo, el F-16 es superior. En cuarto lugar, no se tiene en cuenta que un Pampa II/III requiere un adiestramiento para la gestión de recursos muy moderno. En la actualidad un piloto gestiona recursos en la cabina y los que se adiestran en el Pampa adquieren capacidades que les permiten adaptarse fácilmente a aeronaves de combate modernas. De ahí que, desde ese punto de vista, pasar de un Pampa III a un F-16A prácticamente sería un retroceso, salvo en cuanto a la performance y la envolvente de vuelo. En quinto lugar, la Fuerza Aérea argentina para operar los F-16 tendrá que tener presente que debe mejorar y tener en excelente estado las pistas, debido a la toma del aire, y que, por otro lado, esta aeronave utiliza hidracina –un compuesto cancerígeno– como generador de energía de emergencia porque frente a la avería del motor se produce la pérdida del control de los mandos de vuelo, lo cual es solucionado por ese sistema redundante. Esto último requiere ciertos cuidados especiales, si utilizó ese generador, cuando la aeronave aterriza. Por último, Estados Unidos entregaría doce aviones únicamente en condiciones de vuelo. En cuanto a los doce restantes, deberían ser modernizados, para lo cual no existirían capacidades para hacerlo en Argentina. Es decir, serían veinticuatro aeronaves, y no treinta y seis, porque doce ya fueron entregados a Ucrania. En todo caso, ¿por cuántos años los proveedores de Estados Unidos estarían interesados en sostener la logística de nuestros viejos F-16, o tendríamos los mismos problemas que tuvimos con el A4-AR? Asimismo, ¿en caso de que Argentina sufriera una agresión militar, Estados Unidos nos brindaría apoyo y soporte o se repetiría la situación de la Guerra del Atlántico Sur (1982)? Tengamos presentes que Chile ya tiene restricciones operativas y estratégicas para utilizar sus F-16. Tanto el país hermano como nosotros somos considerados por EE.UU. como su patio trasero. Situación que el país del norte pretende mantener a toda costa. En consecuencia, nunca nos van a vender misiles inteligentes sin restricciones como tampoco lo hicieron con el país trasandino y, en nuestro caso, se le agrega el veto británico. El veto británico existe efectivamente y ya afectó –por mencionar solo un ejemplo–, la reparación del destructor Hércules que tenía componentes británicos. Finalmente, se señala que sería costoso/complicado pasar de un Sistema de Armas occidental a uno chino. Seguramente, pero la alternativa sería tener un avión que no brinda la capacidad de defensa aérea indirecta como bien saben los británicos. En síntesis, el F-16 no es la mejor opción para que la Fuerza Aérea argentina cumpla con la misión que le encomienda la Constitución Nacional, la Ley de Defensa Nacional, la DPDN 2021 y el Plancamil 2023. Pese a lo expuesto, Estados Unidos y el Consenso Oris de Roa estaría logrando imponer esta opción. Los argumentos políticos. En definitiva, los Estados Unidos ofrecerían doce aeronaves operables “as is” y doce aviones que, como hemos descripto en el apartado previo, no estarían condiciones de volar (el dejá vu de los SEM de la Armada argentina), pero lo que también llama la atención son las consideraciones políticas en los argumentos del autor. En primer lugar, el autor sostiene que la adquisición del F-16 supondría “una mejora en la dinámica existente del ambiente de seguridad de la región, en tanto Chile y Brasil ya trabajan en estrecha colaboración y agenda común con Estados Unidos en temas de seguridad y defensa”. En la actualidad ¿es malo el ambiente de seguridad internacional en Sudamérica? No compartimos esa apreciación. Argentina con su Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas tienen una estrecha colaboración con Brasil y Chile; a tal punto, que con este último compartimos la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur y realizamos todos los años la patrulla antártica. En cuanto a Estados Unidos, se colabora estrechamente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico; las agencias de seguridad de Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Brasil colaboran estrechamente en Triple Frontera; y Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para combatir los delitos transnacionales, como el narcotráfico, la trata de personas, el ciberdelito y el lavado de dinero, entre otros, durante el mes de septiembre de 2023. La relación con Estados Unidos se desenvuelve por los carriles normales que históricamente se han desarrollado; obviamente, sin llegar al grotesco de las relaciones carnales de la década de los 90. En el único punto que no estamos de acuerdo es en utilizar nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado o las Nuevas Amenazas o Amenazas Emergentes o sinónimos varios. El segundo argumento es muy revelador en dos sentidos. El autor sostiene que “si bien se puede argumentar que la opción china no empeoraría la condición de seguridad en el Atlántico Sur, el argumento de adquisición que utilizan los defensores del JF-17 es que no tienen restricciones de uso, o lo que es peor, desde el punto de vista político, comprarle a China obligaría al Reino Unido a destinar más recursos a la defensa de las islas Malvinas y, por lo tanto, van a tener que negociar. Una razón por demás imprudente para pensar la adquisición de un avión de combate, más en un país que, por razones de sus vulnerabilidades económicas, demanda una modernización que no sea vista como provocativa o que está diseñada para modificar el statu quo regional. Básicamente, y en primer lugar, el autor considera que es imprudente que la política de defensa apoye a la política exterior para forzar al Reino Unido a negociar. En otras palabras, argumenta que no hay que molestar a los británicos apoyando desde la defensa la política exterior. Disentimos con esta apreciación estratégica. Tal como sostiene la DPDN 2021, a los británicos no les interesan los habitantes de las islas, sino el control del Atlántico Sur, los estrechos y la proyección a la Antártida y, como contracara, lo que está en juego para la Argentina son sus intereses vitales (integridad territorial) y sus intereses estratégicos (la libertad de maniobra en el Atlántico Sur y sus recursos estratégicos, y la proyección antártica). Entonces, ¿para qué queremos FF.AA. y aviones de combate si no es para cumplir con la misión que les ordena la Constitución Nacional y la Ley de Defensa? En segundo lugar, y según el autor, ¿las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida son irrelevantes para las consideraciones de la defensa nacional? Un tercer argumento es que no sería conveniente tener un avión con “plenas capacidades” para la defensa nacional como el JF-17 porque sería una amenaza para el Reino Unido. ¿Por ello hay que optar por el F-16? En efecto, esto es un reconocimiento que los F-16 no proveerían una actitud disuasiva creíble. Como ya sostuvimos ut supra, al igual que con Chile, los aviones vienen con restricciones de uso y no conformarían un sistema de armas: problemas operativos, logísticos y no contaríamos con misiles de inteligentes sin restricciones. Los F-16 sería una opción cara para que no cumpla con la misión que deberían realizar –como se señaló– y para realizar solamente desfiles aéreos. Por último, si compartimos que la vocación de servicio de nuestros militares es invalorable. Por eso nuestros pilotos –y todas las Fuerzas Armadas– deben contar con Sistemas de Armas acordes al siglo XXI. Este sería uno de los argumentos para adquirir ya los F-16. Para ello, se aprobó el Fondef con amplio consenso político y, pese a lo que dice erróneamente Battaleme, este se ha ejecutado y ha mejorado la disposición de recursos para invertir en la política defensa; como demuestra la ejecución de los años 2020 a 2022, informada al Congreso de la Nación en mayo y noviembre de cada año. ¿Y entonces? Las Fuerzas Armadas que propone el Consenso Oris de Roa es la que ya planteaba McNamara en los años 60: los militares nativos deben conformar Small Armed Forces que cumplan un rol subordinado a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Guardias Nacionales luchando contra el narcotráfico: sería muy triste presenciar a un F-16 “persiguiendo” una avioneta en la frontera norte. Según el autor a esta situación se llegó porque: a) faltaron recursos, b) nacionalismo obstruccionista y c) la disputa entre China y Estados Unidos. Ciertamente, faltaron recursos. En primer lugar, el presupuesto bajó del 2% del PBI en 1990 (luego que se alcanzara el control civil de las Fuerzas Armadas) hasta el 0,9% en 2001 en el marco de un gobierno, que, si bien era peronista, se presentaba como neoliberal –es decir, de derecha– y acorde a las relaciones carnales con los Estados Unidos. Esta situación, se repitió entre 2015 y 2019 cuando descendió hasta el 0,7% del PBI; recuperándose desde entonces. En función de lo que ha pasado bajo gobiernos con políticas neoliberales, se podría inferir que el presupuesto vuelva a bajar entre 2023 y 2027. En segundo lugar, el problema no fue el “nacionalismo obstruccionista”, sino, por el contrario, fueron el alineamiento con los Estados Unidos, la priorización de las relaciones financieras y comerciales con ese país, como sostuvo Oris de Roa –ver ut supra–, y el veto británico los que impidieron la recuperación y modernización de las Fuerzas Armadas. Además de los ejemplos de los A4-AR y del destructor Hércules, podemos sumar la compra de aviones que no vuelan, como los SEM y los Texan II AT-6C durante el gobierno de Mauricio Macri, anunciados para luchar para el narcotráfico, pero que no tienen armamento apropiado, y que ahora son empleados para el adiestramiento en la Escuela de Aviación Militar. Asimismo, el endeudamiento de la última dictadura (1976-1983), de la década del 90 y los 50 mil millones de dólares que pidió el presidente Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI), le permiten a los Estados Unidos condicionar –además de la política económica– nuestra política exterior y de defensa. ¿Mala gestión de la derecha o, en definitiva, ese es el proyecto de la derecha para con las Fuerzas Armadas? Small Armed Forces alineadas con los Estados Unidos, a condición de dejar de lado nuestro reclamo de soberanía? No obstante, los dirigentes del campo nacional y popular y el progresismo deben hacer un mea culpa: resuelta la cuestión militar en 1990 se abandonaron los temas estratégicos de la defensa, dejándolos en mano de la derecha, cuyo proyecto es destruir las Fuerzas Armadas acorde a los intereses de la superpotencia. En tercer lugar, existe efectivamente un escenario internacional más pugnante por la disputa entre Estados Unidos y la República Popular China que estaría configurando una transición hegemónica entre ambas potencias. En consecuencia, teniendo presente el contexto geopolítico –segunda razón–, la compra de los F-16 devendría en la única posible. Por un lado, no se vería afectado el intercambio comercial y político con China por no adquirir material de esa procedencia (moderno, de última generación y completo en armamento y disponibilidad). Por el otro, no se generarían rispideces con los Estados Unidos que podría –entre otras– afectar nuestra situación económica y la relación estratégica con la potencia. Por ello, se piensa en adquirir un sistema de armas antiguo, con una perspectiva de uso con un horizonte a diez años, que a su vez satisfaga la mirada del Consenso Oris de Roa. En definitiva, los limitantes son el contexto geopolítico y los condicionantes económicos que le impuso la derecha a nuestro país durante la última dictadura (1976-1983), durante los años 90, en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y, tal vez, durante el nuevo gobierno argentino. El autor refiere en una de sus notas a la película Top Gun, cuya versión original vimos extasiados en 1986, y cuya secuela disfrutamos este año. Entre una y otra pasaron cuarenta años y aquellos adolescentes fanáticos de los aviones, somos ahora adultos que siguen siendo amando los aviones, pero más interesados en la defensa nacional, en la modernización de las Fuerzas Armadas y convencidos en que éstas son esenciales para la defensa y la política exterior. También consideramos que el diseño de nuestro Sistema de Defensa debe estar acorde a los intereses vitales y estratégicos de Argentina, y no a los de otras potencias extranjeras. A esta altura, queremos –más bien– disfrutar de una película sobre el ataque al de la Fuerza Aérea argentina al HMS Invencible y volver a mirar a los Halcones sobrevolando la Patagonia y el Atlántico Sur en cazas de última generación.»