El nuevo canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, abogó este miércoles en París por “una rápida ratificación” del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, frente a la ya conocida oposición del presidente francés, Emmanuel Macron.
“Ya conocen mi opinión personal: que el acuerdo con el Mercosur debería ratificarse y ponerse en marcha rápidamente, pero eso no quita que sigamos buscando otros socios comerciales. Apoyamos a la Comisión Europea (CE) en esa búsqueda, es el buen momento para firmar acuerdos de libre comercio”, declaró Merz, en una rueda de prensa conjunta con Macron celebrada en el Palacio del Elíseo.
En su primer viaje internacional tras haber sido votado el martes canciller por el Parlamento alemán en una inédita segunda vuelta, el dirigente germano opinó que las reticencias a ciertos aspectos de los acuerdos comerciales de Francia no ponen en causa la apuesta europea en esa materia.
Macron, por su parte, insistió en los mismos argumentos para frenar la ratificación del Mercosur, firmado por la CE en diciembre de 2024 y que engloba a las potencias agrícolas de Brasil y Argentina, además de Uruguay y Paraguay, más Bolivia, que está completando su proceso de adhesión.
“Estamos a favor de los acuerdos comerciales siempre y cuando respeten a los productores europeos y les proporcionen un tratamiento de igualdad de condiciones operativas” respecto a productores de países terceros, señaló.
Para Macron, “no es posible que se exija cada vez más a nuestros productores, mientras nos abrimos a otros que no son tan estrictos” en áreas como el medio ambiente.
El presidente francés puso como buen ejemplo de “condiciones igualitarias” el acuerdo comercial entre la UE y Canadá.
El canciller de Austria, Christian Stocker (REUTERS/Leonhard Foeger)
Austria confía en alcanzar una posición común
Por su parte, el canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, expresó este martes su confianza en que su país alcance una posición común que permita avanzar hacia la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, pese a las divisiones internas dentro de su partido y una resolución parlamentaria previa contraria al tratado.
“Estoy convencido de que encontraremos una solución”, respondió Stocker a una pregunta de la agencia de noticias EFE en un encuentro con corresponsales extranjeros en Viena acerca de la posición contraria de Austria a la ratificación de Mercosur.
Reconoció que dentro de su formación, el democristiano Partido Popular (ÖVP), existen también posiciones enfrentadas al respecto entre el ala que representa los intereses de los agricultores y el ala económica e industrial.
Según explicó Stocker, mientras el sector agrícola del ÖVP teme que los estándares de producción sudamericanos generen una competencia desleal, el ala económica del partido respalda de forma clara el acuerdo.
En cualquier caso, se mostró favorable del libre comercio y destacó que en tiempos actuales de incertidumbre por las medidas proteccionistas de la Administración de Donald Trump en EEUU, la Unión Europea debe diversificar sus socios comerciales.
La empresa argentina INVAP partcipó en la feria FAMEX 2025 como parte de la estrategia de fortalecimiento de la presencia regional que llevan adelante, con el objetivo de abrir nuevos mercados. Entre el personal que estuvo presente en México había representantes de las áreas de Defensa, Seguridad y Ambiente, y del Área Espacial, porque en México ven oportunidades concretas en ambas líneas.
En particular, la Fuerza Aérea Mexicana está en proceso de adquisición de radares de vigilancia, y desde la empresa sostuvieron que el radar RPA-200M “es una solución robusta, con un precio competitivo y diseñado desde su concepción para tener un bajo costo operativo. Eso es clave para muchas fuerzas de la región, que después de adquirir un sistema enfrentan dificultades para sostenerlo en condiciones óptimas.
Además del producto en sí, nuestra cercanía —geográfica, cultural y lingüística— es un diferencial. Poder brindar capacitación, soporte técnico y acompañamiento en el mismo idioma, con equipos cercanos, permite una respuesta mucho más ágil y ajustada a las necesidades reales de quienes operan la tecnología”.
Participar de FAMEX también les permitió acercarse a potenciales clientes, otras empresas y socios regionales. “México tiene una industria aeroespacial sólida, con capacidad probada en manufactura de componentes complejos y estándares de calidad exigentes. Estamos interesados en explorar asociaciones tecnológicas que sumen valor para ambas partes. Un hito importante en este sentido fue el encuentro con la Federación Mexicana de la Industria Espacial (FEMIA), con quienes analizamos posibilidades concretas de colaboración que pueden fortalecer nuestra presencia en México” afirmaron desde INVAP.
Además, personal de la empresa brindó una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dirigida a directivos, docentes, profesionales y estudiantes, que les permitió compartir su experiencia y abrir nuevos espacios de intercambio.
“Además, tuvimos reuniones con distintos organismos mexicanos fuera del ámbito de defensa, para explorar oportunidades de colaboración en radares civiles, tanto para el control del tránsito aéreo como para aplicaciones meteorológicas, así como con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, buscando ampliar nuestra red de cooperación tecnológica en la región” agregaron y concluyeron que “fue una feria muy activa, con una gran convocatoria, que nos permitió generar contactos relevantes. Nos volvemos contentos, con nuevos vínculos, potenciales alianzas y oportunidades tanto en el área de Defensa como en la Espacial, donde vemos un campo fértil para la cooperación tecnológica en la región”.
Si bien la competitividad agrícola, en el largo plazo, está más vinculada a cuestiones estructurales, en el corto plazo el factor cambiario resulta relevante. Por ese motivo, resulta útil hacer un seguimiento del Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que busca medir qué tan competitivo es el tipo de cambio en la Argentina para la soja respecto al resto del mundo (ITCRM-Soja).
Para la confección del indicador el Área de Economía de CREA considera a los principales actores del comercio internacional de productos oleaginosos (Argentina, Canadá, UE-27, Paraguay, Ucrania, EE.UU., Brasil e India), ponderados por su participación relativa en función de los montos comercializados por cada país en el último lustro.
Al respecto, la competitividad de la soja se ve fundamentalmente afectada por lo que ocurre en Brasil y EE.UU., países que representan más del 90% del índice por su participación en el complejo sojero.
Además, el índice también tiene en cuenta el efecto que producen los reintegros y derechos de exportación en la Argentina, que operan aumentando o reduciendo el nivel del tipo de cambio que efectivamente percibe el empresario agrícola.
En el siguiente gráfico pueden observarse grandes saltos ITCRM-Soja en el tercer trimestre de 2018 y fines de 2023, período en los cuales el peso argentino registró una importante devaluación.
También son evidentes las grandes oscilaciones promovidas por las diferentes ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), más conocido como “dólar soja”, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023.
“Luego de que a fines del año pasado el ITCRM-Soja registrara el nivel más bajo desde el año 2015, la reducción temporaria de los derechos de exportación implementada este año por el gobierno nacional impulsó una recuperación del mismo”, apuntó Francisco Anzoátegui, economista del Área de Economía de CREA.
“Sin embargo, el indicador que mide la competitividad cambiaria de la soja argentina sigue por debajo del promedio registrado en los últimos veinticinco años”, añadió en un artículo publicado en Contenidos CREA
Al visualizar el ITCRM-Soja sin derechos de exportación, es factible advertir que el valor sin el impuesto se ubicaría en un nivel inferior al vigente con el tributo dos años atrás.
“La depreciación de la moneda brasileña y del dólar estadounidense contribuye a licuar la competitividad cambiaria de la soja argentina, lo que agrava el problema en un contexto de precios internacionales decrecientes”, explica Francisco.
“En situaciones como las actuales se evidencia el perjuicio que un impuesto distorsivo puede tener sobre la competitividad de un sector que es el mayor generador genuino de divisas de la economía argentina”, resume.
A finales del pasado mes de abril, la Armada Argentina finalizó con éxito una nueva operación de vigilancia y control de los espacios marítimos. Iniciada el 16 de abril, la Operación “Mare Nostrum III” involucró al patrullero oceánico ARA Storni y a una aeronave Beechcraft B-200 M, los cuales realizaron una serie de tareas de control en aguas de jurisdicción nacional, además de diversos entrenamientos y actividades de alistamiento de sus dotaciones.
Según lo informado por la Armada Argentina, el ARA Storni, perteneciente a la División Patrullado Marítimo, zarpó el 16 de abril desde su apostadero en la Base Naval Mar del Plata con rumbo al límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), con el objetivo de “…ejercer la vigilancia y el control de las concentraciones de buques pesqueros extranjeros en la zona adyacente a la ZEE, desde el lateral de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, hasta el lateral de las Islas Malvinas”, según detalló la fuerza.
Este despliegue fue complementado por dos vuelos, realizados los días 23 y 28 de abril, por una aeronave B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima con asiento en la Base Aeronaval Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Durante estas misiones se cubrieron 41 mil millas, identificando concentraciones de buques extranjeros operando en la zona; se listaron hasta 400 buques, entre pesqueros y logísticos.
Desde la Armada Argentina se indicó que las operaciones de ambos medios desplegados en la ZEE fueron monitoreadas desde Buenos Aires, donde se encuentra el Comando Conjunto Marítimo, desde el cual se recalcó que la presencia del patrullero oceánico y la aeronave obliga “…a los buques pesqueros de arrastre a mantenerse fuera de nuestra zona de jurisdicción”.
Está claro por qué, desde 2016, el desmantelamiento de ARSAT es un mandato geopolítico y una oportunidad dilecta para el despojo en manos de los grupos concentrados. Esta empresa estatal presta servicios a pymes y cooperativas ubicadas en todos los puntos del país y también a Telecom, Telefónica y Claro. El rango de prestaciones incluye el alquiler de sus satélites ARSAT 1 y 2, internet de alta calidad para todo el territorio, la comercialización mayorista de transporte de datos a través de más de 31.000 kilómetros de la Red Federal de Fibra Óptica y servicios de procesamiento en la nube y de hosting de información en su Centro Nacional de Datos. ARSAT es una arteria directa al desarrollo, es la refutación de facto de la República sojera, o minera, o bananera del RIGI, el anti-paradigma del extractivismo financierizado.
A comienzos de noviembre de 2015, el Congreso sancionó la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital. Este hito marcó el punto de llegada de la evolución virtuosa del desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina y, en especial, de las comunicaciones satelitales. Luego de 25 años de desindustrialización y caída al abismo en 2001, en el período 2003-2015 la Argentina recuperó políticas intensivas en educación, ciencia y tecnología con producción nacional y redistribución del ingreso. Los satélites son un caso testigo deslumbrante, peronismo destilado al 100%.
A través de las empresas públicas ARSAT e INVAP, junto a muchas decenas de pymes, un país de América Latina demostró que era capaz de sostener procesos de acumulación de capacidades y desarrollar sus propios satélites de comunicaciones, avanzar en la autonomía tecnológica en un sector estratégico, abrir una gran ventana de negocios para empresas nacionales, llevar servicios a zonas excluidas del país y, además, ser superavitaria.
Los claroscuros vertiginosos de esta historia merecen un documental. En 2014 se puso en órbita el satélite ARSAT-1 y al año siguiente ARSAT-2; por eso la ley de noviembre de 2015 incluía el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, que continuaba este sendero con el desarrollo de ocho satélites adicionales en el período 2015-2035. Desarrollar y poner en órbita ARSAT-3 en 2019 era la tarea del flamante Presidente de los Panamá Papers. El tercer satélite geoestacionario se financiaba con ingresos propios de ARSAT.
El Presidente que se iba a fumar 44.000 millones de dólares del FMI, en septiembre de 2014 sostenía: “Hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. […] se generan empresas satelitales que no funcionan”. Cuando la casa matriz del grupo Macri se instaló en Balcarce 50, en diciembre de 2015, al frente de ARSAT fue puesto el abogado Rodrigo De Loredo, pero digitado por la dupla integrada por su vicepresidente, el abogado Enoch Aguiar —que forjó sus habilidades en adjudicaciones directas al capital extranjero como secretario de Comunicaciones de De la Rúa—, y por su suegro de apodo “el milico”, el abogado a cargo del Ministerio de Comunicaciones del macrismo.
Un paréntesis. Siempre coherente con sus mentiras, el primer Presidente argentino que en democracia no pudo renovar su mandato, a fines de 2022, reconocía que ARSAT era superavitaria y prometía que quedaría fuera de las empresas privatizables si ganaba las elecciones de 2023.
Así como los últimos doscientos años de capitalismo demuestran que el sendero satelital argentino es un indicador irrefutable de desarrollo, también demuestran que la financiarización y la extranjerización son síntomas irrefutables de subdesarrollo. A esto último se dedicó De Loredo hasta fines de 2019 y hoy, como veremos más abajo, Darío Genua, actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que incluye entre sus incumbencias subejecutar, viajar sin motivo y destruir las comunicaciones satelitales.
El ARSAT-3 no fue puesto en órbita en 2019. A cambio, De Loredo inició el desmantelamiento de la empresa ARSAT para retomar la política de “cielos abiertos” de los años noventa. A semejanza de las expresiones “reperfilamiento” o “crecimiento invisible”, “cielos abiertos” es pura poesía para expresar la entrega al capital extranjero y a grupos concentrados de los espectros de frecuencia y los negocios en manos de la empresa ARSAT.
Pandemia, divisas y otras plagas
Colapsado el desastre endeudador macrista, a finales de 2020 —plena pandemia—, ARSAT firmó con INVAP el contrato para el diseño, fabricación y ensayo del tercer satélite. Se lo bautizó ARSAT-SG1 (ARSAT Segunda Generación 1). El cambio de nombre se debe a que el diseño del nuevo satélite supone una plataforma satelital diferente a la que hubiera empleado ARSAT-3.
La inversión inicial estimada para el proyecto ARSAT-SG1 fue de 265 millones de dólares. Un préstamo soberano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de 243 millones de dólares hizo posible iniciar el proyecto. Los 22 millones restantes quedaron a cargo del Estado argentino.
Al momento de la firma del contrato con INVAP, en 2020, se acordó como fecha probable de lanzamiento la segunda mitad de 2023. Las autoridades de INVAP asumían el compromiso de lanzar el satélite antes de la finalización del mandato de Alberto Fernández, si bien documentos internos reconocían que era muy improbable la puesta en órbita antes de 2025. Esta cota temporal mínima venía dada por la suma de los tiempos de provisión de componentes y por el propio proceso de fabricación.
No hay que horrorizarse. Lidiar con la temporalidad de los intereses políticos, con cataratas de imprevistos y con la entropía geopolítica siempre hostil son los rasgos del maldito problema de la acumulación de capacidades estratégicas en la semiperiferia de América Latina. Algo que los propios economistas heterodoxos del campo popular parecen no entender cuando hacen metafísica de “la macro”. Algo que sí tuvo muy claro Cristina Fernández durante sus dos períodos presidenciales: sin capacidades tecnológicas autónomas no hay proyecto nacional. No alcanza con proclamarlo, hay que estudiar, entender y asimilarlo al pensamiento económico. Para decirlo de manera banal, la línea que separa al peronismo neoliberal del peronismo anti-neoliberal corta por el centro el problema de la acumulación de capacidades tecnológicas autónomas.
La guerra en Ucrania y la consecuente demora en la provisión de algunos insumos de origen europeo que aportaron al incremento de costos, sumadas a la subestimación original de costos y a algunas omisiones permiten comprender por qué el proyecto ARSAT-SG1 requiere de 60 millones de dólares adicionales a los 265 millones del financiamiento inicial.
Para completar el período 2019-2023, hay que decir que, si bien con INVAP fue el contrato por la provisión del satélite, ARSAT firmó 20 contratos adicionales con empresas extranjeras para la provisión de distintos sistemas y componentes por más de 100 millones de dólares. A finales de 2023, debido a las restricciones en divisas que afectaron al país, se produjeron retrasos en el pago de algunos de estos contratos. En ese momento, el avance del proyecto estaba por encima del 55%.
Bicicleta mata satélite
Como todo lo que está del lado de la economía real, desde el inicio del gobierno cripto-libertario la situación de ARSAT colapsa. Mientras que en 2024 la empresa sextuplicó los ingresos de 2023, a lo largo del período que va de noviembre de 2023 a abril de 2025, el ingreso de los trabajadores de ARSAT subió un 114%, mientras que los precios minoristas según el IPC lo hicieron en un 359%. Esta diferencia representa una caída del 70% del salario real de los trabajadores de ARSAT.
A fines de octubre de 2024, el gobierno anunció que se pondrán a disposición los 100 MHz de espectro radioeléctrico de frecuencias 5G en manos de ARSAT desde la subasta que se había realizado un año atrás y los 50 MHz en manos del ENACOM. Finalmente, la ejecución de los 20 contratos de ARSAT-SG1 entró en “stop of work”, esto es, suspensión de ejecuciones y avances como paso previo a la cancelación y posterior demanda judicial. Con el desmantelamiento y el saqueo otra vez en curso, el desconcierto, la desmoralización y el desgranamiento del personal de ARSAT es el corolario del nihilismo científico y tecnológico que clausura cualquier proyección de futuro. La hipótesis del vaciamiento para que su precio sea irrisorio suena factible.
Mientras tanto, en Ciudad Gótica, Darío Genua no se cansa de auto-humillarse con mensajes en las redes que anuncian castigos a otros por las desidias de su propia ineptitud. (No te pierdas los comentarios al siguiente tuit).
Mientras amenaza a la comunidad científica como el sheriff de Nottingham, Genua afirmaba en marzo de 2025: “El gobierno fue claro con lo que tiene que ver con empresas del Estado, quiere privatizar. Si bien ARSAT no quedó dentro del decreto de privatizaciones, la compañía tiene un camino de desarrollo signado por su salida a la bolsa”. Más Claro, echale Telecom.
Si bien el proyecto ARSAT-SG1 no dispone de la totalidad de la financiación, la suspensión de los contratos no se debe a la falta de fondos. La CAF giró a la Argentina en 2024 alrededor de 40 millones de dólares que no fueron utilizados para el pago a proveedores del extranjero. El problema radica en que, al ser contratos con tiempos de provisión extensa, requieren de una resolución del Banco Central que exceptúe de traer al país el producto en un plazo mayor al que la normativa contempla. Si bien ARSAT había obtenido una resolución favorable en 2021, esta se venció y el gobierno del promotor de $Libra no la renovó.
Laberintos legales y erogaciones
Tanto ARSAT-3 como ARSAT-SG1 fueron concebidos para ocupar y explotar la órbita geoestacionaria 81° Oeste y una serie de frecuencias radioeléctricas asociadas (banda Ka) con la prioridad asignada a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Inicialmente se tiene un plazo de siete años para colocar un satélite, pero vencido este plazo se puede renovar por tres años la prioridad colocando un satélite arrendado —un “gap filler” en la jerga— para que transmita en las frecuencias asignadas durante tres meses, sin obligación de dar servicios.
El plazo inicial para colocar un satélite en la órbita geoestacionaria 81° Oeste se había vencido inicialmente en 2019 y ARSAT obtuvo una prórroga de tres años, ubicando el satélite ASTRA-1H de la empresa SES, con sede en Luxemburgo. Luego se extendió el plazo hasta 2025 con el arrendamiento en 2022 del satélite HYLAS-1 de la empresa Avanti, con sede en Londres. Recientemente, ARSAT arrendó un satélite de Astranis, con sede en California, para volver a extender la prioridad hasta junio de 2028. En total, por estas tres prórrogas del plazo, ARSAT lleva erogados alrededor de 25 millones de dólares.
En las respuestas del 142° informe de gestión que envió el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en abril de 2025, se confirma que el proyecto requiere de 61,6 millones de dólares adicionales para completar el financiamiento y que la CAF ya lleva desembolsados 160 millones. Además, el informe de Francos también señala la necesidad de una cuarta protección de la órbita geoestacionaria 81° Oeste en 2028, dado que ARSAT-SG1 no podría ser lanzado antes de junio de 2028. En concreto, la finalización de la construcción y puesta en órbita de ARSAT-SG1 se encuentra supeditada a un conjunto de factores que colocan a la misión ante una inminente cancelación.
Si en los próximos meses, o tal vez semanas, ARSAT no logra levantar el “stop of work” de los 20 contratos con proveedores extranjeros, estos contratos comenzarán a rescindirse. Esta situación implica la cancelación de facto de la misión, dado que impide contar con los componentes o sistemas necesarios e imposibilita una nueva adquisición. En caso de que eventualmente ARSAT logre levantar el “stop of work” con pagos parciales, deberá resolver la autorización de fondo con el Banco Central para poder pagar la totalidad de los contratos.
En caso de no poder hacerlo, la empresa vuelve a enfrentar la rescisión de los proveedores extranjeros. Si las fuerzas del cielo logran que ARSAT pueda levantar el “stop of work” y obtener las autorizaciones necesarias del Banco Central, deberá ampliar en 70 millones de dólares el financiamiento del proyecto, evento de probabilidad cuasi-nula si observamos lo que ocurre en otros sectores de I+D —INTA, INTI, CNEA, SMN, etc.— y la sumisión obscena del gobierno a los caprichos del arancelador del norte.
Desarrollo y geopolítica
Si no hubiera sido cancelado por el gobierno de Macri, ARSAT-3 debía ser lanzado en 2019. El satélite disponía de capacidad de alto rendimiento como para brindar banda ancha satelital casi cinco años antes de que Starlink comience a dar servicios comerciales en el país. ARSAT-SG1, con mucha más capacidad para dar Internet, debía ser lanzado en 2023, pero actualmente enfrenta la inminente cancelación por la recisión de los contratos con proveedores extranjeros.
ARSAT-SG1 puede ser el primer satélite de alto rendimiento (HTS por las siglas en inglés), tecnología que reutiliza las frecuencias disponibles en haces reducidos para incrementar el ancho de banda total de la misión satelital. Este satélite, sobre la base de una misma cantidad de espectro radioeléctrico, tendría más de 30 veces la capacidad de tráfico de datos que ARSAT-1 o ARSAT-2. Un satélite HTS es adecuado para servicios de Internet de banda ancha. Con 70 Gbps (gigabit por segundo) de capacidad total repartidos en 40 haces, ARSAT-SG1 tendría cobertura en la Argentina y países limítrofes y podría brindar banda ancha a alrededor de 200.000 usuarios residenciales.
Cobertura del ARSAT SG-1.
La Argentina tuvo y tiene toda la capacidad para brindar servicios de banda ancha desde el espacio con satélites propios de fabricación nacional. La tenacidad y persistencia para que esto no ocurra permiten inferir que se trata de una barrera geopolítica. Los sectores estratégicos son de retornos crecientes y producen efectos multiplicadores sobre el resto de la economía, generan aprendizajes y escalamiento tecnológico y organizacional, mayor complejidad y diversificación de la estructura productiva, empleo digno y creciente autonomía con capacidades exportadoras.
ARSAT es uno de los campos de batalla más cruentos en la larga confrontación por el desarrollo argentino.
Días después de que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles generalizados conmocionó a múltiples socios comerciales y a los mercados mundiales, un puñado de países se perfilan como posibles ganadores, aunque el riesgo de una recesión inducida por los aranceles limitará las ventajas.
Con aliados de larga data y estrechos socios comerciales de Estados Unidos como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur entre los más afectados -con aranceles del 20% o más-, rivales desde Brasil a India y desde Turquía a Kenia ven un resquicio de esperanza.
Brasil se encuentra entre las economías que escaparon con el arancel estadounidense “recíproco” más bajo, del 10%. Además, el gigante agrícola podría beneficiarse de los aranceles de represalia de China que probablemente afectarán a los exportadores agrícolas estadounidenses.
Los últimos aranceles estadounidenses entrarán en vigor el 9 de abril.
Brasil, como importador neto de bienes de Estados Unidos, ejemplifica la forma en que algunos países podrían aprovecharse de la guerra comercial que Trump está librando principalmente contra China y otros grandes exportadores que tienen superávits comerciales con Estados Unidos.
Marruecos, Egipto, Turquía y Singapur, todos ellos con déficits comerciales con Estados Unidos, podrían encontrar una oportunidad en la angustia de aquellos que, como Bangladesh y Vietnam, tienen grandes superávits y han sido duramente golpeados por Trump.
Mientras que los dos últimos están lidiando con aranceles previstos del 37% y el 46%, respectivamente, los primeros, como Brasil y la mayoría de sus vecinos, enfrentan un 10% cada uno, algo como un tirón de orejas en el nuevo orden mundial de Trump.
Turquía, cuyas exportaciones de hierro, acero y aluminio se vieron afectadas por anteriores aranceles de Estados Unidos, ahora se beneficiará a medida que otros comerciantes mundiales soporten gravámenes aún más altos.
Kenia, país con el que Estados Unidos mantiene un superávit comercial, también podría beneficiarse de un golpe arancelario relativamente leve. Los productores textiles, en particular, expresaron su esperanza de obtener una ventaja comparativa frente a los competidores de los países más afectados por los aranceles.
India, a pesar de un arancel del 26%, sigue buscando oportunidades en los mayores problemas de sus rivales asiáticos. Según una evaluación interna del Gobierno compartida con Reuters, los sectores en los que India puede ganar cuota de mercado en los envíos a Estados Unidos incluyen el textil, la confección y el calzado.
Poco después del anuncio de los aranceles, el Ministerio de Comercio indio dijo que estaba “estudiando las oportunidades que pueden surgir debido a esta nueva evolución de la política comercial de Estados Unidos”.
India también espera obtener de China una mayor cuota de la fabricación del iPhone de Apple gracias al diferencial arancelario, aunque el arancel del 26% podría seguir encareciendo sustancialmente el teléfono en Estados Unidos.
En Sudamérica, donde las exportaciones siguen centradas en materias primas como el cobre o los cereales, hay esperanzas de que la agitación arancelaria estadounidense pueda reactivar las conversaciones sobre un acuerdo comercial largamente aplazado entre el bloque de cuatro miembros del Mercosur y la Unión Europea.
Un trabajador utiliza la técnica de estampado manual sobre una tela de algodón, en las afueras de Jaipur, en el estado indio de RajasthanXAVIER GALIANA – AFP
Brasil podría ser el principal beneficiario de cualquier movimiento de este tipo, pero incluso más allá de eso, las tendencias durante el primer mandato de Trump, cuando los productores brasileños de soja y maíz disfrutaron de ventas récord mientras China congelaba a los agricultores estadounidenses, ahora podrían replicarse.
En otras partes de América Latina, México, que anteriormente ha estado en el extremo receptor de la ira de Trump, también ha salido relativamente ileso, con la mayor parte de su comercio protegido por el acuerdo comercial T-MEC negociado durante el primer mandato de Trump, señaló Graham Stock, estratega senior de mercados emergentes de RBC BlueBay.
”Pero los activos mexicanos están luchando más que otros porque México está muy expuesto a la economía estadounidense, y al final del día la política comercial de Trump es un enorme acto de autolesión para la economía estadounidense”, agregó.
El holding chino Fufeng Group, el mayor fabricante mundial de goma xantana (espesante) y glutamato monosódico (sazonador),insumos utilizados en las industrias alimenticia, cosmética y fabril, busca instalarse en la Argentina con una inversión estimada en los 400 millones de dólares para procesar maíz.
La planta que evalúan construir en la Argentina, donde el sur de Santa Fe está entre los lugares predeterminados, ocuparía unas 100 hectáreas, con una capacidad de procesamiento de 560.000 toneladas de maíz por año y generaría 600 puestos de trabajo (60 directivos, 140 técnicos y 400 operativos).
Esta posibilidad efectiva que planteó Fufeng se suma a otra gran inversión privada en la zona de puertos donde funciona el principal polo aceitero del interior del país, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, con eje central en Rosario. Es la construcción de un puerto multipropósito en Timbúes, donde la empresa Terminales y Servicios invertirá 290 millones de dólares. La obra generará picos de empleo de hasta 300 trabajadores, quedando una vez operativa las tres unidades principales 200 puestos directos de trabajo, más el empleo indirecto asociado al funcionamiento de un puerto de escala. Esta radicación se convertirá en el primer proyecto en la provincia a realizarse bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).
“El grupo (chino) vino a Santa Fe a consultar la posibilidad de radicarse en la provincia. Mantuvo reuniones con sectores privados y público. En el encuentro con el gobierno de Santa Fe pusimos a disposición todos los equipos técnicos para que acerquen la información que requieran. También repasamos lo que posee la provincia de Santa Fe en materia impositiva. Recordamos que estamos adheridos al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (Rigi), lo cual es una posibilidad interesante para evaluar. Otra es la Ley de Promoción Industrial vigente, y también la estabilidad fiscal que existe” en la provincia, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
El año pasado la empresa cumplió 25 años, según señaló en su página de InternetFufeng Group
Al señalar las ventajas comparativas frente a otras provincias, Puccini apuntó hacia “el desarrollo portuario que tenemos y que nos da una potencialidad para exportar”, ya que “estamos ubicados en el centro del país y, además, tenemos una economía del conocimiento, potencialidad que nos dan las universidades asentadas en este territorio”, subrayó. “Hemos puestos a disposición otros programas que refieren a la capacitación y formación laboral de manera permanente, además de programas de eficiencia energética. Todas son cuestiones destacables que les hemos ofrecido a este grupo inversor. Y esperamos que tengan en cuenta las buenas relaciones en lo institucional y privado que tenemos”, añadió el ministro santafecino.
Alcance
Los principales directivos del holding, Tianqing Yang y Xuefeng Wu, expusieron el proyecto en reuniones por separado realizadas en Rosario con Puccini; autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y ejecutivos de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA). Los directivos también recorrieron instalaciones de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Córdoba, otra provincia que figura en su radar como posible destino de la inversión.
Donde decida radicarse, el grupo chino construirá silos para almacenamiento de maíz y plantas para generar energía, tratamiento de aguas y también aportará logística ferroviaria.
Según comentaron los argentinos que asistieron a dichos encuentros, la delegación estuvo encabezada por Tianqing Yang, responsable del Proyecto Sudamérica, y Xuefeng Wu, su director. “El objetivo de la visita fue realizar un análisis integral del entorno institucional, político, comercial y de provisión de insumos, fundamentalmente maíz, que ellos consideran la materia prima clave para la industria que proyectan desarrollar”, explicó una fuente de la BCR.
El interés del grupo fue bien recibido por el gobierno santafecino. Se admitió que la intención de competir por la radicación del proyecto es firme, para lo cual se evaluarán incentivos fiscales, créditos y apoyo en infraestructura.
Por otra parte, se supo que el grupo chino Fufeng, líder mundial en biofermentación, piensa incursionar en la Argentina en la producción de treonina y lisina de grado alimenticio. La treonina es un aminoácido esencial que se encuentra principalmente en alimentos ricos en proteínas como carne, pescado, lácteos y legumbres aunque también se puede encontrar en alimentos vegetales como soja, germen de trigo y legumbres. La lisina, en tanto, es un aminoácido componente de las proteínas sintetizadas por los seres vivos y es uno de los 9 aminoácidos esenciales para los seres humanos.
El Fufeng Group Co. Ltd. Fue fundado en 1999 y se convirtió en una empresa que cotiza en la bolsa principal de Hong Kong desde 2007. Posee subsidiarias que se dedican a biotecnologías, industria farmacéutica y hasta la industria minera.
Según trascendió, no es la primera vez que el grupo Fufeng busca establecerse en occidente. En 2022 intentó construir una planta en Dakota del Norte (EE.UU.), pero fue bloqueado por motivos de seguridad nacional debido a sus vínculos con el gobierno chino. Tras ese revés, el Congreso estadounidense prohibió la compra de tierras agrícolas por parte de empresas de países como China, lo que motivó al grupo a buscar nuevos destinos estratégicos, entre ellos, Argentina.
Hace unos días, representantes de la empresa visitaron a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y también se refirieron al tema. La SRA señaló: “Recibimos a Tianqing Yang (Head of South America Project) y Xuefeng Wu (Utility Director) de Fufeng Group en su primera reunión en Argentina. Analizan la factibilidad de instalar una planta para transformar maíz en almidón y otros subproductos. Intercambiamos miradas sobre producción, tecnología y comercialización local”.
Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) viajó a Houston junto a una comitiva de pequeñas y medianas empresas proveedoras del sector hidrocarburífero en la búsqueda de intentar colocar productos argentinos en el exterior y fortalecer el desarrollo tecnológico del sector.
En este contexto, Del Re ponderó que “no hay país desarrollado que importe maquinaria usada. Esta medida es un retroceso en materia industrial y una competencia desleal”, sostuvo en relación el decreto 273/25 aprobado en abril pasado e impulsado por el Ministerio de Economía y aseguró que están elaborando un documento con propuestas que contribuyan a regular el alcance de esa normativa.
ADIMRA reúne actualmente a un ecosistema de unas 24.000 industrias metalúrgicas agrupadas en 59 cámaras empresariales y encargadas de elaborar maquinarias para el sector agrícola, hidrocarburífero y transporte, entre otros. El 30% distribuye maquinarias para el primer y segundo anillo de la industria petrolera, es decir a operadoras y prestadoras de servicios. En el último año, el sector metalúrgico registró una caída del 14%.
Sin antecedentes
En este marco, el titular de la asociación comentó que el ingreso de maquinaria usada pone a la industria nacional en una situación desigual en materia tributaria: “Ningún país que esté a la vanguardia tecnológica importa bienes usados. Lo que vemos es que hace muy difícil la competencia porque no hay precios de referencia para esos equipos usados -como sí sucede con los nuevos- y pueden tributar como quieran. Al contrario, el industrial debe atenerse a precios ya fijados y pagar los impuestos determinados en esa línea”.
Por otro lado, Del Re señaló que tampoco hay controles en materia de seguridad lo que implica que las maquinarias usadas podrían implicar un riesgo para los trabajadores que los operen.
Por este motivo, elaboraron un documento que elevarán al ministerio que conduce Luis Caputo para implementar una serie de regulaciones al decreto 273/25: “Estamos teniendo conversaciones con el Ministerio de Economía y vamos a enviar un listado con aquellos bienes que consideramos se pueden importar sin consulta y los que creemos que se debe consultar al sector productivo. Pedimos rever la condiciones porque sabemos que hay un perjuicio a la industria nacional”, afirmó Del Re.
Asociación con pymes texanas
Durante su participación en la Offshore Tecnology Conference (OTC) que se desarrolla en Texas, representantes de ADIMRA visitaron a compañías estadounidenses interesadas en desembarcar en Neuquén o en adquirir equipamiento elaborado en Argentina.
El objetivo de la visita fue explorar opciones de instalar productos metalúrgicos argentinos en el Permian y también lograr asociaciones que les permitan a empresas estadounidenses ofrecer servicios y productos en la cuenca Neuquina.
“Puede haber complementariedad industrial. En algunos casos tiene sentido producir tecnología en origen y en otras no porque lo hace caro. Entonces por medio de un royalty se puede resolver y, para eso, es fundamental juntarse con pymes de Estados Unidos para generar vínculos y hacer palanca para que puedan bajar a territorio”.
Del Re resaltó que en Houston existe un “know how” que puede ser muy útil para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, aunque enfatizó en que los locales tienen la ventaja de conocer la idiosincrasia local, las particularidades de la economía y la sinergia con los sindicatos: “Hay varios sectores dispuestos a aceptar esta vinculación de pymes con pymes. Nosotros con nuestro conocimiento comercial y ellos pudiendo complementar en lo tecnológico”, dijo en relación a las pymes de Texas.
Vietnam es un actor poco mencionado, pero que juega un rol importante en el comercio argentino. Se trata del principal comprador en materia agro.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que, en 2024, se registró el récord de exportaciones. “Las exportaciones se multiplicaron por más de 20 en los últimos 20 años”, indicó el informe.
La relación de Argentina con Vietnam viene de 1973. Los vínculos tomaron mayor importancia a pesar de que todavía no existían las embajadas correspondientes. Recién en 1955 sucedió este hito.
“Las exportaciones crecieron más de 21 veces y las importaciones más de 66 veces, si comparamos los valores de 2004 con los de 2024”, mencionó la BCR.
En este sentido, Vietnam pasó de representar menos de 0,4 % de las exportaciones nacionales en 2004 al 2,3% en 2014 y el 4,1% en 2024. Cabe destacar que más del 93 % de las exportaciones argentinas hacia este destacado destino del sudeste asiático consisten en harina de soja y maíz.
“En tanto la canasta exportadora a Vietnam se muestra orientada hacia productos del agro argentino, en 2024 las exportaciones se recuperaron un 57 % luego de la sequía del 2023”, mencionó la BCR.
Exportaciones a Vietnam
El informe señaló que, en materia agropecuaria, este país representó el 8 % de las exportaciones del complejo soja, mientras que fue el principal socio comercial del complejo maíz, representando el 19 % de los despachos argentinos en 2024.
“Si sólo se consideran los principales productos de los complejos agrícolas soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, Vietnam es el principal comprador de la Argentina. Se embarcaron exportaciones hacia Vietnam un 56 % más respecto a China”, indicó el informe.
Hacia el futuro, la BCR destacó que se espera un crecimiento económico de Vietnam, lo que generará un mayor consumo de productos argentinos. Se podría sumar el consumo de carnes y lácteos.
“El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, afirmó este año que buscará un acuerdo de libre comercio entre Vietnam y Mercosur. Ya tiene fuerte impulso del Brasil, que consiguió abrir el mercado vietnamita para la carne brasileña en la última visita de estado del presidente de Brasil, hace un mes”, mencionó la BCR sobre el futuro de la relación con Vietnam.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Southern Energy S.A.
Este proyecto consistirá en la instalación de una planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG, por sus siglas en inglés) en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro. Según los detalles presentados, la capacidad de producción anual del proyecto oscilará entre 1,5 millones de toneladas y 2,2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL), dependiendo de la disponibilidad de infraestructura de transporte de gas. El plan de inversión tiene como fin no solo asegurar el abastecimiento interno de gas natural sino también posicionar a Argentina como un actor relevante en los mercados globales de GNL.
El RIGI fue creado por la Ley 27.742 para atraer grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que contribuyan al desarrollo de sectores estratégicos de la economía.
Tal como detalla la resolución 559/2025 —publicada esta madrugada en el Boletín Oficial—, el comité evaluador encargado de revisar las solicitudes de adhesión recomendó, en su reunión del 29 de abril de 2025, aprobar la petición presentada por Southern Energy S.A.
Esta decisión se basó en los informes técnicos y económicos presentados por la empresa, que demostraron la viabilidad y el potencial impacto positivo del proyecto sobre la economía nacional. El proyecto de licuefacción de gas natural permitirá aumentar la producción de gas del país entre un 5% y un 8% anual, lo que contribuiría significativamente a la seguridad energética y a la exportación de recursos energéticos a mercados internacionales.
El Proyecto de Licuefacción de Gas Natural se desarrollará en dos etapas, con una inversión total que supera los USD 6.878 millones. La primera etapa está destinada a una inversión de USD 1.603 millones, mientras que la segunda requerirá USD 1.222 millones. Esta inversión incluye la instalación de la planta flotante que procesará el gas natural proveniente del yacimiento de Vaca Muerta, con el objetivo de transformar el gas en forma líquida (GNL), un producto con alta demanda en mercados internacionales.
El proyecto está alineado con los intereses estratégicos de Gobierno nacional, que busca incrementar la participación del país en mercados internacionales, especialmente en aquellos donde las exportaciones argentinas de GNL aún son bajas. Con una capacidad de producción anual de hasta 2,2 millones de toneladas de GNL, el proyecto se presenta como una gran oportunidad para posicionar a Argentina como un proveedor clave en mercados globales, especialmente en mercados de largo plazo.
La aprobación de esta solicitud de adhesión al RIGI representa un paso clave en el fortalecimiento del sector energético argentino. A través de este régimen, el Gobierno busca no solo atraer inversiones extranjeras, sino también diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de importaciones de energía. La licuefacción de gas natural se presenta como una herramienta fundamental para aprovechar los recursos energéticos nacionales y optimizar la infraestructura disponible.
Southern Energy S.A. ya ha manifestado su intención de aprovechar las reservas de gas en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más importantes del mundo, para alimentar el proyecto y asegurar el suministro constante de gas natural. El aprovechamiento de los excedentes del sistema de transporte de gas durante los meses de baja demanda, como el verano, es otro de los aspectos clave de esta iniciativa.
El primer paso concreto hacia la exportación GNL desde Argentina se materializará en 2027 con la puesta en producción de la unidad flotante Hilli Episeyo, una instalación de licuefacción provista por la empresa noruega Golar y operada por Southern Energy
A pesar del entusiasmo por la magnitud de la inversión y el potencial que representa el proyecto, la empresa deberá cumplir con una serie de compromisos estipulados en la ley. Entre ellos, se incluye el requisito de realizar una inversión mínima durante los primeros años de ejecución del proyecto. El 20% del monto de inversión inicial deberá ser alcanzado en los dos primeros años desde la fecha de adhesión, mientras que el plazo final para cumplir con el monto total de la inversión es el 31 de diciembre de 2035.
Además, tendrá que seguir el cronograma de obras previsto, el cual se encuentra debidamente documentado y aprobado, para asegurar que el proyecto avance de acuerdo con lo planificado. También se ha establecido un plan de desarrollo de proveedores locales, que permitirá maximizar la cadena de valor local, potenciando la industria nacional.
El canciller de Austria, Christian Stocker (REUTERS/Leonhard Foeger)
El primer paso concreto hacia la exportación GNL desde Argentina se materializará en 2027 con la puesta en producción de la unidad flotante Hilli Episeyo, una instalación de licuefacción provista por la empresa noruega Golar y operada por Southern Energy