Argentina ya cuenta con un precio de referencia del carbonato de litio

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Argus, una de las empresas internacionales líderes en servicios de cotización de materias primas, acaba de lanzar un precio de carbonato de litio para la Argentina. Es el primer precio de un producto de litio que se publica para el país y el primero de litio de Argus en toda América Latina, lo que destaca la creciente relevancia del país como productor referente de litio en el mundo.

En ese sentido, el flamante precio FOB Argentina para carbonato de litio grado batería (99,5%) marca un hito por ser el primero para productos de litio en la región y que expande el portfolio de 22 índices de productos de litio que Argus gestiona a lo largo de tres continentes.

El nuevo producto responde a un interés del mercado en tener precios más transparentes y cercanos a la producción a medida que la Argentina se va consolidando entre los principales países exportadores de carbonato de litio, según lo señalado por el responsable de pricing de litio en América Latina de Argus, Pedro Consoli.

«Nuestro objetivo fue crear un índice más cercano de la realidad operativa de las mineras en Argentina. El precio es hecho con base en una fórmula que tiene en cuenta el precio de carbonato de litio de entrega en China, el CIF China, que es un precio evaluado por Argus en charlas con compradores de litio argentino en China. También incluye la tarifa de flete marítimo desde la Argentina hasta China», explicó Consoli.

La referencia para el precio FOB Argentina es China porque alrededor del 80% de las exportaciones argentinas de carbonato de litio actualmente tienen como destino a la nación asiática.

«Estados Unidos es el tercer mayor comprador después de China y Corea del Sur. Con el acuerdo bilateral entre la Argentina y Estados Unidos podría cambiar pero hoy la referencia para los participantes del mercado es China», amplió el representante de Argus.

Litio: las proyecciones de precios para este año y el rol de Argentina en el mapa mundial

El precio CIF China es un índice relevante en la industria del litio, en la medida que el gigante asiático es el principal consumidor y procesador de litio del mundo. Argus Consulting, el equipo de consultoría de la empresa, estima que el precio CIF China del carbonato de litio se mantendrá entre US$ 16,3 y 18,3 por kilo durante el 2026.

«En materia de precios hemos visto una fuerte tendencia al alza en las últimas semanas de 2025 y en el comienzo de 2026. El precio de carbonato de litio con entrega en China se triplicó desde el mínimo histórico de junio y julio. En enero llegó a un precio de 22,65 dólares por kilo», explicó Consoli sobre el buen momento de los precios del carbonato de litio.

Proyectos de litio en producción, primer semestre 2025. Fuente: Secretaría de Minería de la Nación.

En tanto, las exportaciones argentinas de litio en todas sus variantes totalizaron 71.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2024, según el último dato anual de la Secretaria de Minería de la Nación. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó en junio que el país alcanzará un récord de 131.000 toneladas de LCE en 2025.

En Argus Consulting estiman que la Argentina producirá entre 130.000 y 150.000 toneladas de LCE en 2026. La oferta mundial este año se ubicará en 1.67 millones toneladas de LCE.

Las cifras ubican al país entre el cuarto y quinto puesto entre los productores de litio del planeta, por detrás de Australia, Chile y China y compitiendo con Zimbabue. Chile lidera la producción en la región con 275.000 toneladas de LCE en 2024.

Sin embargo, Consoli subrayó que la Argentina podría superar a Chile como segundo productor global de litio hacia mediados de la década del 2030.

El gran salto productivo comenzará a partir del 2028 con el ingreso de producción del proyecto Rincón de Río Tinto, que añadirá 50.000 toneladas de capacidad productiva. El gobierno aprobó el año pasado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Rincón.

«Para 2030, la Secretaría de Minería de Argentina proyecta una producción de 418.000 toneladas anuales de LCE, y esta cifra puede crecer y superar las 650.000 toneladas para 2035. Este crecimiento pondría a la Argentina más cerca de competir con Chile, que ya cuenta con una capacidad de producción bastante mayor pero su producción crece en un ritmo más lento», analizó el responsable de pricing de litio en América Latina de Argus.

Nicolás Deza

Radiografía de la apertura a las importaciones que lleva adelante Milei

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esde el arranque del gobierno de Javier Milei hasta el mes pasado, se implementaron 138 medidas puntuales para abrir la economía y liberalizar el comercio. La mayoría de las intervenciones estuvieron orientadas a facilitar las importaciones hacia el país con el objetivo oficial de aumentar la competencia y presionar a la baja los precios, algo que desató tensiones con distintos sectores industriales.

Pero ese paquete integral de iniciativas que redefinió el comercio argentino es más amplio: aparecen reducciones parciales y totales de aranceles, cambios en licencias, la eliminación o rebaja de retenciones a las exportaciones –de manera temporal o definitiva-, la derogación de reglamentos técnicos, la simplificación administrativa (como cambios en medidas antidumping) o modificaciones institucionales tan definitivas como la eliminación de las SIRA, los polémicos permisos de importación que implementó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La información consta en un documento oficial que fue remitido luego de un pedido de acceso a la información elevado al Ministerio de Economía. La respuesta oficial, redactada por funcionarios que responden al secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, expone la arquitectura de la gestión libertaria para darle un golpe de timón al comercio con respecto a la situación heredada de la gestión anterior.

Las medidas oficiales se pusieron en práctica a través de 37 normas, entre decretos y resoluciones, algunas de las cuales generaron múltiples efectos en varios sectores de la economía, mientras otras retocaron un único régimen.

La arquitectura libertaria de Javier Milei

Cantidad de medidas

La arquitectura libertaria de Javier Milei

Fuente: Elaboración propia en base a la respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por La Nación ante el Ministerio de Economía.

El foco estuvo puesto en la desregulación y en la apertura a productos que vienen del exterior para aumentar la competencia: 88 cambios apuntaron a las importaciones. Es el punto que suelen criticar los empresarios que producen en el país.

La normativa impactó en diferentes sectores nacionales, como la electrónica, la agroindustria, el textil, el calzado, los insumos productivos y la maquinaria, entre muchos otros, según los datos públicos a los que accedió este medio.

Se trata de información relevante luego del cierre de Fate, un caso que simbolizó la preocupación existente en varios sectores de la producción nacional. Pero también luego de las duras batallas discursivas que el presidente Javier Milei o el ministro de Economía, Luis Caputo, encararon contra Paolo Rocca, presidente de Techint, por los tubos de la India para Vaca Muerta o los empresarios del mundo textil.

La fábrica de Fate. que sigue tomada
La fábrica de Fate. que sigue tomadaMARTIN COSSARINI

Este clima enrarecido fue reflejado por el Indec, que publicó esta semana su Encuesta de Tendencia de Negocios, un relevamiento entre empresarios de la industria en la que se hacía la siguiente pregunta: “¿Cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción?”.

Los empresarios argentinos respondieron lo siguiente: un 53,5% mencionó la demanda interna insuficiente, mientras que un 11,7% habló de la competencia de productos importados. Detrás, más lejos, aparecieron otros ítems.

Para industriales, la baja utilización de la capacidad instalada de sus plantas tiene que ver hoy con la combinación de una economía con crecimiento heterogéneo, impactada por altas tasas de interés, un ingreso disponible en el hogar menor al de noviembre de 2023 –de hecho, los ingresos reales cayeron en 2025 y acumulan una baja de varios meses-, y la competencia con el exterior, principalmente con China, que consideran “desigual”. Eso, por carga impositiva, marco laboral, costos logísticos y también financieros, entre otros ítems. La situación se complejiza si, en ese marco, el dólar acentúa su baja de precio y la inflación se acelera.

Según el Indec, en 2024 –un año de ajuste económico- las importaciones cayeron un 17,5% (excepto las de autos, que aumentaron 55,4%). Un año después, con una mejora de la actividad económica, las compras al exterior volaron 24,7%. De hecho, en 2025 se incrementaron todos los rubros, menos los combustibles y lubricantes.

Se destacaron los bienes de capital (51,3%), los de consumo (54%) y los autos (97,6%). En términos absolutos, para más precisión, en 2023 se importaron US$11.050 millones para bienes de capital (inversión), mientras que en 2025, ese monto fue de US$15.073 millones, según datos del organismo. Con relación a los bienes de consumo, en esos mismos años, se pasó de US$7940 millones a US$11.401 millones.

Hay que enmarcar esos números entre los dos últimos gobiernos en la decisión de Milei normalizar las relaciones comerciales sacando grandes capas del cepo cambiario, absorbiendo la enorme deuda que se dejó en SIRA aprobadas al valor del dólar oficial o con la eliminación del impuesto PAIS.

El momento en el que el ministro Luis Caputo revisa la marca de su saco.
El momento en el que el ministro Luis Caputo revisa la marca de su saco.

En el último informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió el Indec en enero, se observó una caída anual de las importaciones de 11,9% que respondió, según analistas, a una actividad a la que todavía le cuesta reaccionar. Sólo aumentaron las compras de bienes de consumo y autos.

La mayor competencia por los importados contuvo los precios. Sólo un caso testigo: entre 2023 y 2025, los neumáticos mostraron un aumento de sus importaciones de un 34,8%, mientras que los valores internos bajaron un 42,6%. Sin embargo, Fate vendía por valores un 30% por encima de lo que costaban los de su competencia china.

Con pocas ventas, algo similar pasó con la ropa el año pasado: la variación de ese capítulo en el índice de precios oficial del Indec fue la mitad del nivel general que marcó 2025.

“¿Sigue siendo cerrada la economía argentina?”, se preguntó a un funcionario del equipo económico. “Los aranceles que se bajaron fueron, en general, los que se habían subido de forma excepcional años atrás”, contó. Dio como ejemplo el arancel del Mercosur a los neumáticos, que es de 16%. “[Guillermo] Moreno lo había subido al 35%. Lo mismo heladeras y lavarropas”, agregó. Estos últimos habían sido incrementados en tiempos de Mauricio Macri en el poder.

Tomando el dato de importaciones de bienes y servicios como porcentaje del producto bruto interno (PBI), según cifras del Banco Mundial que llegan hasta 2024, la Argentina aparece en el combo de economías más cerradas junto con países como Sudán, Venezuela o Turkmenistán, entre otros. También están allí EE.UU., China y Brasil, pero con una escala que ofrece otro mercado interno.

Son cifras que ve el Gobierno. Dicho de otro modo: hay todavía espacio para seguir abriendo la economía, según la mirada oficial.

El cambio de modelo

Entre las medidas que usó el Gobierno para cambiar el modelo comercial se destacan las reducciones arancelarias, es decir, la baja de impuestos a la importación. El decreto 384/24 redujo aranceles en múltiples rubros, entre ellos, plásticos, heladeras, lavarropas, neumáticos para buses y camiones, herbicidas y otros bienes industriales. El decreto 908/24 amplió la reducción a nuevos rubros industriales y consolidó el 384.

A esto se sumaron los decretos 49/25 (profundiza rebajas en sectores específicos, con foco en insumos productivos); el 236/25 (introduce nuevas reducciones arancelarias en bienes intermedios y de consumo); el 333/25 (uno de los más visibles políticamente porque estableció una reducción progresiva hasta 0% en determinados bienes electrónicos, incluyendo celulares); el 513/25 (continúa con rebajas en posiciones arancelarias industriales) y, por último, el 781/25 (que amplió el universo de bienes alcanzados por reducción arancelaria).

Otro bloque está compuesto por decretos que eliminan o reducen derechos de exportación (decreto 697/24; 38/25; 305/25; 439/25; 526/25; 563/25; 682/25; 726/25; 811/25; 877/25). Algunas medidas fueron permanentes; otras tuvieron fecha de vencimiento, como la eliminación de retenciones al campo por 72 horas del año pasado.

Este último es un dato importante. Si bien la mayor parte de la energía destinada a la apertura estuvo orientada a las importaciones, el gobierno de Milei también dispuso una gran cantidad de normas -al menos 50 desde su asunción hasta enero pasado- para favorecer las exportaciones. La mayoría tuvo como objetivo favorecer al campo y a los hidrocarburos, dos pilares de la producción primaria que empuja la Casa Rosada.

También se registraron modificaciones del sistema de importaciones. Por caso, la resolución general 5466/23 sustituyó el sistema SIRA por el SEDI, lo que eliminó permisos discrecionales y licencias no automáticas. Más tarde, la resolución general conjunta 5651/25 terminó derogando totalmente el SEDI.

Las medidas antidumping, una herramienta clave del comercio exterior, también fueron modificadas. A través del decreto 33/25, se redujo su duración de cinco años renovables ilimitadamente a tres años con una posible extensión de dos años y se centraron los procedimientos en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). Esto implicó una “flexibilización” de la protección comercial, aunque no eliminó el instrumento, se acotó su duración, y se incorporó en la decisión el impacto en los precios que pagan los consumidores.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, recibió críticas del Presidente
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, recibió críticas del Presidente

La facilitación del comercio -reducción de burocracia que traba importaciones- estuvo en la agenda oficial. Se eliminaron y revisaron reglamentos técnicos y certificados de conformidad (resoluciones 159/24, 156/24, 25/24, entre otras) en sectores como calzado, textil, lámparas, productos eléctricos, y también etiquetados. Se trata de cambios que impactan en el llamado costo argentino y en los tiempos de importación.

Para atraer inversiones, se modificó además el régimen de importación temporal (la resolución 32/24 extendió la validez del certificado de 5 a 10 años y flexibilizó la reposición) y, a través del RIGI y la resolución 1319/24, se modificaron auditorías y procedimientos para importar bienes destinados a grandes proyectos, lo que redujo la intervención administrativa y los tiempos.

Para explicar este avance oficial, en Casa Rosada recordaron lo que Milei dijo en su último discurso en Davos, cuando citó al jurista romano Domicio Ulpiano. “Las decisiones se toman primero en base a lo que es justo”, explicaron, y precisaron que los valores éticos y morales están, a la hora de tomar decisiones oficiales, por encima incluso de la eficiencia económica y el utilitarismo político.

“El problema es que moralmente está mal ponerte de acuerdo con un político chorro para prohibir. Esto es recortar la libertad, en este caso, de comprar algo de mejor calidad a menor precio”, afirmaron, y concluyeron que tal decisión deja consecuencias: recorte de la libertad, trato desigual ante la ley y robo de la propiedad. Así justifica el Presidente argentino el nuevo modelo comercial -más abierto- del país.

Francisco Jueguen y Pablo Fernández Blanco

Ley de Glaciares: qué modifica el proyecto que se aprobó en el Senado

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El Senado trató este jueves el proyecto de reformas a la Ley de Glaciares que tiene como eje principal cederle a las provincias la potestad de definir cuáles son las zonas donde se puede desarrollar la actividad minera. En el gobierno sostienen que las modificaciones a la norma aprobada en 2010 destrabaría inversiones millonarias en proyectos mineros, sobre todo de cobre. Otro eje relevante del texto que se debatirá en la Cámara Alta refiere a la función hídrica de los glaciares y periglaciares de escombro.

Modificaciones a la ley: glaciares de escombros y el rol de las provincias

La norma actual protege zonas definidas como glaciares y periglaciares como reservas de agua dulce. Uno de los debates sobre la norma refiere a la definición de periglaciar, que los describe de manera laxa como áreas de alta montaña con suelos congelados que actúan como reguladores hídricos. Sus críticos sostienen que es muy amplia y terminó afectando el desarrollo de la actividad minera.

Las empresas afirman que definición poco concreta de glaciar y periglacial genera una prohibición casi generalizada para la actividad minera. Según el análisis del geólogo y consultor minero Favio Casarín, “existen glaciares de roca o de escombros, cuyo contenido de hielo es muy escaso y, por lo tanto, su aporte al sistema hídrico resulta irrelevante”.

El proyecto de modificación de la Ley 26.639 establece que el inventario sobre zonas periglaciares (Inventario Nacional de Glaciares – ING) seguirá bajo el paraguas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que es el ente que tiene la autoridad fijada por la norma. Pero el proyecto que se tratará este jueves apela al artículo 124 de la Constitución Nacional (1994), que determina que el dominio originario sobre los recursos naturales es de las provincias.

Según el proyecto de ley, las provincias serán las encargadas de definir si un área determinada es una reserva estratégica de agua dulce y de aprobar o no los estudios de impacto ambiental presentados por las compañías a cargo de los proyectos mineros.

La actual Ley de Glaciares establece una prohibición absoluta por ubicación de los glaciares. El proyecto para modificar la norma establece una exigencia «relevante» y «comprobable» –según el texto- en el aporte hídrico a una cuenca para cada área declarada como glaciar y periglacial.

“Esto implicaría que, si un proyecto minero demuestra que no afectará significativamente la función hídrica de la zona, podría obtener factibilidad ambiental, incluso en áreas anteriormente vedadas”, subrayó Casarin.

El tratamiento en el Senado

Según fuentes del sector al tanto de las negociaciones en el Senado, el proyecto que modifica la Ley de Glaciares tendría los votos necesarios para su aprobación. Otra fuente del Congreso afirmó que el proyecto tendría entre 40 y 41 votos a su favor, cuando se necesitan al menos 37 para su aprobación.

De esta manera, el proyecto conseguiría la media sanción este 26 de febrero, anteúltimo día del período de sesiones extraordinarias que dictó el Poder Ejecutivo. Luego, en sesiones ordinarias se trataría en Diputados.

El proyecto para modificar la Ley de Glaciar tendría los votos necesarios para obtener la media sanción en el Congreso.

La Argentina tiene en carpeta varios proyectos de cobre de gran escala como Los Azules, Josemaría y Filo del Sol (Vicuña), El PachónAltar en San Juan; Taca Taca en Salta; Mara (Minera Agua Rica – Alumbrera) en Catamarca; y San Jorge en Mendoza. También se ven afectados por el alcance de la ley actual proyectos de oro y plata, entre otros minerales.

En los hechos, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, liderado por Patricia Bullrich, impulsó el tratamiento en el recinto del Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639 de 2010).

En el mismo pedido formal a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que se trate el proyecto, también participaron la senadora por Salta, Flavia Royón (del armado político del gobernador Gustavo Sáenz), la titular del bloque Despierta Chubut, Edith Terenzi, y los senadores Agustín Coto (LLA de Tierra del Fuego) y Martín Goerling (jefe del bloque del PRO en la Cámara Alta).

Roberto Bellato

Japón avanza hacia la aprobación de tratamientos con células madre

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El Ministerio de Salud de Japón ha respaldado la aprobación condicional de dos medicamentos pioneros en su género. Sin embargo, algunos investigadores afirman que estas terapias, elaboradas a partir de células madre reprogramadas y denominadas Amchepry y ReHeart, aún no están listas para su comercialización.

«Se trata de un experimento regulatorio arriesgado», afirma Paul Knoepfler, investigador de células madre de la Universidad de California, Davis.

Amchepry, fabricado por Sumitomo Pharma y Racthera, ambas con sede en Tokio, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, se ha probado en siete personas. ReHeart, fabricado por Cuorips en Tokio para la insuficiencia cardíaca grave, se ha probado en ocho personas. Sin embargo, se necesitan ensayos más amplios para garantizar que estos medicamentos sean seguros y eficaces, afirma Knoepfler.

«Los datos que he visto al respecto parecen alentadores, pero creo que aún es pronto para hablar de la comercialización de estos productos», afirma.

Células reprogramadas

Los investigadores en medicina regenerativa llevan mucho tiempo tratando de utilizar células madre para cultivar células de reemplazo para tratar diversas enfermedades.

Estas esperanzas recibieron un impulso en 2006, cuando Shinya Yamanaka y Kazutoshi Takahashi, de la Universidad de Kioto, dieron a conocer una sencilla fórmula para reprogramar células maduras y convertirlas en células madre pluripotentes inducidas (iPS). La técnica proporcionó una nueva fuente de células que pueden transformarse en otros tipos de células. Yamanaka compartió el Premio Nobel de 2012 por su papel en este trabajo.

Investigadores de Sumitomo y Racthera utilizaron este enfoque para desarrollar un tratamiento para la enfermedad de Parkinson, una afección neurodegenerativa causada por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en el cerebro. El tratamiento consiste en extraer células sanguíneas de voluntarios, reprogramarlas en células iPS y luego inducir a las células reprogramadas a convertirse en células progenitoras productoras de dopamina. A continuación, los neurocirujanos probaron la técnica trasplantando estas células al cerebro de personas con la enfermedad de Parkinson.

Amchepry se ha probado ahora en un pequeño ensayo de fase I/II, diseñado principalmente para evaluar su seguridad. Los investigadores informaron en 2025 que no se produjeron efectos secundarios graves. Al menos cuatro participantes mostraron una disminución de algunos síntomas, como los temblores.

ReHeart también se fabrica a partir de células iPS derivadas de voluntarios, pero estas se diferencian en células del músculo cardíaco y luego se cultivan en parches con forma de moneda de hasta 100 millones de células. Estos se trasplantan al corazón de personas con un tipo de cardiopatía llamada miocardiopatía isquémica para promover la reparación cardiovascular.

En un pequeño ensayo de fase I, ReHeart pareció seguro, según informaron los investigadores el año pasado a la Asociación Americana de Cirugía Torácica (AATS), y mostró signos de ayudar a algunos participantes a ser más activos físicamente.

Cambio de responsabilidades

Para Hiroshi Kawaguchi, cirujano ortopédico del Hospital Nadogaya de Chiba (Japón), los datos clínicos de ambos fármacos son «muy débiles». Según él, ninguno de los ensayos fue lo suficientemente grande como para evaluar los riesgos de estas terapias. Los ensayos también carecían de grupos de control, lo que impedía llegar a conclusiones firmes sobre los beneficios que aportan, si es que los hay.

Cuando los investigadores presentaron los datos de ReHeart a la AATS, un miembro del público expresó preocupaciones similares. «Es necesario realizar un ensayo controlado doble ciego para convencer a todo el mundo», afirmó.

Sin embargo, en Japón, los medicamentos regenerativos que han pasado por ensayos clínicos exploratorios pueden obtener aprobaciones «condicionales y limitadas en el tiempo». Un panel de especialistas del Ministerio de Salud ha recomendado ambos medicamentos para este tipo de aprobación, que se espera que se conceda en marzo.

A continuación, los desarrolladores de medicamentos, las aseguradoras y los proveedores de atención médica acordarán un precio para los productos, que será pagado por las aseguradoras y los beneficiarios. Las empresas podrán vender sus medicamentos durante siete años a un número limitado de personas, tiempo durante el cual seguirán realizando un seguimiento de la respuesta de los pacientes para evaluar mejor la seguridad y la eficacia.

«Nuestra prioridad es la acumulación cuidadosa de pruebas clínicas, más que la expansión del mercado», afirmó un portavoz de Sumitomo.

Esta vía regulatoria traslada los costos financieros y éticos del desarrollo de medicamentos a los beneficiarios, los contribuyentes y las aseguradoras, afirma Kawaguchi. También socava la calidad de los datos clínicos resultantes, lo que complica la implementación de ensayos más rigurosos.

Estas terapias también podrían conllevar riesgos, añade. A algunos investigadores les preocupa que las células reprogramadas puedan convertirse en tumores. Amchepry y ReHeart también se trasplantan mediante procedimientos quirúrgicos invasivos y requieren un tratamiento inmunosupresor de seguimiento para que las células derivadas de los voluntarios no sean rechazadas por el organismo del receptor.

«Apoyo la ciencia de las células iPS, pero cuestiono su comercialización prematura sin pruebas suficientes», afirma Kawaguchi.

Un campo en auge

Jeanne Loring, investigadora de células madre en el Instituto de Investigación Scripps de La Jolla, California, y cofundadora de la empresa de biotecnología Aspen Neuroscience en San Diego, California, comparte esta preocupación. Un nivel regulatorio bajo «abre la puerta a trabajos descuidados y motiva a las personas a hacer lo mínimo necesario para demostrar que su terapia es segura», afirma.

Si los receptores desarrollan posteriormente efectos secundarios peligrosos o mortales, añade, esto podría frenar el floreciente campo de la medicina regenerativa.

Los investigadores han puesto en marcha más de 100 ensayos de terapias derivadas de células madre en todo el mundo. En Estados Unidos, uno de los candidatos más avanzados es el zimislecel, fabricado por Vertex Pharmaceuticals en Boston, Massachusetts, y derivado de células madre embrionarias. Actualmente se encuentra en la fase III de ensayos en unas 60 personas con diabetes tipo 1.

Sin embargo, la mayoría de los tratamientos basados en células madre aún se encuentran en la fase I de ensayos, lo que hace que Loring espere datos más rigurosos de los ensayos clínicos. «¿Me parecería bien que alguien se presentara y dijera: «He probado mis células en cinco pacientes, quiero que se aprueben y quiero que las paguen»?», pregunta Loring. «No me gusta esa idea».

Asher Mullard

Se redujeron a la mitad los servicios de trenes de pasajeros

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 El servicio del tren Buenos Aires-Rosario corre sobre vías prácticamente nuevas y de alta calidad. Esta infraestructura fue inaugurada en el año 2015, en conjunto con la compra de material rodante cero kilómetro comprado a China por la misma época. Sin embargo, en los dos últimos años de administración bajo el Gobierno de Javier Milei el servicio se vio reducido y se eliminó el tren expreso, que no tiene paradas intermedias entre Rosario Norte y Buenos Aires y que estaba disponible los fines de semana. También se extendieron los tiempos de viaje a 7 horas y 15 minutos para recorrer los 300 kilómetros que unen a las dos ciudades.

Parte del problema surge de una situación que nunca se pudo solucionar con el concesionario que maneja el servicio de cargas por la misma vía, NCA. Durante 2015 se instalaron 35 barreras automáticas para que los trenes pudieran circular por esos cruces a nivel a máxima velocidad pero NCA nunca habilitó su funcionamiento, por lo que los trenes deben circular a velocidad de precaución. A esto se suman nuevos problemas generados por la administración actual, que no ha comprado repuestos para el material rodante y eso genera falta de confiabilidad en la puntualidad del servicio. Es muy común que se rompa una locomotora a mitad de camino y haya que esperar horas hasta que llegue una nueva a rescatar el tren.

La alternativa de viajar en tren en este servicio también empeoró por el aumeento del precio del pasaje, que subió hasta acercarse al del micro, que demora unas cuatro horas en realizar el trayecto. Al tener una sola frecuencia diaria, una velocidad muy lenta y poca confiabilidad, el tren difícilmente puede competir contra los micros que tienen una decena de servicios por día, tardan menos y cuestan lo mismo.

Las suspensiones de los servicios de pasajeros afectan particularmente a las poblaciones intermedias entre Rosario y Buenos Aires, que pierden la posibilidad de tener un medio de transporte confiable y barato.

El ex diputado Eduardo Toniolli (PJ-Santa Fe), miembro del Observatorio Social del Transporte, que recientemente presentó un informe sobre el estado actual de los ferrocarriles en la Argentina, dijo: “La política del Gobierno nacional con respecto a los trenes de pasajeros es muy transparente y clara. Por un lado, quiere privatizar los servicios del AMBA, y para eso está haciendo algunas obras para capitalizar la empresa de trenes metropolitanos, para atraer a algún privado a que se haga cargo de las concesiones, igual que en los años 90, comprando material rodante y haciendo obras para que después venga un privado que pueda hacer ganancia. Y para el interior del país quieren el cierre, no se lo quiere privatizar sino cerrarlo. De 21 servicios que había en diciembre de 2023 quedan 10. Y los que siguen, como el de Rosario-Retiro, están cada vez más degradados para que vayan perdiendo pasajeros y después no quede mucha gente para quejarse. Es un servicio que está tardando cada vez más y esto hace que la caída de usuarios sea de casi el 40%”.

En julio de 2024, el Gobierno dictó la emergencia ferroviaria luego de un accidente en la línea San Martín. A partir del incidente se estableció que se harían inversiones muy importantes durante dos años para recuperar los trenes a un estándar de seguridad. Sin embargo, a poco tiempo de cumplirse los dos años, el Gobierno invirtió la mitad de los 1.290 mil millones de pesos anunciados. A la vez, se abrieron planes de retiros voluntarios que hicieron que cayera mucho la cantidad de personal de estas empresas. “Acá hay un uso de los recursos públicos para hacer negocios particulares. Se usa la plata de todos los argentinos solo para el AMBA y para que la aprovechen empresas privadas”, dijo Toniolli.

«De 21 servicios que había en diciembre de 2023 quedan 10. Y los que siguen, como el de Rosario-Retiro, están cada vez más degradados para que vayan perdiendo pasajeros y después no quede mucha gente para quejarse», dijo Toniolli.

Las suspensiones de los servicios de pasajeros afectan particularmente a las poblaciones intermedias entre Rosario y Buenos Aires, que pierden la posibilidad de tener un medio de transporte confiable y barato. “Tanto el Gobierno provincial como el municipal de Rosario no hicieron ninguna declaración por la caída de la calidad del servicio, ni tampoco por la suspensión del servicio a Cañada de Gómez, que venía teniendo cada vez más pasajeros. Desde agosto de 2022, tuvo 2000 usuarios mensuales y, en 2024, llegó a 10.000. En ese momento se lo empezó a boicotear hasta que, en diciembre, totalmente degradado, se suspendió”, sostuvo Toniolli.

La provincia de Santa Fe tiene una ley, del año 2011, sancionada con el objetivo de recuperar los servicios locales de trenes de pasajeros alrededor de las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Estos ramales dejaron de funcionar en el año 1977, suspendidos por la dictadura militar. El sistema ferroviario de Rosario fue el segundo en extensión, después del de AMBA, y conectaba a esa ciudad con todo el sur de la provincia de Santa Fe y con tres provincias linderas. Hoy, más allá de la ley, no hay intenciones de volver a ponerlos en marcha y el deterioro de la infraestructura y los servicios nacionales de ferrocarril atentan contra la posibilidad de que puedan ser reactivados en el futuro.

Matías Alonso

¿Otro conflicto con el grupo FATE? El gobierno canceló una medida antidumping para el aluminio

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El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, resolvió levantar la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28% ad valorem las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China. La Resolución 172/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece el cierre del examen por expiración del plazo y cambio de circunstancias, sin mantener vigente la protección establecida originalmente en 2020.

Esta decisión se tomó a pesar de que la firma Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. —que pertenece a Javier Madanes Quintanilla, también dueño de Fate, la empresa que fue convocada por el Gobierno para encontrar una solución al cierre de su planta— había solicitado la apertura del examen para extender la medida. La protección original, dispuesta por la Resolución 88/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, aplicaba a las “Hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1300 mm, excepto las lisas, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95”.

Desde el punto de vista técnico, la Subsecretaría de Comercio Exterior concluyó en agosto de 2025 que existía probabilidad de recurrencia del dumping en caso de levantarse la medida. El informe determinó un margen del 14,47% para exportaciones chinas hacia Chile, tomado como tercer mercado de referencia. En la misma línea, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), en su Acta de Directorio Nº 2618 del 21 de enero de 2026, consideró que las importaciones podrían reingresar en condiciones que reprodujeran el daño a la producción local.

Javier Madanes Quintanilla
Javier Madanes Quintanilla

Sin embargo, la propia CNCE incorporó en su análisis elementos que resultaron determinantes para la decisión final. El organismo destacó que la medida antidumping tuvo un impacto significativo: las importaciones de foil de aluminio originarias de China se redujeron a niveles marginales, sin superar el 3% del consumo aparente entre 2022 y 2025.

En ese contexto de virtual retracción de la competencia externa, Aluar amplió de manera sustancial su participación en el mercado interno, que pasó del 64% en 2019 al 91% en 2024. La comisión también subrayó la posición dominante de la compañía, única productora de aluminio primario y de foil en el país, lo que le otorga amplio margen para definir precios y volúmenes de producción.

Uno de los puntos más sensibles del informe fue la evolución de los precios. Según la CNCE, entre 2022 y 2024 el precio relativo del foil nacional aumentó entre un 5% y un 7%, mientras que en ese mismo período el precio internacional del aluminio —principal insumo del producto y que representa entre el 60% y el 65% de su costo medio— cayó un 16%. Es decir, aun con una baja significativa en el valor de la materia prima y con un mercado prácticamente cerrado a la competencia china, el precio interno del foil se incrementó.

En este contexto, la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Secretaría de Industria y Comercio recomendaron cerrar el examen sin mantener la medida antidumping. El criterio adoptado ponderó no solo la probabilidad de recurrencia del dumping, sino también el efecto de la protección sobre la estructura del mercado, la cadena de valor y la política económica general, al considerar que las herramientas de defensa comercial deben tener carácter excepcional.

Cabe recordar que hace 12 días el Gobierno también había levantado la medida de antidumping dispuesta mediante la resolución 74 del 21 de febrero de 2020 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo para las operaciones de exportación hacia la Argentina de “Chapas de aluminio sin alear o de aleaciones de aluminio de la Serie 3xxx según norma IRAM 681, de diámetro superior o igual a sesenta milímetros (60 mm) pero inferior o igual a mil milímetros (1.000 mm) y de espesor superior o igual a cero coma tres milímetros (0,3 mm) pero inferior o igual a cinco milímetros (5 mm)” originarias de China».

“Represalia”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, cargó contra el oficialismo por la decisión y la consideró “una represalia dirigida al empresario Madanes”.

Usual crítico del modelo libertario, Pichetto dijo: “El Gobierno se da todos los gustos, pero juega con la vida de los trabajadores de Aluar”. Remarcó luego que el aluminio chino tenía un 28% de arancel para ingresar al país y definió como “suicida” abrir las importaciones al 0% para ese producto. “Con China no se puede competir”, consideró.

El avance del plan de EE.UU. para controlar el petróleo de Venezuela

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, recorrió el jueves 12 de febrero junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, las plantas de Petro Independencia y Petropiar, empresas conjuntas entre Chevron y PDVSA, ubicadas en la Faja del Orinoco.

La CNN informó que durante la visita las banderas de EE.UU. y Venezuela se izaron lado a lado, y Rodríguez, quien se mostró sonriente junto al funcionario, sostuvo varias conversaciones en inglés, idioma que domina por haber estudiado en el Reino Unido, pero que por años se negó a usar públicamente por razones políticas.

Antes de partir, le preguntaron a Wright por Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero por un grupo comando de Estados Unidos y detenido en Nueva York. “Eso es historia. Se trata de seguir adelante. En estas primeras cinco semanas tuvimos un gran comienzo y el futuro creo que es brillante”, respondió.

Wright besa una botella con petróleo delante de Delcy Rodríguez. «Conseguite a alguien que te mire como @SecretaryWright mira al petróleo», posteó la cuenta de la Secretaría de Energía de EE.UU.

La visita de Wright ratificó el giro que viene llevando adelante Venezuela desde que Rodríguez aceptó hacerse cargo del gobierno. En una entrevista con la NBC emitida también el jueves pasado ella insistió con que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, pero como anticipó Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el día después de la captura del líder venezolano, lo que hace la administración de Donald Trump es evaluar lo que Delcy Rodríguez hace, más allá de lo que pueda llegar a decir públicamente.

En declaraciones a Bloomberg TV, Wright afirmó que la producción petrolera venezolana, que actualmente ronda el millón de barriles diarios, podría «crecer entre un 30% y un 40% en un año”David Goldwyn, exdiplomático de Energía del Departamento de Estado de EE. UU. se mostró un poco más conservador y dijo a Reuters que se podría lograr un aumento del 30% en la producción en un plazo de 12 a 18 meses, pero solo si se cumplen ciertas condiciones, como un entorno político estable, contratos competitivos para acuerdos de producción compartida y la cooperación de la petrolera estatal PDVSA.

A comienzos de enero, el ex ejecutivo de ChevronAli Moshiri, aseguró a EconoJournal:  «Venezuela puede volver a producir 1,5 millones de barriles por día en unos 18 meses —o menos— con una inversión de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Pero pasar de ahí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay que reparar y expandir infraestructura. Venezuela tiene 38 millones de barriles de capacidad de almacenamiento y solo el 40% es usable. El problema se traslada del subsuelo a la superficie.

La principal medida que ha tomado hasta ahora el gobierno de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, es la reforma de la ley de Hidrocarburos, que tuvo como contraparte la flexibilización del bloqueo petrolero por parte de la administración Trump.

Hidrocarburos en Venezuela: la reforma que abrió paso al sector privado y extranjero

El Ejecutivo presentó y la Asamblea Nacional aprobó a fin de enero una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a mayor participación privada y extranjera, rompiendo el monopolio exclusivo de PDVSA y permitiendo contratos más flexibles e incentivos fiscales para inversiones. El debate sobre la ley fue rápido, tal como lo exigió Estados Unidos.

Antes de la reforma, el capital extranjero solo podía participar en la producción petrolera venezolana a través de empresas mixtas en las que el gobierno conservaba la propiedad mayoritaria y el control operativo. Ahora las empresas extranjeras pueden participar directamente en las actividades primarias del sector –exploración, extracción, transporte y almacenamiento– mediante contratos con el Estado sin tener que crear necesariamente empresas mixtas donde el Estado sea socio mayoritario.

Aunque la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo estatal, las empresas privadas pueden operar campos petroleros por su cuenta, asumir riesgos y gestionar inversiones de manera más autónoma.

Otro cambio específico se centra en la comercialización del crudo. Anteriormente, solo PDVSA podía gestionar las ventas. Ahora, las empresas privadas pueden realizar la comercialización directa y administrar los ingresos a través de cuentas bancarias en el extranjero.

La reforma incluyó también un tope de 30% a las regalías, incentivos fiscales para inversores y una cláusula que permite la resolución de controversias a través de arbitrajes internacionales y mediación, siendo que antes solo era posible a través de los tribunales venezolanos.

Wright y Delcy Rodríguez en el Palacio Miraflores.

Flexibilización del bloqueo petrolero estadounidense

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó el martes 10 de febrero las operaciones vinculadas al sector energético y logístico de Venezuela a través de las licencias generales 46A, 48 y 30B.

  • La Licencia General 46A autoriza a determinadas empresas estadounidenses a participar en la comercialización, transporte y refinación de petróleo de origen venezolano, incluso cuando intervengan PDVSA o entidades controladas por la firma estatal. 
  • La Licencia General 48 habilita la provisión desde Estados Unidos de bienes, tecnología y servicios para la exploración, desarrollo, producción y mantenimiento de operaciones de petróleo y gas en Venezuela.
  • La Licencia General 30B autoriza transacciones indispensables para la operación y el uso de puertos y aeropuertos venezolanos.

Los acuerdos con el régimen venezolano o con PDVSA deben regirse por leyes estadounidenses y cualquier controversia debe resolverse en tribunales de Estados Unidos. Además, todo pago debe canalizarse a cuentas especiales bajo control del gobierno estadounidense.

En el caso del comercio de petróleo venezolano hacia terceros países, las empresas deberán presentar reportes detallados al gobierno de Trump sobre las partes involucradas, volúmenes, valores, destinos finales y cualquier pago realizado al Estado venezolano.

El texto excluye operaciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, y prohíbe transacciones con empresas de Venezuela o de Estados Unidos que estén controladas por compañías chinas.

Está claro que las condiciones las impone Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez se limita a obedecer.

Wright declaró en una entrevista a la NBC el jueves que Washington controlará las ventas y el flujo de fondos hasta que se establezca “un gobierno representativo en Venezuela” y agregó que las elecciones libres se celebrarían antes del final del segundo gobierno de Trump.

Promesas de inversión

Ya con la reforma de la ley de Hidrocarburos vigente y la flexibilización del bloqueo por parte de Estados Unidos, Wright y Rodríguez acordaron el miércoles pasado en el Palacio Miraflores avanzar en una “asociación productiva a largo plazo que permita una agenda energética”. Analizaron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, aunque no precisaron plazos.

Luego volaron a la Faja del Orinoco, una extensa franja territorial del este de Venezuela que concentra una de las mayores acumulaciones de crudo extrapesado del mundo. Wright recorrió Petropiar y prometió que “se invertirán más de US$ 100 millones para modernizar y aumentar la capacidad de procesamiento de esta instalación”, operada en conjunto por Chevron y PDVSA. “Están en camino de duplicar la producción en ese campo en los próximos 12 a 18 meses y probablemente quintuplicarla en los próximos cinco años”, agregó Wright.

 “Este es el camino a seguir. Este es el camino de la cooperación, y es la agenda para una asociación productiva a largo plazo”, declaró Rodríguez a la CNN. “Chevron ha estado aquí por cien años, y están haciendo un trabajo fantástico”, agregó.

Fernando Krakowiak

Uranio: habrá minería, parece. Pero no un programa nuclear

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Dice el Ingeniero Juan Vernieri, columnista habitual en «El Chubut», diario principal de esa provincia:

Indudablemente mi deducción expresada en la nota anterior, es coherente, la minería de uranio ha sido contaminante, ha dejado pasivos de muy larga duración y tiene baja aceptación social.

Dirán que el procedimiento de extracción mediante lixiviación in situ (ISR) resuelve esos problemas. Hay que reconocer que tiene ventajas frente a la minería convencional, pero eso no lo convierte en inocuo.

No se remueve estéril, no hay cráter, no hay escombreras gigantes y las presas de cola generalmente son más chicas. Eso reduce enormemente el impacto paisajístico y el volumen de residuos sólidos en superficie. 

Además, no hay túneles, no hay explosivos, no hay flotas pesadas y la infraestructura superficial es mínima.

Los yacimientos de Kazajistán están en areniscas profundas saturadas de agua, condiciones perfectas para ISR, no obstante, no ha podido certificar que no ha habido contaminación de acuíferos.

En ISR el uranio se disuelve directamente en el acuífero mineralizado. Solo se bombea solución cargada, no hay trituración ni molienda. De ahí que el volumen de residuos sólidos radiactivos es muchísimo menor. 

Los trabajadores no están dentro del cuerpo mineralizado. Operan pozos y plantas en superficie. Desde el punto de vista de salud ocupacional, es objetivamente más seguro. 

Requiere, en comparación con las explotaciones tradicionales, menos terreno, produce menos polvo y tiene menor impacto visual. Para colmo de tentador el ISR es hoy el método más barato para producir uranio. El cierre de los yacimientos explotados por este procedimiento es más simple. No hay que rellenar galerías, estabilizar taludes y la gestión de las presas de relaves es más sencilla por su menor magnitud.

El cierre consiste en restauración química del acuífero, lo más difícil sino imposible, sellado de pozos y monitoreo hidrogeológico posterior por décadas.

En lugar de montañas de residuos, lo malo es la segura alteración química del acuífero, la movilidad de metales y la migración de las soluciones lixiviantes. 

Reitero es un cambio de tipo de riesgo, no su eliminación.  El ISR solo funciona si se cumplen condiciones muy específicas: Acuífero confinado, baja permeabilidad lateral, sin conexión con agua potable y buena caracterización hidrogeológica

Si esas condiciones no se dan, no se puede utilizar este procedimiento. 
Las excelentes condiciones geológicas en Kazajistán le han permitido dominar el mercado mundial, a costa de contaminar sus acuíferos.   

Si bien Francia no prohibió la minería de uranio en su territorio, en los hechos ha dejado de explotar minas, aún le queda una importante que no la explota y ha seguido la política de importar de Níger (África) Kazajistán, Canadá y Australia.

Níger ha sido el punto más controvertido, especialmente por denuncias históricas sobre impactos ambientales y desigualdad económica. 

Francia no exige estándares ambientales equivalentes a los suyos en los contratos con este país africano. Tan es así que son ya proverbiales los reclamos del país, así la conjetura de hipocresía gana fuerza..

Si se beneficia de regulaciones más débiles o de contextos políticos frágiles, entonces sí puede hablarse de externalización de riesgos.

Francia explotó minas uranio de Níger, digamos, cómodamente, hasta que llegó el golpe de estado que cambio en gobierno.

Ing. Juan Vernieri

Reflexión de AgendAR:

En este portal somos pronucleares y el Ing. Juan Vernieri es sumamente anti, pero de manera persistente. Casi no habla de otra cosa.

Es curioso: un antinuclearismo tan grande, Ing. Vernieri, teniendo la Argentina un programa nucleoeléctrico tan chico. Ya veremos por qué es tan chico.

Nos sorprendió bastante la resignada racionalidad con que encara que ahora Ud. va a tener actividad nuclear de cerca y de sobra, con el proyecto minero IVANA sólidamente hincado en su provincia.

Ud., Ing. Vernieri, acepta que ésta será minería de bajo impacto salvo para el agua subterránea. Bajo impacto al menos, comparado con las barbaridades a cielo abierto y los diques de colas ácidas tan típicas de la minería de oro y cobre. Son ésas que el presidente Menem nos supo conseguir. Y que sigue.

No habrá que usar toneladas de explosivos para decapitar un cerro y transformarlo en un agujero de 500 metros de hondo. Sería inútil, cuando el yacimiento está apenas a 5 metros bajo el suelo de la estepa, y no supera los 30 metros en profundidad. Nos alegra que esto lo diga un ecologista puro y duro.

Nos da gusto que Ud. diga que no habrá mayor riesgo radiológico para los laburantes, en tanto no aspiren polvo. No es que vayan a aspirar mucho, porque al acuífero se le inyecta agua por una parte, y se la extrae por otro. El yacimiento es de carnotita del jurásico, vanadiato y uranato de potasio en un lecho de arenisca.

No es una esponja, pero sí roca relativamente permeable, y los metales a recuperar (uranio y vanadio) forman sales solubles, y son fácilmente movilizables si se mantiene el acuífero dentro de su pH normal, es decir alrededor de 8: nada ácido y ligeramente básico.

Para el caso, y ahora hablamos a los lectores del Ing. Vernieri, les aseguramos que aspirar durante años cualquier polvo, sea de ladrillo, de cemento, de roca molida, sea estéril o metalífera, con o sin vanadio, con o sin uranio, te puede llevar a la silicosis, o «pulmón de minero». Tus fuelles se llenan de tejido conectivo cicatrizal, se van volviendo duros como cartón, quedás en insuficiencia respiratoria crónica, y eso es discapacitante, irreversible y mortal.

Nada de polvaredas ni voladuras en este caso. La mina Blue Sky-(la llamamos por el nombre del socio principal canadiense)- inyectará agua virgen con agentes movilizantes en el suelo por perforaciones «ad hoc», y la extraerá, con su carga de uranio y vanadio, a través de otras perforaciones situadas «aguas abajo», según la dirección predominante de flujo dentro acuífero.

La ciudad de Valcheta, hasta ayer solitaria y siestera, está ubicada a 25 kilómetros hacia el suroeste de Blue Sky. Será la base operativa, Mientras dure la extracción de la parte movilizable de los recursos, 22,7 millones de toneladas de uranio y vanadio, no es imposible que se vuelva una colmena temporaria y caótica, uno poco el estilo de Añelo con los hidrocarburos de Vaca Muerta.

En la aridez de la estepa del Macizo Central Norpatagónico llueve entre 200 y 300 mm. por año. No sobra agua pura para desperdiciar dentro de tan amarrete acuífero, ni se la puede traer fácilmente de otros lugares.

No parece haber riesgo de contaminación de napas vírgenes y usadas por ciudades, aldeas o personas. El agua dentro del acuífero se mueve hacia el sudeste, y Valcheta está bien hacia el sudoeste.

Los agentes movilizantes típicos para este tipo de minería todavía extraña en nuestros pagos tampoco son alarmantes. Lo normal es oxígeno puro, o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).

No habrá que usar ácidos fuertes para sacar el uranio, reconoce Ud., Ing. Vernieri.

Es cierto y no lo es. En realidad, la empresa dice que usará ácido sulfúrico o carbonato de calcio según el tipo de suelo que se vaya encontrando para movilizar el uranio y el vanadio. Añade que cuando se haya extraído lo extraíble de ambos metales a lo largo de un frente de pozos de inyección y los correspondientes de extracción, se remediará el acuífero a su condición química de base.

Ese tipo de cosas es infrecuente en la minería argentina, según prontuario. Agotado un recurso, la multinacional a cargo hace las valijas y se raja. ¿Quién se va a quedar años y años, y sin entradas de plata, volviendo a estado de base un acuífero que, por definición, es invisible? Tal vez la pata criolla del negocio, que es Corporación América, es decir Eurnekián. Antes va a pasar un camello por el ojo de una aguja, tal vez habría dicho Nuestro Señor.

Esos valores de base se están investigando hoy para fijar los compromisos contractuales. La remediación se va haciendo con agua limpia del lugar y en tiempo real, siguiendo el avance del frente de explotación. La idea es dejar el acuífero como estaba antes del desembarco de Blue Sky. Veremos, dijo un ciego.

Para evitar la contaminación vertical de acuíferos distintos a profundidades distintas, los pozos deben estar encamisados. Y para evitar la contaminación horizontal, ayuda bastante la presión diferencial que hace fluir lentamente la napa hacia el sudeste, acatando la dirección de los espectaculares Bajos del Gualicho, destino final de toda el agua subterránea de la Línea Sur.

Los bajos referidos son 5000 km2 de salares a unos 72 metros bajo el nivel del mar, el tercero por tamaño en todo el mundo. Todas las sales arrastradas por los acuíferos en torno terminan aquí, y el feroz sol de la temporada cálida evapora los 2 o 3 cm. de salmuera que se juntan en invierno. Forman un espejo, y sólo la gravedad permite diferenciar el abajo y el arriba, es decir la tierra del cielo. Blue Sky es un nombre adecuado.

Los únicos humanos en el sitio son turistas con hambre de ver una inmensa nada blanca y capaces de resistir 50 grados centígrados del día, o las estrellas que brillan casi con furia en la oscuridad de tinta china glacial de las noches sin luna. Y si además de hambre tienen sed, el agua se la traen desde otros lados y con ellos. No es una gran idea quedar varado en estas soledades.

Para aumentar la diferencia natural de presiones en el acuífero, las bombas de inyección del «licor lixiviante» en la napa son más potentes que las de recuperación, aguas abajo. La idea es que la zona de extracción esté algo despresurizada para evitar infiltración lateral del licor.

El control de que eso no suceda se hace con pozos testigos, ubicados aguas abajo, según la dirección natural del acuífero.

La idea no es mala si la provincia, propietaria del subsuelo, ejerce su contralor.

Que todo esto lo admita, con renuencia, una compleja rareza como es ser ingeniero, ecologista antinuclear y de yapa, columnista, todo a la vez, nos emociona.

De todos modos, no es lo normal que las provincias argentinas con minería controlen a las empresas mineras, mayormente multinacionales, en este caso el grupo canadiense de Joe Grosso, que en realidad opera para la empresa uranífera francesa Orano, con plata de fondos de pensión y de inversión de demasiados orígenes, y eso sí, con algún prestanombres local.

Por algo en su nuevo código minero Menem, Cavallo y los radicales, con la reforma constitucional de 1994, le sacaron la propiedad del subsuelo al estado nacional. No porque éste sea inherentemente más honesto que los estados provinciales, pero antes del añadido del artículo 124 al Código de Minería, La Nación sin duda era molesta por ser mucho mayor, por pedir coimas mayores, y por estar sujeta a un mayor escrutinio de medios, y de escándalos.

La realidad es que hoy por hoy la gran minería argentina, que de argentina no tiene nada, opera mayormente sobre despoblados. Y que las mineras tienen demasiada plata y las provincias son demasiado pobres.

En fin, la cola no mueve al perro.|

En San Juan, que a fines del siglo pasado se había vuelto bruscamente la provincia más activa del país en extracción de oro y cobre, en 2006 el organismo que controlaba que Barrick Gold no hiciera desastres en Veladero y Pascua Lama era la Policía Minera.

El gobierno provincial estaba contentísimo: por fin el organismo tenía camionetas y equipos técnicos decentes como para hacer bien su trabajo de controlar… a la Barrick Gold. Sí, los equipos los pagaba la Barrick.

«No comment», dicen en las películas.

Hasta ahí, en nuestra desconfianza de que en nuestros pagos las cosas se puedan hacer por derecha, máxime con el Código Minero actual, Ud. y nosotros, ingeniero Vernieri, podemos estar casi de acuerdo.

Pero para nuestra tranquilidad, loado sea Dios, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental.

SOMOS INDUSTRIALISTAS Y ARGENTINOS

Ecologistas somos todos, pero tampoco la pavada. Lo que no le molesta a Ud., ing. Vernieri de Blue Sky y del proyecto IVANA, pero a nosotros sí, es su carácter puramente extractivo.

IVANA exportará polvo de octóxido de uranio sin más valor agregado argentino que el lixiviado y el secado.

Todos los pasos siguientes de valor agregado se dan afuera del país. Son (y abrevio para no cansar): *

  • 1) la transformación química del octóxido amarillento en dióxido negro,
  • 2) el proceso térmico bajo alta presión que transforma el dióxido en polvo en pequeñas pastillas negras de cerámica durísima
  • 3) el encapsulamiento de tales «pellets» en manojos metálicos de superaleaciones de zirconio

En el punto 3 la cadena de valor agregado nacional debería alcanzar un tope. Son decenas de grandes, pequeñas y expertas operaciones químicas y físicas que multiplican centenares de veces el valor del uranio tal cual sale del suelo, y tal cual ingresa al núcleo de una central nucleoeléctrica.

Lo idiota de nuestro caso es que todo ese ecosistema científico, tecnológico e industrial transformativo ya lo tenemos en el país, y muerto de hambre. Un proyecto como el de Blue Skay es la cola del perro, pero sin el perro.

Le damos una escala estimativa de precios internacionales. Omitimos el paso del enriquecimiento de uranio, porque nuestras tres centrales queman uranio natural, con apenas ese exiguo 0.7% del isótopo 235 con el que sale del suelo. Somos 7 los países que hacen lo mismo, y han llegado a operar más de medio centenar de centrales nucleoeléctricas tipo CANDU, el 11% de la flota mundial. Y en este momento, mayormente gracias a la India, son las que más se construyen.

Mire estos números, ingeniero:

El kg. de octóxido de uranio, un polvo amarillento llamado «yellow cake», está a unos U$ 200.

Lo producíamos prácticamente a pie de mina, en la cantera de Sierra Pintada, Malargüe, Mendoza, hasta que el gobernador Arturo Lafalla cerró la mina (tiempos de Menem, Ud. sabe). Con ello, la provincia, magnánima, tomó la decisión de que el país entero dejara de producir su propio uranio, como venía haciendo desde 1955. Desde entonces lo venimos importando de Kazajstán.

Duerman sin frazada, argentinos. En la seguridad de que los EEUU jamás nos aplicarán sanciones que impidan que le compremos a Kazajstán todo el uranio que querramos.

Las malas lenguas en Malargüe dicen que Sierra Pintada como activo nacional de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) daba trabajo en blanco y bien pago todo el año. Añaden las mismas malas lenguas que eso molestaba a los grandes y medianos viñateros que dan trabajo en negro y temporario. Prefieren ser amos y señores de los recursos humanos del departameno, para explotarlos a lo perro. Eso, según usos y costumbres muy viejos, y pre-nucleares.

Sierra Pintada parecía más bien una cantera, cuando estaba activa. Andenes volados a dinamita en paredes de piedra, y grandes camiones yendo y viniendo con roca despedazada rumbo a la molienda.

Blue Sky será un paisaje bastante distinto, chato de solemnidad, con caños, bombas y piletas. El producto final del secado del líquido lixiviado es el secado de los solutos, que en ambos casos fue y será el «yellow cake».

El kg. de yellow cake en 2020 estaba clavado en U$ 66, pero hoy está a U$ 200, y subiendo. Pasa que este estúpido mundo no lee lo suficiente sus columnas. Debido a ello, está asustado del cambio climático y se está re-nuclearizando a velocidad de escape. Sobre 440 reactores de potencia en 2020, hoy hay 74 nuevos en obra en 15 países, y 115 pedidos y aprobados por dichos países. Los grandes tractores, para sorpresa de nadie, son China, Rusia y la India.

El kg. del dióxido de uranio, que es el que sirve en las centrales nucleares, le suma unos U$ 25 al yellow cake. El proceso químico se llama «conversión», y por ahora se hace en Córdoba, en Dioxitek. Esta planta se fundó en descampado, pero aquel baldío quedó rápidamente rodeado hoy de la edificación residencial de Alta Córdoba. Ese lugar se ha vuelto el lugar perfecto para que Dioxitek esté… en otro lugar.

La nueva Dioxitek estará en Formosa, provincia sin uranio y muy alejada de la próxima jurisdiccion productora (Chubut, el vez Mendoza nuevamente) y más alejada aún de Ezeiza, Buenos Aires, donde el óxido de uranio se vuelve otras cosas más caras e interesantes. Todo lo cual es un tremendo disparate en términos de logística. Pero no es nuestro tema. Volvemos al mismo.

El resultado de la conversión del tetróxido de uranio, ese polémico polvo amarillento llamado yellow cake, es otro polvo negro, pero negro de toda negritud, de dióxido de uranio puro. Hasta ahí, el valor acumulado llega a U$ 225 por kg.

Es decir, muy bajo valor agregado respecto del mineral uranífero.

El kg. de pastillas cerámicas negras de dióxido de uranio, la forma en que ingresa el uranio a la zona crítica de la central, suma alrededor de U$ 300, lo que da U$ 525. Ahí empezamos a hablar de plata en serio.

Explicación para los lectores, porque esto Ud. lo tiene claro, ingeniero. Muy pocos países saben fabricar estas pastillas. Nosotros sí, y lo hacemos desde los años ’80, y con métodos muy automatizados y nacionales, y máquinas diseñadas y construidas por la joya de la corona de las empresas nucleares, INVAP.

La planta pertenece a una sociedad mixta de la CNEA y Pérez Companc. Requiere de moldes ultraduros de carburo de tungsteno para comprimir en frío este polvo a 400 megapascales. Es mucho. Viene a ser unas 18.000 veces más presión que la del aire de un neumático de camión liviano. O si prefiere, el equivalente del peso de ese camión de 4 toneladas sobre la superficie de una uña.

El polvo queda comprimido a un 60% de su máximo teórico de densidad. Entonces Ud. pasa esas pastillitas negras por un horno a 1800 grados de temperatura, lo que las transforma en pequeñas piezas de cerámica muy dura, densa y pesada, a un 95% de su máxima densidad teórica. Son tamborcitos de 15 mm. de diámetro por 15 de altura.

Si levanta uno entre los dedos, le va a resultar sorprendentemente pesado. Si se lo tira a alguien, a ese alguien le va a doler. La famosa densidad del uranio, casi el doble de la del plomo.

Ese trabajo de sinterizado aquí lo hace CONUAR S.A., una sociedad mixta de la CNEA, con un tercio del paquete accionario, y del Grupo Pérez Companc, con 2/3. La planta está adentro del Centro Atómico Ezeiza. No se puede vender. Es un bien estratégico nacional, según contrato.

Repito, ahí Ud. llega a U$ 525 el kg. Y le puso mucho valor agregado argentino al yellow cake, que es más bien materia prima. Y todo esto Ud. lo hizo con tecnología nacional desarrollada por la CNEA, sin pagarle un mango de patentes a ningún país y a ninguna consultora.

El añadido de un armazón, manojo o elemento combustible es la parte decisiva y la realmente cara.

En el caso de las centrales que más le interesan a la Argentina, las CANDU, el manojo consta de 37 tubitos muy sutiles de zircaloy, una superaleación de zirconio transparente ante la circulación de neutrones. Pese a su look frágil, ese manojo es muy resistente a presiones y temperaturas extremas. Las pastillas deben bancarse 1800 grados de temperatura en su centro, y presiones de agua refrigerante de 10 megapascales. Sí, son 100 kg. sobre una uña. Elija cuál.

Los 37 tubitos (o «lápices») de zircaloy se llenan de pastillas de punta a punta (50 cm). Esos lápices están unidos y separados entre sí por discos separadores, también de zircaloy. Cada lápiz, ya se explicó, está obturado en sus dos extremos por tapones del mismo material. La CNEA tardó años enteros en descular cómo hacer esos tubitos, y años más para desarrollar una soldadura que no filtrara los gases de fisión generados por las pastillas.

Un manojo de 37 lápices vacíos es muy liviano. Pero Ud. llena de pastillas, y pesa 22 kg. Esa sutil estructura no puede ni debe romperse, rajarse, fundirse o desintegrarse, y debe aguantar varios años en condiciones físicoquímicas brutales. En el caso de una CANDU como la central de Embalse, Córdoba, la estadía es más corta, un año en promedio.

Ahora piense en el calor que generan más de 5 millones de esas pastillas, cuando se irradian unas a otras de neutrones, entran en reacción nuclear controlada.

Cada manojo tiene más o menos la forma y tamaño de un tronco de los de chimenea. «Crudo», recién fabricado, sin haber ingresado jamás al corazón de una central CANDU, es muy poco radioactivo. Ud. lo puede cargar tranquilo, aunque va a necesitar las dos manos. Mi amigo el Dr. Carlos Aráoz, experto en materiales especiales de la CNEA, se lo daba a sus alumnos y dejaba que se lo pasaran entre sí por toda el aula, antes de avisarles que estaba lleno de cerámicas de uranio.

Lo que evitaba que salieran todos corriendo era el hecho de que Carlitos se lo había traído con él, y que parecía de lo más tranquilo, y que un alumno de temas nucleares sabe lo básico de seguridad radiológica. Pero a más de uno le temblaban las manos.

Si lo mira en números, cada manojo contiene potencialmente 3450 MWh de energía térmica, que equivalen al calor generado por 1500 tambores de fuel o gasoil, de los de 220 litros.

Los manojos no reaccionan, dejados en soledad. Recuerde, lector, que se trata de uranio natural, con apenas 0,7% del isótopo 235. La radiación alfa que emiten es poca, y no llega a salir de los lápices ni a atravesar la piel.

Pero amuchados ordenadamente dentro del corazón de una central como Embalse, esos 4560 manojos emiten a lo loco, por la desintegración en cadena del uranio 235, que desata neutrones y fotones X y gamma de altas energías. Esos 4560 haces generan 2100 megavatios térmicos, que a su vez le dan a Córdoba 756 megavatios eléctricos 24 x 7 alrededor de 350 días por año, descontados los de parada por mantenimiento.

Piense en la cantidad de gases invernadero que le estamos ahorrando a la atmósfera, con esa única central.

Una central puramente argentina por su ingeniería, con 700 MW de potencia instalada nos tomaría entre 6 y 8 años y unos U$ 8000 millones, generaría unos 5000 puestos de trabajo durante la construcción y 500 estables, en operaciones.

Esto no es minería, Ing. Vernieri. Esto es industria muy exclusiva.

Y nosotros sabemos hacer todo, el ciclo completo desde la mina hasta el elemento combustible. Y de yapa, sabemos hacer una central tipo CANDU, pero más avanzada, e incluso rehacerla a nuevo, y por una tercera parte del precio de una a inaugurar, cuando expiren sus primeros 30 años en operaciones. Y podemos construir decenas de ellas. Desde los ’70 y los ’80, tenemos la física, la química, la tecnología, los recursos humanos, todo.

Pero estamos aquí discutiendo de minería. Como si fuéramos Níger.

Es que nos quieren transformar en Níger, ingeniero.

De las centrales se encarga NA-SA, Nucleoeléctrica Argentina SA., una empresa estatal fantásticamente redituable que diseña, opera y repara máquinas de uranio natural. Por operar y reparar las dos Atuchas y Embalse, y de yapa vendiendo la electricidad a muy mal precio (es deliberado, lo fijan los petroleros de la Secretaría de Energía), NA-SA genera el 7.5% de toda la electricidad producida en Argentina, y unas utilidades del 18% anual.

Si hacemos 10 centrales como ésta, nos olvidamos de los apagones. Y exportamos no uranio a los yanquis o a los franceses, sino energía eléctrica a los vecinos de la región. Y si hacemos 20, podemos darle potencia a centenares de industrias electrointensivas argentinas o al menos basadas en la Argentina: vidrio, acero, cemento, aluminio, química, petroquímica, y siguen los rubros.

Ése es el único modo inteligente de usar el uranio, ingeniero Juan Vernieri. Y aquí es donde trazamos la raya: para exportarlo sin valor agregado local, mejor dejarlo adonde está y esperar que llegue algún gobierno más industrializante y menos vendepatria.

¿Se da cuenta de por qué este gobierno quiere desesperamente privatizar NA-SA?

Legalmente, podemos hacer las CANDU que Ud. quiera sin infringir patentes, porque la tecnología se compró a Canadá en los ’70. En la práctica, hemos podido terminar una sola, Embalse, con una tremenda oposición de distintos gobiernos nacionales manejada desde bambalinas por otro gobierno, ya sabe cuál. Y pudimos ponerla en línea, y tres décadas más tarde, rehacerla a nuveo para una extensión de vida de 30 años más. No es imposible que esta central opere un siglo entero. Lo mismo vale para las otras dos, las Atuchas.

Los 7 países que usan este tipo de centrales consideran que los precios y la calidad de los componentes argentinos son buenos. El catálogo más vendible consta básicamente partes de elementos combustibles, tuberías de zircaloy, incoloy y otras super-aleaciones, e intercambiadores de calor. Se han exportado a la India e incluso a Canadá. Podríamos vender centrales enteras, pero dada la parálisis inducida de nuestro programa nuclear, sólo vendemos repuestos.

Y Ud. y yo hablando de minería…

Empiece a sumar valor agregado etapa por etapa. Antes toda esa guita quedaba aquí, en forma de salarios permanentes de obreros, técnicos y profesionales calificados. Ahora no, porque las obras del programa nuclear argentino acaban de ser detenidas nuevamente Desde 2015 en adelante, el Ing. Mauricio Macri y luego el presidente Javier Milei le suspendieron «sine die» la construcción de 3 nuevas centrales nucleares. Pero antes lo hicieron Raúl Alfonsín y, esperablemente, Menem y De la Rúa.

Lectores (me dirijo a ellos, ingeniero), las centrales que quedan en operaciones también son 3, a fuerza de extensiones de vida. Tenemos el mismo número de máquinas activas que el previsto para 1986. Las existentes, e incluso las que hoy por hoy quedaron en carpeta, resultan pocas para quemar los grandes excedentes de yellow cake que se exportarán desde Chubut.

No deje que le macaneen, lector, ese uranio se va de aquí. La demanda internacional se está poniendo feroz.

Éste es un proyecto de exportar naturaleza casi cruda. No deje que se lo disfrace de restitución de capacidades argentinas sobre el ciclo de combustibles. No deje que lo alegren con el verso de que ya bastó de comprarle a los kazajos. Y de que por fin volvemos a producir nuestro propio uranio.

Mendoza misma, tras haber cerrado la mina de Sierra Pintada y dado pie a 30 años de importaciones al cuete, ahora acaba de descubrir que la minería no es tan mala. Claro, exportar yellow cake sin tener que meterse en cosas industriales y complejas convence a cualquiera. Seamos como Níger, que Francia en general se ocupa bien de ser Francia.

Pero estamos hablando de plata. Ing. Vernieri, no es lo mismo exportar roca aurífera que fundir oro para hacer lingotes. Y si se quiere aún más industria, exportar esas piedras con oro no produce las ganancias de hacer microcableados y contactos de oro para microelectrónica.

Y si a uno le da por el lado artesanal, diseñar y hacer los anillos, collares y tiaras de oro de una señora con demasiada mosca, escoltada por guardaespaldas con anteojos negros. Cualquier cosa da más réditos que vender naturaleza cruda.

Exportar polvo amarillo de tetróxido de uranio es de países pobres y brutos. Nosotros nos hemos ido volviendo pobres a fuerza de cerrar industrias y hambrear a los docentes. Pero todavía no somos enteramente brutos.

Sí somos bastante estúpidos. En 1984 teníamos resuelto aquí el ciclo completo de los combustibles nucleares. Íbamos a llegar al año 2000 con al menos 8 centrales nucleares en operaciones, íntegramente argentinas desde la cuarta, y varias más en construcción. Obviamente, eso no sucedió.

Pero pese a los palos en la rueda que vienen metiéndonos los embajadores de los EEUU y decenas de políticos y ecologistas imposibles de ser acusados de industrialismo, INVAP ha logrado vender reactores nucleares argentinos en Perú, Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita, y tiene uno más pedido por Uganda.

La ley argentina decía que el uranio era un recurso estratégico, y no se podía exportar.

Y no debería exportarse, lectores. Tenemos poco uranio. Australia tiene el 30% de las reservas mundiales, Canadá el 10%, y nosotros menos del 1%. Incluso con un programa nucleoeléctrico tan chiquito y triste como el nuestro, calcule que tenemos uranio para sólo 30 años en operaciones sin tener que volver a importar. Si nos dejan importar.

Deberíamos dejamos de boludear con que somos la Arabia Saudita del uranio. Con ese verso, nos van a fumar en pipa, y todavía vamos a dar las gracias.

De tener el segundo programa nucleoeléctrico más vibrante del Tercer Mundo en los ’70, en materia de obras concretas, nos hemos congelado en esa década, la de los ’70.

Solo tres centrales, gracias a una alianza no muy explícita de empleados declarados y encubiertos del State Department, y de ecologistas argentinos angelicales.

Ing. Vernieri, lo que nos jode de IVANA, Blue Sky o como demonios decida llamarse, es que la descomunal torta de valor agregado industrial y de RRHH expertos y bien pagos, todo eso queda afuera. Y a nosotros nos queda la minería. La cola del perro, pero sin el perro.

Y eso fue fácilmente aprobado por una provincia que, ante la amenaza (haceme reír) de tener una central, se horrorizó y se declaró antinuclear de la primera hora.

Ingeniero, nosotros y Ud. vivimos en planetas distintos. No obstante, siempre lo leemos.

Ecologistas somos todos, ¿no?

Pero a nosotros nos interesan dos hermanitas que siempre andan juntas: la industria y la educación.

Añado: argentina y pública.

Daniel E. Arias

El proyecto oficial de Ley de Financiamiento Universitario: otro intento para pagar menos

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El sector educativo universitario atraviesa una crisis debido a la decisión del Gobierno de congelar los sueldos de los trabajadores de las universidades nacionales y los fondos para el funcionamiento de las casas de estudios, además de los hospitales que dependen de las universidades. Según cálculos de los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes, sería necesario un aumento superior al 50% para que los salarios recuperaran los niveles, ya bajos, de diciembre de 2023.

En 2024, la oposición en el Congreso presentó el primer proyecto de ley para poder garantizar el el financiamiento de las universidades luego de una multitudinaria marcha en todo el país. Fue aprobada por un amplio margen pero luego vetada por el presidente Javier Milei. Un año después pudo presentarse una nueva ley que también fue aprobada, vetada por el presidente pero luego insistida por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. La insistencia del Congreso es muy difícil de conseguir y solo se ha hecho en 25 oportunidades en los últimos 45 años de democracia.

El Gobierno no tenía más opción que aplicar la ley pero optó por suspenderla pidiendo aclaración al Congreso sobre el origen de los fondos, argumentando no disponer del dinero para cumplirla. A fin de año intentó nuevamente derogarla en un artículo del presupuesto pero fue nuevamente rechazado. En el frente judicial, el juez federal Martín Cormick ordenó que el Ejecutivo debía cumplir la ley, pero el Gobierno lo recusó para así ganar tiempo, con la excusa de que no podía ser imparcial por ser profesor en una universidad.

En 2024, la oposición en el Congreso presentó el primer proyecto de ley para poder garantizar el el financiamiento de las universidades luego de una multitudinaria marcha en todo el país. Fue aprobada por un amplio margen pero luego vetada por el presidente Javier Milei.

Qué dice el nuevo proyecto de financiamiento universitario

El proyecto presentado por el Gobierno dice que llamará a paritarias, aunque no aclara que deberán ser de, como mínimo, montos iguales a la inflación, y no reconoce lo perdido en los salarios de 2024. En cuanto al año 2025, propone un aumento del 12,3%, dividido en tres cuotas a pagarse a partir de los meses de marzo, julio y septiembre. En estos dos años de gestión de La Libertad Avanza, el Gobierno nunca había llamado a paritarias a los gremios y siempre había dado aumentos por debajo de la inflación y de forma unilateral.

“Esto no resuelve el reclamo. La ley de Financiamiento dejaba todos los rubros como estaban en 2023. Esto solo resuelve un tercio del problema”, dijo Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactasy Naturales de la UBA, integrante del directorio del CONICET y actual secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham. Y agregó: “Es un parche que mejoraría un poco el salario actual y que otros trabajadores de la administración pública no tienen, como los investigadores. Pero no se estaría recuperando ni siquiera la situación salarial de 2023, que era mucho peor a la de 2015, y que ya era peor a la de 2012”.

“Esto no resuelve el reclamo. La ley de Financiamiento dejaba todos los rubros como estaban en 2023. Esto solo resuelve un tercio del problema”, le dijo a TSS Jorge Aliaga.

El proyecto de modificación presentado por el Ejecutivo también quita de la ley aprobada el apartado para la recomposición salarial de las becas para estudiantes y elimina la actualización de los fondos para el funcionamiento de los hospitales universitarios, que debía seguir a la inflación medida por el INDEC y les busca fijar un monto fijo de 80.000 millones de pesos para este año. En cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades, el nuevo proyecto establece que se ajustarán si la inflación supera el 14,3% anual previsto en el Presupuesto Nacional, sin reconocer lo ya perdido, que viene poniendo en jaque al funcionamiento normal de las universidades.

La iniciativa ingresará primero en la Cámara de Diputados, como se suele hacer con los proyectos mandados por el Poder Ejecutivo, y aunque está propuesto para las sesiones extraordinarias de febrero es muy difícil que pueda ser tratado ahora. “La posibilidad de aprobarla dependerá del toma y daca que haga el Gobierno. Con las últimas elecciones no están tan lejos y tienen herramientas para negociar con los gobernadores”, dijo Aliaga. Frente a esta iniciativa, las instituciones nucleadas en el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CTERA, CONADU, FEDEUN, UDA, FAGDUT y FATUN) anunciaron un paro de una semana para mediados de marzo, para cuando la mayoría de las universidades empiece el ciclo lectivo, bajo la consigna “La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, se cumple”.

Matías Alonso

Las nuevas carreras universitarias que se pueden cursar a partir de este año en Argentina

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Inteligencia artificial, biotecnología, finanzas digitales y negocios globales encabezan la renovada oferta académica que lanzaron las universidades públicas y privadas del país

Las universidades argentinas incorporaron nuevas licenciaturas para este año lectivo 2026 y programas orientados a datos, tecnología, salud y creatividad estratégica, en un contexto marcado por la transformación digital, la demanda de perfiles híbridos y un mercado cada vez más globalizado.

Licenciatura en Biotecnología

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció una incorporación a su oferta académica. A partir de 2026, lanzará la Licenciatura en Biotecnología, una carrera de cuatro años y medio que se destaca por su enfoque interdisciplinario. El plan de estudios integra la participación de cuatro unidades académicas: Farmacia y Bioquímica, Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Veterinarias.

“Es la primera carrera que tiene este componente interdisciplinario, donde cuatro unidades académicas participan en el dictado”, sostuvo Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Además, el hecho de que pueda cursarse de acuerdo con la orientación que cada estudiante elija en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires le da una característica única, ya que los alumnos van a poder elegir, luego de hacer un ciclo común, entre una orientación en Ciencias de la Salud, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, una orientación en Biotecnología y Producción Animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias, otra en la Facultad de Agronomía, y finalmente una orientada al desarrollo sustentable en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales» , afirmó.

Y agregó: “Esperamos que de aquí, emerjan profesionales con una capacitación, tanto para insertarse directamente en el sector productivo, como para que sean emprendedores, para que puedan generar sus propias ideas y poder generar sus propias empresas biotecnológicas”.

La UBA tendrá una nueva carrera en 2026: la Licenciatura en Biotecnología
La UBA tendrá una nueva carrera en 2026: la Licenciatura en Biotecnología

Licenciatura en Inteligencia de Negocios

La Universidad del Salvador (USAL) incorporó la Licenciatura en Inteligencia de Negocios (Business Intelligence). Se trata de una carrera de grado de cuatro años que busca formar profesionales capaces de transformar grandes volúmenes de datos en decisiones estratégicas. El plan de estudios combina un 30% de formación técnica en lenguajes de datos con un 70% enfocado en la digitalización, negocios y formación humanística.

“Con esta nueva propuesta, la Universidad del Salvador reafirma su compromiso con la formación de profesionales de alto nivel, preparados para afrontar los desafíos del mundo organizacional moderno” explicó Claudio M. Flores el decano de la institución.

Y agregó: “Al integrar tecnología, estrategia y visión humanística en una misma licenciatura, la institución se posiciona como pionera en Argentina en la enseñanza de Business Intelligence, brindando a sus estudiantes herramientas innovadoras para liderar la revolución digital en el ámbito corporativo”.

La propuesta responde a una necesidad concreta del mercado actual y se alinea con una tendencia ya consolidada en Estados Unidos y Europa.

La Universidad del Salvador incorporó la Licenciatura en Inteligencia de Negocios en sus carreras de grado
La Universidad del Salvador incorporó la Licenciatura en Inteligencia de Negocios en sus carreras de gradoDIEGO SPIVACOW / AFV

Licenciatura en Finanzas Digitales

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) lanzó la Licenciatura en Finanzas Digitales, un programa de cuatro años que articula las finanzas tradicionales con tecnologías disruptivas. La carrera prepara a los estudiantes en la gestión de fintech, criptomonedas, blockchain, billeteras virtuales y medios de pago digitales, e incorpora también contenidos de ciencia de datos y programación aplicada.

“Las finanzas dejaron de ser solo números: hoy son tecnología, datos y experiencia de usuario. La industria financiera está migrando a modelos digitales a toda velocidad, y el diferencial profesional ya no es ‘saber de finanzas’ a secas, sino poder liderar esa transformación desde adentro”, explicó Florencia Scaturchio, directora de la Licenciatura en Finanzas Digitales.

Y añadió: “La Licenciatura está diseñada para formar ese perfil híbrido: una persona con fundamentos fuertes en finanzas, pero también con herramientas para trabajar con datos, entender cómo se construye un producto digital, y dialogar con equipos de tecnología, compliance y negocio”.

Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

En la misma universidad se creó también la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, una formación de cuatro años centrada en el desarrollo de sistemas inteligentes. El plan aborda áreas clave como machine learning, inteligencia artificial generativa, automatización inteligente y procesamiento de lenguaje natural, con una sólida base en matemática y estadística.

La carrera apunta a cubrir la creciente demanda de profesionales capaces de implementar soluciones basadas en datos en sectores como la salud, la logística y la educación.

Licenciatura en Diseño Estratégico

UADE incorporó también la Licenciatura en Diseño Estratégico, una propuesta de cuatro años que redefine el rol del diseñador dentro de las organizaciones. La carrera integra creatividad, innovación y pensamiento estratégico para el desarrollo de productos y servicios, y se dicta en modalidad bilingüe, con el 22% de las materias en inglés.

“La Licenciatura forma profesionales capaces de pensar y desarrollar proyectos con impacto, integrando creatividad, tecnología, comunicación y gestión.La carrera aporta una formación integral y transdisciplinar que combina metodología proyectual con contenidos de comercialización, liderazgo y uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial”sostuvo Turquesa Topper, directora de la Licenciatura en Diseño Estratégico de UADE.

Esta concepción se acompaña de modelo curricular flexible, que permite a cada estudiante construir un perfil propio a través de materias optativas, minors, viajes de estudio y la posibilidad de cursar algunas asignaturas en inglés, fortaleciendo una mirada global e internacional del diseño», agregó

La UADE  incorporó tres nuevas licenciaturas en sus carreras de grado
La UADE incorporó tres nuevas licenciaturas en sus carreras de gradoFabian Marelli – Alquiler universitario

La Universidad Católica Argentina (UCA) renovó su propuesta con la incorporación de nuevas carreras en sus sedes de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Paraná, orientadas a responder a demandas profesionales emergentes en áreas económicas, científicas, educativas y organizacionales.

“La decisión de crear una nueva carrera es un proceso complejo. En los últimos años la UCA advirtió la necesidad de renovar su oferta y avanzó en una tarea interna de discernimiento. Por un lado, se busca atender las necesidades actuales de la sociedad, que son dinámicas, especialmente con relación a los intensos cambios tecnológicos y del mundo del trabajo”, afirmó Dr. Carlos Muñiz, Secretario Académico de la UCA.

Y sumó: “Luego, hay un proceso necesario para determinar la capacidad de brindar una enseñanza de saberes socialmente significativos, preservando los niveles de excelencia a los que aspiramos. En esa síntesis, han surgido tanto ofertas innovadoras, por ejemplo, nuestras carreras en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, como también avances en áreas de vacancia antes no ocupadas, pudiendo citar como ejemplo todas las nuevas propuestas en diseño y ciencias de la salud”.

Licenciatura en Comercio y Negocios Globales

En la sede Buenos Aires, se sumó cuatro nuevas carreras. Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, se incorporó la Licenciatura en Comercio y Negocios Globales. La carrera apunta al desarrollo de negocios y vínculos comerciales con mercados externos y está dirigida por la magíster Adriana Calvo. La propuesta integra una mirada organizacional amplia que incluye transformación digital, innovación, gestión del capital humano y desarrollo de nuevos productos y servicios. Tiene una duración de cuatros años.

Licenciatura en Finanzas

Además, se creó la Licenciatura en Finanzas que surge como respuesta a la necesidad de formar profesionales capaces de desenvolverse en un sistema económico-financiero cada vez más complejo, dinámico e interconectado. El plan de estudios ofrece una sólida formación en finanzas corporativas, desde contabilidad y gestión de costos hasta valuación de empresas, junto con contenidos en mercados de capitales, gestión de inversiones e innovación financiera. También tiene una duración de cuatro años.

Farmacia y Bioquímica

También en la sede porteña de la UCA, la Facultad de Ciencias Médicas incorporó las carreras de Farmacia y Bioquímica. Farmacia se enfoca en el estudio integral del medicamento, desde su investigación y desarrollo hasta su producción, control y uso seguro y eficaz. Tiene una duración de cinco años e incluye prácticas profesionales obligatorias.

Por su parte, Bioquímica está orientada al estudio de los procesos químicos de los seres vivos, con énfasis en el diagnóstico clínico y la investigación científica, y cuenta con una duración de cinco años y medio.

La UCA  incorporó cuatro nuevas licenciaturas en sus carreras de grado en la ciudad de Buenos Aires
La UCA incorporó cuatro nuevas licenciaturas en sus carreras de grado en la ciudad de Buenos AiresJHVEPhoto – Shutterstock

En la sede Mendoza, se ampliará su oferta con la Licenciatura en Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional, la Tecnicatura en Marketing Digital, los profesorados universitarios de Educación Inicial y Educación Primaria. La Licenciatura en Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional tendrá una duración de cuatro años y apunta a impulsar el desarrollo del talento, la gestión sustentable de las personas y las estrategias de negocios en un contexto global.

La Tecnicatura en Marketing Digital es de dos años y medio. Estará orientada a la formación en diseño de campañas publicitarias, escritura SEO y desarrollo de publicidad digital. En tanto, los profesorados universitarios de Educación Inicial y Educación Primaria abrirán su inscripción a partir de marzo, se dictarán en turno tarde y tendrán una duración de cuatro años.

En la sede de Rosario, la UCA lanzará la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, una carrera de cuatro años estructurada en torno a cuatro ejes centrales: qué es el comportamiento, qué lo motiva, cómo se mide y cómo se analiza. Estos contenidos se aplican a campos como el derecho, las empresas, la ciudadanía, la salud y la educación.

A su vez, en la sede Paraná, en tanto, abrirá la Licenciatura en Comunicación Digital e Interactiva, con una duración de cuatro años. La carrera incluye prácticas internas y externas que permitirán a los estudiantes adquirir experiencia para desempeñarse en medios digitales, agencias de comunicación y entornos vinculados a la producción de contenidos, la planificación estratégica y la gestión de redes sociales.

Sede la Universidad Católica Argentina en Rosario
Sede la Universidad Católica Argentina en Rosario

Ingeniería en Biotecnología

En el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) habrá dos nuevas carreras. La Ingeniería en Biotecnología forma profesionales capaces de integrar biología, química e ingeniería para desarrollar productos, procesos y tecnologías basadas en sistemas vivos. Su campo de aplicación abarca áreas como la salud, el agro, los alimentos, la industria y el ambiente, con impacto directo en la resolución de desafíos actuales y futuros. La carrera es de cinco años.

El propósito de esta carrera es formar ingenieros con una base sólida en biología y en ingeniería, capaces de conectar el conocimiento con las necesidades que hoy demanda la sociedad e impulsar desarrollos que mejoren la salud, la producción y la calidad de vida. La biotecnología es una plataforma estratégica para el crecimiento productivo, la competitividad industrial y la innovación científica, y queremos que nuestros profesionales sean protagonistas de ese avance”, afirmó el Dr. Fernando Baidanoff, director de la carrera.

Licenciatura en Ciencias del Comportamiento

Por su parte, la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento del ITBA apunta a la formación de profesionales capaces de analizar, interpretar y predecir conductas humanas a partir de la integración de datos, neurociencia y conocimientos del mundo de los negocios. La duración es de 4 años.

Valeria Abusamra, directora de la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, destacó: “Queremos formar profesionales capaces de comprender las fuerzas invisibles que moldean nuestras conductas y aplicar una formación integral que les permita intervenir con impacto en la sociedad. Una vez que descubrís estas dinámicas, no podés volver a mirar el mundo de la misma manera”.

El ITBA tendrá dos nuevas carreras en 2026
El ITBA tendrá dos nuevas carreras en 2026Newmark

Licenciatura en Bioinformática

El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) iniciará en el próximo ciclo lectivo la Licenciatura en Bioinformática, una carrera de grado de cuatro años que obtuvo el reconocimiento oficial de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación mediante un dictamen fechado el 11 de diciembre pasado.

La Licenciatura en Bioinformática surgió como respuesta a las demandas crecientes de un mundo en el que la biología y la tecnología convergen para revolucionar campos como la medicina personalizada, la agroindustria y la biotecnología. En un contexto de avances acelerados en genómica, inteligencia artificial y ciencia de datos, esta carrera forma profesionales capaces de integrar conocimientos multidisciplinarios para analizar, modelar e interpretar información biológica compleja”, aseguró Adrián Turjanski, asesor científico-académico del IUDPT.

“El programa combina fundamentos sólidos en biología molecular, estadística y computación con herramientas avanzadas de machine learning y desarrollo de software. El plan de estudios se distinguió por su enfoque práctico e innovador: los estudiantes aplicaron metodologías bioinformáticas a problemas reales desde los primeros años. A través de laboratorios especializados y proyectos integradores, desarrollaron habilidades para diseñar pipelines de análisis genómico, implementar modelos predictivos en medicina traslacional y optimizar procesos biotecnológicos mediante técnicas computacionales”, continuó Turjanski.

En la Universidad de San Andrés (UdeSA) no habrá nuevos lanzamientos de carreras de grado para 2026. Los últimos se concretaron en 2025, con la incorporación de la Ingeniería en Biotecnología y la Ingeniería en Sustentabilidad. Desde la institución destacaron que: “Esta última fue elegida mayoritariamente por mujeres, que representaron cerca de tres cuartas partes de la matrícula, un fenómeno poco habitual en las carreras de ingeniería”.

En la Universidad Austral, tampoco se iniciarán nuevas carreras de grado en 2026. En los últimos años la institución incorporó nuevas orientaciones y especializaciones, entre ellas las de Marketing y Ciencias de Datos, así como distintas orientaciones dentro de la Ingeniería en Informática, con énfasis en inteligencia artificial, gaming y negocios.

Por último, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) tampoco lanzará nuevas carreras de grado en 2026. “La próxima incorporación está prevista recién para 2027, con la apertura de la carrera de Ingeniería Industrial“, informaron desde la institución.

Sarah Mota