En vista del proyecto de Ley Ómnibus denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos“, con el objetivo de obtener el apoyo del Poder Legislativo ante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 / 2023, el diputado por Union por la Patria Eduardo Leandro Toniolli propone declarar a Fabricaciones Militares, TANDANOR y la Fabrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA) como “activos estratégicos de la Nación”
Cabe recordar que dentro de las empresas estatales que quedaban sujetas a expropiación, de acuerdo con el texto remitido al Congreso de la Nación para su tratamiento, se encontraban FAdeA, Fabricaciones Militares S.E., Talleres Navales Dársena norte S.A.C.I. y N (TANDANOR), y Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E. (COVIARA).
En particular, la iniciativa del diputado Toniolli, que cuenta con el aval de los diputados Germán Martínez, Gabriela Estévez, Florencia Carignano y Julia Strada, considera que estas empresas “por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa Nacional” no deben estar sujetas a privatización o enajenación sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada cámara del Congreso de la Nación.
En particular, Toniolli señalo que “En un mundo convulsionado, y con una parte de nuestro territorio ocupado ilegalmente, sería gravísimo para nuestros intereses depender integralmente de privados, de empresas extranjeras o de otros estados para equipar a nuestras Fuerzas Armadas”. Asimismo, se pretende “hacer pasar como una solución al déficit fiscal lo que en realidad es una política de liquidación de nuestras capacidades nacionales. Las empresas públicas de la industria para la defensa son solventes y son un ejemplo a nivel continental en materia tecnológica, por lo que la excusa del gasto público se cae: lo que se busca en realidad es ofrecerles pingües negocios a ciertos grupos, al mismo tiempo que se precariza el equipamiento de nuestros soldados, marinos y pilotos”
Cabe destacar que el Complejo Militar Industrial Argentino se vio fortalecido durante los últimos meses de la anterior gestión con la presentacion del Programa de Desarrollo de Proveedores para la Defensa (PRODEF), cuyo objetivo es favorecer la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con los requerimientos de la Defensa Nacional.
Actualmente, TANDANOR se encuentra trabajando en el proyecto de construcción de un total de doce (12) remolcadores para la Armada Argentina, de los cuales siete (7) pertenecen a la serie 40 TBP, y los otros cinco (5) a la serie 10 TBP, de 40 y 10 toneladas respectivamente. Asimismo, se encuentra en etapa de diseño la construcción de un Buque Polar, basado en el diseño ARC 133 de la empresa finlandesa Aker, destinado a brindar apoyo logístico durante las campañas antárticas de verano.
Asimismo, el astillero ubicado en la Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra trabajando sobre la corbeta ARA “Parker” (P-44), la cual será reconvertida en sus funciones a buque patrullero. Por sus instalaciones y capacidades únicas en el país, como ser el Syncrolift mas grande de Latinoamérica, con capacidad para izar buques de 15.000 toneladas, 184 metros de eslora y 32,9 metros de manga, TANDANOR recibe anualmente a buques de la Armada Argentina para trabajos de mantenimiento, destacándose recientemente el ingreso del transporte ARA “Canal Beagle” (B-3) de cara a la CAV 2023/2024.
Ensayos en Salinas del Bebedero portada. Créditos: FM
Por su parte, FAdeA, de probada trayectoria en la construcción y diseño de aviones, se encuentra trabajando en diversos proyectos destinados a fortalecer las capacidades de las FF.AA, destacándose la fabricación de entrenadores IA-63 Pampa III, la modernización de los IA-63 Pampa II, la actualización de aviones C-130 (K/C-130 y L-100), P-3B Orión (6-P-56), la fabricación de piezas para el transporte Embraer K/C-390 Millennium, y el desarrollo del futuro entrenador primario de la Fuerza Aérea Argentina IA-100.
En cuanto a FM, la empresa sociedad del estado se encuentra trabajando en la recuperación y fabricación de munición para las FF.AA y FF.SS, sumada a la producción de chalecos antibalas, y explosivos para el mercado externo, destacándose la exportación de Nitroglicerina y Mastermix para Perú.
El 24 de enero de 1946, 78 años atrás, elentonces presidente Edelmiro Julián Farrell recibió el proyecto de ley elaborado por el general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio cuyo objetivo fue la concresión del “Plan Siderúrgico” destinado a “crear una real capacidad para la producción nacional de acero, en condiciones tales que aseguren el desenvolvimiento de la siderurgia argentina y su ulterior afianzamiento”.
“La actividad industrial que encara este plan es vital, la necesitamos, como hemos necesitado nuestra libertad política, como hemos necesitado en su oportunidad nuestra independencia”, precisó Savio en esa oportunidad remarcado que “La industria del acero es la primera de las industrias; y constituye el puntal de nuestra industrialización”. Dicho “Plan Siderúrgico” incluía producir acero en el país utilizando materias primas y combustibles argentinos y extranjeros en la proporción que resultara más ventajosa económica y técnicamente, tratando de mantener activas las fuentes nacionales de minerales y de combustibles; suministrar a las industrias de transformación y terminado de acero en calidad y costos adecuados; fomentar la instalación de plantas de transformación, y afianzar el desarrollo de la industria siderúrgica argentina.
Para que el plan se cumpliera se contaba con yacimientos de hierro en explotación y plantas del Estado existentes en este momento; la planta de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) que se creaba por esa misma ley, más otras plantas de sociedades mixtas que pudieran crearse, y las plantas de transformación y terminado de productos de acero del capital privado. Así fue como el 21 de junio de 1947 el Poder Ejecutivo Nacional, siendo ya presidente Juan Domingo Perón, promulgó el “Plan Siderúrgico” convertido en la Ley N* 12.987, nombrando a Manuel Savio como presidente de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina.
Al respecto se decidió la ubicación de la planta siderúrgica en Punta Argerich, sobre el río Paraná, en el partido de Ramallo, Provincia de Buenos Aires. El 13 de marzo de 1948, en su carácter de presidente de SOMISA, Savio suscribió el contrato con la Armco Argentina, por el cual se encargaron los planos y estudios, la supervisión de la instalación y de la puesta en marcha de la planta a instalarse.
El 26 de junio de 1948, el directorio de Somisa aprobó el plan definitivo presentado por Armco, optando por un complejo para elaborar 500.000 toneladas de productos semiterminados de acero. Pero hete aquí que el 31 de julio de ese mismo 1948 Savio murió víctima de un paro cardíaco. Como es habitual en una cultura necrófila se estableció que todos los años en esa fecha se conmemorase el “Día de la Siderurgia”. Nacido el 15 de marzo de 1893, Manuel Savio contaba para entonces con 64 años durante los cuales había desarrollado una actividad vital como que ya a partir del 24 de diciembre de 1936 había sido director de Fabricaciones Militares.
En los hechos el general Savio fue el natural heredero del sanjuanino fray Luis Beltrán, el franciscano de brillante labor como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de los Andes que liderara el general José Francisco de San Martín. Savio, quién afirmara que “la industria del acero es la primera de las industrias y constituye el puntal de nuestra industrialización. Sin ella seremos vasallos”, fue el primero de los ingenieros militares que realizó un claro planteo acerca de la relación entre la defensa nacional y el desarrollo industrial.
De hecho su pensamiento se entroncó con el desarrollado un cuarto de siglo antes por el general, también ingeniero, Enrique Carlos Alberto Mosconi, a través de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) durante la presidencia de otro gran industrialista como Máximo Marcelo Torcuato de Alvear, como parte de la transformación de la economía argentina, basada en las exportaciones agrícola-ganaderas, en otra asentada en la actividad manufacturera.
La infausta circunstancia del fallecimiento del general Savio paralizó durante casi una década la puesta en marcha de lo hasta entonces programado. Se sucedieron alrededor de diez años de gobiernos del propio Perón y del gobierno cívico-militar de la autodenominada “Revolución Libertadora” para que recién en 1958 el presidente Arturo Frondizi retomase la iniciativa para lo cual recurrió a un préstamo de 60 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a más de u$s 2700 millones actuales, del Export and Import Bank of United States of America (Eximbank).
Préstamo que ya le había sido concedido a Perón en 1955. Con esos fondos se adquirieron los equipos y los servicios, en los Estados Unidos de América, para la instalación de la que se llamó “Planta Siderúrgica General de División Manuel N. Savio”, instalada en Punta Argerich, en la que el 20 de abril de 1960 se lograse el primer deshornado de coque para su uso en la metalurgia; el 20 de junio siguiente la primera colada de arrabio, y el 5 de mayo de 1961 la primera de acero.
Habían pasado trece años desde que Perón promulgase la Ley N* 12.987 cuando el 25 de julio de 1960, el presidente Arturo Frondizi encabezó la inauguración oficial de la planta de SOMISA. Empresa que fue privatizada en 1992 bajo la denominación de “Acero Paraná”, como parte del Grupo Techint, bajo la presidencia de Carlos Saul Menem y siendo interventora María Julia Alsogaray.
YPF es quien marca el pulso del shale. La empresa de mayoría estatal no para de hacer historia desde que comenzaron las operaciones en Vaca Muerta. El no convencional es una realidad y en gran parte se debe a los proyectos que desarrolla la compañía.
Una muestra de ello es que este lunes se volvió a anotar otra marca top en los libros de la formación: YPF llegó a las 30 mil etapas de fractura desde que comenzó a desarrollar Vaca Muerta. Así lo informó Luciano Fucello, country manager de la empresa NCS Multistage, quien también precisó que la compañía nuclea el 54% del total de las etapas que hicieron entre todos los operadores.
En el informe que lleva a cabo el también presidente de la Fundación Contactos Petroleros se destaca que entre 2016 y 2023, YPF contabilizó 26.981 punciones en la roca madre liderando ampliamente la actividad. En el mismo periodo, Tecpetrol (6173), PAE (5278), Vista (4731) y Shell (4613) son las empresas que más operaciones realizaron, pero quedan muy lejos de las operaciones de la compañía de bandera.
La estimulación hidráulica (fracking) nació hace unos 80 años, a fines de los años 40. La idea era mejorar la permeabilidad de los yacimientos convencionales de gas.
El concepto es simple: mediante la inyección de un «fluido de fractura» se abren fisuras microscópicas en la roca, que se apuntalan con granitos de arenas especiales para que no vuelvan a cerrarse. Por los espacios entre los granos de arena, y a lo largo de las fisuras, pueden fluir el gas o el petróleo, incluso de formaciones completamente impermeables.
Los proyectos de YPF son testigo de las bondades del shale. En el tercer trimestre de 2023, la empresa registró un alza de producción interanual del 5% en petróleo y del 3% en gas natural, que se explican por su desempeño en Vaca Muerta. En ese mismo periodo, la producción total de hidrocarburos fue de 520 mil barriles equivalentes diarios.
Para YPF, la actividad no convencional es el principal eje de su crecimiento por lo que, apunta todos sus cañones a la búsqueda constante de la eficiencia en los tiempos de perforación y fractura de pozos, que tienen un promedio de 297 metros por día en perforación y 217 etapas por set por mes en fractura.
En los planes 2024 que hay para Vaca Muerta se buscará seguir acentuando la sintonía fina de la producción. En el 2023, las compañías completaron 14.500 fracturas y se espera que para este año realicen alrededor de 18 mil punciones.
En lo que respecta al primer trimestre del 2024 se espera una actividad muy similar a lo que fue la recta final del año pasado con un promedio de entre 1.200 y 1.400 etapas de fractura.
Tal como informó +e, este nivel de actividad estará marcado por la activación de nuevos perforadores ya que con la cantidad de sets de fractura que hay en la actualidad se puede cumplir el reto de 18 mil etapas de fractura proyectadas para el 2024.
Este objetivo podrá ser superado gracias a la implementación del dual frac, que se basa en hacer dos fracturas con un mismo set donde el caudal de insumo (agua y arena, principalmente) son los mismos que para un pozo tipo, solo que sus caminos se bifurcan para asistir a los dos pozos.
La primera en implementar el dual frac fue YPF en el área Rincón del Mangrullo en el año 2021. Esa prueba piloto significó un hito en la industria hidrocarburífera local y un nuevo camino para la producción.
A partir de allí, las compañías se encuentran en una etapa de sintonía fina donde se busca hasta el mínimo detalle para achicar los costos de operación. En ese contexto, el dual o simul frac (nombres comerciales de la tecnología de Schlumberger y Halliburton, respectivamente) juega un papel central ya que permite mantener el nivel de fracturas con los sets que tiene cada empresa a disposición.
La inflación es un problema crónico en la historia argentina, y se profundizó en la última década. Desde 2007, el alza del costo de vida supera las dos cifras y el año pasado pasó el 200%, sus valores máximos desde la última hiperinflación, en 1990. Ese contexto impulsó a muchos argentinos con capacidad de ahorro a no considerar al peso como moneda para intentar proteger su patrimonio, y elegir al dólar u otras monedas para proteger su capital. En ese escenario, todos los años crece el monto de dinero que los ciudadanos guardan fuera del sistema financiero local: la cifra ya supera los US$271.499 millones.
El dato surge del informe sobre Balanza de Pagos, posición de inversión internacional y deuda externa publicado por el Indec, con cifras correspondientes al tercer trimestre de 2023. Esos $271.499 millones informados comprenden el dinero alojado en cuentas bancarias declaradas en el exterior, los fondos atesorados en cajas de seguridad o los billetesguardados “en el colchón”, tanto en dólares como en otras divisas.
Las estimaciones del organismo estadístico oficial dan cuenta de un incremento trimestre a trimestre, en una dinámica que ilustra la desconfianza que los argentinos mantienen en el peso y en el sistema financiero local y el efecto negativo de la inflación y los desequilibrios macro sobre el ahorro.
La cifra marca un crecimiento del 3,8% (US$10.009 millones) con relación al número estimado por el Indec un año atrás (US$261.490 millones). Sin embargo, aunque en términos nominales existe una variación positiva, ese incremento se ubicó en línea con la inflación registrada en los Estados Unidos (3,7% interanual en septiembre). En otras palabras, el monto se mantuvo en términos reales.
El dinero guardado fuera del sistema financiero local, contemplado en el informe del Indec dentro del segmento ‘Otras inversiones’ en la Posición de inversión internacional, se incrementó en US$5566 millones con respecto al segundo trimestre de 2023. Eso refleja un incremento del 2,5% con respecto al período anterior.
La dolarización de los ahorros y la salida de fondos del sistema financiero local es una dinámica que condiciona hace años a la economía argentina y no distingue gobiernos y administraciones. La acumulación de sucesivas crisis económicas, cepos, confiscaciones de depósitos, inflación, cambios de moneda, déficit fiscal, emisión y pérdida del poder adquisitivo configuraron un escenario de desconfianza hacia el sistema financiero local y de debilitamiento del peso, que para muchos no cumple con su función de resguardo de valor y refugio para el ahorro.
Mientras la inflación alcanzó este año su pico desde la última hiperinflación -tras el 12,8% de noviembre, llegó al 160,9% en 12 meses y se estima que habría rondado el 200% en diciembre-, los argentinos intentan huir de la moneda local para evitar que el alza del costo de vida erosione el poder adquisitivo de sus ahorros.
De esta manera, el peso es usado para concretar pagos y transacciones cotidianas (aunque algunas operaciones, como la compraventa de propiedades o los alquileres, se cotiza y se realiza en dólares), y perdió su rol como reserva de valor. En consecuencia, muchos de quienes tienen capacidad de ahorro recurren al dólar u otras divisas para intentar cuidar su capital.
El crecimiento del stock de ahorros fuera del sistema local cobra mayor relevancia cuando se coteja ese dato con otras variables de la economía. Por ejemplo, la cifra informada por el Indec es 10 veces mayor al total de reservas brutas que hoy tiene el Banco Central (BCRA): al cierre de diciembre se ubicaron en US$23.123 millones, según reflejan los últimos datos del organismo.
“La acumulación de activos externos que quedan por fuera del sistema tiene larga data, por lo que la cifra actual, si bien es significativa, no es más que un reflejo de la continuidad de la debilidad en la demanda de pesos. Esto es en un contexto donde la inestabilidad macroeconómica es la norma más que la excepción, situación que se plasma en una desconfianza en los activos locales en un contexto de tasas reales sistemáticamente negativas dada la escalada de los precios”, dice Milagros Suardi, economista de la consultora Eco Go.
“El fenómeno que se fue profundizando con el correr de los años en tanto la economía convive con una restricción a la compra de dólares oficiales y una elevada brecha cambiaria frente a un BCRA que hace malabares para conservar sus reservas. En el fondo, es un problema de desconfianza, en una economía que no crece, que no tiene crédito en pesos y menos en dólares, y que es a su vez un determinante para la imposibilidad de crecer”, agrega la analista.
El informe del Indec contempla otros segmentos en los cuales los argentinos mantienen sus ahorros, también en activos o instrumentos fuera del país. De acuerdo con lo publicado, en el concepto de “Inversión directa” (bienes, propiedades u otros activos físicos) los argentinos tenían declarados a fin del segundo trimestre del año US$47.744 millones. En comparación con igual trimestre de 2022, ese stock se incrementó en US$3590 millones (8,1%).
En tanto, la categoría “Inversiones de cartera”, que contempla títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros, concentra unos US$83.598 millones. Se trata de un incremento interanual del 16,5% (U$11.889 millones).
El gobierno dio un giro abrupto de 180º en la redacción del capítulo de la Ley Ómnibus vinculado al sector de biocombustibles que se está discutiendo esta semana en el Congreso. La versión inicial del proyecto defendía laliberación total del mercado de bios, que hoy está altamente regulado. En esa dirección, permitía el ingreso de grandes cerealeras (aceiteras y exportadoras) y petroleras al negocio con la intención de abaratar los costos de los carburantes de origen vegetal, uno de los grandes problemas en que incurrió la industria durante los últimos años, dado que muchas veces los precios del biodiesel y del bioetanol terminan siendo más caros que los combustibles fósiles.
Al permitir la integración de la cadena tanto hacia abajo (con petroleras) como hacia arriba (con grandes aceiteras), el espíritu del proyecto original era eficientizar la operatoria de la industria de biocombustibles. Fuentes de La Libertad Avanza llegaron incluso a cuestionar un mes atrás el funcionamiento del complejo azucarero que produce bioetanol en Tucumán —denunciado tanto en el sector privado como en el Estado por su falta de competitividad— y también por la concentración del mercado de biodiesel en pocos grupos económicos, a contramano de lo que estipulaba la Ley 26.093 (de Biocombustibles), que aspiraba a diversificar la producción de bios en pequeñas sociedades diseminadas en distintos puntos del país para apuntalar el crecimiento de economías regionales.
Sin embargo, durante su presentación de este miércoles en la Cámara de Diputados, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que a su vez es uno de los principales coordinadores de la Ley Ómnibus, volvió sobre sus pasos y oficializó cambios sustanciales en el capítulo de bios.
Entre los más relevantes figuran: a) se bloquea el ingreso inmediato al negociode las petroleras—YPF, Raízen, Axion Energy, Puma y productores de crudo que estaban evaluando desembarcar en el negocio—. Recién podrán participar de la producción cuando el corte de bios en naftas y gasoil sea superior al 15%, una meta que recién se espera para los próximos tres años. Y b) se condiciona la participación de las grandes aceiteras —Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Noble, entre otras nucleadas en la cámara Carbio— al cumplimiento de determinados requisitos. Allegados a YPF, la petrolera controlada por el Estado, que a su vez es el mayor jugador del mercado de combustibles y tal vez el principal perjudicado por la contramarcha del gobierno, indicaron que aún no analizaron a fondo la última versión del proyecto de Ley, por lo que aún no realizaron gestiones con el Ejecutivo para alinear posiciones entre el Estado y la industria hidrocarburífera.
Una fuente cercana al Ministerio de Economía ensayó una respuesta curiosa para explicar a qué obedecen las modificaciones radicales en el texto de Ley. «En realidad, el capítulo de Biocombustibles que se incluyó en la versión en papel del proyecto de Ley Ómnibus que ingresó al Congreso ya había sido eliminado por la Secretaría de Energía, que lo había reemplazado por otro que no llegó a incluise en el texto que se envió a Diputados».
Transparencia
Allegados a la Secretaría de Energía destacaron, pese a todo, que tal como quedó redactado el proyecto de Ley mejorará de forma significativamente la operatoria del mercado de biocombustibles que se venden en estaciones de servicio mezclados con naftas y gasoil. Destacaron, en ese sentido, que se transparentará el mecanismo para determinar los precios del biodiesel y bioetanol, que dejarán de estar fijados discrecionalmente por funcionarios de la Secretaría de Energía. También se terminará con los cupos de volumen, que definían qué participación del mercado se quedaba cada cada complejo productor.
Una apuesta ambiciosa del gobierno es que se quiere a crear un nuevo mercado de biocombustibles similar al MATER, el mercado a término de energías renovables que funciona entre privados con escasa intervención estatal, o al Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), la plataforma que depende de la Bolsa de Comercio porteña que se utilizó en los últimos años para adquirir volúmenes de gas por parte de Cammesa o Enarsa.
¿Cómo funcionará el nuevo esquema si el capítulo de biocombustibles de Ley Ómnibus se aprueba en el Congreso?
«La ley actual es la peor que hubo por los incumplimientos en producción que no permitieron cumplir con los cortes establecidos, por eso hay que cambiarla», defendió una fuente oficial. «El proyecto actual establece que el precio de los biocombustibles será libre y dejará de estar regulado por el gobierno. También será libre el volumen. Las ventas se obtendrán de licitaciones: ganará la empresa que ofrezca el precio más bajo, pero bajo ciertas condiciones, para ecualizar la licitación de forma que puedan participar en el caso del biodiesel tanto empresas grandes, integradas, chicas, no integradas. En bioetanol, estamos analizando esquemas de licitación pero hay más variantes que se reglamentarán luego. Las licitaciones serían entre privados, es decir, no las manejará el Estado», agregó.
Regulación
Los cambios están reflejados en el artículo 313 de la Ley Ómnibus, que modifica el apartado 13 de la Ley 27.640. En los hechos, los volúmenes asignados a las productoras y los precios de los biocombustibles, hoy ambos temas regulados por la Secretaría de Energía, quedarían establecidos por licitaciones periódicas de las que participarían los refinadores (compradores) y los elaboradores (vendedores).
“El que gana con el menor precio vende al comprador todo su volumen; al segundo más bajo le compran lo que falte para completar y así sucesivamente hasta que se cubra todo el volumen demandado. Siempre quedará algún oferente sin venta. Son licitaciones similares a otras que se hacen ya en el país con otros rubros. Similares a las del MATER de renovables», explicó una fuente de gobierno.
Rodríguez Chirillo explicó en el Congreso que “los cupos que existían serán cambiados por licitaciones que consideren varias cosas: primero, que ninguna empresa pueda tener más del 14% de participación de demanda interna. Segundo, que no se puede participar más allá del 100% de la capacidad instalada que tenga el participante. La tercera es que la relación entre la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser igual a las no integradas. Vamos a permitir que las empresas chicas y grandes puedan participar”.
Petroleras
La iniciativa que rediseñó el gobierno establece que las petroleras podrán ingresar al negocio de los biocombustibles recién a mediano plazo en función de cuánto crezca el mercado de biocombustibles. En concreto, el proyecto prevé que lo hagan sobre la demanda excedente del mercado doméstico y cuando el porcentaje de mezcla supere el 18% en el caso de la mezcla del bioetanol con las naftas.
“Hemos actualizado la versión que ingresó. Cuando lo presentemos va a estar alineado a algunos de los comentarios que hemos recibido de gobernadores y diputados. La propuesta es que el Estado libera el precio y el biodiesel aumenta el corte obligatorio de 7% a 10%, para luego ir aumentando al 15% hasta el 2026. Esto nos va a permitir alinearnos con Brasil. En bioetanol se mantiene el 12% y se aumenta hasta el 18% en tres años para seguir en un sendero hasta el 27%”, anticipó Chirillo.
El biodiesel, que se elabora en base a aceite de soja y hoy tiene una mezcla con el gasoil de 7,5%, comenzaría en 10% con la entrada en vigencia de la norma. El 1° de julio pasaría a 11% y luego el 1° de enero de 2025 pasaría a 12%. Aumentaría a 13% en junio, 14% en noviembre y 15% en abril de 2026.
Por su parte, el bioetanol, que se produce con maíz y caña de azúcar, quedaría en 12% (tal como en la actualidad). A partir del tercer año de la entrada en vigencia del proyecto de ley del gobierno, la Secretaría de Energía dispondrá un rango de mezclas obligatorias de bioetanol con naftas del 18% (E18) al 27% (E27). El proyecto aclara que la cartera energética fijará “el nivel de mezcla obligatoria en forma periódica en función de la oferta disponible” y “autorizará en forma simultánea un mercado libre para mezclas de bioetanol con naftas en porcentajes superiores al 27%”.
Importaciones
Otro punto que las pymes productoras de biocombustibles habían cuestionado al proyecto de Ley Ómnibus tiene que ver con que se permitía importar biodiesel y bioetanol. Pero ahora el texto aclara: “durante los primeros 18 años tras la entrada en vigor de esta ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con combustibles fósiles deberán ser producidos en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales”.
Un análisis de alrededor de 170.000 pozos en más de 40 países publicado en la revista ‘Nature’ indica que un tercio se enfrentan a un “agotamiento acelerado”, especialmente en países secos como España, y cita ejemplos de políticas para frenar el deterioro.
Casi un tercio de los acuíferos del mundo se están vaciando de forma acelerada en las últimas décadas, especialmente en las regiones secas, y parte del agua subterránea almacenada en el subsuelo está sufriendo descensos que llegan hasta medio metro por año. Son las principales conclusiones del análisis de alrededor de 170.000 pozos en 1.693 sistemas de acuíferos de más de 40 países publicado este miércoles por el equipo de Scott Jasechko en la revista Nature. Un trabajo para el que los autores revisaron las mediciones in situ de miles de sondeos a escala global, que ofrecen una visión más precisa de las tendencias de agotamiento de los acuíferos que las mediciones por satélite que se hacen habitualmente.El gigantesco reto de instalar una agenda sostenible frente a un gobierno que niega el cambio climático
Los investigadores hallaron que el 36% de las reservas de agua subterránea están disminuyendo a un ritmo de 10 centímetros por año, mientras que el 12% está cayendo rápidamente a tasas que superan los 0,5 metros anuales. Al comparar estos hallazgos con los datos sobre la extracción de aguas subterráneas entre 1980 y 2000, fueron que el 30% de los acuíferos estudiados se enfrentan a un agotamiento acelerado en lo que llevamos de siglo XXI e identificaron disminuciones significativas en regiones como India, California y en zonas concretas de países como España.
En el lado positivo, los autores observaron que en muchos sistemas los acuíferos estudiados aumentaron o estabilizaron sus reservas y analizan las diferentes estrategias empleadas por las autoridades para conseguirlo. El estudio indica que la disminución del nivel del agua subterránea se desaceleró en el 20% de los sistemas acuíferos y se ha revertido en el 16%. Y destacan que se consiguió gracias a una combinación de reducciones en el consumo de agua subterránea, transferencias de agua superficial y proyectos de recarga gestionados, lo que ofrece una esperanza de cara al futuro.
Un problema global
“Lo que hemos visto es que es un problema global, en el sentido de que muchos de estos sistemas están siendo sobreexplotados”, explica Richard Taylor, investigador del University College de Londres y coautor del estudio. “Lo más importante es que el descenso es especialmente rápido en las zonas secas del planeta y que observamos una alteración en el siglo XXI en comparación con las últimas décadas del siglo XX, lo que es alarmante”. Las buenas noticias —matiza— es que también encontraron zonas donde se recuperaron gracias a las intervenciones.
Observamos una alteración en el siglo XXI en comparación con las últimas décadas del siglo XX, lo que es alarmante
Respecto a la vinculación con la crisis climática, Taylor destaca que alrededor del 80% de los acuíferos que están en declive se encuentran en regiones donde también ha disminuido la caída de lluvia. “Una de nuestras preocupaciones es que, mientras que el culpable principal es el uso abusivo por parte de los humanos de estas aguas, estamos viendo potencialmente los efectos provocados por el cambio climático”, asegura. “Y esto coincide con la observación general de que las zonas secas del planeta se están haciendo más secas y llueve más en las más húmedas”.
España, en el foco
Los autores del estudio incluyeron en su análisis dos casos específicos en España, el de la cuenca alta del Guadiana y el del acuífero Cingla-Cuchillo, en la Región de Murcia, con un descenso medio de 1,6 metros al año y el que se extrae dos veces más agua de la que se recarga de forma natural. El criterio por el que se han elegido estos dos, y no otros —admite Taylor— es que había acceso a datos que eran homologables con el resto. “Lo interesante de España —revela el especialista— es que vemos situaciones en las que un acuífero está siendo vaciado y en la misma región, en un acuífero adyacente, vemos recuperaciones”.
Según datos actualizados proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica, en España hay 353 masas de agua subterránea en mal estado (en lo que se refiere tanto a cantidad de agua como a contaminación) de los 804 totales, lo que se traduce en un 44%. Y de estas, solo 203 (un 25,2%) están en un bajo nivel (estado cuantitativo). Respecto a la masa de agua subterránea Cingla que se cita en el estudio, en la demarcación del Segura, tiene mal estado cuantitativo por una combinación de sobreexplotación e intrusión salina.
En una situación de sequía, este balance es especialmente relevante ya que, según datos del IGME, estas aguas subterráneas abastecen a más de 14 millones de personas y al 70% de los núcleos urbanos, además de a un millón de hectáreas de regadío. Una amenaza que se hace mucho más evidente en áreas teóricamente protegidas como las Tablas de Daimiel, Doñana o el Mar Menor. “Pero en España se aplican algunas de las soluciones más eficientes contra estos problemas”, indica Taylor, que se refiere a proyectos de recarga de acuíferos sobreexplotados como el de Los Arenales, en la cuenca del río Duero. “Diría que está tomando ejemplo de lugares como Israel y quizá este estudio sirva para compararse con lo que está pasado en otras partes del mundo”.
Una amenaza en ciernes
Los investigadores recuerdan que cuando hablamos de la sequía y el agotamiento de los recursos hídricos solemos pensar en ríos, lagos y pantanos, olvidando uno de los recursos más importantes de la cadena, quizá porque queda fuera de nuestra vista. Pero estos acuíferos son una reserva crucial de agua dulce para cultivos, hogares, industrias y ciudades de todo el mundo, que se están vaciando progresivamente, lo que amenaza las economías y los ecosistemas.
Mapa global de los acuíferos sobreexplotados Jasechko et al, Nature 20224
“La consecuencia más obvia es que cuando vacías el acuífero empiezas a tener que negar el agua a la gente, para beber o para regar”, explica Taylor. “La segunda es que genera subsidencia, la tierra se hunde y tienes colapsos, y con el paso del tiempo se experimentan reducciones en el caudal de los ríos, que ya reciben el agua de los manantiales”. “Y la última —apunta— es que si estás es una región costera, y vacías los acuíferos, el agua del mar se introduce al interior y arruina los cultivos, como pasa en la franja de Gaza, por ejemplo”.
Para Enric Vázquez, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona (IDAEA), este trabajo hace una aportación muy interesante, porque muestra la tendencia global y permite ver por regiones cuáles tienen más estrés hídrico y en cuáles el recurso hídrico está siendo más explotado. “Estas zonas coinciden con los lugares con más demanda, pero también donde la regulación es más laxa”, señala. “Ya sabemos que en España no estamos muy bien, sobre todo en el sureste, una zona en la que ya se conoce que tenemos poca precipitación”.
No vas a ver los campanarios descubiertos, como sucede en los embalses, pero abajo está ocurriendo lo mismo
Sobre la cifra del medio metro de descenso al año, cree que es un dato orientativo que sirve para entender la tendencia global. “Aunque la gente no lo ve o no lo valora, el agua que está en el terreno entra por un sitio y sale por otro”, explica. Si esa salida disminuye, resume, los ecosistemas entrarán en estrés o pueden desaparecer, y esto afecta a los potenciales usos —el riego o abastecimiento— pero también es una pérdida ambiental. “Si lo vas agotando y no compensas, estás gastando los ahorros”, asevera. “No vas a ver los campanarios descubiertos, como sucede cuando bajan los embalses, pero abajo está ocurriendo lo mismo”.
Carlos Fernández Jáuregui, director del la organización WASA-GN, recuerda que el agua subterránea supone el 20% de los recursos hídricos del planeta, algo más del doble que el agua líquida superficial y que existe un problema de percepción del agua en el mundo. “Este artículo muestra dos cosas —comenta a elDiario.es—, que ha habido un deterioro rápido en muchos lugares sobre el uso del agua subterránea y también que hay lugares donde el agua ha recuperado sus niveles”. A su juicio, extrapolar estos resultados y concluir que es la situación global de los acuíferos no es correcto, porque se trata de una muestra con datos de 40 países, cuando hay más de 200, y se han dejado fuera del foco amplias zonas del planeta donde hay menos datos.
Aunque el estudio abarca 40 países, han dejado fuera del foco amplias zonas del planeta
Entre los ejemplos positivos, los autores citan el caso de Bangkok, en Tailandia, donde la disminución del nivel de las aguas subterráneas de los años 1980 y 1990 se revirtió después de la implementación de regulaciones diseñadas para reducir el bombeo. También describen lo sucedido en Albuquerque (EEUU), donde un trasvase entre cuencas de agua superficial alivió la demanda de agua subterránea, y el caso del valle de Avra de Arizona (EEUU), donde un acuífero agotado se está rellenando con agua desviada del río Colorado. “Tenemos ejemplos, como Bangkok, donde para conservar las aguas subterráneas se empezó a cobrar a las empresas y la industria se empezó a pensar muy bien cómo lo usaban”, indica Taylor. “También hay regiones en las que la gente ha cambiado los tipos de cultivos, como en Bangladesh y Tanzania, donde han pasado del arroz al trigo. Y lugares donde las soluciones basadas en la ingeniería a gran escala, como el inmenso trasvase de agua de sur a norte en China, están vaciando los acuíferos”.
Hasta 15 metros de descenso al año
Miguel Fernández Mejuto, jefe de la Unidad Tecnologías del Agua de la Diputación Alicante, cree que el resultado de este trabajo no es una sorpresa, pero es un esfuerzo valioso por agrupar información global. Sobre el dato de posibles descensos de medio metro por año, considera que en realidad es una cifra pequeña si se pone en contexto. “Si miras en acuíferos particulares en los que se produce sobreexplotación encontrarás cifras mucho más altas”, precisa. “Aquí, en Alicante, tememos el caso del acuífero Jumilla-Villena, que en los años 90 bajaba alrededor de 15 metros al año”. Los casos más dramáticos son los de acuíferos que alimentaban manantiales y ahora se está bombeando el agua a 300 metros de profundidad, señala. “Los niveles han bajado a 300 metros cuando en los años 70 estaban en superficie”.
Fernández Mejuto cree que los autores del estudio han tomado dos ejemplos de España que no están entre los peores y, a pesar de que hay casos muy negativos, cree que el balance es bueno. “Creo que somos un ejemplo, porque somos uno de los países del mundo que ha sabido aprovechar los recursos a tope, casi por necesidad”. En ese sentido, recuerda que somos un país semiárido y con mucha agricultura y mucho turismo, y esta situación nos ha obligado a hacer de la necesidad virtud y tener una gestión muy avanzada. “El alto Vinalopó, una zona de riego muy grande, ha tenido descensos de 15 metros por año y, hoy en día, en plena sequía, se ha estabilizado y tiene una ligera recuperación de 2-3 metros por año”, explica. “Y el acuífero de Peñarrubia, que alimenta a Alicante, en los 90 bajaba de 10-15 metros por año y desde 2000 hasta ahora ha recuperado sobre 20 metros de nivel”.
“En épocas donde hay excedente lo que se hace es recargar el acuífero”, explica Enric Vázquez desde IDAEA. “En España somos bastante eficientes y ahora se hace cada vez más”, explica. “En Cataluña y Valencia, por ejemplo, se está usando el agua de las depuradoras que no se vierten al mar, se llevan aguas arriba de un río e incluso se recargan algunos acuíferos”. Al final, insiste, todo el sistema está interconectado y la clave es aplicar una vigilancia estricta sobre su uso. A su juicio, en esto sucede como con el tráfico: “mucha gente circularía a 200 km/h o se saltaría los semáforos si supiera que nadie le va a multar, que es lo que sucede en muchas de estas situaciones”.
Un problema que no se puede posponer
José Luis García Aróstegui, hidrogeólogo del IGME, cree que este estudio nos recuerda que en países como España tenemos una situación bastante complicada. “Esto es algo que viene de lejos y que en el último siglo se ha ido incrementado, porque a medida que aumenta la aridez se incrementa la explotación de agua subterránea”, recalca. El especialista recuerda que a nivel europeo somos el punto caliente del problema de la sobrexplotación de acuíferos y que no vamos a arreglar el problema para 2027 como indica la directiva marco del agua, después de dos prórrogas. La zona más crítica es la cuenca del Segura, apunta, donde se estima que se han extraído del orden de 13.000 hectómetros cúbicos de los acuíferos, el equivalente a cuatro veces el volumen del embalse de La Serena, el más grande de España.
“Agotar un acuífero significa que tienes niveles que están a 200 o 300 metros de profundidad, que los manantiales se agotaron hace ya 40 o 50 años, que cada vez se incrementa el coste de bombeo y que en algunos casos se deteriora el agua subterránea porque es más salina”, explica el experto. En su opinión, acudimos a los acuíferos cuando hay problemas críticos de sequía, como pasa ahora en Cataluña, pero después nos desentendemos de ellos. “Es como tirar de los ahorros del banco pero no rellenarlos cuando tienes superávit”, señala.
“Desde mi punto de vista, uno de los problemas de España es que los acuíferos solo se tienen en cuenta para emergencias y hay pocas políticas que fomenten la recarga”, coincide Estanislao Pujades, hidrogeólogo de IDAEA. El cambio climático, advierte, nos va a conducir a una situación de descenso de precipitaciones que nos va a hacer echar de menos estas reservas de agua que hemos gastado. “Yo recuerdo que en la última sequía fuerte aquí en Cataluña, en 2008, hubo mucho revuelo, pero luego volvió a llover y la gente se olvidó un poco”, asegura. “Creo que solo le damos importancia a este asunto cuando tenemos el problema encima y esto requiere tiempo y tomárselo en serio”, concluye. “Pero si hacemos las cosas bien tendremos mucha más agua disponible cuando haga falta”. (Antonio Martínez Ron)
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su enfático rechazo al DNU y la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei y advirtió que «ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos de los argentinos». Sobre el paquete de reformas, apuntaron que fue «diseñado por y para favorecer a grupos económicos». Pablo Moyano cargó contra el ministro de Economía, Luis Caputo. En el marco de una movilización de la que participaron 1,5 millones de personas en todo el país, también hubo una advertencia para los legisladores del peronismo si deciden acompañar el proyecto del oficialismo que consiguió dictamen esta madrugada en el Congreso.
A través de un comunicado de tres páginas titulado «En Defensa de los derechos civiles, sociales y laborales de nuestra Nación», tanto la central obrera como las distintas organizaciones que se manifestaron frente al Congreso afirmaron que se trató de una concentración «en defensa de nuestros derechos, de la división de poderes, de la democracia y de la Constitución Nacional». Al referirse a la crisis económica, señalaron que «la inflación erosiona los ingresos de todos y dispara los precios a niveles inaccesibles», al tiempo que advirtieron: «Ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos fundamentales de todos los argentinos».
El documento, que lleva las firmas de las dos CTA, la UTEP, organizaciones de derechos humanos, cultura, deportes, ciencia, inquilinos, pymes y profesionales. «Que nadie los confunda no defendemos privilegios, ni prebendas, defendemos el derecho a trabajar dignamente, el derecho a una jubilación digna, el derecho a la protección social, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo económico, el derecho a explotar nuestros recursos naturales, el derecho a manifestarnos y protestar, el derecho al desarrollo cultural y científico», marcaron.
Entre las consecuencias que describieron que generará la aprobación del DNU y la ley ómnibus enumeraron: «Ponen en riesgo a nuestras pequeñas y medianas industrias». «Atropellan y desconocen garantías constitucionales individuales, derechos colectivos y derechos laborales». «Castigan al comercio del mercado interno». «Ponen en riesgo la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental». «Desfinancian la salud pública, la educación pública, la investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales». «Vulnera el Código Civil – Desprecian y se desentienden de los adultos mayores jubilados». «Habilitan la privatización de las empresas estatales a solo firma, enajenando así el patrimonio público». «Autorizan la extranjerización de nuestros recursos naturales y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional». «Pretenden arrogarse la suma del poder para el Presidente, desconociendo el orden republicano». «Desguazan al Estado, para quitarle su potestad de regulación». «Generan inseguridad jurídica desalentando las inversiones». «Construyen un aparato represivo y reformas del código penal, que no están al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas».
El dirigente de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, fue uno de los principales oradores del acto. Desde el escenario ubicado en Congreso, sobre la calle Entre Ríos, apuntó contra el Impuesto a las Ganancias que el Gobierno pretende reinstaurar. «A los Gobernadores, diputados y senadores les decimos que no se les ocurra ponerle el impuesto nuevamente a los trabajadores. Si son tan guapos, pónganle el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pongan retenciones a las mineras. ¡No a los trabajadores!», arremetió.
«El gobierno anterior, antes de retirarse, nos dio el beneficio a casi 800 mil trabajadores para que no paguemos el impuesto a las Ganancias. Ahora, este Gobierno vuelve a ponerlo cuando habían votado a favor tanto el Presidente como la Vicepresidenta en Diputados», señaló sobre la iniciativa que el mismo presidente Javier Milei había apoyado desde su posición de no intervención estatal. «Creo que deberían tomar nota y no votar esto», pidió.
Moyano también hizo referencia a la propuesta de privatización de las empresas estatales impulsada en la ley ómnibus, que obtuvo dictamen en la madrugada de este miércoles para ser tratada en el recinto. «Los diputados peronistas (están) discutiendo si se tiene que privatizar o no YPF como una moneda de cambio. YPF no se privatiza pero las otras 40 empresas, sí. ¿A dónde estamos? ¿Peronistas de qué? No podemos traicionar al peronismo, viejo. ¡No se pueden privatizar las empresas del Estado!», exclamó y enumeró a empresas como Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Radio Nacional, los corredores viales y Banco Nación, entre otras. «Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a vender a los amigos del gerente que hoy nos gobierna, el de las corporaciones nacionales e internacionales, el Presidente Milei», denunció el dirigente camionero.
“Ningún diputado se puede hacer el distraído. Desregulan la economía, pero esencialmente van con cuatro conceptos a destruir los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, quieren destruir los sindicatos y nos quieren quitar la posibilidad de acción gremial y sindical. Será porque quieren más privilegios los que más tienen y más ganan quieren, con la libertad, vender todas las empresas del Estado”, sentenció a su turno el también cotitular de la central obrera, Héctor Daer.
Entre ellas, mencionó al Fondo de Garantía Social –creado en 2009 compuesto por diversos tipos de activos financieros y es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino-: “No es más ni menos que el negocio de las empresas que quieren recuperar sus acciones, que son del pueblo argentino, a un precio vil», denunció. También alertó que los referentes de LLA «quieren regalar Aerolíneas Argentinas» y que están dispuestos a criminalizar la protesta que busca evitar que esa y otras privatizaciones sucedan. «No criminalicen la protesta porque les va a costar en todo el mundo y les va a costar en Argentina», advirtió.
Al cierre, le habló directamente a las y los congresistas: “Venimos a decirles a los diputados, senadores que venimos a defender la Patria, que venimos a reivindicar 40 años de democracia, que venimos a defenderla y en sus manos está la posibilidad de poner en caja de nuevo la democracia respetando la división de poderes. Venimos con la Constitución en la mano”, dijo.
Entre los distintos sindicatos se vieron columnas que se identificaron con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA); el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA); el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo; Sindicato de Dragado y Balizamiento; Sindicato de Maquinistas y Grúas Móviles de la República Argentina (Guincheros); Aeronavegantes; Unión Ferroviaria; Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina(STVyARA); Federación Gremial de la Carne; el Sindicato Obrero del Caucho (SOCAYA); la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA); la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE); y la Federación de Peones de Taxis (FE.PE.TAX.)También se hizo presente la Federación Internacional de Transporte (ITF), entre las distintas organizaciones presentes.
El ministro Luis Caputo anunció que condicionará los envíos a las provincias a la aprobación de la ley.
Con negociaciones de último minuto, el oficialismo logró anoche quedarse con el dictamen de mayoría del proyecto de ley ómnibus. A pesar de esta primera victoria legislativa, dos de los bloques que actúan como la llave del quorum para el Gobierno –UCR y Hacemos Coalición Federal– quedaron divididos y se espera que en el recinto el conteo se dé voto a voto en cada artículo. Sin la garantía de contar con la mayoría necesaria para sancionar los puntos nodales del megaproyecto –el incremento de las retenciones y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria– fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados confirmaron que esta semana no habrá sesión y analizaban convocarla para el martes próximo.
Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, condicionó la transferencia de las partidas provinciales al acompañamiento de la ley ómnibus en un tuit intimidante. “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
La carencia de adhesiones suficientes quedó expuesta ayer durante el plenario, donde el proyecto del oficialismo cosechó 55 votos, aunque 34 en disidencia parcial. Solo los 19 integrantes de La Libertad Avanza, más José Luis Espert (Avanza Libertad) –presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda–, y Paula Omodeo (Creo) firmaron el dictamen de mayoría sin objeciones.
En tanto, en el resto de los bloques el acompañamiento al proyecto del Poder Ejecutivo fue parcial y dividió las posiciones intrapartido. Todas las disidencias, no obstante, se concentraron en dos puntos cruciales del proyecto que podrían comprometer el logro del déficit cero, sobre el que el Gobierno cimenta su política económica: la suba de los derechos de exportación para los productos del complejo cerealero y la carne, y la modificación de la fórmula por la que se actualizan los haberes previsionales.
La complejidad de la situación quedó expuesta en el hecho de que hasta este miércoles a la tarde todavía no se conocía la letra precisa del dictamen por mayoría y tampoco las firmas que quedaron plasmadas en él, un proceso que debería estar concluido antes de la convocatoria a sesión.
En la UCR, ocho diputados votaron en sintonía con el proyecto, aunque con disidencias principalmente en la delegación de facultades, la reforma electoral que aumenta el financiamiento privado de las campañas políticas, así como el paquete fiscal. Los ocho diputados restantes de la UCR, referenciados con Facundo Manes, se abstuvieron y no firmaron ningún dictamen. “Ni por la forma ni por el fondo”, señaló el neurocientífico a través de X poco antes del inicio del plenario. Se espera que la división en el partido centenario prevalecerá en el recinto y, de los 34 integrantes de la bancada presidida por Rodrigo de Loredo, una decena podría oponerse de plano al megaproyecto. En esa línea, forzarán las modificaciones sobre los puntos que objetaron en la votación particular en el recinto.
El mismo procedimiento adoptarán en la bancada que lidera Miguel Ángel Pichetto, donde la heterogeneidad de sus integrantes se plasmó en la forma en que se expidieron durante el plenario. De los nueve representantes de este bloque, cuatro –Nicolás Massot (Buenos Aires) y los cordobeses Ignacio García Aresca, Juan Fernando Brugge y Oscar Agost Carreño– adhirieron al dictamen del oficialismo con disidencias, mientras que los tres diputados de la Coalición Cívica –Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago– firmaron un texto propio. La socialista Mónica Fein (Santa Fe) y Margarita Stolbizer (Buenos Aires), del GEN, también presentaron dictámenes de manera individual.
Se sumaron a las disidencias los 17 diputados Pro que votaron el texto del oficialismo cohesionados. Su principal cuestionamiento se enfocó en el aumento de los derechos de exportación a determinados productos agroganaderos. Lo mismo hicieron los tres legisladores de Innovación Federal: los misioneros Yamila Ruiz y Carlos Fernández; y Agustín Domingo, de Río Negro.
Bajo la influencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien apuró las tratativas con los gobernadores para apuntalar las mayorías necesarias para convertir en ley el megaproyecto del Presidente Javier Milei, se especula que tres de los cinco legisladores tucumanos acompañen la iniciativa en el recinto. Se trata de Elia Fernández, Agustín Fernández y Galdys Medina, quienes responden directamente al mandatario provincial, Osvaldo Jaldo. La información se terminó de confirmar esta tarde, con la formalización del bloque “Independencia”, con estos tres legisladores.
Nuevo bloque «Independencia» en la Cámara de Diputados, una escisión de Unión por la Patria
De hecho, Fernández fue la única diputada de Unión por la Patria que no votó con su bloque y terminó avalando, con disidencias, el dictamen del oficialismo. Es que Jaldo profundizó las negociaciones con el Gobierno, vía Francos, para mantener la vigencia de la Ley 25.715 del Azúcar, que protege a ese sector a través del establecimiento de aranceles para la importación de azúcar. Además, persisten las tratativas para aumentar progresivamente los cortes de bioetanol –que se obtiene a partir de la caña de azúcar– y biodiesel, y limitar la participación de las empresas hidrocarburíferas.
Esta legisladora es, además, exintendenta de Aguilares, una ciudad del interior de Tucumán con una fuerte presencia de la industria azucarera.
Por último, el dictamen de minoría fue el del peronismo (Unión por la Patria), con 45 firmas. Este compendio, liderado por Germán Martínez, no solo perdió la pulseada en comisiones, sino que, ante la escisión de tres de sus integrantes tucumanos ahora el bloque quedó con 99 voluntades.
El gobernador Raúl Jalil, el embajador de India en Argentina, Dinash Bhatia, y el ministro de Minas de India, Pralhad Joshi (de manera virtual), participaron de la firma de convenio entre las empresas estatales CAMYEN y KABIL, para iniciar un nuevo proyecto de exploración de litio en Cortaderas, Fiambalá.
Con este convenio, la empresa minera de la India iniciará el proceso de exploración (con opción a explotación) en un área de 15.000 hectáreas en el sur de Cortaderas, cerca de la frontera con Chile.
Este es el tercer proyeccto de lito que desembarca en el distrito de Fiambalá, junto a la empresa china Zijin-Liex, y la de baandera nacional YPF que se encuentra en etapa de exploración. Además es la segunda empresa de la India que operará en Catamarca, en agosto la minera Green Ko también firmó un convenio con CAMYEN para explorar 8.000 hectáreas en Antofagasta de la Sierra.
Durante la rúbrica, Jalil sostuvo: “Catamarca es tierra de oportunidades en minería por su litio, pero también buscamos contribuir al cambio de la matriz energética”.
Además, el mandatario invitó a las autoridades indias a conocer las posibilidades de inversión en agroindustria que tiene Catamarca donde se destacan la producción de legumbres (arveja, garbanzo, entre otros productos).
El ministro de Minas de la India, Pralhad Joshi, expresó que “es un día histórico para India, ya que este proyecto ayudará a fortalecer los suministros de litio, al mismo tiempo que desarrollará la minería de litio de ambos países”.
La presidenta de CAMYEN, Susana Peralta, explicó que “es intención de KABIL empezar a trabajar ahora mismo en la exploración. La firma de este convenio representa un día histórico para nosotros como empresa y es una muy buena noticia para Catamarca”.
Además estuvieron presentes el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la secretaria de Estado de Gabinete, Luz Soria; la presidenta de CAMYEN, Susana Peralta; el presidente de KABIL, Sridhar Patra; el CEO de KABIL, Sadashiv Samantaray y el Chief Technical Officer de KABIL, P. Pradhan
El proyecto de Ley “Ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias establece en su artículo 8 la declaración de “sujeta a privatización” de todas las empresas públicas ya sean sociedades del Estado o sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. Luego de intensas sesiones informativas en el Congreso1 y frente a las resistencias opuestas a estas enajenaciones masivas, el gobierno realizó cambios a la ley con impacto menor en el capítulo privatizaciones. En un informe precedente del CEPA realizamos un detalle de los contenidos regresivos de dicho proyecto de ley.
Cabe mencionar que, al momento de redactar el presente informe, en el último borrador con cambios del proyecto de Ley “Ómnibus” en circulación, YPF habría sido eliminada del listado de empresas sujetas a privatización, mientras que para el Banco Nación y ARSAT se habría establecido que el Estado solamente podría realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se habría incorporado expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N° 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos. Por último, se habría eliminado el artículo 9 y se habría ampliado la redacción del artículo 35 de la Ley N° 24.804 con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
Adicionalmente, el proyecto de Ley “ómnibus” habilita la venta de las acciones de empresas privadas que tiene el Estado, principalmente a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y también proclama la emergencia pública para reformar la administración pública nacional. Esto le permitirá al gobierno central la posibilidad de consolidar, fusionar, modificar, reestructurar, disolver o eliminar, de manera total o parcial, entidades y organismos descentralizados establecidos por ley.
Actualmente, hay 76 organismos descentralizados con aproximadamente 160.000 empleados. Si se aprueban estos cambios, el Gobierno podría intervenir o disolver entidades como la AFIP, el CONICET, el INTA, el INTI, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la ANSES, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Hospital Posadas, las superintendencias de Seguros de la Nación y de Servicios de Salud, la AFI o la UIF.
En su visión dogmática del funcionamiento de la economía, no distingue si las empresas a privatizar son o no rentables, si proporcionan o no un bien público, si sirven o no al interés nacional, si su eliminación reportaría una mejora de algún tipo para la sociedad o si el mercado absorbería o no esa función. Para el actual presidente “todas las empresas públicas son deficitarias” y por ende “hay que cerrar todas las empresas del Estado”.
Mediante el Art. 8 del proyecto de Ley “ómnibus” se declara a las siguientes empresas del Estado “sujetas a privatización”: ● ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. ● AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. ● EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. ● AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. ● BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA ● Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. ● CASA DE MONEDA S.E. ● Contenidos Públicos S.E. ● CORREDORES VIALES S.A. ● CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. ● Construcción de viviendas para la Armada Argentina S.E. ● DIOXITEK S.A. ● EDUC.AR S.E. ● Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. ● ENERGÍA ARGENTINA S.A. ● Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. ● Fabricaciones Militares S.E. ● Ferrocarriles Argentinos S.E. ● Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. ● INTERCARGO S.A.U. ● Nación Bursátil S.A. ● Pellegrini S.A. ● Nación Reaseguros S.A. ● Nación Seguros de Retiro S.A. ● Nación Servicios S.A. ● NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. ● Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. ● Polo Tecnológico Constituyentes S.A. ● Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A. ● Radio y Televisión Argentina S.E. ● Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A. ● Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. ● TELAM S.E. ● Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM. ● BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. ● ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. ● OPERADORA FERROVIARIA S.E ● Vehículo Espacial Nueva Generación S.A. ● YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES EMPRESA DEL ESTADO ● Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) ● YPF S.A.
Es posible identificar cuatro subgrupos:
1_EMPRESAS MODELO CON IMPACTO EN LA ECONOMÍA ARGENTINA. El Banco Nación o YPF son ejemplo de empresas que funcionan eficientemente, que generan ganancias de manera regular y que, además, cumplen un rol estratégico en la economía argentina. Tanto YPF como el BNA tienen un rol protagónico en los sectores hidrocarburífero y financiero, respectivamente. A su vez, YPF contiene empresas y unidades de negocios tales como YPF Litio, Metrogas, YPF Luz e YPF Agro. El BNA contiene empresas del Grupo Banco Nación como Nación Bursátil S.A., Pellegrini S.A., Nación Reaseguros S.A., Nación de Seguros de Retiro S.A. y Nación Seguros SA, y participaciones accionarias en Garantizar y Play Digital. Asimismo, el BNA es controlante del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE). Se trata de empresas del sistema financiero que reportan ganancias.
2_EMPRESAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS. Hay empresas públicas cuyo rol es estratégico en sectores clave como el sector nuclear, telecomunicaciones y defensa. Su privatización implicaría desregulaciones y pérdida de soberanía: casos de Aerolíneas Argentinas, EANA, Intercargo, ARSAT, Corredores Viales, Nucleoeléctrica, Dioxitek, Correo Argentino, Corredores Viales, FFMM y Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Tandanor y AGP.
3_EL ESTADO BRINDANDO SERVICIOS ESENCIALES. El 90% del punto de PBI (0,9%) que supone el total del déficit de empresas públicas en 2023 se destinó a tres rubros: energía, agua y cloacas y trenes. Más de la mitad se destinó a una sola empresa (ENARSA: Energía Argentina SA, con 0,5% del PBI en transferencias del Tesoro) que se ocupó de la ejecución de subsidios de y los pagos del Gasoducto Néstor Kirchner. ENARSA Junto con AySA (Agua y Saneamientos Argentina) y a las sociedades ferroviarias (Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos SA, entre las más relevantes), alcanzan el 86.9% del total de las transferencias. Son servicios esenciales que el Estado brinda para mejorar la calidad de vida de la población y abaratar costos de energía, gas y transporte.
4_MEDIOS PÚBLICOS: DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Curioso es el caso de los medios públicos, ya que representan transferencias muy poco significativas – el 0,017% del PBI en 2023- y garantizan el acceso a la información con contenidos de calidad y una perspectiva federal. En democracias alrededor del mundo, los medios públicos son considerados de suma importancia debido a su significado para cada nación. Por esta razón, las entidades encargadas de implementar instrumentos internacionales de derechos humanos respaldan y reafirman su existencia y desempeño en el contexto del Pluralismo Informativo y la Diversidad Cultural.
