El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; dieron a conocer la iniciativa «Nómades Digitales», un nuevo tipo de visado que incluye un programa de beneficios para atraer a extranjeros y generar un impacto económico positivo en el ingreso de divisas.
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La iniciativa apunta a visitantes del exterior que desempeñan tareas laborales de manera remota y que, según los datos, se quedan más tiempo y consumen más que otras otras categorías de turistas que llegan al país.
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Acompañado por la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, De Pedro señaló que la pandemia de coronavirus posibilitó analizar «las trasformaciones a nivel mundial, no solo en el mercado laboral, sino también los modos de ir captando esa fuerza de trabajo que circula a nivel mundial».
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Según estimaciones oficiales, son más de 35 millones los «nómades digitales» que viajan de país en país mientras continúan trabajando a distancia. Con un rango de edades entre los 20 y los 40 años, la mayoría de ellos cuenta con título universitario.
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«Confiamos en que la economía de la Argentina se pude seguir potenciando con un turismo receptivo y con políticas como la del PreViaje, que fomenta el turismo interno», dijo De Pedro.
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Lammens recordó que «Argentina es el país que más turistas de Sudamérica recibe» y que ahora también está la «gran oportunidad de convertirla en una opción para quienes trabajan en forma remota».
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Entre los beneficios anunciados se destaca una visa, que otorgará un plazo de 180 días prorrogables por única vez, término idéntico al de la residencia transitoria, que brinda la posibilidad de prestar servicios en forma remota a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.
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Según explicó Carignano en diálogo con la prensa, se podrá aplicar a la visa concurriendo los consulados argentinos en el exterior o a través del sitio web de Migraciones.
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El interesado «va a tener que tener el pasaporte al día, siempre aclarando que es para personas que no necesiten visa para entrar a la Argentina, que son la mayoría de los países. Va a necesitar demostrar que está trabajando con el aval de un empleador, presentar un currículum y va a tener que pagar una visa de 200 dólares», dijo Carignano.
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Aerolíneas Argentinas se sumará a esta iniciativa con tarifas especiales para este tipo de turistas.
El gobierno dispuso el adelanto de dos cuotas del salario mínimo. SE condensa el impacto del aumento que restaba por este año en junio y agosto, cuando completará el 45% pactado en marzo y el piso formal de ingresos pasará a ser de 47.850 pesos.
El gabinete económico hizo ayer el anuncio junto con la CGT, adelántanose al proyecto de ley presentado por el diputado s en ese mismo sentido. Los funcionarios confirmaron, además, que en las próximas semanas se definirá una nueva convocatoria del Consejo del Salario para revisar hacia arriba el ajuste por este año y arrimarlo al 60% de las últimas paritarias cerradas.
Mediante una resolución que firmó el ministro de Trabajo Moroni, los cuatro tramos en que había sido dividido el 45% de aumento de este año del salario mínimo quedaron reducidos a tres: uno, de 18%, que ya se abonó en abril, en tanto que los dos restantes (de 10% cada uno) pautados para junio y agosto se pagarán juntos con los sueldos del mes que viene y el último, de 7%, previsto para diciembre, se adelantará a agosto. Según la CGT el mecanismo asegurará que el sueldo mínimo le ganará a la inflación al menos hasta ese mes.
Con ese esquema el piso actual, de 38.940 pesos, pasará a ser de $ 45.540desde junio (227,10 pesos el valor de la hora para trabajadores jornalizados) y de $ 47.850 en agosto ($ 239,30 la hora).
De igual modo quedarán modificados los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo: $ 12.650 y $ 21.083, respectivamente, a partir del 1 de junio. Y $ 13.292 y $ 22.153, respectivamente, desde el 1 de agosto. En igual proporción que el salario mínimo subirán los programas sociales Potenciar Trabajo y Acompañar.
En el gabinete económico ratificaron que está en preparación un paso extra: una nueva convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una suba adicional a la pactada en marzo con centrales sindicales y cámaras patronales. La misma mecánica (adelantamiento de cuotas y convocatoria a un segundo aumento anual) se produjo en 2021 aunque entonces la inflación no se había espiralizado en la cuantía de los primeros meses de este año y tampoco se había desatado de forma tan abierta la interna dentro del Frente de Todos.
Los funcionarios admiten que en una nueva discusión el salario mínimo deberá alcanzar el 60% de suba plasmado en las últimas paritarias como las de Bancarios y Gastronómicos. En ese caso el sueldo mínimo treparía este año a cerca de 53 mil pesos. Si bien permanece muy lejos de la canasta de pobreza, que mide para una familia tipo casi 90 mil pesos, en Gobierno destacan que la ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo debe cubrir los requerimientos de un trabajador “sin carga de familia”.
También aumentan las prestaciones de la ANSES
Las jubilaciones y pensiones del sistema gestionado por la Anses, las prestaciones no contributivas y las asignaciones por hijo (tanto la AUH como los pagos que reciben los trabajadores registrados, asalariados y monotributistas) aumentarán 15% en junio.
El Indec dio a conocer ayer su informe sobre variación salarial, con el índice de marzo de este año: ese era el último dato que faltaba entre los componentes de la fórmula que determina el porcentaje de suba trimestral de los ingresos.
El aumento se da en cumplimiento de lo establecido por la ley de movilidad jubilatoria, que dispone que debe haber recomposiciones en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La primera suba de 2022 había sido de 12,28%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación del primer trimestre del año, que resultó de 16,1%. Para el período de abril a junio, las proyecciones de alza de precios indican que podría ser de alrededor de 15%. El aumento acumulado de las jubilaciones en la primera mitad del año resulta, en tanto, de 29,12%.
Con la nueva suba, que se aplicará para todos los niveles de ingresos, el haber mínimo pasará de $ 32.630,40 a $ 37.524,96 y el máximo, de $ 219.571,69 a $ 252.507. Las pensiones no contributivas (PNC) que equivalen al 70% de la mínima se ubicarán en $ 26.267, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $ 30.020. La Asignación Universal por Hijo pasará de $ 6375 a $ 7332.
Los nuevos valores regirán entre los meses de junio y agosto, mientras que en septiembre deberá haber una nueva actualización.
El incremento alcanzará a casi 5,64 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo (que cobran casi 6,85 millones de prestaciones, porque hay personas que perciben dos beneficios), 1,75 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas (incluyendo la PUAM), 4,4 millones de chicos por los que se percibe la AUH y 4,14 millones de chicos por los que se cobra la asignación por hijo del sistema formal. En total, son poco más de 17 millones de prestaciones, cobradas por casi 16 millones de personas, según datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad Social, a marzo de este año.
La fórmula de movilidad vigente está incluida en la ley 27.609, aprobada por ley en diciembre de 2020, luego de año en el que no rigió ningún mecanismo automático de actualizaciones y en el que las subas se dieron de manera discrecional y por decretos del Poder Ejecutivo. En el cálculo intervienen la variación interanual que tuvo en un trimestre la recaudación de los impuestos con los que se financia en parte el pago de las prestaciones de la seguridad social, medida por beneficiarios, y la evolución trimestral de los salarios según uno de dos índices oficiales (se elige el que haya tenido la mayor suba). Para calcular el reajuste de junio se considera lo ocurrido en el primer trimestre, en este caso, de 2021.
Los índices de ingresos laborales que se observan son la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es una referencia de la economía formal, y el índice de salarios del Indec, que contempla a una población más amplia. Entre enero y marzo pasados el Ripte tuvo una variación de 18,2%, más elevada que la registrada por la variable informada hoy por el instituto oficial de estadística (por esta razón, se consideró el primero de los indicadores).
A diferencia de la fórmula anterior, que era simple de calcular a partir de datos publicados con regularidad, la actual modalidad de actualizaciones, al involucrar la recaudación de una parte de los recursos del Estado medida en función del número de beneficiarios y, además, un tope a las subas (cuya aplicación se evalúa en cada diciembre), es más compleja. La propia ley delegó en normativas de rango inferior la elaboración de aclaraciones respecto de cómo hacer el cálculo bajo determinados supuestos; por ejemplo, en caso de que se aprueben modificaciones en la estructura tributaria que hagan que no sea comparable de manera homogénea la recaudación de un período con la de otro.
Aumentan los aportes
El índice de movilidad, además de usarse para actualizar los ingresos, se aplica para actualizar trimestralmente los aportes previsionales de los autónomos y también, en el caso de los empleados bajo relación de dependencia, las remuneraciones mínima y máxima para calcular los descuentos con destino al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI.
Al aplicarse entonces una suba de 15%, los trabajadores autónomos de las categorías I y II deberán pagar aproximadamente $6740 y $9436 en cada caso (las cifras son estimaciones propias y no fueron aún oficializadas). Y el salario más alto para estimar el 17% que se descuenta para los aportes a la seguridad social rondará los $410.742. Esto último significa que quienes tengan remuneraciones de ese monto o más elevadas, tendrán un descuento mensual de $69.826.
En 2021, primer año de su aplicación, la fórmula de movilidad determinó aumentos de 8,07% (marzo), 12,12% (junio), 12,39% (septiembre) y 12,11% (diciembre). El alza acumulada fue de 52,67%, casi dos puntos por arriba de la inflación, que fue de 50,9% ese año. Eso no compensó, sin embargo, el efecto del ajuste hecho en 2020, un año en el cual las jubilaciones recibieron aumentos de entre 24,3% y 35,3%, en lugar del 42,1% que hubiera correspondido por la fórmula que para ese período estuvo suspendida.
CANSAT es una competencia internacional impulsada por varias agencias espaciales del mundo -entre ellas, la NASA de Estados Unidos y la ESA de Europa. En nuestro país la organizan el Ministerio de Ciencia y la CONAE.
Propone a estudiantes de escuelas secundarias construir una carga útil del tamaño de una lata de gaseosa («can») y lanzarla en un cohete hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro.
Está abierta la inscripción hasta el 31 de mayo.
En línea con el Plan Nacional Espacial, que tiene entre sus prioridades realizar actividades de educación y formación, CANSAT Argentina se propone reproducir a escala el proceso por el cual se diseña, construye, prueba, lanza y opera un dispositivo similar a un satélite. Esta será la primera edición nacional que organiza la agencia espacial argentina.Pueden participar alumnas y alumnos de colegios secundarios de todo el país, de 13 a 18 años y no es necesario tener conocimientos previos para inscribirse, ya que se brindará una capacitación destinada a docentes y estudiantes que concursen. Esta les permitirá acceder a los conocimientos, las herramientas y los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto.
«Nos llena de orgullo llevar adelante en el país la iniciativa CANSAT, que propone despertar vocaciones tempranas científico-tecnológicas al democratizar el acceso a la información satelital» afirmó el ministro Daniel Filmus.
“Estamos muy entusiasmados con esta primera edición de CANSAT en Argentina, reforzando las actividades que llevamos a cabo en CONAE, de acercamiento de la actividad espacial a los más jóvenes, tal como venimos haciendo desde hace varios años con nuestro Programa 2Mp (Dos Millones de Pibes)” dijo Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE.
Cómo participar:
Cada grupo de estudiantes deberá conformarse como un equipo de misión espacial, con el objetivo de desarrollar un “CANSAT”.
Los equipos supervisados por un/a docente, competirán para avanzar en las distintas etapas y deberán ir entregando pruebas para dar cuenta del desarrollo de sus respectivas cargas útiles.
Superada una última etapa de validación se seleccionará a los equipos finalistas de la convocatoria, que tendrán la oportunidad de participar en la campaña de lanzamiento de sus CANSAT y realizar las misiones que diseñaron, con la asistencia de profesionales de la CONAE.
Para inscripciones consultá los requisitos acá: CANSAT Argentina
Para más información, bases y condiciones visitá: CANSAT
En la primera de las tres audiencias públicas de esta semana, previas a aumentar las tarifas de electricidad y gas, un tema clave en el acuerdo del gobierno con el FMI y que provoca diferencias internas en el oficialismo, no estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal, ni el ministro de Economía, Martín Guzmán.
La audiencia pública que sirvió para que el gobierno nacional explicite cómo evolucionará el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) a partir de junio, se realizó ayer martes a la mañana.
El dato más significativo fue la ausencia de los principales referentes políticos del área energética del gobierno. Por eso, la audiencia fue llevada adelante por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, pero ni su jefe directo, el secretario de Energía, Darío Martínez, ni ningún otro funcionario de ese nivel o superior.
La audiencia tuvo 39 expositores y los principales oradores fueron miembros de las asociaciones de consumidores y los referentes municipales, que rechazaron la próxima suba de tarifas propuesta por el gobierno, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
En su participación sobre las tarifas señaló que “no es un momento oportuno para más aumentos. Los sectores más desprotegidos no podrían resistirlo ni tampoco los sectores medios. Resulta necesario postergar los aumentos tarifarios porque tendría secuelas duras en los postergados, los trabajadores, las pymes y las entidades de bien público”.
Tarifa social y sectores medios
La subsecretaria de Hidrocarburos explicó en la introducción que realizó en el inicio de la audiencia que los beneficiarios de la tarifa social “tendrán un cero por ciento de incremento en las facturas”, y para los usuarios sin tarifa social “el aumento será del orden del 20 por ciento«.
Maggie Videla Oporto explicó cuánto pagará en las tarifas finales un usuario residencial promedio sin tarifa social (R31) de distintas zonas del país, según sus últimas facturas. Con este aumento propuesto por el gobierno, un usuario residencial promedio de la zona centro del país que recibió una factura de gas sin impuestos de $ 2.029 pasará a pagar a partir del 1° de junio $ 2.393 (una diferencia de $ 364)
En la zona centro este del país, una factura de $ 2.008 pasará a $ 2.378 ($ 370).
Para un usuario residencial del noroeste, sin tarifa social, que recibió en marzo una factura de $ 1.151, este monto se le elevará a $ 1.402 ($ 251) y para un usuario del sur del país, que hoy abona $ 2.112 $, su factura se elevará a $ 2.651 ($ 539).
Otras voces
Por su parte, Daniel Martini, director ejecutivo de ADIGAS (Asociación de Distribuidores de Gas), indicó que “las distribuidoras son las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público, por esos debe garantizarse que la segmentación tarifaria, siendo una prerrogativa del Estado, no las perjudique con su implementación. Por ejemplo, estableciendo el pago a los productores a través de declaraciones juradas que relacionen volúmenes de gas PIST con su precio, asegurando así el derecho contractual de las distribuidoras a la neutralidad económica”.
En tanto, la única voz del espacio opositor de Juntos por el Cambio fue la de la diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre, que señaló: “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios’. Las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.
La investigadora del CONICET Silvia Kochen habla de las implicancias del marco regulatorio establecido por la ley nacional.
La Cámara de Diputados aprobó el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que ya tenía media sanción del Senado. De esta manera, quedó creada la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Este organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, y tendrá como función regular –entre otras– la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
Este marco regulatorio era una de las cuentas pendientes que la Red de Cannabis Medicinal (RACME) del CONICET venía señalando en cada uno de sus plenarios, que se celebran desde fines de 2019 y tienen como fin trabajar en torno a todas las cuestiones concernientes a los usos científicos del cannabis medicinal. La RACME fue parte, incluso, del proceso de elaboración de esta nueva ley, impulsada en junio de 2020 por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un acto en cuya presentación estuvo presente la presidenta del CONICET Ana Franchi.
“Estamos muy contentos con esta ley que se acaba de sancionar, porque es una manera de complementar la ley que tenemos vigente hoy, que ha dejado un montón de espacios sin resolver. En el pasado teníamos situaciones que nos dejaban casi en una condición de ilegalidad en torno a la planta, pero creemos que esta ley va a permitir que comiencen a resolverse”, explica la investigadora Silvia Kochen, coordinadora de la RACME, un espacio conformado por científicos y científicas, funcionarios, funcionarias y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en comisiones para materializar avances en torno a todos los temas relevantes atinentes al cannabis medicinal y la Ley 27.350 que regula su uso en Argentina.
“La RACME estuvo trabajando mucho en el contenido de esta ley”, señala Kochen, quien de hecho participó de la discusión en torno a la reglamentación que se celebró el año pasado en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación.
El desafío nuestro es cómo logramos la calidad, la legalidad y además la accesibilidad al cannabis medicinal
Para Kochen, la sanción de esta ley significa que “quienes trabajamos en torno al cannabis medicinal al fin vamos a comenzar a estar en una situación diferente. Aunque todavía tenemos un gran trabajo aun por hacer con grandes desafíos, para no repetir experiencias malas de otros países: en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados donde es legal el uso del cannabis, los precios del cannabis son elevadísimos. Es decir que la gente tiene libertad para usar cannabis, pero solo acceden quienes tienen mucho dinero. El desafío nuestro es cómo logramos la calidad, la legalidad y además la accesibilidad al cannabis medicinal”, asegura Kochen.
Por último, la investigadora vislumbra que “esta nueva reglamentación va a generar nuevos horizontes para iniciar investigaciones que demuestren la seguridad y la evidencia en distintas patologías, hacer investigaciones en modelos experimentales, avanzar en las genéticas de la planta con las particularidades de nuestro país y consolidar la producción, tanto en el caso de las ONG, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, como en los grandes laboratorios farmacéuticos”.
Cabe destacar que, según los fundamentos de la ley aprobada, “la ARICCAME tendrá a su cargo la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado y habilitado en los términos de la ley vigente y la reglamentación”. En la ARICCAME participará CONICET. Asimismo, la ley sancionada contempla la creación del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la última sesión del Parlamento Patagónico, los legisladores aprobaron crear una Mesa Integral del Hidrógeno que permita debatir y formular políticas conjuntas, para promover la investigación, desarrollo, uso y aprovechamiento del hidrógeno en la Patagonia.
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El proyecto fue debatido en las comisiones y contó con la adhesión de todos los legisladores. “El hidrógeno es el futuro de la energía, especialmente para la Patagonia. Las distintas provincias están teniendo sus iniciativas y Santa cruz tiene una planta que data del 2010. Es una de las primeras de la Patagonia y hace poco sabemos todo el desarrollo que tuvo Río Negro con esta iniciativa”, sostuvo Gabriel Oliva, diputado provincial de Santa Cruz.
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“El hidrógeno está destinado a ser la descarbonización de la economía y parte de la transición energética. Argentina se ha prometido reducir 27% las emisiones de carbono para el 2030 y ser neutrales de carbono para el 2050. El mundo está buscando estas fuentes energéticas que no impliquen gases de efecto invernadero. Tenemos mucho para cooperar en cuestiones estratégicas por lo que todas las provincias deberían tener un proyecto en común y colaborar en lo tecnológico en lo científico y también en lo normativo porque todo esto requiere de discusiones y como se van a utilizar cómo se van a usar nuestros recursos. Es una oportunidad para que la región se de una estrategia importante”, destacó.
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Asimismo, la legisladora provincial de Río Negro, Adriana del Agua, aseveró que las provincias tienen recursos naturales que ayudan a la producción de hidrógeno y resaltó las cualidades del proyecto de Fortescue. “Las tierras van a ser concesionadas, no van a ser cedidas, y tendrán un órgano de control que estará integrado con Sierra Grande. Todos los bloques votaron a favor y eso quiere decir que, más allá de las posiciones ideológicas que tenemos, nos podemos poner de acuerdo pensando en el futuro para mitigar el cambio climático y que todos podamos vivir mejor”, subrayó y propuso que cada provincia pueda conformar una mesa de trabajo.
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Asimismo, ponderó que la inversión que realizará Fortescue es comparable con las inversiones que recibe Vaca Muerta. “Hay que utilizar la experiencia de Río Negro donde se van a generar 15 mil empleos de forma directa y 45 mil de forma indirecta. Eso es lo que va a cambiar a la Patagonia y tenemos que pensar en una educación que enriquezca a la producción y a la industria que nos va a permitir ser un poco más competitivos con los demás países”, consideró.
Parece que el debate «caliente» en el seno del Frente de Todos ha dinamizado al oficialismo. En el Congreso Nacional se empiezan a debatir tres proyectos importantes para la economía y la sociedad. Cada uno merece, y tendrá, análisis por separado, pero que se planteen ahora es una noticia en sí misma.
Hoy, martes 10 de mayo, un plenario de las comisiones de Industria, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados intentará avanzar con la modificación del “Compre Argentino”. La iniciativa, que apunta a mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, es mirada con desconfianza desde algunos sectores de la oposición poniendo su mira en los potenciales beneficios.
El régimen actual contempla márgenes, para bienes de origen nacional, de 15% a favor de MiPyMEs y 8% para grandes empresas. En competencia con productos no nacionales, para bienes con menor grado de integración, hay desde un 1% hasta un máximo de 8%.
Con el proyecto que plantea el oficialismo se intentará que las MiPyMEs pasen de 15% a 20%, mientras que para el resto se subirá de 8% a 15%. Para el caso de competencia con bienes no nacionales, se eleva el margen de preferencia de 1,5% hasta un máximo de 12%.
Una iniciativa del Poder Ejecutivo establece un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias (en capital social y puestos jerárquicos y en el plantel general de la misma), según un informe que fue enviado a los diputados del oficialismo.
Un aspecto importante es que el proyecto incluye al PAMI como sujeto explícito de la ley por tres motivos: “cumple un ‘rol clave’ para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico (sectores estratégicos y de alto contenido tecnológico)”; “su patrimonio se encuentra conformado, entre otros aportes, por fondos del Tesoro Nacional”; y “es la obra social más grande del país y nuclea una población altamente sensible como lo son los beneficiarios del régimen nacional de previsión”.
Otras finalidades del proyecto hablan de “garantizar el acceso a la información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local”, “mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas”, “promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes”, “fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales”, y “crear incentivos a la contratación de bienes y servicios para el desarrollo de productos innovadores”.
La iniciativa es impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
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Casi simultáneamente, sectores del Frente de Todos críticos de la gestión actual presentarán en Diputados un proyecto para establecer un Salario Básico Universal (SBU) y así “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la pospandemia”.
El texto será explicado por los diputados Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli -vinculados a Juan Grabois. Define al SBU “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.
De acuerdo a la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.
Es muy poco probable que este proyecto avance rápidamente. Pero plantea un debate pendiente en el seno de la sociedad.
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Mientras tanto, en el Senado:
Mientras se espera la convocatoria a la sesión de pasado mañana para votar el proyecto que establece un gravamen sobre fondos enviados al exterior y no declarados -que al mismo tiempo, afirma la oposición, los «blanquea»- para pagar la deuda con el FMI, la comisión de Energía analizará un proyecto impulsado por Oscar Parrilli para que la denominación social de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) pase a llamarse Energía Argentina Sociedad Anónima, es decir, la vieja ENARSA.
“Por medio del decreto 882/17 se resolvió fusionar a ENARSA con EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A), sustraerla de todos sus activos estratégicos mediante su privatización y venta espuria, así como modificar la denominación social. Estas acciones expresaban un nuevo ciclo de desindustrialización, extranjerización de la economía y la vuelta a la utilización de la energía como herramienta de negocios, de ajuste y de empobrecimiento ciudadano”, argumenta Parrilli.
El senador también manifiesta que “el nuevo gobierno que asumió en 2019 ha decidido elevar la política energética como instrumento de desarrollo social y económico, para lo cual es imprescindible retomar la línea programática original de ENARSA, y adecuarla a las necesidades actuales y futuras del sector energético”. Y agrega: “Por ello en primer lugar, resulta de gran importancia la recuperación simbólica del nombre original de ENARSA, ya que traduce la esencia y finalidad de la compañía, continuando y profundizando el camino iniciado por Néstor Carlos Kirchner en 2004”.
El objetivo que se propone es que la compañía se involucre en la explotación del litio, el hidrógeno, los desarrollos hidroeléctricos y todo tipo de proyectos con energías renovables.
Desde el 24 de febrero en adelante, la guerra en Ucrania ha puesto en un segundo plano de la atención global, las preocupaciones sobre el clima, el ambiente y la biodiversidad. Pero sería un error olvidarlas, por varios motivos.En 1er. término, porque nuestro país se ha comprometido a llevar adelante la «descarbonización», y como exportador de commodities que somos, debemos prever que nuestros clientes pueden exigirnos que cumplamos con esos compromisos. Algunos ya lo hacen. También, porque buena parte del desarrollo tecnológico actual incorpora esa realidad, y no nos conviene quedar afuera de esos desarrollos.Pero el motivo principal es que las amenazas al ambiente, y a la vida humana, son reales. Por eso es necesaria encarar el debate quienes están comprometidos con el tema, para evitar que preocupaciones legítimas sean usadas para impedir nuestro desarrollo.Nadia Luna, de la agencia TSS de la UNSAM hizo un reportaje con motivo del Día de la Tierra a la economista Ana Julia Aneise, investigadora en la organización Fundar e integrante de Jóvenes por el Clima. Lo reproducimos:
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“Los cambios tecnológicos que introduce la transición energética suponen oportunidades para el desarrollo productivo de la Argentina, sobre todo porque además de tener importantes recursos eólicos y solares, también tenemos un sistema de ciencia y técnica muy fortalecido”.
¿Por qué es importante –y urgente- que la Argentina realice una transición energética?
Es importante porque sabemos que la principal causa del cambio climático son los gases de efecto invernadero que provienen de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, la urgencia es más global que local. La Argentina supone entre un 0,7 y un 0,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Por lo tanto, por más que hagamos la transición energética a fuentes renovables o fuentes bajas en carbono, el futuro del cambio climático está sujeto a lo que pase con los principales países emisores, como Estados Unidos, China, India, Rusia y los países europeos. Entonces, sí, es importante, pero hay que poner en perspectiva que nuestro país no es definitorio en términos del futuro ambiental del planeta. En términos económicos, sabemos que van a crecer las imposiciones a los países cuyos productos tengan una huella de carbono alta. Por ejemplo, si producís usando combustibles fósiles, para trasladar tus bienes a través de camiones o al tener fábricas que usan combustibles fósiles, que es el caso de la Argentina, se pueden empezar a cobrar impuestos según esa huella de carbono. Esto es algo que ya va a empezar a incorporarse en Europa a partir de 2023 y tiene que ver con lo que se llama competitividad climática de las exportaciones. Por otro lado, también hay fondos de inversión que empiezan a decir que no van a apostar por negocios petroleros o que no van a invertir en países que no tengan ciertos compromisos climáticos. Entonces, económicamente, el mundo se va a empezar a cerrar con criterios ambientales.
Más allá de tratar de aumentar la proporción de fuentes renovables en su matriz energética, ¿qué dimensiones debe tener en cuenta un país como la Argentina al encarar una transición?
Para pensar esto, resulta útil el concepto de “trilema energético”, elaborado por el Consejo Mundial de Energía, que hace referencia a tres pilares que deben permanecer equilibrados: seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental. La seguridad energética tiene que ver con la gestión eficaz del suministro de energía, la fiabilidad de la infraestructura y la capacidad de satisfacer la demanda energética actual y futura. En tanto, la equidad refiere a la accesibilidad a un precio justo para toda la población. Y la sostenibilidad ambiental implica la eficiencia energética y el desarrollo del suministro de energía a partir de fuentes renovables y bajas en carbono. En un informe reciente, la Secretaría de Energía argentina señala que en nuestro país se debería agregar una cuarta dimensión: el desarrollo tecnoindustrial, que tiene que ver con crear y ampliar las capacidades tecnológicas e industriales vinculadas con las energías renovables. Este “equilibrio cuadrado” conlleva un costo y un importante requerimiento de divisas. Aunque el monto dependerá del “mix energético” elegido y de los instrumentos adoptados, los cálculos de la Secretaría de Energía para sus escenarios “REN 20” y “REN 30” (una participación del 20 y 30% de renovables en la matriz eléctrica hacia 2030) estiman que sólo la inversión en nueva potencia eléctrica ascendería a entre 10.000 y 14.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle otros costos, como el de la cuarta central nuclear que comenzaría a funcionar en 2031, las inversiones en transporte eléctrico, las inversiones en litio e hidrógeno, entre otras.
Un mayor porcentaje de fuentes renovables y no contaminantes en la matriz energética permitiría que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.Si bien requiere grandes montos, invertir en el desarrollo tecnológico y en la producción de energías renovables podría ser una buena palanca para el desarrollo económico del país, ¿no?
Sí, la idea es procurar que sea una palanca para el desarrollo en términos de innovación, encadenamientos productivos, generación de empleo y exportaciones. Para eso, es importante tratar de maximizar el componente en pesos de esta inversión, conseguir financiamiento a tasas accesibles y movilizar el ahorro nacional detrás de este proyecto. La clave para compatibilizar la necesidad de divisas de corto plazo con los objetivos de la transición energética en el mediano y largo plazo será, en última instancia, el ritmo y velocidad que adopte la transición. Esto requerirá una planificación mínimamente consensuada entre las dos principales coaliciones políticas, información transparente de cara a la sociedad y mucha participación pública para dotar de legitimidad a los proyectos.
¿Qué oportunidades representa la transición energética para países desarrollados?
Las economías centrales conciben a la crisis ambiental como una oportunidad para impulsar una transferencia masiva de tecnología a los demás países. Es decir, adoptan la catástrofe climática como un gran catalizador de negocios. Con frecuencia, atan el financiamiento de proyectos de energías renovables a la adquisición de su tecnología por parte del país que recibe el préstamo. Esto, sumado a las crecientes barreras comerciales con criterios ambientales, los condicionamientos crediticios basados en el cumplimiento de compromisos climáticos y las exiguas transferencias financieras completan un cuadro en el que los esfuerzos hacia la reducción de emisiones están signados por la competencia en lugar de la cooperación.
¿Y qué oportunidades representa este escenario para países semiperiféricos como la Argentina? ¿Disponemos de capacidades instaladas y tecnologías propias para producir y distribuir renovables?
Los cambios tecnológicos que introduce este ciclo de transformación que es la transición energética suponen oportunidades para el desarrollo productivo, sobre todo porque además de tener importantes recursos eólicos y solares, también tenemos un sistema de ciencia y técnica muy fortalecido. También tenemos empresas en el sector, como IMPSA o INVAP, que si bien han sufrido muchas idas y vueltas a lo largo de la historia, tienen la potencialidad de, con una buena política de desarrollo productivo, generar un desarrollo que les permita hacer crecer su participación en una potencial matriz exportadora en la que empiece a tener más peso el sector energético. De todas maneras, en la Argentina hay un punto importante que es que tenemos la segunda reserva de gas natural no convencional y la tercera de petróleo no convencional en el mundo. Entonces, ahí hay un incentivo enorme a hacer una explotación de esos recursos, sobre todo por el potencial económico que tienen para resolver la restricción externa en nuestro país, que es un tema muy recurrente. Frente a eso, creo que tenemos una dicotomía ambiente-desarrollo bien clara. Si bien a nivel global muchas veces esa dicotomía no existe porque los costos de mitigar el cambio climático son menores que los costos que vamos a tener que afrontar si se producen las peores consecuencias del cambio climático, a nivel local esa dicotomía sí existe y el caso de Vaca Muerta es un claro ejemplo donde no tenemos todavía claro cómo vamos a reemplazar esos recursos por fuentes renovables, sin que eso implique la importación de tecnología en el corto plazo. Por eso, cuestiono un poco lo de la palabra “urgente”. Para mí, el ritmo tiene que ser lento. Es un proceso complejo, no lineal, que se tiene que dar de forma progresiva, teniendo en cuenta el escalamiento de capacidades nacionales y de empresas locales, que es lo que el programa RenovAr no tuvo tan en cuenta y fue uno de sus defectos.
¿Qué rol debería jugar el gas natural en la transición energética en nuestro país?
En nuestro país, el gas natural tiene una parte importante de la matriz energética y eso es positivo porque nuestro porcentaje de carbón es muy poco significativo. Así que en ese sentido el gas está siendo un combustible de transición. Creo que lo que se pone en juego es cuál va a ser la proyección del gas en relación a nuestras exportaciones, si efectivamente se va a invertir en una planta de licuefacción que permita exportar GNL al exterior o si va a ser para consumo interno. En el segundo caso, no creo que podamos hacer una utilización de todas las reservas de gas, o sí, pero a lo largo de mucho tiempo. Son diversas posibilidades que están abiertas. Pero creo que en la Argentina no se pone tanto en cuestión si el gas es un combustible de transición o no a nivel local, sino que hoy está más la discusión sobre si lo vamos a exportar o no, dada la potencialidad de Vaca Muerta.
El pasado 22 de abril, en el Día de la Tierra, se realizó en Buenos Aires y en diversas partes del mundo la Marcha Global por el Clima.¿Qué tipo de políticas se podrían impulsar para aprovechar las oportunidades económicas, ambientales y sociales que brinda la transición energética?
El anuncio de inversión en hidrógeno verde de Fortescue (empresa australiana) sería una buena oportunidad para generar contratos que requieran que la infraestructura para la producción de hidrógeno verde tenga que tener un cierto porcentaje de componentes nacionales. Entonces, ahí se puede traccionar para que IMPSA u otras empresas que tengan capacidad de escalamiento puedan crecer. Es atar la inversión a esos requerimientos, que es algo que se suele hacer en muchos sectores. Después, hay una política que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo en relación a calefones solares, que creo que es muy promisoria porque no tiene un gran requerimiento de divisas e implica el acceso a un servicio más eficiente y más barato para muchas personas que no tienen acceso a la red de gas. Hay muchos ejemplos de políticas que se pueden implementar. Creo que lo fundamental es establecer cuál es el ritmo de transición que se quiere llevar adelante, en qué etapas, cuánto va a ser el componente nacional en energías renovables que se va a incorporar a la matriz e ir acompañando el camino con las inversiones necesarias. También se necesitan redes de alta tensión que trasladen la electricidad desde donde se produce, que en el caso de las energías renovables muchas veces son puntos lejanos del país. Esa es una infraestructura que también implica grandes inversiones. También se puede pensar en una adjudicación específica de fondos, por ejemplo, destinando parte de las regalías petroleras de los proyectos offshore a financiar la transición energética.
¿Cómo se puede incorporar de forma más activa a la sociedad –y a sus necesidades– en este proceso de transición energética?
Creo que la incorporación de la sociedad tiene que ver con esta discusión crezca y que tenga mayor anclaje. En ese sentido, la marcha del 22 de abril fue una demostración de que eso está sucediendo porque una de sus principales consignas fue que haya una transición energética justa. También hay políticas que acompañan a los consumidores que quieren empezar a hacer una incorporación de renovables, como la Ley de Generación Distribuida. Pero esto también enfrenta dificultades porque para amortizar las inversiones que hay que hacer, por ejemplo, en paneles solares, se necesita un determinado precio de la energía que hoy en día, con los subsidios, por ahí no genera una cuenta muy conveniente. Por eso, las decisiones a nivel individual hoy tienen más que ver con elegir otras formas de consumo, como usar el transporte público y la bicicleta, o comprar electrodomésticos con eficiencia energética, que con la incorporación de renovables en nuestro día a día que, por ahora, es algo un poco más complejo.
A 55 años del primer bypass, la técnica desarrollada por el doctor argentino René Favaloro sigue vigente y salvando incontables vidas. Cambió la historia de la enfermedad coronaria, uno de las principales causas de muerte en la sociedad actual.
El 9 de mayo de 1967, en la ciudad estadounidense de Cleveland, una mujer de 51 años era operada por el emblemático cardiólogo aplicando, por primera vez, una técnica que revolucionó la cirugía cardiovascular: el bypass aortocoronario, luego considerado uno de los «400 inventos más importantes de la historia de la humanidad» en la plataforma cultural de Google.
«El bypass cambió la historia de la enfermedad coronaria, mejorando la calidad de vida de los pacientes de esta patología, que es uno de los principales flagelos que tenemos los seres humanos», expresó el jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Fundación Favaloro, Alejandro Bertolotti, ex alumno y colega del reconocido doctor.
«Tuvo un impacto inconmensurable en la medicina, realmente ha salvado incontables vidas afectadas por enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad en Argentina y el mundo«, añadió el cardiólogo.
Por su parte, la presidenta de la fundación y sobrina del doctor, Liliana Favaloro, recordó que, en la década del 60, los pacientes «se morían por la enfermedad coronaria» dados los «mínimos recursos terapéuticos» de los que se disponía. En ese contexto, el desarrollo de la cirugía de bypass coronario «disminuyó la muerte y mejoró la expectativa y calidad de vida de los pacientes», aseguró la cardióloga, quien consideró esta técnica como «un antes y un después» en el tratamiento de la enfermedad.
«Aún más: generosamente, Favaloro no dudó en poner a disposición su técnica para que todos los cirujanos del mundo la usaran», manifestó Bertolotti acerca del doctor, para quien la tecnología y los avances «sólo tenían sentido cuando llegaban a todos».
Agregamos desde AgendAR que Favaloro, valorado y aplaudido en el exterior, y que podía haber elegido entre los hospitales más prestigiosos del mundo para ejercer, volvió a su país para trabajar entre nosotros.
Ambos profesionales destacaron el humanismo que lo caracterizaba y la empatía con el paciente y su familia por la que siempre bregaba y que también son parte de este descubrimiento.
La técnica de bypass o cirugía de revascularización miocárdica consiste en un tratamiento especial para la enfermedad de las arterias coronarias, la cual provoca la disminución del flujo de sangre que llevan al músculo cardíaco estas arterias, que son «las más importantes del corazón».
«Lo que diseñó el doctor Favaloro es armar un puente (bypass) para que la sangre pase por arriba de la parte enferma de la coronaria y llegue del otro lado, conectando la parte sana de la arteria con la aorta«, explicó el médico cardiólogo.
Y amplió: «Esto lo hizo utilizando la vena safena que tenemos en la pierna, de la que se puede extraer una porción sin afectar la circulación en la extremidad, e hizo que la sangre entrara por esa nueva comunicación y le vuelva a llegar sangre a la coronaria».
Con esto, siguió, los síntomas de la enfermedad «se pueden evitar», entre ellos, el dolor de pecho, la falta de aire y agitación e incluso los infartos, al tiempo que aumenta la calidad y tiempo de vida de los pacientes con enfermedad severa, aseguró el especialista, con más de tres décadas de experiencia.
Más allá de la introducción de ciertos avances tecnológicos, el concepto de la cirugía «sigue vigente y es siempre el mismo», y también es aplicado en otras partes del cuerpo. «Esto fue un hito que le valió el reconocimiento en todo el mundo y por el que, actualmente, sigue siendo muy recordado y reconocido», aseguró Bertolotti.
El empleo industrial formal en los partidos del conurbano bonaerense creció un 5,2% respecto de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, con aumentos en todos los distritos con excepción de San Isidro, según un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).
Así lo destacó el director del organismo y coordinador del Plan Argentina Productiva 2030, Daniel Schteingart, quien en su cuenta de Twitter puso de relieve que entre enero de 2020 y el mismo mes de este año hubo un repunte «particularmente alto en el cordón noroeste» comprendido por los partidos de Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Moreno.
En el total del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) más los partidos de Zárate y Campana incluidos en el informe, el crecimiento fue del 4,1%, por la incidencia que tuvo en el total la caída del 0,7% en la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de los 31 partidos relevados por el CEP XXI, en 30 de ellos hubo una evolución positiva en los dos años transcurridos en lo que respecta al empleo industrial formal, con 13 por encima del 5,2% promedio.
El listado estuvo encabezado por el partido de Pilar, con una mejora bianual del 13,8%, seguido por el de José C. Paz con el 11%, Escobar y Moreno con el 10,7% cada uno y Malvinas Argentinas con el 10,4%.
Otros municipios con alzas superiores al nivel general fueron Ezeiza (9%), Hurlingham (7,5%), General Rodríguez (7,3%), Berazategui (7,2%), San Miguel (6,5%), Florencio Varela (5,7%), Esteban Echeverría y Zárate (5,3% en cada caso).
Con crecimientos inferiores al global se anotaron Almirante Brown (5%), General San Martín, Tres de Febrero y Luján (los tres con 4,7%), San Fernando (4,5%), Merlo (4,4%), Tigre (4,3%), Ituzaingó (4,1%), Quilmes (3,9%), Lanús (3,5%), Avellaneda (3,4%), Campana (3,3%), La Plata (3,1%), Lomas de Zamora (2,6%), La Matanza (2,2%), Morón (0,6%) y Vicente López (0,2%), en tanto San Isidro fue el único distrito con una caída del 0,2%.
