El nuevo almacenamiento en seco de los elementos combustibles gastados de Atucha I estará listo en julio

 

Observaciones de AgendAR:

En 1974, cuando entró en línea Atucha I, su vida útil planificada era de 30 años, como la de todas las centrales presurizadas de 2da generación: Por lo tanto se suponía su salida definitiva de servicio alrededor de 2004. Pero ya desde los ’90 era claro que el estado técnico de la central era estupendo, y que valía la pena hacerle una recorrida completa de sistemas para llevarla a «cero kilómetro» y dejarla 20 años más en servicio. Aunque el gobierno de Néstor Kirchner todavía no entendía mucho de energía nuclear (eso empezó en 2006), la propuesta de la nueva operadora de la máquina, NA-SA, coincidía con las estimaciones técnicas de la dueña original (la CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica). Lo importante es que la parte potencialmente objetora, la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear), hizo la lista de reparaciones, modernizaciones y reemplazos necesaria y estuvo de acuerdo, cautelosamente, en dar 10 años «y volver a ver». En el mundo se vivía el llamado «renacimiento nuclear». Los países asiáticos industriales, con China y la India a la cabeza, construían centrales nuevas de tercera generación, con estimaciones de vida iniciales de 40 años o más. Mucho más timorato, el país con el mayor parque nuclear del mundo, EEUU, empezaba a dar extensiones de vida útil a algunas centrales atómicas activas desde los ’60, cuando el estado técnico y las cuentas lo permitían. Aquí no sólo lo permitían sino que lo exigían. La economía argentina, aunque endeudada irremediablemente, se recuperaba una década de estanflación feroz, había vuelto a crecer desde 2002 y la industria empezaba a pedir electricidad a gritos. Sin embargo, con la formación Loma de la Lata ya casi totalmente despresurizada, no era claro de adónde saldría el gas para evitar los apagones programados. Ahora bien, si es para fabricar electricidad, 1000 MW nucleares instalados tienen disponibilidad 24×7 al menos 320 días por año, suponiendo paradas planificadas largas, y sustituyen 1.600 millones de m3 cúbicos de gas por año. De modo que los 350 MWe de Atucha I repotenciada y disponible por dos décadas más evitaría importar 560 millones de m3 cúbicos anuales de gas boliviano, o su equivalente en GNL asiático. Los combustibles de todo tipo, fogoneados por la demanda china, habían iniciado su rampa mundial de precios. Era negocio. Pero además, como NA-SA tenía -por primera vez desde su creación por Menem- una conducción «pro-industria nacional», la idea era que la fabricación de componentes quedara básicamente en el país. A esa altura de la vida era bastante inevitable ignorar al proveedor de la central, KWU, división nuclear de la SIEMENS, porque ya no existía, había sido vendida por los alemanes a la francesa AREVA. Por lo demás, los alemanes ya no merecían confianza: en 1988 Atucha I, que es un prototipo único en el mundo, había sufrido la rotura de internos que la dejaron fuera de servicio. KWU ofreció repararla por U$ 200 millones, algo así como el doble del precio original de la central nueva, y tomándose 2 años para ello. Tras cierta lucha interna, la CNEA le propuso al gobierno que fuera reparada por una UTE de INVAP y Techint, que hizo el trabajo por U$ 17 millones y la puso en línea como nueva y bajo aprobación de los expertos en radioprotección del Organismo Internacional de Energía Atómica. Era un «first timer» mundial, porque la intervención fue -en términos médicos- laparoscópica. La central se arregló con herramientas telecomandadas diseñadas «ad hoc» capaces de caber en sus canales de refrigeración, de 12 cm. de diámetro, sin destapar el recipiente de presión. En la Argentina pre-menemista, habría pasado por hazaña, pero no fue el caso. Jorge Lanata, seguramente más motivado por su indómito ingenio que por el despecho alemán, aprovechó para poner en tapa de su diario -Página12- la foto de la instalación con el titular: «La arreglamos con un alambre». Greenpeace, tampoco motivada por el despecho alemán, prometió un Chernobyl bonaerense. El gabinete uruguayo, por si las moscas, estuvo sesionando secretamente en Paysandú durante la primera semana de la puesta en marcha de Atucha I. Pero la central anda joya desde entonces: no se puede contentar a todo el mundo. Esa reparación convenció a la CNEA de que en materia de centrales de uranio natural refrigeradas y moderadas con agua pesada empezaba a entender más que Alemania. Y no por nada: en planos, Atucha 1 tendría 250 MWe, pero antes y a lo largo de la construcción, empezada en 1968, la CNEA le impuso optimizaciones que le permitieron inaugurar con 320 MWe. Luego de la reconstrucción de los internos de reactor averiados en 1988, a la central se le hicieron mejoras adicionales en intercambiadores de calor que llevaron su potencia eléctrica a 350 MW, 100 más que en el diseño original. Pero además, dado que el país ya tenía oficialmente la capacidad de enriquecimiento, se estudió una mejora ligerísima del uranio natural: del 0,73% de ley de isótopo 235 se modelizó y luego ensayó con mucha cautela el funcionamiento de la máquina con un 0,9%. Y lo que sucedió fue que prácticamente se duplicó «el quemado»: sin incrementos de potencia térmica, los nuevos elementos combustibles argentinos duraban casi el doble hasta gastarse.  A esa altura de las cosas, la Argentina era el país que más entendía de Atuchas, es decir de centrales de uranio natural, agua pesada y con recipiente de presión. Mucho más que los alemanes, por cierto. Fue un espaldarazo bastante útil cuando en 2006 se decidió retomar la construcción de Atucha II bajo dirección de NA-SA, obra que había estado 27 años detenida. Volvió a ser otro espaldarazo cuando en 2011 se empezó a planificar la extensión de vida de una central aún mejor por disponibilidad: Embalse, de Córdoba. Una dirección nuclear menos asertiva le habría dado el trabajo al diseñador original, la AECL canadiense… pero ya no existía, y además NA-SA en aquel momento tenía por dirección lo mejor de la vieja jefatura de la CNEA de Jorge Sabato. La tarea se hizo con un 97% de participación de la industria nuclear argentina. Embalse empezó su segundo ciclo de vida en 2018, y anda joya. De modo que estamos llegando al momento en que hay que estudiar si Atucha 1 merece seguir en servicio 20 años más. Por ahora, todo indica que sí. La central es -hay que sacarse el sombrero ante los alemanes por ello- de una robustez fenomenal. Pero además, en EEUU ya se planifican extensiones de vida de 80 e incluso 100 años. Las autoridades regulatorias del mundo empiezan a entender que algunos de estos aparatos -no todos- pueden tener expectativas de servicio equivalentes a las de las obras hidroeléctricas. De modo que la puesta en servicio de un repositorio temporario de enfriamiento ya sin agua, únicamente por circulación convectiva de aire, de los combustibles gastados de Atucha 1 era una obra urgente. Pero esta obra ancilar y nada espectacular se hace porque antes sucedieron cosas bastante interesantes y casi heroicas, y contra distintos opositores nacionales e internacionales: reparar la central sin KWU, darle más potencia, mejorarle el quemado, extender su vida útil. Todos esos fueron triunfos de la tecnología y de los recursos humanos nucleares argentinos. Y salieron bien. Conviene recordarlo.

Daniel E. Arias

En la Universidad de La Plata desarrollan una nueva terapia para combatir células tumorales

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Un equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), perteneciente al CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizan sorprendentes avances en un nuevo método para combatir células tumorales aprovechando el rol oxidativo de aglomerados de un puñado de átomos de plata. Se trata de un estudio interdisciplinario desarrollado en colaboración con investigadoras e investigadores de las Universidades de Santiago de Compostela, Cádiz, Palermo y Cambridge, que describe nuevos mecanismos por los que aglomerados atómicos de cinco átomos de plata (Ag5) catalizan selectivamente la oxidación de tioles, responsables de la regulación de la homeostasis redox en las células. Es conocido que diferentes tipos de neoplasias tienen la capacidad de evolucionar evadiendo los tratamientos antitumorales. Sin embargo, no pueden sobrevivir a la desregulación del equilibrio químico en la célula (homeostasis redox), que resulta esencial para la proliferación celular y el avance tumoral.

Átomos de plata contra los tumores

En este reciente estudio, se describe la actividad antitumoral de los átomos de plata en ratones con tumores de pulmón ortotópicos. Allí los científicos confirmaron que lograron reducir el tamaño del tumor primario y la carga de los ganglios linfáticos afectados. Estos hallazgos sugieren que la química característica de los Ag5 podría conducir a nuevos enfoques terapéuticos contra el cáncer, basados en los estados redox intracelulares. Félix Requejo, director del INIFTA y miembro del equipo de investigadores locales – junto a Lisandro Giovanetti y Juan Devida-, explicó que “los aglomerados o “clusters” atómicos de pocos átomos son materiales subnanométricos que presentan características particulares dependientes de su tamaño y atomicidad, las que le confieren propiedades catalíticas únicas capaces de oxidar agresivamente los elementos químicos en diferentes moléculas”.
Félix Requejo (izq.), director del INIFTA junto a investigadores del instituto. Imagen: UNLP.
En particular, en este trabajo se describen los mecanismos por los cuales los clusters catalizan la oxidación completa del azufre presente en los sitios activos de las proteínas responsables de la regulación redox celular, disparando la muerte celular programada, un fenómeno que hasta ahora no había sido descripto por ningún otro catalizador. A su vez, se demostró que este efecto se ve potenciado en función del entorno oxidante en el que se encuentran diversas células tumorales, haciendo a los clusters de Ag5 selectivos para la oxidación en dichos tejidos.Esta investigación del INIFTA fue recientemente publicada en la revista Advanced Functional Materials (1), en conjunto con especialistas en distintas disciplinas de España, Italia e Inglaterra.

Matías Kulfas: «La minería ha sido un motor importante de la recuperación económica»

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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó este martes que “la minería argentina ha sido un motor importante de la recuperación económica, con una producción en alza y, sobre todo, con nuevos proyectos que se están poniendo en marcha” que tendrán impacto federal en las inversiones, el empleo y las exportaciones.

Durante la celebración del Día de la Industria Minera 2022 organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Kulfas destacó que el sector tiene mucho por aportar al país, al desarrollo local y a la transición a las energías limpias, y aseguró: “Queremos construir colectivamente una minería que sea futuro, que cuide cada vez más el ambiente”. “El sector empezó 2022 con 34.000 puestos de trabajo formales directos, la mayor cifra de la historia reciente del sector minero. Contando los empleos indirectos, estamos hablando de más de 80.000 familias que viven de la minería”, afirmó el ministro en el evento realizado en Parque Norte en el que participaron más de 400 representantes de la cadena de valor del sector. El ministro agregó que “ese dinamismo también tiene impactos claros en el desarrollo federal: 5 de las 10 localidades del país que mayor crecimiento tuvieron en los últimos dos años en materia de creación de empleo formal son localidades mineras. Provincias como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, han creado empleo formal muy por encima de la media nacional en los últimos dos años. Es imposible entender eso sin la minería”. Tras su discurso y en diálogo con la prensa, Kulfas se refirió a los planteos que la industria realizó en el evento para apuntalar su actividad, en particular los referidos a las retenciones, el acceso al mercado de divisas, y la disponibilidad para la importación de insumos. «En retenciones estamos en un escenario donde la minería tiene que hacer un aporte como todas las actividades, creo que estamos en un escenario adecuado», consideró Kulfas, tras lo cual agregó que «la presión fiscal que hay en la Argentina es parecida a las de otros países con algunas diferencias, pero estamos en el camino correcto y las problemas lo vamos a resolver con el diálogo y el trabajo conjunto». En el encuentro, estuvieron presentes el presidente de CAEM, Franco Mignacco; el director ejecutivo de la cámara, Luciano Berenstein; el secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace; la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; y el director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), Daniel Schteingart. Mignacco fue el encargado de plantear la posición del sector: «En la industria minera, por sus grandes volúmenes de inversión con largo plazo de recupero, es necesario garantizar un contexto de reglas claras». «Esto significa principalmente respeto por la Ley de Inversiones Mineras y garantía de la estabilidad fiscal. Seguimos planteando que hay que revisar las retenciones, tendiendo a llegar a su eliminación, para equipararnos con el resto de los países mineros con los que competimos, que no tienen este tipo de cargas», agregó. El titular de CAEM también entendió «esencial el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios, revisar los regímenes de devolución del IVA y garantizar las importaciones de los insumos necesarios para la producción y para la construcción de los proyectos». «En Argentina contamos actualmente con 13 yacimientos mineros metalíferos en producción, más de 30 proyectos con recursos identificados y más de 250 prospectos. La puesta en marcha de los proyectos mineros más avanzados impulsará el desarrollo socioeconómico federal y permitiría más que triplicar las exportaciones anuales actuales, llegando a alrededor de U$S 10.000 millones, si se sostienen las condiciones de contexto», reseñó Mignacco. Por su parte, Ávila dijo que “existe la creencia de que la minería deja solo un 3% de sus ganancias en el país, cuando en realidad deja un 80%».

La OMS dice que la política “Cero COVID” de China es “insostenible”

La Organización Mundial de la Salud considera que China debería “transitar a otra estrategia” y lograr un equilibrio entre las medidas de control y los derechos de la población. La OMS espera que la Cumbre Mundial sobre COVID-19 sirva para ampliar la vacunación y los tratamientos y llegar a un acuerdo sobre patentes.

La política de “cero COVID” que están aplicando las autoridades de China ante el último repunte de casos no es sostenible dado los conocimientos actuales sobre el coronavirus, dijo el director de la OMS. “Creemos que no es sostenible si tenemos en cuenta el comportamiento del virus y lo que anticipamos para el futuro”, sostuvo el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus. “Ahora tenemos buen entendimiento del virus y buenas herramientas. Transitar a otra estrategia sería muy importante. Lo hemos hablado con expertos chinos y se lo hemos dicho. En el marco de la política de «cero-C2OVID», grandes áreas de población en China están confinadas para acabar con la propagación del coronavirus, incluso si sólo un pequeño número de personas da positivo. Las medidas en Shanghái han sido especialmente estrictas, y sólo se permite a los residentes salir de los recintos por razones excepcionales, como una emergencia médica. A muchos ni siquiera se les permite salir de la puerta de su casa. El director de emergencias de la Organización, Michael Ryan, dijo que, dado que China ha logrado mantener un número relativamente bajo de fallecidos, con 15.000 muertos durante la pandemia, es entendible que las autoridades quieran controlar los últimos brotes, pero cualquier política debe tener en consideración los derechos humanos. “Siempre hemos dicho como OMS que hay que lograr un equilibrio entre las medidas de control y el impacto que tienen en la sociedad y en la economía, y que no siempre es una ecuación fácil”, subrayó Ryan. La OMS sigue abogando por que todos los países trabajen para conseguir un 70% de vacunación, empezando por inmunizar y reforzar a los más vulnerables.

Comentario de AgendAR:

La nota que antecede ha sido tomada de la página dedicada a la OMS de las Naciones Unidas, como indicamos al pie. Seguramente por casualidad, la CNN distribuye en su newsletter «Meanwhile in China», la siguiente información: «En las últimas semanas, decenas de ciudades de China conti2nental, incluido el centro financiero de Shanghái, han sido bloqueadas mientras las autoridades trabajan para acabar con el coronavirus. Para industrias que van desde Big Tech hasta bienes de consumo, eso está destruyendo tanto la oferta como la demanda, y dando a los ejecutivos otro gran dolor de cabeza. Muchas empresas acababan de acumular millones o miles de millones de dólares en pérdidas debido a la guerra en Ucrania, lo que provocó un éxodo corporativo masivo y costoso de Rusia. La combinación de ambos eventos ha creado un asombroso doblete para las corporaciones multinacionales, como Estée Lauder (EL), que dijo la semana pasada que los «dos vientos en contra significativos» la obligaron a recortar su perspectiva para el año. La crisis es un claro recordatorio de la enorme importancia de China para las empresas globales

El gobierno nacional creó «Nómades Digitales»: una nueva visa, y una nueva categoría de visitantes a atraer

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; dieron a conocer la iniciativa «Nómades Digitales», un nuevo tipo de visado que incluye un programa de beneficios para atraer a extranjeros y generar un impacto económico positivo en el ingreso de divisas.

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La iniciativa apunta a visitantes del exterior que desempeñan tareas laborales de manera remota y que, según los datos, se quedan más tiempo y consumen más que otras otras categorías de turistas que llegan al país.
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Acompañado por la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, De Pedro señaló que la pandemia de coronavirus posibilitó analizar «las trasformaciones a nivel mundial, no solo en el mercado laboral, sino también los modos de ir captando esa fuerza de trabajo que circula a nivel mundial».
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Según estimaciones oficiales, son más de 35 millones los «nómades digitales» que viajan de país en país mientras continúan trabajando a distancia. Con un rango de edades entre los 20 y los 40 años, la mayoría de ellos cuenta con título universitario.
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«Confiamos en que la economía de la Argentina se pude seguir potenciando con un turismo receptivo y con políticas como la del PreViaje, que fomenta el turismo interno», dijo De Pedro.
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Lammens recordó que «Argentina es el país que más turistas de Sudamérica recibe» y que ahora también está la «gran oportunidad de convertirla en una opción para quienes trabajan en forma remota».
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Entre los beneficios anunciados se destaca una visa, que otorgará un plazo de 180 días prorrogables por única vez, término idéntico al de la residencia transitoria, que brinda la posibilidad de prestar servicios en forma remota a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.
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Según explicó Carignano en diálogo con la prensa, se podrá aplicar a la visa concurriendo los consulados argentinos en el exterior o a través del sitio web de Migraciones.
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El interesado «va a tener que tener el pasaporte al día, siempre aclarando que es para personas que no necesiten visa para entrar a la Argentina, que son la mayoría de los países. Va a necesitar demostrar que está trabajando con el aval de un empleador, presentar un currículum y va a tener que pagar una visa de 200 dólares», dijo Carignano.
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Aerolíneas Argentinas se sumará a esta iniciativa con tarifas especiales para este tipo de turistas.
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El Gobierno adelanta a junio los aumentos del Salario Mínimo: será de $ 45.540. Suben 15% las jubilaciones de ANSES y asignaciones por hijo

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El gobierno dispuso el adelanto de dos cuotas del salario mínimo. SE condensa el impacto del aumento que restaba por este año en junio y agosto, cuando completará el 45% pactado en marzo y el piso formal de ingresos pasará a ser de 47.850 pesos.

El gabinete económico hizo ayer el anuncio junto con la CGT, adelántanose al proyecto de ley presentado por el diputado s en ese mismo sentido. Los funcionarios confirmaron, además, que en las próximas semanas se definirá una nueva convocatoria del Consejo del Salario para revisar hacia arriba el ajuste por este año y arrimarlo al 60% de las últimas paritarias cerradas. Mediante una resolución que firmó el ministro de Trabajo Moroni, los cuatro tramos en que había sido dividido el 45% de aumento de este año del salario mínimo quedaron reducidos a tres: uno, de 18%, que ya se abonó en abril, en tanto que los dos restantes (de 10% cada uno) pautados para junio y agosto se pagarán juntos con los sueldos del mes que viene y el último, de 7%, previsto para diciembre, se adelantará a agosto. Según la CGT el mecanismo asegurará que el sueldo mínimo le ganará a la inflación al menos hasta ese mes. Con ese esquema el piso actual, de 38.940 pesos, pasará a ser de $ 45.540 desde junio (227,10 pesos el valor de la hora para trabajadores jornalizados) y de $ 47.850 en agosto ($ 239,30 la hora). De igual modo quedarán modificados los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo: $ 12.650 y $ 21.083, respectivamente, a partir del 1 de junio. Y $ 13.292 y $ 22.153, respectivamente, desde el 1 de agosto. En igual proporción que el salario mínimo subirán los programas sociales Potenciar Trabajo y Acompañar. En el gabinete económico ratificaron que está en preparación un paso extra: una nueva convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una suba adicional a la pactada en marzo con centrales sindicales y cámaras patronales. La misma mecánica (adelantamiento de cuotas y convocatoria a un segundo aumento anual) se produjo en 2021 aunque entonces la inflación no se había espiralizado en la cuantía de los primeros meses de este año y tampoco se había desatado de forma tan abierta la interna dentro del Frente de Todos. Los funcionarios admiten que en una nueva discusión el salario mínimo deberá alcanzar el 60% de suba plasmado en las últimas paritarias como las de Bancarios y Gastronómicos. En ese caso el sueldo mínimo treparía este año a cerca de 53 mil pesos. Si bien permanece muy lejos de la canasta de pobreza, que mide para una familia tipo casi 90 mil pesos, en Gobierno destacan que la ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo debe cubrir los requerimientos de un trabajador “sin carga de familia”.

También aumentan las prestaciones de la ANSES

Las jubilaciones y pensiones del sistema gestionado por la Anses, las prestaciones no contributivas y las asignaciones por hijo (tanto la AUH como los pagos que reciben los trabajadores registrados, asalariados y monotributistas) aumentarán 15% en junio. El Indec dio a conocer ayer su informe sobre variación salarial, con el índice de marzo de este año: ese era el último dato que faltaba entre los componentes de la fórmula que determina el porcentaje de suba trimestral de los ingresos. El aumento se da en cumplimiento de lo establecido por la ley de movilidad jubilatoria, que dispone que debe haber recomposiciones en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La primera suba de 2022 había sido de 12,28%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación del primer trimestre del año, que resultó de 16,1%. Para el período de abril a junio, las proyecciones de alza de precios indican que podría ser de alrededor de 15%. El aumento acumulado de las jubilaciones en la primera mitad del año resulta, en tanto, de 29,12%. Con la nueva suba, que se aplicará para todos los niveles de ingresos, el haber mínimo pasará de $ 32.630,40 a $ 37.524,96 y el máximo, de $ 219.571,69 a $ 252.507. Las pensiones no contributivas (PNC) que equivalen al 70% de la mínima se ubicarán en $ 26.267, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $ 30.020. La Asignación Universal por Hijo pasará de $ 6375 a $ 7332. Los nuevos valores regirán entre los meses de junio y agosto, mientras que en septiembre deberá haber una nueva actualización. El incremento alcanzará a casi 5,64 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo (que cobran casi 6,85 millones de prestaciones, porque hay personas que perciben dos beneficios), 1,75 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas (incluyendo la PUAM), 4,4 millones de chicos por los que se percibe la AUH y 4,14 millones de chicos por los que se cobra la asignación por hijo del sistema formal. En total, son poco más de 17 millones de prestaciones, cobradas por casi 16 millones de personas, según datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad Social, a marzo de este año. La fórmula de movilidad vigente está incluida en la ley 27.609, aprobada por ley en diciembre de 2020, luego de año en el que no rigió ningún mecanismo automático de actualizaciones y en el que las subas se dieron de manera discrecional y por decretos del Poder Ejecutivo. En el cálculo intervienen la variación interanual que tuvo en un trimestre la recaudación de los impuestos con los que se financia en parte el pago de las prestaciones de la seguridad social, medida por beneficiarios, y la evolución trimestral de los salarios según uno de dos índices oficiales (se elige el que haya tenido la mayor suba). Para calcular el reajuste de junio se considera lo ocurrido en el primer trimestre, en este caso, de 2021. Los índices de ingresos laborales que se observan son la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es una referencia de la economía formal, y el índice de salarios del Indec, que contempla a una población más amplia. Entre enero y marzo pasados el Ripte tuvo una variación de 18,2%, más elevada que la registrada por la variable informada hoy por el instituto oficial de estadística (por esta razón, se consideró el primero de los indicadores). A diferencia de la fórmula anterior, que era simple de calcular a partir de datos publicados con regularidad, la actual modalidad de actualizaciones, al involucrar la recaudación de una parte de los recursos del Estado medida en función del número de beneficiarios y, además, un tope a las subas (cuya aplicación se evalúa en cada diciembre), es más compleja. La propia ley delegó en normativas de rango inferior la elaboración de aclaraciones respecto de cómo hacer el cálculo bajo determinados supuestos; por ejemplo, en caso de que se aprueben modificaciones en la estructura tributaria que hagan que no sea comparable de manera homogénea la recaudación de un período con la de otro. Aumentan los aportes El índice de movilidad, además de usarse para actualizar los ingresos, se aplica para actualizar trimestralmente los aportes previsionales de los autónomos y también, en el caso de los empleados bajo relación de dependencia, las remuneraciones mínima y máxima para calcular los descuentos con destino al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI. Al aplicarse entonces una suba de 15%, los trabajadores autónomos de las categorías I y II deberán pagar aproximadamente $6740 y $9436 en cada caso (las cifras son estimaciones propias y no fueron aún oficializadas). Y el salario más alto para estimar el 17% que se descuenta para los aportes a la seguridad social rondará los $410.742. Esto último significa que quienes tengan remuneraciones de ese monto o más elevadas, tendrán un descuento mensual de $69.826. En 2021, primer año de su aplicación, la fórmula de movilidad determinó aumentos de 8,07% (marzo), 12,12% (junio), 12,39% (septiembre) y 12,11% (diciembre). El alza acumulada fue de 52,67%, casi dos puntos por arriba de la inflación, que fue de 50,9% ese año. Eso no compensó, sin embargo, el efecto del ajuste hecho en 2020, un año en el cual las jubilaciones recibieron aumentos de entre 24,3% y 35,3%, en lugar del 42,1% que hubiera correspondido por la fórmula que para ese período estuvo suspendida.

CANSAT: la CONAE, la NASA, ESA, impulsan una competencia espacial para alumnos del secundario

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  • CANSAT es una competencia internacional impulsada por varias agencias espaciales del mundo -entre ellas, la NASA de Estados Unidos y la ESA de Europa. En nuestro país la organizan el Ministerio de Ciencia y la CONAE.

  • Propone a estudiantes de escuelas secundarias construir una carga útil del tamaño de una lata de gaseosa («can») y lanzarla en un cohete hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro.

  • Está abierta la inscripción hasta el 31 de mayo.

En línea con el Plan Nacional Espacial, que tiene entre sus prioridades realizar actividades de educación y formación, CANSAT Argentina se propone reproducir a escala el proceso por el cual se diseña, construye, prueba, lanza y opera un dispositivo similar a un satélite. Esta será la primera edición nacional que organiza la agencia espacial argentina. Pueden participar alumnas y alumnos de colegios secundarios de todo el país, de 13 a 18 años y no es necesario tener conocimientos previos para inscribirse, ya que se brindará una capacitación destinada a docentes y estudiantes que concursen. Esta les permitirá acceder a los conocimientos, las herramientas y los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. «Nos llena de orgullo llevar adelante en el país la iniciativa CANSAT, que propone despertar vocaciones tempranas científico-tecnológicas al democratizar el acceso a la información satelital» afirmó el ministro Daniel Filmus. “Estamos muy entusiasmados con esta primera edición de CANSAT en Argentina, reforzando las actividades que llevamos a cabo en CONAE, de acercamiento de la actividad espacial a los más jóvenes, tal como venimos haciendo desde hace varios años con nuestro Programa 2Mp (Dos Millones de Pibes)” dijo Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE.

Cómo participar:

Cada grupo de estudiantes deberá conformarse como un equipo de misión espacial, con el objetivo de desarrollar un “CANSAT”. Los equipos supervisados por un/a docente, competirán para avanzar en las distintas etapas y deberán ir entregando pruebas para dar cuenta del desarrollo de sus respectivas cargas útiles. Superada una última etapa de validación se seleccionará a los equipos finalistas de la convocatoria, que tendrán la oportunidad de participar en la campaña de lanzamiento de sus CANSAT y realizar las misiones que diseñaron, con la asistencia de profesionales de la CONAE.  

Para inscripciones consultá los requisitos acá: CANSAT Argentina

Para más información, bases y condiciones visitá: CANSAT

Consultas e informes: [email protected]

Se realizó la primera audiencia pública para debatir los aumentos de tarifas del gas

En la primera de las tres audiencias públicas de esta semana, previas a aumentar las tarifas de electricidad y gas, un tema clave en el acuerdo del gobierno con el FMI y que provoca diferencias internas en el oficialismo, no estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal, ni el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La audiencia pública que sirvió para que el gobierno nacional explicite cómo evolucionará el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) a partir de junio, se realizó ayer martes a la mañana. El dato más significativo fue la ausencia de los principales referentes políticos del área energética del gobierno. Por eso, la audiencia fue llevada adelante por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, pero ni su jefe directo, el secretario de Energía, Darío Martínez, ni ningún otro funcionario de ese nivel o superior. La audiencia tuvo 39 expositores y los principales oradores fueron miembros de las asociaciones de consumidores y los referentes municipales, que rechazaron la próxima suba de tarifas propuesta por el gobierno, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En su participación sobre las tarifas señaló que “no es un momento oportuno para más aumentos. Los sectores más desprotegidos no podrían resistirlo ni tampoco los sectores medios. Resulta necesario postergar los aumentos tarifarios porque tendría secuelas duras en los postergados, los trabajadores, las pymes y las entidades de bien público”.

Tarifa social y sectores medios

La subsecretaria de Hidrocarburos explicó en la introducción que realizó en el inicio de la audiencia que los beneficiarios de la tarifa social “tendrán un cero por ciento de incremento en las facturas”, y para los usuarios sin tarifa social “el aumento será del orden del 20 por ciento«. Maggie Videla Oporto explicó cuánto pagará en las tarifas finales un usuario residencial promedio sin tarifa social (R31) de distintas zonas del país, según sus últimas facturas. Con este aumento propuesto por el gobierno, un usuario residencial promedio de la zona centro del país que recibió una factura de gas sin impuestos de $ 2.029 pasará a pagar a partir del 1° de junio $ 2.393 (una diferencia de $ 364) En la zona centro este del país, una factura de $ 2.008 pasará a $ 2.378 ($ 370). Para un usuario residencial del noroeste, sin tarifa social, que recibió en marzo una factura de $ 1.151, este monto se le elevará a $ 1.402 ($ 251) y para un usuario del sur del país, que hoy abona $ 2.112 $, su factura se elevará a $ 2.651 ($ 539).

Otras voces

Por su parte, Daniel Martini, director ejecutivo de ADIGAS (Asociación de Distribuidores de Gas), indicó que “las distribuidoras son las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público, por esos debe garantizarse que la segmentación tarifaria, siendo una prerrogativa del Estado, no las perjudique con su implementación. Por ejemplo, estableciendo el pago a los productores a través de declaraciones juradas que relacionen volúmenes de gas PIST con su precio, asegurando así el derecho contractual de las distribuidoras a la neutralidad económica”. En tanto, la única voz del espacio opositor de Juntos por el Cambio fue la de la diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre, que señaló: “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios’. Las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.

«Dimos un paso histórico para que en Argentina el cannabis medicinal sea de calidad, legal y accesible»

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  • La investigadora del CONICET Silvia Kochen habla de las implicancias del marco regulatorio establecido por la ley nacional.

La Cámara de Diputados aprobó el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que ya tenía media sanción del Senado. De esta manera, quedó creada la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Este organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, y tendrá como función regular –entre otras– la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales. Este marco regulatorio era una de las cuentas pendientes que la Red de Cannabis Medicinal (RACME) del CONICET venía señalando en cada uno de sus plenarios, que se celebran desde fines de 2019 y tienen como fin trabajar en torno a todas las cuestiones concernientes a los usos científicos del cannabis medicinal. La RACME fue parte, incluso, del proceso de elaboración de esta nueva ley, impulsada en junio de 2020 por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un acto en cuya presentación estuvo presente la presidenta del CONICET Ana Franchi. “Estamos muy contentos con esta ley que se acaba de sancionar, porque es una manera de complementar la ley que tenemos vigente hoy, que ha dejado un montón de espacios sin resolver. En el pasado teníamos situaciones que nos dejaban casi en una condición de ilegalidad en torno a la planta, pero creemos que esta ley va a permitir que comiencen a resolverse”, explica la investigadora Silvia Kochen, coordinadora de la RACME, un espacio conformado por científicos y científicas, funcionarios, funcionarias y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en comisiones para materializar avances en torno a todos los temas relevantes atinentes al cannabis medicinal y la Ley 27.350 que regula su uso en Argentina. “La RACME estuvo trabajando mucho en el contenido de esta ley”, señala Kochen, quien de hecho participó de la discusión en torno a la reglamentación que se celebró el año pasado en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación.  
El desafío nuestro es cómo logramos la calidad, la legalidad y además la accesibilidad al cannabis medicinal
Para Kochen, la sanción de esta ley significa que “quienes trabajamos en torno al cannabis medicinal al fin vamos a comenzar a estar en una situación diferente. Aunque todavía tenemos un gran trabajo aun por hacer con grandes desafíos, para no repetir experiencias malas de otros países: en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados donde es legal el uso del cannabis, los precios del cannabis son elevadísimos. Es decir que la gente tiene libertad para usar cannabis, pero solo acceden quienes tienen mucho dinero. El desafío nuestro es cómo logramos la calidad, la legalidad y además la accesibilidad al cannabis medicinal”, asegura Kochen. Por último, la investigadora vislumbra que “esta nueva reglamentación va a generar nuevos horizontes para iniciar investigaciones que demuestren la seguridad y la evidencia en distintas patologías, hacer investigaciones en modelos experimentales, avanzar en las genéticas de la planta con las particularidades de nuestro país y consolidar la producción, tanto en el caso de las ONG, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, como en los grandes laboratorios farmacéuticos”. Cabe destacar que, según los fundamentos de la ley aprobada, “la ARICCAME tendrá a su cargo la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado y habilitado en los términos de la ley vigente y la reglamentación”. En la ARICCAME participará CONICET. Asimismo, la ley sancionada contempla la creación del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Crearán en la Patagonia una Mesa Integral del Hidrógeno para desarrollar este negocio

En la última sesión del Parlamento Patagónico, los legisladores aprobaron crear una Mesa Integral del Hidrógeno que permita debatir y formular políticas conjuntas, para promover la investigación, desarrollo, uso y aprovechamiento del hidrógeno en la Patagonia.

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El proyecto fue debatido en las comisiones y contó con la adhesión de todos los legisladores. “El hidrógeno es el futuro de la energía, especialmente para la Patagonia. Las distintas provincias están teniendo sus iniciativas y Santa cruz tiene una planta que data del 2010. Es una de las primeras de la Patagonia y hace poco sabemos todo el desarrollo que tuvo Río Negro con esta iniciativa”, sostuvo Gabriel Oliva, diputado provincial de Santa Cruz.
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“El hidrógeno está destinado a ser la descarbonización de la economía y parte de la transición energética. Argentina se ha prometido reducir 27% las emisiones de carbono para el 2030 y ser neutrales de carbono para el 2050. El mundo está buscando estas fuentes energéticas que no impliquen gases de efecto invernadero. Tenemos mucho para cooperar en cuestiones estratégicas por lo que todas las provincias deberían tener un proyecto en común y colaborar en lo tecnológico en lo científico y también en lo normativo porque todo esto requiere de discusiones y como se van a utilizar cómo se van a usar nuestros recursos. Es una oportunidad para que la región se de una estrategia importante”, destacó.
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Asimismo, la legisladora provincial de Río Negro, Adriana del Agua, aseveró que las provincias tienen recursos naturales que ayudan a la producción de hidrógeno y resaltó las cualidades del proyecto de Fortescue. “Las tierras van a ser concesionadas, no van a ser cedidas, y tendrán un órgano de control que estará integrado con Sierra Grande. Todos los bloques votaron a favor y eso quiere decir que, más allá de las posiciones ideológicas que tenemos, nos podemos poner de acuerdo pensando en el futuro para mitigar el cambio climático y que todos podamos vivir mejor”, subrayó y propuso que cada provincia pueda conformar una mesa de trabajo.
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Asimismo, ponderó que la inversión que realizará Fortescue es comparable con las inversiones que recibe Vaca Muerta. “Hay que utilizar la experiencia de Río Negro donde se van a generar 15 mil empleos de forma directa y 45 mil de forma indirecta. Eso es lo que va a cambiar a la Patagonia y tenemos que pensar en una educación que enriquezca a la producción y a la industria que nos va a permitir ser un poco más competitivos con los demás países”, consideró.