La iniciativa surgió de un programa del Ministercio de Ciencia de Córdoba, denominada CovidLab, que durante el año 2020 se orientó a promover un laboratorio de ideas para ofrecer soluciones en el marco de la pandemia del Covid 19.
De esta manera, se alcanza un resultado específico y efectivo, a partir de la interacción del sistema científico provincial, actores del sector privado y la activa participación del Estado como articulador de soluciones a demandas puntuales de la sociedad.
?? PRESENTAN UN DISPOSITIVO CON RADIACIÓN UVC QUE DISMINUYE LA CARGA VIRAL ?
— CEPROCOR (@CEPROCOR) July 7, 2021
Se trata de un dispositivo que utiliza tecnología de radiación ultravioleta, con longitud de onda tipo C para el tratamiento de materiales, productos, herramientas y demás elementos en las industrias. pic.twitter.com/TYWQpUdKMM
En los años posteriores a la l Guerra Mundial, en octubre de 1927, el Estado nacional fundó la Fábrica Militar de Aviones (FMA), la primera en su tipo de toda Latinoamérica. Luego, en 1941, creó la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM); en 1953 fundó Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE).
La creación de estas tres empresas, cada una pensada para fabricar en nuestro país la mayoría de los insumos y materiales de guerra críticos para la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada -fuerzas de las cuales dependían estos polos productivos respectivamente- permitió sustituir importaciones; reducir la fuga de divisas; minimizar la dependencia de otras naciones en cuanto al autoabastecimiento de armamentos; generar miles de puestos de empleo calificados; desarrollar cientos de proveedores locales de capital privado que fueron apalancados en su crecimiento al participar de los grandes proyectos industriales que llevaban a cabo la FMA, la DGFM y AFNE; generar ingresos a partir de exportaciones de productos, insumos y sistemas de armas complejos (cohetes, aeronaves, etc.); entre otros beneficios que trajo aparejado hacer un uso estratégico del Poder de Compra del Estado, fomentando el desarrollo tecnológico e industrial argentino.
A mediados del siglo pasado, las plantas productivas de la FMA, DGFM y AFNE agrupaban más de 60.000 trabajadores en forma directa y casi el doble de empleos indirectos a través de sus respectivas redes de proveedores locales.
Lamentablemente, desde aquella época, en la cual el Estado nacional contaba con funcionarios que administraban con idoneidad profesional, visión de largo plazo y honestidad, se fueron sucediendo gobiernos con políticas pendulares entre un extremo donde el todo debía ser estatizado a otro donde todo debía quedar en manos de capitales privados, ya fueran locales o extranjeros, sumado a las cíclicas crisis económico-financieras, variables que confluyeron en una virtual desarticulación y pérdida de capacidades científico-tecnológicas e industriales.
Así, de los más de diez mil empleados que trabajaban en la FMA en la década de 1950 se pasó a los casi 900 de la actualidad; la DGFM tenía 14 plantas en todo el país y hoy tiene sólo 5 y con apenas un 10% de los trabajadores que supo tener; mientras que AFNE fue transferido a la Provincia de Buenos Aires y ahora se denomina “Astillero Río Santiago” (ARS).
Al presente, del Ministerio de Defensa dependen la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Astillero TANDANOR y el Almirante Storni (integrados en el Complejo Industrial Naval Argentino – CINAR) y Fabricaciones Militares (FM), los cuales en su conjunto representan unos 3.500 empleos en forma directa.
En el sector privado, de las cientos de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que integraron la Industria de Defensa y surgieron a partir de los proyectos estratégicos que desarrollaban la FMA, AFNE y DGFM así como también de otras áreas del Estado que impulsaron con visión estratégica el desarrollo de la Aviación Civil y Comercial, de la flota y la marina mercante, etc., gran parte de ellas debió cerrar sus plantas de producción. A modo de ejemplo podemos citar los casos de RACA, CHINCUL y AERO BOERO, que fabricaban en serie helicópteros y aviones tanto para las Fuerzas Armadas como para clientes civiles, públicos o privados, locales o extranjeros.
Una Ley de Producción
Contar con una “Ley de Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción para la Defensa” permitiría establecer un horizonte de previsibilidad, a largo plazo, sobre lo que el Estado nacional considera que serán sus prioridades en cuanto a fomentar el desarrollo tecnológico y productivo para fortalecer la Defensa, entendiendo a ésta como no sólo el aspecto militar/bélico sino también aquellos otros contribuyentes al Potencial Nacional y la Movilización en caso de conflicto.
Entre los sectores contribuyentes a la Defensa Nacional podemos citar a las Fuerzas de Seguridad federales (Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria); la aviación civil y comercial; los ferrocarriles; puertos y vías navegables; combustibles; energía; ciencia y tecnología; industria; etc.
La Ley propuesta permitiría consolidar una Base Industrial de la Defensa Argentina (BIDA) que permita no sólo satisfacer los requerimientos operativos de nuestras Fuerzas Armadas sino también de otros países.
En las siguientes líneas se exponen los principales aspectos que deberían ser contemplados en la futura Ley, a saber:
16. Las ENED y proveedores de SIPE no tributarían IVA ni cargas patronales los primeros diez años desde su alta en el RBIDA.
Las ENED y proveedores de SIPE tendrían facilidades para pedir créditos de entidades financieras públicas y privadas, argentinas y extranjeras; para la asignación de presupuestos plurianuales (hasta 20 años) en I+D+i, Mantenimiento, Modernización y Producción; garantías de exportación; etc.
17. El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior brindarían créditos y garantías para inversiones en bienes de capital, facilitar exportaciones, etc., a las ENED y proveedoras de SIPE.
Las ENED y proveedores de SIPE tendrían un canal específico para trámites aduaneros y comercio exterior, ágil en plazos y reducida carga administrativa.
18. Las importaciones (temporales o permanentes) realizadas por ENED o proveedores de SIPE para mantenimiento, modernización y/o agregado de valor para una ulterior exportación no tendrían costos impositivos ni aduaneros.
19. Las exportaciones (temporales o permanentes) de SIPE no tributarían impuestos ni retenciones de ningún tipo los primeros diez años.
20. Las ENED y proveedores de SIPE podrían exportar su producción a cualquier cliente -sea persona física, jurídica, nacional o extranjera- excepto que se trate de una organización no gubernamental o un país con sanciones/embargos dispuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si el Gobierno argentino no aprobara una exportación no impedida por la ONU debería abonar el importe del contrato a la ENED o proveedor de SIPE y recibir los SIPE.
21. Las empresas estatales ARSAT, CEATSA, INVAP, VENG, IMPSA, FAE, YPF, Y-TEC, Aerolíneas Argentinas, FAdeA, Fabricaciones Militares, Astillero Río Santiago, Almirante Storni y Tandanor, entre otras, serían consideradas ENED.
22. El Astillero Río Santiago sería conveniente que vuela a la órbita del Estado nacional y se integre al CINAR, lo cual redundaría en mejor coordinación, eficiencia presupuestaria y no duplicar capacidades productivas.
23. FAdeA, Fabricaciones Militares y los Astilleros del CINAR podrían explotar y comercializar, en el mercado doméstico y global, las capacidades tecnológicas y productivas ociosas de las Áreas de Material, Grupos Técnicos, Arsenales, Talleres y demás unidades técnicas de las FFAA. En tal caso, deberían abonar horas extras, viáticos, etc., al personal civil y militar de dichas unidades y un canon a las FFAA para amortizar el desgaste de máquinas, instalaciones, etc.
24. Las empresas privadas FixView, Redimec, Seabury, Cicaré, Prodismo, División Turbos, Aviodinámica, MBA, Ascentio, DTA, Satellogic, Astilleros BIM, SPI, Proios, Bersa, Mecatrol, Globant, Mercado Libre, entre otras, serían ENED.
25. Las ENED y proveedores de SIPE tendrían apoyo de los organismos estatales (INTI, ANAC, DGAMC, etc.) responsables de homologar y certificar SIPE; para lo cual dispondrían de la mayor diligencia administrativa a fin de realizar las pruebas y validaciones internacionales en el menor tiempo posible y tendrían exención arancelaria/tributaria para SIPE destinados a la Defensa.
26. El MINDEF, junto a los Ministerios de Producción y de Relaciones Exteriores, coordinarían esfuerzos y presupuesto para promocionar y exportar SIPE.
27. Se debería potenciar la articulación entre el Sector Académico (universidades y organismos científico-técnicos); las Empresas (públicas y privadas) y el Estado, para un uso más eficiente y estratégico del Poder de Compra gubernamental. Las contrataciones entre los actores citados precedentemente con la finalidad de desarrollar y/o producir un SIPE estarían exentas de impuestos nacionales.
28. Se fomentaría la radicación en Argentina de empresas extranjeras dedicadas a la Defensa, otorgándoles -los primeros diez años desde su inicio de actividad productiva- beneficios patronales e impositivos de hasta un 50% respecto a los previstos para las empresas estatales y privadas de capitales argentinos, cuando su producción implique al menos un 50% de agregado de valor local.
El Estado, a través de sus Ministerios, Agencias o Empresas, exigiría offsets tecnológicos, industriales y/o comerciales (en ese orden) a las empresas extranjeras contratadas para proveer SIPE a fin de consolidar el dominio de tecnologías sensitivas y procesos industriales en Argentina.
29. El Estado, a través de sus Ministerios, Agencias o Empresas, podría constituir joint ventures con empresas argentinas y/o extranjeras y acordar un canon o royaltie por la venta a terceros de SIPE desarrollados y/o producidos en nuestro país; el uso de las capacidades ociosas de dependencias públicas; etc.
Conclusiones
La realidad demuestra que los países que más apoyaron el desarrollo de su Industria de Defensa en forma sostenida son los que poseen mayor autonomía en el autoabastecimiento de sistemas de armas críticos para sus Fuerzas Armadas.
Asimismo, esos países -entre los cuales podemos citar a EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, China, Corea del Sur, Turquía, Israel- entendieron el rol estratégico que debe cumplir el gobierno nacional como “arquitecto” que planifica, orienta y apalanca, a través de una verdadera Política de Estado y su Poder de Compra, el desarrollo tecnológico e industrial, fomentando la participación del sector privado a partir de un adecuado marco jurídico.
A fin de dar una idea de los números en juego, digamos que la tonelada de un auto tiene un valor próximo a 10.000 dólares, en tanto que la tonelada de un avión de combate ronda los U$S 10 millones y la de un satélite 100 millones de dólares. Durante el año 2018, España registró 400 empresas y 55.000 puestos de trabajo en su Industria de Defensa, con una facturación superior a U$S 12.000 millones, de los cuales 10.000 correspondieron a exportaciones.
Estos datos permiten demostrar que la base tecnológica e industrial española no sólo creció a partir de la demanda doméstica sino que gracias al apoyo del Estado pudo convertirse gradualmente en el séptimo exportador mundial de armas, generando más puestos de empleo calificados, mayor ingreso de divisas, potenciando las capacidades militares de sus Fuerzas Armadas y la capacidad de influencia internacional de su país a partir de su rol como proveedor de armas.
Es necesario destacar que los desarrollos tecnológicos para las FFAA generalmente tienen aplicaciones duales, civiles y militares, por lo que el apoyo gubernamental a la Industria de Defensa deriva en múltiples externalidades, apalancando otros sectores de la economía, con los beneficios que conlleva.
Con respecto a Argentina, en el año 2004, el Estado decidió apostar al desarrollo tecnológico y productivo nacional para incorporar radares y así controlar nuestro espacio aéreo. De este modo, utilizando estratégicamente el poder de compra del Estado, INVAP comenzó a desarrollar radares de diversos tipos (primarios y secundarios, tridimensionales y meteorológicos, etc.) a partir de un contrato con el MINDEF. Casi quince años más tarde, el pasado mes de mayo, INVAP concretó la primera exportación de radares por casi U$S 50 millones.
Para quien crea que las medidas planteadas en esta propuesta de Ley de Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción para la Defensa son utópicas, basta recordar las pautas establecidas en la ley Nº 11.378 de 1926 sobre Renovación de Material Naval; la Ley N° 12.709 de 1941 que creó la Dirección General de Fabricaciones Militares; la Ley Nº 18.875 de 1970 sobre la utilización del Poder de Compra del Estado nacional; la Ley N° 19.831 de 1972 sobre Promoción de la Industria Naval; la Ley N° 27.208 de 2015 sobre Desarrollo de la Industria Satelital; la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores; entre otras normas.
Entre las décadas de 1950 y 1970 la Argentina llegó a diseñar y fabricar cohetes y misiles; aviones de combate; tanques y vehículos militares; corbetas, destructores, buques de transporte y desembarco anfibio; sistemas de armas de artillería e infantería; bombas y municiones de todo tipo; logrando una autonomía casi total en materia de autoabastecimiento de armamentos y equipos para la Defensa.
Los vaivenes de la política y el desinterés de la mayoría de los gobiernos, de todos los particos políticos, que se sucedieron en las últimas cuatro décadas prácticamente destruyeron el entramado de empresas e instituciones, públicas y privadas, que tanto dinero, tiempo y esfuerzo costó desarrollar para contar con una Base Industrial de la Defensa Argentina.
Es responsabilidad de los funcionarios políticos, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, fomentar e implementar las medidas necesarias para brindar un horizonte que permita planificar a largo plazo, potenciando la sinergia del trabajo coordinado entre el Estado y el Sector Privado, para que volvamos a desarrollar una Industria de Defensa eficiente, innovadora y competitiva.
