Un simulacro de plan de ciencia

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El Gobierno publicó sus Lineamientos Estratégicos en Innovación, Ciencia y Tecnología 2025-2027 mediante una resolución en el Boletín Oficial del 30 de octubre pasado. Esta hoja de ruta no incluye un diagnóstico sobre fortalezas u oportunidades del sector, ni tampoco metas que puedan ser medidas con indicadores sobre cómo lograr mejoras o de vinculación con el sector productivo. De todas formas, el documento sí puede ser claro en cuanto a las áreas del conocimiento que, por ejemplo, omite. Así, aunque no haya metas claras o financiamiento para la agroindustria, sí se plantea un interés, sobre el tema, algo que no ocurre con otras sistemáticamente atacas por el Gobierno, como las ciencias sociales.

El año pasado, la Jefatura de Gabinete había presentado lo que llamaban un Plan Estratégico 2024-2025, que no era más que una serie de generalidades como conectar más la ciencia con el sector productivo, fomentar a los emprendedores y bajar la burocracia usando herramientas de inteligencia artificial. De estos objetivos, ninguno fue cumplido ya que la principal política del Gobierno para la ciencia fue el desfinancimiento de proyectos y la falta de instrumentos para encarar nuevas investigaciones, inclusive en las áreas en las que demuestran interés.

El nuevo plan de lineamientos también es una lista de generalidades y su objetivo es cumplir con la implementación de la ley del Plan Estratégico en Innovación, Ciencia y Tecnología 2030 aprobado en 2023. Las áreas estratégicas promovidas serán: Agroindustria, Energía y Minería, Economía del Conocimiento e Innovación y Salud. El nuevo documento identifica algunas tecnologías transversales para su desarrollo en el país: Inteligencia Artificial, Biotecnología y Nanotecnología, Tecnología Espacial y Satelital, y Tecnologías de la Información y Comunicación. También menciona cuatro áreas del conocimiento: Ciencias Agrarias, de Ingeniería y Materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Sociales y Humanidades.

«Leés este plan y no sabes qué ideología hay atrás, si es de un país desarrollado o en desarrollo, no hay instituciones, no hay diagnóstico, posición en la política internacional, nada», dice Hurtado.

Las 19 páginas del documento solo se dedican a definir qué se entiende por cada uno de estos conceptos. Llama la atención que en ningún momento se mencionen siquiera a las instituciones del sistema nacional de innovación, como el CONICET, las universidades nacionales o instituciones como el INTI, el INTA, o la CNEA.

El documento tiene solo la firma del subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo, expresidente del organismo de la gestión de autopistas de la ciudad de Buenos Aires (AUSA), y encargado del plan de privatización de autopistas nacionales. También es un colaborador de Diego Santilli, por lo que este jueves presentó su renuncia para, seguramente, ir a asistirlo en su nuevo rol de Ministro del Interior.

En contraposición a estos lineamientos, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 es un documento de 174 páginas en el que se identifican oportunidades de desarrollo, capacidades en las diferentes provincias y metas a cumplir con plazos concretos y medibles, con un extenso trabajo previo con énfasis en lo federal y territorial, y con  instrumentos de financiación concretos. El impulsor de este documento fue el secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado. Hurtado dijo: “Hace unos meses, el secretario de Ciencia, Dario Genua, publicó en X lo que él llamó un plan estratégico. Me pareció una vergüenza que él pudiera creer que una carilla y media de vaguedades pudiera ser un plan estratégico solo porque le puso ese título. Sin metas, sin plazos, solo define áreas. Eso es algo que escribe alguien en una servilleta cuando tiene un rato libre y piensa a qué líneas se podría favorecer. Eso habla de cierta ineptitud e incomprensión de qué significa un plan estratégico”. En intercambios por la red social, tanto Diego Hurtado, como el titular del MINCYT Roberto Salvarezza le aclararon que ya había un plan estratégico, a lo que Genua respondió que le parecía horrible. En ese momento le fue aclarado que, aunque no le gustara, era una ley y debía cumplirse y no volvió a hablar del tema hasta la publicación de esta resolución.

El documento tiene solo la firma del subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo, expresidente del organismo de la gestión de autopistas de la ciudad de Buenos Aires (AUSA), y encargado del plan de privatización de autopistas nacionales.

“En este documento vuelve a aparecer lo mismo que en esa carilla y media que ya habían publicado: puras generalidades. Da vergüenza ajena y hace pensar que esta gente nunca leyó un plan estratégico, ni el Plan Argentina Innovadora 2020, ni el Plan Bicentenario 2020-2030, ni el Plan Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. No sé si lo escribieron exclusivamente con inteligencia artificial pero hay mucha presencia de eso y poco de trabajo propio. Leés este plan y no sabes qué ideología hay atrás, si es de un país desarrollado o en desarrollo, no hay instituciones, no hay diagnóstico, posición en la política internacional, nada. El plan siempre empieza con un diagnóstico para saber de dónde se parte y después las líneas estratégicas y a partir de eso los instrumentos, los plazos, las metas”, dijo Hurtado.

Este plan tampoco tuvo una presentación formal por parte de los funcionarios, ni siquiera una mención en redes sociales, solo su publicación en el Boletín Oficial. Entre el año 2023 y 2024 la función Ciencia y Técnica del Presupuesto nacional tuvo una caída del 30% y el estimado para este año da una caída del 47%, por lo que hay pocos argumentos para afirmar que este plan estratégico pueda fomentar el desarrollo de alguna de las áreas del conocimiento de las que habla.

“Esto es parecido a lo que pasó cuando (Lino) Barañao fue primero ministro de Macri, y luego degradado a secretario, cuando decía que iban a fortalecer empresas de base tecnológica y el ecosistema empresarial mientras el ministro de Producción implementaba políticas que destruían decenas de miles de pymes. Pero el nivel de destrucción de pymes y capacidades industriales hoy es más acelerado que durante el macrismo. El plan estratégico tiene que ser puesto en función de las políticas, en su contexto. A menos que quieras hacer un plan solo para favorecer a dos o tres empresas amigas, pero eso no es un plan estratégico, es un Estado predatorio patrimonialista, que es lo que está haciendo Genua”, explicó Hurtado.

Y finalizó: “Negar la inversión pública en ciencia y tecnología es negar la posibilidad de que tu país tenga desarrollo económico. También hay que enfocarse en el nivel de los funcionarios: vamos por la segunda generación de funcionarios en todas la áreas en este Gobierno. El segundo presidente del INTA, un tipo que viene del lobby de siembra directa, APRESID, el segundo del INTI, y la segunda presidenta de la Agencia I+D+i, donde la primera renunció porque dijo que no estaba acostumbrada a no hacer nada”.

Matías Alonso

Inteligencia Artificial: la inadecuada gestión de riesgos en América Latina

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La paradoja se repite en toda la región: mientras la innovación avanza con fuerza, la gestión de riesgos queda en segundo plano. Expertos de OCP TECH advierten que las amenazas invisibles de la inteligencia artificial podrían poner en jaque el futuro digital de Latinoamérica si no se cambia el rumbo.

La inteligencia artificial generativa se expande en la región, pero lo hace en medio de contradicciones preocupantes. Un análisis de OCP TECH, basado en estudios de NTT DATA y Kaspersky, mostró que el 86% de las empresas ya usa soluciones de IA, aunque el 81% percibe estas herramientas como una amenaza cada vez mayor por su vínculo con ciberataques potenciados por la propia tecnología.

Este escenario deja en evidencia los riesgos ocultos de la inteligencia artificial, un fenómeno que requiere atención urgente.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial en un crecimiento con bases frágiles

El mercado latinoamericano de inteligencia artificial tuvo un valor de US$ 4.710 millones en 2024 y, según IMARC Group, se proyecta que alcance los US$ 30.200 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual del 22,9 % entre 2025 y 2033.

“El crecimiento es innegable, pero también lo es la fragilidad con la que muchas empresas están adoptando estas tecnologías. Sin una estrategia sólida de gestión de riesgos, existe la alta posibilidad de enfrentar crisis sistémicas que podrían frenar el progreso de toda la región”, advirtió Ricardo Barragán, ingeniero de Preventas en OCP TECH.

Entre los datos más alarmantes de los que habla OCP Tech, se destacan:

  • Solo el 35% de las compañías que adoptan IA tiene protocolos específicos de ciberseguridad (WTW).
  • El 60% carece de sistemas de backups especializados para datos procesados por IA.
  • El 70% del personal que opera estas soluciones nunca recibió capacitación en riesgos de seguridad.
  • Apenas el 25% cuenta con monitoreo en tiempo real para detectar anomalías.

La velocidad en la adopción tecnológica expone así una contradicción de fondo: el avance se consolida sobre bases débiles, lo que potencia las amenazas invisibles de la inteligencia artificial.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial y liderazgo fragmentado en la región

El análisis de OCP TECH también resaltó que los países de la región muestran diferencias marcadas en la manera en que avanzan con la IA.

Perú aparece como líder regulatorio tras convertirse en el primer país en aprobar leyes específicas sobre esta tecnología. Se estima que la inversión en TI con IA se triplicará en 2025, aunque fuera de Lima aún persisten grandes dificultades de infraestructura digital.

  • Colombia figura entre los tres primeros en inversión empresarial en IA, con un 53% de compañías que destinan recursos a la formación de talento, según SAP y la Revista Factor de Éxito. Ecopetrol, por ejemplo, invirtió US$8 millones en proyectos de IA como parte de su estrategia de innovación.
  • Ecuador muestra un rezago importante: el gasto en IA no supera el 1% del presupuesto tecnológico de sus empresas, quedando muy por debajo del promedio regional.
  • Panamá, en cambio, proyecta un crecimiento destacado (CAGR del 26.8% hasta 2025, según IDC), aunque enfrenta una fuerte dependencia del talento extranjero, ya que el 70% de los especialistas proviene del exterior.

Durante el primer trimestre de 2025, en la región se concretaron más de 30 rondas de inversión en IA por un total de US$200 millones, mientras a nivel global el ritmo de acuerdos se desaceleró con 2.101 operaciones. Aun con este contexto, un estudio de EPAM indicó que las compañías planean elevar su inversión en IA un 14% interanual en 2025, lo que refleja un compromiso sostenido pese a las vulnerabilidades.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial en sectores estratégicos

Según NTT DATA, el 72% de las empresas latinoamericanas todavía se encuentra en etapas iniciales de adopción, mientras que más del 43% da sus primeros pasos en implementaciones concretas.

“Hemos documentado casos en los que la adopción apresurada de IA ha generado vulnerabilidades críticas. Una institución financiera en Colombia expuso datos de más de 100.000 clientes por no cifrar adecuadamente su sistema de IA, y una cadena de retail en Perú divulgó información sensible a través de un chatbot mal configurado”, advirtieron especialistas de OCP TECH.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial confirmó estas diferencias: Perú se mantiene firme en lo regulatorio, mientras Ecuador y Panamá obtienen las calificaciones más bajas en políticas específicas.

En paralelo, la OWASP publicó en 2024 el Top 10 de riesgos asociados a los modelos de lenguaje (LLMs). Entre ellos aparecen:

  • Prompt Injection (inyección de instrucciones maliciosas).
  • Data Leakage (filtración de datos sensibles).
  • Model Denial of Service (saturación deliberada de modelos).
  • Overreliance (confianza ciega en los resultados).
  • Insecure Output Handling (manejo inseguro de las respuestas).

“La mayoría de las organizaciones en Latinoamérica aún no cuenta con marcos de seguridad alineados con estas amenazas emergentes. El desconocimiento o subestimación de estos riesgos podría dejar a muchas expuestas a ataques no tradicionales, difíciles de mitigar con herramientas convencionales”, remarcó Barragán.

Amenazas invisibles de la inteligencia artificial y recomendaciones urgentes

Con su experiencia en implementaciones corporativas, Barragán sugirió cinco medidas inmediatas para frenar las amenazas invisibles de la inteligencia artificial:

  1. Diseñar marcos de ciberseguridad específicos para IA antes de avanzar en mayor escala.
  2. Impulsar el desarrollo de talento local con programas universitarios y alianzas público-privadas.
  3. Crear marcos regulatorios armonizados en la región que permitan innovar de forma segura.
  4. Fortalecer la infraestructura digital para procesar grandes volúmenes de datos.
  5. Estimular la colaboración entre gobiernos, empresas y universidades en buenas prácticas.

“Latinoamérica enfrenta una ventana de oportunidad única para posicionarse como líder global en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Pero ese liderazgo solo será posible si equilibramos velocidad con seguridad. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si consolidamos nuestro potencial o dejamos que estas brechas se conviertan en crisis irreversibles”, concluyó el especialista.

La región avanza en innovación y busca consolidar su lugar en el mapa mundial, aunque las amenazas invisibles de la inteligencia artificial marcan el límite entre progreso y vulnerabilidad. El futuro dependerá de cómo se aborden la ciberseguridad, el talento y la regulación.

Tomás Modini

Neuquén quiere cobrar las regalías de petróleo y gas en especie

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ratificó la continuidad del ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, en el nuevo gabinete que presentará en diciembre para encarar sus últimos dos años de gestión. Dijo que buscará darle otra “centralidad”, con un mayor protagonismo para las empresas públicas bajo su órbita como Gas y Petróleo (GyP) e Hidenesa, y lo relevará de las áreas de Ambiente, Recursos Naturales y Recursos Hídricos que hoy tiene bajo su órbita.

Esta readecuación de un ministerio clave para Vaca Muerta y la relación con las operadoras que actúan en la provincia apunta, además, a un objetivo de mediano y largo plazo: profundizar el cobro de regalías en especie, algo que ya se empezó a ensayar con las nuevas concesiones de explotación no convencional (Cench) negociadas por Medele y otorgadas por Figueroa.

“Estamos pensando en la apropiación de la renta petrolera, en apropiarnos también de las regalías, pero en administrar la energía porque la energía va a ser clave para el desarrollo de Neuquén”, adelantó el gobernador.

Apuesta disruptiva

En términos de diseño, la idea que motoriza la gobernación es creativa. Y su ejecución, aun en etapa muy germinal, se presenta como ambiciosa. La provincia es el mayor productor de gas natural y uno de los dos mayores generadores de electricidad. Pero pese a ser el principal pulmón de la oferta energética del país, los hogares, comercios e industrias de Neuquén pagan los mismos precios mayoristas de la electricidad y del gas natural por criterios federales que regulan el Sistema de Interconexión (SADI) y determinan las tarifas eléctricas en todo el país.

La iniciativa que impulsa Figueroa apunta a poner en valor esa condición de ser el mayor proveedor de energía del país y tener acceso al recurso gasífero y al hidroeléctrico.

El cobro en especie de parte de las regalías gasíferas e hidroeléctricas es condición necesaria para edificar la estrategia neuquina, que aguas abajo de esa instancia aspira, por un lado, a potenciar el rol de Gas y Petróleo (GyP), la empresa provincial de hidrocarburos, para que a futuro pueda desempeñarse como trader (comercializador) de energía. Y, por el otro, a robustecer el porfolio de tareas de Hidenesa, viabilizando expansiones por unos 1000 kilómetros (Km) de las redes de distribución de gas, y también de Epen, la empresa estatal de electricidad.

Trader de energía

Fuentes provinciales indicaron que, en el nuevo esquema que diseña la gobernación, GyP, una vehículo societario que Figueroa apunta a reposicionar dinamizando su estructura operativa, que hasta ahora estuvo limitada a ser un socio minoritario no capitalista (en carry) de concesionarios privados de Vaca Muerta, se encargaría de comercializar el gas natural que la provincia reciba en especie (regalía) de parte de las empresas productoras.

Con ese gas se garantizaría, en primer término, el acceso al recurso hidrocarbuífero para ampliar la redes de distribución de Hidenesa, que en el tiempo permitiría también reemplazar el consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que hoy se utiliza para cubrir la demanda en varias localidades del interior neuquino. Ese propano y butano (GLP) es mucho más caro que el gas natural (metano), por lo que su consumo debe ser subsidiado por el Estado provincial.

Nueva regulación para ampliar redes

A nivel nacional el Ente Regulador del Gas (Enargas) trabaja en una nueva regulación para incentivar y viabilizar, por primera vez en 20 años, la ampliación de las redes existentes de gas natural.

El Ministerio de Energía de Neuquén está al tanto de la normativa que prepara el organismo que dirige Carlos Casares. “Hay que agilizar los trámites burocráticos para aprobar obras de ampliación en las redes de gas. En las últimas décadas no se logró expandirlas por falta del recurso (porque la producción de gas natural era declinante) y porque las tarifas estaban atrasadas o directamente congeladas. Pero hoy esos dos elementos son parte del pasado: sobra gas natural la mayor parte del año y las tarifas son las que deben ser”, explicaron allegados al Enargas. “Tenemos que lograr que las distribuidoras o subdistribuidoras (como Hidenesa) tengan las condiciones regulatorias y económicas para invertir”, agregaron.

Hacia adelante, la idea de Figueroa es que GyP pueda convertirse en un trader que contribuya a favorecer la radicación de industrias y complejos productivos a partir del suministro de gas y electricidad a precios preferenciales.

Regalías en especie

Figueroa lo puso en estos términos: “Nosotros vamos a un horizonte tanto con las represas hidroeléctricas, como con el gas y el petróleo, donde queremos comenzar en algún momento a cobrar en especie todo. Queremos nosotros ser los jefes de cómo vamos a cobrar eso y poder promocionar algunas actividades dentro de la provincia”, planteó. Y dio como ejemplo el turismo, con determinados cupos de consumo para hoteles, y algunas industrias como los frigoríficos.

“Cuando pegamos estos saltos de regalías (que se cobran sobre la producción, que aumentó fuertemente en los últimos años), nosotros tenemos que ir ya a hacer la infraestructura. Pero una vez que cubramos la infraestructura, eso lo tenemos que cobrar en especie para nosotros apropiarnos y comenzar a trabajar como una empresa, en este caso GyP, para comprar y vender”, afirmó.

El mandatario neuquino ratificó que Hidenesa “va a cumplir otros roles”. “Ya está haciendo gasoductos y distribución en algunos lugares donde no lo hace Camuzzi”, apuntó Figueroa y dijo que “tiene que ser mucho más profesional, tiene que financiar las obras, tiene que cobrarlas” y también “disputar de otra manera el gas de GyP, cómo lo comercializamos con Hidenesa”.

“Hidenesa ya está haciendo gasoductos y distribución en algunos lugares donde no lo hace Camuzzi”, apuntó Figueroa.

Más fondos

La estatal Hidenesa ya empezó un paulatino cambio de perfil desde que se inició la gestión de Figueroa, en 2023.

En diciembre de 2024, recibió un aporte de capital del gobierno provincial de más de 19.000 millones de pesos para el tendido de redes de gasoductos de unos 34 kilómetros para abastecer pueblos del norte de Neuquén como La Ovejas, Los Miches, Guañacos, Los Carrizos y los parajes Lileo y Cayanta. La obra busca beneficiar a unos 1.445 usuarios de esa región del territorio que no tenían acceso al servicio de gas natural. Un tramo ya se inauguró previo al invierno y el último estaría listo a fin de año.
En Los Miches y Las Ovejas había plantas de GLP que ahora serán trasladar para reutilizar parte de la infraestructura en Moquehue y Villa La Angostura.

El objetivo de la gobernación provincial es profundizar el cobro de regalías en especie

En Moquehue, que forma parte del municipio de Villa Pehuenia, una ciudad turística del centro de la provincia, Hidenesa apunta a construir una nueva planta de GLP para abastecer con una red domiciliaria de unos 12.000 metros a 500 usuarios. El gobierno capitalizó nuevamente a la empresa estatal, nuevamente, el mes pasado con un aporte de 4.700 millones de pesos.

En Villa La Angostura, la infraestructura de GLP se reutilizaría para generación de energía eléctrica, se informó sobre el plan.

Un “valorazo” que asumió por el bronce

Como parte de los cambios en el gabinete que formalizará en diciembre, Figueroa reveló que llevará la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales al ministerio de Turismo, así como la subsecretaría de Recursos Hídricos. Hoy todas dependen del ministerio de Energía que, con estas modificaciones, quedaría centralizado con la subsecretaría de Energía e Hidrocarburos más las empresas provinciales como GyP, Hidenesa y Cormine.

Sobre la continuidad de Medele, el gobernador no planteó ninguna duda. Lo definió como un “valorazo” que eligió asumir “por el bronce” un cargo público por primera vez. “¿Cómo podés tener un tipo de un millón de dólares al año en Estados Unidos trabajando acá por el sándwich y la Coca? Tenemos esa suerte”, dijo Figueroa.

Defensa a la suba de regalías

Figueroa volvió a defender las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos que negoció como parte del paquete de la Ley Bases porque le permitió a la provincia negociar las nuevas concesiones con un piso más alto de regalías y porque reeditó una suerte de “carry” para GyP, al habilitar su asociación con las operadoras.

“Algunos salieron a decir ‘van a bajar las regalías porque las dejan variables, etcétera’. Todo lo contrarioNosotros ya con YPF, con GeoPark, con todos estamos en el 15%. ¿Cómo hicimos? Vamos con las regalías al 15, pero te vamos a cobrar el 12. Y esa diferencia de tres puntos me la tenés que pagar en obras de infraestructura”, dijo Figueroa, quien sostuvo que la provincia, en esta nueva etapa de Cench “va por más apropiación de la renta petrolera”.

Andrea Durán y Nicolás Gandini

Nucleoeléctrica acuerda con Candu Energy. Prestará servicios de ingeniería en el exterior

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Nucleoeléctrica Argentina y la empresa canadiense Candu Energy, perteneciente al grupo AtkinsRéalis, firmaron un acuerdo con el objetivo de cooperar en la provisión de servicios de ingeniería, asistencia técnica y mantenimiento a centrales nucleares del tipo CANDU en distintos países del mundo.

El Memorando de Entendimiento (MoU) fue suscripto este lunes en la Embajada de Canadá en Buenos Aires por el presidente de Nucleoeléctrica, Demián Reidel, y el CEO de Candu Energy, Gary Rose.

El acuerdo consolida una alianza estratégica que combina la experiencia operativa y técnica de la empresa argentina con la plataforma internacional y la red global de Candu Energy. De esta manera, ambas compañías podrán ofrecer soluciones integradas tanto para plantas actualmente en operación como para futuras centrales CANDU.

Reidel y Rose firmando el acuerdo en la Embajada de Canadá

«El mundo vive un renacimiento nuclear, y Argentina está preparada para ser protagonista en este nuevo capítulo. La firma de este acuerdo con Candu Energy refleja nuestra capacidad para transformar la experiencia y excelencia técnica acumuladas a lo largo de décadas en valor concreto. No se trata solo de vender servicios, sino de proyectar el conocimiento nuclear argentino en el escenario internacional”, destacó Reidel durante el evento.

Reactores CANDU

La tecnología CANDU, desarrollada en Canadá, es un diseño de reactor que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante. Este tipo de centrales tiene presencia en Canadá, Corea del Sur, China, Rumania, India y Pakistán, y es
reconocida por su confiabilidad, eficiencia y versatilidad. En Argentina, la Central Nuclear Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, es un referente de esta tecnología y una de las plantas CANDU con mejor desempeño a nivel mundial.

Nucleoeléctrica Argentina ejecutó con éxito su proyecto de extensión de vida, uno de los más complejos de su tipo, que permitió asegurar su segundo ciclo de operación.

La experiencia técnica y la capacidad de gestión desarrolladas en Embalse posicionan a la empresa como un socio confiable para proyectos internacionales de renovación, modernización y mantenimiento. Además, Nucleoeléctrica continúa fortaleciendo sus capacidades mediante obras estratégicas como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I y la construcción del segundo almacenamiento en seco de combustible gastado, consolidando así su perfil exportador de servicios de ingeniería y operación nuclear.

Este acuerdo representa un paso decisivo en la estrategia de internacionalización de Nucleoeléctrica Argentina y reafirma el potencial de la industria nuclear nacional para aportar soluciones de alto valor tecnológico en un contexto global que demanda energía limpia, segura y confiable.

FAdeA y el futuro de la industria aeroespacial argentina

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En estos días FAdeA vuelve a ser noticia por su situación crítica que anticipa un muy posible cierre a menos de dos años de que cumpla los 100 años de vida. El escenario en torno a la principal industria aeroespacial de la Argentina es sumamente complejo y difícil de resolver, por lo que es necesario hacer un análisis de todo lo que la rodea y de lo que sucede internamente para intentar encontrar posibles soluciones.

El primer punto a tener en cuenta es que hoy el problema va mucho más allá de una empresa que está al borde de desaparecer, ya que su situación refleja el desastroso manejo que por décadas se hizo de la industria aeroespacial en la Argentina. Toda la historia de la fábrica, desde sus comienzos en 1927 como Fábrica Militar de Aviones, fue un reflejo de los vaivenes políticos y económicos de la Argentina, pero, sobre todo, de la falta de un rumbo definido. Así, tuvo épocas de desarrollo y éxito, épocas de uso político y muchas épocas en donde distintos gobiernos plantearon cerrarla, la primera de todas a muy poco de su creación, en la década de 1930. En general siempre careció de una política clara de largo plazo, con directivos que hasta su privatización eran personal militar sin formación en manejo de una empresa aeronáutica y desde su reestatización su directorio fue conformado de manera política, especialmente durante los períodos de gobierno kirchnerista. Así, en una primera etapa sus directores variaron entre aquellos que pensaban que la fábrica solo debía atender a las necesidades de la Fuerza Aérea, quienes pensaron también en la aviación civil y quienes soñaron con exportar sus productos, pero ninguna línea tuvo larga vida, por lo que muchos proyectos que prometían fueron cancelados y otros fueron construidos cuando no tenían un mercado que los vuelva rentables.

Desde su reestatización en diciembre de 2009 la empresa pasó por dos tipos de gestiones según la orientación política del gobierno de turno: Entre ese año y diciembre de 2015 y entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023 los gobiernos kirchneristas pusieron a la cabeza de la empresa a personas sin conocimiento del sector y que se enfocaron en que la empresa tenga como único cliente al estado argentino. La producción fue ínfima, aunque los anuncios fueron muchísimos. Se dilapidaron recursos, se infló la planta de personal con partidarios políticos y la imagen de la empresa cayó en picada, al igual que sus cuentas. Entre 2015 y 2019 la gestión del gobierno de Macri intentó recuperarla y logró sanearla en gran medida, obteniendo contratos, reduciendo el déficit y la planta de personal, dejando una empresa que podía volverse atractiva para posibles inversores, ya que el objetivo era privatizarla. De haberse seguido ese camino, hoy no costaría encontrarle un comprador.

A partir de 2023 la situación fue más compleja, ya que el estado de FAdeA al asumir el gobierno actual era mucho peor, tal como explicamos en este artículo. Volverla rentable se ha vuelto un imposible sin una inversión muy grande para sanear sus cuentas y hacerla eficiente, en un contexto de un estado que a diciembre de 2023 estaba quebrado y con un gobierno que acertadamente no quiere gastar más de lo que recauda. Por otro lado, la Argentina aun no tiene capacidad para adquirir material de defensa en gran escala como para asegurar contratos que justifiquen a alguna industria a producir o ensamblar en el país usando las instalaciones de FAdeA, lo cual la vuelve poco o nada atractiva para posibles compradores.

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¿Tener o no tener industria?

Ante este escenario es preciso hacerse varias preguntas. La primera de ellas es si para la Argentina es positivo tener industria aeroespacial, ante lo cual la respuesta es que hoy todos los países desarrollados la tienen y que, como toda industria tecnológica, es una gran generadora de riqueza para los países, tanto por el retorno directo por cada dólar invertido como por la generación de conocimiento y demanda de mano de obra calificada que repercute de manera directa en todo el desarrollo económico y social. Así, la respuesta a esta pregunta es que hoy la Argentina debería tener una industria aeroespacial desarrollada, tal como posee Brasil. No hay desarrollo posible sin industrias de alto nivel tecnológico.

La segunda pregunta es si debe haber participación estatal o no en dicha industria. En el mundo hay muchos casos de empresas estatales o mixtas exitosas (especialmente en Europa e Israel, además de países comunistas como China) y no solo en el sector aeroespacial, pero la Argentina ha tenido el problema de que las empresas estatales en casi todos los casos (INVAP es la excepción y es una empresa estatal muy exitosa), han sido rehenes de los vaivenes políticos, lo cual hoy se ve en el desastroso estado de la casi totalidad de las empresas estatales argentinas. La experiencia argentina indicaría que conviene que la industria aeroespacial sea privada, pero si el país apunta a no repetir los errores del pasado y hacer las cosas bien, debe tener esto en cuenta a la hora de gestionar sus industrias.

De la misma manera que tras décadas de pésima gestión del gobierno nacional hoy se busca salir adelante con una gestión eficiente, no necesariamente la solución pase por quién es el dueño de la empresa, sino por cómo se gestione. Por eso, el hecho de que FAdeA sea estatal, privada o mixta no es algo fácil de responder y dependerá más bien de cómo se gestione y no tanto de quién sea el dueño de su paquete accionario.

La tercera cuestión tiene que ver con quiénes son sus clientes. Durante las gestiones kirchneristas la empresa solo apuntó a tener como cliente al estado argentino, un cliente cautivo que pagaba sobreprecios para mantener una fábrica que nunca le cumplió los contratos durante esos períodos. El resultado fue que las Fuerzas Armadas de Argentina prefieren no contratarla, lo cual es parte del problema actual, en que la empresa no tiene ningún contrato firmado con las fuerzas. Esta decisión de vender solo al estado argentino fue desastrosa y solo apuntó a la comodidad de sus directivos, que así no tenían que salir al mercado a ganar clientes, lo cual hubiera evidenciado sus serias limitaciones. Sin embargo, cuando entre 2015 y 2019 la empresa salió a buscar negocios, fue consiguiendo clientes y logrando acuerdos que permitieron sanear sus cuentas. El problema actual es que en el estado en que se encuentra la empresa es muy difícil que consiga clientes fuera del estado argentino. Un punto central es que ni FAdeA ni ninguna otra industria aeroespacial o de defensa argentina, sea pública o privada, ha contado con el apoyo de algún banco para otorgar financiación, algo único en el mundo. En todos los países con este tipo de industrias existe una decisión de apoyar a las empresas brindando financiación, en la mayoría de los casos a través de bancos estatales como el BNDES de Brasil o directamente a través del gobierno, como el caso de los programas FMS y FMF del gobierno de Estados Unidos.

También es preciso tener en cuenta que cuando se trata de industrias de defensa o donde la mayor parte de sus productos y servicios se orientan hacia la defensa (como ocurre con FAdeA), los clientes principales serán estados y no particulares, y en la mayoría de los casos, el cliente principal es el estado del país donde está asentada la industria, tal como ocurre en Estados Unidos, Europa y casi todos los demás países con industrias de este tipo.

En el caso de Estados Unidos, toda la industria de defensa es privada, pero depende casi exclusivamente de los contratos del gobierno estadounidense (hay que tener en cuenta que las exportaciones siempre se hacen por programas como FMS y FMF donde es el gobierno estadounidense quien compra y luego vende a los operadores extranjeros). Sin un estado comprador, no hay industria posible.

En el caso de la Argentina hoy tenemos un estado que busca recuperarse del desastre económico, lo que vuelve muy difícil que sea un comprador de material de defensa producido localmente al punto de sostener de manera eficiente a empresas como FAdeA. Sin embargo, no solo FAdeA, sino todo el conglomerado de industria aeroespacial y de defensa dependerá siempre en gran parte de las compras que les haga la nación. Hay que tener en cuenta que cuando el estado importa productos de defensa en muchos casos también le está comprando a empresas estatales o mixtas, solo que de otros países, como es el caso de los OPV comprados a Naval Group (consorcio donde el estado francés es dueño del 62,25 % de las acciones).

Un cuarto punto a tener en cuenta es que hoy FAdeA es la única empresa que puede darle sostén a la flota de IA-63 Pampa, por ser su fabricante, y el único taller habilitado en el país para hacer el mantenimiento mayor de la flota de C-130 Hercules, la cual ya está en una situación crítica debido a la falta de contratos de mantenimiento y pueden haber problemas muy grandes en la próxima campaña antártica, que está por comenzar.

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¿Qué hacer?

Como se puede apreciar, el escenario es muy complejo. Cerrar FAdeA, lo cual es alentado por varios sectores, implicaría que haya que buscar un reemplazo a los Pampa y contratar el mantenimiento de Hercules en el exterior, con el incremento de costos y la pérdida de capacidades e independencia, además de un impacto directo en la operatividad de la Fuerza Aérea Argentina. El costo de hacerlo compensaría lo que se deja de perder por una FAdeA ineficiente. En otras palabras, cambiaría poco en la cuenta final que paga el estado.

Transferir las capacidades de mantenimiento a la Fuerza Aérea Argentina y liquidar el resto, algo que se ha planteado, no implicaría reducir todos los costos, sino trasladar gran parte de ellos de una institución a otra, con la desventaja de que no se podrían ofrecer esos servicios a terceros para generar ingresos y ser más eficientes en el uso de la mano de obra. Un ejemplo a tomar en cuenta es el de Suiza, que siguió el camino contrario: al ver que los talleres de mantenimiento de sus Fuerzas Armadas tenían capacidad ociosa, crearon una empresa, RUAG, que pasó a gestionar esos talleres y así ofrecer esa capacidad a terceros, reduciendo considerablemente el costo del mantenimiento de sus Fuerzas Armadas al hacer más eficiente el uso de los recursos.

Privatizarla es una opción, pero no en el escenario actual. Para que una empresa tenga interés en comprar FAdeA ésta debería ser atractiva, para lo cual debe cumplir al menos una de estas dos condiciones: que el estado argentino contrate productos o servicios al comprador de FAdeA en un volumen que le justifiquen la inversión. O que los costos productivos de la Argentina la conviertan en un país competitivo para producir para terceros países.

En el primer caso, dependería de una decisión política de aumentar considerablemente la inversión en defensa en el corto plazo y priorizar la participación de la industria local en los contratos (hay que tener en cuenta que hoy la mayor parte de los países pone como condición en sus contratos de compra de equipamiento de defensa que haya participación local de algún tipo y/o transferencia de tecnología). En el segundo caso, la Argentina hoy todavía está lejos de tener ventajas competitivas en este segmento, ya que tiene costos de producción más altos que el resto y una historia de volatilidad que hacen que el riesgo sea aún considerado alto. Así, no hay nada que genere interés en comprar FAdeA.

Esperar que FAdeA salga adelante sola sin ningún apoyo del estado, consiguiendo ganancias del sector privado mientras ofrece productos sin financiación es también un imposible porque la empresa ni siquiera tiene fondos para salir a vender. Tampoco tiene un área comercial con experiencia en exportaciones y, si bien tiene ingresos por producción y servicios a otros clientes fuera del estado argentino (la producción para Embraer y el mantenimiento de aviones comerciales), no llegan siquiera a cubrir los costos de funcionamiento.

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Soluciones

Un primer paso debería ser determinar una política de industria aeroespacial e industria de defensa para la Argentina, definiendo objetivos concretos de corto, mediano y largo plazo, con metas realistas y con el apoyo que sea necesario desde los distintos organismos del estado, como el Ministerio de Defensa, Cancillería, bancos, etc., con el objetivo de que el sector sea un generador de riqueza y desarrollo tecnológico para la Argentina. Dentro de ese plan debería tenerse en cuenta un proceso para que el peso del sector privado sea cada vez mayor y se vaya reduciendo o eliminando la participación del estado como accionista, aunque la experiencia global indica que el estado siempre tendrá un rol relevante en este tipo de industrias, sea como comprador, financiando o directamente produciendo.

Dentro de esta idea, una alternativa puede ser convertir a la planta de FAdeA en un polo de la industria aeroespacial argentina, cediendo parte de sus instalaciones a otras empresas del sector para trabajar de manera integrada, lo cual inmediatamente impactaría en una reducción de costos de la empresa para empezar a eliminar el déficit. Este esquema puede incluir la venta de acciones de FAdeA a dichas empresas y eventualmente convertirla en un consorcio de la industria aeronáutica, donde el estado mantenga solo una parte del paquete accionario o se desprenda de todas sus acciones.

A la vez, buscar una mayor eficiencia en la estructura restante, firmar los contratos de mantenimiento y servicios que están pendientes con las Fuerzas Armadas y apoyarla para que salga a buscar clientes en el exterior, para lo cual va a necesitar apoyo de bancos para poder ofrecer financiación. Aunque se deben buscar cada vez más clientes externos, es fundamental que el estado siga siendo cliente, ya que es lo que le da confianza a otros posibles clientes de que la empresa va a seguir existiendo y le brinda cierta estabilidad, tal como ocurre con casi todas las grandes empresas de defensa del mundo.

Es fundamental organizar un directorio compuesto por personal con experiencia en gestión de industrias aeroespaciales, para lo que muy posiblemente haya que contratar ejecutivos en el exterior, ya que en la Argentina hay muy poca experiencia exitosa gestionando este tipo de empresas. A la vez, se debe determinar que la presidencia de la empresa no sea política, sino que sean personas con amplia experiencia en el área y se garantice continuidad a lo largo de los años, tal como ocurre en el caso de INVAP.

En producción, debe trabajar en ampliar la participación en programas como el KC-390, produciendo piezas y componentes para terceros en lugar de aviones enteros (aunque podría mantener la producción de lo que ya existe, como el Pampa y el IA-100), ya que le permitiría una mayor eficiencia en la línea de producción, apuntando a producir en cantidad para empresas que ya tienen líneas de producción con alta demanda. A la vez, se encargaría de hacer contratos con menos clientes (otras industrias en lugar de operadores) y resolviendo el problema del mal apoyo postventa que siempre ha dado la fábrica. Un ejemplo de esto es el caso de OGMA en Portugal, que produce componentes para industrias como Airbus, Embraer, Leonardo y otras, lo que le permite enfocarse en un área determinada de la producción en la que es eficiente y tener un flujo de trabajo mayor que si intentara competir en el mercado con productos propios.

Con una empresa más eficiente, sería más atractiva para vender el resto del paquete accionario a inversores extranjeros, terminando el proceso y contando con una industria aeroespacial productiva, eficiente e innovadora. Todos estos procesos son complejos y pueden demandar tiempo y mucho trabajo, pero son la mejor solución a largo plazo para que la industria aeroespacial apoye al desarrollo nacional.

Santiago Rivas

Ley de Glaciares: Milei quiere desnacionalizarla, para destrabar inversiones mineras

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El presidente Javier Milei anticipó este jueves que enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar en sesiones extraordinarias la Ley de Glaciares y que sea cada provincia la que determine cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. El objetivo oficial es destrabar una serie de inversiones, fundamentalmente en grandes proyectos de cobre.

“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, aseguró Milei en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes.

El gobierno viene desde hace tiempo evaluando distintas opciones para modificar la Ley de Glaciares. Una de las alternativas que estuvo en carpeta fue introducir cambios por decreto, pero finalmente la idea fue descartada por temor a que fuera bloqueado por la Justicia.

“Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar», sostuvo Milei.

La opción de un proyecto de ley cotizaba en baja, pero luego del triunfo electoral de octubre, el gobierno apuesta a destrabar las inversiones con un mayor número de legisladores propios y el apoyo de las jurisdicciones mineras.

De hecho, las provincias mineras son las que más vienen presionando para que se modifique la ley de Glaciares. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se juntó esta semana con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y le aseguró que la legislación actual constituye un freno para el desarrollo de proyectos mineros como El Pachón y Vicuña.

Lo mismo había señalado el mes pasado el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola. “Hay una ley de Glaciares que no solo protege glaciares, que protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Si eso no se modifica, lo que va a pasar es que nadie va a poner la plata en Argentina”, remarcó.

“Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales”, sostuvo Milei, quien reveló que la idea se la acercó el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo

Qué dice la ley

La ley 26.639 de 2010 prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en las zonas glaciares y periglaciares. Sin embargo, la norma no es clara en lo que respecta a la definición de las zonas periglaciares.

El artículo 2 de la ley dice que “se entiende por ambiente periglaciar en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. Identificar esos suelos requiere criterios científicos que la ley no detalla.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha sido el organismo encargado de aplicar criterios científicos para identificar en el terreno aquello que la ley manda proteger y elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y caracteriza glaciares y geoformas periglaciales.

Ese inventario ha recibido varias objeciones por parte de organizaciones ambientalistas porque afirman que el inventario no incluye glaciares de menos de una hectárea. Al mismo tiempo, las empresas afirman que el inventario obstaculiza sus proyectos y buscan que se revise la interpretación técnica de dónde hay glaciares o periglaciares protegidos.

Centralismo o federalismo ambiental

El debate sobre la Ley de Glaciares estuvo atravesado desde su inicio por la dictomía federalización/centralización que ahora resurge de la mano del proyecto que enviará el gobierno al Congreso.

Las organizaciones ambientalistas defendieron la necesidad de que el inventario de zonas glaciares y periglaciares fuera realizado solo por el IANIGLIA porque aquellas áreas trascendían los límites políticos-administrativos y era indispensable utilizar una metodología uniforme a lo largo de toda la Cordillera de los Andes.

Además, cuestionaban que las auditorías ambientales fuesen realizadas por autoridades provinciales ya que con este instrumento se podía llegar a demorar la efectiva implementación de la Ley de Glaciares, como había sucedido en algunas jurisdicciones con la Ley de Bosques Nativos.

Por el contrario, los gobernadores de las provincias mineras plantearon que las instituciones provinciales debían participar en la elaboración del inventario y de las auditorías. Estos actores sostenían que como los recursos naturales son dominio de las provincias.

Como recuerda la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María Laura Isla Raffaele, en un paper donde repasa las discusiones y controversias sobre el federalismo ambiental que motivó la ley de Glaciares, los mandatarios de ocho provincias cordilleranas (Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, Río Negro y Santa Cruz) firmaron incluso un documento en el cual se comprometieron a impulsar legislaciones provinciales sobre glaciares, como una forma de rechazo a las discusiones parlamentarias a nivel nacional

En cumplimiento de ese acuerdo, Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz sancionaron leyes de protección de glaciares, cuyo objetivo fue reforzar la autonomía provincial sobre los recursos naturales y la potestad de decidir sobre el desarrollo de la megaminería.

La disputa incluso llegó a judicializarse hasta que en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la validez jurídica de la norma y determinó que las autoridades nacionales y provinciales debían arbitrar los medios necesarios para potenciar su cumplimiento. Sin embargo, el tema nunca terminó de resolverse y ahora el debate se reabre.

Fernando Krakowiak

En defensa de la producción local de alimentos

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50 de las 51 políticas alimentarias que implementó el Gobierno desde que asumió van, paradójicamente, en contra de la producción local de alimentos. Así lo detalla un relevamiento elaborado por el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA). Uno de los ejemplos más significativos fue la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), del que fueron despedidos la mayoría de sus trabajadores.

A eso se le suman los despidos y la reducción de personal y presupuestaria que viene sufriendo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como la eliminación de programas destinados a ese sector que el instituto venía desarrollando desde hacía más de 30 años. Uno de ellos fue el ProHuerta, que fue discontinuado en abril de 2024, a pesar de que era un programa de referencia a nivel internacional. Un caso similar fue el de Cambio Rural, que jugaba un rol clave para los pequeños establecimientos productivos en todo el país pero fue cerrado en octubre de ese mismo año.

“Durante el año pasado, ya habíamos perdido el 10% de la planta del INTA, alrededor de 300 compañeros se fueron de la institución”, cuestiona Sebastián Fajardo, delegado de ATE en INTA AMBA, y agrega que, en febrero de este año, el Consejo Directivo del instituto votó a favor del cierre de la Agencia Experimental del AMBA, con sus nueve agencias de extensión. “Sería la primera vez en los 70 años de historia del INTA que se cierra una experimental”, destaca Fajardo, y advierte que eso no solo afectará al personal de la institución, sino también a decenas de familias productoras que perderán el acompañamiento y la asistencia que los profesionales y técnicos del INTA les ofrecen desde hace décadas. Además, agrega que la dinámica de ajuste fue “muchísimo mayor” desde que asumió el nuevo presidente en el INTA (que es designado por el Gobierno nacional), Nicolás Bronzovich.

La situación del INTA y los productores del cordón frutihortícola del AMBA se repite en distintas partes del país.

Por todo eso, a fines de octubre, trabajadores del INTA junto a organizaciones de productores del cordón hortícola de la zona del Gran La Plata, Berazategui, Florencio Varela y alrededores realizaron un festival en la ciudad de La Plata, para visibilizar sus preocupaciones y defender no solo sus fuentes de trabajo y el futuro de la institución, sino también el de las unidades productivas de la zona.

“¿Cómo no apoyar al INTA en la situación que está pasando, si para nosotros es una parte principal, nos aporta tecnología y el trabajo de ingenieros que estudiaron y vuelcan su experiencia en nuestros campos, con análisis de agua, de suelo y de nuestros productos?”, se pregunta Luis Pérez, uno de los productores de la Asociación 1610, de Florencio Varela, que en 2009 comenzó a producir de manera agroecológica y trabaja con el INTA desde entonces.

Ahora, Pérez sostiene que no solo carecen de la asistencia que recibían por parte de los técnicos del INTA: también deben afrontar otras dificultades en la producción y comercialización de sus productos, y eso también impacta en toda una cadena que incluye a quienes producen o comercializan los insumos que ellos necesitan, como maderas y otros materiales que ya no pueden reponer debido a la crisis que están atravesando.

“Los productores de la región son principalmente arrendatarios: con costos de alquileres encarecidos, costos fijos altos, problemas comerciales y dependencia de insumos externos dolarizados, es muy difícil sostenerse. Muchos productores están endeudados y cuando ya no sostienen el endeudamiento, se terminan yendo”, advierte Camila Gómez, coordinadora del Proyecto Regional de Ambiente y jefa de la Agencia de Extensión La Plata (recientemente cerrada). Gómez afirma que muchos ya se han ido hacia zonas con más disponibilidad de tierras, en las que el valor de los alquileres no es tan alto, como Magdalena o Brandsen, pero muchos otros directamente no están más porque se dedican a otra cosa, hacen changas o vuelven a sus países de origen.

La especialista agrega que muchas de las personas del INTA que trabajaban en las nueve estaciones experimentales que dependía de la experimental de AMBA fueron trasladadas al Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF), donde los objetivos de trabajo son diferentes, lo que les dificulta continuar con sus líneas de trabajo previas. Esto se traduce en un debilitamiento con el vínculo con los productores, a los que, por ejemplo, ya no pueden seguir visitando con la misma regularidad que antes.

“Hay una desvalorización hacia el trabajo destinado a la agricultura familiar en general, no solo en esta región, sino dentro del INTA en general”, cuestiona Gómez, y agrega que desde las agencias de extensión no solo asesoraban a las familias productoras sobre productos y formas de producción más sustentables, sino que también les proveían semillas producidas por el INTA y otros materiales “más versátiles, con menos exigencias de incorporación de insumos externos”, para cultivos como tomate, pimiento y zanahoria. Además, ayudaron con la inclusión de papas y otras hortalizas denominadas pesadas, para diversificar sus producciones.

Durante el festival hubo feria de producciones locales, talleres y debate sobre la preocupante situación del sector y el rol del Estado en las políticas agroalimentarias.

“También trabajamos mucho, desde la Agencia de La Plata, en la reparación de suelos”, explica Gómez. “Tratamos de trabajar todas estas cuestiones con los productores y las organizaciones, promoviendo prácticas más sustentables y amigables con el ambiente”, agrega. Por ejemplo, menciona procesos como incorporar materia orgánica vegetal, triturar los restos de cultivos e incorporarlos, compostar con restos de cultivo y promover la biofumigación.

La especialista dice que desde la experimental del INTA también estaban trabajando en otras problemáticas sociales, como las que genera el avance de la urbanización sobre zonas más rurales, que terminan rodeadas de grandes barrios cerrados.

“Nos trasladamos cuidando nuestros lugares de trabajo pero seguimos reivindicando que no se cierra la Experimental, así como las tareas que veníamos teniendo en el territorio desde las distintas agencias de extensión, porque si no lo hace el INTA, es una zona vacía”, coincide Fajardo, que trabaja desde hace años con productores de la ciudad de La Plata, y subraya que “esto afecta al cinturón hortícola más importante del país y a un montón de producciones de alimentos frescos que abastecen no solo a la Capital Federal, sino también a muchas ciudades del área metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más densamente poblada del país”.

Soberanía alimentaria

La situación del INTA y los productores del cordón frutihortícola del AMBA se repite en distintas partes del país. Así como se visualizó esta situación durante el festival del INTA, tras el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, que fue el 16 de octubre, también se realizaron diversas manifestaciones y eventos para seguir defendiendo el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, y los riesgos que corre hoy este sector.

Ese mismo día, investigadores y especialistas de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAS) presentaron el último Informe Anual de Soberanía Alimentaria, con indicadores y datos sobre el sector. Además, se refirieron a la relevancia de la lactancia materna como primer alimento, cuestionaron el modelo agroindustrial hegemónico, advirtieron sobre la concentración en la distribución de productos y recordaron que la alimentación es un derecho constitucional en el país desde 1994, cuyo acceso debe ser garantizado.

Al día siguiente, las organizaciones de productores se manifestaron en Plaza de Mayo. Estos colectivos, nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina, realizaron lo que denominaron un «alimentazo» frente a la Casa Rosada, para mostrar la crítica realidad que viven productores campesinos y cooperativos en todo el país.

Vanina Lombardi

Paolo Rocca pide una “política industrial” para la Argentina

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Reformas, apertura racional y política industrial fueron los temas de la conversación que mantuvo el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). El empresario aportó su mirada sobre la agenda que impulsa el presidente Javier Milei y las oportunidades del sector productivo.

En cada una de sus apariciones públicas, Rocca habla de política industrial. “El hecho de que se haya desprestigiado este concepto por los abusos, la falta de transparencia y la intervención no le quita valor ni relevancia“, sostuvo.

El empresario reconoció el reordenamiento de la economía a cargo de la gestión de Milei, pero también planteó que quedan cosas por hacer: “Debemos hacer política monetaria e industrial“. De hecho, Rocca se manifestó en contra de que el desarrollo de la Argentina dependa solo de una cadena de valor porque “eso no alcanza”.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló de las reformas que impulsa el Gobierno
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló de las reformas que impulsa el Gobierno

En consecuencia, introdujo la idea de decisiones sectoriales. En palabras de Rocca esto equivale a “entender en qué cadena de valor aceptamos un rol distinto y a cuál apoyamos y cuidamos”.

El empresario destacó que el sistema impositivo es una de las principales trabas para el sector productivo. “La industria necesita reducir la carga impositiva, reducir la informalidad laboral, ampliar las bases de recaudación con equilibrio fiscal y distribuyendo el peso del Estado”, señaló, al tiempo que cuestionó la presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal.

“Nuestra empresa tiene un 4% o 5% de impuesto a la exportación industrial. No hay que desalentar la exportación”, afirmó Rocca.

En ese sentido, consideró que una reforma tributaria debería tomar como referencia modelos que diferencian los impuestos sobre utilidades distribuidas y reinvertidas. “Los tres principios —reducir la informalidad, favorecer la inversión y no obstaculizar las exportaciones— son elementos de orientación de una reforma”, sintetizó.

A su vez, Rocca no le escapó en sus comentarios a la reforma laboral como otro eje prioritario. “El tema laboral es la segunda reforma importante, y en el corazón de esto está la reducción de la informalidad”, sostuvo. “Una reforma laboral debería apuntar a reducir la informalidad, reducir la litigiosidad y permitir la flexibilidad que aumente la productividad”, añadió, y remarcó la necesidad de “construir consenso y una posibilidad de transformación positiva”.

Además, fuera de agenda planteó la necesidad de una reforma educativa que permita mejorar los resultados del sistema. Este es otro de los temas que el empresario suele repetir en sus discursos. “Hace falta una reforma educativa: en 1994 se provincializó, tenemos 9 millones de alumnos y 800.000 docentes; gran parte de esto está en manos de las provincias”, dijo. Acto seguido, propuso “poner al Estado en control de contenidos, evaluación y performance, para que no quede fragmentado”.

Por último, consideró que el desarrollo de la infraestructura y la logística es clave para la competitividad industrial. “La empresa para ser competitiva necesita logística, un tema muy relevante para la transformación”, aseguró.

Ignacio Grimaldi

«Acuerdo comercial» ¿qué exige EE.UU. en servicios digitales y transferencias de datos?

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La Casa Blanca anunció que nuestro país concretará un acuerdo con los Estados Unidos en materia de comercio e inversión. El texto inicial detalla, en el apartado “Comercio digital”, que “Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos mediante el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluyendo datos personales, y a no discriminar servicios digitales o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas para su legislación las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley estadounidense”.

Aunque el texto no tiene validez de ley, y es apenas una declaración de intenciones, insiste sobre algunos puntos relacionados con el mundo digital que llamaron la atención de los expertos locales.

Traspaso de datos personales

Aunque aún falta que se redacte el texto final y la letra chica, varios especialistas y abogados ofrecen su visión sobre cómo afectará a nuestros datos personales este acuerdo, y el valor que tienen y tendrán, sobre todo si son datos íntimos que compartimos sin saberlo (o sin tenerlo en cuenta).

Algunos aseguran que mejorará la operatoria diaria de las compañías y no afectará a los usuarios finales; mientras otros advierten que podría poner en peligro nuestra intimidad. Entre estos últimos se encuentra Javier Pallero, especialista en políticas públicas de la tecnología. “El texto que se ha publicado sobre datos personales implica que Argentina no podrá aplicar controles más estrictos sobre cómo se manejan los datos de argentinos al usar aplicaciones de empresas estadounidenses -analiza-. Hoy la ley que rige en Argentina tiene algunos aspectos más proteccionistas que los que se usan en los Estados Unidos. Esto se hace para facilitar la operatoria de empresas estadounidenses y de su gestión de los datos personales, a contramano de otras tendencias regulatorias como la europea, que son más estrictas, y hacia los cuales la Argentina iba orientándose a través de convenios y proyectos de reforma”.

David Mielnik, abogado especializado en tecnología y en la aplicación de IA al Derecho, explica que este apartado del texto del acuerdo se relaciona con nuestra ley de proyección de datos personales, que es la ley 25.326. “Es relativamente vieja porque data del año 2000 y no contempla los desarrollos tecnológicos de los últimos años. Pero en el artículo 12 prohíbe la transferencia transnacional de datos personales a países que no ofrezcan adecuadas garantías de su protección. Entonces, con este acuerdo, Argentina reconocería expresamente que los Estados Unidos es un país que ofrece garantías adecuadas de protección. Esto facilita la adopción de software, en particular de inteligencia artificial, que por su propia naturaleza maneja datos. En otras palabras, facilitaría la adopción de tecnologías donde el procesamiento ocurre en los Estados Unidos y lo colocaría en lugar de preferencia, en relación con otros países como China”, analiza.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es quien determina qué países ofrecen las garantías de protección de datos personales adecuadas. “Con este acuerdo ya no sería necesario tomar esa decisión respecto de Estados Unidos”, explica Mielnik.

Definir los detalles

Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre (una ONG dedicada a gobierno digital y derecho en línea) ve con preocupación los detalles de este acuerdo marco. “Nos preocupan dos grandes campos: la propiedad intelectual y el comercio electrónico. La agenda de comercio electrónico, sobre todo la cuestión del tráfico transfronterizo de datos y el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada en términos de la ley argentina es un problema muy grave, especialmente por el hecho de que EE.UU. no tiene a nivel federal una ley de protección de datos que garantice el mismo marco de derechos que tenemos los ciudadanos argentinos sobre nuestros datos personales”, señala.

Aunque reconoce que tenemos una ley “viejita”, destaca que está basada en el marco legal de Europa, que es muy garantista de los derechos de protección de datos. “Hoy gracias a esta ley tenemos plenas capacidades sobre nuestros datos personales. El problema de nuestro país que tiene que ver con la baja capacidad de observancia de la ley y la falta de una cultura de protección de datos, pero un acuerdo de esta naturaleza con Estados Unidos no va a mejorar de ninguna manera los derechos de los argentinos sobre sus datos, sino que va a debilitar todavía más los magros resguardos que tenemos sobre ellos”, agrega Busaniche.

Para esta experta, será necesario tener una gran espalda financiera para poder litigar con una empresa estadounidense en territorio norteamericano sobre gestión de datos de un argentino, que es lo que habilita a priori el texto del acuerdo.

Visión positiva

Desde el otro lado, Pablo Palazzi, abogado, director del Centro de Tecnología y Sociedad (CETYS) de la Universidad de San Andrés y socio estudio Allende & Brea, considera que el acuerdo es muy positivo para el país y su economía. “Aunque hay que ver la letra chica una vez que se implemente en materia de datos personales, Argentina hace un cuarto de siglo que sigue el sistema europeo; además, fue el primer país de la región en ser considerado adecuado, es decir que se permite la transferencia de datos de la Unión Europa a Argentina. Mientras que el modelo norteamericano se focaliza más en la innovación y la tecnología, y menos en la regulación. En otras palabras, permite hacer más cosas con los datos personales, incluida la IA sin ningún límite. En cambio, en Europa ponen más límites. Con este acuerdo los datos van a fluir más fácil entre Argentina y Estados Unidos, sin tener que implementar otras medidas legales”, señala.

Según Palazzi, esto facilitará el comercio electrónico y ayudará a que haya más socios comerciales de ambas naciones. “Un tema a analizar a futuro es que los Estados Unidos es un país federal, y solo 20 estados de 50 tienen leyes generales de privacidad. Por lo tanto, hay que ver a dónde van los datos”, resalta.

Para Raúl Martínez Fazzalari, abogado especialista en tecnología, no hay conflicto entre las leyes locales y este acuerdo, ni con lo que establece sobre la transferencia de datos. “Cuando aceptamos el uso de cualquier servicio como Uber, Spotify, Netflix, por poner algunos ejemplos, estamos cediendo datos personales con consentimiento, porque aceptamos el uso de la política de privacidad. Para los usuarios individuales, en materia de datos personales, no significará ningún cambio. Las empresas deberán adaptar o incluir una condición en su contrato, como que ‘cualquier conflicto derivado de datos personales se podrá solucionar con la jurisdicción de Estados Unidos’. De hecho, Facebook, por ejemplo, tiene jurisdicción para los no residentes en Estados Unidos y Canadá, en Irlanda. Así que es exactamente lo mismo. En la práctica no veo ningún tipo de conflicto”, dice.

Opiniones cruzadas

Sobre la aceptación del uso de datos personales que hoy damos al utilizar redes sociales y servicios de empresas estadounidenses, Busaniche considera que “cuando se habla de asimilar jurisdicción en términos de adecuación, hay un montón de otros datos personales que van a empezar a fluir, que hoy no necesariamente están fluyendo, al menos legalmente, y con este marco se los va a habilitar. Hay mucha información personal que no es la que se otorga cuando se usan las redes sociales, como los datos bancarios, de salud, de compañías de seguro, por dar algunos ejemplos. Esa no es información que circula internacionalmente y no hemos avalado que ahora lo haga. La sensibilidad del asunto está en todos los otros datos que componen la economía hoy, de lo cual se extrae valor económico y que con una armonización de este tipo pueden fluir sin que los ciudadanos argentinos tengamos el control”, argumenta.

Para Martínez Fazzalari, en cambio, ya circula mucha de esta información, incluso en el marco de la ley contra lavado de dinero. “La información fluye. Por lo general, las personas dan sus datos personales si una compañía del exterior les presta un servicio. A mí, por ejemplo, no me importa que sepan si estoy asegurado o brindar los datos que me piden. El conflicto existe cuando afecta un derecho como puede ser la venta de esos datos, pero hoy eso ya ocurre. Cuando buscamos algo en Instagram a los pocos minutos vemos publicidades de ese producto. Hoy ya se comparten datos. Los organismos bilaterales específicos comparten datos, obviamente en investigaciones o por un tema de seguridad o ciberseguridad, pero los comparten”, opina.

Según Martínez Fazzalari, el sistema que usamos hoy se llama autorregulación de servicios: “la empresa que te presta cualquier tipo de servicio establece términos y condiciones para el uso de su aplicación y vos aceptás o no. Esto es lo que se está usando hace años en todas las plataformas y funciona. Es cierto que hay conflicto y que hay prácticas desleales, pero en términos generales el sistema funciona”.

Lo que deberá definirse en la letra chica del acuerdo (cuya implementación todavía no tiene fecha fija) es cuál es el alcance de ese flujo de datos de usuarios argentinos de servicios estadounidenses, si será bidireccional, y qué potestad tendrán el Estado, las empresas y los ciudadanos argentinos a la hora de reclamar ante un eventual problema.

Cintia Perazo

El primer amparo para frenar la privatización de Nucleoeléctrica

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Pocos días después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo pusiera en marcha la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, una diputada nacional presentó el primer amparo para frenar la operación, mediante la cual el Gobierno busca  vender el 44% de las acciones de la compañía estatal que opera las centrales nucleares. 

Gabriela Estévez, del Frente de Todos, impulsó la medida, una acción de amparo individual y colectivo, en la que solicita la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. El expediente está en manos del juzgado federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja. Según se conoció, en los próximos días se realizarán planteos similares en otros tribunales.

De acuerdo con el texto, la demanda denuncia que el decreto fue dictado fuera del plazo de la delegación legislativa, violando el artículo 76 de la Constitución Nacional. Además, se omitió la Audiencia Pública obligatoria, exigida por el artículo 42 Constitución Nacional y la doctrina “CEPIS” de la Corte Suprema, lo que “vulnera el derecho de los usuarios a participar en decisiones que afectan tarifas y calidad del servicio”.

En su escrito, la diputada también recuerda que Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país y genera más del 7% de la energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista. “No es deficitaria ni prescindible. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2025 acumuló ganancias por 17 millones de dólares, y lleva adelante proyectos clave como la extensión de vida de Atucha I (725 millones USD) y el almacenamiento en seco de combustible gastado (173 millones USD), ambos financiados con deuda respaldada por contratos de venta de energía”, prosigue.

“La privatización no tiene justificación técnica ni económica. Por el contrario, pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas, la seguridad radiológica y la estabilidad tarifaria de más de 2,5 millones de hogares. Como advierte el amparo, una vez transferido el 44% del capital accionario, el daño sería irreversible”, señala el texto. 

La acción judicial invoca la defensa de derechos de incidencia colectiva (Art. 42 CN), el derecho a un ambiente sano (Art. 41 CN) y el derecho a una vida digna (Art. 4.1 CADH). “La gestión de activos nucleares exige máxima transparencia y control estatal, no negociaciones opacas ni cesión patrimonial a grupos privados sin experiencia ni compromiso con el interés público”, detalla. En consecuencia, la diputada solicita la suspensión “inmediata” de cualquier acto de licitación, oferta o transferencia de acciones de NA-SA.

Por último, se remarca que el plan nuclear que anunció el Gobierno Nacional hace casi un año “carece de un rumbo claro” y tampoco ha mostrado ningún avance concreto: su único resultado palpable es la paralización del proyecto CAREM, uno de los pequeños reactores (SMR) de mayor avance en el mundo.   “Los trabajadores de las centrales nucleares vienen resistiendo el desguace nuclear, mediante un plan de lucha permanente en los lugares de trabajo y repudiando a la conducción entreguista de la empresa”, finaliza.