Argentina y México impulsan la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE)

Entre las metas de la Agencia Espacial Latinoamericana están los satélites para mejorar telecomunicaciones, transporte y telemedicina.

El canciller Felipe Solá y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, acordaron el 9 de octubre un Mecanismo Regional de Cooperación en el Ámbito Espacial, tendiente a sentar las bases para la constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. La Declaración, firmada en el marco de la Semana Mundial del Espacio de las Naciones Unidas, es producto de los acuerdos alcanzados en el Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre el Espacio, informó la cancillería en un comunicado. Esa reunión fue celebrada en julio, como parte del primer punto del Plan de Trabajo 2020 de México, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Durante la ceremonia virtual junto a su par mexicano, Solá destacó el papel del Espacio como «factor del desarrollo» y recordó que la Argentina impulsa el objetivo de la creación de un «mecanismo regional de cooperación en materia espacial» que permita un «mejor uso los recursos para afrontar proyectos de y para la región». El secretario de Telecomunicaciones y de Transporte mexicano, Jorge Arganis Díaz Leal, celebró la firma de la declaración que «hace historia, después de que durante muchos años se anheló llegar a este momento, en el que el Espacio pudiera convertirse en herramienta de justicia social para la región y significar un paso hacia la consolidación de la unidad latinoamericana». Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación nacional, destacó que para la Argentina el «sector espacial es considerado estratégico desde hace décadas como industria, permitiendo y abriendo la participación de empresas y actuando como vector de escalamiento para el sector económico». Agregó que «en la actualidad, la Argentina posee 4 satélites en órbita, 2 geostacionarios y 2 de observación de la tierra para la generación de imágenes (en alusión a SAOCOM 1A y 1B), y que en el presente se encuentran en desarrollo un Lanzador o Inyector Satelital y un Satélite Oceánico». Del encuentro también participaron el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers y la rectora de la Universidad Nacional de Colombia y Presidenta de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Dolly Montoya.  

Un brote de coronavirus en China dispara 9 millones de testeos en solo 5 días

Las autoridades comenzaron a testear a todos los habitantes de la ciudad de Qingdao tras detectar unos 12 casos relacionados con un hospital.

Una vez más -dice La Vanguardia, desde Barcelona- China vuelve a demostrar que en la lucha contra el coronavirus el país va a una velocidad diferente al resto. Tras casi dos meses sin registrar ni un solo contagio local, la aparición de un pequeño brote en la ciudad costera de Qingdao -doce casos confirmados, la mitad de ellos asintomáticos- se va a afrontar sometiendo a la prueba de ácido nucleico a sus más de nueve millones de habitantes en tan solo cinco días.
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La espectacularidad de la medida sigue las pautas marcadas al tratar rebrotes anteriores, y con ella pretenden evitar que el foco se extienda por otras ciudades del territorio.
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El nuevo brote está ligado al Hospital Municipal de Dolencias Pectorales de Qingdao, donde normalmente son ingresados aquellas personas que, al venir a China desde el extranjero, se detecta que son enfermos de la Covid-19 durante las pruebas y cuarentena obligatoria a las que se les somete a su llegada al país.
El hospital donde se detectó el foco ha sido clausurado y los edificios en los que residen los afectados, confinados.
Por ahora, la gran mayoría de los infectados guardan relación directa con el centro de salud. Según la Comisión Municipal de Salud de Qingdao, uno de los contagiados es un taxista casado con una enfermera del hospital. Cuando el hombre acudió al centro médico, se le hizo el test de coronavirus y dio positivo, lo que provocó cierta preocupación dado que por la naturaleza de su trabajo podría haber estado en contacto con mucha más gente.
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Además de clausurar el hospital y confinar los edificios donde viven los afectados, las autoridades han lanzado una campaña de testeo masivo que se prolongará cinco días y pretende abarcar a sus más de nueve millones de habitantes.
Por ahora, las pruebas realizadas a los casi 162.000 empleados y pacientes de hospitales de la ciudad han dado negativo. Algunas imágenes y vídeos que circulan en internet mostraban a los residentes locales haciendo cola pacientemente el domingo antes de hacerse la prueba en los lugares designados a tal efecto.
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El rebrote se ha detectado justo después de que termine la conocida como “semana dorada”, uno de los periodos vacacionales más importantes del país en el que se registraron más de 600 millones de viajes internos.
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Según los datos oficiales, en todo el territorio hay poco más de 85.500 casos y 4.600 fallecidos, de los que la gran mayoría se produjeron a principios de año en Wuhan.
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Aún así, la aparición de estos brotes esporádicos demuestra lo difícil que es detener por completo su propagación, incluso en aquellos lugares en los que apuestan por la mano dura a la mínima señal de su aparición.
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Observaciones de AgendAR:
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La misma CNN reconoce aquí que los países de la región Asia-Pacífico han mostrado mucha más eficacia en el control de la pandemia que el resto del mundo. No cabe duda que esos países han aprovechado la experiencia del brote de SARS en 2003, pero también es cierto que los recursos tecnológicos de esas sociedades y gobiernos que ejercen un alto grado de control social han contribuido a su éxito. No es fácil duplicar ambas condiciones en nuestro continente, por ejemplo.

La AFIP denunció ante la Justicia por intento de fraude al proyecto solar Caucharí

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La AFIP denunció ante la Justicia al proyecto de energía solar Cauchari Solar II y III de la provincia de Jujuy por tentativa de fraude a la administración pública: intentó percibir créditos fiscales que ya habían sido otorgados. Los parques son controlados por la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse). En la presentación judicial se menciona que Caucharí Solar II y III notificó a la AFIP el 6 de diciembre de 2019, por pedido de su presidente Guillermo Hoerth, la cesión a la provincia de Jujuy de créditos fiscales obtenidos por la aprobación de devoluciones encuadradas en la ley 26.190 de Fomento de Fuentes Renovables de Energía. Los contratos de cesión entre Cauchari II y III y la provincia de Jujuy habían sido celebrados el 5 de diciembre, apenas un día antes de la presentación, e involucraban reintegros ya solicitados el 21 de octubre por las sumas de $390,7 millones y $410,6 millones. La AFIP devolvió el pedido por falta de cumplimiento de formalidades exigidas para tramitar este tipo de cesiones, ya que los documentos no estaban protocolizados, eran copias simples, tachaduras sin salvar y firma de autoridades provinciales sin sello aclaratorio, entre otras cuestiones. El problema surgió cuando el organismo fiscal detectó que la efectiva devolución del crédito fiscal a Cauchari III ya se había efectivizado entre los días 2 y 3 de diciembre, orden de pago y salida de fondos. Es decir, antes de la celebración del contrato de cesión (5/12/19) y de la presentación ante AFIP (6/12/19). En lo que refiere al crédito de Cauchari Solar II, la orden de pago había sido el 9 de diciembre y los fondos se giraron al día siguiente. “Se advierte de lo expuesto, el encuadre del caso, a priori, en un delito tributario (artículo 3 Régimen Penal Tributario) –en grado de tentativa-, lo que se concluye a partir del intento de obtener de parte del organismo una disposición patrimonial no correspondida con causa en un beneficio fiscal, todo ello mediante un engaño consistente en presentar ante esta administración la notificación de la cesión de créditos fiscales cuyo cobro ya se había producido, casi en simultaneo”, afirma la AFIP en su denuncia firmada por Juan Capello, subdirector general de Coordinación Técnico Institucional y Juan Arturo Siegenthaler , subdirector general de Administración Financiera. Este tema seguramente tendrá repercusiones políticas, ya que se trata de un «proyecto de bandera» del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Se aprobó el presupuesto para la fabricación de un IA-63 Pampa III

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El Gobierno argentino avanzó con la contratación entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, FAdeA, para la fabricación de un nuevo avión de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa serie III. Mediante la Decisión Administrativa 1839/2020 se establece la orden de fabricación y los montos asignados para la misma. Respecto del presupuesto mencionado, se establecen que se asignan u$s 13.401.093 para la compra de materiales para la fabricación de la aeronave en las instalaciones de FAdeA. Para mano de obra de la tarea, se asigna una partida de $ 198.153.820. A partir de aquí, queda en la Fuerza Aérea Argentina continuar con la emisión de las órdenes de trabajo, a partir de su DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL. En FAdeA hay unas 3 unidades en fabricación del Pampa III Bloque I, en diferente grado de terminación y este presupuesto sería para finalizar con los trabajos de la unidad que debe entregarse antes de que finalice el año. Mientras tanto, FAdeA sigue trabajando en los prototipos del Pampa III bloque 2, que cuenta con ciertas modificaciones y actualizaciones, entre ellas la más importa es la incorporación del sistema de entrenamiento Embeded Virtual Avionics (EVA) de la empresa israelí Elbit Systems, que permite un entrenamiento simulado de gran realismo. EVA proporciona un conjunto de simulación completamente integrado para todas las plataformas, incluida la aviónica virtual, armas, sensores y un entorno sintético. EVA permite una visualización a todo color de entidades en vivo, virtuales y constructivas (LVC) en la pantalla del casco o en la pantalla del cockpit, creando así una experiencia de entrenamiento avanzada, personalizable y realista tanto para el aprendiz como para el instructor.

«El dólar no es un problema cultural»

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El economista Emmanuel Álvarez Agis examina aquí un problema fundamental de la economía argentina, la «restricción externa». Lo hemos debatido muchas veces, en AgendAR y en otros sitios. Pero es interesante compararlo con el reciente trabajo del matemático Martín Maas, que publicamos aquí. Porque la diferencia es que Maas lo encara desde lo que el país puede exigir, legítimamente, a sus ciudadanos. Mientras que Alvarez Agis se referencia en lo que esos ciudadanos van a tratar de hacer. En este tiempo, donde entre otras cosas las transferencias de fondos son digitales e instantáneas y las capacidades del Estado nacional son las que son, nos parece que el enfoque de E.A.A. es más cercano a la realidad.

Haciendo puré verde

Se estima que el mes pasado unas 5 millones de personas sacaron un turno, fueron hasta un banco y compraron sus 200 dólares. La mayor parte de ellas, no contenta con eso, se llevó esos billetes a su casa. Y se estima que la inmensa mayoría lo hizo para hacer puré. No, no es que con esos 200 dólares compraron papa, la hirvieron, le pusieron un poco de leche e hicieron puré, sino que vendieron esos dólares en el mercado ilegal -el blue- y se hicieron con una diferencia nada desdeñable: unos $ 5.000. Pero ¿tanto lío para ganar “nada más” que $ 5.000? Bueno, tal vez si a usted le toca leer esta nota en la comodidad de su casa o departamento de 4 ambientes, en alguna zona acomodada de CABA o el norte de la provincia de Buenos Aires, la suma le podrá parecer menor. Pero si usted es una de las 4 millones de personas que se quedó sin empleo a causa de la crisis del COVID-19, $ 5.000 no son poca cosa. Máxime si se toma en cuenta que es lo mismo que puede recibir esa persona por el subsidio que el gobierno nacional decidió otorgar en el marco de pandemia. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es de $ 10.000, pero hasta el momento, el Gobierno lo otorgó 3 veces, con lo cual el beneficiario recibe un IFE aproximadamente cada 60 días, es decir, $ 5.000 por mes. Para muchos argentinos, la única alternativa para poder comer durante la pandemia fue “hacer puré”.

Sobre la clase media cipaya y los empresarios garcas

A las personas que empezaron a “hacer puré” a causa de la diferencia entre la cotización del dólar oficial y el paralelo hay que sumarle, claro está, a todas las personas con capacidad de ahorrar que eligen al dólar como vehículo y también a todas las empresas que deciden dolarizar sus excedentes. El diagnóstico “cultural” ve a esas personas de diversas formas. Serían algo así como una clase media que no solo vota, sino que ahora también, “ahorra en contra de sus propios intereses”. Algunos directamente optan por diagnósticos más sintéticos: cipayos. Para el empresariado, los motes van desde “fugadores seriales” hasta “garcas”, en el mejor de los casos. Personas y empresas con mayor o menor capacidad de análisis financiero llevan en su experiencia algo que los números muestran de manera contundente: si cualquiera de ellos hubiera decidido vender 100 dólares en el 2010, por ejemplo, pasarlos a pesos y dejar esos pesos depositados en un plazo fijo tradicional, hoy tendría nada más que 50 dólares. No solo habría perdido sus dólares, sino que ese rendimiento habría estado muy por debajo de la inflación.

La consistencia interna de la tesis cultural: la alegría siempre fue brasileña

Así y todo, y a pesar de que los números le dan la razón a los compradores de dólares, no son pocas las voces que siguen insistiendo con el “problema cultural”. La tesis cultural se impone a fuerza de repetición, porque mínimamente analizada nos lleva a conclusiones ridículas. Muchas veces esta irritante tesis viene de la mano con un ejemplo no menos irritante: el de Brasil. Al parecer en Brasil no tienen este problema, porque tienen otra cultura. El brasileño no piensa en el dólar, ni siquiera sabe cuánto está el tipo de cambio. La tesis cultural dice entonces que la razón por la cual Brasil no tiene un problema con el dólar es, básicamente, porque está llena de brasileños. Y, por tanto, que Argentina tiene un problema con el dólar porque está llena de argentinos.

Un experimento para contrastar la tesis cultural

Acompáñeme usted a ver si la tesis cultural tiene algún sentido. Tratemos de realizar el siguiente experimento mental: piense en un país “serio”, donde las cosas funcionan, en el que la gente respeta los semáforos y no tira la basura en el piso, donde el transporte público da gusto y los ricos se atienden en hospitales públicos. Un país en el que los ricos pagan más impuestos que los pobres, pero los hijos de ambos se encuentran en la misma escuela pública. Piense en unos de esos países donde daría gusto vivir, tanto en lo que refiere a indicadores sociales, económicos, de igualdad, etcétera. Déjeme adivinar: pensó en los países nórdicos, ¿no? Bueno, hagamos el siguiente experimento: vamos a someter a una sociedad nórdica a las mismas condiciones que la argentina se vio sometida en muchas oportunidades con el dólar y ahí vamos a ver si los nórdicos siguen siendo tan nórdicos como dicen, qué tanto. Vamos a someter a prueba la tesis cultural: si hacemos que una sociedad nórdica se tope con una mega devaluación, una crisis cambiaria, una aceleración de la inflación, una suba del desempleo y un mega cepo, y aun así sus personas y sus empresas se siguen comportando como “nórdicos”, entonces pediremos perdón y le daremos la razón a la mayoría: el problema del dólar será cultural. Veamos.

El experimento, o cómo volver argento a un nórdico en unos pocos meses

Los países nórdicos constituyen una región geográfica y cultural que comprende cinco Estados: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Los nórdicos son conocidos entre otras cosas por sus altos estándares de vida para ser economías comparativamente pequeñas. En el año 2007, medidas por el Índice de Desarrollo Humano, esas economías se ubicaban en la siguiente posición en el ranking que lleva adelante la ONU sobre un total de 186 países: Dinamarca (8), Finlandia (10), Islandia (13), Noruega (1) y Suecia (7). Solo para tener una referencia, durante ese año Argentina se ubicó en el puesto 46. Lo primero es llevarle tranquilidad al lector: en este experimento no haremos sufrir a ningún ciudadano nórdico. El experimento ya tuvo lugar en Islandia en el 2008. En ese año, Islandia sufrió la peor crisis bancaria y cambiaria que una economía desarrollada recuerde. En los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria en los EEUU, la economía islandesa había estado impulsada por enormes ingresos de capitales extranjeros que transformaron a Islandia en la economía con el sistema financiero más grande del mundo (midiendo al sistema financiero en relación al tamaño de su economía). Ese ingreso de capitales impulsó el crecimiento de Islandia. Cuando la crisis financiera estalló en EEUU, el sistema financiero de Islandia colapsó. La corona se devaluó, subió la inflación, cayeron las reservas y aumentó el desempleo. Islandia llegó al punto de tener que estatizar la banca y acudir al FMI parar estabilizar la economía. Debido al enorme proceso de fuga de capitales (recordemos, nuevamente, que la mayor parte del crecimiento de Islandia hasta el estallido de 2008 estuvo apalancado en el ingreso de capitales desde el exterior), el FMI obligó a Islandia imponer controles muy estrictos a la salida de capitales. Un cepo, como diríamos en estas tierras. El FMI era tan consciente de la necesidad de imponer un cepo para evitar que los fondos prestados a Islandia se fueran por la canaleta de la fuga que obligó al parlamento a votar el cepo por ley. La normativa se promulgó la noche anterior el primer desembolso del FMI, como parte de un acuerdo equivalente a la mitad del PIB de Islandia. Algo así como que el FMI le hubiera prestado a Argentina en 2018 unos 250.000 millones de dólares en lugar de los 44.000 que efectivamente nos prestó.

Islandia y la involución cultural (del cepo)

Como consecuencia del cepo implementado de común acuerdo entre el FMI y el Banco Central de Islandia, los islandeses comenzaron una involución cultural: se empezaron a comportar como argentinos. Las empresas comenzaron a utilizar estrategias para eludir el cepo y evitar ingresar las divisas al país. Las empresas pesqueras llegaron al límite de operar con bandera de Islandia sin ingresar siquiera una divisa al país nórdico. Muchas otras empresas comenzaron a usar estrategias como los precios de transferencias para eludir el control de cambios. Cualquier similitud entre los pesqueros islandeses y los sojeros en Argentina no es mera coincidencia. Los empresarios islandeses comenzaban a comportarse como sus pares argentinos: fugando y garcando al Estado. Pero lo más interesante es lo que pasó con las personas. La involución cultural de los islandeses fue notable. Como consecuencia del cepo, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo creció. Para 2009, el tipo de cambio oficial cotizaba a 160 coronas por euro y el paralelo a 250 coronas por euro, una diferencia del 56%. La única forma que los islandeses tenían de acceder a divisas al tipo de cambio oficial era si acudían a un banco con un pasaje de avión, demostrando así que realmente necesitaban las divisas para poder solventar su estadía en el exterior. Si el islandés podía demostrar que tenía un pasaje para volar fuera de Islandia, entonces el banco podía venderle una cierta cantidad de divisas. La dinámica que comenzó a observarse es que una cantidad creciente de islandeses comenzaron a comprar el pasaje más barato de avión al exterior y con eso acudían a los bancos para comprar el máximo de divisas permitido. Con la diferencia que obtenían vendiendo esas divisas en el mercado paralelo, no solo podían pagar ese pasaje de avión que nunca utilizarían, sino hacerse unos buenos pesos, digo, unas buenas coronas.

La tesis que el problema del dólar es cultural es chamuyo

La economía es una ciencia porque, entre cosas, predice que, enfrentados a los mismos incentivos económicos, las personas y las empresas reaccionarán de la misma forma sin importar si son argentinos, islandeses o estadounidenses. Parafraseando libremente al maestro Aldo Ferrer, si usted trajera a un empresario alemán y lo instalara en Argentina, a los 3 meses estaría comprando dólares. Ni la clase media que ahorra en dólares es cipaya ni los empresarios que fugan divisas son garcas. Ambos grupos no son otra cosa más que racionales. El dólar no es un problema cultural sino económico. Si la economía moldea la cultura, es un problema que se lo dejamos a los marxistas. Argentina lleva ya muchos años destruyendo su moneda y en la actualidad el problema se vuelve acuciante gracias a la pandemia. Comprender que el problema no es cultural, sino económico, es el primer paso para encarar una solución tanto de corto como de largo plazo. Si el dólar fuera un problema cultural, la solución serían las palabras, hablar, componer canciones y obras de teatro que nos alejen del dólar y nos acerquen al peso. Si, en cambio, el problema es económico, la solución son números, medidas concretas de política económica: aumentar la tasa de interés, disminuir la brecha con el tipo de cambio paralelo, ofrecer opciones al ahorrista que estén a mitad de camino entre el dólar y el peso y, sobre todo, empezar a construir un programa de largo plazo que recupere al peso como moneda. Es fácil decirlo y muy pero muy difícil hacerlo, pero imposible si se parte de diagnósticos equivocados.

‘Science’ denuncia “inacción” de la FDA en la supervisión de ensayos clínicos en EE.UU.

El periodista de investigación Charles Piller devela los escasos esfuerzos de la agencia reguladora de EE UU para proteger tanto a los voluntarios de los ensayos clínicos, como la integridad de los datos. Su labor de vigilancia se ha desplomado en los últimos años, en un momento en el que se espera que el organismo “opere al más alto nivel de profesionalidad y transparencia, dada su enorme responsabilidad en la evaluación y aprobación de medicamentos y vacunas contra la covid-19”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA) es la encargada de supervisar la mayoría de las investigaciones clínicas en ese país. Una de sus funciones más relevantes es asegurar la integridad de los datos de los ensayos y la seguridad de los participantes en los estudios, incluyendo los actuales ensayos de vacunas y medicamentos para frenar la pandemia de la covid-19. La agencia contó con un presupuesto de 5.700 millones de dólares en 2019. Un artículo en la prestigiosa Science, de octubre 1°, 2020, titulado “Oficial Inaction” (Inacción Oficial) y firmado por Charles Piller, periodista de investigación de la revista, acusa a la FDA, entre otras cosas, de estar descuidando su labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas de los ensayos clínicos. Piller, que ha obtenido información a través de la ley Freedom of Information Act sobre la labor de la FDA en este ámbito, ha encontrado que su trabajo de supervisión durante los últimos once años ha sido “laxo, lento y opaco, incluso en los casos en los que los métodos con los que se han realizado los ensayos son considerados peligrosos o ilegales”. Además, Piller afirmó que la vigilancia que debería hacer la agencia “se ha desplomado durante el mandato de Donald Trump, aunque la tendencia a la baja ya se empezó a notar en la presidencia de Obama”. En este sentido, según sus datos, mientras que durante los primeros y últimos tres años de la Administración de Obama la agencia emitió, respectivamente, 99 y 36 cartas de advertencia por transgresiones graves en pruebas con humanos, solo envió 12 durante los primeros tres años de la presidencia de Trump. Las descalificaciones a infractores graves también “han caído en picada” bajo el actual mandatario estadounidense. Cuando la FDA descubre malas prácticas, hay establecidas varias respuestas. La más estricta puede desembocar en la interrupción de los ensayos en curso o, en casos extremos, en la inhabilitación del responsable científico. Sin embargo, según la investigación de Piller, que incluyó una revisión de casi 1.600 documentos de inspección y evaluación de ensayos, “la agencia rara vez impone sanciones. Cuando lo hace, los seguimientos son lentos o descuidados y los casos se resuelven, con frecuencia, como reclamaciones no verificadas”. Piller dice que su investigación “pone de relieve el secretismo de la FDA y los escasos esfuerzos para proteger tanto a los voluntarios de los ensayos, como la integridad de los datos de estas pruebas”. El trabajo de la agencia en este sentido “ha sido particularmente decepcionante durante la presidencia de Trump”, reitera. Hay que “tratar de asegurar que la revisión de los ensayos clínicos no se vea perjudicada por pasos en falso o por influencias políticas”, como ocurrió con la aprobación de emergencia de la hidroxicloroquina, dice Piller Todo ello, cuando “se espera que la FDA opere al más alto nivel de profesionalidad y transparencia, dada su enorme responsabilidad en la evaluación y aprobación de los medicamentos y vacunas contra la covid-19”. El reportero de Science recuerda que el organismo “ya ha tenido algunos problemas en recientes procesos de aprobación, como con la ‘politizada’ autorización de uso de emergencia de la hidroxicloroquina. Todos tenemos interés en tratar de asegurar que la revisión de los ensayos clínicos no se vea perjudicada por pasos en falso similares o por influencias políticas”, subraya. En su investigación, Piller ha constatado además que desde 2009 ha habido un total de 291 casos que la agencia ha llevado a investigación –los llamados Official Action Indicated (OAI)– pero solo 71 han tenido seguimiento y notas. El resto ha quedado en el limbo. Fallos en la protección de los voluntarios Piller pone en su artículo varios ejemplos de la dejación de funciones en su labor de supervisión y vigilancia de la FDA. Uno de los más notorios es el protagonizado por el osteópata estadounidense Michael Harris a quien la agencia investigó durante casi una década por graves errores en sus ensayos con pacientes. Los inspectores del organismo “encontraron una letanía de problemas en la empresa privada de Harris, Aspen Clinical Research, que tenía contratos en la evaluación de numerosos fármacos para tratar dolor posoperatorio, esquizofrenia pediátrica y migrañas”, entre otros. Según escribe Piller “la agencia encontró que había graves fallos en la obtención del consentimiento informado de los voluntarios del ensayo, las evaluaciones médicas fueron realizadas por personal no cualificado y Harris no informó adecuadamente de resultados anormales en las pruebas de laboratorio. Tampoco reveló que los participantes estaban tomando opiáceos, antidepresivos o antipsicóticos, lo cual podría haber sesgado los resultados y planteado riesgos de seguridad”. La FDA dijo que los registros de Aspen eran desorganizados, contradictorios y puso en duda la veracidad de los datos aportados. Esas “serias y continuas desviaciones” podrían constituir «fraude, mala conducta científica y violaciones significativas de la protección de voluntarios», según los documentos obtenidos por el periodista en FOIA. Los inspectores de la FDA advirtieron a Harris que podría ser multado, descalificado permanentemente e ir a juicio. Problemas similares y nuevos se vieron en las inspecciones en 2014, 2015 y 2019. Sin embargo, la agencia nunca le sancionó formalmente o le impuso otras penalizaciones. El organismo regulador, prosigue Piller, “nunca hizo públicos los presuntos delitos de Harris o informó a los participantes de que podrían haber sido expuestos a riesgos o incluso a la muerte. Tampoco informó a las empresas que patrocinan algunos de los ensayos que sus datos podrían estar comprometidos”. Entre tanto, “compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos han seguido contratando a Aspen. Desde 2011, han pagado a la firma millones de dólares por el trabajo en 65 ensayos. Y la empresa está ahora reclutando a gente para nueve nuevos ensayos sobre la enfermedad de Alzheimer, el autismo, la depresión y otros trastornos graves”, cuenta el autor. La investigación sobre la supervisión de los ensayos clínicos durante los últimos once años, realizada por Piller, indica que el modus operandi de la FDA con Harris y Aspen “no son una excepción sino algo habitual”. Necesidad de la presión pública Jill Fisher, científica social de la Universidad de Carolina del Norte y una de las expertas consultadas por Charles Piller, dice que “resulta preocupante que cuando una inspección de la FDA expone aparentes errores, imprudencia o fraude en un ensayo, ni la agencia ni los científicos que lo realizan estén obligados a notificar a los participantes”. Fisher dice a Piller que ese incumplimiento de la obligación de informar es una «burla”. Como mínimo, destaca, “se debe notificar a los voluntarios de un ensayo cuando la integridad del centro de investigación que dirige el estudio o de su investigador estén en entredicho”. Preguntado sobre cómo se va a ver afectada la credibilidad de la agencia estadounidense tras conocerse los detalles desvelados por él, Piller dice a SINC que “la FDA es una institución de gran importancia que cuenta con profesionales de alta integridad, profundamente comprometidos con la regulación efectiva de fármacos y dispositivos”. “Mi investigación –subraya– ha revelado graves problemas, pero la agencia merece el apoyo del público para mejorar. Y la situación actual exige de presión pública para que aumente su apertura sobre la supervisión de la investigación clínica”.

Vuelta a clases en pandemia: qué pasó con los contagios en Europa y EE.UU.

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«Acá funcionan de tres maneras: escuela regular abierta, online o híbrida, que a la vez tiene varios formatos según cuántos días vayan los chicos y cuántos se conecten por internet. En mi ciudad les repartieron notebooks a todos, y puntos de acceso a los que no tenían internet adecuado. Primaria y secundaria siguen online hasta enero de 2021. Se empieza a discutir cómo van a manejar las cosas después”. La que habla es una mujer estadounidense de 45 años, madre de mellizos de 11 y de un adolescente de 17. Vive en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos. El dónde, de todos modos, es irrelevante. En todos lados se discute lo mismo: hasta qué punto la vuelta a clases incide en la expansión del coronavirus. Cuando en Argentina la reapertura escolar es un tema candente, es interesante mirar la experiencia zanjada por países que ya pasaron la “primera ola” de Covid-19. Pero, ojo: las conclusiones regionales son tan disímiles y cambiantes que quienes esperen leer afirmaciones como “la escuela abierta aumenta los contagios” o “la escuela abierta no aumenta los contagios” sin dudas se decepcionarán frente a la inevitable y escurridiza heterogeneidad mundial. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que, en la región de las Américas, “más de medio millón de niños, niñas y adolescentes se infectaron de coronavirus y las cifras siguen aumentando”. Tomó datos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que el 28 de septiembre publicó un informe en el que analiza las consecuencias de la reapertura escolar en Estados Unidos. Ahí se consignaba “una mayor incidencia de coronavirus en adolescentes de 12 a 17 años, aproximadamente el doble que los de 5 a 11 años”. Tiene sentido, mirando las cifras de Argentina: de los más de 840.000 confirmados de coronavirus acá, los chicos de 1 a 10 años representan casi el 3%, mientras que los de 10 a 20 años, el 6,70%. Algo parecido habían mostrado investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem y del Hospital Hadassa (Israel) cuando, en un trabajo publicado a fines de septiembre marcaron que los menores de 10 años no solo contagian menos sino que esparcen el virus en menor proporción (casi la mitad) que los adolescentes. Lo interesante (y polémico) de las conclusiones israelíes es que coinciden con las de un informe reciente de España en el que, si bien reportan una suba de contagios durante la apertura escolar, la justifican con un argumento conocido: dicen que hay más casos porque se está testeando más. Volviendo al CDC, tras remarcar que la incidencia mensual de Covid-19 aumenta más entre los jóvenes estadounidenses de veintipico y advertir que por la variedad de las jurisdicción es difícil generalizar, concluyen algo tan obvio como central: “Los estudios escolares sugieren que el aprendizaje presencial puede ser seguro en comunidades con bajas tasas de transmisión de SARS-CoV2, pero podría aumentar el riesgo de transmisión en comunidades donde la transmisión ya es alta”. Francia y Bélgica Un hombre que vive en Bélgica, papá de una nena de 3 años que asiste al maternelle (jardín de maternal) compartió una sensación de alcance “continental”: “En Europa está abierta toda la escuela. Hubo cierres localizados, pero no generalizados y son muy pocos”, explicó, y dijo algo que podría esperanzar (aunque Bélgica está teniendo más o menos la mitad de casos que Argentina) (NdR: con una población 4 veces menor) “Durante el verano local se habló mucho: se decía que muchos países no habían preparado planes serios para la vuelta a clases, que iba a ser un desastre. Al final todo está abierto y no parece ser mayor problema porque nadie habla de cerrar. Se cierra alguna clase puntual o algún colegio, pero ni siquiera parece ser tema destacado en los medios”. ¿Cómo manejan la «cotidiana» escolar? “En el grupo de mi hija son 15 niños, pero podrían ser hasta 18. Hay 4 grupos de esa edad y se mezclan solo en el comedor y el patio”, contó el hombre. Es decir, arman “burbujas” de unos 60 chicos de 3 a 5 años. Aparte están los de 6 a 12 años, que “tienen otro patio, todo diferente, y otro horario de comedor”. Moviéndonos por el mapa, en Francia las clases volvieron en septiembre y, aunque el parte epidemiológico del 1 de octubre mostró que el 35% de los centros infecciosos de Covid-19 estaban condensados en escuelas y universidades, solo 14 establecimientos y 290 cursos fueron cerrados por contagios. Los sindicatos docentes no están contentos con la situación y piden enfatizar las medidas de distanciamiento y, en lo que todos consideran que es “la segunda ola de coronavirus”, bajar al 50% la asistencia de alumnos (como están haciendo ahora las universidades). En la vereda de enfrente, las autoridades educativas insisten en que el tema está más o menos controlado y que los contagios se producen fuera de los establecimientos escolares. España A un mes del inicio de las clases en España y en medio de la segunda ola de la pandemia, es más caótica la gestión de los casos detectados en las escuelas que la incidencia real de los contagios en las aulas. Según un estudio del Grupo de Investigación en Biología Computacional y Sistemas Complejos de la de la Universidad Politécnica de Cataluña, la vuelta a clases no agravó “sustancialmente” la situación de la pandemia en ese país. Sin embargo, los contagios de coronavirus en las escuelas provocaron la suspensión de más de 700 aulas, el cierre de más de 120 colegios y un rosario de huelgas de estudiantes y sindicatos docentes que reclaman medidas de seguridad para evitar los casos positivos en las escuelas. El último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica señalaba que, entre el 10 de mayo y el 13 de agosto, se notificaron más de 9.400 contagios entre menores de 15 años, el 10% del total de contagiados. A la vez, el 24 de septiembre, el Ministerio de Educación aseguraba que el 95,5% de los colegios no había registrado positivos en sus aulas y que, de las casi 390.000 clases que hay en todo el país, cerca de 3.000 estaban en cuarentena por algún caso detectado en alumnos o docentes. Italia e Inglaterra Siguiendo con esta panorámica por el Viejo Continente, el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, dijo recientemente que el número de contagiados es reducido, pero, no obstante, se determinaron cierres parciales en algunos establecimientos escolares. ¿Por qué? En realidad, la situación en Italia es controvertida: mientras el ministerio de Instrucción Pública aseguró que los porcentajes de contagios rondan cifras menores (el 0,04% de docentes y 0,022% de alumnos), los medios locales señalan vacíos en la información difundida, en especial respecto del número de hisopados hechos a miembros de la comunidad escolar. Por fin, Inglaterra abrió las escuelas en junio, temprano en comparación con otros países que esperaron al final de las vacaciones del verano boreal. Pero, 15 días después del reinicio del ciclo lectivo de septiembre, la llegada de la “segunda ola” de coronavirus obligó al cierre total o parcial de más de 360 escuelas en Inglaterra y la región de Gales. El escenario numérico es, ahí, desolador: se estima que unos 25.000 profesores de Gran Bretaña fueron forzados a abandonar las aulas y aislarse en sus casas. Todo porque faltan kits de testeo. Y por el coronavirus. (Un trabajo periodístico de Irene Hartmann en el que colaboraron Idafe Martín, Marina Artusa, Julio Argarañaz y María Laura Avignolo).

«La pandemia traerá una oleada de transtornos mentales, en especial en el personal sanitario»

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Junto con las futuras olas de contagios de la covid-19, la OMS y la ONU esperan la llegada de problemas de salud mental que impactará especialmente en el personal sanitario.

Para la salud mental del personal de salud la primera ola de la pandemia afectó como si de un atentado terrorista se tratase. La principal diferencia es que el estrés ha sido igual de intenso pero mucho más prolongado, sumado a la incertidumbre que supone una enfermedad para la que no hay tratamiento y con un pronóstico difícil de predecir. Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, realizó en el Congreso Nacional covid-19 una ponencia sobre el estado psicológico del personal sanitario durante la pandemia. Esta población ha vivido el coronavirus en primera línea, con un reconocimiento social muy bien valorado y con una carga de trabajo que los llevaba hasta la extenuación. Los factores de riesgo, los síntomas y las preocupaciones son muy diferentes a los de la población general, tal y como recoge el metanálisis publicado en el Journal of Affective Disorders del que Arango es coautor y recoge datos de más de 24.000 sanitarios en esta pandemia y en las epidemias de SARS de 2001 y MERS de 2012. ¿Qué diferencias encontramos entre los problemas de salud mental de la población general y del personal sanitario en la pandemia? Hemos tenido la oportunidad de verlas en directo en un hospital como el nuestro [Gregorio Marañón] con 8.000 trabajadores y un número importante de personas que han sufrido estrés de forma continuada, bastante intenso, que ha producido sintomatología de salud mental. Hemos puesto en marcha un programa con grupos de descarga emocional para evitar que se lleve a casa estos sentimientos y una consulta específica para el seguimiento y tratamiento del personal sanitario que ya tiene síntomas o trastornos por esta situación. “Más de un 65 % del personal sanitario muestra una preocupación por su salud mental, hasta un 40 % tiene síntomas de trastorno postraumático y más de un 30 % tienen síntomas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño” También pudimos hacer un metanálisis y una revisión sistemática de todas las publicaciones de la literatura científica sobre el efecto psicológico que ha tenido esta pandemia en los profesionales sanitarios, y hemos visto que, a escala mundial, más de un 65 % muestra una preocupación por su salud mental, hasta un 40 % tiene síntomas de trastorno de estrés postraumático y más de un 30 % tiene síntomas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. En el personal sanitario, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que pueden derivar en un impacto emocional fuerte o incluso en una enfermedad mental? Es fundamental el factor estresante, que tiene dos variables fundamentales: una es la intensidad y otra es el tiempo. En el caso de la pandemia, se da un factor estresante muy intenso, como los atentados terroristas, pero que se ha prolongado durante muchísimo tiempo. Esto hace que cualquier persona pueda sufrir las consecuencias en lo que respecta a salud mental en la pandemia. Se han dado también circunstancias especiales, como personas practicando una medicina alejada de su especialidad. Nosotros hemos sufrido distanciamiento físico con los pacientes, esa falta de humanización en el trato por no tener tiempo y por el miedo a la infección… Vemos a los pacientes sufrir con ese distanciamiento de sus familiares, incluso ya fallecidos. ¿Estaban mentalmente preparados para esto? ¿Se han llegado a acostumbrar? El médico está muy acostumbrado a la alarma, a las noticias y a resignarse con que hay veces que no puede hacer nada. Pero a lo que no estamos tan acostumbrados es a enfrentarnos a un factor etiológico desconocido que no tiene tratamiento; a ser incapaces de predecir el pronóstico, que de repente haya pacientes que vayan muy mal sin saber por qué; a ver cómo se muere gente porque hay que seleccionar quién tiene acceso a recursos como una cama de UCI y quién no… Todo eso va minando el aspecto emocional de la persona y va generando sentimientos de culpa y malestar, sensación de frustración y, cuando todo eso se prolonga en el tiempo, hace que los factores de riesgo sean altos. El personal sanitario que ha tenido más problemas a la hora de tomar decisiones vitales son los que vienen de oftalmología y pediatría, no los que ya trabajaban en las UCI. Han estado desarrollando una labor para la que no tienen un entrenamiento previo. Las sociedades científicas de salud mental consideran que tarde o temprano vamos a estar ante una ola de salud mental. ¿Exactamente a qué nos referimos con esto? Eso lo dicen la OMS y la ONU, efectivamente. Nosotros sabemos por antecedentes previos que, independientemente de la pandemia, la crisis económica y el desarraigo social van a traer consecuencias en salud mental. Lo vivimos en el año 2008-2009 con la crisis económica, con un 20 % de incremento de trastornos de ansiedad, depresión… Si a eso añadimos los trastornos producidos por el propio virus en los infectados, los trastornos producidos en sus familiares —por ejemplo en aquellos que no pudieron despedirse de los fallecidos, ese duelo es complicado—, los trastornos mentales en población sanitaria y los problemas secundarios al confinamiento —y todas las derivadas que tiene, aunque no sean económicas—, todo ello hace que haya una tormenta perfecta para una oleada de trastornos mentales. Eso es algo que es fácil de predecir en función de los factores de riesgo aumentados. ¿Hay ya literatura sobre efectos psicológicos de la covid-19 en la población? Sí hay. De hecho nosotros tenemos publicado ya algún artículo. Hace dos semanas publicamos en The Lancet Psychiatry un estudio en el que hablamos de un cuadro con sintomatología depresiva en personas que se han infectado que ya están curadas. Es una especie de cansancio psíquico, de venirse abajo, de apatía, de abulia, de falta de motivación, de desgana, que puede durar semanas y meses. Es muy similar a un cuadro depresivo en estos pacientes que ya lo han pasado y quedan con esa sensación de motivación. Luego también hay pacientes que han sido afectados más gravemente, sobre todo en aquellos que han estado en la UCI, un cuadro de deterioro cognitivo, síndrome disejecutivo (problemas para planificar, pensamiento abstracto, control de comportamiento, etc.), problemas sobre todo con el lóbulo frontal… Luego, naturalmente, tenemos las consecuencias en población de la tercera edad que están en residencias de ancianos, que se están demenciando porque todo lo que les evitaba o disminuía el deterioro cognitivo era el contacto con familiares, la rehabilitación psicológica que estaban recibiendo y, como todo eso se ha parado, han estado desconectados del medio y ahora va a ser muy difícil recuperarlos. Por último, todos los problemas de salud mental en niños y adolescentes con trastornos de neurodesarrollo, discapacidad intelectual y autismo. En ellos el confinamiento ha provocado muchas situaciones de regresión. ¿Que la sociedad reconozca y aplauda el trabajo de los profesionales sanitarios y les ponga la figura de héroes, ayuda o perjudica a la carga emocional? Perjudicar no perjudica. La ayuda es relativa, cualquiera que lleva el tiempo suficiente en esto sabe que esto es un péndulo, que las cosas van y vienen y que esos aplausos, que son bien recibidos y estos puedan ser un instrumento más de politización. Los aplausos son bien recibidos, pero tampoco vamos a hacer mejor o peor nuestra tarea por ellos y probablemente esos aplausos beneficien más a otros. Con esas iniciativas, la población está más pendiente de eso que de otras cosas, como la veracidad de las noticias que reciben sobre la pandemia. ¿Cuáles serían las claves de los sistemas de salud mental para las futuras olas de la pandemia que vienen? Tenemos que flexibilizar la atención en salud mental, tenemos que acercar los recursos y hacerlos más fáciles. Tenemos que buscar alternativas a una atención primaria colapsada ya que, tradicionalmente, la atención en salud mental no funciona bien si no funciona bien la primaria. Cuando la primaria está a otra cosa, tenemos que ver si poseemos la capacidad de innovación suficiente como para que los usuarios tengan acceso a la atención psicológica. Flexibilizar toda la prescripción, flexibilizar las visitas telemáticas en psiquiatría, hacer que las personas no tengan que venir al hospital para ingresar y todos aquellos que puedan hacerlo que lo hagan en casa, hacer programas de atención domiciliaria. Tenemos que adaptarnos a unas nuevas circunstancias para no dejar atrás a los que ya tienen trastornos mentales graves (que van a ser especialmente afectados por esta pandemia) y ser capaces de dar respuesta a esos nuevos casos de trastornos mentales.

La capital de Tucumán vuelve a la fase 1, ante el aumento de casos de COVID-19

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El Gobierno de Tucumán anunció la vuelta a fase 1 del aislamiento social en San Miguel de Tucumán, debido al aumento de contagios de coronavirus, de acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia, dispuesto por el presidente Alberto Fernández. «La resolución de Nación dicta que Tucumán continúe con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo su territorio, a excepción de la capital que deberá cumplir con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el próximo 25 de octubre», indicó Manzur. El gobernador aseguró que «estas medidas se tomaron pensando en el bienestar de todos los tucumanos». En el último mes se produjo un incremento de casos de Covid -19 en la provincia, que acumula 473 víctimas fatales y 29.874 casos, desde el inicio de la pandemia.

La Universidad de Tandil desarrolla un mamógrafo que no utiliza rayos X

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Un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Centro (UniCen) y del Conicet comenzaron la construcción de un mamógrafo óptico capaz de detectar quistes y tumores de mama sin utilizar los rayos X, lo que evita la radiación durante ese tipo de prácticas. Se trata del prototipo de «MamoRef», un sistema de mamografía que usa luz infrarroja y que tiene por objetivo complementar los sistemas tradicionales de diagnóstico mamario de forma segura y cómoda. El dispositivo consiste en una camilla con una ventana transparente debajo de la cual se coloca el sistema de medición y fue diseñado por el Grupo de Óptica Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UniCen, «uno de los pocos abocados al estudio de la propagación de la luz en medios biológicos tanto a nivel nacional como internacional», según explica la decana de esa unidad académica, Silvia Stipcich. De esa forma, la paciente se recuesta boca abajo en la camilla con los pechos apoyados sobre la mencionada ventana, lo que evita la compresión de la mama entre dos placas, típica de los sistemas mamográficos tradicionales. Stipcich precisó que la idea comenzó en el 2008 «con las definiciones de los principios básicos, luego se pasó a las validaciones en laboratorio y ahora al desarrollo de un prototipo clínico del mamógrafo óptico, que validará en la práctica médica lo que ya se ha probado en el laboratorio». Para ello, la Aceleradora de proyectos Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (Cites) será la que realiza la inversión que posibilita avanzar en el desarrollo de este proyecto vinculado a la tecnología de la salud. El sistema de medición consta esencialmente de dos o más láseres de diferentes longitudes de onda, una cámara CCD de alta sensibilidad y un escáner galvanométrico que permite direccionar el haz láser, de forma tal de hacer un barrido del área a estudiar. Para cada posición del láser, se toma una imagen de todo el campo con la cámara y, además, un sistema de filtros interferométricos permite la selección de longitudes de onda determinadas, útil para la determinación de las características ópticas del tejido.
El mamógrafo óptico no es invasivo, no tiene radiación ionizante y es cómodo porque no requiere compresión.
El mamógrafo óptico no es invasivo, no tiene radiación ionizante y es cómodo porque no requiere compresión.
Estadísticamente, una de cada ocho mujeres en la Argentina podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, y el 20 por ciento de ellas antes de los 40 años, aunque el 95% de esos casos son curables si son diagnosticados a tiempo. Sin embargo, los estudios mamográficos actuales sólo son indicados para mujeres mayores de 45 años debido a la nocividad de los rayos X. Por la misma razón, no se recomienda su uso frecuente para el seguimiento de la evolución de la enfermedad o tratamiento. Los investigadores sostienen que el mamógrafo óptico tiene características especiales tales como que es seguro, sin radiación ionizante, no invasivo, cómodo porque no requiere compresión, es portable y sin necesidad de infraestructura. El equipo de científicos que encabezan Pamela Pardini y Nicolás Carbone, está integrado también por Juan Pomarico, Daniela Iriarte, María Victoria Waks Serra, Héctor García, Héctor Oscar Di Rocco, Demián Vera y Mariel Bernal. Ellos forman parte de los más de 200 investigadores con que cuenta la Facultad de Ciencias Exactas y que se abocan a las temáticas vinculadas a los cuatro departamentos con los que cuenta: Matemática; Ciencias Físicas y Ambientales; Computación y Sistemas y Formación docente.