Inundaciones y cambio climático: el caso de Bahía Blanca

Abel
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Inundaciones y cambio climático: el caso de Bahía Blanca

Una investigación atribuye el aumento de las lluvias extremas que desembocaron en las inundaciones que sufrió Bahía Blanca al cambio climático provocado por el hombre y no a la variabilidad natural del clima. Por qué estos eventos podrían ser cada vez más frecuentes y qué hacer al respecto.

La lluvia que cayó sobre Bahía Blanca, Villa Longa y Pedro Luro el último 7 de marzo fue de carácter totalmente excepcional si se la compara con los registros pasados. ClimaMeter, un equipo internacional de investigación del que forman parte Marisol Osman y Silvina Solmon, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con científicos de países europeos, no identificó una influencia significativa de fuentes naturales de variabilidad climática en estas precipitaciones, lo que implicaría que el principal factor de este fenómeno extremo sería el cambio climático generado por la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana.

El fenómeno de lluvias extremas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con un total de 290 milímetros de lluvia que cayeron el viernes 7 de este mes, rompió el récord de precipitación diaria en esta zona y derivó en inundaciones que provocaron la evacuación de 1.400 personas y 16 fallecimientos en la ciudad de Bahía Blanca.

“Lo que hicimos fue mirar situaciones parecidas en el pasado y hacer una clasificación en la que se puedan diferenciar distintas condiciones meteorológicas y variaciones en la atmósfera, como viento, lluvia o temperatura, dado que existe la variabilidad natural del clima: los veranos no son siempre iguales, pueden ser más húmedos o más secos, por ejemplo. Si se piensa que la atmósfera está más caliente hoy en general, y que se acumula más vapor cuando la temperatura está más alta, se esperaría que llueva más cuando se libera ese vapor de la atmósfera”, explicó Osman, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CNRS–IRD–CONICET-UBA) y del Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos.

La investigación se basó en un banco de datos, ERA5, que comprende registros del clima (temperaturas, lluvias, presión y viento, entre otros) y de reportes meteorológicos de los últimos 80 años a nivel global. “Esta interpolación de datos nos permite hacer comparaciones con eventos del pasado”, dice Osman. Y aclara que trabajar con datos de este tipo mediante el reanálisis de los mismos, “puede tener ciertas limitaciones y lo ideal sería que se pudiesen incorporar al modelo datos de estaciones meteorológicas cercanas, pero el proceso de disponibilización de esos datos tarda un poco más, sobre todo cuando se quiere tener algo rápido por un evento en particular como el de esta inundación. Con más tiempo vamos a poder usar los datos de las estaciones meteorológicas de la región, que probablemente coincidan”.

Con el objetivo de mitigar las inundaciones de la zona bahiense, se construyó el Canal Maldonado para el drenaje del agua del arroyo Napostá durante períodos de precipitaciones intensas. Sin embargo, en una lluvia que superó todos los registros precedentes esto no fue suficiente, provocando graves anegamientos urbanos. En el año 2012, Paula Zapperi, científica del CONICET y del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), publicó un estudio como parte de su tesis de doctorado en el que advertía sobre el efecto de las lluvias intensas en las áreas de menor pendiente de Bahía Blanca.

Informes como el Sexto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en inglés) señalan que este tipo de eventos extremos pueden volverse más frecuentes en distintas zonas del mundo y hasta empeorar si las temperaturas globales superan los dos grados centígrados con respecto a los niveles previos a la Revolución Industrial. Las últimas noticias no son alentadoras: el año 2024 fue el más caluroso del que se tenga registro en el planeta (desde 1850) y el primero en superar los 1,5 grados celsius de calentamiento.

Según Osman, “de seguir aumentando la temperatura, el reporte del IPCC no solo espera un aumento en la frecuencia de estos eventos de lluvia extrema, sino también su concentración en pocos días y horas, con lo que por eso también se debe pensar en la infraestructura disponible para que el agua escurra en menos tiempo”.

La investigadora también destaca el rol del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que empezó a emitir alertas dos días antes, que fueron incrementando su intensidad. “Ese tipo de medidas es parte de las estrategias que tienen que  tener las ciudades para adaptarse al cambio climático. El SMN ha construido un sistema de emisión de alertas que no tiene nada que envidiar al de otros organismos de otras partes del mundo. Pero esto tiene que ir acompañado de una buena coordinación con otras agencias del Estado que pongan a la población a salvo. Una medida absolutamente impopular, como suspender las clases ese viernes, salvó muchas vidas”, dijo. Y agregó: «Hay un componente de las ciencias sociales que trabajaba en el SMN, con funciones muy importantes en cuanto a la comunicación y al trabajo con la comunidad, que se ha visto reducido. Que el SMN siga contando con personal calificado es muy necesario, al igual que mantener y mejorar estos sistemas de alerta”.

Bruno Massare

La 1ª operación con los fondos del nuevo acuerdo con el FMI será… un pago al Fondo

Abel
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La 1ª operación con los fondos del nuevo acuerdo con el FMI será… un pago al Fondo

La primera operación concreta de uso de los dólares que lleguen del facilidades extendidas que se firmará, en breve, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está acordada. Los negociadores del Ministerio de Economía local y los miembros del staff técnico del organismo financiero cerraron la posibilidad de que parte del dinero que llegue por el nuevo acuerdo se utilice para cumplir con el vencimiento del pago de capital e intereses de los Globales y Bonares que deben liquidarse el 9 de julio próximo, y que representan el mayor compromiso financiero del país hasta fin de año. La deuda que habrá que cubrir alcanza unos US$ 2.898 millones en capital y US$ 1.559 millones en intereses; lo que suma unos US$ 4.457 millones totales, y que completan el primer pago que se realizó en enero pasado, por un monto similar. Entre ambos pagos, representan casi el 50% del total de vencimientos de todo el año; con lo que, despejado el panorama de este compromiso, ya casi el Gobierno no tendrá deuda importante por cerrar. Al menos durante este ejercicio 2025.

La habilitación para que este vencimiento se cumpla con el dinero del FMI no es un logro menor para Caputo y sus huestes negociadoras con el responsable del caso argentino ante el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. La ecuación general del préstamo de facilidades extendidas implica desde siempre que el dinero que se gire dentro del acuerdo debe quedar en las reservas del BCRA como si fuera en un escaparate intocable. Con el único objetivo general de mostrarle al público operador en el mercado financiero que la entidad que maneja Santiago Bausilli tiene la suficiente fuerza de acción financiera para poder enfrentar tormentas. Y comenzar, ahora sí, a moverse en terrenos de azul y no de rojo permanente, como viene ocurriendo desde el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy. Para cualquier otra acción dentro del mercado de capitales, queda claro para Washington que deben usarse dólares que el país vaya consiguiendo vía liquidaciones del campo (soja, maíz, etc.), del primer superávit energético de peso o de la posible caída de la demanda de turismo por el fin de las épocas estivales Sin embargo, saben desde el FMI que no hay tiempo para que, fuera del enorme refuerzo que implica el giro de dinero desde el organismo, las reservas del BCRA puedan recuperarse lo suficientemente rápido como para poder hacer frente al majestuoso vencimiento de julio. Es por eso que se conversó entre las partes negociadoras que no haya mayores cuestionamientos para que el dinero del facilidades extendidas se utilice para el vencimiento. Más teniendo en cuenta que para junio las posibilidades de recurrir a un potencial préstamo del mercado financiero voluntario dedeuda internacional aún no sería conveniente, dado que en el mejor de los casos se descarta que el riesgo país tendrá una contracción importante de los más de 750 puntos básico que rigen actualmente. Pero aún lejos de un 300 o aún menor nivel que le permita al equipo de Caputo recurrir a la colocación de algún bono de deuda. Menos por un monto como el que se necesita para cumplir con el vencimiento.

Para una operación de este tipo, saben en el Palacio de Hacienda, habrá que esperar a que el país logre despachar la principal incógnita que quedará despejar, luego del acuerdo con el FMI. Esto es, lo que suceda luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, donde la gestión de Javier Milei se juega parte de su futuro político, económico, financiero y monetario. Esta circunstancia la saben los mercados en general, que reconocen que un buen resultado electoral le dará espaldas a Milei para seguir adelante con su plan económico libertario, y llevarlo a una instancia superadora. Y luego comenzaría a caer el riesgo país, al ritmo de las reformas que siempre el mercado pondera. Por el contrario, si el resultado legislativo es negativo, difícilmente ese nivel de riesgo país pueda bajar sustancialmente, con lo que la alternativa de una posibilidad de recurrir a los mercados financieros internacionales voluntarios quedará para otra oportunidad.

El uso del dinero del FMI para el pago de julio es aire puro para los complicados pulmones de pago de deuda con que se vienen manejando Caputo y su gente desde comienzos de año. La falta de ritmo ascendente en la recuperación de las reservas, incluyendo los días de ventas de la semana que terminó, no le permite al ministro y su gente aventurar un futuro provechoso en cuanto al ingreso de divisas para reforzar el azul del BCRA, por fuera del dinero que llegará de Washington una vez que se terminen las negociaciones con el FMI y se firme en nuevo acuerdo. La posibilidad de mostrarle al mercado que el dinero está (venga de donde venga) es clave para restablecer la confianza de los viejos y nuevos tiburones que se manejan en el mercado de capitales local con catalejos enfocados desde dentro y fuera de las fronteras argentinas. Estos operadores vinculados a los money makers solo tendrán confianza en que se puede cerrar 2025 el día después que Economía haya cumplido en tiempo y forma con el pago de las obligaciones del vencimiento más importante del año, el de julio. Y que, en lo posible, se haga con un Ministerio de Economía a plena acción y con la situación controlada.

Estos Bonares y Globales que se liquidarán en julio son títulos públicos que forman parte de los instrumentos de deuda emitidos por el Estado nacional durante el canje de deuda que cerró el exministro de Economía Luis Guzmán, durante su gestión como habitante plenipotenciario del oficialismo en el Palacio de Hacienda, en los tiempos en que en la Casa Rosada intentaba hacerse fuerte el expresidente Alberto Fernández.

Los Bonares y Globales que se pagaron el 9 de enero se emitieron en septiembre de 2020, en la reestructuración de deuda negociada por el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) y se caracterizan por tener una tasa de interés muy baja (los que vencen en 2030 pagan menos del 1%), costo que va creciendo a lo largo de los años y varía según la fecha de vencimiento. Ambos títulos tienen características muy similares y lo que los diferencia es la ley aplicable: los Bonares están sujetos a la ley argentina y los Globales se rigen bajo la ley de Nueva York, Estados Unidos. Ambos son emitidos en dólares y tienen fecha de vencimiento final en 2029, 2030, 2035 y 2041, entre otras. La letra fina del acuerdo de 2020 indica que en total son más de vobligaciones que tienen plazos que van desde los 8 a los 25 años. Estos bonos pagan amortizaciones en cuotas semestrales de capital, al que hay que sumar los intereses.

Fueron emitidos por el gobierno anterior y representan, quizá, la única política de Estado, en términos financieros, que se sostiene de una gestión a otra.

Por lo demás, se sabe que el programa que se firmará será el de facilidades extendidas con el Fondo y que antes de la tercera semana de abril estará aprobado por el Board del organismo que maneja Kristalina Georgieva. Incluirá una reducción de la tasa de interés del 6,46% del acuerdo vigente desde el gobierno de Alberto Fernández a una del 5,63%. Esto es, 80 puntos básicos. Y teniendo en cuenta que el programa será a diez años con cuatro años de gracia para pagar capital, el ahorro total alcanzaría los 3 mil millones de dólares. A esto habrá que sumar la contracción que se produzca periódicamente por el perdón que el FMI aplica a los países emergentes por el castigo de haber tomado deuda por encima de la capacidad de pago de estas economías. En total, el ahorro por tasas de interés, podría alcanzar en diez años los 5 mil millones de dólares.

Esta definición quedó clara, y pasó algo desapercibida, en la exposición que el viceministro de Economía José Luis Daza dio en el Congreso el lunes pasado, al pedir de parte del Ejecutivo la aprobación del DNU que le habilita al Poder Ejecutivo las negociaciones finales por el facilidades extendidas. El funcionario no aclaró, como tampoco lo había hecho Luis “Toto” Caputo, el monto final que se negocia con el FMI, pero dio una tenue precisión mayor a la del ministro. Daza

dijo que “no hay un monto máximo”, lo que implica que ya está cerrado el mínimo que el FMI le girará a la Argentina. Tal como adelantó este medio, serán unos 9.800 millones de dólares, dinero coincidente con el total de divisas que el país le giró al Fondo desde el segundo trimestre del año pasado hasta febrero de este año, por el cumplimiento del facilidades extendidas vigente, y que hubiera correspondido que el FMI le devolviera al Banco Central. Esos casi 10 mil millones serán el piso que recibierá Argentina y, probablemente, de manera rápida y directa. El resto del préstamo sería girado a partir del cumplimiento de las metas trimestrales. Daza aclaró en su exposición en el Congreso que de la velocidad de la liquidación del acuerdo dependerá la “la forma de salida del cepo”.

Carlos Burgueño

Las Fuerzas Armadas argentinas buscan drones en Italia e Israel. ¿En serio?

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Las Fuerzas Armadas argentinas buscan drones en Italia e Israel. ¿En serio?

Zona Militar – A la fecha, a pesar de diversos esfuerzos y desarrollos listados en el pasado, las Fuerzas Armadas argentinas no disponen de vehículos aéreos no tripulados del tipo MALE que cumplan diversos requisitos y misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia del espacio aéreo nacional, así como del extenso y vasto litoral marítimo. Con esta imperiosa necesidad a cuestas, se ha formulado toda una serie de estudios, los cuales serán ampliados con próximas visitas que comisiones de la Armada Argentina (ARA) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA) realizarán a Italia e Israel, en el marco del aceitado vínculo bilateral que la Presidencia de la Nación mantiene con ambos gobiernos.

Si bien muchos detalles se mantienen en reserva, fuentes consultadas han indicado que la comisión enviada por la Armada y la Fuerza Aérea podría, aunque no necesariamente, coincidir con una futura visita del presidente Javier Milei a alguno de estos países. Más allá de este dato de color, la realidad indica que las autoridades militares vienen evaluando diversas alternativas y propuestas para incorporar nuevos vehículos aéreos no tripulados del tipo MALE, los cuales pueden operar durante largos períodos de tiempo gracias a su gran autonomía, en vuelos de apoyo al Instrumento Militar en altitudes medias.

En el caso de la visita de la comisión a la República Italiana, el viaje de los representantes argentinos tendría como destino la ciudad de Trieste. En esta ciudad del norte de Italia se emplazan varias instalaciones y centros de desarrollo de la firma Leonardo, la cual ha ofrecido vehículos aéreos no tripulados de la familia Falco, sin precisar qué versiones.

Actualmente, y tal como señala la firma italiana de forma oficial, la familia de UAV de esa línea se compone del Falco EVO y Falco Xplorer, los cuales cumplen misiones que van desde funciones ISR hasta designación de blancos. En el caso del Xplorer, debe destacarse que se encuentra equipado con un radar SAR y sistemas de guerra electrónica y recolección de inteligencia SIGINT, los cuales lo convierten en una plataforma necesaria para operaciones en entornos marítimos.

Para la visita a Israel, la comisión tendría previsto visitar las instalaciones de la empresa Israel Aerospace Industries (IAI), la cual buscaría posicionar sus drones MALE de la familia Heron. No obstante, un detalle a tener en consideración es la no confirmación de si representantes del SIBAT, principal organismo para la exportación de equipamiento militar a otros países, participarían en el itinerario fijado por la comisión enviada por la Armada y la Fuerza Aérea.

Tal y como señala IAI, el Heron es un “… sistema aéreo no tripulado (UAS) de Altitud Media y Larga Autonomía (MALE) operado por clientes de todo el mundo en misiones estratégicas, tácticas y de seguridad nacional”.

Añadiendo que cuenta con la capacidad “… de realizar operaciones continuas durante hasta 45 horas a altitudes de hasta 35.000 pies, el Heron es una plataforma robusta y probada en combate…”, la cual dispone de “… hasta seis cargas útiles de misión diferentes de forma simultánea, lo que permite ejecutar misiones complejas de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR) sobre terrenos variados, incluidos montañas, bosques, selvas, pantanos, entornos marítimos o áreas urbanas”.

Juan José Roldán

Comentario de AgendAR:

El licenciado Juan José Roldán se olvida, un error frecuente, que en su breve intervención en FAdeA, entre 2014 y 2015, INVAP diseñó dos MALES bimotores, e incluso construyó y testeó el motor «made in Argentina» de ambos. La planta de potencia fue la tercera diseñada por la Argentina desde los años ’50. Algo sabemos en el país de motores pistoneros.

Sabemos un poco de todo. De guiado robótico, sabemos bocha. INVAP construye (construía) satélites, los SAC A, B, C, D y los SAOCOM 1 y 2 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. A sumar, los 2 ARSAT 1 y 2 para la empresa (obviamente) ARSAT. Nacional, también obviamente.

Los satélites, don Roldán, son básicamente drones que vuelan por fuera de la atmósfera. Necesitan de mucha autonomía de navegación y respuestas rápidas, porque en órbita baja las cosas se mueven a veces a 28.000 km/hora y hay que esquivar o mitigar impactos, tormentas solares, cambios de densidad de la ionósfera, etc. Supongo que eso en la UCES se lo enseñaron. ¿O no?

El Mago Berta, a su vez, fue el preparador de la Escuadra Torino que ganó en Nürburgring en 1969. Los Torino eran muy veloces, y además, lindos. Diseño y fabricación cordobesas. Tremendos motores. Tremenda provincia.

¡Alto ahi!, me dice el colega Julio Mosle, periodista estrella de la difunta TELAM. «El Torino fue un rediseño total del Rambler a cargo del quíntuple campeón argentino de Fórmula Uno, Manuel Fangio, y se hizo en la planta de Monte Chingolo que la cordobesa IKA le había comprado a los Di Tella. Con el éxito del auto y los conflictos sindicales, la fabricación del Toro la IKA la mudó a Santa Isabel, en Córdoba Capital. Imaginate si seríamos picantes los chingoleros que IKA prefirió irse ahí… ¡¡En plano Cordobazo!!».

Otro día le explico el Cordobazo, licenciado Roldán. Pero hablemos en cambio de chicas lindas, como SARA, que es de Córdoba pero también de Bariloche. Mauricio Macri liquidó el proyecto SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino) al toque de asumir. También los satélites ARSAT 2,3,4,5 y 6. Y de paso, los SAOCOM 3 y 4, y ya que estaba, el SABIAMAR, mucho más sencillo que los SAOCOM porque es óptico, y no de radar.

Los ARSAT 1 y 2 que supimos conseguir siguen en vuelo. Tienen vida útil garantizada hasta 2030 o 2031. Ganan U$ 40 o 50 millones por año. Los SAOCOM 1 y 2 también siguen en órbita, con sus pantallas de radar en banda L del tamaño de una cancha de squash. En esa banda de longitud de onda bastante mayor que la X, la más frecuente en aplicaciones militares, se pueden detectar desde las estelas que deja un barco en el mar, a la presencia de aviones stealth, aunque sin la precisión de un radar de puntería en banda X.

Eso lo descubrimos después de ponerlos en órbita, porque los SAOCOM son satélites básicamente civiles y dedicados a medir agua en el suelo. Por algo sucesivos gobiernos atrasaron 20 años su construcción y despliegue, negándole fondos. Al menos, con la banda L uno sabe adónde buscar intrusos, y luego apuntarles con banda X. Es lo que hacen los cazas Sukhoi 54, donde casi todo el borde de ataque del ala es una antena enorme en banda L.

Avísele a sus lectores. Tremenda diseñadora y fabricante, INVAP.

Vemos que el Ejército Argentino no participará de esta misión de compras.

Tiene su lógica: fueron la única Fuerza Armada que respaldó el proyecto SARA, el cual la Fuerza Aérea y la Armada ignoraron apasionadamente, con esa vehemencia que tienen por comprar afuera y el turismo militar. Lo del Ejército a su vez tiene dos lógicas más: la segunda es bastante tradición industrial. El Ejército fundó YPF, Fabricaciones Militares, las acerías más importantes de Sudamérica e incluso, en 1927, la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Algo de eso le queda.

La tercera es que el Ejército es la única fuerza armada que ve la atmósfera como terreno de operaciones a conquistar. La Fuerza Aérea y la Armada deberían hacerlo por definición fundacional, pero no ejercen.

Algo debe hacer el Ejército al respecto, y de bajo costo y despliegue rápido.

Pragmático, el Ejército empezó «por abajito»: pidió un modelo de observación óptica desde baja altura, guiado autónomo, cámaras multiespectrales e infrarrojas, y de la mayor autonomía posible en vuelo, pero no necesariamente de gran distancia.

«Necesitamos 40 kilómetros, no mucho más. Es el alcance máximo de nuestra artillería», le dijeron al entonces dúo INVAP-FAdeA. El modelo de demostración, es decir el pre-prototipo, era chiquito, con un motor de 14 HP que sonaba como una cortadora de pasto. Había muchos asuntos a testear, entre ellos el sistema de comandos a distancia y luego la navegación plenamente autónomo. Obviamente en sus primeros vuelos semiautónomos se dió un par de porrazos en el aterrizaje.

Con Macri presidente, llegó la orden de no repararlo. Mala para el Ejército, que ya en 2014 pensaba que las guerras terrestres en grandes espacios se parecerían a la de Ucrania. Si tenés poca munición de cañón de 155 mm., lo mejor es que caiga exactamente donde está el enemigo, llueve, truene o brille el sol, y sobre todo, de noche, para que no duerma.

También importa que los drones recuperables sean muchos, simples, de alta velocidad de reposición y de fabricación local, por asuntos de repuestos. Te boicotea el país proveedor y se quedan en tierra.

Difícil que los drones SARA se quedaran sin repuestos, o que se cubrieran de polvo en un hangar por obra de un kill-switch activado a distancia. Esas cosas, como acaban de descubrir Alemania y Ucrania con sus cazas F-35 y F-16 respectivamente, existen. Y aparecen públicamente sólo por algún desacuerdo entre cancillerías.

Como el de hoy entre Trump, que quiere terminar la guerra de Ucrania ya antes de que Rusia siga ganándola, y la OTAN fundacional de nueve miembros, que quiere seguirla hasta que caiga el último ucraniano. Ya sabían desde antes de comprarlos que sus cazas Lockheed de toda marca y modelo tenían kill switches, pero con los rusos avanzando no muy despacio hacia el río Dnieper, acaban de recordarlo.

¿DEMASIADO JÓVENES O DEMASIADO CHETOS?

Los licenciados en defensa de universidades privadas como la UCES son demasiado jóvenes para acordarse de Berta y de la Escuadra Torino, y demasiado faltos de escuela pública como para hacer compartido aulas con hijos de obreros y técnicos industriales. En suma, demasiado chetos y criados en un Tupperware como para entender que no hay Argentina posible sin fábricas, y demasiado liberales para entender que un país sin industria de armamentos propia es, básicamente, inapto para la autodefensa.

La vieja FM, la FMA y los Astilleros TANDANOR y Río Santiago tenían miles de proveedores industriales privados, metalúrgicos, metalmecánicos, químicos, electrónicos, dedicados mayormente al mercado interno, con cantidad de exportadores, y siguen las firmas. Mi amigo Miguel Irazoqui en los ’60 y de veinteañero trabajó en el complejo industrial aeronáutico cordobés cuando éste producía desde aviones militares y de transporte a Rastrojeros. Él particularmente se dedicaba al maquinado de ruedas de ferrocarril para exportar a… China. SIC.

La industria de defensa, cuando la tuvimos, fue la defensa de nuestra industria. Y hasta hace muy poco.

A AgendAR le gustaría saber la opinión del Gral. Brigada (RE) Juan Paleo, uno de esos industrialistas que a veces produce el Ejército, sobre este asunto de comprar a Italia o Israel aparatos que podemos fabricar sin ellos, en cantidad serial, con motores y sensores ya desarrollados y probados por INVAP, Fix-View y aprobados por la Fuerza Aérea y la Armada. Se pagan en pesos y los drones resultantes la Argentina los puede exportar a quien se nos dé la real gana.

Y eso sin que Tel Aviv, otrora proveedora no entrometida de nuestra aviación, venga a decirte «a Bolivia, no, porque dejamos sin aviónica al proyecto Pampa 3. Por alguna causa, en esa capital habían decretado antisemita a Evo Morales, a la sazón presidente de Bolivia. Imagínese comprarse los Heron y quedarse sin mantenimiento porque Netanyahu se chifla si la Argentina vota en la ONU contra la masacre de los pueblos palestinos.

Nunca pudimos exportar un Pampa porque de sus alrededor de 20.000 componentes, sólo 3.400 son de industria nacional. Peor aún, nunca pudimos fabricarlo en series de 6 o 12 por año, porque el resto del avión viene de arafue y se gatilla en dólares. Y si un buen avión de precio razonable no se vende durante 43 años, algo está fallando en el país, más que en el avión.

Nuestra idea fija es que los drones argentinos sean argentinos en su casi totalidad, para producir trabajo en lugar de deuda externa, y que sean pagables en pesos argentinos a empresas argentinas.

Empresas argentinas, entre otras cosas, para que EEUU, la OTAN o Israel no nos elijan los enemigos con el verso de la «interoperabilidad» con la OTAN.

¿Nuestros conflictos legítimos son únicamente los que fija la OTAN? ¿Qué partes de la OTAN, que está un poco fracturada? Armas argentinas para que si los malos de nuestra historia pasada y futura (no han cambiado) se vienen por la ocupación unilateral de más territorios argentinos, que al menos les dé un poco de miedo.

La política de comprar chatarra OTAN sólo sirvió para perder las islas del Atlántico Sur, y la de desarme unilateral de nuestra democracia, rara forma de castigar a TODOS los militares para perdonar a los genocidas, nos costó unos 2,2 millones de km2 adicionales de territorios marinos.

Los drones argentinos como los SARA, degollados en la cuna, pueden resucitar no bien la Argentina renacionalice sus Tres Poderes, limpie de basura legislativa reciente su Constitución Nacional, y logre detener el avance del Reino Unido sobre nuestro Atlántico Sur y nuestra porción de Antártida, continente del que fuimos los primeros ocupantes fijos, y desde 1904.

Volver al futuro no es ciencia ficción ni tecnología ficción. Es política ficción, algo más fácil y más difícil.

Si el proyecto SARA resucita con MALES, HALES (de gran altura), o simples drones de ala fija y «de ida y vuelta», o cuadricópteros kamikaze, dejaremos de ser el único país de Sudamérica al que entre gringos ajenos y vendidos propios le cambian continuamente los límites marinos y antárticos, y en su detrimento. Y quién te dice, Córdoba vuelve a fabricar cosas que vuelan, y a emplear recursos humanos calificados.

La necesidad tiene cara de hereje, pero es buena maestra. San Martín necesitaba cañones para cruzar la cordillera y limpiar a Chile de godos virreinales, y la entonces nebulosa Confederación Argentina le negaba recursos. Don José confió al cura franciscano Fray Luis Beltrán la fabricación de armamento propio para una campaña que vendría difícil.

Beltrán, con la sola ayuda de la Enciclopedia Francesa, baquía propia de metalúrgico en las maestranzas de O’Higgins y no poca vocación de aprender por prueba y error, terminó fundando las maestranzas de Plumerillo, Mendoza, las primeras piezas de artillería del mundo capaces de desmontarse en módulos, cruzar los Andes a lomo de mula, rearmarse en la ladera occidental y empezar, en Maipú y a tiros de paquetes de metralla, con la liberación de Sudamérica.

El Plumerillo no era un barrio de finde para los mendocinos ricos, que odiaban a San Martín. Fue la sede de nuestra primera Fabricaciones Militares.

Sí, los cañones españoles eran mejores, pero predecibles, y las nuestros sorprendieron con su sola existencia al ejército español, al que los espías de San Martín le pasaban fake-news a velocidad del Gran Diario Argentino. Y Beltrán y San Martín no fueron a comprar cañones a España. No fabricar armas propias sólo sirve para que otros te fabriquen guerras, frecuentemente en tu propio territorio. Y lo principal: no se compran armas al enemigo.

Dicho por don Bartolomé Mitre, político nada industrialista y general que perdió todas sus batallas, el cura Beltrán fue un “matemático, físico y químico, artillero, relojero, pirotécnico, dibujante, herrero, carpintero”. Fue tal su influencia que aún hoy, sin ya casi nuestra principal industria mayor, la fierrera, el día de su nacimiento se conmemora el día del metalúrgico. Beltrán fue una especie de INVAP resumido en una sola y escueta persona.

Restituir el proyecto SARA sería poder sostener guerras largas sin ayuda ajena, sobre todo en RRHH calificados en sistemas de navegación, sensores y aviopartes.

Es algo que al parecer hoy no logra hacer Ucrania, aunque en 2022 tenía el puesto número 14 entre los países exportadores de armas. Los ucranianos no están perdiendo por cobardes o por pocos, o porque las tácticas rusas sean geniales. Están perdiendo porque los rusos fabrican cada vez más su propio armamento, y la OTAN, no. Europa Occidental depende en más o menos un 65% de armas y componentes fabricados en EEUU. Eso incluye a las anomalías con marcas propias de cazas supersónicos, como Suecia con su Gripen y Francia con sus Rafale.

Para el caso, si la cosa se pudre a nivel global, Italia e Israel tampoco logran zafar solos en esto del armamento propio, con sus Falco y sus Heron tan cautivos de aviónica británica o estadounidense a bordo. Tendrían que aprender rápidamente chino y ruso, para ver qué logran salvar de la inundación. ¿Y estos van a ser nuestros proveedores?

¿Nos van a dar clases de tango, además?

Daniel E. Arias

En AgendAR hemos publicado mucho sobre drones, el arma más característica de las guerras en este siglo XXI. Acercamos 8 de estos artículos aquí.

Rafael Grossi: «Considero “seriamente” postularme a Secretario General de la ONU»

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Rafael Grossi: «Considero “seriamente” postularme a Secretario General de la ONU»

El director del OIEA ganó relevancia en los últimos años debido a su gestión frente a diversas crisis internacionales, particularmente la guerra en Ucrania.

NUEVA DELHI -El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, señaló que considera postularse para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU. En una entrevista con India Today Global, el diplomático reconoció haber considerado seriamente la posibilidad de ocupar el cargo, que quedará vacante en 2026.

“Estoy pensando seriamente en eso”, apuntó durante la entrevista, en la que habló del creciente sector nuclear de la India, al que calificó como uno de los “más dinámicos” de Asia y del mundo.

“Creo que la gente ha estado hablando sobre la posibilidad de mi candidatura, al observar lo que hemos discutido hoy: el papel crucial que jugó el OIEA en el contexto de una guerra, donde hemos logrado mantener conversaciones con el presidente [Vladimir] Putin y el presidente [Volodimir] Zelensky sin comprometer nuestras misiones. También hemos desempeñado un papel importante en Medio Oriente y en la colaboración entre China y Japón respecto a [la planta nuclear de] Fukushima”, argumentó.

A pesar de las especulaciones sobre su posible postulación como futuro secretario general, Grossi precisó que aún no recibió una propuesta formal, y destacó: “El proceso aún no empezó”. Aunque la selección para 2026 está a un año de distancia, ya se abrieron los debates sobre los posibles aspirantes. La tradición de rotación geográfica de la ONU sugiere que el próximo secretario general podría ser de América Latina y el Caribe, y diversos sectores promueven una candidatura femenina, tras 78 años de liderazgo masculino.

El proceso de selección del secretario general de la ONU involucra varias etapas. Los candidatos son propuestos por los miembros del Consejo de Seguridad, quienes consideran cualidades como la experiencia, habilidades diplomáticas y representativas, y el apoyo internacional. Los cinco miembros permanentes del Consejo tienen derecho a veto, lo que significa que un solo país puede bloquear una candidatura. Tras las deliberaciones y negociaciones, el Consejo de Seguridad recomienda al candidato, y luego la Asamblea General debe aprobarlo.

En América Latina, se mencionan como posibles candidatas al cargo la expresidenta chilena Michelle Bachelet (también fue directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013, y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022); la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y la exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa. Todas ellas aparecieron en encuestas informales realizadas entre el personal de la ONU, lo que refleja el interés por su liderazgo.

La semana pasada, Bachelet dijo en un foro en Nueva York que está evaluando ser candidata para liderar las Naciones Unidas. “Estoy pensando… Quizás voy a ser candidata a la secretaría general” de la ONU, dijo la exmandataria, de 73 años.

Además, se barajan otros nombres, como el del ex presidente colombiano Juan Manuel Santos (ganador del Premio Nobel de la Paz en 2016), aunque su equipo desmintió cualquier intención de postulación.

Estos nombres evidencian la diversidad de opciones y la complejidad del proceso de selección, que requiere alcanzar un consenso entre los países miembros de la ONU.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el cargo en enero de 2027. Aunque pueda parecer temprano para debatir sobre posibles candidatos, muchos coinciden en que es esencial iniciar la discusión con anticipación. Como destacó Elina Valtonen, ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, “es muy importante comenzar a hablar de esto, porque también creo que es una cuestión de qué debería ser del futuro de la ONU y del Consejo de Seguridad”.

Valtonen, al igual que otros dirigentes, subraya la relevancia de que la ONU tenga a su primera mujer como líder. “Este cargo debe basarse, sin duda, en méritos, pero creo que sería realmente notable si nuevamente no fuera una mujer la elegida”, señaló en una conferencia de prensa en enero pasado.

A pesar del creciente impulso para que la próxima secretaria general sea una mujer, la figura de Grossi ganó relevancia en los últimos años debido a su destacada gestión frente a diversas crisis internacionales. Su capacidad para navegar situaciones complejas, especialmente en su papel en la guerra en Ucrania, consolidó su imagen como un líder pragmático y experimentado, capaz de manejar los retos más difíciles en el escenario global.

Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, Grossi desempeñó un papel crucial en la supervisión y aseguramiento de la seguridad de las instalaciones nucleares ucranianas. En un contexto de creciente preocupación por los riesgos de un accidente nuclear debido a los ataques cerca de plantas como la de Zaporiyia, la mayor de Europa, Grossi trabajó para garantizar que el OIEA mantenga su capacidad de intervención y apoyo, al promover la desmilitarización de las instalaciones nucleares y el establecimiento de zonas de seguridad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el secretario general del OIEA, Rafael Grossi, en Sochi, el 6 de marzo de 2024.
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el secretario general del OIEA, Rafael Grossi, en Sochi, el 6 de marzo de 2024.- – Kremlin

Su involucramiento no solo se limitó a su trabajo con Ucrania, sino que también ha buscado canales diplomáticos con Rusia. En este sentido, una de sus acciones más significativas fue su reunión con Putin, en la que se discutieron temas clave de seguridad nuclear en el contexto de la guerra.

Además, su postura firme en rechazo al uso de armas nucleares y su continuo llamado a la diplomacia nuclear en tiempos de tensión internacional reforzaron su reputación como un defensor del multilateralismo y la paz. En medio de la incertidumbre generada por la guerra, Grossi subrayó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos entre las potencias nucleares y de aplicar regulaciones rigurosas que eviten el uso indebido de la tecnología nuclear.

La disolución del Instituto Nacional del Cáncer

Abel
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La disolución del Instituto Nacional del Cáncer

Preocupa la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, que se suma a los despidos y renuncias masivas en el Ministerio de Salud de la Nación. Una solicitada firmada por casi 1200 organizaciones y particulares que circuló esta semana alerta sobre los posibles impactos de esta medida en la salud de la población y sobre todo en los sectores más vulnerables. 

La semana pasada, el Ministerio de Salud anunció que absorberá las tareas del Instituto Nacional del Cáncer (INC) tras el despido de un tercio de las y los trabajadores de su planta, a quienes no se les renovaban los contratos desde diciembre de 2024. Estas medidas ponen en riesgo la continuidad de varias líneas de políticas sanitarias que se desarrollan desde este organismo, como las de control, prevención y cuidados paliativos.

Tras conocerse esta noticia, más de 1200 organizaciones y particulares, entre los cuales hay pacientes, médicos, políticos y sindicalistas, publicaron una solicitada en la que manifiestan su preocupación por esta medidas y los posibles impactos que puedan tener en la salud de la población más vulnerable, que es la que mayoritariamente accede a estos servicios, en un país adonde la pobreza alcanza a la mitad de las personas.

“Es una expresión de preocupación y un pedido de que no se cierre el Instituto Nacional del Cáncer, una solicitada que estamos compartiendo con los medios porque no tenemos respuestas y, salvo el propio ministro –de Salud, Mario– Lugones, en este momento no hay una persona designada con quien podamos hablar por cualquier tema referido al cáncer”, afirma Alexis Descourvieres, que integra la Red Unidos por el Cáncer y el grupo de mamás y papás contra tumores cerebrales pediátricos de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA).

Por su parte, Daniel Gómez, que fue director del INC entre 2013 y 2014, advierte que la pregunta central es adónde serán absorbidas las funciones de esta institución dentro del ministerio. “Si es en la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, se le agregan cuatro capas de burocracia para cada trámite. Ahora, para cada cosa que haya que hacer, se van a necesitar cuatro firmas más por arriba, porque pasan al nivel más bajo de la Administración Pública Nacional y tendrá que pasar por todos los rangos burocráticos: ministro, viceministro, secretario, subsecretario y recién ahí director”, advierte el ex funcionario.

Otra “gran ventaja adicional” que tenía el INC era que los directores y las personas que allí se desempeñaban eran especialistas en oncología. “Ahora, las firmas que se agregan a los procesos no van a ser de oncólogos, pueden ser contadores, economistas o politólogos, que no van a tener la misma capacidad de comprensión de la necesidad y la urgencia que exigen ciertas decisiones en este tema”, se lamenta Gómez.

Incidencia de cáncer en la Argentina

Incidencia de cáncer para las principales localizaciones topográficas en varones y mujeres estimadas por la IARC para la Argentina en 2020. Tasas ajustadas por edad según población mundial por 100.000 varones y mujeres. Fuente: argentina.gob.ar

Entre supuestos y acusaciones

En su cuenta de la red social X. el ministro y empresario de la salud, Mario Lugones, argumentó que “esto se dio a partir de detectar irregularidades en la entrega de medicamentos a punto de vencerse, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas”, y aseguró que garantizarán todas las funciones del INC.

“Lo que no dicen es cómo van a hacerlo”, cuestiona Gómez, y agrega que el argumento de las “supuestas” irregularidades detectadas en las compras y otros procedimientos es incongruente: “Para eso hay auditorias y, si se llega a detectar alguna irregularidad, hay que resolverla, y si hay alguien involucrado, se inicia un sumario administrativo o una causa penal, pero no por eso hay cerrar la institución, porque cerrás todo y dejás a la gente sin nada”, subraya.

Desde su creación, por el Decreto 1286/2010 y su consolidación mediante la Ley 27.285, en 2016, como organismo descentralizado y autárquico, el INC ha sostenido programas esenciales de prevención, control, tratamiento e investigación del cáncer. Por ejemplo, el control de los cánceres de mama y colorrectal, el sistema centralizado de test de VPH, el cuidado integral del niño con cáncer, los cuidados paliativos, la vigilancia epidemiológica y el registro oncopediátrico. Además, el INC impulsa la investigación oncológica mediante asistencia financiera a proyectos y becas; capacita recursos humanos en cáncer, asegurando la formación de profesionales en todo el país, y provee material de divulgación e información crucial para equipos médicos y pacientes.

“Además, es la ley de aplicación de la Ley Oncopediátrica”, advierte Descourvieres, sobre esta normativa sancionada en 2023, que establece derechos y coberturas niñas, niños y adolescentes con cáncer. “Es donde se auditan los nuevos diagnósticos de nenes con cáncer y les dan los certificados oncopediátricos que les permiten tener viáticos gratis en caso de que tengan que desarraigarse para atenderse fuera de sus lugares de origen, porque allí no están los equipamientos ni los centros tecnológicos para asistirlos”, ejemplifica el referente, que además hizo un pedido de información pública formal respecto del presupuesto, de quiénes van a ser las autoridades y cuál va a ser el funcionamiento.

El cáncer es la tercera causa de muerte en el país y, según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), por cada 100.000 habitantes, más de 200 personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer anualmente. Muchas de ellas se atienden en el sector público, cada vez más desarticulado, ya que a la situación en el INC hay que agregar despidos en otras áreas del Ministerio de Salud, que incluso han motivado renuncias masivas de las y los trabajadores, porque no podían garantizar la continuidad de las funciones esenciales que debían realizar.

“Para nosotros es incertidumbre, es dolor y es bronca”, cuestiona Descourvieres, y concluye: “Es la deriva total en un montón de aspectos, como también está pasando con el socorro a las personas de Bahía Blanca: en todo lo que tiene que ver con la intervención estatal, sobre todo a nivel de la Nación, –los gobernantes– se desentienden de los compromisos, argumentando que se tienen que encargar de la macroeconomía y que todo demás depende de las provincias, lo cual es ilegal e inconstitucional porque en nuestra Constitución Nacional incorporamos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la Declaración de los Derechos Económicos Sociales y el Pacto de San José de Costa Rica, que están por encima de cualquier otra ley, decreto o resolución ministerial”.

Vanina Lombardi

Despidos en la Dirección Nacional de Emergencias agravaron la crisis en Bahía Blanca

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Despidos en la Dirección Nacional de Emergencias agravaron la crisis en Bahía Blanca

El devastador temporal que azotó Bahía Blanca, objetivamente se agravó debido a la falta de respuesta del Estado, ya que el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, al comenzar el feriado largo de carnavales, cerró la Dirección Nacional de Emergencias y despidió a sus 485 trabajadores, quienes tenían la responsabilidad de brindar asistencia en situaciones de desastre. La medida, que se enmarca en el ajuste del Estado impulsado por Federico Sturzenegger, dejó a la ciudad sin un organismo clave para responder a emergencias.

La falta de reacción estatal en las primeras horas del desastre evidenció las consecuencias de esta decisión. Mientras los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, se trasladaron a la zona para coordinar la respuesta, Pettovello no hizo acto de presencia.

La ayuda enviada desde su cartera se limitó a productos de higiene y materiales de construcción, transportados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fuentes provinciales denunciaron que solo se enviaron “80 colchones” para una población de 300.000 habitantes, de los cuales el 70 % fue afectada por el fenómeno, según señaló el propio Intendente Federico Susbielles.

Además, Capital Humano no suministró alimentos a la población afectada, admitiendo que no cuentan con stock en la actualidad. Esta situación se conoció en medio de una denuncia del dirigente social Juan Grabois sobre la escasez de suministros en comedores populares, lo que llevó a una orden judicial para que el ministerio informe su inventario de alimentos en un plazo de 48 horas.

Desde el Gobierno sostienen que la eliminación de la Dirección Nacional de Emergencias no fue una medida improvisada, sino que sus funciones fueron absorbidas por los ministerios de Seguridad y Defensa. No obstante, esto significó la desaparición de equipos especializados en respuestas inmediatas y asistencia post-catástrofe.

Importancia de la Dirección desmantelada

Para comprender el impacto de esta pérdida, fuentes gremiales citadas por Infogremiales, recordaron el rol clave que tuvo la Dirección durante los incendios en Corrientes en 2022. En aquella ocasión, en menos de 48 horas se desplegó un operativo con distribución de agua potable, kits de limpieza, colchones, frazadas, ropa y alimentos, además de relevamientos posteriores para gestionar ayudas económicas a las familias damnificadas. Con la disolución del organismo y de los centros de referencia locales, este tipo de asistencia ha quedado sin un ente específico a cargo.

Ante la crisis en Bahía Blanca, la gobernación bonaerense envió a Pettovello un pedido formal de ayuda, detallando la situación de las familias afectadas y recordando que, en los últimos dos años, 50 municipios de la provincia sufrieron inundaciones sin recibir asistencia del Gobierno nacional.

Justificación inexplicable

Desde Capital Humano justificaron la eliminación del organismo argumentando que existía una “superposición de áreas” y aseguraron que la atención ante emergencias quedará en manos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si este nuevo esquema podrá garantizar la misma capacidad de respuesta que el equipo desmantelado.

El cierre de la Dirección Nacional de Emergencias ha generado críticas de distintos sectores y ha puesto en evidencia una preocupante falta de planificación en la gestión de crisis. La emergencia en Bahía Blanca ha sido la primera prueba de este modelo, dejando dudas y preocupación entre los damnificados y los gobiernos locales, que ahora deben enfrentar catástrofes sin el respaldo estatal que existía previamente.

La crisis del sector pesquero en Argentina

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La crisis del sector pesquero en Argentina

El octavo complejo exportador del país busca que se declare la emergencia; tiene salida comercial, pero se ve afectada por la caída de los precios internacionales, el tipo de cambio local y los altos costos para poder operar.

A las 20, Antonio Solimeno sigue en su oficina en Mar del Plata. Llegó a las 6.30 de la mañana y, a los 78 años, sigue trabajando. Como casi todas sus jornadas laborales, ya van casi 14 horas, pero, de todas maneras, el negocio no le cierra. Abiertamente manifiesta que el sector de la pesca está “muy, muy mal” y que “los números no le dan a nadie”.

El presidente de Solimeno, una empresa que cuenta con 13 barcos y dos plantas frigoríficas, que emplea un total de 850 personas y es una de las más importantes del país, asegura que empezó totalmente de abajo y que empezó a crecer después de haber encargado (junto con su padre) su primer barco a un astillero marplatense en 1972. Descendiente de una familia pesquera de raíces italianas, cuenta que el primer problema por el que atraviesan ahora es la caída entre un 20% y un 30% de los precios internacionales, sobre todo del langostino y del filet de merluza, dos de los principales productos de la Argentina en este sector.

“El otro problema es interno. En 2024, la inflación fue del 118%, pero el dólar quedó casi anclado en un 27%. Pagamos costos en pesos que se ajustan por inflación, pero percibimos dólares oficiales que valen poco”, explica el empresario. Añade que hay una altísima presión tributaria, y solo como ejemplo dice que paga por los 850 trabajadores en relación de dependencia US$800.000 por mes al fisco, solo por cargas sociales. “El Estado no para con los impuestos y las tarifas. Tenemos Ingresos Brutos, la tasa de seguridad e higiene y otros tantos. Aumentan el combustible y la energía. Sin embargo, ¿qué nos ofrecen?“, se pregunta. ”Hace 67 años que trabajo en el puerto en Mar del Plata y durante todo este tiempo casi no he visto obras. Tenemos problemas de dragado también. Es tremendo lo que nos pasa. Veo un panorama desalentador para 2025 en las condiciones actuales y los precios continúan aumentando”, dice.

Más allá de la voz del empresario, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) realizó un informe sobre el panorama actual que le pone más números a la problemática y muestra una “gravísima situación”. Según el estudio, los altos costos tributarios, el derecho de exportación, así como los incrementos en los costos logísticos, salariales y previsionales están llevando a la quiebra a un sector que emplea a más de 40.000 trabajadores.

“El atraso cambiario encarece en pesos, insumos como combustibles, repuestos y salarios, achicando márgenes y explica gran parte de las pérdidas actuales” analiza la fundación. A modo de ejemplo, indica que “un barco que en 2018 tenía un 20% de rentabilidad, en 2024 operó con un 21% de pérdida por viaje debido a esta combinación de menores precios y costos disparados”.

Fulasp observa que entre junio y noviembre de 2024, los costos de operar un buque fresquero subieron tanto (indexados por inflación y ajustes) que las pérdidas semanales pasaron de $5 millones a más de $20 millones. “Esta escalada de costos fijos y variables asfixia a las empresas, que no pueden trasladarla a los precios de venta. A su vez, los valores de exportación de las principales especies (merluza, calamar, langostino) también descendieron, reduciendo la rentabilidad”, detalla.

Para Raúl Cereseto, presidente de Fulasp, juega en contra el hecho de que “la macroeconomía en la Argentina es pendular. Nos cambian las reglas de juego 180 grados. Durante 10 años fuimos ajustando salarios y costos por inflación y los recuperábamos por la devaluación del tipo de cambio. Ahora, cuando cambiás los dólares de la venta externa al tipo de cambio oficial, no te alcanza para pagar tu costo en pesos. Tenemos el recurso, tenemos compradores, pero hay una crisis profunda de precio y estructura de costos”, añade.

Solo 10 especies representan el 93% del total de las capturas locales. Según Cereseto, de ellas, 9 están en crisis y 8 en terapia intensiva por el precio, no por el recurso en sí. “La única que no está en crisis es el calamar”, define.

Los números que refleja el Indec sobre el sector pesquero muestran que en 2024 hubo envíos al exterior por US$2007 millones, con un crecimiento del 2,5% interanual, aunque en enero de 2025, el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) muestra una caída de 3,3% respecto a igual mes de 2024.

La salida económica, según el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, es “sentarnos alrededor de una mesa y todos hacer un sacrificio para salir adelante. Por ejemplo, cobrar derechos de exportación a una actividad que no deja plata no tiene lógica”, dice. Hace referencia a que, al igual que otros sectores, hay que suspender las retenciones por lo menos hasta que se ordene la macro. “Es cierto que las retenciones llegan a un 9%, escalonado ya que hay un premio para el valor agregado, pero la Argentina es tan cara que el valor agregado se realiza en otros países mayormente, como Perú o Tailandia”, afirma.

Una postal que puede desaparecer

Están los barcos congeladores, que procesan a bordo y dejan el producto congelado, envasado y listo para la venta, y los barcos fresqueros, que lo llevan a plantas en tierra para su procesamiento. La consultora económica Invecq también trazó un panorama económico complejo para el sector, en especial para los barcos fresqueros y plantas elaboradoras en tierra que “están operando en situación de quebranto”, advierte.

Toma como ejemplo un barco con una producción por marea de 3000 cajones de merluza en la ciudad de Mar del Plata. En noviembre de 2024 generó ingresos por $73,5 millones y afrontó costos por $89,2 millones. Tuvo una pérdida de $15 millones. En el segundo semestre de 2018 hubiera tenido un resultado positivo del 20%.

Sebastián Agliano es el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera de Mar del Plata y representa a 47 embarcaciones amarillas de las que se ven en el puerto y que tanto fascinan a los turistas. “Por cada empleado embarcado hay siete que trabajan en tierra. Esta cadena de producción (más artesanal) es un 25% menos rentable que cualquier otra. Lo peor de lo que está sucediendo es para Mar del Plata y para los buques fresqueros. Además, hay que tener en cuenta que nuestro principal comprador es Brasil, cuya devaluación nos impactó directamente. Nos estamos fundiendo”, reclama.

Recuerda que “la pesca aporta a la seguridad alimentaria y a la salud de los ciudadanos”, aunque, según datos oficiales, el consumo local de productos pesqueros es bajo en la Argentina: solo 4,8 kilos por habitante por año, muy lejos del promedio mundial, que supera los 20 kilos.

“Nos encontramos ante la necesidad acuciante de acciones por parte de la Administración para evitar que el sector pesquero que representamos se vea inmerso en una crisis terminal. Los principales destinatarios del paquete de medidas deberían ser los segmentos de esta flota fresquera, en su mayoría pymes o empresas familiares conformadas por personas físicas. Solicitamos que se declare la emergencia pesquera para este sector y, entre otras medidas de alivio, la suspensión del Derecho Único de Extracción durante los próximos 12 meses”, pide.

La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), marca también que en los últimos 20 años el sector aportó al fisco más de US$2300 millones solamente en concepto de Derechos de Extracción (DEX), un tributo que no existe en ningún otro sector pesquero en el mundo”

El langostino, también en crisis

El langostino congelado procesado a bordo en buques congeladores en estuches de dos kilos directo para la exportación genera unos US$600 millones por año, un cuarto de las divisas que ingresan por parte del sector pesquero.

Sin embargo, este producto emblemático de la Argentina en los mercados internacionales está en crisis. Eduardo Boeiro, presidente Capeca, explica que (además de lo ya expresado por otros referentes del sector), “tenemos un alto costo laboral arriba de los barcos. Hoy la tripulación se lleva casi un 60% de lo que el barco trae, entre salarios, cargas sociales, etc. A su vez, esa producción tiene una retención del 6% y en 2024 el Gobierno incrementó el Derecho Único de Extracción. Más el combustible y otros ítems, la producción tiene una rentabilidad negativa”, dice.

Asegura que “en estas circunstancias, si no se llega a algún acuerdo con las tripulaciones, los gremios y el Gobierno (por retenciones y otros impuestos), va a ser muy difícil que la flota pueda salir a trabajar a partir del mes que viene, cuando empiece la temporada del langostino».

Una maraña

El sector está atravesado por “una maraña de regulaciones innecesarias”, según Invecq. Entre el despacho a la pesca de un buque hasta el último eslabón “se exigen 133 trámites”. Y estas cifras no incluyen los pasos administrativos de orden comercial o productivo.

Además, agrega Invecq que tiene dotaciones mínimas exigidas muy por encima de lo necesario. Los requisitos de personal, a través de los convenios, no se ajustan a los avances tecnológicos. Entre otras medidas se paga la misma cuota de ART para el personal embarcado que para el de tierra.

Otro ejemplo de regulaciones insostenibles es que “si un barco sale con 12 tripulantes -entre maquinistas y marineros- pero por imposición de los CCT (Convenios Colectivos de Trabajo) está establecido que deberá navegar con 16, entonces está obligado a pagar el equivalente a 16 (y el remanente se divide entre los embarcados)”, registra la consultora.

Se trata de una muestra de las dificultades por las que pasa un sector con enorme potencial tanto para el consumo interno como para la exportación, siempre y cuando gane competitividad.

Paula Urien

Aumento en los precios de los medicamentos en la gestión Milei

Abel
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Aumento en los precios de los medicamentos en la gestión Milei

En febrero de 2025, la canasta de medicamentos más consumidos por adultos mayores subió un 1,4%, con un incremento del 2,7% en promedio en los 10 medicamentos que más aumentaron. Algunos productos presentaron subas de hasta 5,6% en el mes.

A nivel interanual, los aumentos fueron aún más pronunciados. Entre los medicamentos con mayores subas destacan el LASIX, utilizado para tratar la hipertensión arterial, con un incremento del 78,1%, y el DAFLON 500, empleado para fortalecer las venas y vasos sanguíneos, que aumentó un 75,3%.

Cambios en la cobertura de PAMI y aumentos en sus medicamentos

En marzo de 2020, PAMI implementó un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para garantizar tratamientos adecuados a los adultos mayores. Esto permitió que los jubilados accedieran sin costo a ciertos medicamentos y con descuentos del 80% en fármacos ambulatorios y del 100% en tratamientos especiales.

En diciembre de 2024, esto representaba un ahorro promedio de $84.988, equivalente al 26% de una jubilación mínima con bono.

Limitación de medicamentos

Sin embargo, a lo largo de 2024, esta política fue modificada. Se estableció un límite de hasta cinco medicamentos gratuitos solo para jubilados que perciban hasta 1,5 jubilaciones mínimas y que, además, deben realizar un trámite para acceder al beneficio.

En agosto de 2024, PAMI ya había reducido la cobertura de 44 moléculas farmacológicas, y en junio se habían eliminado otras 11.

Canasta de medicamentos de PAM

El aumento de precios en la canasta de medicamentos de PAMI ha superado el incremento del PVP. Desde noviembre de 2023, los valores con cobertura de PAMI han subido un 373,1%. En los primeros meses, los aumentos fueron significativos: 14,5% en noviembre de 2023, 15,6% en diciembre, 33,8% en enero de 2024, y ajustes posteriores que oscilaron entre el 2,3% y el 24,4%.

Los medicamentos excluidos de la cobertura de PAMI también han sufrido fuertes incrementos. Entre agosto de 2024 y febrero de 2025, los tres productos con mayores aumentos fueron Dermaglós (+87,4%), Lanzopral y Pantus 40 (+71,7%).

Impacto en el poder adquisitivo de los jubilados

El incremento de 2,5% en los medicamentos de PAMI en febrero, en contraste con el ajuste del 2,7% en la jubilación mínima y el mantenimiento del bono en $70.000, ha provocado una caída en el poder adquisitivo de los jubilados.

Desde junio de 2023 hasta enero de 2025, la jubilación mínima con bono perdió 40,5 puntos porcentuales en términos de compra de medicamentos, mientras que la mínima sin bono cayó 42,6 puntos.

Licuación del bono

Desde la asunción de Javier Milei, la jubilación mínima con bono se redujo en un 40,1% en términos reales, y la mínima sin bono, un 27,8%.

En este período, la inflación en la canasta de medicamentos de PAMI fue del 373,1%, superando en 197,4 puntos el incremento de la jubilación mínima con bono, que subió un 175,7%

Chubut reclama a la CNEA -al Estado nacional- que devuelva a la provincia sus minas de uranio

Abel
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Chubut reclama a la CNEA -al Estado nacional- que devuelva a la provincia sus minas de uranio

La gobernación de Ignacio «Nacho» Torres desafió abiertamente a Nación al pedir la reversión a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina que está en manos de CNEA.

La gobernación de Chubut, que encabeza Ignacio Torres, intimó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a que devuelva las minas de uranio que tiene concesionadas en la provincia, incluyendo a Cerro Solo, el mayor yacimiento de uranio del país. El Ministerio de Hidrocarburos provincial argumentó que la CNEA viene realizando una actividad exploratoria y productiva «prácticamente nula» y contraria al potencial económico de Chubut en minería de uranio, según reza una carta dirigida al presidente del organismo nuclear a la que accedió EconoJournal.

Sin embargo, fuentes con conocimiento del tema señalaron que la CNEA avanzó en los últimos meses con gestiones internacionales para encontrar inversores para desarrollar Cerro Solo. En términos políticos, el planteo de la administración de Torres es la primera acción concreta de la provincia en favor del habilitar la explotación metalífera que está prohibida por Ley desde hace más de 20 años. Torres se manifestó en las últimas semanas a favor de impulsar proyectos de uranio de manera compatible con la legislación minera vigente en el distrito patagónico, en clave también con la promoción de la explotación uranífera bajo la órbita del nuevo Plan Nuclear que lanzó el gobierno de Javier Milei.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, notificó por carta al presidente de la CNEA, German Guido Lavalle, una intimación para que la institución transfiera o revierta «todas las propiedades mineras de titularidad de la CNEA al estado provincial chubutense». La intención de la provincia es «lograr el desarrollo de recursos uraníferos world class hoy en día desaprovechados».

Las 18 propiedades mineras listadas en la misiva son Los Adobes, La Primera, Cerro Solo, Laguna Colorada, Puesto Alvear, El Ganso, El Molino, Arroyo Perdido, Sierra Cuadrada, Sierra Cuadrada Sur, El Cruce, Mirasol Chico, Cerro Chivo, Cateo Union, Ganso Oeste, La Salteada, La Meseta y El Picahueso. De las propiedades listadas, 12 son minas de uranio, 4 son manifestaciones y 2 son cateos. La titularidad de la CNEA sobre estas propiedades es a perpetuidad ya que fueron otorgadas antes de la transferencia del dominio originario sobre los recursos naturales del Estado nacional a las provincias con la Reforma Constitucional de1994.

Cerro Solo destaca en la lista como el principal yacimiento de uranio de Chubut y de todo el país, con unos recursos razonablemente asegurados de 4420 toneladas de uranio. Un documento de la CNEA del 2020 indica que en Cerro Solo se podrían llegar a producir entre 500 y 550 toneladas anuales. Como dato de referencia, su producción alcanzaría para cubrir la demanda anual de 220 toneladas de uranio de las centrales nucleares argentinas y exportar el mineral. Actualmente no hay ningún proyecto de uranio en producción en el país.

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres.

El pedido de Chubut

En la carta, el ministro de Hidrocarburos remarcó que el contexto internacional es propicio para el desarrollo económico de los proyectos de uranio en Chubut, empleando métodos extractivos que no se contraponen «a ninguna norma de orden local o nacional». Pero la provincia intima a la CNEA a que devuelva la titularidad sobre los proyectos, aduciendo «inactividad» y «falta de inversiones» en exploración y producción por parte del organismo.

Ponce indicó que «desde los anos 80 hasta la actualidad las inversiones y trabajos realizados por la CNEA, tanto en exploración como en explotación de nuestros recursos fue prácticamente nula«. Sobre la base del dominio provincial sobre los recursos naturales y la presunta inactividad de la CNEA, el ministro argumentó que se «justifica la petición de reversión de todas aquellas propiedades mineras que hayan permanecido inactivas durante tiempo prolongado y de manera injustificada, a los efectos que sea la provincia quien arbitre los mecanismos para avanzar en su explotación».

El funcionario también remarcó el relanzamiento de la minería de uranio perseguido por el gobierno nacional a partir de un futuro Plan Nuclear. «La inactividad y la falta de inversiones de parte de CNEA evidenciadas durante décadas, exponen una clara contraposición a la política de desarrollo que encabeza el Gobierno Nacional y persigue la provincia del Chubut», añadió.

La carta también destaca que «existen nuevas tecnologías aplicables a la exploración de los recursos uraníferos descubiertos en la provincia, como la lixiviación in situ, que permiten el desarrollo de los recursos sin contraponerse a ninguna normal local o nacional». Ante una consulta de EconoJournal, fuentes allegadas al Ministerio de Hidrocarburos de Chubut remarcaron que el desarrollo de estos proyectos de uranio es «perfectamente compatible» con la ley 5001 de «prohibición de la actividad metalífera». «No esta en agenda la modificación de ese marco normativo», subrayaron.

Controversia

EconoJournal consultó a la CNEA sobre las afirmaciones del ministro. Desde la institución marcaron un contrapunto con la provincia en torno a las inversiones en Chubut. «La CNEA sigue avanzando en la recuperación de la minería de uranio en la Argentina, después de tres décadas de inactividad, con el objetivo de contribuir a la economía nacional y al desarrollo del Plan Nuclear Argentino. En este sentido, ha invertido realizando exploración en diversas provincias, obteniendo resultados positivos en la identificación de recursos uraníferos en varias ubicaciones, destacándose el gran potencial de la provincia de Chubut, entre otras. Actualmente, la CNEA impulsa el inicio de la explotación, trabajando estrechamente con las provincias para llevar a cabo esta actividad de manera responsable y con el máximo respeto por el cuidado del ambiente», comunicaron oficialmente desde el organismo a este medio.

Sin embargo, otra fuente nuclear conocedora del tema objetó los argumentos del ministro provincial y señaló que la CNEA invirtió desde 2006 al menos US$ 60 millones en minería de uranio en Chubut. También deslizó que hay un trabajo en curso con la Secretaría de Minería de la Nación para realizar una licitación internacional del proyecto Cerro Solo, con interés concreto desde varios países.

«Hay ofertas de China, Australia, EE.UU., Canadá. La demanda era tan grande que se optó por ir a una licitación internacional», disparó la fuente, antes de agregar: «se invirtieron decenas de millones de dólares entre 2008 y 2014». «En Chubut no hubo inversión privada desde 2012 aproximadamente, salvo en los últimos dos años que Piche Resources trabajó tanto en uranio como en oro. El uranio es un buen negocio ahora, pero en las malas la CNEA y el estado invertimos un montón«, añadió.

En esa clave, una fuente que actualmente no tiene vinculo contractual con la CNEA afirmó que la institución entre 2006 y 2015 invirtió aproximadamente US$ 100 millones en minería de uranio, de los cuales unos 60 millones de dólares fueron invertidos en Cerro Solo. «Pero en esos 10 años no se incrementó un gramo los recursos razonablemente asegurados ni se generó un yacimiento productivo», matizó de forma crítica sobre los resultados conseguidos.

Respaldo a la minería de uranio

La iniciativa del gobernador Ignacio Torres para relanzar la minería de uranio en Chubut no deja de ser una jugada fuerte en una provincia marcada por los conflictos en torno a la minería. Torres se manifestó a su favor con el argumento de que no será necesario modificar la ley 5001 que prohíbe la actividad metalífera. El fallido intento del ex gobernador Mariano Arcioni de modificar esa ley en 2021 derivó en fuertes incidentes en torno a la legislatura y la casa de gobierno provinciales.

Torres subrayó este mes en una entrevista en LN+ que la ley 5001 únicamente prohíbe la minería cuando es a cielo abierto y se utiliza cianuro en los procesos de producción. “Podríamos extraer uranio con otros métodos, tenemos la mejor reserva de uranio”, dijo. No obstante, el gobernador remarcó que el proceso de adjudicación y ejecución de los proyectos debe ser transparente y tener licencia social para evitar conflictos como el ocurrido en 2021.

«Hay un mito, yo no soy antiminero, en Chubut hay minería, nosotros en su momento denunciamos que estaba mal querer aprobar una ley entre gallos y medianoche, un día antes de navidad con un manto de oscuridad que justamente es todo lo contrario a cualquier discusión que se debe dar de cara a la ciudadanía”, analizó.

Nicolás Deza

INVAP se endeudará en el exterior para finalizar proyectos en defensa, energía y desarrollo espacial

Abel
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INVAP se endeudará en el exterior para finalizar proyectos en defensa, energía y desarrollo espacial

El gobierno nacional incorporó en el Presupuesto Nacional avales a 7 provincias por US$ 1.715 millones con un plazo mínimo de amortización de hasta 3 años. Fue a través del DNU 186/2025 publicado el jueves en el Boletín Oficial.

La medida incluye a la empresa de alta tecnología de Rio Negro, INVAP, que busca finalizar proyectos en energía, defensa y desarrollo espacial, por hasta USD 100 millones, en emprendimientos que tienen destino de exportación de alta tecnología.

El marco en el que el gobierno de Javier Milei habilitó el endeudamiento con el exterior de las provincias y de la empresa de alta tecnología es de fuerte desfinanciamiento de nación a programas y proyectos estratégicos ligados a ciencia y tecnología. Esto es insoslayable. Si bien INVAP es una empresa que tiene claros los mecanismos de endeudamiento y desendeudamiento una vez que exporta tecnología de punta, el escenario actual en términos económicos no puede quedar por fuera del análisis de la medida publicada en el Boletín Oficial.

También dio el aval por otros US$ 600 millones a INVAP y Energía Argentina para obtener créditos del exterior para financiar diversas obras: en total, hasta US$ 2.315 millones.

Deudas provinciales

El artículo 6 del DNU- “avales de deudas provinciales” señala que se otorgan avales por las operaciones de crédito público (…) por los montos máximos o su equivalente en otras monedas”.

Las provincias alcanzadas con esta medida son la Ciudad de Buenos Aires (Pro), Santa Fe (UCR), Córdoba (PJ), Neuquén (partido provincial), Salta (peronismo aliado al gobierno), Chubut (Pro) y Chaco (UCR).

El mayor monto de avales es para Santa Fe porque se autoriza a la provincia a realizar tres operaciones de deuda: US$ 400 millones para infraestructura económica y social, US$ 125 millones para el acueducto biprovincial con Córdoba, y US$ 30 millones para la defensa contra inundaciones en San Javier. En total US$ 555 millones.

Para Energia Argentina SA el aval bancario- financiero es de US$ 500 millones para “el financiamiento de la importación de gas natural y GNL y servicios asociados”.

El 60% de los radioisótopos que producirá el mundo será en reactores diseñados por INVAP.

Provincias y CABA

Para Córdoba son US$ 375 millones en dos avales: US$ 250 millones para infraestructura hídrica-saneamiento vial y US$ 125 millones para el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba.

Para Salta son US$ 200 millones también en dos avales: US$ 150 millones para tecnología e infraestructura para el desarrollo de la Puna y US$ 50 millones para un programa de Agua y Saneamiento.

Chaco tiene también dos avales: US$ 80 millones para el Plan Corredores de Interconexión y US$ 40 millones para infraestructura vial, hídrica y energética. Mientras tanto, en la provincia de Chubut el aval es para obtener préstamos por US$ 145 millones para el Programa de Ampliación y Optimización Regional Sur. Por su parte. para Neuquén son avales por US$ 20 millones para la puesta en marcha del Proyecto Multipropósito Nahueve Ing. Pedro Salvatori.

INVAP

Finalmente, para INVAP son US$ 100 millones. Es una garantía de ejecución, anticipo y operaciones de prefinanciación de exportaciones para la ejecución de Proyectos de exportación en las áreas nuclear, espacial y radares.

Por su parte, también el DNU autoriza un incremento en el cálculo de Recursos por $ 5 millones respecto a los recursos vigentes previos a este DNU) y una disminución de Gastos por $ 8.075 millones, en ambos casos en relación con los ingresos y créditos anteriores al DNU.

La disminución del gasto surge como “resultado de mayores autorizaciones para 21 programas presupuestarios por $ 2.214.469 millones y reducciones en 7 programas por $ 2.222.544 millones, según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).

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