Columna: Un gobierno apagó el mejor modelo de IA del mundo

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El 12 de junio, a las 17:21 de Nueva York, Anthropic recibió una carta del gobierno de Estados Unidos y tuvo que apagar Fable 5 y Mythos 5 para todos sus clientes del planeta. Tres días antes los había lanzado. La orden no venía de un fallo técnico ni de una caída: era una directiva de control de exportaciones firmada por el Departamento de Comercio, que prohibía el acceso de cualquier extranjero —dentro o fuera de Estados Unidos, incluidos los propios empleados extranjeros de la empresa— a sus dos modelos más capaces.

Como Anthropic no puede filtrar usuarios por nacionalidad en tiempo real, la única forma de cumplir fue desconectar los modelos para todo el mundo. Si abriste Claude el viernes a la noche y el modelo no estaba, esa es la razón. No te lo cortaron a vos: se lo cortaron a todos los extranjeros del planeta de un día para otro, y vos sos uno de ellos.

Vale separar las dos cosas que se mezclan acá. Mythos 5 es el modelo frontier: el más potente. Fable 5 es el mismo modelo con clasificadores de seguridad que bloquean respuestas en áreas de riesgo como ciberseguridad. Fable fue lo que se publicó para todo el mundo el 9 de junio; Mythos quedó reservado para un grupo acotado de organizaciones del programa Project Glasswing. Y fue Fable —la versión con salvaguardas— lo que terminó apagado casi enseguida.

Dos versiones que no coinciden

Acá hay dos relatos y no encajan. La versión del gobierno la dio David Sacks: un socio de confianza que estaba probando Fable encontró un jailbreak —una forma de saltear las barreras del modelo—, le pidieron a Dario Amodei que lo arreglara o retirara el modelo, y Amodei se negó. La acusación de fondo es que Anthropic priorizó su producto de consumo por encima de la seguridad.

La versión de Anthropic es otra. La empresa sostiene que se trata de un «malentendido», que el supuesto jailbreak es una capacidad de análisis de código que los equipos de defensa usan de manera rutinaria, y que el mismo criterio, aplicado a toda la industria, frenaría el lanzamiento de cualquier modelo frontier. Aclara además que antes de publicar sometió los modelos a miles de horas de pruebas con el propio gobierno de Estados Unidos, el instituto de seguridad de IA del Reino Unido y terceros, sin que ninguno hallara un jailbreak universal.

No hace falta elegir bando para ver lo importante. Si tenía razón el gobierno, un Estado acaba de demostrar que puede apagar el mejor modelo del mundo cuando lo considera un riesgo. Si tenía razón la empresa, un Estado acaba de demostrar que puede apagar el mejor modelo del mundo sin un motivo técnico sólido. En las dos lecturas, la conclusión es la misma: puede apagarlo.

La primera vez que se ve el poder duro en vivo

Hace tiempo se discute en abstracto quién controla la inteligencia artificial. Esta es la primera vez que se ve, en tiempo real y con fecha y hora, a un Estado ejerciendo poder duro sobre un modelo frontier. No una multa, no una regulación que entra en vigencia en agosto, no una recomendación: una carta un viernes a la tarde y el producto desconectado esa misma noche para todo el planeta.

El antecedente le agrega filo. Anthropic se construyó la marca de «la empresa de seguridad en IA» y venía en conflicto creciente con la administración Trump desde 2025, cuando la acusaron de hacer «IA woke» y a Amodei lo trataron de «lunático ideológico». En febrero, la propia empresa había trabado un contrato con el Pentágono porque exigía barreras contra la vigilancia masiva y las armas autónomas. La misma compañía que después se volvió proveedora del Estado —un acuerdo con Defensa con techo de 200 millones de dólares, Claude para el Gobierno a un dólar— terminó obligada por ese mismo Estado a apagar su mejor producto.

Y el timing no podía ser peor para Anthropic: este mes presentó ante la SEC el prospecto confidencial para salir a bolsa, con un run rate de 47.000 millones de dólares y una valuación cercana a los 965.000 millones. En plena antesala de su salida a bolsa, el gobierno le desconectó el modelo estrella. La empresa dice que trabaja para restaurar el acceso. Pero el episodio ya ocurrió, y no se deshace.

Lo que esto significa para nosotros

Para Argentina la película es incómoda porque no somos protagonistas: somos parte del «resto del mundo» al que le cortaron el acceso. Un estudio jurídico que armó su flujo de trabajo sobre un modelo, una pyme que automatizó su atención al cliente, un desarrollador que construyó su producto encima de una API: todos se enteraron el viernes a la noche de que la herramienta sobre la que trabajan no responde a ellos ni a un contrato comercial, sino a la decisión de un gobierno extranjero que puede cambiar de un día para otro.

No es un argumento contra usar estas herramientas. Son, hoy, las mejores que hay, y quedarse afuera tampoco es estrategia. Es un argumento sobre el tipo de dependencia que se asume cuando toda la operación cuelga de un modelo que vive en otro país, bajo otra bandera y otra jurisdicción. La IA se presenta como global, ubicua, disponible para cualquiera con conexión. El 12 de junio mostró que no: tiene un dueño, y ese dueño tiene un Estado encima que puede apretar el botón.

La pregunta que queda abierta no es si conviene usar estos modelos. Es otra, más incómoda: ¿cuánto de lo que hacemos puede seguir colgando de una herramienta que cualquier viernes a la tarde, por una orden que no escribimos ni votamos, puede dejar de respondernos?

Columna de IA por Esteban Terranova

Flybondi: ¿Un fracaso empresario o «los costos argentinos»?

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Flybondi en mayo 2026 perdió -140.669 contra mayo 2025. Durante los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 voló con 2 aviones, opero 46 vuelos y cancelo 58 pero Peter Cerda CEO de ALTA y Vicepresidente de IATA para las Américas dijo que los costos de sobrevuelo, aterrizaje y uso de aerostación ponen en riesgo la competitividad del mercado argentino.

¡Como no lo voy a entender! ¿A quien te preguntaras vos? Al señor Peter Cerda que por la que sea, durante la realización del Anual General Meeting de IATA en Río de Janeiro tuvo que asumir como CEO de ALTA -Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo y como VP regional de IATA- que el presente de Flybondi le preocupa.

Desde ya que en lo personal y a quienes hacemos aviacionenargentina.com.ar también nos preocupa y además nos alerta el presente de Flybondi, es mas desde hace años me ha tocado revelar, publicar e investigar irregularidades y brutalidades cometidas por la low cost que el señor Cerda ahora dice, que vienen monitoreando.

No dudo en absoluto que ahora estén mirando la dañina operación de Flybondi, pero si hace tiempo que lo venían haciendo porque no lo hicieron publico si es que tanto preocupa la realidad aerocomercial argentina.

Estimado Peter Cerda… desde este medio revelamos como primicia* que la low cost hoy sin CEO, voló con un avión solo de una flota de 13 entre tantos otros incumplimientos, además nos podría haber mencionado cuando se refirió al tema, si tanto usted como nosotros queremos lo mejor para esta maravillosa industria. ¿Porque se arroga algo que no le pertenece? ¿Tal vez porque Flybondi desde el año 2022 es miembro de (ALTA) Asociación que usted lidera?

Aprovecho estas líneas para sumarle nuevos datos sobre la operación de low cost que durante los últimos tres días cancelo más vuelos informados al sistema de los que voló.

Viernes 12 de junio

  • Voló con 2 aviones Boeing 737/800 matrículas LV-KDQ y LV-KJE con los que programo 16 vuelos.
  • Cancelo 22 servicios programados e informados al sistema.
  • Tuvo 11 aeronaves paradas: 2 en México, 3 en Brasil, 1 en Lima y los demás en Argentina

Jueves 11 de junio

  • Voló con 2 aviones Boeing 737/800 matrículas LV-KDQ y LV-KJE con los que programo 16 vuelos.
  • Cancelo 22 servicios programados e informados al sistema.
  • Tuvo 11 aeronaves paradas: 2 en México, 3 en Brasil, 1 en Lima y los demás en Argentina

Miércoles 10 de junio.

  • Voló con 2 aviones Boeing 737/800 matriculas LV-KDQ y LV-KJE con los que programo 14 vuelos.
  • Cancelo 24 servicios programados e informados al sistema.
  • Tuvo 11 aeronaves paradas: 2 en México, 3 en Brasil, 1 en Lima y los demás en Argentina

Desde mi perspectiva basada en datos estadísticos oficiales elaborados por ANAC, el presente de Flybondi viene afectando la competitividad, la seguridad operacional y la calidad de servicio del mercado aerocomercial argentino en lo domestico y en lo internacional.

La low cost durante mayo 2026 contra mayo 2025 perdió -134.673 pasajeros domésticos y -5.996 internacionales lo que hace un total de -140.669 viajeros menos, sin olvidar los innumerables problemas e imprevistos adicionales generados que impactaron e impactan negativamente en otras empresas aéreas, aeroportuarias y prestadoras de servicios.

A la fecha por el incremento en las tasas de sobrevuelo, de aterrizaje y de uso de aerostación ninguna empresa aérea del mundo que vuela desde y hacia Argentina ha dejado de hacerlo y tampoco anuncio que lo haga en un futuro. Por el contrario, LATAM suma frecuencias en su ruta Buenos Aires, Miami, Plus Ultra inauguro su operación Madrid/Buenos Aires, China Eastern sumara más frecuencias a los dos semanales que opera e Iberia comenzó a volar una cuarta frecuencia diaria en determinados días de la semana.

¿Porque no menciono esas buenas nuevas en sus declaraciones a la prensa durante el Anual General Meeting de IATA en Río de Janeiro?

Desde el 16 al 18 de junio en la ciudad de Mendoza tendrá lugar el ALTA, Aviation Sfety, Flight Ops & Training Summit evento que seguramente resultará exitoso. Por ello aprovechó la oportunidad para compartirle a usted y a su equipo dos sucesos con evidencia probada -uno de ellos tramita en la justicia federal con denuncia penal incluida- que muestran como Flybondi y sus tercerizadas -Alba Star- han puesto en riesgo la seguridad operacional del sistema.

La Armada se preocupa por el interés de Elztain y otros por un predio en Dársena Norte

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Hay inquietud en la Armada argentina por el renovado interés de Elztain y los Román para recuperar el predio de Dársena Norte que les quitó la Corte por una “compra irregular».

En el ámbito castrense se observa con alarma la política de la administración de Javier Milei respecto a la disposición de ceder activos públicos como un canal que podría facilitar el traspaso de infraestructura de Defensa sensible hacia desarrolladores inmobiliarios “amigos”.

El conflicto se remonta a 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) a favor del consorcio Inversora Dársena Norte (INDARSA), del cual el Grupo Román era el principal accionista. Lejos de potenciar la actividad naval, el consorcio constituyó la firma Puerto Retiro S.A. en diciembre de ese año para transferirle ilegalmente la valiosa Planta 1 de Dársena Norte.

En 1993, el holding IRSA adquirió el control mayoritario (75%) de Puerto Retiro S.A., quedando el Grupo Román con el 25% restante. El objetivo conjunto era desarrollar un megaproyecto de torres de lujo en la zona portuaria. Durante el extenso proceso penal que impugnó estas maniobras por fraude a la administración pública, el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se desempeñó formalmente como el abogado defensor de la sociedad Puerto Retiro S.A.

Tras años de litigio, la Justicia Federal y posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificaron de forma definitiva la nulidad absoluta de la privatización debido a los graves vicios de ilegalidad, ordenando restituir los terrenos de Dársena Norte al patrimonio de la Marina de Guerra.

Pese a ello, Puerto Retiro S.A. nunca fue disuelta y sigue existiendo formalmente en la actualidad.

Ante el nuevo escenario político, la persistencia de esta personería jurídica busca abrir una ventana de oportunidad. Los desarrolladores apuntan a desplegar su capacidad de lobby frente al asesor presidencial Santiago Caputo y al entorno presidencial apostando a que las políticas oficiales de privatización, concesión y revisión de inmuebles militares permitan saltear el histórico fallo de la Corte Suprema para finalmente reconvertir el área de Dársena Norte en un millonario negocio de Real Estate.

Productores agrarios del Norte quieren frenar los cambios en la Ley de Semillas

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Mientras el Gobierno avanza en la discusión de una reforma de la ley de semillas y en nuevas medidas para reforzar la protección de la propiedad intelectual, productores del norte del país lanzaron una contraofensiva para intentar frenar cambios que consideran perjudiciales para la actividad. Con ese objetivo, directivos de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se reunieron con funcionarios de Tucumán y buscan sumar apoyo de diputados y senadores nacionales de la provincia.

La movida se produce luego de que el Gobierno avanzara por dos carriles en el debate sobre la propiedad intelectual en semillas. Por un lado, oficializó un nuevo protocolo para reforzar los controles sobre variedades protegidas. Por otra parte, comenzó una ronda de conversaciones con entidades rurales y representantes de la industria semillera para intentar consensuar una reforma de la ley de semillas, una discusión que lleva años sin lograr acuerdos.

En este contexto, directivos de Apronor se reunieron con el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, para expresar su preocupación por el rumbo que podría tomar la discusión y solicitar apoyo para acercar sus planteos a diputados y senadores nacionales de la provincia.

“Nos reunimos para plantearle toda esta movida a nivel nacional con el tema de la ley de semillas y el perjuicio que generaría para los productores esta situación”, dijo Hugo Meloni, presidente de la entidad. Según explicó el dirigente, el objetivo es que los legisladores conozcan la visión de los productores antes de que eventualmente deban pronunciarse sobre una reforma. “Queremos explicar cuál es el perjuicio para que cuando tengan que votar lo hagan sabiendo qué están votando y no que levanten la mano sin conocer el tema”, señaló.

La preocupación de Apronor se concentra en los cambios que podrían incorporarse a una futura modificación de la legislación. Aunque todavía no existe un proyecto oficial, Meloni afirmó que observan señales que generan inquietud entre los productores. “Venimos de hace rato levantando el tema de la ley de semillas y de UPOV 91, que el gobierno nacional quiere imponer. Nosotros vemos que eso es absolutamente perjudicial para el agricultor”, sostuvo.

El dirigente indicó que otro de los puntos que generan preocupación es la posibilidad de que los mecanismos de control queden en manos de privados. “Consideramos que es altamente probable que terminen siendo los mismos semilleros los que pongan los controles, con lo cual sería juez y parte”, afirmó.

Situación

La reacción de la entidad ocurre pocos días después de que el Gobierno anunciara un nuevo protocolo de control varietal que permitirá verificar la identidad genética de determinadas semillas mediante análisis realizados sobre muestras obtenidas en distintos puntos de la cadena comercial. Rige para las variedades que se inscriban desde ahora. En paralelo, esta semana funcionarios nacionales reunieron a representantes de la Mesa de Enlace, entidades técnicas, productores y empresas semilleras para comenzar una negociación orientada a construir consensos sobre una nueva ley de semillas.

La discusión no es nueva. La legislación vigente data de 1973 y desde hace años distintos gobiernos intentan actualizarla sin éxito. Las empresas desarrolladoras de genética sostienen que una mayor protección de la propiedad intelectual es necesaria para estimular inversiones y acelerar la llegada de nuevas tecnologías al país. Del otro lado, numerosas entidades de productores advierten sobre la necesidad de preservar derechos históricamente reconocidos dentro de la actividad y evitar mayores costos para el sector.

En el caso de Apronor, la entidad decidió comenzar a trabajar sobre el plano político antes de que exista un texto definitivo. Según relató Meloni, durante la reunión mantenida con el secretario de Producción de Tucumán se acordó que, una vez que existan mayores precisiones sobre el proyecto que se enviaría al Congreso, la organización podrá participar de nuevas instancias de análisis junto a legisladores nacionales. “Nos dijeron que ni bien tengan algún borrador de la ley nos van a convocar para que hagamos una reunión con los diputados y senadores nacionales de la provincia”, explicó.

Según afirmó, la preocupación de la organización responde a la percepción de que tanto el nuevo protocolo oficial como una eventual reforma legislativa podrían avanzar en una dirección que consideran desfavorable para los productores. “Ya estamos viendo que va por un camino que al productor lo perjudica”, concluyó.

El Gobierno puso en marcha un nuevo protocolo de control varietal y abrió conversaciones con entidades rurales y semilleros para discutir cambios en la legislación vigente
El Gobierno puso en marcha un nuevo protocolo de control varietal y abrió conversaciones con entidades rurales y semilleros para discutir cambios en la legislación vigenteEttore Chiereguini – AP

Al igual que Apronor, en las últimas horas, en un comunicado difundido este miércoles, Bases Federadas cuestionó el nuevo protocolo oficial y sostuvo que “esta semana el gobierno nacional dio un paso más para acercarse a UPOV 91”. Según la entidad, “el Ejecutivo busca proteger a los grandes semilleros y deja a los productores expuestos a que estos avancen”.

La organización también vinculó la medida con una visión más amplia sobre las políticas oficiales hacia el sector agropecuario. “Una vez más el ministro de Desregulación exige controles a los chacareros para beneficiar a los sectores más concentrados del agro”, afirmó en el documento. Además, llamó a “poner un freno a la entrega que está sufriendo nuestra querida Nación Argentina”, al cuestionar distintas iniciativas impulsadas por el gobierno nacional.

Pilar Vazquez

Chile propone sus puertos para exportaciones de Vaca Muerta a Asia

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En el corazón de Vaca Muerta, una propuesta diplomática comenzó a tomar forma. La ministra chilena de Energía, Ximena Rincón, visitó la zona y extendió una invitación que podría transformar la geopolítica energética del Cono Sur: Chile pone sus puertos a disposición de Argentina para que sus hidrocarburos lleguen al mercado asiático a través del Océano Pacífico.

«Argentina puede salir a través de nuestros puertos al Pacífico y conectarse con Asia. Nosotros podemos aprovechar nuestra infraestructura e interconectarnos energéticamente con este país», declaró Rincón antes de recorrer la formación.

Las palabras de la ministra no son solo una cortesía diplomática. De hecho, la lógica detrás de la propuesta chilena es transparente. Chile importa casi la totalidad de los hidrocarburos que consume. Su dependencia energética del exterior lo dejó expuesto a una tormenta de precios que llegó desde lejos: el conflicto bélico en Irán disparó las cotizaciones internacionales y obligó al gobierno a realizar un fuerte ajuste en los precios locales de combustibles, golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Frente a esa vulnerabilidad, la diversificación de las fuentes de abastecimiento no es una opción estratégica lejana, sino una necesidad inmediata. Tener a un vecino con reservas de la magnitud de Vaca Muerta al otro lado de la cordillera cambia por completo el cálculo.

Del lado argentino, el panorama presenta sus propias urgencias. Argentina busca reducir su dependencia de las importaciones de energía, incrementar sus exportaciones y, sobre todo, fortalecer el ingreso de divisas extranjeras, un recurso escaso y vital para la economía del país. Vaca Muerta representa la promesa más concreta de cumplir esos objetivos, pero su desarrollo pleno requiere infraestructura de salida al mundo. Los puertos del Pacífico chileno ofrecen exactamente eso: una ventana directa hacia los mercados asiáticos, los más dinámicos en consumo de gas natural licuado a nivel global.

Una delegación de alto nivel en la Patagonia

La visita no fue un gesto simbólico. El canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra Rincón encabezaron una delegación chilena de peso que recorrió la formación patagónica. El encuentro también incluyó una mesa de trabajo binacional como parte de una reunión de integración entre las regiones de Biobío, en Chile, y Neuquén, en Argentina, la provincia que alberga el grueso de Vaca Muerta.

Esa dimensión regional del encuentro no es menor. La integración energética entre ambos países tiene antecedentes complejos: durante la crisis del gas de los años 2000, Argentina recortó sus exportaciones a Chile de manera abrupta, dejando a la economía trasandina sin suministro garantizado. Esa herida tardó en cicatrizar. Que hoy los intercambios vuelvan a plantearse en términos de cooperación y beneficio mutuo marca un cambio de clima político significativo.

Chile importa casi la totalidad de los hidrocarburos que consume y busca diversificar sus fuentes.

El gigante que duerme bajo la roca

Vaca Muerta ocupa un lugar singular en el mapa energético global. Ser la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo a nivel mundial no son estadísticas menores: son la razón por la que inversores, diplomáticos y ministros cruzan océanos para visitar una meseta patagónica.

Sin embargo, transformar esas reservas en exportaciones concretas exige resolver cuellos de botella logísticos. Los gasoductos existentes y los proyectos en desarrollo apuntan a incrementar la producción, pero la salida al mercado global sigue siendo el eslabón crítico de la cadena. Ahí es donde la propuesta chilena adquiere su verdadero peso estratégico.

El silencio de Buenos Aires

Frente a una oferta de esta envergadura, el Ministerio de Energía argentino no respondió de manera inmediata a las consultas sobre su posición. Ese silencio puede leerse de múltiples maneras: cautela diplomática, proceso de evaluación interno o simplemente la demora natural de la burocracia ante una propuesta que recién comienza a tomar forma pública.

Lo que sí resulta claro es que la conversación entre ambos países sobre energía volvió a la agenda con fuerza y con actores de alto nivel sentados en la misma mesa. La cordillera de los Andes, que durante siglos funcionó como una barrera natural, empieza a verse en los despachos ministeriales como lo que siempre pudo ser: un punto de encuentro entre dos economías complementarias.

El corredor del futuro

Si la propuesta chilena prospera, el trazado del corredor energético resultante conectaría los yacimientos neuquinos con los puertos del Pacífico a través de la cordillera, reduciendo significativamente las distancias y los tiempos de acceso a los mercados asiáticos en comparación con la ruta atlántica. Para Japón, Corea del Sur, China e India, destinos naturales del gas natural licuado sudamericano, esa diferencia logística puede traducirse en contratos de largo plazo y precios más competitivos.

La integración energética entre Chile y Argentina no es una idea nueva, pero raramente contó con la urgencia que le imprimen hoy la volatilidad de los precios globales, la presión sobre las reservas de divisas argentinas y la necesidad chilena de diversificar su matriz de abastecimiento. Esa convergencia de intereses es, quizás, la mejor garantía de que esta vez la conversación avance más allá de las visitas protocolares.

Los nuevos capitalistas petroleros argentinos. ¿Nace una «burguesía nacional»?

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El sector hidrocarburífico argentino atraviesa una mutación estructural sin precedentes desde la privatización de YPF en los años noventa. En menos de  treinta meses del gobierno de Javier Milei, algunos de los gigantes mundiales del sector abandonaron el país: Petronas (Malasia), Exxon Mobil (Estados Unidos), Equinor (Noruega), ENAP Sipetrol (Chile), y la red de Raízen/Shell. Su lugar fue ocupado por consorcios con importante participación de capitales nacionales o, directamente, por firmas argentinas.

El hecho no es menor: se trata de una transferencia patrimonial de activos estratégicos a escala histórica, ejecutada en tiempo récord. La pregunta que emerge —incómoda, necesaria— no es técnica sino política: ¿estamos ante el nacimiento de una nueva burguesía nacional, o ante una variante sofisticada del viejo rentismo vernáculo con traje de Wall Street?

La retirada de las multinacionales y el vacío que dejaron

Las razones del repliegue multinacional son heterogéneas pero confluentes. La volatilidad macroeconómica argentina, los controles de cambio, las dificultades para repatriar utilidades y la percepción de riesgo regulatorio alejaron a operadores acostumbrados a horizontes de planeamiento de veinte años. Para una Petronas o una Exxon con cartera global, Argentina representaba una posición marginal en un mundo donde Qatar, Guyana o el Pérmico norteamericano ofrecían retornos con menor fricción institucional. La salida no fue pánico, fue racionalidad corporativa transnacional.

El resultado fue un mercado de activos premium disponibles a precios de oportunidad. Vista adquirió la operación de Petronas en Vaca Muerta, y el sector energético se convirtió en el epicentro del proceso de argentinización de activos: represas, distribuidoras, bloques de Vaca Muerta y la red de alta tensión cambiaron de manos en menos de dos años. Quien tuvo acceso a capital —o a crédito— en ese momento compró infraestructura que el Estado tardó décadas en construir.

El nuevo núcleo: ¿Quiénes son y cómo operan?

El mapa del nuevo poder empresarial energético argentino admite al menos tres capas analíticas distintas, que conviene no confundir.

La capa de la acumulación técnica. Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Miguel Galluccio (Vista Energy) representan trayectorias de acumulación con sustento operativo real. Mindlin lleva más de dos décadas construyendo posiciones en la cadena energética: ingresó en Transener en 2003, luego en Edenor y TGS, y dio su salto más audaz cuando Pampa, que entonces valía 500 millones de dólares, adquirió los activos de Petrobras por 1.300 millones, obteniendo financiación por varias veces el valor de la propia empresa para comprar otra que casi la triplicaba en valor. Galluccio, quien lideró la recuperación de YPF tras la renacionalización de 2012, construyó Vista Energy como el vehículo de una apuesta productiva clara: la empresa hoy vale 7.000 millones de dólares, produce 135.000 barriles de petróleo equivalente por día, y entre 2026 y 2028 planea invertir más de 4.500 millones de dólares.

La capa de la acumulación político-patrimonial. José Luis Manzano representa una figura de mayor complejidad estructural. Ex diputado nacional, ex ministro del Interior del menemismo, su trayectoria empresaria comenzó cuando aún era funcionario y nunca se desligó del poder político como condición de posibilidad. Su holding actual integra Edenor, Metrogas, Edemsa, yacimientos petroleros en Argentina y Colombia, exploración de uranio en Chubut, litio en Jujuy y Catamarca, y la sociedad Integra Capital. Junto a Mercuria, son dueños de Minera Volcán, uno de los más importantes productores de plata, zinc y plomo en el mundo.

La capa de la acumulación por proximidad al poder. Los hermanos Juan y Patricio Neuss representan un fenómeno cualitativamente distinto. Edison Energía fue constituida el 12 de febrero de 2025. Desde entonces, compró dos distribuidoras en el norte del país, sumó participación en dos transportistas y adquirió tres represas hidroeléctricas. En abril de 2026 formalizaron la adquisición del control de Transener —la red troncal de alta tensión del país— por 356 millones de dólares, consolidando así el control sobre los tres eslabones de la cadena: generación, transporte y distribución. La velocidad de esta acumulación no tiene explicación en ningún expediente de capacidad técnica o trayectoria sectorial acreditada. Los hermanos Neuss son amigos de la infancia del asesor presidencial Santiago Caputo, con quienes compartieron la infancia en el country Martindale.

La arquitectura financiera: la deuda como palanca de poder

El mecanismo que permitió esta argentinización acelerada de activos no descansa en la acumulación previa de capital propio, sino en el acceso privilegiado al mercado de deuda corporativa. El mercado de Obligaciones Negociables en Argentina vivió en 2025 un año récord, con un volumen total de emisiones corporativas que superó los 20.000 millones de dólares —el mayor en al menos la última década—, siendo el sector energético el principal motor, concentrando cerca del 50% del financiamiento privado.

Entre las diez empresas con stock de deuda en dólares más elevada a diciembre de 2025, tan sólo dos no corresponden a los sectores de energía e hidrocarburos. El ranking lo encabeza YPF con 10.460 millones de dólares, seguida por Pan American Energy y Vista Energy (3.438 y 3.160 millones, respectivamente). Luego viene Pluspetrol (2.670 millones), Pampa Energía (1.893 millones) y Tecpetrol (1.829 millones).

El argumento de la burguesía nacional productiva requiere, al menos, esta advertencia: el apalancamiento que financia la argentinización de activos genera pasivos externos que se socializarán, tarde o temprano, en el balance cambiario del país. JPMorgan está trabajando en lo que podría convertirse en el mayor acuerdo de financiación de proyectos de la historia argentina, buscando recaudar unos 14.000 millones de dólares para YPF. No hay aquí autonomía financiera nacional, hay inserción subordinada —aunque activa— en los circuitos del capital global.

La pregunta de fondo: ¿burguesía nacional o burguesía extractiva?

La categoría burguesía nacional tiene en Argentina una carga histórica específica. En el lenguaje del pensamiento político y economico clásico —de Prebisch a Diamand, de Ferrer a Braun— designa a una fracción del capital local capaz de dinamizar el mercado interno, articular encadenamientos productivos y sustentar un proyecto de acumulación con densidad territorial. El interrogante sobre si este nuevo núcleo empresarial cumple esos requisitos merece una respuesta técnica rigurosa.

Los elementos a favor de la hipótesis son reales. La producción de petróleo shale creció 26,6% en el último año, impulsada por YPF, Vista y Pluspetrol. El oleoducto Vaca Muerta Sur, con participación de YPF, Pan American Energy, Vista Energy y Pampa Energía, tendrá una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles diarios con ingresos proyectados de hasta 15.000 millones de dólares anuales. En 2025, el aporte neto total del sector llegó a 9.214 millones de dólares, el mayor valor de toda la serie histórica. Son cifras que el país no registraba desde hace décadas y que operan como argumento empírico de primer orden.

Pero los elementos en contra también son sustanciales. En primer lugar, la estrategia productiva dominante es extractivo-exportadora, no industrializante. YPF tomó la decisión de abandonar las cuencas convencionales, vender su participación en Profertil y en Metrogas, y concentrarse en el upstream no convencional con perspectiva exportadora. Como estrategia de negocio es racional; como estrategia de desarrollo, podría provocar un daño sensible a algunas economías regionales que crecieron a la sombra de la expansión de YPF.

En segundo lugar, la integración territorial es asimétrica. La renta se genera en Neuquén, Río Negro y unos pocos nodos productivos, pero los beneficios fiscales, los tomadores de decisión y los centros de comando financiero residen en Buenos Aires y cotizan en Nueva York. La pregunta clave que persiste: cuánto de esa expansión quedará efectivamente en las regiones y cuánto dependerá de la capacidad del país para transformar proyectos extractivos en cadenas de valor más amplias.

En tercer lugar, y más estructuralmente: la acumulación de estos grupos no se produce en contradicción con el capital financiero internacional sino en articulación profunda con él. La deuda en dólares que financia las adquisiciones es suscripta por fondos de Wall Street, estructurada por grandes bancos de inversión globales y calificada por Moody’s.

El factor político: poder económico en busca de representación

La reconfiguración empresarial tiene una dimensión política que merece subrayarse. Estos nuevos empresarios no sólo se suman a la mesa de la cúpula empresaria local, sino que en algunos casos comienzan a perfilarse como referentes de una nueva conducción política de ese prominente espacio. Juegan un rol político muy potente hoy, pero también aspiran a jugarlo con el próximo gobierno, cualquiera sea su signo. La entrelínea es inequívoca: este grupo empresario no necesariamente apostará a la reelección de Javier Milei.

Esta autonomía política relativa —la capacidad de sobrevivir y prosperar bajo gobiernos de distinto signo— es, paradójicamente, uno de los rasgos que más se aproxima al comportamiento histórico de una clase dominante consolidada.

El caso Neuss introduce un matiz perturbador. Edison Energía acumuló en menos de dos años el control de casi toda la cadena energética argentina con vínculos probados con el asesor presidencial Santiago Caputo. Esta fracción no opera con autonomía política: opera con captura política del Estado. No es burguesía nacional en ningún sentido teórico: es beneficiaria de la privatización de activos públicos estratégicos a través de canales de acceso privilegiado al poder.

El veredicto provisional

La pregunta sobre si nace una nueva burguesía nacional admite, a esta altura del análisis, una respuesta diferenciada que evite tanto la celebración acrítica como el rechazo dogmático.

Hay elementos de una fracción burguesa local con mayor capacidad de acumulación autónoma que en décadas anteriores: escala productiva real, acceso a mercados de capitales internacionales por mérito crediticio propio, capacidad de ejecutar adquisiciones complejas y proyección geopolítica —el caso Chancay es el ejemplo más elocuente. En este sentido restringido, hay algo nuevo que no existía con esta configuración hace veinte años.

Pero esa fracción no constituye aún —y probablemente no constituirá bajo este modelo— una burguesía nacional en el sentido político del término. Las razones son estructurales. Su acumulación es fundamentalmente primaria-extractiva, con escasa densidad industrial corriente arriba y abajo. Su financiamiento descansa en deuda externa privada que reproduce la vulnerabilidad externa que definió la historia económica argentina. Su relación con el Estado oscila entre la captura directa —caso Neuss— y la articulación con políticas de desregulación que eliminan obligaciones de reinversión local, encadenamiento productivo y contenido nacional.

Lo que emerge es, más precisamente, una burguesía de la renta natural financierizada: grupos locales que aprendieron a operar en los mercados de capitales globales para apropiarse de activos estratégicos nacionales, generar dólares por la vía extractiva y construir poder político transversal a los ciclos electorales.

Es una novedad histórica real, pero no es la burguesía nacional que el pensamiento desarrollista argentino esperaba. El Estado que debería encuadrarla, regularla y orientarla hacia el interés general lleva décadas sin tener ni el proyecto ni la correlación de fuerzas para hacerlo.

La pregunta correcta, entonces, no es si nace una nueva burguesía nacional. Es si Argentina tiene la arquitectura institucional y la voluntad política para transformar esta acumulación concentrada en renta colectiva, encadenamiento productivo y desarrollo territorial. La evidencia disponible sugiere que, por ahora, no.

Denuncias en FAdeA apuntan al presidente, Julio Manco. «La corrupción peor es no fabricar aviones»

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Las denuncias que comenzaron a circular dentro de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) exponen una serie de presuntas irregularidades que involucran al presidente de la compañía, Julio Manco, y a personas vinculadas a su entorno profesional, varias de ellas provenientes del ámbito de la Flota Aérea Presidencial y del negocio de los jets privados.

Los cuestionamientos apuntan a supuestas filtraciones de información sensible de procesos licitatorios, posibles conflictos de interés en operaciones comerciales de la empresa y la participación de actores externos que, según diversas fuentes internas, no formarían parte de la estructura orgánica de FAdeA, pero habrían intervenido en instancias relevantes de contratación y toma de decisiones.

La sombra de viejas relaciones

Antes de desembarcar en FAdeA, Manco se desempeñó durante la administración de Mauricio Macri como director general de Logística de la Flota Aérea Presidencial.

En esa posición habría construido una extensa red de contactos y amistades dentro del sector de servicios aeronáuticos y operadores vinculados al mercado de aeronaves ejecutivas.

Entre esos nombres aparece Claudio Cavina, señalado en diversas investigaciones periodísticas como un nexo entre funcionarios públicos y proveedores aeronáuticos.

El diario Clarín publicó informes sobre presuntas maniobras irregulares en contrataciones vinculadas a la Flota Presidencial, donde Cavina aparecía mencionado como un actor con influencia en los procesos de contratación y relación con proveedores.

La pregunta que hoy formulan sectores internos de FAdeA es por qué Manco aceptó el pase en comisión de Cavina; -que prestaría servicios en el Ministerio de Justicia-; para gestionar asuntos vinculados a licitaciones de la empresa estatal cuando existe una estructura formal de Compras y Contrataciones integrada por personal especializado y responsable de esos procedimientos.

El chat que abrió interrogantes

Uno de los elementos que alimentan las sospechas es la existencia de un grupo de WhatsApp denominado «Licitaciones FAdeA», creado por el propio presidente de la fábrica.

Según testimonios que circulan entre trabajadores y ex empleados de la compañía, Cavina figuraba como integrante del grupo.

En un diálogo del grupo, Manco consulta sobre el estado de diversos procesos licitatorios y solicita “una calendarización” de los procedimientos. Cavina responde:

—»Estoy trabajando en eso, pero me falta info».

A lo que Manco contesta: —»Por favor arbitremos los medios para que te den todo lo que necesitas, lo quiero URGENTE».

El intercambio podría interpretarse como una simple coordinación administrativa.

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando terció la abogada Julia Enríquez, gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA con un anuncio perturbador:

¬“Julio, a raíz de la comunicación que recibí al mail de transparencia informando que se habían filtrado los pliegos, yo pedí que no se compartieran más los pliegos hasta tanto no salgan publicados, sólo deben tener el pliego quien firma el RMS (n.r. Requerimiento de Materiales y Servicios) y compras, Ya hablé con Claudio y va a pedir info solo de los cronogramas para avanzar”.

La advertencia resulta particularmente sensible porque reconoce la existencia de una denuncia por presunta filtración de pliegos antes de su publicación en el sitio oficial Compr.Ar.

La ventaja de conocer antes

La eventual circulación anticipada de documentación licitatoria constituye uno de los puntos más delicados del caso.

Si efectivamente determinados proveedores tuvieron acceso previo a los requisitos técnicos y comerciales de las contrataciones, habrían contado con una ventaja competitiva respecto de otros oferentes al momento de preparar sus propuestas.

Cae de plomada una pregunta: ¿quiénes se beneficiaron de ese anticipo furtivo que permite adecuar y alinear el bien o el servicio a ofrecer con los requisitos que iba a plantear la fábrica en los pliegos de sus licitaciones?

En la lista de presuntas filtraciones a favoritos están los pliegos de: Servicios de Limpieza, Servicios de Seguridad, Servicios de Mantenimiento de espacios verdes, Servicios de Refrigerio y Almuerzo, Servicios de Mantenimiento Industrial de Máquinas y Equipos y, Servicios de Albañilería y Tareas Generales.

Aeronaves privadas y presuntos conflictos de interés

Otro conjunto de cuestionamientos involucra operaciones comerciales vinculadas a aeronaves privadas que entraron a FAdeA para trabajos de mantenimiento y pintura.

Fuentes del área comercial sostienen que Manco habría intervenido personalmente en procesos de cotización correspondientes a la aeronave Cessna 402 matrícula LV-JHP ingresada a la fábrica a través de la empresa Flight Edge para el cliente final; Juan Leiva.

Según esos testimonios, cada vez que la oficina comercial elevaba una propuesta económica, el presidente solicitaba revisar los valores a la baja, reduciendo el margen comercial de la empresa.

Las mismas fuentes afirman que la insistencia por disminuir los costos a los trabajos del LV-JHP llamó la atención dentro de la organización y motivó especulaciones respecto de posibles vínculos personales con el propietario final de la aeronave que se dijo sería el padrino de Manco.

Otro caso similar ocurrió con tareas de pintura realizadas a una aeronave matrícula LV-GRQ de la empresa Pacific Ocean con sede y base operativa en San Fernando.

Documentación interna citada por denunciantes señala que mientras las áreas técnicas calcularon costos por 12.540 dólares, el precio finalmente acordado con el cliente fue una ganga más bien de pérdida.

La secuencia quedó registrada en un chat donde el entonces gerente comercial Pablo Salort informa que el precio convenido (por el presidente Manco) con el cliente fue de 5.000 mil dólares.

La diferencia no sólo redujo drásticamente la rentabilidad de la operación, sino que generó objeciones dentro de la propia estructura comercial.

La discrepancia entre el costo que elaboró el personal de la oficina comercial y el precio de ganga convenido por Manco que luego ordenó cumplir el gerente Salort quedó en evidencia cuando este último esquivó colocar su firma en el Acta de Precios.

El documento dejaba en letras de molde una diferencia se diría ruinosa en detrimento de las cuentas de la empresa.

El Acta de Comité de Precios exhibe sin vueltas que los 5 mil dólares no dejaron utilidades hasta se podría decir que por arbitrios inconsultos del titular de FAdeA se subsidia a un grupo de favorecidos mientras la empresa lucha por recuperar sustentabilidad económica.

Al parecer la idea comercial que no prosperó consistía en cobrar bajo costo de mercado para ganar en la escala, una fantasía de Narnia.

Riesgos para la certificación internacional

El costo del trabajo era sólo por la mano de obra ya que la pintura la proveía el cliente Pacific Ocean, cuestión que trajo otro dolor de cabeza a la planta de Córdoba que ya había pasado por la misma situación con la pintura suministrada por el cliente Leiva para su Cessna 402.

Sucedió que Pacific Ocean proveyó pintura de automóvil en lugar de la normada para aeronáutica y, la flexibilidad de Manco hacia sus clientes-amigos del sector dejó a la fábrica en la posición de vulnerar estándares internacionales que imponen el cumplimiento de requisitos específicos para mantener la certificación.

Una fábrica de aviones de la magnitud industrial de FAdeA está estrictamente obligada a utilizar pintura aeronáutica certificada (recubrimientos especialmente diseñados y aprobados para la aviación) para el exterior y las partes estructurales de la aeronave.

No hacerlo, además del incumplimiento normativo, expone a FAdeA a una situación legal comprometida en caso de siniestro de la aeronave tratada.

La pintura para aeronaves exige certificados de calidad y trazabilidad que las autoridades aeronáuticas revisan en las inspecciones.

La cuestión resulta especialmente sensible debido a que FAdeA obtuvo en 2025 la certificación como Approved Repair Station bajo la normativa 14 CFR Part 145 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), acredita que cumple con los más altos estándares técnicos, operativos y de gestión exigidos por la autoridad aeronáutica estadounidense para la realización de mantenimiento, inspecciones y reparaciones de aeronaves civiles.

Denuncias ante organismos de control

Estos procesos fueron objeto de denuncia ante la Oficina Anticorrupción, se analizaron en 2025 bajo la carpeta SISA OA N°23.563 y la pertinencia de los hechos motivaron una denuncia que tramita en el juzgado federal N°3 de Córdoba a cargo de Miguel Vaca Narvaja en el expediente N°15488/2026.

Por el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten responsabilidades penales de los involucrados.

Sin embargo, la acumulación de denuncias, la existencia de advertencias internas sobre presuntas filtraciones y los cuestionamientos respecto de decisiones comerciales adoptadas en FAdeA conforman un cuadro que, para numerosos empleados y ex funcionarios de la compañía, amerita una investigación exhaustiva por parte de los organismos de control y de la Justicia.

Edgardo Aguilera

Comentario de AgendAR:

Desde 2024 la cúpula de FAdeA está metida nuevamente en cosas MUY raras, pero lo único que se destapa en los medios son los robos de gallinas, al parecer una especialidad del Sr. injustamente apellidado Manco.

El objetivo principal de todas las dirigencias de FAdeA desde 2011 ha sido que no se produjeran ni drones ni aviones argentinos. En eso, pleno éxito.

Hago excepción de dos conducciones: la conjunta del Ing. aeronáutico Franco Giuggioloni y la del ingeniero nuclear Tulio Calderón de INVAP.

Entre 2014 y 2015 estaban lanzando simultáneamente cuatro proyectos de reactivación de una fábrica confusa, dos de ellos enteramente.nuevos:

  • El SARA (drones de 4 tipos distintos),
  • El entrenador primario IA 100 Malvinas

Los proyectos viejos pero resucitados para nuevos propósitos fueron:

  • El revamping y relanzamiento de dos clásicos argentinos que todavía sirven:
  • El Pucará Fénix radarizado, de patrulla armada y nocturna
  • y el entrenador avanzado Pampa block 3 versión C.

El gobierno que se encargó de liquidar estas iniciativas fue el de Mauricio Macri. El mentado puso la fábrica bajo la dirección sucesiva de una picapleitos de secano, un lechero (es absolutamente real) y un perito en despidos del grupo SEVEL.

Pleno éxito de los tres La FAdeA fue carneada, reducida, castrada, desmoralizada inutilizada y lobotomizada.

Se la redujo a taller de chapa y pintura de un par de líneas de cabotaje, entre ellas Flybondi, la del propio presidente Macri. Es excelente para los pasajeros que se atreven a la flota estable de Flybondi, 12 Boeing 737 fajados por 18 años de volar para otras firmas de otros países y otros años, tengan service local barato.

Lo necesitan.

Incluyo entre los meritorios de FAdeA a la doctora en Física y magíster en Gestión de Ingeniería, Silvia Iriondo. Que hizo lo que pudo por salvar lo que se pudiera, pero además de la pandemia tuvo que vérselas con una FAdeA hecha pelota por los tres mosqueteros referidos ut supra, y dos gobiernos de mierda: uno local e intensamente enemigo, y otro nacional y paralítico.

A sumar, una cúpula aeronáutica militar vendida hasta el hígado a los EEUU y reacia a todo desarrollo tecnológico propio. Los aviones propios no dejan cometas (me refiero, naturalmente, a los barriletes).

¿Qué de bueno podía hacer Iriondo en ese cuadro?

De modo que la FAdeA actual es lo que esconde pero quiere, unánime, todo el arco del poder interno y externo: una fábrica de aviones que no fabrica aviones. Ergo, que no moleste a los EEUU.

Lo logró.

Los organismos en estado vegetativo se llenan de parásitos. Es inevitable.

¿Qué valor periodístico hay entonces en revelar las trapacerías del ínfimo, recurrente y nada manco señor Manco? No da para que entre en la galería del crimen aeronáutico. Son las ligas mayores, presididas sin discusión ni condena por el presidente Carlos Menem, que cerró la Fábrica Militar de Aviones y se la regaló a Lockheed Martin. Que superen ésa, a ver…

«Simile modo», usar instalaciones y aviones del estado en beneficio propio es robar gallinas frente a la obra magistral de Macri: el abandono de 4 sistemas de drones, y la desactivación de 3 aviones criollos, uno de ellos novísimo, el primero tras 40 años de no diseñar NADA, y un animal muy, pero muy competitivo.

Frente a los pandilleros mentados, tipos sacados de lo más negro del policial negro en que devino nuestra historia como nación, los nuevos pungas con corbata no logran ganarse titulares. Son obvios. No disimulan, porque no necesita, y no indignan ni a Judas y no calentan ni a un preso.

Son rateritos de cabotaje.

Como decimos en Avellaneda, chorros eran los de antes.

Daniel E. Arias

Hidrovía: un informe expone irregularidades en el pliego de licitación

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Un documento reservado que analizó en detalle la licitación por la Hidrovía, confeccionado por un comité de expertos en el exterior, concluyó que el pliego y todo el proceso de la privatización más grande de la era Milei está atravesado por múltiples irregularidades ejecutadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), lo que habilita la sospecha de direccionamiento sobre el ganador.

El documento completo que fue girado a uno de los consorcios participantes, que no solo integra la belga DEME NV, sino el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos. Circuló por despachos internacionales y tiene exacta sintonía con la ampliación judicial que formalizó el martes por la mañana otra de las empresas que quedó en el camino, la brasileña DTA Engenharia, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.

La justicia recibió el martes algo que adelantó este diario: con la fijación de un precio mínimo para el peaje, no solo se indujo una paridad entre los competidores, sino que –ahora- se sospecha que podría haber un sobreprecio en el contrato preadjudicado por la Anpyn del 17%. La ampliación de la denuncia considera “inadmisible” establecer un costo mínimo por el dragado y balizamiento porque atenta contra la naturaleza de una licitación. Hay una faceta política: las dudas empiezan a merodear el despacho de un Caputo. Pero no Santiago, sino Luis Caputo. El ministro de Economía tiene que estampar su firma como máxima autoridad en la privatización bajo sospecha.

Apuro en cerrar el análisis en dos semanas, un funcionario que jugó a los dos lados del mostrador, u$s10 millones para desalentar impugnaciones, valoraciones distintas para el mismo rubro, sospechas de costos inflados para el dragado y una tarifa de peaje artificialmente establecida por el pliego diseñado por los funcionarios del Ejecutivo. Un combo letal para la transparencia.

El documento reservado

En cuatro carillas y en inglés, el escrito formulado por especialistas internacionales advierte cronológicamente los hechos que tiñeron a la licitación, con detalle en cada una de las etapas de apertura de sobres. Y destaca que el cronograma fijado por el pliego fue exprés para un proceso de esta magnitud: 48 días hábiles, algo que jugó a favor de Jan de Nul. Se desestimaron, sin más, las solicitudes de prórroga que presentaron tres empresas competidoras.

En el aspecto técnico, que resultó desequilibrante al inducir un empate en el valor del peaje, se mencionó que “la Anpyn descalificó la totalidad de la experiencia internacional en dragado de DEME (ocho de los nueve proyectos presentados) y parte de su experiencia en guías a la navegación, a pesar de que el informe del comité técnico de las Naciones Unidas (informe que la Anpyn utiliza para reforzar la credibilidad de su proceso licitatorio) reconoce a DEME como una de las empresas de dragado líderes en el mundo. Los proyectos presentados por DEME como referencias son proyectos de clase mundial, algunos de los cuales fueron incluso ejecutados en Unión Transitoria (Joint Venture) con Jan de Nul”.

Pero pone de relieve también que “varias de las certificaciones presentadas por JDN-Servimagnus –del Grupo Román- para acreditar la experiencia técnica necesaria fueron emitidas por el Sr. Cristian Rigueiro, miembro del comité que evalúa la licitación: conflicto de intereses”, concluye.

Rigueiro fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Puertos durante el gobierno de Alberto Fernández y se convirtió en funcionario clave del gobierno de Javier Milei y hasta fue elogiado por Federico Sturzenegger por la elaboración del Decreto 340/2025 que desregula a la Marina Mercante. Lo que ahora se denuncia es que certificó trabajos a la empresa a la cual favoreció en el puntaje que él mismo puntuó dentro de la Comisión Evaluadora de la licitación.

Informe lapidario

“La evaluación técnica, realizada por un comité de tres miembros sin experiencia previa en concesiones, se completó en solo dos semanas para casi 5.000 páginas de material técnico, un plazo inconsistente con la diligencia aplicada en el Sobre 1 (que tomó seis semanas) y que da indicios de una urgencia indebida por cerrar el proceso”, subrayó el informe.

“La evaluación parece ser en gran medida subjetiva y orientada a un resultado predeterminado, específicamente tras la descalificación previa de las referencias de experiencia de DEME. Las aceptadas fueron apenas suficientes para permitir que DEME aprobara el Sobre 1 (y no fuera descalificado como oferente), de modo que la ANPYN pudiera promover una sensación de «competencia» bajo el Sobre 2”, concluye. Si no se hubiese realizado este simulacro, hubiese quedado desierta la licitación.

A su vez, los técnicos objetaron que se exijan u$s10 millones a la empresa que presente impugnación al resultado, cuyo destino queda bajo exclusiva decisión arbitraria de la Agencia de Puertos que puede rechazarla y dar por perdido el depósito. Esa garantía aplica a cada etapa por lo que la desalentadora barrera de entrada para oponerse es de u$s30 millones. Boskalis y Vanoord ni siquiera lo intentaron.

El documento destaca otro hecho de gravedad: “La Anpyn aceptó la experiencia en señalización de JDN-Servimagnus obtenida a través de Hidrovía S.A. (la empresa operadora de la anterior concesión), a pesar de que JDN poseía solo el 50% de la participación accionaria y las obras fueron ejecutadas por EMEPA S.A”. Si se hubiese aplicado el mismo criterio que luego se aplicó a las competidoras, Jan de Nul no habría cumplido con los requisitos. Hubo filtraciones a la prensa lo que salpicó la confidencialidad de una licitación internacional.

El Comité de Evaluación se tomó seis semanas para evaluar el Sobre 1, para luego descalificar la experiencia internacional de DEME, “debilitando sustancialmente la equidad competitiva”, pero eso les impidió “ser tomadas en cuenta para la evaluación técnica y de experiencia en el Sobre 2”. Este punto es clave porque permitió lo que reveló Ámbito: que Jan de Nul-Servimagnus se alzara con la máxima puntuación en experiencia (20) y dejara atrás a DEME con 5, obteniendo una ventaja de 15 puntos sobre los 24 con los que logró la preadjudicación.

Otras irregularidades

El informe detalla que:

  • “La oferta de JDN-Servimagnus evidencia múltiples deficiencias sustanciales, incluyendo, entre otras: la reducción de la duración de la Etapa 0 obligatoria de doce meses en infracción a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, una subestimación sistemática de los volúmenes de dragado que socava la capacidad técnica y la fijación de precios, un plan de trabajo insuficientemente detallado que carece de volúmenes y producciones definidos, lo que hace que su rendimiento declarado sea inverificable, y debilidad ambiental debido a la ausencia de cualquier propuesta que considere medidas de mitigación para las obras ofrecidas, limitándose únicamente a los criterios mínimos o básicos de cumplimiento”. A pesar de esto, el Comité Evaluador le volvió a dar ventaja de 8 puntos sobre la competencia.
  • “La oferta de JDN-Servimagnus proporciona un respaldo documental limitado respecto a la dotación de personal operativo en áreas técnicas críticas, lo que reduce la verificabilidad de su capacidad de ejecución”, alertó.
  • Gestión Ambiental y Social, un punto clave: “La oferta de JDN-Servimagnus presentó vacíos significativos en su alcance, careciendo de: (i) detalles de implementación, (ii) personal ambiental creíble, y (iii) medidas creíbles de transición energética a largo plazo. La metodología propuesta fue básica y, en general, las medidas ambientales comprometidas por JDN-Servimagnus fueron muy limitadas».

Las inconsistencias del “peaje”

El informe concluye que la oferta económica –de acuerdo al pliego- fue blindada, “por una tarifa piso, lo que lleva a los contratistas a presentar ofertas al nivel de la tarifa mínima”. Y el ejemplo más claro fue otro: la licitación del año pasado que fue cancelada por el propio Gobierno tuvo una oferta de DEME que era más económica que el mínimo del pliego de este año. “El proceso de adjudicación parece haber estado condicionado por un enfoque direccionado, basado en una evaluación injusta e incorrecta, aparentemente diseñada para favorecer a Jan De Nul”, concluye.

Y lanza otra advertencia de cara a la preadjudicación: “Es probable que existan márgenes de ganancia adicionales ocultos dentro de los costos de dragado, combinados con una expectativa de futuros mecanismos de reequilibrio que afecten a otros componentes a lo largo de los 25 años de la concesión”. Es decir, o bien se inflaron costos de dragado (hay discrepancias entre el 15% y el 50% en algunos ítems de la composición), o existe una promesa de aumento del peaje que obtuvieron del Gobierno.

Otras conclusiones:

  • “Además, se han incorporado costos operativos artificialmente incrementados (actividades de relevamiento) y categorías de costos genéricas denominadas «otros», lo que da como resultado márgenes injustificadamente altos”.
  • Estas discrepancias dieron lugar a un aumento global del 26% del costo total de dragado, lo que representa u$s1.693 millones a lo largo de las etapas.
  • “Se han adoptado valores más bajos que los reales, distorsionando aún más la confiabilidad y sustentabilidad del modelo”.
  • “Cuando los eventos de sedimentación (El Niño) se incorporan en el modelo financiero de JDN-Servimagnus conforme a los registros históricos, las desviaciones identificadas aumentan hasta un 41% del costo total de dragado, lo que representa un total global de u$s2.288 millones”.

En síntesis, todo el proceso arrastra múltiples irregularidades para una privatización de esta magnitud que nacía con la promesa de transparencia absoluta y aval internacional. “La implementación de una tarifa piso, combinada con un proceso de evaluación injusto y direccionado, conduce a una adjudicación a favor de la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus, la cual; con la misma tarifa mínima, JDN-Servimagnus propone dragar menos volumen a una tarifa más alta”. Todo esto no solo será insumo de la causa que investiga la adjudicación, sino que puede acarrear al país una nueva mácula de credibilidad.

Ahora se combinan denuncias cruzadas, aparición de socios locales como Román y el Grupo Neuss, por debajo del radar y con beneficios por cercanía con el poder, y falencias técnicas cuyas consecuencias podrían evidenciarse a lo largo de los próximos 30 años.

Gabriel Morini

Finalizó “Daga Atlántica 2026”, un ejercicio conjunto de fuerzas especiales de Argentina y de EE.UU.

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Luego de más de 40 días de adiestramiento, finalizó el ejercicio conjunto y combinado de Fuerzas de Operaciones Especiales “Daga Atlántica 2026” entre la República Argentina y Estados Unidos.

El cierre tuvo lugar en la provincia de Córdoba durante una demostración operacional de la que participó el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, acompañado por los Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

También estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Oscar Santiago Zarich; y el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Gustavo Javier Valverde.

Del ejercicio participaron más de 350 efectivos militares y civiles de la Armada Argentina, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina, junto con delegaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes fueron parte de un exigente adiestramiento con operaciones en diferentes escenarios -urbanos, rurales, costeros y portuarios- del territorio nacional.

gacetamarinera.com.ar, el sitio oficial de noticias de la Armada Argentina

Además de los elementos de Fuerzas de Operaciones Especiales, integraron el ejercicio personal de aviación, comunicaciones, logística, sanidad operacional, asuntos públicos y servicios, entre otras especialidades logísticas de las Fuerzas Armadas, quien brindaron apoyo para la ejecución del “Daga Atlántica”.

Esta actividad, conducida por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) que depende del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), es considerada como el mayor despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales realizado de manera conjunta entre ambos países.

Su objetivo principal radicó en fortalecer la interoperabilidad y la cooperación, a partir del intercambio de procedimientos, técnicas y experiencias, durante la ejecución de más de 40 actividades operacionales desarrolladas en distintas sedes: entre otras, la Base de Infantería de Marina Baterías, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea.

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Dichos escenarios brindaron un alto realismo a las maniobras entre las que se destacaron simulaciones de rescate de rehenes, asaltos combinados sobre objetivos de alto valor y operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate (Combat Search and Rescue – CSAR). Además, ejercicios de tiro, maniobras tácticas, atención de heridos en combate, planeamiento operacional y ejecución de misiones especiales.

“Daga Atlántica” permitió fortalecer los lazos profesionales entre las Fuerzas participantes y la cooperación internacional, contribuyendo al perfeccionamiento continuo del personal involucrado en operaciones de alta complejidad.

Qué son los NGLs y por qué resultan críticos para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

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Argentina está a las puertas de un salto histórico en su producción de hidrocarburos. El oleoducto Vaca Muerta Sur y el proyecto Argentina LNG proyectan una escala de exportación de gas y petróleo sin precedentes, pero ese crecimiento tiene una condición que la industria debe resolver con urgencia. El gas de Vaca Muerta no es metano puro. Es un gas rico, cargado de componentes más pesados -etano, propano, butano, gasolina natural- conocidos como NGLs (Natural Gas Liquids, o líquidos del gas natural), que pueden ser separados y aprovechados.

Los NGLs lejos de ser impurezas del gas natural son hidrocarburos con destino comercial propio. El etano es la materia prima que alimenta plantas petroquímicas como la de Dow en Bahía Blanca, donde se produce polietileno. El propano y el butano -que juntos forman el GLP– llegan a los hogares en garrafas o se exportan a granel a mercados como Brasil, Chile o India. La gasolina natural se mezcla con crudos pesados o se usa en procesos petroquímicos y se exporta en su totalidad.

Mientras el gas en gasoducto se cotiza entre US$3 y US$4 por millón de BTU, el propano y el butano en mercados internacionales valen históricamente alrededor de US$400 por tonelada. Hoy, crisis energética mediante por el conflicto armado en Medio Oriente, su valor se eleva hasta los US$800 por tonelada. Esa diferencia de precios explica también por qué el gas rico de Vaca Muerta cambió la lógica del negocio respecto al gas convencional que Argentina procesaba hasta hace una década.

El recurso del shale gas, combinado con el gas asociado a la producción de petróleo, tiene una composición radicalmente distinta al gas seco del històrico yacimiento neuquino de Loma la Lata que justificó la infraestructura original hace un cuarto de siglo. En el gas que se obtiene del no convencional hay un 10% menos de metano, pero el etano casi se triplicó, el propano también, y la gasolina natural se multiplicó por cuatro.

El gas rico cambia la ecuación económica

Es, en términos de la industria, un gas mucho más rico. Y esa riqueza para ser capturada requiere plantas de separación, poliductos y plantas de fraccionamiento capaces de procesar volúmenes crecientes a medida que la producción de Vaca Muerta escala. Sin esa infraestructura, el valor queda atrapado en el gas y se desperdicia.

En ese desafìo de acompañar el incremento de producción de NGLs, no sólo por la mayor extracción de gas y petróleo, sino porque el componente de gas húmedo ofrece más productos, se vienen sucediendo una serie de anuncios de ampliaciones de plantas. En esa línea se inscriben las iniciativas de los dos principales operadores del segmento que son Mega y TGS, cuyas producciones incrementales estarán prácticamente destinadas a los mercados externos que presentan alta demanda.

El proceso de separación de los NGL es termodinámico. Al bajar progresivamente la temperatura, cada componente pasa al estado líquido en una secuencia predecible según su punto de ebullición. El metano, el más liviano, permanece gaseoso y vuelve a los gasoductos. Los demás componentes, ya en estado líquido, viajan por poliductos hasta plantas de fraccionamiento donde columnas de destilación sucesivas los separan: primero el etano, luego el propano, el butano, y la gasolina natural.

La urgencia de expandir la infraestructura de NGLs responde, en primer lugar, a una lógica de valor económico y eficiencia energética. La diferencia de precios es determinante dado que el propano y el butano multiplican x3 o x4 el valor del gas en el mercado. Sin la capacidad de separación adecuada, estos componentes de alto precio se desperdician al mezclarse con el gas seco, terminando quemados en el consumo doméstico como si fueran simple metano.

Por otro lado, la necesidad de infraestructura actúa como una garantía operativa y estratégica para el futuro de la cuenca. El gas de Vaca Muerta, por su riqueza, requiere ser procesado para cumplir con los estándares de seguridad y poder calorífico de los gasoductos; de lo contrario, se convierte en una restricción que impide seguir inyectándolo a la red.

Infraestructura para el salto exportador

La infraestructura de separación de líquidos evita el cuello de botella para asegurar la viabilidad de los grandes proyectos de exportación, como el oleoducto Vaca Muerta Sur y las terminales de GNL, ya que permite que la escala de producción de hidrocarburos no encuentre un límite físico en el tratamiento del recurso.

Esta saturación de la infraestructura ya se percibe en las operaciones actuales. Instalaciones históricas en Neuquén, diseñadas para procesar mayores volúmenes de gas convencional, hoy operan por debajo de su capacidad nominal de inyección de metano porque han llegado al tope de su capacidad de tratamiento de líquidos. El gas actual es tan rico que la infraestructura de transporte y fraccionamiento de NGLs se completó antes que la de gas seco, confirmando que la ampliación del sistema de midstream permitirá liberar producción en el yacimiento.

A este límite físico se suma el desafío regulatorio. El incremento del poder calorífico del gas, derivado de su mayor riqueza, obligó a un trabajo técnico entre el IAPG y el Enargas para actualizar las normas de seguridad y transporte hacia 2025. Este ajuste permitió al sistema absorber mayores caudales de energía como alternativa temporal al incremento de la capacidad de procesamiento y fraccionamiento.

Ignacio Ortiz