La Central Nuclear Atucha II retomó la generación eléctrica luego de completar con éxito su Revisión Programada 2026 y reconectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) el 11 de mayo pasado a las 23:14. Según informó Nucleoeléctrica Argentina, la planta volvió a operar antes de la fecha prevista, recuperando así su aporte al abastecimiento energético nacional.
La parada técnica había comenzado a mediados de marzo y formó parte del esquema habitual de mantenimiento periódico que realizan las centrales nucleares para garantizar condiciones óptimas de seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa.
Durante casi dos meses se desarrollaron más de 5.500 tareas sobre distintos sistemas y componentes críticos de la planta, con la participación coordinada de alrededor de 1.700 trabajadores especializados.
Entre las principales actividades ejecutadas se destacaron inspecciones internas de componentes del reactor, controles y limpieza de generadores de vapor, mantenimiento de motores diésel de emergencia, reemplazo de elementos en sistemas de refrigeración, además de pruebas funcionales y verificaciones sobre sistemas de protección y control.
Desde Nucleoeléctrica explicaron que este tipo de intervenciones solo pueden realizarse durante una parada programada, ya que requieren condiciones especiales de seguridad y acceso técnico. «El objetivo es evaluar en profundidad el estado de los equipos, incorporar mejoras y reforzar los estándares operativos de la central», recalcaron.
A lo largo de todo el proceso también participó la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que mantuvo inspectores especializados en la planta para supervisar el desarrollo de las tareas y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia de Operación.
Con la vuelta de Atucha II, el sistema eléctrico recupera una de las principales fuentes de generación de base del país. La central posee una potencia eléctrica bruta de 745 MW, suficiente para abastecer aproximadamente a 4 millones de personas.
Una pieza clave de la generación nuclear argentina
Atucha II inició su operación comercial en junio de 2014 y está emplazada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La central incorporó la experiencia operativa acumulada por Atucha I y fue diseñada bajo estándares internacionales de seguridad nuclear. Como el resto de las centrales nucleares argentinas, opera bajo licencia otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
El regreso anticipado de la planta representa además un dato relevante para el sistema energético argentino en un contexto de creciente demanda eléctrica y necesidad de contar con generación estable y libre de emisiones de carbono.
Desde la compañía remarcaron que la operación de Atucha II continúa apoyándose en criterios de “seguridad, planificación y mejora continua”, alineados con las mejores prácticas de la industria nuclear internacional.
La Armada conmemoró este domingo el 212 aniversario de su creación, con un acto en el Estadio de la Base Naval Puerto Belgrano, y con la presencia de los ministros de Defensa, teniente general CarlosPresti, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.
El discurso del jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, anfitrión en la ceremonia buscó combinar historia naval, geopolítica y reclamo presupuestario en una narrativa coherente: la Argentina necesita volver a pensar el mar como un espacio central de poder y no como una periferia olvidada.
Más que discurso conmemorativo, fue una pieza de doctrina estratégica y de presión institucional moderada. Los cuadros formados en la base Puerto Belgrano y en las unidades navales esperaron en vano alguna definición sobre la marcha de la obra social militar.
La presencia de los dos ministros cuyas áreas de competencia articulan una política de Estado en relación con los intereses estratégicos navales del país puso el contexto adecuado.
La diplomacia tiene más capacidad de negociación cuando detrás existe una capacidad militar creíble a eso apuntó el texto. No se trata necesariamente de usar la fuerza, sino de demostrar presencia, vigilancia y capacidad de control.
Romay habló sabiendo que su mensaje tenía dos receptores concretos dentro del Poder Ejecutivo.
En primer lugar, hizo lo acostumbrado, basarse en la tradición naval argentina —la figura del almirante Guillermo Brown y el Combate de Montevideo de 1814— como fundamento doctrinario de una idea central: “sin control del mar no hay soberanía efectiva”.
Funcionó como argumento legitimador para reclamar capacidades navales concretas cuando se prevé ralentizar la adquisición de helicópteros para los patrulleros oceánicos y aún no sale del tablero de las opciones cuál arma submarina reemplazará la capacidad perdida tras el naufragio del submarino ARA San Juan.
La frase de Romay apuntó a un tema de coyuntura que preocupa al mundo uniformado por su impacto a futuro tanto en alistamiento como en adiestramiento del denominado “instrumento militar”.
Se trata de la reciente adecuación presupuestaria por Decisión Administrativa 20/2026 o sea la poda o “motosierra” a más de 45 mil millones de pesos del presupuesto de Defensa.
La guadaña anticipa un calvario para la operatividad de las tres fuerzas armadas, aunque nadie se anime a decirlo en público.
En marzo pasado durante el recordatorio del fallecimiento del almirante Brown el jefe de la Armada había reclamado submarinos y fragatas modernas, insistiendo en recuperar “capacidades postergadas”.
El Atlántico sur eje y fundamento de reclamo presupuestario
El eje más fuerte del mensaje del jefe naval fue el estratégico. Romay insistió en que el Atlántico Sur dejó de ser un espacio periférico y pasó a ser un escenario crítico por varias razones: la protección de recursos pesqueros y energéticos; el control de rutas marítimas; la proyección antártica; (un asunto hoy en emergencia tras conocerse el recorte de más de 1.900 millones de pesos en sostén logístico); y la relevancia de los pasos bioceánicos australes.
El punto tiene especial relevancia porque vincula la agenda naval argentina con la creciente tensión internacional sobre corredores marítimos estratégicos.
Faltó citar la participación de la marina con un oficial de estado mayor en la Fuerza Marítima Combinada (Combined Maritime Foreces) un esquema multinacional con presencia en el Golfo Pérsico para actuar junto a naciones amigas en escenarios complejos, donde la comunidad internacional procura garantizar la libertad de navegación y la seguridad del tráfico marítimo, vital para el comercio y el abastecimiento mundial.
Aunque no mencionó conflictos específicos, el contexto global —interrupciones de rutas comerciales (Ormuz), disputas por recursos y militarización de espacios oceánicos— estuvo presente en la alocución, así lo interpretaron una decena de agregados militares de países extranjeros invitados a la ceremonia.
El almirante habló del comercio exterior, de las vías marítimas y de la economía argentina. “La vida y la grandeza de la República Argentina dependen principalmente de su intercambio comercial”, señaló en un párrafo y enfatizó la necesidad de tener una «conciencia marítima” para el control de los 4.700 kilómetros del litoral nacional.
El objetivo buscado: presentar a la Armada no como un gasto sectorial sino como una herramienta de protección de activos estratégicos nacionales.
Hacer docencia al Príncipe de que las funciones esenciales de la defensa nacional no constituyen un gasto prescindible, sino una obligación indelegable del Estado, vinculada a mandatos superiores de resguardo de los ciudadanos, de los bienes estratégicos y de la integridad territorial de la Nación.
Otro aspecto importante fue la reiteración de una idea clásica del pensamiento naval: “el mar se controla estando en el mar”.
Esa frase resume una crítica indirecta al deterioro operativo acumulado durante décadas.
El discurso evitó el tono confrontativo explícito, pero el diagnóstico fue severo: obsolescencia de medios, insuficiencia logística y pérdida de capacidades.
Sin estrategia, sin inversión y sin conciencia ciudadana, esa riqueza se pierde”, afirmó Romay al referirse a la importancia del Atlántico Sur, la Zona Económica Exclusiva argentina y la necesidad de garantizar presencia permanente en aguas nacionales.
El apoyo político del ministro al pedido de Romay
Se podría interpretar que Presti; el interlocutor político para abrir la billetera de Economía; dio un claro apoyo al reclamo del jefe naval; a su turno el ministro habló de: «recuperar capacidades, modernizar medios, volver a operar con los estándares de las Marinas con las que Argentina debe poder integrarse, hacerlo con la seriedad y la previsibilidad que el momento estratégico exige, porque el escenario internacional ha cambiado».
«La Argentina necesita una Armada moderna, robusta y preparada, capaz de ejercer vigilancia y control efectivo en sus espacios marítimos, capaz de operar de manera integrada en todos los dominios, con las demás fuerzas armadas, capaz de sostener la presencia permanente donde y cuando los intereses de la Nación lo requieran», pontificó el ministro.
En ese sentido, el almirante articuló tres demandas estratégicas: inversión sostenida en defensa; recuperación de la industria naval y para la defensa; e incorporación tecnológica.
La novedad es que no circunscribió el debate a buques o armamento convencional. Introdujo los drones, la guerra electrónica y la ciberdefensa.
Esta última actividad; por Resolución N°344/14; aún está limitada sólo a proteger objetivos de valor estratégico ante ataques digitales o los que busquen obstaculizar operaciones militares. Quedó pendiente y en estudio su modificación en línea con la reciente adecuación del Sistema de Inteligencia de Defensa que restableció la capacidad de contrainteligencia militar y permitiría ciber operaciones defensivas, ofensivas (actuar sobre redes del adversario) y de exploración, (inteligencia y contrainteligencia para obtener información y neutralizar acciones digitales intrusivas)
En febrero de este año, Chile presentó Latam-GPT, el primer modelo de lenguaje grande desarrollado desde y para América Latina. Un proyecto coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial chileno (CENIA), financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y construido sobre la arquitectura abierta Llama 3.1 de Meta. Participaron más de 60 instituciones de 15 países — entre ellos, Argentina. Y sin embargo, la noticia pasó acá prácticamente desapercibida.
Conviene entender de qué se trata antes de evaluarlo. Latam-GPT es un modelo de 70 mil millones de parámetros, entrenado con más de 300 mil millones de tokens en español y portugués. El corpus incluye materiales que los modelos comerciales del norte global simplemente no tienen: decisiones judiciales de Buenos Aires, registros de bibliotecas de Perú, libros de texto escolares de Colombia. Para ponerlo en perspectiva técnica: su rendimiento actual se compara con el de ChatGPT 3, el de 2020-2022. No compite con GPT-4 ni con Claude. No fue diseñado para eso. Fue diseñado para que la región deje de ser solo consumidora de modelos ajenos y empiece a construir los propios.
El dato que importa: se hizo con 550.000 dólares. Mientras OpenAI levanta rondas de miles de millones, un consorcio latinoamericano armó un modelo fundacional con menos de lo que cuesta un departamento en Palermo. La primera versión corrió en la nube de Amazon Web Services. La próxima va a entrenarse en un supercomputador instalado en la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile, con una inversión de casi 5 millones de dólares y una matriz energética casi 100% renovable.
Dónde está Argentina en todo esto
Argentina figura en la lista de países participantes. Aportó datasets — los textos judiciales porteños son parte del corpus de entrenamiento. Según datos del sitio oficial del proyecto, el avance argentino en contribución de datos llegaba al 82%, detrás de Chile (89%) y Brasil (84%). Hay investigadores argentinos involucrados. Pero Argentina no lidera el proyecto, no lo financia y no aloja ninguna parte de la infraestructura de cómputo.
El contraste con lo que sí está haciendo el gobierno en materia de IA es revelador. En marzo, durante la Argentina Week en Nueva York, se firmó un Memorando de Entendimiento con Salesforce para implementar inteligencia artificial en el Estado, con una promesa de inversión de 500 millones de dólares en cinco años. Antes, en octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy anunciaron Stargate Argentina: un mega centro de datos en Patagonia con una inversión estimada de 25.000 millones de dólares. Y la Agencia I+D+i lanzó una convocatoria de subsidios de hasta 500.000 dólares para consorcios que trabajen con IA y ciencia de datos.
Nada de eso es menor. Pero todo apunta en una dirección: que vengan otros a construir acá. No que construyamos nosotros.
Dos modelos, una región
Lo que se está definiendo en Sudamérica no es solo quién tiene más data centers. Es algo más de fondo: quién construye capacidad propia y quién depende de que los gigantes tecnológicos decidan invertir en su territorio.
Chile eligió un camino. Con presupuesto modesto, armó un consorcio regional, entrenó un modelo con datos propios y está instalando un supercomputador en su territorio. No pretende competir con Silicon Valley. Pretende tener una base sobre la cual desarrollar herramientas que los modelos comerciales no van a hacer: asistentes de salud pública en español local, herramientas de gestión municipal, aplicaciones para lenguas indígenas. Brasil fue por otro lado pero en la misma dirección: lanzó un plan de IA de 4.000 millones de dólares a cuatro años, enfocado en soberanía tecnológica con modelos y computación domésticos. Microsoft comprometió 2.700 millones en infraestructura de nube e IA en territorio brasileño.
Argentina, mientras tanto, ocupa el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), detrás de Chile, Brasil y Uruguay, clasificada como «adoptante» — no como «pionera». Los números del índice son incómodos: la infraestructura de conectividad está por debajo de la media regional, no hay despliegues significativos de 5G, la inversión en I+D como proporción del PBI es menos de la mitad que la de Brasil, y los 13 centros de datos del país suman apenas 32 megavatios — concentrados en un 71% en la Ciudad de Buenos Aires.
Un informe de CABASE presentado en el Internet Day 2026 lo puso en estos términos: el contraste con Santiago de Chile o San Pablo sigue siendo enorme, pero por primera vez en mucho tiempo hay herramientas para acortar esa distancia.
El problema del modelo ajeno
Hay una tensión que atraviesa todo esto y que conviene nombrar. Latam-GPT se presenta como un bien público regional, un modelo abierto, transparente, auditable. Pero su primera versión se entrenó en la nube de AWS. El conocimiento es público; el cómputo es privado. Si mañana Amazon decide cambiar las condiciones, el modelo queda en el aire.
Un análisis del Centro Latinoamericano de Investigación en Inteligencia Artificial y Salud (CLIAS), publicado desde Argentina, lo dijo sin rodeos: sin una alineación explícita entre incentivos corporativos y objetivos sociales, esa asimetría puede convertirse en una nueva forma de dependencia tecnológica. Y la analogía histórica que eligieron para ilustrar el riesgo no es menor: la red de fibra óptica de UNASUR, anunciada en 2009 para reducir la dependencia del tráfico ruteado por Estados Unidos. Nunca se construyó.
El mismo riesgo aplica para la estrategia argentina de atraer inversión extranjera. Stargate suena impresionante — 25.000 millones de dólares —, pero es un anuncio. La Patagonia tiene viento, frío y energía renovable, tres cosas que las big tech necesitan para enfriar servidores. Eso no es lo mismo que tener política tecnológica. Si el atractivo es puramente geográfico y energético, Argentina se convierte en territorio de extracción digital: otros ponen los servidores, otros entrenan los modelos, otros se llevan los datos procesados. Lo que queda acá es la factura de la luz.
Lo que viene
La primera versión completa de Latam-GPT se espera para septiembre de este año. Va a ser un modelo abierto, descargable, disponible para universidades, gobiernos y empresas de toda la región. Incluirá lenguas indígenas en fases posteriores. No va a cambiar el mercado global de IA. Pero puede cambiar algo más importante para la región: la pregunta de si es posible tener voz propia en una tecnología que hasta ahora habla casi exclusivamente en inglés.
Argentina tiene investigadores que participaron en el proyecto. Tiene datos únicos que ya están en el corpus. Tiene un ecosistema de startups de IA que crece. Y tiene anuncios de inversión que, si se concretan, podrían cambiar el mapa de infraestructura regional. Lo que todavía no tiene es algo que Chile decidió construir con mucho menos presupuesto: una estrategia que no dependa de que otro venga a ponerle la mesa.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la Universidad McMaster en Canadá desarrolló una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) capaz de diseñar moléculas para enfrentar superbacterias resistentes a antibióticos, en un avance que podría transformar la forma en que se descubren y producen nuevos fármacos.
La herramienta, denominada “SyntheMol-RL”, es un modelo generativo que permite crear candidatos a medicamentos de molécula pequeña que, además de ser efectivos, pueden sintetizarse con relativa facilidad. Según detallaron los científicos en la revista Molecular Systems Biology, el sistema logró diseñar compuestos completamente nuevos con potencial para tratar infecciones que hoy resultan difíciles de controlar.
“Estos resultados validan la capacidad de SyntheMol-RL para generar candidatos a antibióticos sintéticamente accesibles”, escribieron los investigadores. El avance representa una alternativa frente a los métodos tradicionales, que suelen fallar al intentar combinar eficacia terapéutica con viabilidad de producción.
Uno de los focos principales del estudio fue combatir bacterias como el Staphylococcusaureus resistente a la meticilina (MRSA), una amenaza creciente tanto en hospitales como en la comunidad.
Los resultados concretos en laboratorio
Tras el diseño digital, los científicos seleccionaron las moléculas más prometedoras y las llevaron al laboratorio para su validación. De las 79 generadas por el sistema, 13 demostraron una alta actividad contra Staphylococcus aureus en pruebas experimentales.
Entre ellas se destacó un compuesto llamado “synthecin”, que logró frenar infecciones por MRSA en un modelo de herida en ratones. Este resultado permitió demostrar que el proceso no se limita a simulaciones, sino que puede traducirse en efectos reales sobre organismos vivos.
Además, SyntheMol-RL mostró un rendimiento superior al de otras estrategias basadas en inteligencia artificial y a los enfoques clásicos, tanto en la diversidad como en la calidad de las moléculas obtenidas.
Una respuesta a un problema global
La resistencia a los antibióticos es uno de los mayores desafíos actuales para la medicina. Bacterias como Staphylococcus aureus desarrollaron mecanismos que las vuelven inmunes a tratamientos que antes eran efectivos, generando infecciones complejas y, en muchos casos, mortales.
“La rápida propagación de la resistencia a los antibióticos es un desafío crítico para la medicina moderna”, advirtieron los especialistas. En este contexto, la inteligencia artificial aparece como una herramienta clave para acelerar la búsqueda de soluciones y adaptarlas a las necesidades actuales.
Desafíos y próximos pasos
Pese a los resultados alentadores, los investigadores señalaron que aún queda camino por recorrer. Solo una parte de las moléculas generadas mostró eficacia en el laboratorio, lo que obliga a seguir perfeccionando los modelos predictivos.
También destacaron la importancia de continuar con pruebas en animales y, eventualmente, en humanos antes de que estos compuestos puedan convertirse en tratamientos disponibles. Ajustar la diversidad química y mejorar los algoritmos será fundamental para optimizar los resultados.
Actualmente, la resistencia a los antimicrobianos causa más de 1,27 millones de muertes al año en el mundo y amenaza con revertir décadas de avances médicos. En ese escenario, desarrollos como SyntheMol-RL abren una puerta prometedora: acelerar la creación de antibióticos eficaces y accesibles, capaces de enfrentar una de las crisis sanitarias más urgentes del presente.
El Ejecutivo tiene una expectativa; para el gobierno, positiva. Para la sociedad, difícil. Según la información que circula por los pasillos oficiales con contactos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el máximo tribunal judicial del país no definiría de manera urgente la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Entendiendo por urgente una decisión contraria al oficialismo que implique la aplicación inmediata de la legislación aprobada en el Congreso Nacional, pero judicializada por el Ejecutivo. Si bien no hay pistas serias sobre la manera en que el tridente cortesano pueda volcarse de un lado o de otro, desde las oficinas fiscales del gobierno se trabaja con una resolución negativa. Algo lógico teniendo en cuenta que ya hay dos fallos en contra de la no aplicación de la ley en primera y segunda instancia. Los que saben de modos judiciales, afirman que es casi utópico que en la Corte se defina algo contrario a lo que en conjunto se falle en primer y segunda instancia. Ante el panorama pesimista, el Ejecutivo se aferra entonces al factor tiempo. Que, en términos prácticos se mide en millones de dólares. Dicho de otra manera, cuanto más tarde en definir la CSJ una situación contraria al gobierno, más dinero se ahorrará el Ejecutivo en aplicar la ley. Y, en consecuencia, menos dólares se “gastarán” en aplicar le Ley.
La instancia de máxima en este sentido, es que la Corte demore hasta fines de junio, para que la reglamentación se aplique en julio y los gastos comiencen en agosto. Así, en términos fiscales, el gasto final para el ejercicio 2026 sería de entre 467 a 580 millones de dólares; y no de 1.400 millones; partiendo de la base que el costo fiscal de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario tendría un volumen de 0,2% del PBI. Mensualmente serían unos 117 millones de dólares mensuales sobre la base del producto del 2025, única manera legal de mensurar sobre presupuesto vencido; ya que las partidas para aplicar no están en la letra del presupuesto nacional aprobado por el Congreso para este ejercicio. En consecuencia, el gobierno tiene legalmente la posibilidad de ejecutar el gasto suspendido a partir y hacia delante que la Corte avale la legislación, con lo que el gasto concreto partiría desde el mes inmediatamente posterior al eventual fallo. Y como se trata de dinero para presupuesto sobre mes vencido, el pago se ejecutaría a comenzar el mes siguiente. Así, por ejemplo, si la CSJ falle en junio, el gasto se ejecuta en julio y se liquida en agosto. Siguiendo esta cuenta fiscal, cada mes que la Corte demore una definición, son unos 117 millones de dólares que el gobierno no tiene que gastar para este año. Luego, para el 2027, la historia dependerá de la negociación del nuevo presupuesto, donde el Ejecutivo intentará nuevamente dormir la ley y retomar la negociación con la “oposición constructiva”.
En concreto, y en términos fiscales, el gobierno gana unos U$S 117 millones por mes de demora de la Corte. Algo que en términos fiscales es oro en polvo teniendo en cuenta la meta de superávit fiscal primario de 1,4% del PBI que se deben cumplir según el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vigente para este año. Cuanto más se tarde en el tiempo en aplicar la ley, menos dinero habrá que conseguir en algunas otras cuentas públicas o sacrificar ingresos para poder hacer frente a la erogación.
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario está en condiciones de resolverse en la Corte Suprema, pero sin fecha definida. El conflicto judicial se originó porque el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, argumentando que no tenía financiamiento y que afectaba el equilibrio fiscal. Las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, fueron a la Justicia para exigir su cumplimiento.
Hasta ahora, las universidades obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores:
*La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó una cautelar que ordena aplicar artículos clave de la ley, especialmente los vinculados con actualización presupuestaria, salarios docentes y no docentes, y becas estudiantiles.
*Luego, esa misma Cámara habilitó el recurso extraordinario presentado por el Estado, lo que abrió formalmente la intervención de la Corte Suprema.
*La Cámara había dejado en firme el fallo de primera instancia a favor de la aplicación de la Ley dictado por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Cormick, CIN y varias universidades nacionales. La decisión había declarado aplicable (de manera provisoria y hasta que definan los tribunales superiores) el decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la ejecución de la ley 27.795 y ordenó al Gobierno comenzar a cumplir los artículos centrales de la norma.
El eje jurídico central que deberá resolver la Corte es si el Poder Ejecutivo puede dejar sin efecto o suspender la aplicación de una ley vigente aprobada por el Congreso mediante un decreto. También está en discusión si existe afectación al derecho a la educación y a la autonomía universitaria.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de no aplicar la norma hasta que el Congreso indique una fuente específica de financiamiento
La estrategia oficial se base en este escenario fiscal:
*Aplicar la ley tal cual fue aprobada por el Congreso Nacional tendría un costo fiscal aproximado de 0,2% del PBI; con lo que medido sobre el producto nacional versión 2025 implicaría un costo anualizado de U$S 1.350 millones.
*Como ya estamos en mayo, y de aceptarse su ejecución comenzaría en junio o julio, el nivel de erogación debería dividirse en dos, dado que se aplicaría sólo para el segundo semestre. Esto es, unos 675 millones de dólares. O, medido sobre el PBI, 0,1% del total.
*Si se tiene en cuenta la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año de un superávit primario de 1,4%, cruzado con la proyección acumulada a abril de un resultado positivo final de 1,5% (según los primeros resultados del año), el costo fiscal de aplicar la ley en lo que queda del 2026 sería neutro. O, a lo sumo, requeriría un esfuerzo fiscal mínimo para el segundo semestre del año.
*Si bien se registra en los primeros cuatro meses del 2026 una contracción de la recaudación sobre inflación, con una caída acumulada en el primer cuatrimestre de 5% aproximado; los analistas consideran que para el segundo semestre (cuando podría aplicarse la ley), los ingresos por impuestos ya estarían operando por arriba de la inflación.
*En cuanto al superávit financiero, se estima que para el año se proyecta un 0,4% final; con lo que el costo final de aplicar la ley reduciría el indicador a un 0,2 o 0,3%. Este superávit no es meta fijada con el FMI, con lo que una caída por ejecutar la legislación universitaria no cambiaría el panorama, siempre que el resultado se mantenga positivo.
*Los datos reales indican que las transferencias presupuestarias cayeron un 25% desde diciembre del 2023 hasta abril del 2026. Los salarios promedios de los profesores titulares de las universidades públicas cayeron entre 30 y 35% dependiendo de la dedicación y exclusividad. Los salarios de los profesores universitarios se ubican entre los 350.000 (simple) y 1,8 millones en bruto para los rectores, según el dato de febrero; ultima actualización. Con la nueva ley el primero pasaría a cerca de 500.000 pesos y el segundo a 2,3 millones. Siempre en bruto.
*Dos datos que menciona el gobierno. Que se habilitó a las universidades a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros (la medida nunca se ejecutó) y la UBA no habilitó ninguna de las auditorías comprometidas.
El Gobierno mira el problema desde el punto de vista fiscal con el FMI como pared, y a partir de haber comprometido para este ejercicio un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI. Esto es, simplemente, el resultado entre recaudación y gastos. En total, serían unos 6.200 millones de dólares de ahorro primario durante todo el ejercicio, cuando, según informó ayer el Ministerio de Economía, durante los primeros cuatro meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,2%.
La velocidad de ahorro parece conveniente. Sin embargo, la evolución negativa de la recaudación impositiva contra la inflación pone en duda la meta. El quinto piso del Palacio de Hacienda debe trabajar en la aplicación durante 2026 del esquema de 2024, basado en el símbolo “Licuadora y Motosierra”. Esto es, bajar el gasto con una doble combinación: aplicar, primero, una reducción directa del gasto público cercana al 2% en cada área de gestión administrativa, instrucción que el propio Luis “Toto” Caputo difundió entre sus colegas ministros con el aval personal de Javier Milei.
Es la llamada “Motosierra”. Sin embargo, también se está aplicando una licuación de parte del gasto al congelar el nivel de erogaciones (fundamentalmente salarios) en un esquema inflacionario que, necesariamente, implica una contracción del gasto ante una mejora de la recaudación (aunque sea nominal) por el incremento de los precios. Es la denominada “licuadora”. Entre ambos factores ayudaron al 0,5% de superávit primario del período enero-marzo. El problema es que el esquema parece agotarse, especialmente por la necesidad de, ahora sí, actualizar algunos gastos, como incrementos salariales y transferencias a provincias, además de la siempre complicada atención del déficit previsional, que en el primer trimestre del año mostró una contracción del 5% en los ingresos de los aportantes, con la obligación de mantener los incrementos de los jubilados y pensionados vía inflación.
Con este panorama, resulta más que difícil para la teoría fiscal oficial cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los cálculos más conservadores hablan de un costo fiscal de 0,2% del PBI, lo que implicaría entre $2 y $3 billones anuales, dependiendo de la evolución final de la inflación durante el ejercicio. Si este cálculo (conservador) se aplicara, la meta de 1,4% del PBI sufriría un impacto grave, en medio de un panorama donde la evolución de la recaudación está seriamente comprometida. Hay que recordar que la ley indexa gastos (salarios + funcionamiento) por inflación y, aunque el costo se mantiene como porcentaje del PBI, sube en pesos nominales.
Los titulares han estado proclamando que uno de los patrones climáticos de El Niño más fuertes de las últimas décadas podría comenzar a finales de este año. Si se produce uno grande, como sugieren las previsiones actuales, podría provocar inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos en muchas partes del mundo, así como aumentar potencialmente las temperaturas de 2027 hasta alcanzar máximos históricos.
Pero, ¿qué tan seguros están los meteorólogos de que este «super» El Niño está en el horizonte?
En los últimos meses, las temperaturas de la superficie del mar en partes del océano Pacífico tropical se han calentado más de lo habitual, lo que es el sello distintivo de un El Niño emergente. Sin embargo, sigue siendo incierto si los vientos y otros factores meteorológicos aumentarán o moderarán ese calor oceánico y, por lo tanto, debilitarán la posibilidad de un fuerte fenómeno de El Niño.
El último pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), publicado hoy, sugiere que existe una gran probabilidad de que se desarrolle un fenómeno de El Niño entre mayo y julio de este año, pero que existe mucha incertidumbre sobre su máxima intensidad. Esto se hará más evidente durante el verano en el hemisferio norte. (Los fenómenos de El Niño suelen alcanzar su máximo entre octubre y febrero).
Incertidumbre de la intensidad
El Niño es un fenómeno global complejo que se repite aproximadamente cada dos o siete años. El último, en 2023-2024, trajo consigo impactos, como sequía y hambre, a partes del sur de África y inundaciones récord al sur de Brasil. También contribuyó a que 2024 fuera el año más caluroso jamás registrado.
Este año, las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental han sido más cálidas de lo normal, aumentando hasta 1 ºC por encima de la media en las últimas semanas frente a la costa occidental de América del Sur. Sobre esa base, los modelos informáticos de varios organismos gubernamentales y grupos de investigación sugieren que el próximo fenómeno de El Niño podría alcanzar su punto máximo con mayor intensidad que el anterior.
La NOAA dijo en su informe del 14 de mayo que hay un 82% de posibilidades de que un El Niño llegue entre mayo y julio, y un 96% de posibilidades de que se desarrolle en diciembre. Pero, sobre la base de las observaciones actuales, la agencia predijo solo un 37 % de posibilidades de que se encuentre en la categoría más alta, la categoría «muy fuerte», en la que las temperaturas oceánicas en el océano Pacífico tropical central y oriental están más de 2 ºC por encima de la media. El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo estimó en un informe del 1 de mayo que esas aguas oceánicas podrían alcanzar los 3 ºC por encima de la media en noviembre (véase «Predicción extrema»).
Algunos investigadores utilizan el término «super El Niño» para describir los casos en los que la temperatura del océano aumenta 2 ºC o más por encima de la temperatura base. El último fenómeno de El Niño que alcanzó ese umbral ocurrió en 2015-2016.
Hacia dónde sopla el viento
Los observadores de El Niño advierten que existen muchos factores desconocidos que aún podrían afectar el desarrollo de este año. «Nuestras previsiones actuales no nos dicen hacia qué tipo de El Niño nos dirigimos», afirma Andréa Taschetto, climatóloga de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia. Que el océano Pacífico siga calentándose más en la región oriental que en la central podría suponer una gran diferencia en la intensidad del patrón meteorológico que se desarrolle y en los daños que pueda causar, afirma.
Los vientos podrían tener un gran efecto, dice Emily Becker, climatóloga de la Universidad de Miami en Florida. Unos pocos días de fuertes vientos alisios de este a oeste en el océano Pacífico ecuatorial podrían enfriar las aguas y debilitar un incipiente El Niño, señala. Por el contrario, si los vientos alisios se debilitan, eso «podría realmente poner las cosas en marcha», dice.
Los meteorólogos deberían saber más en las próximas semanas, una vez que superen la famosa «barrera de previsibilidad de la primavera», que se refiere a la primavera en el hemisferio norte. Durante este período, es inusualmente difícil que las previsiones capten con precisión la variabilidad meteorológica que puede dar lugar a El Niño.
Los científicos del clima estarán rastreando cómo este fenómeno de El Niño interactúa con otra tendencia: el calentamiento global. Este año, muchos pronosticadores de El Niño están utilizando una herramienta llamada Índice Relativo Oceánico de El Niño (RONI), que tiene en cuenta el calentamiento global en curso, para elaborar sus predicciones. En lugar de comparar las observaciones oceánicas del año en curso con un promedio de 30 años, RONI compara las observaciones oceánicas en el Pacífico tropical central con las realizadas en todos los océanos tropicales al mismo tiempo. Esto debería mejorar las previsiones al evitar la comparación con una línea de base que se desplaza hacia arriba a medida que el mundo se calienta.
Si se produce un super El Niño, las regiones que ya son semiáridas pueden esperar sequías y posiblemente un aumento de los incendios forestales, mientras que otras podrían sufrir lluvias torrenciales e inundaciones a medida que cambian los patrones atmosféricos, dice Jong-Seong Kug, científico climático de la Universidad Nacional de Seúl. En un artículo de 2025, Kug y sus colegas informaron que los super El Niños pueden ser lo suficientemente potentes como para causar cambios duraderos en los sistemas climáticos y los ecosistemas.
El Gobierno nacional se queda sin crédito de paciencia social y aprovecha la agenda mediática monopolizada con los opulentos gastos del jefe de gabinete, Manuel Adorni para profundizar la motosierra sobre Ciencia y tecnología. En el Boletín Oficial de este Lunes 11, con la firma de Javier Milei y Manuel Adorni se detalla una serie de ajustes sobre CyT con un especial ensañamiento sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que asciende a casi $20.000 millones. La medida no solo implica un ahogo financiero, sino el desmantelamiento directo de programas que posicionaban a la Argentina a la vanguardia de la ciencia nuclear y la medicina de alta complejidad.
«Se vienen cositas»: la provocación como política de Estado
Semanas atrás, más de 100 jefes de sector de la CNEA elevaron una carta pública advirtiendo sobre la parálisis operativa del organismo. La respuesta del Secretario de Asuntos Nucleares, Ramos Napoli, fue por la plataforma X, ex-twitter. Tras calificar a la institución como un «aguantadero de la política», Napoli anticipó en sus redes sociales que «se venían cositas». Esas «cositas» resultaron ser el cierre de proyectos vitales y el abandono de infraestructura clave.
La lista del desguace: soberanía y salud en riesgo
El ajuste impacta en áreas sensibles que van desde la producción de insumos contra el cáncer hasta la remediación ambiental. Entre los programas cerrados o desfinanciados destacan: Soberanía Tecnológica: Se dio de baja el programa de Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica (LASIE), una tecnología de punta para el enriquecimiento de uranio. Salud Pública: Se frena la adecuación de la planta de producción de radiofármacos y la construcción de la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza. Esto pone en jaque el suministro de insumos críticos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Infraestructura y Ciencia: El cese del Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación y la parálisis en las instalaciones del Área Gestión Ezeiza. Pasivos Ambientales: Quizás uno de los puntos más graves es la suspensión de la Remediación de Pasivos en el Complejo Minero Fabril San Rafael (Mendoza), dejando una deuda ambiental abierta en la provincia.
Un ataque al conocimiento, una entrega al mercado
Desde las asambleas de trabajadores de ciencia y técnica advierten que este vaciamiento busca preparar el terreno para la privatización o la irrelevancia de la energía nuclear argentina. Mientras el Gobierno celebra el «superávit» financiero, la realidad en los laboratorios es la falta de insumos básicos y la fuga de cerebros forzada por salarios de miseria y falta de presupuesto para investigar.
El cierre de empresas con empleados registrados se profundizó en el inicio del año. El deterioro acumulado durante el gobierno de Javier Milei ya supera tanto al registrado durante el peor momento de la pandemia de Covid-19, como al observado en los primeros 27 meses de las últimas gestiones presidenciales. La única provincia que por ahora muestra un saldo positivo es Neuquén, impulsada por la actividad vinculada a Vaca Muerta.
La comparación entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 arroja que en la fecha más reciente había 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Un informe del think tank Fundar destacó que se trata de una pérdida superior a la observada entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, el período más crítico de la pandemia para el entramado productivo. En aquel lapso, el sistema pasó de 508.187 a 486.782 empleadores, una baja de 21.405 empresas.
En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso. En la comparación interanual, la caída alcanza las 13.163 empresas, equivalente al 2,6% del total.
La cantidad de empleadores registrados cayó por debajo de los niveles observados durante la pandemia y acumuló una baja de 24.437 empresas desde noviembre de 2023, según datos de la SRT analizados por Fundar
En paralelo, la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo pasó de 9,86 millones en noviembre de 2023 a 9,53 millones en febrero de este año, una reducción de 327.813 personas. Lo cierto es que esa pérdida fue más que compensada por el incremento de cuentapropistas, en su mayoría no registrados.
El informe de Fundar muestra además que el deterioro se concentra en sectores particularmente sensibles al nivel de actividad y al costo financiero. Desde noviembre de 2023, el rubro de transporte y almacenamiento perdió 15,7% de sus empresas; el de actividades inmobiliarias, casi 12%, y el de la construcción, 9,6%.
La evolución también refleja fuertes diferencias regionales. Neuquén fue la única provincia que incrementó la cantidad de empleadores desde la asunción de Milei, con una mejora de 2,1%, impulsada principalmente por la expansión de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera. En cambio, La Rioja, Catamarca y Chaco registraron las caídas más pronunciadas, por su asociación con sectores industriales y de la construcción.
Más allá de los cierres de empresas, especialistas y documentos oficiales advierten sobre otro fenómeno: la desaceleración en la creación de nuevas firmas. Según informes de la Secretaría de Trabajo, la reducción del stock de empleadores no responde únicamente a un aumento de bajas, sino también a una menor “natalidad empresarial”, es decir, aperturas insuficientes para compensar la salida habitual de empleadores del sistema.
La comparación histórica elaborada por Fundar muestra que el actual gobierno registra el peor desempeño en cantidad de empresas para los primeros 27 meses de mandato desde que existen registros comparables. Tomando como base 100 el mes previo a cada asunción presidencial, la gestión de Milei exhibe una caída acumulada de 4,8%, por encima de la baja observada durante la presidencia de Alberto Fernández (-2,9%) y de Mauricio Macri (-0,5%), mientras que durante los gobiernos de Cristina Kirchner el número de empleadores se mantuvo estable o mostró crecimiento.
Desde el Gobierno relativizan la lectura homogénea del fenómeno y sostienen que el cierre de empresas convive con sectores en expansión. En una respuesta enviada al Congreso dentro del último informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ministerio de Economía señaló que la dinámica actual refleja una “reasignación de recursos” propia de un proceso de cambio económico.
Tomando como base 100 el mes previo a cada asunción presidencial, la gestión de Javier Milei muestra la mayor caída en cantidad de empresas para los primeros 27 meses de mandato desde que existen registros comparables
Según la explicación oficial, mientras algunas actividades atraviesan procesos de reestructuración, otras muestran señales de crecimiento vinculadas al nuevo esquema macroeconómico. El Gobierno atribuye esa transición al ordenamiento fiscal, la desaceleración de la inflación y la reforma laboral, que —según sostiene— busca incentivar la contratación de empleo formal y generar previsibilidad para nuevas inversiones.
Parte de esa heterogeneidad también empieza a reflejar un cambio en el mapa de inversiones del país. Un informe reciente del Ieral de Fundación Mediterránea estimó que la Patagonia concentra anuncios de inversión por US$12.284 millones, principalmente vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y obras de infraestructura energética en Neuquén y Río Negro. Según el estudio, la región, además, lidera las proyecciones de generación de empleo asociado a nuevos proyectos, con más de 35.500 puestos estimados.
El trabajo también detectó fuertes flujos de inversión hacia minería en provincias como San Juan, Salta y Catamarca, mientras que regiones más vinculadas al consumo interno y a actividades tradicionales muestran mayores dificultades para sostener la cantidad de empresas registradas.
En paralelo, la Unión Industrial Argentina (UIA) insiste en la necesidad de avanzar hacia un “RIGI industrial” para sectores manufactureros tradicionales. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, tiene previsto reunirse este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de los reclamos empresarios por competitividad, apertura comercial y el impacto de las tasas de interés.
Roberto Ulloa tenía 13 años cuando la vio por primera vez. Navegaba hacia la Antártida junto a su padre, a bordo del transporte polar ARA Bahía Aguirre, y entre las nubes del sur divisó las cumbres de la Isla de los Estados. No desembarcó. La isla quedó ahí, suspendida en la memoria como quedan los lugares que se desean sin saber del todo por qué.
Décadas después, siendo oficial de marina, la volvió a ver durante la guerra de Malvinas. El destructor del que era tripulante fondeó en la Bahía San Antonio el día anterior al hundimiento del ARA General Belgrano. Ulloa formó parte del rescate de los náufragos durante cuatro días. La isla estuvo ahí también, como fondo de escena de uno de los momentos más trágicos de la guerra.
“Hasta hace muy poco, nunca había bajado a tierra”, dice. “Es típico de marino: todo el día en el barco”, agrega.
Faro de Año NuevoGentileza Pedro Ates
Pero algo fue creciendo. La literatura, primero: El faro del fin del mundo, de Julio Verne, leído cuando era chico. “Te alimenta la imaginación, ¿viste? Estaban los piratas, el faro…”, cuenta. La historia, después: los presidios, los cementerios, los refugios de náufragos, las ruinas del primer faro que se levantó en la Argentina y que se dejó desmoronar hasta que un grupo de franceses, a finales de los noventa, lo reconstruyó como homenaje a Verne. “Los argentinos nos distraemos, a veces, de las cosas importantes, y dejamos que ese faro se desmoronara. Tuvo que venir un francés a reconstruirlo”, se lamenta.
Pingüino Rey en la Isla de los Estados
Cuando se retiró de la marina, la inquietud se volvió proyecto. En enero de 2021 fue por primera vez en una expedición de reconocimiento. Eran un grupo de aventureros, como él mismo los define. Tomaron fotos, recorrieron el faro, volvieron. Y ahí mismo dijeron: tenemos que volver, pero con un propósito.
2.
La expedición “Aquí hay dragones” -nombre tomado de la advertencia que los cartógrafos medievales estampaban en los rincones inexplorados de sus mapas: Hic sunt dracones– zarpó de Ushuaia el 15 de enero de 2026 a bordo de dos veleros oceánicos, el Galileo y el Pampa Mía, con 12 personas a bordo.
El grupo de arqueólogos en Bahía Vancouver, luego de encontrar el refugio de loberos
Ulloa entendió, desde el principio, que necesitaba “forajidos”, como los llama cariñosamente, de otras disciplinas. Los encontró en el CONICET. Carlos Landa, antropólogo y doctor en arqueología, especializado en campos de batalla, que además juega al rugby. Sebastián Ávila, historiador y escritor, experto en refugios históricos. Alejandra Raies, arqueóloga submarina y timonel. Y Nicolás Ciarlo, arqueólogo de naufragios, que figura entre los cinco especialistas más importantes del mundo en su campo. “Los encontramos porque así nos reúne el viento, medio de casualidad, a través de un amigo común que entendía los dos proyectos. Yo dije: ¿por qué no hacemos algo juntos?”, relata, acerca de los inicios de este proyecto.
Se sumaron un fotógrafo, Pedro Atés, y las artistas Magdalena Casá -Male- y Silvana Baylac (quien finalmente no viajaría), convocadas para hacer lo que hacían los pintores de las antiguas expediciones: registrar con tinta, acuarela y lápiz lo que la cámara no puede del todo capturar. “Queríamos eso, como los viejos diarios de navegación que tenían dibujos”, dice Roberto. Un médico con su hijo de 14 años completó el grupo.
Los capitanes de los veleros eran marineros de aguas australes. Andrés Antonini, que navegó el Pampa Mía desde Buenos Aires hasta Ushuaia en 25 días para sumarse (“Andrés está incómodo en tierra, no es su hábitat natural”, ríe Roberto) y Nilo Navas, veterano del Belgrano, dueño del Galileo, que desde que salió de la marina ha dedicado su vida a navegar y a la causa Malvinas.
Podría decirse, con una cuota de eufemismo optimista, que el mar que los esperaba no era del todo amable. En esa zona convergen la corriente antártica y la de Brasil, el Estrecho de Le Maire, el viento del Drake. Cuando el viento para, la corriente corre a cinco nudos. Un velero sin motor, en ese escenario, puede ser enviado directo a las piedras. Los capitanes miraban el pronóstico con la precisión de cirujanos y elegían las ventanas de clima. “Fuimos bastante prudentes. Tuvimos algo de suerte, en cuanto a que íbamos mirando mucho el pronóstico y saltando en función de las ventanas”, explica Roberto, acerca de la planificación del viaje.
Restos del antiguo faro de San Juan de Salvamento, y el nuevo faro, reconstruido por los franceses
3.
Male Casá embarcó con mil pertrechos: pinceles, tintas, papeles. Usó el 10 por ciento.
“Todo lo que ves, lo que escuchás, lo que sentís, es un estímulo constante”, enumera. “No dibujé tanto como quería porque me distraía con los arqueólogos, con los que salían a caminar para allá, con querer ir yo también para allá. Mucha información muy cruda, muy única. Nunca estuve en un lugar así”, describe.
Cuando volvió, alguien le preguntó cómo había sido. “Estuve en el Jurassic Park de Argentina”, respondió. La frase le gustó a Ulloa. Le pareció exacta.
La isla tiene 65 kilómetros de largo, es el último trazo de la cordillera de los Andes antes de hundirse en el Atlántico Sur, y fue modelada por glaciares que hace 20.000 años, cuando el mar estaba 140 metros más abajo, irrumpieron en sus entradas y abrieron fiordos que hoy parecen espadas. En sus costas hay registrados cientos de naufragios.
Sebastián Avila, arqueólogo, trabajando en el área del primer presidio en la Bahí de San Juan de Salvamento
Los “forajidos” dormían en carpas o a bordo, rotando en las cuchetas. Ocho personas por velero, un solo baño. “Si vos querés unir un grupo, ponelo en contacto con la naturaleza, que pase un poco de hambre y frío”, dice Ulloa. “Ahí sale todo a flor de piel”, comenta entre risas. Male lo describe así: “Todos hacían su tarea perfecto, todos ayudaban al que tenían al lado. Fue un relojito. Y lo que yo sentí, como artista y como persona, es que el haber superado todas esas cosas, el haberlas vivido y sentido, fue superador”.
Los arqueólogos Alejandra Raies, Carlos Landa, Sebastián Avila y Nicolasa Ciarlo, trabajando en el área de la casa del farero en San Juan de Salvamento
4.
Los arqueólogos suelen ver lo que los demás no ven. Esa fue quizás la revelación más concreta del viaje para quienes no formaban parte del sector científico del grupo.
Cementerio de San Juan de SalvamentoGentileza Pedro Ates
“Me decían: acá hay algo, porque hay tal o cual cosa, y acá tiene que haber algo, y acá esta forma no coincide con la naturaleza. Y así encontraban de todo”, dice Roberto. “Por supuesto, cosas que a nosotros nos hubieran pasado totalmente inadvertidas”, añade.
En San Juan de Salvamento, donde se levanta la réplica del faro inmortalizado por Verne, los arqueólogos localizaron los restos de la casilla del primer torrero, los vestigios del primer presidio y del primer muelle. El faro de San Juan de Salvamento fue el primer faro argentino, construido en 1884. Una casucha de madera en el extremo de la isla, pero sin duda un acto de soberanía en el fin del mundo.
En Puerto Cook encontraron las estructuras del segundo presidio -que llegó a alojar más de 100 prisioneros-, la ubicación de la panadería, los pilotes del muelle, vainas de cartuchos Remington que cuentan, sin palabras, historias de violencia. Y un cementerio donde viejas cruces de madera pelean contra la vegetación que avanza. Una piedra grande tiene grabado “Enero de 1900”.
En Bahía Franklin, donde el comandante Luis Piedra Buena naufragó en el siglo XIX al mando de la goleta Espora, los arqueólogos hallaron cuatro grandes restos de embarcaciones. Entre los objetos recuperados: un prisma de vidrio, de los que servían para proyectar la luz solar a las cubiertas inferiores de los barcos. “Hay tres o cuatro en el mundo. Lo encontramos ahí”, dice Roberto.
Roberto y Magdalena dentro del faro de San Juan de Salvamento
5.
“Hay muy pocos argentinos que conocen esta isla”. Ulloa lo dice sin drama, como dato. La isla grande de Tierra del Fuego es famosa en todo el mundo; hacia el sur, el territorio se vuelve cada vez más ajeno para la mayoría. Y sin embargo es nuestra: a 25 kilómetros del continente, administrada por la provincia de Tierra del Fuego, con un puesto de vigilancia de la Armada Argentina conformado por cuatro hombres como única presencia permanente.
Cementerio de Puerto Cook
“No apropiarse simbólicamente de las cosas tiene consecuencias”, advierte Roberto, metiéndose de a poco en consideraciones más geopolíticas. La importancia estratégica de la isla es enorme: genera 200 millas de zona económica exclusiva en aguas ricas en hidrocarburos, minerales y pesca. Es la última tierra antes de la Antártida. Está en el nudo geopolítico que une Cabo de Hornos, Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego. “No está militarizada, pero es una zona que de alguna manera se vincula con todo ese escenario tan complejo”, dice.
Y tiene historia. Luis Vernet, el primer gobernador argentino de Malvinas, levantó ahí un aserradero para abastecer la colonia. Luis Piedra Buena construyó refugios, rescató náufragos y fue el marino que izó la bandera argentina en esa tierra de la manera más concreta: viviendo ahí, en la soledad patagónica, con su mujer. Y Roberto Payró, pasó un mes en la isla en 1898 y la narró con la precisión y la humanidad de quien sabe que está contando algo que de otra manera se perdería. Convivió con marinos y presidiarios, se hizo amigo del torrero y del contramaestre y escuchó las historias secretas del sur. Su libro, La Australia Argentina, es pequeño y gigante al mismo tiempo.
En el centro, entre los dos caballeros, Paul Groussac, uno de los visitantes pioneros. Década de 1910.
Ulloa cuenta la historia de Paul Groussac, el francés que en 1910 -cuando apenas uno de cada 100 argentinos conocía las Islas Malvinas- escribió el primer libro sobre los derechos argentinos en el archipiélago. Y la de Alfredo Palacios, que en 1936 llevó ese libro al Congreso para que entrara en las bibliotecas y en la educación pública. Cincuenta años después, Malvinas se convertiría en una causa nacional. “La apropiación a través de una narrativa, a través del arte: así funciona”, dice Roberto. “Y por ese lado estamos nosotros también”.
6.
En el interior del faro del fin del mundo, la expedición dejó un cuadro pintado por Silvana Baylac, artista de Punta Alta, que colaboró con el proyecto desde tierra. No es una representación realista del faro -que en su versión actual se parece más a una casucha que a un faro de novela- sino el faro que imaginó Verne: con pisos y una luz en lo alto, y la figura del propio autor mirando hacia adentro de sus historias, con un globo aerostático en miniatura flotando cerca.
El dibujo de Silvana Baylac
Dos días después de que la expedición volviera a tierra, alguien le escribió a Silvana por Instagram. Había estado en la isla, había visto el cuadro, quería saber quién era la artista.
Roberto Ulloa, Andrés Antonini y Magdalena Casa caminando desde Puerto Cook hacia Bahía Vancouver.
“Eso es lo que buscábamos”, dice Male. “Tirar una onda y que alguien la agarre, aunque jamás nos imaginamos que iba a ser tan rápido”, añade.
La expedición fue tan exitosa que los arqueólogos tienen proyectos para cinco años. Ulloa ya está pensando en un segundo viaje. “La idea no es que esto se agote en una aventura ni en nuestra experiencia. Que inspire a otros para que sigan estas huellas. Que convoque a gente para que escriba, para que hable de esto”, explica
La Isla de los Estados sigue ahí, a 25 kilómetros del continente, con sus fiordos y sus cementerios y sus naufragios enterrados en el barro. Con los ciervos que introdujo Piedra Buena hace siglo y medio y que todavía caminan entre los árboles. Con cuatro marinos haciendo guardia en nombre de todos los argentinos que nunca la vieron.
Los dragones, por ahora, siguen dibujados en el mapa.
La crisis energética en Cuba ha llegado a un punto crítico donde el combustible es un lujo y la electricidad es una incertidumbre diaria. Sin embargo, en medio de este panorama de escasez, la creatividad de un joven de 21 años está logrando lo que las soluciones oficiales no han podido: mantener en movimiento el sustento de los trabajadores.
Yadán Pablo Espinosa ha transformado más de 15 triciclos eléctricos en vehículos híbridos solares, utilizando una fábrica casera para instalar paneles que recargan las baterías mientras los conductores circulan por las calles.
Este proyecto surge como una respuesta directa a las deficiencias de infraestructura en la isla. Aunque el gobierno promovió los vehículos eléctricos para mitigar la falta de gasolina, la red eléctrica nacional, golpeada por apagones constantes, no siempre permite cargar las baterías. Espinosa identificó este vacío y desarrolló un sistema que aprovecha el recurso más abundante de la región: el sol.
Una ingeniería propia para el sustento diario
El funcionamiento del mecanismo diseñado por el joven cubano es ingenioso por su simplicidad y efectividad. El sistema permite que, mientras el triciclo está en movimiento, el panel proporcione energía constante al motor; cuando el vehículo se detiene, esa misma energía captada se dirige a cargar la batería. De esta forma, las pausas que hacen los trabajadores para entregar mercancías o descansar se convierten en estaciones de recarga automática.
Según información publicada por la agencia EFE, la instalación consta de los siguientes elementos técnicos y operativos:
Soportes de hierro artesanales que funcionan como techos para proteger al conductor del sol y la lluvia.
Paneles solares con potencias que oscilan entre los 550 y 650 W.
Conexión directa al motor que complementa el consumo de la batería durante las horas de mayor radiación.
Un sistema de recarga gratuita que se activa automáticamente cada vez que el vehículo frena o se detiene.
Durante los momentos de máxima luz solar, la potencia suministrada ronda los 2600 W. Si bien este valor no suple la totalidad del consumo del motor, sí reduce drásticamente la exigencia sobre la batería, permitiendo que los vehículos recorran distancias mucho más largas sin necesidad de buscar un enchufe en una ciudad a oscuras.
El impacto en los trabajadores cubanos
Para los transportadores de mercancías y alimentos, la autonomía de sus herramientas de trabajo es la diferencia entre llevar comida a casa o perder el día de labores. Antes de estas instalaciones, muchos conductores debían rechazar servicios largos o terminar sus jornadas antes de tiempo por temor a quedarse varados sin energía.
Joanis Castro, uno de los clientes de Espinosa que trabaja en el transporte de mercancías, afirma que «aceptó de inmediato la propuesta de instalación» para mejorar su productividad, según declaraciones recogidas por EFE.
Gracias a esta mejora, los usuarios reportan que la batería ya no se agota durante las extensas jornadas de trabajo y el rendimiento general del vehículo es superior.
La situación en Cuba ha sumido a sectores como el transporte y la salud en un ciclo de precariedad. Foto:Imagen generada por IA.
Emprendimiento familiar contra la escasez
Lo que hace más llamativa la historia de Yadán Pablo Espinosa es que su microempresa no cuenta con subsidios, formación académica formal ni financiación estatal. El taller opera gracias al trabajo conjunto con su padre, un amigo y sus tres hermanos, quienes se encargan de fabricar las estructuras metálicas y montar los equipos.
La situación en Cuba, agravada por la presión económica externa que dificulta la llegada de repuestos y petróleo, ha sumido a sectores vitales como el transporte y la salud en un ciclo de precariedad. Ante la imposibilidad de acceder a créditos bancarios o a una cadena de suministros organizada, esta iniciativa familiar demuestra cómo el ingenio individual puede resolver problemas colectivos.
La demanda es tal que los transportadores ya planean equipar sus vehículos con estos paneles desde el primer día de uso, consolidando una solución sostenible que no depende de la red eléctrica nacional.
Angie Tatiana Rodríguez Bernal
Comentario de AgendAR:
Entre la captura en molinos de la energia del viento costero, casi permanente, y los paneles chinos que irán tapando la isla de parques y techos fotovoltaicos, Cuba va a reducir bastante su dependencia del petróleo. ¿Lo va a ver en vida el cubano promedio, que tiene más de 42 años? Probablemente sí.
El asunto es que los cubanos además necesitarían parques eólicos y fotovoltaicos nada comunes. Deben poder bancarse grandes huracanes, y eso todavía no se fabrica en ningún lado. Ya llegará cuando la electricidad eólica deje de ser un berretín de ecologistas ricos. Y el país que viene demoliendo, a pura escala de fabricación, el precio FOB de ambos tipos de equipamiento es China. Ese país es un1 olmo al que todavía se le pueden pedir algunas peras.
La temporada de huracanes oficial en Cuba va de junio completo a agosto completo, pero hoy en realidad son más frecuentes y destructivos entre agosto, septiembre y octubre. Lo que se construya en el oriente de la isla, donde los huracanes pegan peor, va a necesitar reparaciones frecuentes. Y como los apagones se propagan rápido y duro por las redes chicas, más tiempo perdido en «restartearlas» desde black-out total.
¿Cómo harán los cubanos para transformar en electricidad de base, disponible 24×7, lo que salga de fuentes de suyo intermitentes, y con 5 meses garantizados de interrupciones? Hay modos elegantes, pero caros. Pongo a la Argentina de ejemplo y de contraejemplo, como guía de qué hacer y qué evitar.
CERRO PELADO A CALZÓN QUITADO
Para que la red nacional no se les venga abajo a los cubanos si es de noche y se plancha el viento, pueden construir algunas centrales de bombeo, como la única nuestra, la de Cerro Pelado en Córdoba. Salvo la gente del palo eléctrico, fuera de Córdoba no la conoce nadie: no es vistosa, ningún argento va allí a sacarse la selfie, comprar peperina o clavarse un choripán, como en el embalse de San Roque.
Cerro Pelado la hizo Agua y Energía de La Nación en el 3er gobierno de Perón, y fue obra pública de la grande, en la que no hubo un centavo de inversión privada y/o externa. Para el caso, costó tanto como la Central Nuclear de Embalse (U$ 1000 millones), la inauguró el presidente Raúl Alfonsín en 1986, a los tres meses de asumir, y debió haber pagado íntegramente lo invertido más mantenimientos e intereses en 10 años.
Nadie sabe si lo hizo, por factores intercurrentes.
El despelote que sucedió desde los ’90, liderado por el presidente Carlos Menem y el gobernador Eduardo «Pocho» Angeloz, tan honestos el uno como el otro, merece su propio capítulo. Resumo: obvios intentos de privatización a cargo del gobierno nacional por parte de Domingo Cavallo, discutidos por Angeloz, ganoso de volverla cordobesa y a cargo de EPEC, la empresa de electricidad provincial… para privatizarlas él, plinc, caja. No por nada al Pocho lo llamaban «aspirina», porque cada día se le descubrían nuevas propiedades.
Lo dicho, factores intercurrentes e intercurrantes.
Entre aquellos titanes en cinchada terció sin que lo llamaran el Sindicato de Luz y Fuerza, sabedor que toda privatización venía con despidos en catarata. La bronca obrera lanzó a las calles incluso a la pachorrienta clase media cordobesa. Incluso el cordobesista contumaz ya había comprobado en cuero propio que los servicios públicos nacionales privatizados en el resto del país, empezando por telécomunicaciones, siguiendo por transportes y terminando en agua, resultaron ser una bosta. Dicho con perdón de la bosta.
Córdoba se movilizó a fondo en las calles para defender a EPEC. Hubo barricadas. Durante días, aquello recordó al Cordobazo. Faltaba Agustín Tosco. Lamentablemente, sigue faltando. Los grandes medios nacionales ignoraron aquel resurgimiento fugaz de las puebladas setentistas en La Docta.
Cavallo, corbobés pero furioso, le cortó a la provincia (su propia provincia) su parte de coparticipación de fondos, y le pisó incluso el giro de créditos internacionales. En suma, la curró. Pero una cosa es robar gallinas y otra desplumar a la segunda provincia del país por población y producto bruto. El Dolape luego lo hizo con el país entero, y sigue libre.
La inmediata malaria y los salarios públicos impagos desencadenaron nuevas puebladas masivas y la quema de un par de edificios públicos. Angeloz, hasta entonces emperador de cabotaje pero emperador al fin, quedó de pronto como un enano interpolado en un boxeo entre dos grandotes, el gobierno nacional y la regional de Luz y Fuerza. ¡Terceros afuera!
Arrugando cual frenada de gusano, el Pocho renunció en 1995. Le dejó el incendio a Ramón Mestre (padre), de similares pergaminos, méritos, propósitos y fuentes de inspiración (el Banco Mundial).
Mestre quiso dividir a EPEC en dos y rematar las dos Unidades de Negocios, es decir los pedazos. Plan de lucha total de Luz y Fuerza, paros masivos y nuevamente, los cordobeses, unánimes, en las barricadas. Por suerte para Mestre, su interinato terminaba en 1999 y se pudo ir en auto, sin helicóptero.
El tercer goberna local al hilo ganoso de privatizar EPEC fue José De la Sota, que se sacó los guantes de box. Relanzó la ofensiva para concesionar de manera definitiva la distribución y generación de energía de EPEC. Las casi obvias barricadas cordobesas en 2001 se habían vuelto un fenómeno nacional. Decidido siempre, De la Sota y el siempre inconcluyente De la Rúa respondieron con allanamientos a las sedes del gremio y la detención de 219 trabajadores y dirigentes cordobeses.
Pero el país había cambiado. Cavallo, resucitado por el presidente Fernando de la Rúa, había pasado de ídolo nacional y salvavidas presunto de cierta clase media idiota a enemigo público. Sólo tuvo que confiscarle los ahorros en dólares depositados en ingenuas cuentas a la vista. No sólo Córdoba, el país entero estaba explotando.
Entonces, en una hazaña digna de los grandes descubrimientos geográficos, La FATLYF, la Federación Nacional de Luz y Fuerza en Buenos Aires, descubrió Córdoba. ¡Eureka, existe!
Sería bueno que esta historia no se olvide, como tantas, ahora que el gobierno de Javier «Peluca» Milei quiere privatizar las tres centrales nucleares argentinas, y todo indica que será este año.
EN CHANCLETAS
En una suerte de inesperado milagro, aquel 2001 la Federación salió del coma cuatro y lanzó un ultimátum: largan a los compañeros detenidos, se raja a la intervención del gremio local y De la Sota se olvida de privatizar EPEC. Caso contrario, paro nacional de todas las centrales eléctricas del país. Todas.
De la Rúa y De la Sota recularon en chancletas, y desde entonces se sabe, no en el país pero al menos en Córdoba, que con los laburantes de la electricidad no se jode. Su capacidad de interdicción, cuando su dirigencia se acuerda de ella, sigue y seguirá siendo enorme.
Y como la propia central de Cerro Pelado, esa historia reciente es desconocida fuera de Córdoba. Se entiende, Clarín y TN estaban distraidos.
El asunto es que toda esta rapiña tuvo consecuencias técnicas sobre la central de Cerro Pelado: desde que desapareció Agua y Energía de La Nación, la planta, impecable hasta entonces, se quedó sin mantenimiento. En 1996 se le quemó uno de sus dos enormes transformadores, «trafos» en la jerga, de modo que su capacidad instalada (750 MW) descendió a la mitad. Todavía sigue así. Nunca se reparó. Lógico, pasaron apenas 30 años, algunos gobernadores y presidentes, y nunca conté los apagones.
En 2000 se quemó el otro trafo, y Cerro Pelado quedó muerta. EPEC, propietaria indiscutida de ese naufragio, logró recauchutar el primero. pero como saben los tacheros, nada destruye mejor un sistema que el desuso. A fecha de hoy, habría que invertir U$ 100 M para restablecer ambos, reemplazar los controles analógicos ochentosos por otros digitales, y hacerle un mantenimiento general a las 4 enormes turbinas Francis de eje vertical.
Lo que además perdieron el país y Córdoba como lucro cesante, eso a cobrarles a los 5 jinetes del apocalipsis: Menem, De la Rúa, Angeloz, Mestre, De la Sota y otras patologías privatizantes Todos muertos y muy extrañados. Pero vivos tampoco habrían devuelto un mango.
Si Ud. las mira, esas turbinas Francis son realmente 4 obras de arte: cuando se larga el agua desde el embalse superior, tras una caída de 185 metros verticales y 18 km. horizontales a través de cuatro tubos, esas bestias de rotores, cada cual de 360 toneladas, arrancan despacio y van acelerando hasta ponerse a 250 vueltas por minuto, y ahí se clavan, sin pasarse. Activan los generadores correspondientes y la colosal obra entrega su potencia instalada completa. Para una red eléctrica grande, eso es casi a toque de botón.
Tras girar en los rodetes superiores, el agua ingresa a cada turbinas como un remolino horizontal, y egresa por abajo como un chorro vertical. La descarga se va acumulando durante el día en el contraembalse inferior. Pero en la madrugada, cuando Córdoba y su extrarradio tienen una demanda eléctrica menor, las cuatro turbinas se invierten y empiezan a aspirar el lago inferior como bombas impelentes. Empujan contra gravedad la considerable masa hídrica del contraembalse hasta ir llenando el lago superior. Cosa e’ Mandinga.
Para ese ascenso bastante titánico, Cerro Pelada utiliza los excedentes de electricidad de la Central Nuclear de Embalse, que está en las cercanías y sobre el mismo valle (Calamuchita). Ambas centrales se construyeron juntas para actuar en tándem.
Cerro y Embalse se complementan de modo inteligente: en su primera versión, Embalse daba 600 MWh 24×7, pero era previsible que el «boom» metalmecánico y demográfico de Córdoba la iba a superar. Y eso iba a suceder en demanda máxima, que suele ser a la noche, cuando el alumbrado público se prende y el laburante vuelve a casa y enciende la luz, la TV y si es verano y lo tiene, el aire acondicionado, o «los aires», y a su aire.
Con la demanda constante de las fábricas trabajando a tres turnos, lo típico de los ’70, las curvas de consumo cordobesas eran mucho más planas, cosa de países adelantados. Ahora -cosa de países empobrecidos- la curva es más jorobada que un camello de exposición, pero además con hipo.
Embalse, hoy repotenciada a 646 MW, como cualquier central nuclear trabaja todo el tiempo a potencia nominal, es decir la máxima. No está hecha para bajarla de vueltas en la madrugada haciendo «seguimiento de carga», con las ciudades cordobesas entregadas al apoliyo, que es cuando la electricidad es más barata. En cambio desde la tarde, con la ciudad pidiendo potencia a pleno, la electricidad se vende salada.
Eso define un buen negocio de arbitraje entre precios máximos y mínimos: comprar electricidad barata de Embalse en la madrugada y venderla desde Cerro Pelado al resto del país cuando anochece, es negocio. Al principio, fue un negocio federal, hoy cordobés, mañana andá a saber.
La demanda ya no es estrictamente local: las demás provincias entraron a tallar: Córdoba ahora no es una isla eléctrica. Quedó unida a la Región Centro y las otras 23 provincias (incluida CABA) a través del Sistema Argentino de Interconexión.
Ese arbitraje de precios permite al dueño de Cerro Pelado levantarla con la pala, incluso con la central a media máquina, como está desde 1996. Algo me dice que si se remata Nucleoeléctrica Argentina, como intenta hacerlo el gobierno de Milei, el fisco va a tratar de incluirla en el paquete de venta junto a Embalse. Y si no tiene más remedio, le tocará al estado repararla antes a nuevo, cosa de minimizar sufrimientos innecesarios al afortunado ganador de una licitación, sin duda, honesta.
Cerro Pelado actúa como un gigantesco acumulador de energía. Equivale a más de un millar de las Tesla Megapack que vende Elon Musk, pero no tiene litio y no se incendia.
Una o unas centrales de bombeo podrían venirle bien a Cuba cuando agarre viaje con alguna buena oferta china de parques solares y eólicos. En sus compras de fierros ajenos, los cubanos tienen tradición de comprar bueno. Se dejan cometear tanto como cualquiera, pero, como me lo sintetizó el manager de una multinacional italiana de ingeniería, tipo que vendía plantas industriales completas en el entonces llamado Tercer Mundo, «No trates siquiera de venderles basura. Practican la coima patriótica».
UNAS BUENAS GÁRGARAS
Montañas y lluvia los cubanos tienen, el resto es todo ingeniería, y eso tambíen tienen, y buena, gracias a un sistema educativo que sigue siendo el mejor de América Latina. Guita, no: a fuerza de bloqueos y de vivir en un área económica minúscula, apenas 11 millones de hectáreas de las cuales sólo están sembradas 3,5 millones, están pobres como lauchas. La geografía y la geopolítica, tan inevitables una como la otra, los tienen fregados.
Pero China tiene MUCHA plata, a veces sufre de arrebatos de generosidad y mueve bien sus piezas. Si quieren volver locos a los cubanos de Miami, empezando por Marco Rubio, en Beijing tienen la pelota picando en el área chica. Es un tema chico, ¿habrá estado en la agenda de la reunión entre Trump y Xijing pin?
El derribo de Nicolás Maduro dejó a la isla sin petróleo venezolano gratis. Turismo también falta, y no tanto porque Trump es Trump y no Obama, sino por decisión de la burocracia estable del State Department. Mandar algún tanquero lleno de petróleo a la isla, como ha hecho Putin, es más un gesto simbólico que una política efectiva y durable.
La isla tiene hoy una población muy envejecida por la emigración de jóvenes: apenas 9,6 millones de habitantes, que en los ’90 eran 11 millones. Pese a la escasa demanda de tan exiguo pueblo, los apagones y «brown outs» de la red están liquidando la escasa industria que los cubanos supieron conseguir.
Para China, dejar a los cubanos en la oscuridad no sería un crimen, sería un error. Dos errores, en realidad. Uno comercial, y otro geopolítico. China en general no los comete, al menos todavía.
Llenar a los cubanos de placas fotovoltaicas y turbinas eólicas le daría a la industria china una perspectiva nueva en América Central y el Caribe, donde sólo hay una central eólica de ese origen. Es una gran diferencia con Brasil y la Argentina, con 50 y 7 parques con máquinas chinas respectivamente. Sudamérica tiene un total de 60 operativos, pero contando.
La inversión china en infraestructura nueva, «greenfields» para economistas y pedantes, América Latina está dejando lo hidro de lado. Viene de chocar con la resistencia social de los perdedores en los emprendimientos hidro «de baja densidad energética»: centrales de ríos de llanura, lagos enormes en superficie y de escasa profundidad, de bajo rendimiento en MWh por la falta de pendiente, con eutrofización garantizada (en cristiano, el agua se llena de algas y se pudre), y con habitantes de aguas arriba de las represas, que también se pudren. Pierden tierras y ciudades bajo el pelo de agua del nuevo lago.
Por autorizar cosas así cayó Dilma Rousseff.
Los habitantes de aguas abajo. en cambio, se tienen que bancar un aprovisionamiento disminuido debido a la evaporación de los embalses de poco fondo en zonas calientes. O por las crecidas cuando el dueño de la central hidro necesita vender potencia.
Si hay algo que China quiere evitar es adquirir la imagen del Banco Mundial, los gringos malos que te zampan un lago al cuete donde tu familia vive y trabaja desde hace décadas o siglos, y si no te gusta, te mandan encima los jueces, la gendarmería y el ejército.
La de centrales de bombeo es obra cara, mucho túnel vertical cavado a dinamita, mucha turbina de paso reversible construida en cavernas artificiales del tamaño de catedrales, toda una ingeniería de lo enorme que ha intimidado incluso a la vieja Unión Soviética Pero al estar en forma obligada sobre terreno montañoso o serrano, tanto los embalses de coronamiento como los contraembalses al pie, resultan relativamente profundos, de poca superficie, y rinden MW hasta dar calambres. Alta densidad energética, que le dicen. No le joden la vida a nadie, o a casi nadie.
Más bien, resuelven problemas. Las redes eléctricas con demasiada base intermitente producen electricidad cara. En Uruguay, país básicamente hidro y eólico, la tarifa domiciliaria por kilovatio hora es tres veces más cara que en la Argentina. Al ecologista boutique, la sola mención de Uruguay le provoca orgasmos intempestivos. Bueno, se le pasan de inmediato con la factura de electricidad.
Pero además, un factor de penetración tan desmesurado de fuentes intermitentes, provoca altibajos en cualquier red eléctrica. Y volviendo al Largo Lagarto Verde, tan sumido en zona de huracanes, ahí tenés que frenar las turbinas eólicas y poner las aspas en bandera durante meses. Amortizás la inversión el día del arquero. Cuantímás, los hipos y baches de carga en la red queman las heladeras y los motores eléctricos.
En ese contexto, el efecto aplanador de curva de carga de las centrales de bombeo es colosal. Y salvo que a Cuba le sobrevengan vendepatrias como los que le pudrieron la vida al cordobés de a pie desde los ’90, no hay modo de no ganar plata con este tipo de máquinas.
Si los chinos ponen la tarasca en la red cubana, los parques eólicos y solares salen como piña. Es más, en el contexto geopolítico actual, la valiente muchachada de la Franja y la Ruta la pondría gratis. Y sólo para convidar a los cubanos de Miami a unas gárgaras de cianuro con tachuelas. ¡Salud!
