No todo lo que hace Donald está mal: dispondría el libre acceso a la ciencia que financia el Estado

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La administración Trump está considerando emitir una orden ejecutiva que facilitaría el acceso gratuito a la investigación financiada con fondos públicos.

Según E&E News, la Casa Blanca está considerando disponer, a través de una orden ejecutiva, que toda investigación financiada por el gobierno federal esté inmediatamente disponible para el público una vez publicada. Actualmente, gran parte de la investigación financiada con fondos federales se publica solamente en forma comercial durante un año antes de que se haga pública. Según los informes, la orden ejecutiva exigiría eliminar ese período de pago.

No está claro qué motiva a la administración a emitir este mandato, y el texto de la posible orden ejecutiva aún no se ha publicado. En este punto, es difícil evaluar completamente sus méritos.

Pero si lo que se informa es cierto, esto podría ser una gran victoria para un movimiento conocido como Open Science (Ciencia Abierta), que se ha quejado de que durante demasiado tiempo, la investigación financiada por los impuestos se ha bloqueado detrás de costosos muros de pago, manteniéndolo fuera del alcance de los contribuyentes.

Cuando se trata de ciencia, la administración Trump es mejor conocida por refutar el claro consenso científico sobre el cambio climático y por rechazar las protecciones ambientales. Pero eliminar el período de pago en realidad sería bastante positivo para la difusión del conocimiento científico.

Los editores, sin embargo, no están contentos. El miércoles, más de 125 editores científicos de revistas científicas (incluido el gigante Elsevier, así como Wiley) y grandes organizaciones científicas (como la Asociación para la Ciencia Psicológica y la Unión Geofísica Americana, que también publican revistas) firmaron conjuntamente una carta de condena a la potencial orden ejecutiva. Otros signatarios notables incluyen la American Heart Association y el editor del New England Journal of Medicine.

En la carta, escriben que la orden ejecutiva «pondría en peligro la propiedad intelectual de las organizaciones estadounidenses dedicadas a la creación de revistas revisadas por pares de alta calidad» y que la medida «nacionalizaría efectivamente la valiosa propiedad intelectual estadounidense que producimos y obligarnos a regalarlo al resto del mundo de forma gratuita «.

Los editores temen que los cambios puedan dañar sus negocios. Tienen motivo: tendrían que comenzar a regalar algo que normalmente cobrarían gratis. Pero hay un caso sólido a favor de que el modelo de negocios debería cambiar. Y los editores ya se enfrentan a una creciente ola de financiadores de la ciencia que exigen que la investigación desarrollada a partir de su subvención se publique libremente para que el público la lea.

El estado, el capitalismo y la innovación. El pensamiento de Mariana Mazzucato

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Mariana Mazzucato es una economista nacida en Roma que​ es profesora de Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London y el RM Phillips Chair en Economía de Innovación en la Universidad de Sussex. Es decir, tiene todas las credenciales académicas que otorgan respetabilidad.

A pesar de eso, sostiene teorías chocantes al pensamiento económico «correcto». Dice que el Estado es un actor necesario en la innovación capitalista. Y que el papel de los bancos en la creación de valor está sobreestimado. Esta crítica de uno de sus libros, publicada este mes, permite una visión de su pensamiento menos superficial que las habituales notas periodísticas. Recomendamos leerla con tiempo, no para aceptar sus ideas a libro cerrado. Para debatirlas.

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«Hay un tipo de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora, y hay otro tipo que no tiene este efecto. En tanto produce valor, el primero puede ser llamado trabajo productivo: y el segundo, trabajo improductivo» (Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776)

«Los bárbaros barones del oro; ellos no encontraron el oro, no extrajeron el oro, no molieron el oro, sino que por medios de alguna rara alquimia todo el oro les pertenecía» (Bill Haywood, fundador del primer sindicato industrial de Estados Unidos, 1929)

«Entre 1975 y 2017 el producto interno bruto (PIB) real de Estados Unidos se triplicó: pasó de 5,49 a 17,29 billones de dólares. Durante ese periodo la productividad creció alrededor del 60%; sin embargo, desde 1979 los sueldos por hora reales de la gran mayoría de los trabajadores estadounidenses se han estancado o reducido. En otras palabras, durante cerca de cuatro décadas una pequeña élite se ha apoderado de casi todas las ganancias de una economía en expansión». ¿Es porque son miembros de la sociedad particularmente productivos?»

Así arranca Mariana Mazzucato, catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres (UCL), el prefacio de su última obra: El valor de las cosas.

Autora de un sugerente y esclarecedor libro sobre el papel del Estado y las instituciones públicas en la creación de valor y el desarrollo económico en las economías occidentales, El Estado emprendedor, Mazzucato pone su atención, en su nuevo trabajo, en la distorsión que ha supuesto la imposición de una narrativa acerca de la creación de valor, así como en los criterios seguidos para su cuantificación e inclusión en las cuentas nacionales como parámetros representativos de los niveles de renta y bienestar de nuestras sociedades.

Mazzucato considera que se necesita una narrativa alternativa acerca de quién creó la riqueza, en primer lugar, y quién la extrajo, generalmente en su beneficio, posteriormente, Un proceso: la captura o extracción de rentas que bien podría describirse así: los tomadores se imponen a los hacedores y el capitalismo «depredador» al capitalismo «productivo», gracias a lo cual el 1% ha accedido al poder por encima del 99% restante.

En su tentativa de encontrar las bases en las que sustentar una teoría del «valor» que desvele correctamente los mecanismos de su creación y los agentes económicos, sociales e institucionales implicados, así como sus beneficiarios últimos, realiza una incursión histórica, desde los economistas preclásicos hasta la denominada revolución marginalista de la segunda mitad del siglo XIX. Una visión panorámica en la que sintetiza las aportaciones más relevantes a la teoría del valor que ocupa cerca de la mitad del libro, sin novedades interpretativas relevantes, que encuentra su justificación en la necesidad de establecer un anclaje en la teoría del valor-trabajo formulada por los principales economistas del clasicismo económico (Smith, Ricardo y Marx), prevalente hasta la revolución marginalista (Walras, Jevons y Menger) y la sistematización posterior de Pareto y Marshall, que contribuyeron a imponer en el pensamiento económico triunfante una teoría expresiva del valor de carácter subjetivo y desvinculado del coste del factor trabajo, por la que la utilidad marginal y la escasez determinan los precios y el tamaño del mercado. El precio sería, en última instancia, la medida del valor.

Así, lo que el modelo ganaba en versatilidad lo perdía en la falta de capacidad para medir lo que Smith llamaba «la riqueza de las naciones»: la producción total de una economía en términos de valor.

Mazzucato se ve en la necesidad de explicitar qué entiende por los conceptos de creación y extracción de valor. Por «creación de valor» se refiere al modo en el que las diferentes clases de recursos (humanos, físicos e intangibles) interactúan con el fin de producir nuevos bienes y servicios. Por el contrario, «extracción de valor» supondría que las actividades se centrarían únicamente en mover recursos y productos ya existentes y en ganar de manera desproporcionada con su comercio posterior.

Su objetivo de crear una economía más justa en la que la prosperidad se comparta de una manera más amplia y que, por lo tanto, sea más sostenible lo vincula no solamente a una política progresista de gravar la riqueza, sino a lograr una nueva narrativa, una nueva interpretación y un amplio debate acerca de la creación de riqueza. Y, para ello, echa mano del pensamiento clásico, que partía de una distinción clara entre el «trabajo productivo» y el «improductivo» y una visión ricardiana de la teoría del valor-trabajo que rescata, al tiempo que la reinterpreta con Marx y que considera más adecuada que la teoría neoclásica o marginalista para profundizar en la cuestión del «valor» en la economía globalizada actual.

La innovación en el sector financiero y la industria farmacéutica

Para Mazzucato, el extraordinario crecimiento del sector financiero, con ser preocupante, no lo es tanto como el intenso proceso de financiarización del conjunto de la economía.

El término «banca en la sombra» acuñado en 2007, describe un conjunto de instituciones bancarias o parabancarias que realizan actividades similares a las de la banca y que generan una amplísima red de diferentes intermediarios financieros, no sometidos a una regulación tan estricta como los bancos y que, surgidos de la nada, se expanden allí donde los bancos han sido condenados a contraerse. Como se caracterizan, en general, por ser «finanzas impacientes» que buscan retornos elevados a corto plazo, su comportamiento puede afectar a la capacidad productiva de la economía y a su potencial para la innovación.

Un fenómeno de nuestro tiempo, pero no inusual. Ya Winston Churchill, en 1925, siendo ministro de Hacienda y al observar la manera en que estaban cambiando las finanzas, afirmó que «prefería ver las finanzas menos orgullosas y a la industria más satisfecha».

«La intermediación financiera -el coste de los servicios financieros- constituye una forma de extracción de valor cuya escala reside en la relación entre lo que cobran las finanzas y el riesgo que realmente asumen» (pág. 215).

Así, la denominada gestión de cobros se ha convertido en una de las carácterísticas que definen el capitalismo moderno, y su reforma, no imposible, a través del establecimiento de una tasa a las transacciones financieras -aún no implantado- podría facilitar la reasignación hacia las inversiones a largo plazo en vez de los sustanciosos, aunque no creadores de valor, intercambios rápidos de un milisegundo.

El concepto de innovación es central en el análisis de Mazzucato.

Existe un acuerdo general sobre el papel de los cambios tecnológicos y organizativos como fuente principal de crecimiento y de creación de riqueza a largo plazo. Pero, para la autora, la innovación exige para su proceso de creación la presencia de tres carácterísticas: su carácter acumulativo, la incertidumbre que la preside y su carácter colectivo.

Es acumulativa, y en muchos casos el resultado de una inversión preexistente y en gran medida, fruto de inversiones a largo plazo que se realizaron a través de los años.

Es incierta. Con un alto grado de fracaso, y en general puede requerir mucho tiempo desde la concepción de la idea hasta su realización y comercialización. Con frecuencia pueden pasar décadas,

Y es colectiva. Como la autora desarrolló en su aclamado El Estado emprendedor, las ayudas públicas de Estados Unidos se encuentran detrás de innovaciones como el i-Phone, Siri, el GPS o la pantalla táctil, y supusieron ingentes cantidades de dinero gastado por el Departamento de Defensa de EE. UU., su armada, la CIA o la DARPA (Agencia de Proyectos de Inversión Avanzada de Defensa).

En el sector farmaceútico, la investigación muestra que el origen en los avances de dos terceras partes de los medicamentos más innovadores (nuevas identidades moleculares con calificación prioritaria) se remonta a la financiación de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Una de las formas de extraer valor o «extracción de valor patentada» se realiza a través de la instrumentalización de patentes, herramientas asociadas como los copyrights y las marcas registradas, que han pasado de ser mecanismos para estimular la innovación a medios utilizados para su bloqueo. Lo exponía así The Economist (08-10-2015): «Se supone que las patentes propagan el conocimiento al obligar a sus propietarios a exponer su innovación para que todo el mundo la vea (?). En lugar de eso, el sistema ha creado una ecología parasitaria de trols y detentadores de patentes defensivas que bloquean la innovación, o la entorpecen a menos que puedan hacerse con una parte del botín».

Un fenómeno de extracción de valor que es posible que no encuentre un ámbito más representativo que en el del precio de los medicamentos.

Un caso reciente ilustra cómo las patentes conducen al monopolio.

En 2014 el gigante farmaceútico GILEAD sacó al mercado un nuevo tratamiento para el virus de la hepatitis C llamado Sovaldi, que supuso un avance notable respecto a las terapias existentes contra esta enfermedad que afecta a 3 millones de personas en EE. UU. y a 15 millones en Europa. En el mismo año, GILEAD lanzó una versión mejorada de Sovaldi conocida como Harvoni. Un tratamiento de 3 meses cuesta 84.000 dólares (mil dólares por pastilla) en el caso de Sovaldi y 94.000 dólares en el de Harvoni.

¿Cómo justifica la industria el cobro de estos precios que son centenares de veces más altos que los costes de producción?

Una línea de defensa tradicional de la industria consistió en justificar los precios por el enorme gasto en la investigación previa hasta la comercialización del producto, pero la realidad es muy distinta: los gastos en investigación básica en la industria farmaceútica son, en general, muy bajos en comparación con los beneficios que genera. También es muy bajo el gasto en marketing, y con frecuencia menos de lo que dedican a subir a corto plazo el precio de las acciones, las opciones sobre acciones y el pago a los ejecutivos.

Además, la financiación que da paso a la innovación farmaceútica definida en términos generales como nuevas entidades moleculares procede, fundamentalmente, de laboratorios financiados con dinero público.

La industria farmaceútica concentra cada vez más el gasto en I+D en la fase de desarrollo menos arriesgada y en los «medicamentos equiparables» que solo presentan ligeras variaciones de los productos existentes.

En el caso de Sovaldi y Harvoni se calcula que los inversores privados no gastaron más (y quizás menos) de 300 millones de dólares en I+D durante una década. En los primeros seis meses de 2015 los dos medicamentos generaron alrededor de 9.400 millones de dólares en ventas (y 45.000 millones de dólares en los tres primeros años desde su lanzamiento entre 2014 y 2016).

Una realidad incontestable que obligó a modificar la línea de defensa de la industria y a utilizar un argumento alternativo: los precios son proporcionales al «valor intrínseco de los medicamentos». El «valor» se sitúa como el referente fundamental del precio.

John LaMattina, antiguo vicepresidente de Pffeizer fue más explícito que nadie. En 2014, en un artículo publicado en la revista Forbes con el titular «Los políticos no deberían cuestionar el coste de los medicamentos, sino su valor», mantuvo que el precio debería vincularse con el valor que el medicamento aporta en términos de salvar vidas, mitigar el dolor y reducir los costes sanitarios generales, y, al hablar del medicamento Soliris, de la farmaceútica Alexion, utilizado para tratar una forma poco común de anemia y trastornos renales, con un precio de 440.000 dólares/año por paciente, argumentó que el precio no tenía ninguna relación con los costes de I+D necesarios para sacar el medicamento al mercado.

Un análisis básico y ortodoxo de la elasticidad de demanda ( es decir, la sensibilidad de los consumidores a los cambios de precios, dependiendo de la carácterística de los bienes), en el caso de algo que se necesita para sobrevivir, combinado con una situación de monopolio de los productores protegidos por patentes, es decir, una combinación de demanda rígida y monopolio da como resultado unos precios exorbitantes en los medicamentos especializados.

El capitalismo de plataforma

Se suele describir con este nombre la nueva forma en la que se producen, comparten y se entregan bienes y servicios; una forma más horizontal en la que los consumidores interactúan entre sí sin o con una mínima intervención de las instituciones tradicionales.

En este marco funciona la denominada economía colaborativa, reduciendo las fricciones entre los dos lados del mercado, conectando eficientemente a compradores y vendedores y a clientes potenciales con anunciantes.

La búsqueda de economías de escala (basadas en el tamaño de la red) y de economías de alcance (basadas en el abanico de servicios distintos) propicia que «el tamaño y crecimiento de las empresas más representativas no parece tener límite. Los efectos de red que se extienden por los mercados online añaden una carácterística importante: cuando una empresa establece su liderazgo en un mercado, su dominio aumenta y se perpetua automáticamente»( pág. 300).

Seis empresas (Facebook, Google, AOL, Yahoo, Twitter y Amazon) constituyen alrededor de un 53% del mercado publicitario digital (solo Google y Facebook representan el 39%).

Esta posición dominante implica que los gigantes digitales pueden imponer sus condiciones a los usuarios y a las empresas que son sus clientes, que no tienen opciones de cambio si no se sienten satisfechos, pues como dice Evgeny Morozov » no hay una segunda Amazon al que puedan irse».

Un problema a futuro, porque el auge de la «economía colaborativa» probablemente extenderá el intercambio de mercado a nuevas áreas, en las que las dinámicas de dominación mercantil parecen preparadas para perpetuarse a si mismas.

De una mirada ingenua sobre Google se podría inferir que proporciona servicios gratuitos a sus usuarios. La realidad es que son los usuarios quienes aportan a Google los inputs necesarios para su proceso de producción: nuestros datos personales son la materia prima con la que se configura el big data.

Google obtiene el grueso de sus beneficios de la venta a otras empresas de sus espacios publicitarios y de los datos de los usuarios: «Si algo es gratis online, tú no eres el consumidor, eres el producto».

Los modelos de negocio de Facebook y de Google se basan en la mercantilización de los datos personales, transformando por medio de la alquimia de un mercado bilateral, nuestras amistades, intereses, creencias y preferencias en propuestas vendibles. La llamada economía colaborativa se basa en la misma idea.

Parece comprensible, como sostiene Morozov, entonces, que, «en lugar de pagar nosotros a Amazon una tarifa por utilizar sus capacidades en inteligencia artificial -construida con nuestros datos-, debería exigírsele a Amazon que nos pague a nosotros».

Mazzucato ha descrito en su último libro un mundo inquietante, en el que el relato en torno a la creación de valor pertenece a las grandes y poderosas empresas , auténticos monopolios sin regulación en el mundo digital que a través del dominio ideológico establecen que el precio determina el valor y que los mercados representan el único mecanismo para estipular el precio.

La expresividad y contundencia de los ejemplos que representan esta denuncia deberían, sin embargo, completarse en dos direcciones: una, a través de un análisis empírico de un mayor número de empresas y sectores, y otra tratando de extender lo que fundamentalmente constituye un análisis del Estado y del sector público en EE. UU., con agencias e instituciones con un reconocido planteamiento estratégico, a otros territorios y ámbitos geográficos con un menor nivel de desarrollo y prácticas consuetudinarias muy diferentes respecto a la acción pública, sin olvidar la presencia perniciosa de la incompetencia o la corrupción que con excesiva frecuencia les acompaña.

Mazzucato ha realizado un trabajo sugerente que nos obliga a revisar en profundidad el análisis y nuestra propia consideración, a veces errónea por simplista, del papel de los gigantes digitales y del uso del big data en la configuración de nuestra sociedad y que nos desvela la importancia y la necesidad -en línea con Piketty- de contribuir al debate ideológico en busca de una sociedad más justa e igualitaria.

Tratando de estimular el consumo y bajar la inflación. Una misión difícil

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Con el correr de los días, se empieza a percibir el esquema general del manejo de la economía por parte del gobierno de Alberto Fernández. En un marco de políticas generales moderadas -que han sido bien recibidas por los acreedores externos y los «mercados», aunque no por gran parte de los sectores de ingresos altos y medio altos-, toma medidas que se plantean objetivos difíciles de armonizar: acercarse al equilibrio fiscal, disminuir la indexación de la economía, ayudar a los sectores de menores ingresos y a los excluidos. Así, recurre a medidas puntuales, de congelamiento de precios, y de aumentos de sumas fijas en sueldos y jubilaciones.

Es una especie de «sintonía fina» de emergencia. Sin duda, el gobierno se da cuenta que son medidas de muy corto plazo. Pero el futuro llega de una semana a la vez. Las medidas del «minipaquete» de ayer son para mantener algunas ayudas al consumo que vencían hoy.

«Con el objetivo de devolverle algo de vuelo al consumo masivo y tras varias negociaciones con distintos sectores, el Gobierno anunció que extenderá por un mes el congelamiento de la cuota para los deudores hipotecarios UVA y que las condiciones del Programa Ahora 12 regirán hasta el 31 de marzo.

Créditos hipotecarios UVA
A 24 horas que termine el beneficio, el gobierno decidió extender por 30 días más el congelamiento de la cuota para los deudores hipotecarios UVA. De esa manera, quienes tomaron un préstamo de este tipo mantendrán la cuota al valor de agosto de 2019 hasta fines de enero.

Desde agosto pasado, 82.000 familias que tomaron un crédito UVA tienen su cuota congelada, como lo dispuso ese mes el gobierno de Mauricio Macri. El fin del beneficio, con vencimiento a fines de diciembre, hubiese implicado un salto del 20%, calculó el economista Federico González Rouco, ex asesor de Jefatura de Gabinete.

En promedio, proyectó el economista, si el beneficio se terminaba mañana cada familia hubiese tenido que pagar $ 2846 más de cuota de lo que pagó en diciembre.

A menos de un día de que finalice el congelamiento, el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación decidieron extender durante el próximo mes los beneficios. «Esta medida había sido dispuesta en el marco de la crisis económica que atraviesa la Argentina», dice el comunicado del BCRA.

Ahora 12
«Se van a mantener l as mismas condiciones del programa, pero se va a hacer hincapié en que el beneficio alcance a los productos de origen nacional«, indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a LA NACION. Las tasas del programa que caía hoy eran del 20%.

Cerca del ministro Matías Kulfas indicaron que en 90 días se va a hacer una revisión en lo que se espera sea un contexto de mejora de la macroeconomía.

En el Gobierno, precisaron además que se mantienen todos los subprogramas, lo que significa que habrá 3, 6, 12 y 18 cuotas para los diferentes productos incluidos.

Los comercio adheridos son 262.803, según cifras oficiales. El gobierno de Mauricio Macri había logrado una baja de tasas de 45% a 20% tras un acuerdo con los bancos. Esto había permitido a grandes comercios absorber ese costo y ofrecer cuotas sin interés.

Dentro del programa oficial Ahora 12 y 18 hay televisores, línea blanca (aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas; cocinas, hornos y anafes; calefactores y estufas; termotanques y calcafoles; heladeras, congeladores y freezers); teléfonos celulares; computadoras, notebooks, y tabletas; material para la construcción; turismo nacional; librería; anteojos; instrumentos musicales; neumáticos, accesorios y repuestos de autos; colchones; motos y bicicletas. Y, tanto en los primeros como a los Ahora 3 y Ahora 6, se suman además indumentaria, calzado y marroquinería; muebles; libros; juguetes; y artefactos de iluminación.»

Cosas buenas en salud y ciencia del 2019

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(¿Y quién mejor para contarlas que Nora Bär?)

Se puso de moda atribuirles a las redes sociales todo tipo de propiedades deleznables. Las concebimos como un sumidero de fallas morales, una suerte de caleidoscopio virtual que combina falsedades, lacras, vicios e indecencias varias para denigrar al otro. Pero también están los «profetas del progreso», empecinados en hacer relucir lo bueno que está ocurriendo, aunque muchas veces sea difícil advertirlo.

Uno de ellos es el economista de Oxford Max Roser (@MaxRoser), cuyos mapas intentan documentar los avances que se realizan globalmente en la reducción del hambre, la mortalidad infantil o la pobreza. Otro es el mediático Steven Pinker, neurocientífico de Harvard y autor de quince libros, cuyo (para algunos) «insufrible optimismo» despierta desde simpatía hasta descreimiento.

Y ¿qué dejó este año en el ámbito de la salud y la ciencia? En 2019 nuestro país fue certificado por la OMS como libre de malaria. Fue el segundo de la región después de Paraguay, que lo había logrado el año anterior.

El International Journal of Cancer dio a conocer que en la Argentina la mortalidad por esta patología descendió un 18% entre 1990 y 2019.

En lo que se considera el avance más importante en décadas, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó una droga para tratar la fibrosis quística, una grave enfermedad hereditaria que provoca infecciones pulmonares repetidas.

En África, Malawi eliminó el tracoma, una infección ocular que si no se trata conduce a la ceguera. También se aprobó una vacuna contra el Ébola con reducciones de la mortalidad de hasta el 70%.

En un anuncio histórico, una comisión de expertos de la OMS concluyó que el poliovirus salvaje tipo 3 se erradicó en todo el mundo. Solo queda el tipo 1, en Paquistán y Afganistán. Y el 29 de mayo último, la entidad eliminó «el desorden de identidad de género» de su manual de enfermedades mentales.

Este también fue un año en que tuvimos una transición civilizada de un equipo de gobierno a otro. Y en el que muchas argentinas accedieron a bancas en el Congreso y fueron premiadas internacionalmente.

En el ámbito científico, la ecóloga Sandra Díaz, que codirigió el Informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas, fue considerada una de las figuras científicas del año por la revista Nature.

Otras dos destacadas investigadoras, la especialista en ciencias de la atmósfera Carolina Vera, que venía desempeñándose como vicepresidenta del Grupo I del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y la química Ana Franchi, directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, jugarán un rol importante en los destinos de la investigación local como jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y presidenta del Conicet, respectivamente.

Lamentablemente, a aquellos que no tuvieron la suerte de resultar beneficiados por la rueda de la fortuna y les tocó jugarla de perdedores, las contrariedades les teñirán el balance de fin de año como una gota de tinta que cae en un vaso de agua. Pero cuando todo es decepción, recordemos que estamos vivos y al menos tenemos el consuelo de que se abre frente a nosotros un nuevo calendario.»

3 años de cárcel para el científico que «editó» bebés humanos

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El científico chino He Jiankui, creador de los primeros bebés modificados genéticamente, ha sido sentenciado a 3 años de cárcel y a pagar una multa de 3 millones de yuanes (380.000 euros). En un juicio celebrado por sorpresa y a puerta cerrada, un tribunal de Shenzhen le declaró culpable de “llevar a cabo, de manera ilegal, la edición genética de varios embriones humanos con fines reproductivos”; según la agencia de noticias oficial, Xinhua. He, además, estará vetado de por vida para el desempeño profesional de cualquier actividad relacionada con el mundo sanitario.

El 26 de noviembre de 2018, He Jiankui sorprendió al mundo al anunciar que había manipulado dos embriones humanos por medio de una técnica de edición genética conocida como CRISPR, con el propósito de lograr que fueran inmunes al virus del sida. El científico, conocido a raíz del suceso como “el Frankenstein chino”, hizo público su logro por medio de un vídeo colgado en YouTube (ver abajo) en el que narra cómo un par de bebés, dos gemelas que recibieron los nombres de Lulu y Nana, habían nacido “semanas atrás” y se encontraban “en perfecto estado de salud”.

El tribunal de Shenzhen ha sentenciado que He, movido por su ansia de “fama y fortuna” se saltó “las regulaciones nacionales sobre investigación científica y gestión médica de manera deliberada”. El fallo establece que He falsificó documentos y proporcionó información falsa sobre sus estudios, “rebasando toda línea ética”, para reclutar hasta siete parejas en las que el hombre estuviera infectado con el VIH y la mujer no. La pretensión del equipo liderado por He era, tras la fecundación, intervenir el embrión para desactivar el gen CCR5, empleado por el virus del sida para acceder al sistema inmunológico humano.

Durante su participación en una cumbre científica en Hong Kong dos días más tarde, el genetista confesaba la existencia de una segunda fecundación, “un embarazo potencial”. La sentencia de hoy confirma que ese embarazo llegó a buen término, por lo que se eleva a tres el total de niños nacidos a consecuencia del experimento.

El anuncio de He Jiankui levantó una enorme polémica y recibió fuertes críticas por parte de sus colegas, los cuales lamentaron su falta de ética a la hora de llevar a cabo un procedimiento ilegal en la mayoría de los países del mundo. A las voces de desaprobación se sumó el Nobel de Medicina David Baltimore, quien calificó su proceder de “irresponsable”.

En su país, 122 científicos publicaron una declaración conjunta en la que afirmaban que “cualquier intento” de hacer cambios en embriones humanos mediante modificaciones genéticas es “una locura” y que el nacimiento de estos bebés representaba “un alto riesgo”. Incluso Huang Wei, viceministro de Ciencia y Tecnología, se manifestó al respecto, asegurando que las actividades científicas de He –en paradero desconocido desde entonces– serían suspendidas de inmediato y calificando su conducta de “estremecedora e inaceptable”.

El Estado chino ha producido una sentencia que servirá como una advertencia a las tendencias «fáusticas» en la investigación científica. Pero… una vez que un desarrollo técnico es posible, es muy difícil asegurar que alguien, en algún momento, no lo replique.

El aumento de los combustibles que no fue, y la inversión en Vaca Muerta

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Ayer circuló una noticia, y su desmentida, con gran impacto en la ecuación económica en Argentina. Y en la política también. Reproducimos lo que aparece en los medios -prácticamente, la misma versión. Y agregamos algunos datos, y un comentario de uno de nuestros editores:

El presidente Alberto Fernández le pidió este domingo 29 de diciembre al titular de  YPF, Guillermo Nielsen, dejar sin efecto un aumento del 5% previsto en los precios de los combustibles, con el objetivo de evitar que se recaliente la inflación.

Esta medida, que habría sido comunicada a las principales estaciones de servicio de la red y regiría desde hoy lunes, iba a tener un efecto cascada sobre toda la cadena de abastecimiento, ya que  YPF controla casi el 60% del mercado.

Fernández le trasmitió al titular de  YPF la «inconveniencia» de avanzar con ese ajuste, en un momento en que el Gobierno está tratando de desacelerar el ritmo de la inflación.

Fuentes de la petrolera Axion aclararon que si  YPF no remarca, ellos tampoco lo harán, y el mismo camino seguirá Shell.

El de los combustibles es uno de los sectores con impacto más directo en la inflación porque los aumentos derraman sobre los fletes y la producción y eso se contagia a los precios. Ya a lo largo de 2019, la nafta aumentó en nueve ocasiones por un total de 41%. La programada para la medianoche de ayer domingo hubiese sido la décima y llevado a 46% la suba global.

Voceros informales del gobierno afirman que la suba estaba prevista desde antes de que Fernández asumiera y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, pensaba hacerla cumplir. «Estaba decidido para esta época por el directorio anterior de la empresa, pero Alberto pidió que se detenga. Él toma la decisión por el impacto que puede tener el aumento. Nielsen es presidente de YPF, pero es una persona de nuestro espacio político».

El 2 de este mes decía en su blog nuestro editor Fernández (no relación): «(Se trata de) dejar instalado en la opinión pública que. para que resulten rentables las gigantes inversiones, en extracción y en infraestructura, que requerirá Vaca Muerta, es imprescindible que los precios de los combustibles en Argentina sean “realistas”. Es decir, internacionales. Es decir, altos. Esto es falso, más allá que no se han publicado análisis de costos serios de la producción de energía, ni en Vaca Muerta ni en centrales eólicas».

La confusión -inconsciente o deliberada- es entre los precios internacionales del petróleo y los precios locales de los combustibles. Donde hay un % de impuestos considerable, dicho sea de paso.

Pero el elemento central es que el beneficio para la Argentina -y para las empresas petroleras- debe ser el que resulte del petróleo exportado y el costo de la explotación. Si el precio interno del combustible debe ser el mismo que el internacional para que esa explotación sea rentable ¿dónde está el beneficio para nuestro país de las gigantescas inversiones que hay que hacer en Vaca Muerta? Le daría el mismo resultado extraer el petróleo que importarlo!

Google recolectó sin permiso los datos médicos de millones estadounidenses

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Google ha recibido sin permiso datos personales sobre la salud de decenas millones de estadounidenses provenientes de Ascension, una de las principales compañías sanitarias sin ánimo de lucro del país, según una noticia publicada por el diario The Wall Street Journal. El rotativo neoyorquino cita documentos internos y diversas fuentes cercanas a esta operación.

Esta recolección de datos forma parte de una iniciativa de Google bautizada como Project Nightingale. Este proyecto permite a Google acceder a la información de pacientes de la compañía médica Ascension, con sede en San Luis (Misuri). El acuerdo fue suscrito en secreto el año pasado, aunque el intercambio de datos entre Google y Ascension se aceleró este verano, de acuerdo a documentos internos a los que ha accedido The Wall Street Jornal. Mediante ese pacto, Google supuestamente tiene acceso a los datos personales de decenas de millones de estadounidenses que residen en 21 de los 50 estados de EE.UU.

En un comunicado, Google defendió que su proyecto cumple con las leyes federales sobre protección de datos médicos. El objetivo de la compañía es «en última instancia, mejorar los resultados, reducir los costos y salvar vidas», señaló el presidente de Google Cloud, Tariq Shaukat, en la citada nota de prensa. «Para ser claros: con este acuerdo, los datos de Ascension no pueden ser usados para otro fin que no sea el de proporcionar los servicios que se recogen en nuestra colaboración, y los datos de los pacientes no pueden ser combinados con ningún otro dato de consumo de Google», asegura la compañía en esta nota.

Fuentes de Google aseguraron ayer al diario Wall Street Journal, que, a pesar de la sorpresa que ha supuesto esta noticia, constituye una práctica estándar de la industria que un proveedor de atención médica comparta registros de salud altamente sensibles con empresas tecnológicas bajo un acuerdo como suscrito, para que así Google pueda crear herramientas específicas.

Entre los datos recolectados por Google, figuran diagnósticos médicos, resultados de pruebas en laboratorios y registros de hospitalización, entre otros informes, lo que equivale a un historial médico completo, en el que se incluyen los nombres de los pacientes y las fechas de nacimiento, detalló el periódico neoyorquino.

Uno de los puntos más importantes del escándalo es que ni los pacientes ni los médicos fueron notificados del intercambio de datos entre Google y Ascension, según asegura The Wall Street Journal. El diario explica que al menos 150 empleados de la compañía tecnológica ya han tenido acceso a los datos de cientos de millones de pacientes.

De acuerdo al diario, el contrato entre Google y Ascension se enmarca en el creciente apetito de Silicon Valley por el análisis de datos en la industria médica, una vía de negocio que también están explorando Amazon y Microsoft, aunque esas compañías todavía no han conseguido un acuerdo del alcance del de Google.

Multa millonaria
En agosto pasado se supo que YouTube , la plataforma de videos online de Google, ha acordado pagar una multa de 170 millones de dólares y realizar cambios en su política de privacidad de los datos de usuarios menores de edad, para resolver las demandas que acusaban a la web de vídeos de recoger información personal de los niños con fines publicitarios sin el consentimiento de los padres.

El trabajo de una científica argentina, clave para evitar la sobrepesca

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Argentina está sufriendo la depredación de su potencial pesquero en el Atlántico Sur de parte de flotas extranjeras, como ha sido denunciado muchas veces en AgendAR (y no sólo aquí, por suerte). Ahora publicamos esta nota que muestra como la curiosidad científica -acompañada del trabajo serio- produce resultados muy prácticos:

«Como muchos otros, Alejandra Volpedo decidió convertirse en bióloga bajo el influjo del célebre Jacques Cousteau. Soñaba con dedicarse a los mamíferos marinos, pero su profesor (y director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia) José María Gallardo, que había intentado disuadirla al aconsejarle trabajar en peces, terminó cediendo. Un día, Gallardo llegó al laboratorio y le indicó: «Bueno, ya que quiere trabajar en mamíferos marinos, le traje unos estómagos de delfines llenos de otolitos (pequeños huesos del oído). Averigüe a qué especie pertenecen».

Ella no lo sabía, pero ese instante no solo iba a sellar definitivamente su destino profesional, sino que también marcaría el comienzo de una línea de investigación que la llevaría a desarrollar un conocimiento clave para el manejo de la pesca. El estudio de los otolitos permite determinar a qué stock pesquero pertenece un ejemplar, orientar a la flota, determinar la contaminación acuática y hacer la trazabilidad, entre muchas otras aplicaciones.

Hoy, el grupo de Volpedo es reconocido en el mundo por sus aportes en este campo, pero también por haber desarrollado una técnica de bajo costo para reemplazar equipamiento inexistente en el país y en la región.

Como si fuera un pasaporte, los otolitos guardan el registro de en qué aguas nadó el pez en las líneas que se depositan durante su crecimientoComo si fuera un pasaporte, los otolitos guardan el registro de en qué aguas nadó el pez en las líneas que se depositan durante su crecimiento.

Los otolitos son pequeñas estructuras de carbonato de calcio (que pueden ser chiquititas como la cabeza de un alfiler o medir hasta alrededor de un centímetro y medio) ubicadas en el oído interno de los peces -explica la especialista, que lidera un equipo del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua en la Facultad de Veterinaria de la UBA-. Son el órgano llamado ‘vestibular’ o del equilibrio, y le informan al cerebro si el pez está nadando hacia arriba, hacia abajo u horizontalmente».

Como si fueran dientes, a medida que los otolitos van creciendo y se va depositando el carbonato de calcio, también lo hacen trazas de elementos del agua en la que los peces viven. Cuando se los corta transversalmente, se ven «anillos de crecimiento» similares a los de los árboles. «Así, uno puede conocer el ambiente en el que estuvo el individuo en cada momento de su vida, hasta que uno lo pesca -detalla-. Nosotros los llamamos ‘la caja negra’ de los peces».

Durante su doctorado, Alejandra estudió la morfometría de estas estructuras en las corvinas del Atlántico y del Pacífico, una especie de importancia comercial, para ver si se podía deducir de ellas los stocks pesqueros; es decir, los grupos que se puede comercializar.

Conocimiento vital
«Separar los stocks pesqueros es lo que permite manejar el recurso -destaca la científica-. Por ejemplo, antes se pensaba que la corvina formaba un solo stock; si no había más a la altura de Mar del Plata, se mandaba la flota al río Salado. Con el trabajo que hice hace casi tres décadas, pude descubrir que en la provincia de Buenos Aires hay dos: uno en la bahía de Samborombón y otro en la bahía San Blas, cerca de Bahía Blanca. Cada uno tiene integridad genética (se reproducen entre ellos). A partir de ahí, en lugar de mandar la flota al Salado, donde estaba el mismo stock pesquero, empezaron a mandarla al sur. Se puede dividir el esfuerzo de la flota y se evita sobreexplotar el recurso».

Hace unos años, la investigación de los otolitos dio un gran salto en el mundo. Empezó a comprobarse que la química era mucho más importante que la morfometría. Para poder incursionar en ese terreno, Volpedo y su grupo tuvieron que poner en juego su creatividad para reemplazar recursos costosos, como un equipamiento láser que permite estudiar estas estructuras. «Tuvimos que ingeniárnoslas -cuenta- y aplicar técnicas que se usan en geología, por ejemplo. En lugar de ablacionarlos con láser obtenemos las muestras con un torno ‘dremel’ (como los que se emplean en pedicuría). También desarrollamos técnicas de micropulido, que permitieron a países sin acceso a los aparatos más caros implementar estos métodos para estudiar sus propios stocks».

La pericia de los científicos argentinos es tal que reciben invitaciones de países como España, Brasil y Estados Unidos para que colaboren con ellos en la interpretación de los datos que obtienen. A cambio, les ceden el uso gratuito de los equipos (cuyos servicios se cobran entre 700 y 1000 dólares por muestra), incluso de instrumentos novísimos que todavía no están en el mercado.

Como si fuera un pasaporte, los otolitos guardan el registro de en qué aguas nadó el pez en las líneas que se depositan durante su crecimiento.

Para Carlos van Gelderen, integrante del directorio del Conicet, «al identificar stocks pesqueros y áreas de cría de diferentes especies, la investigación liderada por Alejandra Volpedo, que forma parte del consejo directivo de la Red de Seguridad Alimentaria, es de fundamental importancia para realizar una captura racional, que evite la sobrepesca. En particular, desde el punto de vista del conocimiento de los desplazamientos de peces, particularmente en la reconstrucción de los patrones de migración. Esto contribuye a la seguridad alimentaria del planeta, al brindar información técnico-científica a las empresas pesqueras para que realicen su actividad en forma sustentable y con el menor nivel de contaminación de los mares».

Van Gelderen agrega que sería importante completar el equipamiento necesario para realizar todos los estudios en el país, determinar stocks de especies comerciales y contribuir a la implementación de políticas públicas con sólida base científica.

«Cuando me puse a trabajar aquel día en el laboratorio -concluye Volpedo-, no se sabía cuál era la dieta de los delfines. Me encontré con los otolitos, me fascinaron los peces y, al final, de mamífero marino lo único que tuve en mis manos fue un estómago».»

El negocio de venta de empresas se ajustó, en este año, en un 30%

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Durante el año pasado se vendieron 46 empresas en la Argentina por US$ 3.900 millones. Si se comparan estos valores con el 2018, la cantidad de operaciones disminuyó 30% y el monto de las transacciones cayó 68%. A pesar de esta baja, a nivel regional, Argentina fue el tercer país más activo en fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) en América latina, después de Brasil y Colombia, con relación al valor de las transacciones, y el quinto más activo en cantidad de ventas concretadas.

“La caída del mercado argentino está relacionada con la crisis económica y financiera que vive el país. Sumado a la inestabilidad de la región – que se ha acentuado durante el último semestre – y al arrastre de una indefinición en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que impacta sobre el clima de inversión. El proceso de cambio de Gobierno y ajuste de modelo económico ha causado que muchos inversores adopten una postura de wait and see (esperar y ver) y demoren decisiones de inversión hasta tener un panorama más claro”, explicó Juan Trippier, manager de la consultora First Capital Group.

Las principales transacciones de 2019 en Argentina incluyeron la adquisición de una participación minoritaria en Mercado Libre por parte de Paypal y Dragoneer Investment Group por un total de US$ 750 millones; la compra del 51% de Prisma Medios de Pago por parte del fondo de private equity Advent International por US$ 724 millones y la venta de los activos de la aseguradora australiana QBE en Latinoamérica (incluyendo Argentina) a Zurich por US$ 409 millones.

Entre otras transacciones figura la adquisición de la Central Termoeléctrica Brigadier López por parte de Central Puerto por US$ 326 millones.

“Estas operaciones se efectuaron con anterioridad a las elecciones primarias del 11 de agosto, que marcaron un punto de inflexión en el mercado de M&A local. Los últimos meses del año fueron muy negativos, con apenas siete transacciones completadas post-Paso”, agregó Alejandro Martin Cagliolo, Financial Advisor de la firma.

En relación al origen de las transacciones, se observó que el 75% de las operaciones fueron del tipo crossborder (el comprador es de un país extranjero), liderado por Estados Unidos con más del 50%, lo cual es un indicativo del nivel de apertura que tuvo el mercado argentino estos últimos años. Solo 10 sobre el total de 46 operaciones fueron realizadas por compradores locales, una baja significativa en relación a periodos anteriores.

Al analizar las transacciones por sector, el de Tecnología & Internet fue uno de los más destacados durante 2019. En total, se concretaron 10 transacciones con un valor total superior a los US$ 1.000 millones

Australia en la historia de INVAP y de las capacidades argentinas

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Mario Mariscotti es uno de los físicos nucleares más prestigiosos de la Argentina. Es autor de innumerables trabajos en revistas internacionales, tanto en temas básicos como tecnológicos. Durante su larga trayectoria profesional Mariscotti dirigió y formó a numerosos discípulos, muchos de ellos claves en el desarrollo científico de nuestro país. Uno tiene que mencionar su libro -conocido hasta por lo que somos legos- “El Secreto Atómico de Huemul”, que cuenta los primeros pasos argentinos en la energía nuclear en la década del ´50.

Este es el hombre que nos cuenta la historia de una hazaña en la que no participó, pero que está como pocos en condiciones de apreciarla. Seguiremos con el tema, porque si AgendAR tiene un valor -más allá de las noticias que pueda acercar- es el de restaurar la fe en la capacidad argentina.

«Su presentación para ser precalificado muestra que existe un número de cuestiones significativas que no cumplen con los criterios exigidos indicados más abajo», decía la nota que llegó de Australia, en noviembre de 1998. Se refería a la convocatoria de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO) a las empresas que habían respondido al llamado de licitación para construir un nuevo reactor de investigación y producción de radioisótopos.

Quienes recibieron este mensaje en INVAP se encontraron con un dilema: «Dudamos internamente por unos días sobre qué nos convenía hacer. Los reactores eran nuestro negocio; si nos presentábamos y nos bochaban, era muy malo, pero por otro lado, decidimos que si no éramos capaces de venderle a Australia teníamos que cerrar el boliche«, me confió Juan Pablo Ordóñez, protagonista de este proyecto conducido por Juan José Gil Gerbino. Las experiencias exportadoras con los reactores RP0 de Perú, Argelia y Egipto eran antecedentes valiosos, pero nada comparable al desafío australiano, que suponía competir con dos empresas de Estados Unidos, con Siemens de Alemania, Technicatome de Francia, AECL de Canadá, Skoda de la República Checa y Hitachi de Japón.

INVAP contó con la colaboración de la CNEA en este proyecto. En la mañana del 2 de diciembre de 1998, un equipo de siete profesionales de Invap (H. Otheguy, J.J. Gil Gerbino, J.P. Ordóñez, P. Abbate, T. Calderón, F. Macario y E. Villarino), uno de la CNEA (R. Granada), dos húngaros y un ruso, especialistas en neutrones «fríos», rindieron examen frente a un panel de australianos escépticos. El 22 de diciembre, INVAP recibió la noticia que había sido precalificada junto con los franceses, los alemanes y los canadienses (los dos oferentes de Estados Unidos y los checos quedaron afuera, mientras que los japoneses se retiraron). Era natural que, dada la jerarquía de los otros oferentes, surgieran dudas acerca de una empresa argentina, pero como dijo el director australiano del proyecto: «Si los descalificamos, tenemos que decir por qué». Hubo consultas con las autoridades australianas y al final INVAP fue admitida.

El año 1999 transcurrió con numerosas reuniones en Bariloche y en Sídney para ajustar los términos técnicos; la oferta final se presentó al borde del milenio, en diciembre de 1999. El 4 de junio de 2000, a las 3 de la mañana (las 16 en Australia), Ordóñez recibió la noticia de que INVAP era oferente preferido y el 13 de julio se firmó el contrato por 180 millones de dólares. El reactor se concluyó con éxito, cumpliendo con los plazos y presupuestos establecidos al inicio del contrato, y llegó a plena potencia el 3 de noviembre de 2006.

Hace unos días mantuve una conversación telefónica con Ross Miller, el gerente de Ingeniería de ANSTO. Me interesaba conocer su opinión sobre el desarrollo de este proyecto, un hito en la historia de la tecnología argentina. Confiaba en que me diría las cosas sin maquillaje. En la Argentina se siente orgullo por la tarea de INVAP, pero siempre es bueno conocer la visión «del otro lado». Quedé impresionado por lo que me dijo, y por eso me decidí a escribir estas líneas.

Miller me dijo que en la reunión del 2 de diciembre habían quedado sorprendidos con INVAP por la profundidad de las presentaciones, por el dominio de todos los aspectos técnicos de un reactor y por el compromiso del equipo. Otheguy, en su exposición inicial, había dicho que este no era un proyecto más, sino el más importante de la empresa, y había venido como gerente general para expresar el compromiso de INVAP. Miller me dijo que, efectivamente, hubo preocupación en los niveles superiores acerca de las capacidades de la empresa argentina, pero que la presentación disipó las dudas. Hubo todo tipo de preguntas y las respondió todas. «INVAP realmente se desempeñó muy bien en la etapa de precalificación», dijo.

Y agregó: «Australia tiene experiencia en el uso de un reactor de este tipo (tuvo funcionando uno desde 1958), pero no en el diseño, la construcción y puesta en marcha de un reactor, de modo que le dimos toda la responsabilidad al oferente. Y esto funcionó muy bien. Nuestras especificaciones eran muy exigentes; era como querer tener tres reactores en uno. No les dijimos cómo hacerlo. Eso le dio a INVAP la oportunidad de demostrar sus capacidades en un gran nivel. Si ANSTO hubiera puesto especificaciones para el diseño, habríamos terminado con un reactor muy inferior. Los argentinos tuvieron la oportunidad de destacarse con este reactor. Todo el proceso funcionó muy bien para ANSTO y para INVAP».

Cuando le pregunté cómo evaluaba la propuesta de INVAP en relación con las de los otros oferentes, Miller me dijo que no iba a hacer comparaciones, pero que «no importaba cómo nosotros elegíamos el sistema de ponderación, INVAP siempre fue primera«.

Durante la evaluación de las propuestas finales, en febrero-marzo de 2000, ANSTO presentó un listado de 1200 cuestiones técnicas que debían ser aclaradas. «INVAP fue la única compañía que tenía un claro entendimiento de cada requisito. Sus respuestas fueron en todos los casos claras, sin ambigüedades («no fudging around the edges«). Eso estableció una relación de trabajo excelente entre ANSTO e INVAP. Nosotros trabajamos juntos para tener éxito, trabajamos juntos para lograrlo (we worked together to get this done)».

Estos comentarios de Miller no significan que el proyecto haya transcurrido sin problemas. Algunos obligaron a detener la operación del reactor por unos meses. Pregunté a Miller si esto no había arruinado la buena relación entre las dos empresas. Él me respondió: «No. Lo interesante de INVAP, que explica por qué la relación fue tan buena como lo fue, es que cuando aparecía un problema INVAP siempre priorizó resolverlo. Esto la distinguía».

Las dificultades más serias fueron de otro tenor. No es difícil, para nosotros argentinos, imaginar las que enfrentó INVAP para conseguir las garantías requeridas por el comitente. Otro problema fue la insólita denuncia en contra de INVAP que en octubre de 2000 un combativo ambientalista argentino hizo ante la prensa y el Senado australianos. En diciembre de 2001, un memo interno de INVAP, afectada por la crisis financiera argentina, informaba que se continuaba con el proyecto de Australia con suspensión temporaria de salarios, a la vez que la autoridad australiana preguntaba formalmente si podía confiar en que el proyecto continuaría a pesar de la grave situación política de la Argentina.

En 2005 tuve la oportunidad de conversar con el ex embajador en Australia Néstor Stancanelli. Quedé atónito y admirado al conocer la titánica tarea que Stancanelli había desarrollado para evitar que el gobierno australiano cancelara el contrato con INVAP en las semanas críticas de principios de 2002.

En tiempos complejos como el presente, parece oportuno recordar estos eventos, mantener el ánimo y aprovechar las capacidades del país para hacer de la Argentina el país que anhelamos

Mario A. J. Mariscotti