Hace 3 semanas publicamos en AgendAR Los habitantes de las Malvinas se preocupan por el Brexit. Esa preocupación ha llegado a Londres -donde se paga el costo militar que requiere la ocupación de las islas- y se están tomando medidas. Roberto García Moritán -el diplomático- a quien no se podría acusar de chauvinista, advierte sobre las posibles consecuencias, para los derechos argentinos y la sustentabilidad de la pesca en el Atlántico Sur.
El Reino Unido se encuentra reperfilando la estrategia pesquera. Los barcos europeos ya no tendrán acceso automático a caladeros como Gran Sol en el Atlántico Nort. e. Entonces, una revisión similar se encuentra en proceso en el Atlántico Sur por parte de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas, tendiente a alterar el régimen administrativo de las pesquerías incluyendo el manejo del calamar y las concesiones.
La medida responde básicamente a compensar los efectos del Brexit e intentar preservar las inversiones pesqueras y venta de permisos que representan casi el 50% del PBI del archipiélago y el 30% de los ingresos fiscales. Ambas referencias dan una idea de su importancia ante el riesgo de estancamiento.
La intención sería cuotificar el calamar illex argentinus a través de un régimen de cuotas individuales transferibles similar al que aplica Nueva Zelanda para las pesquerías de calamar flecha (dos especies del genero Todarodes). Las cuotas se distribuirían en proporción entre barcos que posean capturas históricas de acuerdo al volumen de las mismas, dejando un porcentaje para nuevos participantes. Un informe de la consultora Terra Moana sugiere incluso otorgar licencias de pesca a perpetuidad. Ese documento sería la base de algunas de las reformas en la administración pesquera, con el objetivo explícito de retener el control de los recursos naturales, asegurar su explotación y permitir el acceso a mercados.
El enfoque es preocupante porque altera el esquema actual de manejo del calamar, que se basa en una estimación de la biomasa poblacional anual previa al inicio de la temporada (1° de febrero) y el cierre de la misma a más tardar el 30 de junio o antes, conforme a los rendimientos. La inquietud reside en que no se fijarían capturas máximas permisibles, y es probable que los barcos anticipen la pesca, con una mayor presión extractiva de febrero a mayo, y el riesgo de que la prolonguen sobre la fecha límite aconsejable y operen sobre la fracción juvenil, afectando la sustentabilidad de la especie tanto en las aguas circundantes a Malvinas como en las internacionales. También atraería un aumento de la pesca por arrastre, y habría una mayor muerte incidental de mamíferos marinos.
Si bien el método neozelandés trasladado a Malvinas puede ser ventajoso desde el punto de vista de la economía de las islas, implicaría dejar de lado evaluaciones anuales en la forma de cruceros de pre reclutas, tal como realiza la Argentina. Esas estimaciones científicas son clave para poder alcanzar el valor de las asignaciones de captura. Sin datos previos difícilmente habrá algún tipo de alerta para el cierre temprano que garantice el escape y proteja reproductores, lo que comprometería la situación de la pesquería en su conjunto. La cuestión adquiere gravedad adicional por la pesca desmesurada en la milla 201.
El tema, por sus variadas consecuencias, debería ser materia de tratamiento en la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). De acuerdo a información pública, dicho Comité no ha sesionado en los últimos años y solo se reúne el Subcomité científico, que no tiene en agenda cuestiones de esta naturaleza. Ese vacío es desilusionante y pone en evidencia la necesidad de reflexionar sobre mejores procedimientos diplomáticos y técnicos para encarar con eficacia la problemática de la pesca en el Atlántico Sur.
En AgendAR hemos publicado -comparativamente a otros portales- pocas notas sobre los planes que la presidencia de Alberto Fernández pondrá en marcha a partir del 10 de diciembre. El motivo es simple: hay demasiadas listas de medidas, algunas contradictorias. Pero tenemos fundadas razones para creer que estos anticipos del periodista Carlos Burgueño reflejan un proyecto en marcha. Hasta agregaríamos, inevitable.
El próximo gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, que incluirá una quita de la deuda que se mantenga con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y un importante plan de pagos. La nueva norma formará parte de la iniciativa del Pacto Social que lanzará Alberto Fernández de manera oficial el mismo día de asumir; y se buscará que el Congreso apruebe el proyecto dentro de las sesiones extraordinarias que el próximo presidente convocará una vez que asuma.
Sería una de las moratorias de mayor alcance en décadas, y obedecería a un reclamo tanto de la industria, especialmente las pequeñas y medianas empresas, como de los sindicatos. La iniciativa formaría parte del paquete que se discute para que ambos sectores aceleren las negociaciones para firmar lo más rápido posible el acuerdo social, como primer elemento para comenzar con la reducción de la inflación y la reactivación económica, según la expectativa de los equipos económicos del próximo presidente. Este paquete se complementa, con la apertura, por primera vez en décadas, de las negociaciones para la firma de nuevas convenciones colectivas de trabajo en rubros y sectores que vayan negociando acuerdos puntuales entre empresarios y trabajadores.
En el caso de la moratoria impositiva, justifican la medida con un dato demoledor: según la información que manejan en los equipos económicos del próximo jefe de Estado, habría aproximadamente 400.000 empresas (la mayoría pymes) con serios incumplimientos tributarios ante el organismo recaudador; las que, en muchos casos, están al borde de las inhibiciones bancarias en cuanto la AFIP levante la suspensión que rige hasta diciembre. Además, según los asesores de Alberto Fernández, la mayoría de esas empresas, estaría en condiciones económicas y comerciales de crisis terminal, con lo que tampoco tendrían la posibilidad de poder cumplir con la deuda acumulada ante el fisco.
Los datos del próximo oficialismo hablan de una situación que se salió de eje durante el último año y medio, a partir de la crisis financiera y cambiaria desatada desde abril de 2018. Se critica la actitud de la conducción impositiva de Leandro Cuccioli, quién, según la oposición, en lugar de asistir a las empresas en crisis, presionó aún más a los contribuyentes morosos para que estos desistieran de financiarse con el no pago de impuestos, ante el incremento acelerado de las tasas de interés bancarias, al ritmo de la evolución de las Leliq.
Luego, con la desaparición del crédito desde septiembre del 2018, situación profundizada desde abril de este año, la cantidad de contribuyentes que comenzaron a mostrar problemas de continuidad se fue multiplicando hasta llegar al número preliminar que se maneja hoy dentro de la propia AFIP. La propuesta que se elabora, es la de proponerles a los contribuyentes que estén en plena morosidad y que puedan mostrar los problemas de complimiento que sufrieron desde la crisis del 2018; que accedan a una quita en el volumen del pasivo y un plan de pagos de “largo plazo y con tasas razonables”. “La mayoría son pequeños y medianos contribuyentes que se cayeron con la crisis, y que no tienen ninguna posibilidad de acceso al crédito ni de pagar sus deudas”, aseguran para justificar la medida.
En el caso de la moratoria previsional, se trata de un pedido hecho específicamente de parte de la CGT, como condición para sumarse al acuerdo social que propone el próximo gobierno de Alberto Fernández. La intención es presentar un proyecto de ley que incluya un amplio llamado al blanqueo de empleados no registrados, al menos desde el estallido de la crisis; sumado, en el caso de las pymes, a una rebaja en las contribuciones patronales y aportes durante un período determinado de tiempo.
También se buscará redactar artículos de reducción de la litigiosidad, a pedido de la Unión Industrial Argentina (UIA) y con el aval de la CGT. Según afirman quienes impulsan este proyecto, desde la crisis de 2018, la evolución del trabajo en negro se fue acelerando hasta superar hoy un record de 40%, porcentaje que no se veía desde la crisis del 2001.
“Uno de cada tres trabajadores no tienen cobertura médica, ni hacen aportes para su jubilación, lo que potencialmente se trata de una bomba social”, aseguran desde la oposición. El proyecto incluiría condonaciones de las deudas de aportes y contribuciones; extinción de acción penal, multas, exención de capital e intereses adeudados en materia de seguridad social y la baja en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
El último mapeo de los márgenes del valle inferior del río Chubut lo hizo hace seis años un funcionario… caminando. Una travesía a pie solitaria y casi heroica, en la que fue censando la finalidad productiva a la que se destinaba cada lote. El esfuerzo tiene su explicación: 300.000 habitantes, la mitad de la población de la provincia patagónica, se concentra allí en torno el agua, un recurso vital tanto para su consumo como para encender el motor agrícola ganadero que da vida a la región. Por eso, cada dato que revela una merma en su cantidad o calidad enciende una alarma.
El grupo de científicas argentinas que integran Ana Liberoff, Natalia Pessacg (del equipo de investigación del Centro Nacional Patagónico) y Silvia Flaherty (de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), trabaja desde hace seis años en la elaboración de un mapa que anticipe las consecuencias de estas prácticas productivas, una suerte de predicción en base a modelos para tratar de prevenir efectos indeseados.
“Es una zona semidesértica y el agua es muy escasa. En el margen inferior del río Chubut se realizan muchas actividades sociales y económicas y, por ejemplo, el sistema agrícola ganadero utiliza el 80 por ciento del recurso”, explicó Liberoff, doctora en Ciencias Biológicas y especializada en conservación y manejo de ecosistemas de agua dulce.
“Los problemas son silenciosos, pero las consecuencias están a la vuelta de la esquina”, advirtió. Algunos de ellos fueron recientes, como las floraciones de algas –sospechan que por la actuación de los fertilizantes de los campos- que obstruyeron los filtros de las plantas potabilizadoras. O las lluvias que en 2017 provocaron que el río estuviera turbio durante dos semanas en las que prácticamente toda la región se quedó sin agua potable. Eventos que podrían volver a suceder en cualquier momento. A esto hay que sumarle desafíos complejos y urgentes, como los emprendimientos de engorde ganadero que suelen liberar sus desechos en el río o el crecimiento sin control de terrenos para la agricultura.
La tecnología, aliada clave Las investigadoras se embarcaron en un largo trabajo para conocer el impacto de las actividades productivas. “Queríamos saber qué se realiza en cada porción de terreno y elaborar un mapa que sirviera para mejorar la planificación del uso del agua y la gestión para mantener la calidad, pero era complicado de generar”, recordó. Allí se dieron cuenta de que para lograrlo necesitaban tecnología.
En diciembre de 2018 aplicaron para el programa AI for Earth de la empresa Microsoft, que planea invertir u$s50 millones en cinco años a nivel global para desarrollar investigaciones de inteligencia artificial y entregar tecnología a proyectos sobre cambio climático, agricultura, biodiversidad y agua. El de las científicas de Puerto Madryn fue el único argentino elegido entre otros 38 de diversos países.
Entonces formaron un grupo interdisciplinario integrado por expertas en biología, meteorología, sensores remotos y computación. Y se sumó Alexandra Trujillo, ingeniera electrónica y experta en Machine Learning y Deep Learning, quien se encargó de escribir una arquitectura nueva de modelo para clasificar usos y coberturas a partir de imágenes satelitales. El modelo SatNet (Satélite + Network), registra, memoriza y asocia cada hectárea de terreno en pixels de 10 metros x 10 metros con un definición y agudeza excepcionales.
“El ojo humano tiene cuatro bandas de color, las imágenes satelitales tienen 10 y cada imagen es multitemporal, es decir que registra diferentes épocas del año y el modelo aprende lo que hay en cada porción de tierra en las diferentes temporadas, en tiempos de sequía y primavera. Además de diferenciar por colores, también lo hace por las formas de las hojas, así puede saber si lo que está en un píxel es alfalfa o pasto”, resumió Trujillo.
Si bien la clasificación de imágenes satelitales se puede hacer con distintas metodologías, la inteligencia artificial permite automatizar el proceso y repetirlo año a año automáticamente. Eso es lo que no pueden hacer los censos ni ningún hombre a pie, por esforzado que sea. La plataforma de IA discierne entre cultivos que se parecen mucho y discrimina cuáles son árboles, frutales, hortalizas o simplemente pasturas. Una vez que los datos están cargados, las herramientas crean “redes neuronales” que le enseñan al modelo qué es cada cosa. Luego, ya está en condiciones de repetir el ejercicio solo.
“Le enseñamos que un determinado color y forma es determinado cultivo, luego de varias veces lo empieza a reconocer y lo asocia a lo que aprendió. Es como enseñarle a un chico a reconocer una taza. ¿Qué hacemos? Le mostramos tazas de diferentes formas y colores, luego se va a dar cuenta que puede cambiar el color o algunas cosas de la forma, pero siempre seguirá siendo una taza”, graficó Liberoff.
Estos estudios son esenciales para planificar un mejor uso de los recursos naturales. En ese proceso de enseñanza, las nuevas tecnologías serán un pilar invaluable para acelerar y potenciar nuestro ingenio. “Tanto para la cura de enfermedades, la protección de especies de animales en extinción o la lucha contra el cambio climático, estos modelos de aprendizaje continuo vienen a resolver problemas y ampliar la capacidad humana. Esta revolución invisible está presente en todo lo que hacemos”, sostuvo Diego Bekerman, gerente general de Microsoft en Argentina.
Para organismos provinciales y nacionales contar con trabajos de estas características es esencial para planificar un mejor uso de los recursos naturales. Por eso, la idea es trabajar en conjunto con la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut para generar una versión mejorada.
El mapa, además de predecir qué pasará en el futuro con las aguas del Chubut, será decisivo también para comprender una amenaza aún mayor: el contexto en el que tendrá lugar el impacto del cambio climático. Los modelos de proyección auguran que el río experimentará un aumento de temperatura mayor a 1.5° y una disminución de las precipitaciones de entre un 10 y un 30%, lo que se traducirá en una preocupante merma en la producción de agua media anual de entre un 30 y 40% para el período 2071-2100.
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, expresó en Río Cuarto que la Provincia vive “con mucha incertidumbre” la transición nacional hacia un nuevo gobierno.
“No sabemos las reglas de juego que tendrá la economía, pero lo ha dicho el gobernador, no se puede desconocer ni soslayar la importancia que tiene el sector productivo para la economía del país”.
Busso profundizó en las declaraciones de Juan Schiaretti, quien, ante el inminente cambio de gobierno, marcó la necesidad de “cuidar al campo”.
“Hay un dato que es relevante, el 60 por ciento que la Argentina exporta son productos agropecuarios. Al campo hay que cuidarlo, protegerlo, incentivarlo y estimularlo para que pueda seguir produciendo”, remarcó el ministro.
Busso insistió: “En una Argentina en donde no sobran los dólares y faltan recursos, es necesario tener el campo jugando en un papel fundamental, de inversión, de mayor desarrollo y crecimiento. Es fundamental tener reglas de juego claras, previsibles y de esa manera el campo va a seguir apostando y produciendo”.
Consultado sobre las versiones sobre la posible creación de nuevos impuestos y aumento de retenciones, el ministro cordobés sostuvo que Córdoba, comparada con lo que pasa en otras provincias con los impuestos patrimoniales, “trata de tener una presión tributaria bastante razonable” y de “poner el esfuerzo que hace el productor en un fideicomiso para el desarrollo productivo”.El agro tendrá un fondo que le proveerá $ 4.800 millones.
Enfatizó que el gobierno de Córdoba rechaza las retenciones pero consideró que, mientras existan, deberían coparticiparse. “Este gobierno intentó reducirlas pero por cuestiones de emergencia terminó ampliándolas. Hoy las retenciones están. Nosotros lo que pedimos es que se valoren los esfuerzos que hacen las provincias porque es plata que se va de la provincia y no vuelve nada. Este año vamos a terminar con 85 mil millones de pesos de aporte del productor cordobés a la Nación y de eso no ha vuelto nada a la Provincia”.
Los contribuyentes comprendidos en la categoría A, con ingresos brutos de hasta $ 208.739,25 anuales pagarán mensualmente $ 1.965,58 y los de la categoría B, con un tope de ingresos de $ 313.108,87, deberán aportar cada mes $ 2.186,80 a partir de enero.
En relación a los aportantes comprendidos en la categoría C, el límite anunciado por la AFIP para permanecer en esa categorización será de $ 417.478,51 y se deberá aportar mensualmente $ 2.457,65.
Asimismo, los nuevos topes de ingresos brutos para las categorías D y E serán de $ 626.217,78 y $ 834.957,00 respectivamente, con un aporte mensual de $ 2.878,37 y $ 3.482,04 en cada caso.
Para la siguiente categorización (F), el monto máximo previsto para 2020 sera de $ 1.043.696,27, ingresos por los que se deberán aportar mensualmente $ 4.003,69.
En relación a la categoría G, cuyo tope de ingreso mensual pasará a ser de $ 1.252.435,53, la agencia recaudadora fijó un aporte mensual de $ 4.558,61.
Para las categorías H e I, los nuevos topes serán de $ 1.739.493,79 y de $ 2.043.905,21 y el contribuyente deberá aportar $ 7.886,41 y $ 11.336,71 respectivamente.
Por último, la AFIP estableció los nuevos valores de aportes para las dos categorizaciones más altas del Monotributo, y los fijó en $ 13.019,83 para la J y en $ 14.716,41 para la última categoría (K).
Los topes de ingresos brutos anuales para permanecer en estas últimas categorías serán, a partir del 1 de enero, de $ 2.348.316,62 para la J y de $ 2.609.240,69 para la K.
El próximo titular de la agencia atómica más importante del mundo habló de la negociación con Irán, los desafíos que plantea Corea del Norte y aseguró que Argentina ahora debe avanzar con la construcción de la cuarta central nuclear.
El diplomático Rafael Grossi asumirá el próximo martes 3 de diciembre al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La semana pasada visitó el país y conversó sobre las funciones del OIEA, la negociación que llevará adelante con Irán, los desafíos que plantea Corea del Norte y el futuro del programa nuclear argentino.
Grossi aseguró que su nombramiento es resultado en parte de los logros tecnológicos, económicos y políticos de la industria nuclear argentina. Y a su vez, es una señal que genera entusiasmo entre sus miembros. “Eso permite que el decisor político, en este caso el presidente electo, se interese en el tema, me pregunte y se motive. Yo lo veo muy motivado”, sostuvo en referencia a Alberto Fernández. “Ahora se impone avanzar con la construcción de la próxima central nuclear”, agregó.
–En lo que refiere a las armas nucleares, ¿por qué a algunos países la OIEA les niega la posibilidad de tener esas armas cuando las grandes potencias sí las tienen?
–El orden nuclear mundial está regido por el Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), que el año próximo cumplirá 50 años. Entró en vigor en 1970 y fue el resultado de la convicción de que había que darle al tema nuclear una estabilidad sistémica. En un discurso el entonces presidente de EE.UU. Kennedy dijo que en el año 2000 iba a haber 25 países con armas nucleares porque tenían la tecnología para lograrlo. Entonces se estableció un orden. Se decidió que los que ya tenían armas nucleares, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, las mantengan, pero otros países no las puedan tener. Es naturalmente un orden que supone una discriminación, pero era el mejor posible. Desde entonces, la posesión de armas nucleares por parte de Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China es legal. Ese orden se mantiene a través del OIEA porque el tratado establece que quienes firman el acuerdo tienen 180 días para firmar un acuerdo de salvaguardias con ese organismo, el encargado de hacerlas cumplir.
–¿Y qué pasa con los países que se fueron del OIEA, como Corea del Norte?
–El OIEA ha estado presente en Corea del Norte hasta 2009. Ese año los inspectores fueron expulsados cuando Corea del Norte decidió impulsar fuerte un programa nuclear bélico. La idea es que si Estados Unidos y Norcorea llegan a un acuerdo, inmediatamente nosotros vamos a desplegar los inspectores. Tenemos un equipo de inspectores que están en constante estado de alerta, procesando información a partir de tareas de inteligencia. Tenemos una idea bastante acabada de su programa nuclear y cuando las condiciones estén dadas vamos a desplegar los inspectores. Sería un acuerdo ad-hoc.
–¿Cuál es la situación del acuerdo con Irán?
–El acuerdo con Irán está en entredicho porque el acuerdo está vigente, pero Estados Unidos se retiró e Irán ha comenzado a incumplirlo en una especie de secuencia anunciada. Cada 60 días van bajando el grado de cumplimiento. Cuando se firmó este acuerdo, en la época de Obama, estaba basado sobre un quid pro quo. El quid pro quo era el levantamiento de las sanciones económicas e inversiones. Ese acuerdo se firmó el 14 de julio de 2015 y un día después desembarcó una misión comercial alemana con 400 empresarios porque Irán es un mercado muy grande.
–¿Eso quedó suspendido?
–Al imponerse de vuelta las sanciones, todo eso quedó suspendido. El régimen de sanciones no sólo implica que las empresas estadounidenses no puedan negociar con Irán sino que además, por ejemplo, las empresas europeas que negocian con Irán inmediatamente encuentran vedado su acceso a los Estados Unidos. Son sanciones secundarias que son tanto o más efectivas que las sanciones primarias.
El sector nuclear argentino
–En lo que refiere a la promoción del uso pacífico de la energía nuclear, ¿su designación al frente del OIEA puede operar como un incentivo para el programa nuclear argentino?
–Las decisiones de esa naturaleza corresponden al gobierno, pero creo sinceramente que hay entusiasmo en el sector porque el hecho de que un argentino llegue a la cúspide del organismo de la gobernanza nuclear mundial es el resultado también de lo que es el sector, de lo que hemos logrado con 60 años de trabajo. Es un foco que se pone sobre un sector que le ha dado a la Argentina muchos logros, tecnológicos, económicos y también políticos. Eso permite que el decisor político, en este caso el presidente electo, se interese en el tema, me pregunte y se motive. Yo lo veo muy motivado. Espero que eso tenga un efecto positivo y se vea al sector nuclear como algo virtuoso en el esquema nacional argentino.
–Usted ha sido clave desde la embajada de Austria para articular con el OIEA, ¿qué perfil debería tener el nuevo embajador para garantizar esa continuidad?
–La diplomacia profesional argentina tiene buenos cuadros técnicos, buenos multilateralistas, algunos de ellos con experiencia en lo nuclear. Espero que mi sucesor o sucesora sea una persona de ese perfil porque la negociación con la Junta de Gobernadores de la OIEA es un tema delicado.
–La OIEA tiene la función de promover el Protocolo Adicional a los Acuerdos de Salvaguardias. Ese protocolo genera temor en el país y su firma ha sido resistida en una acción coordinada con Brasil. ¿Su designación en la OIEA puede acelerar la firma de ese protocolo por parte de la Argentina?
–Creo que hay que hacer una gran labor de información sobre lo que es el Protocolo Adicional. Quisiera saber cuánta gente leyó el protocolo adicional. Hay demasiado mito en torno a eso. Lo que permite el protocolo es ampliar el arco de inspección de la OIEA en un país dado. Es una medida voluntaria y fue negociado por Argentina y Brasil como miembros de la Junta de Gobernadores. El tema es definir en qué momento y de qué manera a los dos países les conviene suscribir este acuerdo. Hablo de desmitificación porque existen algunas personas que piensan que suscribir el Protocolo Adicional limitaría las capacidades nucleares argentinas y eso es fácticamente incorrecto. Por supuesto el gobierno argentino definirá en qué momento. Jamás el director general puede presionar a un país en ningún sentido. Argentina y Brasil están dialogando sobre este tema porque lo importante es que siempre caminen juntos en lo nuclear, que no se quiebre esa alianza que hay en lo nuclear.
–Algunas fuentes en el sector nuclear local afirman que el Protocolo Adicional habilitaría a las potencias a conocer los principales secretos nucleares del país
–Los que dicen eso no tienen ni idea de lo que están hablando. Los únicos que pueden venir a mirar son los inspectores del OIEA. Si no creemos en los inspectores del OIEA no creemos en el multilateralismo. Además, el Protocolo Adicional tiene medidas de acceso controlado que permiten a un país proteger secretos industriales o aspectos que considera que deben ser restringidos. Me hace acordar a lo que se decía sobre el TNP en los años 70. Se decía que el TNP era el fin del programa nuclear argentino y fue todo lo contrario. El sector nuclear argentino explotó porque nos convertimos en un gran exportador. ¿O alguien piensa que hubiéramos podido venderle un reactor nuclear a Australia o a Holanda si hubiésemos sido un país que no seguía las reglas? Se trata de defender el interés nacional con inteligencia.
–¿Cómo ve el sector argentino nuclear en la actualidad?
El sector nuclear argentino es importante, no va a desaparecer y está destinado a crecer. La energía nuclear es una fuente de energía de base muy segura y barata. Creo que el camino hacia la cuarta y quinta central es necesario. El gobierno deberá retomar ahora las negociaciones, negociaciones que nunca se interrumpieron. El programa había sido definido en el gobierno de Cristina Kirchner y en el gobierno de Cambiemos continuó con una redefinición hacia una sola central en lugar de dos. Ahora se impone avanzar con la construcción de la próxima central nuclear.
–El gobierno de Macri evaluó instalar Atucha III en Río Negro y se llevó de esa provincia una ley que prohíbe la energía nuclear. Más allá de la impericia política que demostraron los funcionarios, hay temor en la población, ¿el OIEA lleva adelante alguna tarea para reducir esos temores?
–Uno de los grandes desafíos de la Agencia es hacer esa tarea de comunicación. El sector nuclear en general tiene una opacidad obsoleta. Estamos en el siglo XXI, todos tenemos derecho a saber y hay que informar. El OIEA tiene que tener una política mucho más agresiva de explicación. También los países. Los que son muy buenos en eso son los franceses, que tienen el 85 por ciento de su electricidad nuclear y donde el nivel de aceptabilidad social es altísimo. El gobierno francés tiene una política de difusión a nivel de las comunidades locales muy eficiente. Argentina puede seguir ese camino y la OIEA lo va a hacer.
En el lapso de incertidumbre y expectativas que se abre en los cambios de gobierno, las estructuras del Estado dan a conocer proyectos que han estado en elaboración -o encajonados- durante años. Toca a los nuevos equipos evualuarlos.
Este nuevo Programa nació a partir de una propuesta presentada por la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE) y la subsecretaría de Producción y Trabajo, ampliada luego al resto de pymes del sector aún no integradas a dicha cámara. La iniciativa busca, principalmente, la independencia tecnológica en lo relativo a defensa y a la generación de puestos de trabajo en el sector civil y de la industria convencional, además del posicionamiento regional y competitividad internacional.
El primer objetivo será el cumplimiento de las normas y certificaciones internacionales exigidas por el mercado global, primer requisito para que las pymes puedan participar en cualquiera de las modalidades habituales: joint-ventures, coproducción, subcontratación, producción bajo licencia, capacitación on-the-job, entre otras. Una vez lograda esta adecuación se avanzaría en la independencia de las pymes, para no ser solamente proveedoras de INVAP, de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la empresa VENG o ARSAT, sino también alcanzar otros mercados.
Las empresas también podrían ser proveedoras o Tier, nivel 2 o 3, regionales de las grandes fabricantes de equipos originales; o bien Tier 1, posibilitando el ingreso de divisas al país. Ingresar en la cadena de valor aeronáutica internacional permitirá generar nuevos modelos de negocio, como lo hacen históricamente Brasil y México, o siguiendo los ejemplos de quienes recién incursionan, como Perú, Colombia o Costa Rica.
Las acciones en Córdoba están a cargo del ingeniero mecánico aeronáutico Pablo Aramayo, con varias líneas de trabajo a desarrollar simultáneamente, como la difusión e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Aeroespacial AS 9100; visualización de las empresas del sector aeronáutico y espacial en una forma similar al REPROER-INTI, incluyendo la realización de un mapa y un censo sectorial en el país; la formalización de una Ventanilla Única Aeronáutica, que canalice los trabajos que ingresan a la institución; y la interacción del Instituto como brazo técnico del Estado con otras instituciones, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el ministerio de Defensa.
Otro punto importante será la participación proactiva en el sector drones —Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT)— en lo relativo a validaciones y certificaciones adaptadas de normas del ámbito militar, en necesaria coordinación con la autoridad aeronáutica (ANAC).
Paralelamente se buscará generar leyes de impulso sectorial. Además de la ya sancionada Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, el Instituto brindará asistencia para elaborar leyes específicas del sector aeronáutico y estudiar conexiones con otros proyectos de ley (Offset; de Fomento de la Industria Aeronáutica Argentina; Drones, Código Aeronáutico, entre otros).
La Argentina no logra perforar el nivel de 30% de pobreza en niños y adolescentes, y en la actualidad la mitad está en esa condición, advierte un informe distribuido a nivel mundial por Unicef. Para descargar el informe, se accede desde aquí.
El trabajo sostiene que la principal deuda con la niñez está vinculada con la pobreza entendida como un problema estructural, que va más allá de la falta de ingresos.
En los últimos 30 años en la Argentina no se pudo perforar el 30% de pobreza en la población, sostiene. Alerta que en la actualidad, la mitad de los chicos y chicas es pobre.
Lo llamativo es que este deterioro social en la Argentina se produce a pesar de la gran cantidad de programas estatales dedicados a esa área clave.
Existen el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional; la Ley de Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes; la Ley de Educación Sexual Integral; la Asignación Universal por Hijo; y el Plan Nacional de Primera Infancia.
Para Unicef, implicaron «grandes avances para garantizar los derechos y el bienestar de la niñez y la infancia», pero no alcanzaron a mitigar siquiera parcialmente el problema social.
Según lo vemos en AgendAR, no existe una contradicción. El crecimiento económico por sí mismo no garantiza la eliminación de la pobreza, ni siquiera su disminución. Hay ejemplos en países que llamamos desarrollados. Pero si no hay crecimiento, las mejores políticas sociales, con las mejores intenciones, no la disminuirán. En realidad, sin recursos, no es posible mantener estructuras estatales eficientes para combatir la pobreza y la exclusión. Y la economía argentina no crece desde hace 7 años.
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) organizó a partir del pasado jueves 14, en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, un Salón del Emprendedor y un Encuentro Pyme. El objetivo es que sea un espacio de reflexión, debate y sobre todo un lugar de encuentro para el emprendedor y el microempresario.
El presidente de CEPBA, Dr. Guillermo Siro, empresario platense, industrial del cuero, y dirigente empresario resaltó «estamos haciendo el cierre de año. Es el séptimo Salón de Emprendedores que desarrollamos y el primer conservatorio de Pymes. Contamos con una gran presencia en la UTN con la participación de las Cámaras Regionales y provinciales, además de representantes sindicales. Aquí hay emprendedores y pymes que en una jornada van a tener 14 stands, no sólo las diferentes herramientas que pueden apalancar su producción y desarrollo sino también los conocimientos y las armas de gestión para mejorar la actividad, fundamentales en estos momentos que necesitamos disponer de todos los elementos necesarios para poder promover la actividad y enfrentar los desafíos que se vienen».
«Primero la UTN brindó una charla acerca de las formas de hacer un uso racional de la energía y bajar los costos de la producción energética. Después abordamos la vinculación de la Universidad con el sector pyme, el área de la producción. Participaron las tres casas de altos estudios más importantes que tenemos en la región que son la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica para explicar cuáles son las herramientas y la vinculación que tienen para el sector productivo».
«Después nos referimos al trabajo conjunto que estamos llevando adelante para el desarrollo regional, con instrumentos para la gestión que hacemos con los sindicatos. Tenemos desde el registro de marcas, de patentes, el marketing digital y todas las herramientas que sirven para enfrentar los desafíos que se vienen en los próximos años».
Al ser consultado acerca del nuevo mapa político que tendrá Argentina y la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre, Guillermo Siro respondió:»Para el próximo gobierno, tenemos buenas expectativas. Sabemos que habrá un cambio de orientación, de formulación de políticas económicas en las que se va a poner el eje en el mercado nacional, en los trabajadores y en las pymes. Es lo que necesitamos para recuperar los sueños en la provincia de Buenos Aires y en la Nación para aquellos sectores que están castigados después de 4 años en los que las políticas económicas perjudicaron a los sectores pymes que somos los eslabones más débiles de la cadena de valor».
«A cotação do dólar voltou a subir nesta segunda-feira e fechou a R$ 4,207, maior valor nominal (sem contar a inflação) da história.
O dólar está em trajetória de alta desde o leilão do pré-sal, em 6 de novembro. A expectativa do mercado era de alta participação dos estrangeiros e grande entrada de dólares no país, o que não se concretizou.»
El precio del dólar subió nuevamente este lunes y cerró en 4,207 Reales, el valor nominal más alto (sin contar la inflación) en la historia.
El dólar ha estado en una trayectoria alcista desde la subasta de pre-sal (yacimientos petrolíferos submarinos) el 6 de noviembre. La expectativa del mercado era una alta participación de extranjeros y una gran afluencia de dólares en el país, que no se materializó. (AgendAR informó sobre este hecho hace 2 semanas, en Poco interés en la mega subasta petrolera de Brasil).
El valor de la divisa estadounidense no tiene en la sociedad brasileña el mismo impacto que entre nosotros, donde el dólar funciona como reserva de valor. Pero sí es muy relevante para quienes importan y exportan, por supuesto. Como si hubiera poca incertidumbre en el MERCOSUR…
