El SAC-C: un balance a 19 años de su puesta en órbita

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En estos días se cumplen 19 años desde el lanzamiento del SAC-C, satélite que estuvo 13 años orbitando y fotografiando nuestro planeta. Con esas imágenes se concibió Argentina 500K; una obra que se compone de cartografía que cubre la totalidad del Territorio Nacional y que aún hoy se utiliza en diversas instituciones educativas y técnicas.

El satélite SAC-C, puesto en órbita en noviembre de 2000, es un ejemplo de un proyecto espacial de alta integración en Sudamérica. Con 460 kilogramos, lleva a bordo tres cámaras ópticas de utilidad para los sectores de la agricultura, la industria y la administración gubernamental. Asimismo, cuenta con tres sistemas de demostración de nuevas tecnologías satelitales: dos de control y navegación y otro de recolección de datos transmitidos desde estaciones automáticas terrestres de monitoreo ambiental.

El SAC-C alberga además tres sensores científicos que relevan parámetros geofísicos, como el magnetismo terrestre o la humedad de la alta atmósfera. La multiplicidad de instrumentos para investigación básica y aplicada que comparten una misma plataforma fue provista por cinco países asociados a la misión. El nivel de integración del SAC-C logra que estas misiones sean considerablemente colaborativas y multinacionales, reduciendo el costo de acceso al espacio.

Las protestas masivas llegaron a Colombia. Motivos

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Con las fronteras del país cerradas y las fuerzas militares en máxima alerta, Colombia vivió ayer jueves una masiva jornada de protestas convocadas por opositores del presidente Iván Duque y su gobierno.

Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como «paro nacional» y se registraron protestas en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

Las protestas comenzaron con marchas pacíficas, pero pronto se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en algunos puntos del país. En la capital se registraron fuertes disturbios tanto en el centro como en el noroeste, donde algunos manifestantes intentaron dirigirse al aeropuerto internacional El Dorado.

Otros disturbios se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la ciudad a partir de las 7 de la noche de este jueves tras los destrozos registrados en varios puntos de la ciudad. Los medios locales informaron que otras manifestaciones continuaron de manera pacífica.

El gobierno había implementado de forma previa una serie de medidas, entre ellas el cierre desde primera hora del miércoles y hasta las 5:00 de la mañana del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Además se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Desde 1977 no se viviera en el país tanta tensión por un paro nacional.


Motivos planteados:

1. El «paquetazo»
Según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara un «paquetazo» de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.

Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de jubilaciones Colpensiones, aumentar la edad para jubilarse y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.

El Gobierno ha negado que vaya a aplicar muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos y que todo deberá ser objeto de negociación.

Pero aunque en los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto, varias de las medidas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.

2. La educación
A las manifestaciones acudieron también estudiantes de universidades públicas y privadas que se han movilizado en varias ocasiones durante el último año.

Reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas y que incluyen inversiones para las universidades de unos US$1.300 millones.

Los estudiantes también marcharon contra la brutalidad policial en las protestas, en especial del escuadrón antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que el gobierno sí está cumpliendo y prueba de ello es que se ha destinado a Educación unos recursos «nunca antes vistos».

3. Matanzas de indígenas, líderes sociales y ex guerrilleros
Los manifestantes también reclaman medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

La situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, ubicado en una región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos, ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los US$ 390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.

Además, el presidente colombiano anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.

De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.

4. El cumplimiento del proceso de paz

Las organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

En particular, y relacionado con el punto anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres. Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.

En abril de este año, Duque presentó seis cuestionamientos a la ley de la justicia para la paz, lo que le provocó una ola de críticas e incluso protestas callejeras.

Aquella decisión, que fue sugerida por Álvaro Uribe apenas unos días antes, provocó que defensores del acuerdo con la exguerrilla FARC acusaran a Duque de «permitir morir la paz» y de ser tildado por columnistas como «subpresidente».

Recientemente se han llevado a cabo operaciones contra la disidencia de las FARC. En la última, en un caso que estremeció a la sociedad colombiana, al menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) murieron en un operativo de las fuerzas de seguridad a un campamento guerrillero.

La muerte de los menores, incluida una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16, había sido ocultada por el gobierno -que solo había hablado de una impecable y exitosa operación- pero fue revelada en el congreso, costándole el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.

Las críticas contra Botero se habían agravado en mayo pasado cuando un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando ordenó a los militares que doblaran «el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)».

Esto hizo recordar directivas similares que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condujerom a la ejecución por parte del ejército de miles de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, en lo que se conoció como los «falsos positivos».

Una dieta para las vacas que disminuye la emisión de metano. Todo sea por el cambio climático

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La gran mayoría de los argentinos nos sorprendimos cuando la publicitada denuncia de Greta Thunberg en las Naciones Unidas incluyó a la Argentina. Nuestro país no está industrializado en exceso, por cierto; ni la imaginación más desbordada puede ubicarlo entre los grandes causantes del calentamiento global. Como AgendAR explicó aquí, las causas de nuestra exclusión son una vulnerabilidad legal. En realidad, como también publicamos, el agro argentino tiene un “superávit ecológico».

Pero siempre se puede encontrar un pretexto plausible. El sector agrícola ganadero emite alrededor del 40% de los gases de efecto invernadero (GEI) de la Argentina (muy pocos, comparada con China o EE.UU.). Pero dentro de este valor, uno de los GEIs más importantes es el metano. El 70% de sus emisiones proviene del sistema digestivo de los rumiantes, como los vacunos y ovinos.

Durante la digestión ruminal, una parte del alimento se asimila y otra se transforma en metano. Esto también implica una pérdida de energía para el animal. En este marco, en un estudio en laboratorio del INTA y de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se consiguió reducir hasta el 30% del metano generado en pequeños rúmenes artificiales a través de extractos de especies vegetales de la provincia de Córdoba. Estos resultados permitirán buscar vías para disminuir el impacto de la ganadería sobre el calentamiento global y, a su vez, aumentar su productividad.

“A diferencia de la especie humana, los rumiantes pueden degradar fibras vegetales gracias a los microorganismos que poseen en su tracto digestivo. Como consecuencia de este proceso natural se produce metano, un gas que causa 21 veces más impacto en el calentamiento global que el dióxido de carbono. A su vez, por este proceso también se libera a la atmósfera una cantidad de energía que los animales no pueden aprovechar”, explicó María Carolina Scorcione, profesional del INTA Manfredi, becaria Conicet y estudiante de la Escuela para Graduados de la FAUBA.

Además, agregó: “Hasta hace un tiempo se estudiaron y aplicaron compuestos sintéticos para reducir la actividad de los microorganismos metanogénicos del rumen. Sin embargo, se encontraron efectos tóxicos para el animal y también residuos indeseables en los alimentos derivados de la producción. Por eso, en los últimos años se están investigando estrategias naturales para disminuir la emisión de metano y evitar las pérdidas de energía, que pueden ascender hasta el 12% de lo ingerido. Como las emisiones se relacionan íntimamente con la dieta del animal, analicé cómo los extractos de plantas que crecen en las sierras de Córdoba modificaron la liberación de metano y la digestión ruminal de nutrientes”.

La investigadora seleccionó plantas silvestres del monte cordobés en donde crecen diversas hierbas con larga tradición medicinal. Las elegidas fueron el poleo (Lippia turbinata) y la chinchilla o suico (Tagetes minuta). En experimentos previos, el equipo del INTA Manfredi que integra Scorcione consiguió buenos resultados con aceites esenciales de las mismas especies. Como obtener grandes cantidades de aceite es complejo, esta vez, María Carolina estudió el efecto de los extractos vegetales de las especies mencionadas.

“Pudimos verificar que al mezclar extractos de suico y poleo, y agregarlos a dietas animales que se usan frecuentemente en la zona, se redujeron hasta un 30% de las emisiones de metano del rumen. Observamos que los microbios metanogénicos disminuyeron en cantidad. Realizamos estos ensayos en rúmenes artificiales, es decir, colectamos microorganismos y líquido ruminal de tres animales, y los colocamos en recipientes de laboratorio”.

Asimismo, Scorcione señaló que también generó información alentadora en cuanto a la degradabilidad del alimento. “Con el suico y el poleo no se afectaría la forma en que el animal aprovecha los nutrientes de las dietas. Entonces, la energía que antes se perdía como metano ahora quedaría disponible para aumentar la productividad del animal”.

Metabolitos secundarios

Los resultados del trabajo de Scorcione abren una gran posibilidad, ya que contribuyeron a cuantificar las moléculas activas en las hierbas usadas. “Estos compuestos con actividad biológica son metabolitos secundarios que las plantas elaboran cuando sufren algún estrés. El poleo y el suico provenientes de las sierras poseen mayor contenido de compuestos activos ya que allí están expuestas a diversos estreses”.

La investigadora aclaró que una vez que identifiquen las moléculas activas intentarán sintetizarlas y, así, no dependerán de la cosecha de las especies vegetales. “Vamos a seguir analizando otras especies y sus biocompuestos con el fin de elaborar un insumo para mejorar la productividad de la cría de ganado y de los tambos, y a su vez, disminuir el impacto de la ganadería en el cambio climático”.

En octubre, 2.556.000 personas compraron 4.348 millones de dólares

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Según la «Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario» que publica el BCRA, en el mes de octubre el Central había vendido U$S 4.348 millones a 2.556.000 compradores distintos, hasta que el 28 se implantó el «cepo duro»: la prohibición de vender más de 200 dólares al mes a cada individuo.

A partir de entonces, y hasta el 20 de noviembre el Banco Central compró U$S 1.925 millones, en parte para sostener el precio de la divisa.

El hecho indiscutible que la moneda estadounidense se haya convertido en el mecanismo de ahorro más común, por lejos, entre los argentinos es un dato que debe tomarse en cuenta para analizar la realidad económica argentina.

La mujer como eje en las empresas familiares

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Cualquiera que conozca empresas que son llevadas adelante «en familia», sabe que en la inmensa mayoría de los casos hay mujeres que tienen un rol decisivo en sus éxitos… y en sus problemas.

Pero en las «cosas que todo el mundo sabe», conviene echar una mirada analítica. Este sábado 16 se realizó en la Ciudad de Buenos Aires la presentación del libro «La mujer en la Empresa Familiar» del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF).

Esta es la séptima obra colectiva del IADEF, el referente institucional, social y académico de la Empresa Familiar en la Argentina, y reúne los aportes de 19 mujeres y varones especializados en el segmento de la empresa familiar.

La obra se estructura a partir de tres ejes: Investigación, Género y Roles, y Casos, y cuenta con un total de 15 capítulos. Además del objetivo de hacer un aporte en la disciplina de empresa familiar poniendo como eje la mujer, este libro fue concebido como un análisis profundo de la complejidad a través de un enfoque sistémico, y se propone compilar una diversidad de expresiones para destinarlo a las familias empresarias.

La deuda, el Ministerio de Economía y las operaciones

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En estos días, hasta que el presidente Fernández anuncie oficialmente su gabinete -y tal vez después-, los medios y los pasillos están llenos de versiones -operaciones- a propósito de las distintas carteras y secretarías. En especial, en el área de Economía. En AgendAR nos parece un poco extraño porque los recursos y las deudas de la Argentina, y las expectativas de su sociedad, determinan con firmeza las políticas posibles.

Pero la naturaleza humana es así. Acercamos un ejemplo de lo que nos referimos: Ayer el diario La Nación publicó una nota del periodista Javier Blanco: «Propondrán suspender por dos años el pago de intereses de la deuda«, y seguía diciendo, en su versión original «La propuesta, avalada por los economistas Guillermo Nielsen y Adrián Cosentino, que encabezan ese equipo y compartirían…».

Algunas horas después, la frase había cambiado «El equipo de Fernández hizo propia una idea del economista Martín Guzmán para encarar la renegociación…«.

Seguramente, en la modificación influyó el siguiente tweet:

El licenciado Guillermo Nielsen es probablemente la persona que en estas semanas los medios han asegurado como mayor frecuencia que será y que no será el ministro de Economía de Alberto Fernández. Pero no es el único, por cierto, que sufre de esta calesita mediática.

4 años después, Argentina sigue siendo una «isla sin barcos». Ni siquiera fluviales

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En AgendAR hemos publicado hace pocos días siete notas con el título común «Argentina en el mar» (y seguiremos haciéndolo). Rastreando material, encontramos esto que escribió hace 4 años el especialista en comercio exterior y puertos Emiliano Galli. Muestra que las asignaturas pendientes vienen de muy atrás ¿Seremos capaces de encararlas ahora?

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A la deriva: el ocaso de la flota mercante argentina

La flota comercial nació como símbolo de independencia económica; hoy, ni un buque argentino transporta la cosecha récord de soja, y sólo el 1% de los que navegan por la hidrovía tiene bandera nacional

Emiliano Galli 8 de julio de 2015

Cada año se van del país -un país que tantas divisas necesita- alrededor de 5000 millones de dólares para pagar fletes marítimos. La Argentina perdió su flota mercante, que llegó a ocupar alguna vez el quinto lugar en el mundo, y no tiene ni un solo barco bajo bandera nacional para llevar las exportaciones récord de soja a sus compradores de Europa o Asia.

Eso sucede en el mar, donde la competencia con las grandes potencias navieras es feroz. Pero en el río la situación es similar, y el Gobierno parece no haberse enterado. No figura en su agenda. Apenas el 1% de las embarcaciones (remolcadores y barcazas) que bajan con soja y mineral de hierro y suben con hidrocarburos pertenece a la alicaída flota mercante argentina. Paraguay y Bolivia, los mediterráneos de América latina, se adueñaron de los convoyes. Paraguay cuenta hoy con la tercera flota fluvial del mundo. Y la Argentina, responsable del dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, tiene menos de 10 embarcaciones mercantes navegando por el río.

La carga, que genera gran parte de las divisas que ingresan en el país, no vota. El comercio exterior se mueve en un 90% en barcos, desde el río hasta los océanos. Y el transporte por agua soporta, en la Argentina, una brutal indiferencia política.

Bucear en la realidad de la marina mercante y la industria naval argentinas es toparse con un handicap negativo de entrada: no tienen el impacto en el consumo y el empleo de, por ejemplo, la industria automotriz (aunque sus cadenas potencialmente puedan dar trabajo a mucha más gente), ni la capacidad de venderse como vector de movilidad social (como el hecho de que viajar por Aerolíneas Argentinas por el país cueste lo mismo que en colectivo), ni el efectismo cotidiano de un tren cero kilómetro con aire acondicionado.

El mar quedó a las espaldas de un país que desciende de los barcos. Y mientras el mundo protege el transporte marítimo porque, gracias al flete, le agrega valor al producto exportado, la Argentina ya no tiene barcos propios. Ni estatales ni privados. Ni siquiera en el río: sólo el 1% de la flota que navega el Paraná es nacional. Paraguay se las ingenió para tener la tercera flota fluvial del mundo. Y nueve de cada diez remolques que suben y bajan por el río empujando barcazas de granos, mineral de hierro y combustibles llevan la bandera de un país mediterráneo: Paraguay o Bolivia.

El transporte por agua y la construcción naval fueron baluartes excluyentes del primer peronismo. Su defunción llegó en los años 90, y algunos lo atribuyen a la flexibilización fiscal y laboral del menemismo., que permitió la llegada al mercado de jugadores más eficientes. El kirchnerismo no ha logrado revertir en 13 años la situación terminal de ambas industrias. Hoy la Argentina gira al exterior unos US$ 5000 millones por el pago de fletes para poder exportar. Rehén del transporte marítimo, y alejado de los centros de consumo, la Argentina es una isla sin barcos con 5000 kilómetros de litoral marítimo.

ELMA, la empresa argentina de navegación llegó a operar 190 buques de ultramar, como el Corrientes II(foto); hoy la Argentina no tiene ningún buque que haga tráficos oceánicos internacionales.

Impulsando el consumo

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Durante años, y hasta hace muy poco tiempo, los formadores de opinión insistían con fanatismo en la necesidad del ajuste. En realidad, lo daban como un dato obvio de la realidad, que no necesitaba demostración. Pero frente a la catástrofe del último año y medio, y su consecuencia electoral, varios de los medios más «ortodoxos» están cambiando la música. Esta nota de Francisco Oliveto, publicada en La Nación, es una muestra.

Hay una fuerte expectativa en parte de la sociedad, y también entre muchos de los actores de la economía real, de que el año próximo se produzca una marcada recuperación del consumo. ¿Podría suceder? Esta es la pregunta que hoy desvela a las empresas. En un contexto de inusitada incertidumbre -por ahora, todo son rumores y especulaciones-, si hay una certeza es que el nuevo gobierno buscará rápidamente impulsar esa esperada recuperación.

Siendo esta una de sus promesas electorales y uno de los pilares de su triunfo en las elecciones por haber interpelado una demanda muy concreta de la sociedad, es de esperar que procure efectivamente concretarla, y rápido.

Existe hoy cierto consenso entre los economistas sobre un 2020 con más pesos en la calle, tasas de interés sustancialmente más bajas -lo que redundaría en mayores dosis de crédito tanto para las empresas como para los individuos-, muchas restricciones para transformar oficialmente esos pesos en dólares -cepo por un tiempo largo- y algún mecanismo que, dentro del anunciado pacto social, permita una recuperación progresiva del poder adquisitivo.

Es decir que, desde el lado de la política económica, la intencionalidad estaría clara, aun a costa de correr otros riesgos en el intento de los que alertan, en público y en privado, muchos economistas. Para que esta recuperación efectivamente se concrete no alcanza con lo que pueda pretender y ejecutar el nuevo gobierno, sino que el conjunto de fuerzas que deben alinearse es bastante más amplio y complejo.

A fin de simplificar el análisis, podríamos organizarlo en un esquema con cinco nodos de poder. El gobierno es uno; las fuerzas sociales -sindicatos y movimientos sociales-, otro; las empresas -donde están incluidos los bancos-, el tercero; los otros poderes -Legislativo y Judicial- el cuarto, y, finalmente, quizás el más importante de todos: los consumidores.

Es de esperar que las fuerzas sociales acompañen a un gobierno que ya les prometió que serán parte de él. Con los otros dos poderes del Estado habrá seguramente tensiones y negociaciones, pero siempre enmarcadas en la mirada de una sociedad que espera la prometida recuperación.

En cuanto a las empresas, hoy existe un factor común que contribuiría con el objetivo general: a la gran mayoría le sobra stock y le faltan ventas. Ninguna va a vender a pérdida porque no tiene sentido económico. Pero las cuentas no son tan lineales cuando los costos fijos presionan sobre la rentabilidad tanto o más que lo que podrían hacerlo unidades vendidas con un margen menor, pero que oxigenaran el proceso productivo. Si hubiera que hacer una apuesta sobre el corto plazo, es plausible suponer que el foco de las marcas estará puesto más en las cantidades que en el precio. La prioridad será vender.

El sector financiero tiene la necesidad de reimpulsar sus productos de crédito al consumo -prendarios, personales, tarjetas-. Habrá que ver cuáles son las condiciones que el sistema como un todo es capaz de generar para que esta vocación pueda concretarse.

Finalmente los consumidores. El consumo masivo se contraerá alrededor de 7% este año. El de bienes durables de valor intermedio -indumentaria, electrodomésticos-, entre 15 y 20%. Y el de bienes durables de alto valor -inmuebles, autos-, cerca del 40%. Conclusión clara: hay consumo latente.

La experiencia más reciente demuestra que frente a los estímulos, aun en un contexto de contracción, el consumidor argentino reacciona. En octubre, por ejemplo, se vendieron apenas 32.400 autos 0 km, pero en julio, con el plan oficial de incentivos, se había llegado a casi 50.000 unidades. Un 56% más. La devaluación post PASO frenó esa incipiente recuperación, pero no invalida el análisis.

En el tiempo por venir, esos estímulos podrían ser múltiples. El primero de ellos, condición sine qua non, es la estabilidad del entorno, sintetizada en ese gran metro patrón de la argentinidad: el dólar. El miedo se lleva pésimo con el consumo. El dólar tranquilo ayuda a que los individuos pongan la mirada en los bienes y servicios. El segundo obviamente serán los «sueldos nuevos». Cuándo, cuánto y cómo. Esta es otra incógnita que se develará con el tiempo.

El tercero, de la mano del segundo, es la inflación. El pronóstico consensuado por economistas y bancos que publica LatinFocus no es del todo alentador: 42,8% para 2020 y 34,2% para 2021. Habrá que convivir todavía con niveles muy altos durante los próximos dos años y articular la recuperación del consumo en ese contexto.

Si la recuperación se concreta, puede esperarse una mejora progresiva del empleo. Por ahora el mercado la ve concretándose recién en 2021 -cuando la tasa anual de desempleo caería a 10,4%-. En 2020, en cambio, crecería hasta el 11,2%.

Finalmente la dinámica del consumo es el resultado de una ecuación que tiene como elementos a los sueldos, la cantidad de gente que cobra sueldo, la evolución de los precios y el acceso al crédito, que es una manera de anticipar ingresos.

Por último aparece la batería de anabólicos que tanto el sector público -más allá de su color político-como el privado ya conocen de memoria: desde los programas Ahora 12 y Precios Cuidados o el más reciente IVA 0% para alimentos hasta las promociones exitosas como los descuentos con tarjetas bancarias en shoppings y supermercados o las acciones sectoriales como el Cyber Monday o el Electrofest.

A esa batería de anabólicos se suma la nueva estrategia low cost que han seguido muchas marcas en los últimos años. Segundas marcas, mayoristas, marcas de indumentaria de precios más accesibles, las propias aerolíneas low cost o los outlet premium. Todos ellos juegan otro juego: anabolizar desde el precio puro antes que desde la oferta y el descuento. Están y estarán en la cancha procurando defender los consumidores que ganaron en el último tiempo.

¿Puede entonces crecer el consumo en 2020? La respuesta es sí, porque es factible que todos los actores de la economía se alineen para que eso suceda. ¿Es eso una certeza? De ninguna manera. Es una posibilidad que dependerá fundamentalmente de la capacidad de articular exitosamente los intereses de las cinco fuerzas que operan sobre ella.

Dado que la satisfacción es el cociente entre expectativas y resultados, a la hora de analizar los escenarios futuros resulta prudente recordar lo que el intelectual americano Stephen Bertman definió en su libro Hipercultura (1998), como una enfermedad creciente de la sociedad en la que vivimos: la «cultura ahorista». En esa «cultura del ahora» prima la aceleración y lo que manda es el «ya». La permanente y creciente demanda de una gratificación inmediata es la fuerza que la organiza. La ansiedad por recibir lo estipulado en el pacto de convivencia se expresa bajo el marco de la urgencia permanente.

Tal vez sea este el mayor desafío del futuro próximo: el tiempo.

Puntos centrales del proyecto de ley de alquileres

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El proyecto de ley de alquileresque obtuvo ayer miércoles media sanción en la Cámara de Diputados establece entre otros puntos la extensión del contrato a tres años, una fórmula para la actualización de los precios que combina aumento de salarios e inflación y agrega nuevos sistemas de garantías.

Duración del contrato de locación

El nuevo texto extiende de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de locación de un inmueble. “El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres años, excepto los casos del artículo 1199”, establece el proyecto, en los casos de excepción se incluyen sedes diplomáticas, viviendas destinadas a alquiler con fines turísticos, predios feriales o inmuebles de guarda.

Actualización de precios

Se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

Ampliación de garantías

Otro punto clave del proyecto es que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución o garantía de fianza o fiador solidario. El inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una.

Depósitos

El proyecto establece que si el destino del inmueble es habitacional, se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario. En tanto, al momento de la devolución –al finalizar el contrato- el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.

“En el caso de existir alguna deuda por servicios públicos domiciliarios o expensas, correspondientes al período contractual y que al momento de la entrega del inmueble no hubiese sido facturada, se acordará su pago tomando al efecto los valores del último servicio o expensas abonado, o bien el locador retendrá una suma equivalente a dichos montos como garantía de pago”, indica el texto.

Expensas extraordinarias

Se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino. “El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que de a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Sólo estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias”, explica el proyecto.

Interrupción del contrato y aviso previo

Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo y siempre y cuando hayan cumplido con al menos seis meses de contrato. En caso, contrario, deberán abonar al locador, en concepto de indemnización, «la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso».

Declaración ante la AFIP

Otro aspecto clave del proyecto es que se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.

Alquiler social

Además se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados, y aquellas familias que no tengan como acceder a un sistema de garantías. En ese sentido se establece que a través de ese plan se otorgarán garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas; y se propiciará la creación de líneas de subsidios o créditos blandos, entre otras medidas.

Corredores inmobiliarios

“En las locaciones de inmuebles la intermediación solo está a cargo de un corredor profesional matriculado, conforme a la legislación local”, establece el texto.

En opinión de AgendAR, es un proyecto voluntarista, con la intención de corregir abusos notorios. Pero que no solucionará el problema de la vivienda. La única solución seria pasa por la construcción en gran escala de viviendas populares, con la infraestructura y el transporte que requieren, y el acceso al crédito hipotecario. Una política ambiciosa, cierto, pero también la única realista.

Descubren yacimiento con «alto grado» de oro y plata en Santa Cruz

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La minera canadiense Yamana Gold anunció el descubrimiento de «una nueva zona de alto grado» en el yacimiento de oro y plata Cerro Moro, ubicado cerca de la ciudad santacruceña de Puerto Deseado. Destacó los «resultados significativos» de la nueva perforación y anticipó que extenderá su programa de exploración.

Los trabajos realizados «muestran intersecciones significativas de alto grado en una zona completamente nueva y extensiones de zonas previamente identificadas», indicó Yamana a través de un comunicado difundido en Toronto, Canadá.

«Estos resultados de exploración demuestran una creciente base de recursos minerales en nuevas áreas, que se espera que establezcan Cerro Moro como una operación de oro y plata de alta calidad y larga duración».

El programa de exploración de Yamana se concretó «en un corredor de tendencia noreste de 40.000 hectáreas», pero a partir del tercer trimestre de este año se extendió a toda la concesión de Cerro Moro y cubre ahora una superficie de 150.000 hectáreas.

Al respecto, la empresa destacó que «las intersecciones de perforación están ayudando a definir una nueva zona mineralizada significativa a lo largo de la estructura Naty, ubicada a 25 kilómetros al sur de la mina central», particularmente en los sectores Nini Extension, Tres Lomas, Michelle y Deborah.

También aparecieron altas calificaciones en los sectores de Martina y Escondida, donde las intersecciones de perforación seleccionadas exceden los 100 gramos por tonelada de oro.

En este contexto, la compañía se comprometió a realizar un programa inicial de exploración de cuatro años, que comenzó a principios de 2018, para explorar sistemáticamente Cerro Moro.

Cabe señalar que hasta el tercer trimestre de este año se analizaron más de 9.700 muestras de suelo y 5.300 muestras de roca, a la vez que se completaron 76 kilómetros lineales de prospecciones, 23,4 kilómetros de reconocimiento y perforación diamantina.

«El programa ha llevado al descubrimiento de una nueva mineralización en varias áreas de la propiedad con resultados positivos en la mina central, así como en la zona Naty, recientemente descubierta y también ha extendido vetas históricamente conocidas que no están actualmente en el plan de la mina, generando nuevos objetivos para recursos minerales adicionales», añadió el comunicado.