Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Espacial de la Universidad de San Martín, como ha estado informando AgendAR, están esforzándose para que no cierren esa carrera, hasta ahora única en Latinoamérica. Pero la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) empezará a dictar, a partir del ciclo lectivo 2020, la carrera de Ingeniería Aeroespacial.
La nueva propuesta formativa reemplazará la carrera de Ingeniería Aeronáutica, aprobada en 1942, donde se han formado más de mil ingenieros aeronáuticos que desempeñan su profesión en el área Aeronáutica y en la Aeroespacial.
La Unversidad informa que esta iniciativa busca formar profesionales capacitados en diseñar, calcular y proyectar aeronaves, vehículos espaciales y toda máquina de vuelo, plantas propulsoras y auxiliares aeronáuticas y espaciales, sistemas de control aeronáuticos e instalaciones aeroportuarias.
La Facultad de Ingeniería de la UNLP, a través del Departamento de Aeronáutica, ha sido un engranaje vital para el desarrollo espacial del país. Las investigaciones en motores cohetes y la participación en proyectos sobre satélites y misiles autopropulsados, dan cuenta de ese protagonismo.
La iniciativa prevé que los alcances profesionales y el perfil del egresado se vean reflejados en el título. Al mismo tiempo, pretende que los alumnos tomen contacto con el área desde el primer año. La incumbencia de la Ingeniería Aeronáutica en temas espaciales, tal como está especificado en sus alcances, lleva a que sus egresados son matriculados por el “Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial”.
Este consejo creado a mediados del siglo pasado, y su primer matriculado fuera el Ingeniero Aeronáutico Remo Mario Fascia. “El Departamento de Aeronáutica de la UNLP fue uno de los primeros en actuar en la actividad espacial. En la década del ’60, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) firmó un convenio con la UNLP para el desarrollo de investigaciones con motores cohetes”.
A partir de una iniciativa de Guillermo Siro, presidente de CEPBA, empresarios Pymes de la Confederación General Económica de la República Argentina y de la Confederación Empresaria de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron un encuentro con el economista Augusto Costa, ex secretario de Comercio del gobierno anterior y actual colaborador de Axel Kicillof, en el que se analizaron y propusieron iniciativas para fortalecer los sectores productivos bonaerenses.
El encuentro se realizó en el marco de las diferentes reuniones de trabajo que la entidad bonaerense está llevando a cabo con los equipos técnicos de los distintos candidatos de cara a las próximas elecciones.
Estuvieron presentes también el presidente de CGERA, Marcelo Fernández y su Vicepresidente Ariel Aguilar, que participa en la campaña Kicillof gobernador, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, autoridades de las Cámaras del Calzado, del Cuero, la Red Textil, de cooperativas asociadas, delegados de la UOM y más de 20 empresarios de distintas Cámaras y sectores productivos.
Entre otros temas, se debatió la necesidad que el Banco Provincia vuelva a ser un instrumento de apoyo a la producción, junto al Fogaba; que se reactive el programa Buenos Aires Exporta; y que se facilite la compensación de impuestos provinciales con las retenciones que se hacen por Ingresos Brutos.
Ayer informamos en AgendAR la finalización de las tareas de la comisión bicameral que investigó las causas y responsabilidades del naufragio del submarino ARA San Juan. Y las diferencias en su seno sobre las responsabilidades políticas. Ahora nos parece que corresponde informar sobre lo que pasó. Del informe de 80 páginas, creemos que este resumen del periodista Alejandro Alfie es el más adecuado.
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Poco más de once horas transcurrieron entre el principio de incendio en el tanque de baterías del submarino, que se produjo casi en la medianoche del 14 de noviembre de 2017; y su «colapso estructural», a las 10.51 horas de la mañana, que provocó la muerte de los 44 tripulantes que iban a bordo de la nave, según el informe final de la Comisión Bicameral Investigadora del Ara San Juan.
Esa es una de las partes centrales del informe final, luego de 16 meses de trabajo. Esa parte del documento, que fue firmada por todos los legisladores, pone el foco en las irregularidades cometidas por los mandos superiores de la Armada, en un «contexto general presupuestario que han venido padeciendo las Fuerzas Armadas desde el mismo retorno de la democracia a la fecha, en desmedro del mantenimiento de sus bienes de capital, armamento, capacitación, estructura y capacidad operativa».
Según el informe de la Bicameral, la primera señal de alerta que dio la tripulación del submarino a sus jefes fue a las 23.42 horas, del 14 de noviembre, cuando el teniente de navío Fernando Vicente Villarreal, jefe de Operaciones del ARA San Juan llamó al jefe de Operaciones de Submarinos, capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Le informó «que habían tenido un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, que estaba controlado, que apreciaban que había sido producto de la entrada de agua de mar por el sistema de ventilación», según declaró el capitán Correa en la Bicameral.
Desde entonces, se produjeron poco más de 10 comunicaciones entre el submarino y los jefes de la Armada, hasta el hundimiento del ARA San Juan, donde se verificó «una subestimación inicial del incidente lo suficientemente grave. Ninguno de los estamentos de conducción tuvo en cuenta un antecedente gravísimo», que fue un incendio de baterías similar en el año 1995.
Por eso, el Comandante de la fuerza de submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide, y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento, López Mazzeo, se limitaron a decirle al comandante del submarino que suspenda la patrulla y vuelva a Mar del Plata, sin mandar ayuda ni notificar a sus superiores sobre la gravedad del incidente que estaba ocurriendo con el ARA San Juan.
Desde entonces, se produjeron poco más de 10 comunicaciones entre el submarino y los jefes de la Armada, hasta el hundimiento del ARA San Juan, donde se verificó «una subestimación inicial del incidente lo suficientemente grave. Ninguno de los estamentos de conducción tuvo en cuenta un antecedente gravísimo», que fue un incendio de baterías similar en el año 1995.
Por eso, el Comandante de la fuerza de submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide, y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento, López Mazzeo, se limitaron a decirle al comandante del submarino que suspenda la patrulla y vuelva a Mar del Plata, sin mandar ayuda ni notificar a sus superiores sobre la gravedad del incidente que estaba ocurriendo con el ARA San Juan.
De todos modos, cuando le informaron al jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, su desempeño resultó «no del todo lógico», según la Bicameral, ya que tampoco tomó la situación «en su verdadera dimensión ni adoptó las medidas congruentes con la misma».
El submarino se encontraba en la segunda Fase de la Etapa N°3, denominada «Ejercicio conjunto de ataque y posterior patrulla». Realizaba adiestramiento naval y operaciones, «manteniendo el esfuerzo de vigilancia y control en un área específica», en tareas de identificación de buques que operaban fuera de la milla 200 del Mar Argentino. Navegaba con una velocidad de 5 nudos, en medio de una tempestad.
En los primeros minutos del 15 de noviembre, el comandante de la nave, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, le preguntó a Correa sobre la posición de los otros buques de la flota, que en ese momento participaban del ejercicio naval, en el golfo de San Jorge. Estaban a unas 20 a 24 horas de navegación, «que podrían haber disminuido a la mitad si el submarino ponía rumbo de acercamiento a esas unidades, sumando la velocidad de desplazamiento de ambas en acercamiento».
A las 0.58 horas hablaron Villamide y Fernández. El comandante de la fuerza de Submarinos le ordenó cancelar la patrulla y poner rumbo de regreso a Mar del Plata. La respuesta fue que eso «lo haría cuando volviera a inmersión, porque en ese momento navegaba en alejamiento de la costa, propulsando con el circuito dividido y se encontraba cargando aire».
Pero sus jefes no le asignaron la gravedad que tenía ese hecho. «El capitán de navío Villamide nunca le ordena que regrese en superficie, pese al principio de incendio puesto en conocimiento», plantea el informe de la Bicameral. Y añade que los expertos consultados consideraron que, en esas condiciones, «no debería intentarse una reconexión del sistema de propulsión».
Recién a las 6 de la mañana el submarino informa que está en inmersión. Y a las 7.19 se produce la última comunicación telefónica, donde Villarreal le informa a Correa que ya estaban en inmersión, con rumbo a Mar del Plata, propulsando con circuito dividido, a una velocidad de 5 nudos. «Vamos a bajar a plano profundo a descansar (40 metros) y, luego, a inspeccionar el tanque de baterías», dijo Villarreal.
Todo indica que a las 7.33 estaba a 18 metros de profundidad, a las 8.52 estaba a 40 metros y a las 10.51 se registra el «evento acústico anómalo», que se produce con motivo del «colapso estructural del submarino ARA San Juan», cuando estaba a entre 550 y 750 metros de profundidad. Finalmente el submarino quedó hundido a 907 metros, en el Atlántico Sur, a 450 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia.
¿Qué pasó para que se produjera ese colapso estructural?
«Los expertos señalan que pudo haber ocurrido una explosión al retirarse, en plano profundo, la tapa de ingreso al balcón de baterías, donde la excesiva producción de hidrógeno, por el principio de incendio, al liberarse, ocasionara una explosión que dejara sin capacidad de respuesta a la tripulación», dice el informe de la Bicameral. Y añade: «Otra de las posibilidades es que al llegar a plano profundo, para verificar los daños, el principio de incendio no estuviere del todo controlado y el retiro de la tapa hubiere provocado la explosión, que inmediatamente dejara incapacitado al personal de comando de la nave, perdiendo plano irremediablemente hacia el fondo abisal».
Hace algo más de un mes que AgendAR anunciaba que Argentina tendrá un centro pionero de terapia con protones contra el cáncer. Más precisa, más segura y más efectiva, la nueva terapia de radiación con protones para combatir el cáncer, una tecnología que por el momento solo está disponible en 80 centros de todo el mundo y que ahora desembarcará en la Argentina.
Pero los avances en nuestro país nunca son fáciles. Ahora, que se está haciendo en Buenos Aires el 1° Workshop Argentino de Protonterapia (WArP 2019) organizado por la CNEA, la UBA, el Instituto de Oncología Ángel Roffo de la UBA, el Hospital Garrahan y la empresa INVAP, los medios nos informa de la historia detrás.
«Hace un año, en la última entrevista que dio antes de morir, el ex canciller Dante Caputo generó cierto revuelo grietero al afirmar que desde hacía un par de años estaba varado en Bélgica un moderno equipo de “protonterapia” (para combatir el cáncer mediante radioterapia con protones), cuya compra había iniciado la gestión de Cristina Kirchner. Atribuyó la demora a la inoperancia en materia de salud de parte del gobierno de Mauricio Macri.
Por estos días circula que por fin se iniciará la construcción del establecimiento que albergará este equipo, así puede funcionar para fines de 2021. Aunque suena bien, hay varios detalles que explican el ritmo lento del proyecto y los desafíos para que se concrete más allá de un eventual cambio de Gobierno; todas discusiones vinculadas a qué modelo de equipo traer al país («acorde al bolsillo y las necesidades locales») y cómo será la puja con las obras sociales y prepagas.
Primero, un repaso. Estamos en 2015. Sin meditar mucho “el cómo”, el gobierno anterior se lanza a la compra de un equipamiento belga de unos 35 millones de dólares que, mediante una vanguardista tecnología de radioterapia con protones, permite tratar muy eficazmente (apuntando directo al tumor, casi sin dañar los tejidos aledaños) muchos tipos de cáncer. Los beneficios son incontables. De México para abajo, nadie lo tiene. Suena genial. El gobierno de entonces paga una parte.
El mismo año, cambia la gestión de Gobierno y, con ella, lo que a las autoridades les gusta definir como “una mirada realista» del todo (“realista” =s «es muy caro). Así, evaluaron que el plan de la protonterapia requería, entre otras cosas, un desembolso importante: por un lado, 9,7 millones de dólares (de los que por ahora se pagaron 500.000) que restan por el pago de una de las partes del equipamiento. Además, el gasto de infraestructura para crear el lugar que albergará tamaño equipo, en concreto, el Centro Argentino de Radioterapia Protonterapia, (CEARP), que ocupará 9.700 m2. Sumémosle capacitar expertos de todos los tipos y colores y el gasto total final (incluyendo lo que puso el gobierno anterior) asciende a 95 millones de dólares. El tema quedó en evaluación. En stand-by.
Cuando Caputo dijo lo que dijo hace un año todo se reactivó: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le contestó que el proyecto no estaba detenido y que se construía el “búnker” para el equipo. Tal vez en ese momento se estuvieran haciendo gestiones, sí, pero no se estaba construyendo el centro propiamente dicho. De hecho, por ahora no se construirá…
Así lo confirmó Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear: “Lo que se va a comenzar a este semestre no es el centro sino un depósito para albergar el equipo. Está previsto que la obra dure seis meses”. ¿Y entonces vendrá la máquina de protones? Nadie se juega por una fecha porque sencillamente no se definió qué equipo de protonterapia vendrá al país.
Una alta fuente del Gobierno explicó que “el equipo de radioterapia con protones es una herramienta de vanguardia, instalada en muy pocos lugares del mundo. El tema es que la Argentina, en su momento, compró el más grande de todos (el modelo Proteus Plus). Es una decisión que nosotros no hubiéramos tomado porque excede la demanda local y es muy difícil de sostener económicamente en el tiempo. Es muy cara la instalación y muy caro su mantenimiento”.
Consultado, el subsecretario de Energía Nuclear admitió que están intentando “hacer viable el proyecto, volverlo sustentable, acorde a las posibilidades y necesidades del país”. ¿Cómo se traduce esto en los hechos? La Subsecretaría está negociando la posibilidad de bajar la categoría del equipo.
Así, en lugar del modelo anunciado en un comienzo, Proteus Plus, traerían otro más acotado: Proteus One. «Es más chico. De hecho, nueve de cada diez de los que se venden son equipos así, más chicos. Es la misma tecnología pero acorde al número de pacientes que la usarán”, detalló Gadano.
Las diferencias entre un equipo y el otro están a la vista. El «Plus» incluye un ciclotrón del cual se podrían «enganchar» una, dos y hasta seis salas de tratamiento, además de una sala de experimentación. El «One» es un equipo «compacto» con una sala de tratamiento (no ampliable). Cada sala equivale a un paciente. En la cartera de Energía confirmaron que, de hacerse el cambio, «se ahorraría hasta un 36% en obra civil (por el menor volumen de hormigón de blindaje), gestión de obra, infraestructura y pago de equipo».
¿Quiénes llevan adelante este proyecto? En nombre del Estado interviene la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA). Además, la UBA tiene un rol central, ya que cederá el predio para instalar el CEARP, que actualmente pertenece al Instituto de Oncología “Angel Roffo”, de donde vendrá buena parte de los recursos humanos. Y, como representante local de la empresa belga fabricante de los equipos (Ion Beam Applications, IBA), está la argentina INVAP.
Un esquema del futuro centro de protonterapia
Consultados por un posible «achicamiento» del proyecto, en la UBA mostraron desconcierto: «Nadie nos informó que podría venir un equipo de protones de menor capacidad y no es cierto que se vaya a construir un ‘galpón’ en el predio que cedió la UBA: en esta primera etapa se edificará el área administrativa y se avanzará con las instalaciones y consultorios para hacer estudios de radioterapia convencional». Porque, además del equipo de protonterapia, en el CEARP funcionarán uno de rayos convencional y lo que se conoce como un cyber knife, un equipo para técnicas de radiocirugía, que también será el primero de su tipo en el país.
En la UBA subrayaron que tanto ellos como la CONEA e INVAP están «muy comprometidos con el proyecto», y apuntaron: «Luego de los dichos de Caputo, Marcos Peña se comprometió a motorizar este proyecto».
En cualquier caso, mientras no sea oficial la modificación del plan original (traer el modelo «Plus»), se deduce que la máquina, dentro de algo parecido a un contenedor, debería estar, a esta altura, deteriorándose. Gadano, sin embargo, aseguró que no: “IBA produce estos equipos en serie. No es una máquina puntual en un lugar físico. Nada se está arruinando”.
En realidad el tema se vino «piloteando». Así lo muestran las palabras de Sabine De Voghel, asesora empresarial de IBA, quien desde la sede europea de la empresa afirmó: “El equipo Proteus Plus fue fabricado y se encuentra almacenado en Bélgica, a la espera de un lugar de almacenamiento adecuado en Argentina». Agregó que «afortunadamente, cuando INVAP comenzó a anticipar cierta demora, nos pidieron que pusiéramos en espera el orden de los artículos sujetos a obsolescencia. Los pedidos se solicitarán a último momento cuando INVAP esté finalmente listo para solicitar el envío del equipo». En cuanto a los tiempos por venir, prima el desconcierto, explicó una fuente de uno de los organismos involucrados: “Sólo está aprobado el presupuesto para la primera etapa (la construcción del depósito), que son seis meses de trabajo. Pero realmente no hay nada aprobado para la segunda fase”.
Hay quienes, además de criticar la grandilocuencia del proyecto iniciado por el kirchnerismo, aclaran que el macrismo tampoco vino empujando mucho el carro. Sin dudas no ayudó la pequeña puja que trascendió sobre dónde se instalaría el CEARP, como explicó otra fuente ligada al sector, que pidió mantener su anonimato: “Hubo un tira y afloje. El gobierno lo quería en la provincia de Buenos Aires, así lo inauguraba Vidal. La UBA obviamente se opuso porque se alejaba de su zona principal, que es la ciudad de Buenos Aires”.
Otra fuente, esta vez del Gobierno, rechazó -en parte- esa versión: “Sí, quisimos ponerlo en el Conurbano, pero para que lo pudiera aprovechar la mayor cantidad de gente posible. De hecho, estaba el plan de instalarlo en el hospital de El Cruce (en Florencio Varela), pero no había un predio disponible. Se hubiera requerido expropiar una manzana entera”.
Desde la UBA confirmaron que el predio que están cediendo (en el cruce de las avenidas Nazca y San Martín) requirió desmontar un bioterio, un centro de experimentación del Instituto Roffo, del cual sólo quedará en pie la fachada.
Pero todos esto es marginal al verdadero problema: como hará el próximo Gobierno para lograr que los actores del sistema de salud argentino incorporen el costoso tratamiento con protones al nomenclador de prácticas autorizadas sin muchos peros.
Gadano se refirió, con sensatez, a este punto: “La Argentina no va a hacer una inversión gigantesca para después cobrárselo a los privados, de modo que sólo se pueda atender la gente rica. Tiene que estar pensado para que el sistema público lo tome, así como las obras sociales y prepagas. Esto no ocurre de un día para el otro. Y por eso insisto: hay que incorporar esta tecnología con un sistema que pueda ser sustentable en el tiempo».
Nuestra opinión sobre este punto en AgendAR es que la incidencia estadística nacional esperable de cánceres en localizaciones ramificados y difíciles en centro del cuerpo, cuello y cabeza, próstata y vejiga, por no hablar de cerebro, con una población de 44 millones de habitantes, es suficiente para que una instalación tipo «macro» funcione 24×7. Si recordamos que os intereses de las LELIQ ya suman $ 300.000 millones en el semestre, esta inversión en tratamientos menos peligrosos contra el cáncer no parece exagerada.
Acompañamos la nota con el video de una entrevista al vicepresidente de la Comisión de Energía Atómica, donde el ing. Alberto Lamagna se extiende sobre el tema.
VIENA (Reuters) – El jefe de la agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas, la OIEA, Yukiya Amano, planea abandonar su cargo antes de tiempo, en marzo de 2020, debido a una enfermedad no especificada que lo ha debilitado visiblemente en el último año.
Las responsabilidades de la OIEA incluyen controlar las restricciones a las actividades nucleares de Irán bajo el acuerdo con las potencias mundiales de 2015, que Estados Unidos abandonó el año pasado.
Su partida plantea la cuestión de qué rumbo tomará la agencia en el futuro, aunque pocos esperan que su manejo sobre Irán y otros temas delicados cambien significativamente.
Dos posibles candidatos para suceder a Amano son el embajador de Argentina ante la OIEA, Rafael Grossi, y el rumano Cornel Feruta, coordinador principal de la agencia y un cercano colaborador del japonés.
En AgendAR venimos señalando la conveniencia para nuestro país que un argentino esté a cargo de la OIEA. Grossi, que fue director adjunto de la Organización, recientemente fue elegido presidente de la «Conferencia de Examen» a realizarse en Nueva York en abril 2020, por los 190 países miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
La semana pasada tuvimos una ola polar en Argentina. Y ahora en Buenos Aires no hace tanto frío, pero como es húmedo se hace sentir. No importa, los números de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), o en inglés, World Meteorological Organization (WMO), con 191 estados miembros, nos dicen que si seguimos así, lo vamos a extrañar al frío…
De nuevo: junio fue el más cálido de que se tenga registro. Y fue el 43° junio ¡y el 414° mes consecutivo por encima del promedio del Siglo XX! t.co/InTGCU4KO9
Después de casi un año y medio de trabajo, la comisión legislativa especial que investigó las causas y responsabilidades del naufragio del submarino ARA San Juan, terminó de elaborar su informe sobre la tragedia que costó la vida a los 44 tripulantes de la nave. Está previsto que el contenido se haga público hoy en una conferencia de prensa.
Como es habitual que suceda cuando se trata de establecer responsabilidades institucionales, la evaluación está dividida, aún entre los peritos. «Si tuviera que destacar algo importante de la labor de esta comisión, diría que me impresionó el alto grado de tolerancia que reinó entre sus miembros provenientes de distintas fuerzas políticas. En mi opinión fue un trabajo histórico, se trabajó fundamentalmente en búsqueda de la verdad y con el alto valor agregado de haber permitido que los propios familiares de los marinos muertos en el hundimiento del San Juan pudieran preguntar sin restricciones a muchos de los responsables de esta tragedia». El concepto pertenece a uno de los marinos expertos en seguridad náutica que trabajaron codo a codo con los miembros de la bicameral.
Por el contrario, otro de los peritos terminó «lamentando que un trabajo que se inició en forma muy profesional fuera mutando a medida que se fue aproximando la campaña electoral». A pesar de ello, es destacable que en aspectos fundamentales de la investigación hubo acuerdo.
Consenso
La mayor parte del informe cuenta con el aval de todos los doce miembros que integran la bicameral. Allí se cuestionan las actuaciones del almirante Marcelo Srur, jefe de la Armada en el momento de la tragedia, del contraalmirante y ex jefe de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo y del ex jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide.
Disidencias
En el capítulo en el que se adjudican las responsabilidades políticas por el siniestro, los legisladores del oficialismo -los diputados Luis Petri (UCR) y Guillermo Montenegro (Pro), y los senadores Esteban Bullrich (Pro) e Inés Brizuela (UCR)- firman el informe en disidencia.
Los legisladores opositores -Carlos Álvarez, Guillermo Carmona, Magdalena Odarda, Alfredo Luenzo, Anabel Fernandez Sagastí, Alejandro Grandinetti y Pedro Miranda- en la comisión, que preside el senador José Ojeda (PJ), elevan las responsabilidades políticas hasta el presidente Macri, según confiaron voceros de la comisión. Esos voceros no aclararon si las disidencias incluyen al especial hincapié que se hace en el informe a la responsabilidad política del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Hemos publicado sobre este tema en AgendAR y lo seguiremos haciendo. Quienes dan la vida en el cumplimiento de su misión no deben ser olvidados. Pero ahora queremos indicar una propuesta técnica que publicamos cuando aún se lo buscaba: Robots nuestros para llegar a nuestro submarino. Desarrollar las capacidades de nuestras fuerzas armadas para la defensa de nuestro mar es otra forma de servir a la patria.
Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, y frecuente autor de artículos sobre el tema, dio a conocer un informe sobre la situación de la enseñanza media. Ahí muestra un hecho lamentable si los hay: sólo 4 de cada 10 alumnos terminan el colegio secundario. También agrega datos críticos sobre los resultados comparativos de las escuelas públicas y las privadas. Y Daniel Arias, de nuestro comité editorial, expresó su intención de responderle.
Consideramos adecuado publicar los textos de ambos:
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«De los 833.526 niños que comenzaron primer grado en 2006, sólo 345.170, es decir el 41 por ciento, finalizaron el colegio secundario doce años después, en 2017, según indica el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, en base a los datos del Anuario Estadístico Educativo 2018 elaborado por el Ministerio de Educación.
Sin embargo, estas cifras difieren de acuerdo con los sistemas de gestión. De hecho, las escuelas secundarias privadas graduaron al 69 por ciento de los alumnos que iniciaron su escolaridad primaria en 2006. En tanto, los colegios estatales sólo lo hicieron con el 33 por ciento.
Se trata de un verdadero llamado de atención. De cada 100 niños que ingresaron al primer grado estatal en 2006 apenas 33 terminaron el ciclo secundario en 2017. Mientras tanto, en el sistema privado esta proporción trepa al 69 por ciento, es decir más del doble.
El análisis también revela resultados distintos al dejar de mirar la media nacional para enfocarse en cada una de las provincias que integran nuestro extenso país. Por ejemplo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Tierra del Fuego culminó el ciclo secundario casi el 60 por ciento de los alumnos que ingresó a primer grado en 2006. Mientras tanto, en las provincias de Misiones, Formosa, San Juan y Santiago del Estero, lo hizo menos del 30 por ciento.
Estamos en presencia de una enorme desigualdad. Si prestamos atención a las cifras relativas a los diferentes sistemas de gestión, notamos que, en todas las jurisdicciones, las escuelas de gestión privada muestran una mayor relación entre graduados secundarios en 2017 e ingresantes al primer grado de la primaria en 2006, respecto de las escuelas de gestión estatal.
Esto nos habla de inequidad educativa y social. La deserción de nuestra escuela secundaria no sólo es muy elevada, sino también muy desigual. Nuestra graduación secundaria es muy escasa, además, cuando se la compara con otras naciones latinoamericanas.
Como hecho positivo, la matrícula total secundaria de 2018 es un 13,2% mayor que la del 2003. También lo es que la graduación secundaria en 2018 fuera superior a la del 2003. Pero es notoria la evolución disímil de la graduación estatal y de la privada, ya que esta última creció más del doble que la estatal: 22,7% versus 9,6%. Las evidencias indican que la escuela secundaria es muy desigual en su cobertura a lo largo de nuestro territorio. Pero también lo es la graduación secundaria correspondiente a escuelas estatales y privadas”.
Alieto Guadagni
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«1) Las hijos de familias carenciadas no van a primarios y secundarios privados.
2) Esos pibes largan el estudio para trabajar, o porque se les desarma la familia, o ambas cosas.
3) En casos de familias en transición de la pobreza a la indigencia, hay problemas alimentarios (falta de proteínas) que pone en inferioridad de condiciones neurológicas a esos cerebros en desarrollo.
4) A lo largo de un ciclo completo de escolaridad primaria y secundaria, es obvio que los chicos de familias no carenciadas, en las que papá no desaparece y mamá no plancha ropa en casas ajenas, y en la que los pibes comen proteína animal y no sólo almidón (arroz, fideos, polenta) son más exitosos para graduarse. Sería un milagro que no lo fueran.
La comparación en frío de las estadísticas finales, sin este mínimo de reflexión, podría llevar a la conclusión de que la escuela pública es de mala calidad, comparada con la privada, porque no logra retener sus alumnos. Quiero creer -no sé si lo logro- que no es ésa la intención de Guadagni.
Hay otro elemento del que no se habla mucho en los debates pedagógicos. Históricamente, hasta bien entrados los ’60, la educación privada en Argentina se nutría principalmente de colectividades que deseaban conservar su idioma y sus tradiciones y… de «repetidores», alumnos de familias que podían pagar los colegios privados con la intención que sus hijos terminaran «recibiéndose», aprendieran o no.
Desgraciadamente, esa enfermedad se ha extendido. Hace años que esto también pasa en las escuelas públicas, donde los maestros y profesores son severamente presionados para promocionar a descalificados o repitentes «para mejorar las estadísticas», o «para no ser expulsivos», según el menor o mayor grado de corrección política progre de los inspectores».
En el marco de las reuniones que la CEPBA realiza con los equipos técnicos de los candidatos, hoy -jueves 18- se reúne con el Lic. Augusto Costa, colaborador de Axel Kicillof. Se hará en las instalaciones de la C.G.E.R.A. en esta Capital, y la intención es analizar y proponer iniciativas para fortalecer a los sectores productivos bonaerenses.
Vale destacar que ayer, en el Parque Industrial La Cantábrica de Morón, participaron en el «Cabildo Abierto PYME» el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el candidato a intendente de esa localidad Lucas Ghi. Entre los organizadores estaban el Presidente de CGERA, Marcelo Fernández y el Presidente de CEPBA, Guillermo Siro.
El consenso general entre los publicistas es que la campaña electoral de Juntos por el Cambio se lleva adelante con mayor profesionalidad. Pero el Frente de Todos se muestra interesado en llegar con su mensaje a los protagonistas de la actividad económica.
Las marcas de jean Wrangler y Lee, después de casi 20 años en el país y haberse convertido en algún momento en icónicas para una generación de argentinos, sólo se van a poder comprar hasta fin de mes en la Argentina.
Los últimos 10 locales abiertos, que comercializan esas marcas, bajarán sus persianas el 31 de julio, después de la decisión de la compañía dueña de las marcas, VF Corporation, de abandonar el mercado local, así como lo hicieron en Brasil y en Chile.
En la decisión de VF, tallaron distintas razones. La compañía argumentó un cambio en la estructura del negocio: separó sus marcas en dos compañías independientes. mantuvo el negocio vinculado a las marcas de indumentaria y calzados (Vans & Timberland) y creó una nueva compañía denominada Kontoor para las marcas de jeanswear (Wrangler & Lee), que es la que abandonó el mercado.
Pero el motivo real es más concreto: producir el jean es más caro que en otros países. Y a esto se suma la importante caída de las ventas que primó en el mercado local.
«Producir en la Argentina es todo más costoso», asegura Alicia Hernández, gerenta general de la Cámara de la Indumentaria (CIAI), refiriéndose a los mayores costos de producción, de logística y de impuestos. «Es mucho más barato traer jeans de China o de Paraguay, que importa tela desde Turquia sin aranceles».
En el mercado doméstico, un jean que -para el mayorista- tiene un costo de fabricación de $ 650, luego es vendido a $9 00 al comerciante multimarca y éste ultimo lo termina vendiendo al público a $ 2000, explican en el sector.
Otra razón que pudo haber influído en la decisión de VF es que el jean es un producto ya «maduro» y tal vez por eso, su crecimiento sea más lento que el de otras prendas, explica Gustavo Martinez, gerente de Futuros SRL, la firma que produce en su planta de Malvinas Argentinas y comercializa la marca Taverniti. Además, el consumidor debió bajar un escalón en cuanto a estratos de marca, debido a la pérdida de poder adquisitivo», agregó.
Por otro lado, «si bien Wrangler y Lee fueron marcas aspiracionales en su momento, y estaban muy bien posicionadas, hoy quedaron relegadas detras de Levy’s, por ejemplo, que terceriza su fabricación.
Una situación similar -no idéntica- se produce con una «marca» muy distinta, Alpargatas, con 130 años de historia en Argentina.
Hoy es una firma de capitales brasileños, y ya se desprendió de sus cuatro fábricas textiles que mantenía en el país. La de Corrientes y la de Chaco la vendió a Marfra SA, una firma chaqueña. La de Florencio Varela, a Cladd, una compañía con plantas ubicadas en la provincia de La Rioja y en Morón, provincia de Buenos Aires. Finalmente, la de Catamarca fue adquirida por Fibran Sur, una pyme de Florencio Varela.
A la luz de estos hechos, vuelve una vieja pregunta ¿es viable la actividad textil o la industria del calzado en Argentina? Hace más de 30 años Roberto Lavagna, en ese entonces Secretario de Comercio del presidenta Alfonsín anticipaba a los empresarios del ramo textil que no creía que lo fuera. Nuestra opinión en AgendAR es que la reconversión que necesitaría esa industria depende de la inversión que los empresarios, y la sociedad en su conjunto, estén dispuestos a hacer.
La mano de obra argentina, para dar un ejemplo, es más cara que en Indonesia… pero mucho menos que en Italia. Lo que es mayor en el país europeo la inversión de capital, en maquinaria y en diseño, en cada unidad de producción.
