Según la UCA, la pobreza alcanza a 35% de los argentinos. Y la indigencia, al 7%

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El índice de pobreza que elabora la Universidad Católica Argentina -UCA- ha sido mal recibido por este gobierno y también por los anteriores. Es un espejo (borroso) en el que no les gusta mirarse. Por eso Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, se cubre “En base a los datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, estimamos que en el primer trimestre de este año la pobreza alcanzó no menos del 35% y la indigencia poco más del 7%”.

Así, sobre la base de una población urbana de 40,5 millones, hay 14.175.000 de pobres, de los cuales casi 3 millones son indigentes. Esas cifras marcan un incremento de al menos 3 puntos – 1.200.000 personas – con relación a la medición de pobreza que, según el iNDEC, fue del 32% en el segundo semestre de 2018.

Respecto del 27,3% del primer semestre de 2018, el aumento de la pobreza sería no menor a 7,7 puntos, equivalente a 3 millones de nuevos pobres.

Salvia dice que el primer trimestre de este año habría sido el momento más difícil y complicado porque los ingresos no tuvieron un ajuste nominal en relación a valores de 2018, la suba de los precios de las canastas básicas fueron superiores a la propia inflación, continuó la fuerte recesión y aumentaron tanto las changas como las ocupaciones informales, el subempleo y empleo no registrado.

Estos datos de pobreza e indigencia son los más elevados de la década. Los picos anteriores fueron en 2001/2002, y 2008/2009 con el impacto de la crisis internacional. Cuando se analiza por regiones, Salvia explica que el conurbano bonaerense –una zona de alta concentración de población, que depende de la industria, servicios y comercio — es la de mayor impacto. Es también donde aumentó el trabajo infantil, a la vez que creció la asistencia pública en los comedores públicos, en un contexto donde la obra pública ayudó a mitigar en forma muy parcial la carencia de empleo e ingresos.

Según el INDEC, en el conurbano bonaerense la pobreza en el segundo semestre de 2008 fue del 35,9%, sumando 4.356.189 pobres. Y la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 12,3%, por encima del 10,1% del promedio nacional, con fuerte predominio juvenil: entre los varones jóvenes del 21,4% y mujeres jóvenes del 27,4%.

En base a los estudios del Observatorio de la UCA Salvia agregó: la incidencia de la pobreza por ingresos resulta más elevada entre los hogares que presentan privación en alimentación y salud, vivienda y trabajo.

A partir de 2016 tendió a incrementarse la correlación entre pobreza por ingresos y la dimensión empleo y seguridad social. Esto implicaría que si bien las condiciones desfavorables llevaron al incremento de la pobreza tanto para los que presentan déficit en esas dimensiones como para los que no, el impacto fue mucho más fuerte para los primeros que para los últimos. También el incremento de la pobreza afectó en mayor medida a los que presentan déficit en vivienda. La correlación también se incrementa entre pobreza y servicios, probablemente porque las mejoras hayan sido mayores para hogares que no se encontraron en situación de pobreza por ingresos.

El incremento de la pobreza estructural desde 2016 fue notoria particularmente en el Conurbano Bonaerense. En 2018 la pobreza estructural afectaba al 23% de los hogares y a 1 de cada 4 personas de esta región.

«Necesitamos poder despedir sin causa en industrias y comercios»

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Como ya fue señalado por muchas personas -incluso por empresarios- un empleador puede despedir sin causa, desde siempre. Sólo, está obligado a pagar una indemnización de acuerdo a la antigüedad de ese trabajador en su puesto.

Lo que el Sr. Crivelli, y otros, pretenden es despedir sin pagar nada. En eso se muestra como típico de una patronal parasitaria, que no aporta innovación y no acepta riesgos. Que no tiene problema en convivir con la corrupción, pero está dispuesto a «arrepentirse» si un juez o un fiscal le insinúan que así se libra de las consecuencias.

La economía capitalista no es una actividad «sin fines de lucro». Es inevitable que el empresario quiera aumentar sus ganancias; si no, no es empresario. Pero aquí se muestra ceguera con el interés propio. Un empresario que exporta al mercado global, puede despreocuparse de sus trabajadores: no son sus clientes, o lo son en una parte ínfima. Pero la construcción necesita de un mercado interno próspero. La Argentina no será una gran Punta del Este, donde vendrán extranjeros a comprar sus departamentos para las vacaciones.

APCNEAN DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA LA DESTRUCCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE AGUA PESADA

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AgendAR ha informado sobre este tema a lo largo de un año. Ahora, los científicos y técnicos de la actividad nuclear en Argentina -porque su tarea, su vocación, está en juego- sienten que se ha llegado a un límite.

«La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Actividad Nuclear (APCNEAN) y ATE CNEA ya se han pronunciado en varias oportunidades sobre este tema pero no pueden callar una vez más frente a la destrucción que se está llevando a cabo en este mismo momento.

La Planta Industrial de Agua Pesada (la PIAP) de Arroyito, Neuquén, una de las inversiones más grandes en la historia de la tecnología de nuestro país, del orden de los mil millones de dólares de los fines de los 80 y principios de los 90, es la planta de producción de agua pesada más grande del mundo, con posibilidades de exportación concretadas en el pasado y hoy insuficientemente exploradas.

Durante el tiempo que este gobierno sostuvo la misma política que el anterior en relación a la construcción de la cuarta central CANDU (que utiliza la tecnología de agua pesada y uranio natural para la cual tenemos todo lo necesario en nuestro país después de décadas de grandes inversiones públicas y privadas) se invirtieron unos 800 millones de pesos para poner la PIAP en condiciones para la producción requerida por esa central, como elemento esencial y constitutivo. ¿Quién se hace cargo de estas acciones irresponsables y de este despilfarro? ¿El Sr. Subsecretario de Energía Nuclear, que se ufana tanto de sus ahorros y de sus eficiencias, se hará cargo?

La pérdida de la PIAP nos cerrará para siempre el camino para continuar con la exitosa línea tecnológica que la Argentina tan dedicada y cuidadosamente construyó. No dudamos en calificar esta acción como de lesa patria.

El agua pesada también, y en primer lugar, es necesaria para reponer la que se consume en nuestras tres centrales. El stock actualmente disponible está muy lejos de cubrir las necesidades del país para toda la vida útil de las mismas (según nuestros datos hay para no más de dos o tres años!), con lo cual nos veremos en la situación de tener que importar, gastando divisas que no tenemos y pagar el precio que se le ocurra a los muy pocos proveedores que quedan. Además es necesaria para proveer a los reactores de investigación y producción de radioisótopos que el país exporta. Y esto sin mencionar la gran variedad de usos médicos e industriales menores pero muy relevantes.

Como elemento adicional vale la pena mencionar que el deuterio (el hidrógeno pesado que es el elemento determinante del agua pesada) que la PIAP extrae del agua natural podría convertirse en uno de los combustibles más importantes para el futuro de la humanidad. Este elemento es el que se “quemará” en los reactores de fusión termonuclear del futuro. Este es el segundo método para obtener energía nuclear, después de la fisión del uranio, solo que prácticamente no genera residuos radiactivos y es inagotable.

Hoy en día se está llevando a cabo el experimento más grande de la historia de la fusión termonuclear controlada a través de una cooperación internacional llamada ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). La Argentina podría participar aportando deuterio y tecnología (algo que ya está intentando a través de empresas del sector nuclear).

Hace algunas semanas representantes de APCNEAN y ATE mantuvimos una de tantas reuniones con el subsecretario de energía nuclear. Ante nuestra denuncia y reclamo nos aseguró que el gobierno preservaría la PIAP. La realidad, triste y dramáticamente, lo está desmintiendo. Una más de tantas promesas incumplidas.

De una planta de más de 400 trabajadores solo quedan hoy en día bastante menos de 300 y sigue diezmándose la plantilla de personal con un programa de retiro concertado. A través de este perverso mecanismo, utilizado en el pasado por todos los gobiernos neoliberales, se está desvinculando a los trabajadores más calificados sin los cuales no es posible preservar la PIAP en condiciones mínimamente aceptables. Esto habla, de una manera indubitable, de las verdaderas intenciones del gobierno.

Como ya ha ocurrido en otras aciagas circunstancias de nuestra vida como país se destruye capital intelectual malgastando recursos que debe pagar todo el pueblo argentino. Este estrago incalificable solo puede ser comprendido en el marco de elementos espúreos de presión sobre nuestro país consentido por las actuales autoridades. La decisión de terminar con esta línea tecnológica fue tomada inmediatamente después de firmar el acuerdo con el FMI. La conclusión es inevitable: en esta oportunidad se está consumando algo que fue intentado muchas veces en el pasado. Cerrarle a nuestro país la posibilidad de ser autosuficiente en materia de energía nuclear. Parecería que sólo las grandes potencias y algunos de sus fieles aliados tienen el derecho a esto.

La recomposición de los planteles de trabajadores altamente calificados será una tarea muy difícil y ardua. Y la reconstrucción de la PIAP una tarea costosa. Pero seguramente habrá gente talentosa y patriota dispuesta a participar de esta tarea.

La APCNEAN y ATE CNEA están empeñadas en lograr que este despropósito se revierta en el menor plazo posible por parte de un nuevo gobierno que retome la senda del desarrollo nuclear autónomo».

Secretariado Nacional APCNEAN

ATE CNEA Buenos Aires

La otra «pulseada» de Trump: con India

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Hace un mes, AgendAR informaba Se extiende la «guerra comercial». India impone aranceles a productos de EE.UU. El asunto no se quedó ahí, por supuesto. Compartimos este informado artículo de Héctor Rubini, del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. Conocer las reglas de juego en estas «pulseadas» puede ser útil a un futuro gobierno argentino que se decida a proteger su industria, como Donald Trump lo hace con la suya (pero no le entusiasma que lo hagan otros).

«Una vez más, el presidente Donald Trump utilizó Twitter para anunciar el próximo capítulo de las prácticas proteccionistas de su administración. Este martes 9 “avisó” que los nuevos aranceles del Gobierno de India sobre 28 productos importados desde EE.UU. no son “aceptables”.

Si bien significa apenas un aumento en los ingresos aduaneros indios de poco más de U$S 215 millones, es una represalia frente a la eliminación de preferencias arancelarias para exportaciones de India a EE.UU. por U$S 6.300 millones desde el pasado 5 de junio. Previamente, en el mes de marzo la administración Trump aplicó aranceles de 25% al acero de origen indio y 10% a las importaciones de aluminio de la India. Pero el Gobierno de Narendra Modi había decidido en febrero aplicar un arancel de 50% a la importación de motocicletas estadounidenses.

El Gobierno de EE.UU. se apresta ahora a iniciar una ronda de negociaciones bilaterales por varios motivos: a) como bien lo señalan los funcionarios de Trump, es cierto que India tiene un largo recorrido y experiencia con la aplicación de altos aranceles y en su opinión deberían bajarlos si no quieren que Washington opte por nuevas medidas proteccionistas, b) el comercio bilateral de bienes y servicios arrojó en 2018 un déficit de U$S 24.200 millones para Estados Unidos, explicado en su mayor parte por el déficit en el comercio bilateral de bienes que en 2018 fue de U$S 21.300 millones, c) la decisión de India ha sido leída como una burla por la Casa Blanca, ya que a fines de esta semana está llegando a Nueva Delhi una misión del Gobierno de EE.UU. para discutir los aranceles aplicados por ambos gobiernos y la eliminación de las citadas preferencias arancelarias para la India.

Las perspectivas sobre esta ronda negociadora son en extremo inciertas. El “America First” del presidente Trump es no negociable frente a ningún país. Pero India no es cualquier mercado, y no es de dejarse llevar por delante.

De hecho, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), ambos países están embarcados en varias disputas. India ha iniciado 11 casos contra los Estados Unidos, y el gobierno estadounidense 8 contra la India. El pasado 27 de junio un panel de la OMC emitió una resolución a favor de un reclamo de la India contra exigencias de contenido nacional y subsidios para la industria de energía solar de 8 gobiernos estaduales de EE.UU.: California, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana y Washington. Según la OMC dichas exigencias eran discriminatorias y violatorias de las normas del GATT. Si bien las medidas en cuestión son transitorias y en poco tiempo quedarán sin efecto, es un antecedente del clima poco amigable que se percibe entre ambos gobiernos, si bien los presidentes Modi y Trump se reunieron durante el reciente encuentro del G-20 en Osaka.

La disputa sobre los aranceles de este año no va a ser fácil de resolver, si bien podría esperarse cierta tregua como la ensayada por Trump con China en las últimas dos reuniones del G-20, en Japón y en Argentina. Según Washington, los aranceles que viene aplicando la India desde junio del año pasado son discriminatorios, por tanto inconsistentes con el GATT, y otorgan a las importaciones de origen estadounidense un tratamiento menos favorable que a las de otros países en el sistema indio de concesiones arancelarias. El argumento del gobierno de la India es que son aranceles aplicados en el marco del Acuerdo de Salvaguardas de la OMC, pero los funcionarios de Washington sostienen que han sido decisiones en el marco de la sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, y no salvaguardas.

Si las negociaciones fracasan, es probable que en pocas semanas el Gobierno de EE.UU. solicite a la OMC constituir un panel para que se expida en la cuestión. Algo que no marcará el fin de la escalada de medidas proteccionistas, represalias y contrarrepresalias bilaterales que recién parece estar en sus inicios. Por otra parte, el futuro de una nueva disputa en el marco de la OMC, como el de los paneles ya iniciados, está ingresando en un terreno incierto sobre el cual hasta ahora el G-20 no ha definido nada. El Órgano de Apelaciones para resolver diferencias debería estar integrado por siete miembros, pero al cese del mandato de varios de ellos en los últimos años no se han designado reemplazantes. Actualmente tiene tres miembros. En el caso de dos de ellos, Ujal Singh Bhatia, de la India, y Thomas Graham, de EE.UU., su mandato también vence en diciembre de 2019 mientras que el del tercero, el chino Hong Zhao, termina en noviembre de 2020.

El problema práctico que se avecina no es trivial: si no se nombran nuevos miembros, con una sola persona a cargo dicho órgano no puede funcionar. Escenario más que favorable para que Washington generalice la aplicación de restricciones comerciales a varios otros países aparte de China, India, la Unión Europea y otros. Esto puede permitirle a Trump lograr la reelección, pero a costa de una reducción futura del volumen del comercio y del crecimiento económico mundial.

Un riesgo que no debe minimizarse, y que seguirá provocando réplicas en otros gobiernos que tarde o temprano van a poner en riesgo no sólo la utilidad práctica de los órganos de la OMC para resolver disputas comerciales, sino la estabilidad macroeconómica de la mayoría de los países del mundo, especialmente la de los menos desarrollados. En ese sentido, habrá que prestar atención al conflicto entre EE.UU. y la India. Probablemente sea este, y no la guerra comercial con China, el que defina los futuros pasos del proteccionismo agresivo de Trump y de las inevitables réplicas del resto del mundo».

Moody´s no cree en los «veranitos»

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Hay una contradicción aparente. El precio del dólar se está manteniendo estable, con cierta tendencia a la baja, por dos meses. Los capitales especulativos -el «carry trade»- están entrando ahora mismo a Argentina en un nivel -se ha estimado- de 2.000 millones de dólares. (Lo segundo es una de las causas de lo primero). Y una de las calificadoras de riesgo más conocidas -Moody´s- cambia la calificación crediticia de Argentina de «estable» a «negativa«. Igual, los bonos del Estado argentino siguen siendo B2.

Los motivos para esta decisión de Moody´s son, según informa, «la mayor incertidumbre respecto de la implementación continua de políticas que, al abordar los desequilibrios fundamentales de Argentina, restablecen el acceso confiable a los mercados internacionales de capital y contienen el riesgo de mayores daños en los choques cambiarios«.

Dujovne, Sandleris, … Macri, tienen ahora una preocupación más. Que estas dudas de Moody´s no contagien a esos capitales especulativos que han estado llegando y que precipiten esos «choques cambiarios» que prevé la calificadora. Por supuesto, la preocupación termina siendo no sólo de ellos, sino de todos nosotros, los argentinos.

Reklus: el fabricante de autos clásicos que cambió la vida de Todd, un pueblo bonaerense

Manejan herramientas, toman mediciones, colocan piezas, pulen carrocerías y ensayan resultados. Son diez artesanos alrededor de un BMW 507 Roadster, en pleno proceso de construcción. Ninguno de ellos supera los 25 años y trabajan sobre la réplica de un auto cuyo diseño original se remonta a 1956, incluso antes de que nacieran sus propios padres.

Estamos en Todd, un pueblito de 750 habitantes, a 170 kilómetros del Obelisco. Ahí se instaló hace cuatro años Reklus, el fabricante de autos artesanales que decidió alejarse de la gran ciudad, para crecer en tamaño y cambiarle la vida a esta pequeña localidad del partido de Arrecifes.

En Arrecifes -la famosa “Cuna de Campeones” que vio surgir a los Froilán González, Di Palma y Canapino– hay muchos equipos y talleres de autos de competición, pero Reklus participa en una carrera muy diferente: ganar el mercado internacional de recreaciones de autos clásicos.

Se trata de una especialidad con muchos nombres consagrados en la Argentina, donde se destaca Pur Sang: la firma de Leónidas Anadón, que exporta desde Paraná (Entre Ríos) a todo el mundo diversas réplicas artesanales de Bugatti y Alfa Romeo, con valores promedio de 250 mil dólares la unidad.

Reklus fue fundada en 2005 con el mismo objetivo. Su creador, Gustavo “Pini” Mancardo, se radicó originalmente en un taller de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, pero en 2015 decidió instalarse en Todd para poder expandirse. “Y, de paso, alejarme de la locura de la ciudad”, contó Mancardo.

El equipo de Mancardo está compuesto por diez jóvenes artesanos nacidos en los alrededores de Todd, aunque tampoco falta el entrañable inmigrante venezolano, de alegre tonada caribeña. También le da trabajo a tapiceros, carpinteros y otros oficios de la zona. Las carrocerías se fabrican en aluminio y se instalan sobre chasis tubulares.

La especialidad de Reklus son las recreaciones de autos sport europeos de los años ’50 y 60, como BMW 507 Roadster, Maserati 300S y Alfa Romeo ATL. Se trabaja a un ritmo de ocho autos al año. Cada encargo –vendido por adelantado- demanda hasta 3.000 horas/hombre.

En Todd se fabrica el chasis, la carrocería y los interiores. Se instala la mecánica y la transmisión. Cuando el vehículo está completo, se lo prueba en el Autódromo de Arrecifes y parte rumbo al país de su dueño, que puede estar en Europa, Estados Unidos o Asia.

Pini Mancardo cuenta que muy pocos autos de Reklus quedan en el país. Son vehículos que se usan para manejar en circuitos y es difícil patentarlos. “La nueva Ley de Autos Artesanales no sirve en nuestro caso, porque está pensada para autos fabricadas en pequeñas series. En el caso de Reklus, cada auto que fabricamos es único y con especificaciones a pedido del cliente”, explicó Mancardo.

Por eso, su principal destino es la exportación. La fuente de trabajo automotriz que nunca había imaginado el pueblo de Todd.

César Lerena denuncia «Un instituto oficial colabora con los ingleses en Malvinas»

El Dr. César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado, experto en Atlántico Sur y Pesca, y actualmente asesor en el Senado de la Nación, ha publicado otras veces en AgendAR -por ejemplo, aquí y aquí– sobre temas de su especialidad. Ahora nos ha hecho llegar una grave denuncia, que debe ser esclarecida.

«Me he ocupado durante décadas de defender la tarea de la investigación pesquera y, con ello, a los científicos y técnicos del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; ahora, una cosa es hacer investigación independiente y otra, tener un Instituto intervenido que responde a las consignas insustentables del Ejecutivo y colaborar con el invasor británico en Malvinas.

Seré preciso para evitar malos entendidos: colaborar con el invasor, es acordar con éste la investigación conjunta de los recursos pesqueros argentinos en el Atlántico Sur, fuera y dentro de la arbitraria y prepotente Zona de Exclusión Británica, aportándole al Reino Unido el buque de investigación argentino Victor Angelescu y los científicos del INIDEP, formados y perfeccionados por el Estado Nacional, acercándole a estos ocupas, toda la información pesquera necesaria para que los ingleses sigan sosteniéndose en Malvinas, ratificando, lo que el Director británico de Recursos Pesqueros John Barton manifestaba el 14 de marzo de 2012: «Sin las Licencias de Pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas» y, ello es así, porque el 75% de los recursos económicos de las Islas provienen de la pesca.

Nada más evidente que los hechos: ni durante, ni una vez concluida esta «investigación conjunta» los buques pesqueros argentinos podrán ingresar a la zona de exclusión impuesta por los ingleses y, por el contrario, lo harán los cientos de buques extranjeros que pescan con licencia ilegal británica.

El INIDEP no puede prestar información a los administradores ilegales de Malvinas y a través de éstos a los buques extranjeros que depredan nuestros recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva o fuera de ella, sobre las especies migratorias o asociadas, extrayendo más de un millón de toneladas anuales que provocan un desequilibrio biológico en el Atlántico Sur y  compiten con productos de origen argentino en los mercados internacionales con las empresas radicadas en el continente argentino.

Y, aún más, no puede prestarse información al enemigo porque lo prohíbe la Constitución Nacional, la Ley de Defensa Nacional y, desde lo específico, la ley 24.922. Puede resultar un poco duro utilizar la palabra enemigo para referirse al invasor británico, pero, parece la más adecuada para definir a «alguien que resulta contrario o antagónico a uno mismo o a lo propio» y porque «la enemistad surge por un desacuerdo extremo e intolerante entre ambos países» que ya lleva 186 años y, que en la confrontación de 1982 por recuperar el territorio nacional murieron 629 argentinos y quedaron más de mil heridos.

Y, aunque la voluntad general sea caminar hacia una amistad entre los pueblos, las condiciones para hacerlo deben ser de equilibrio entre las partes y no la cesión total e incondicional por parte de Argentina, mientras Gran Bretaña se niega sistemáticamente a negociar la soberanía de Malvinas, a pesar de que las Naciones Unidas y toda la comunidad internacional se lo reclame.

El Art. 119º de la Constitución Nacional precisa: «La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro…».

Por otra parte, la Ley de Defensa Nacional establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional, y tiene la finalidad de «garantizar de modo permanente, la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación…» y esa defensa abarca, no solo los espacios continentales, sino las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos, así como el Sector Antártico Argentino y, ello constituye un derecho y un deber para todos los argentinos (Ley 23.554 art. 2º, 5º y 6º y Ley 15.385).

Finalmente, la Ley 24.922 solo habilita al INIDEP a cooperar con organismos nacionales y provinciales (Art. 11º) y, por lo tanto, no está autorizada a hacerlo a terceros países y mucho menos suministrarle información que, en todos los casos, debe ser evaluada previamente por el gobierno nacional (Art. 13º).

Al mismo tiempo el Reino Unido está impidiendo al INIDEP establecer el Rendimiento Máximo Sostenible Anual (Art. 12º) de todo el Atlántico Sur, porque no tiene acceso directo y cierto de las capturas extranjeras y no puede relevar todo el territorio marítimo nacional y, por lo tanto, los invasores británicos incumplen con los art. 17º a 27º de la citada ley, depredando el recurso y provocando «excesos en la explotación y efectos dañosos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico».

Y en lugar de proteger los derechos preferentes de la Nación en la condición de Estado Ribereño (Art. 22º) el INIDEP realiza tareas conjuntas con el Reino Unido para conocer los recursos naturales argentinos del área de influencia de Malvinas, colocando en un plano de igualdad a Gran Bretaña, como si se tratara de otro Estado Ribereño, sin una disputa territorial, quebrantando todas las Res. de las N.U. relativas a la explotación de los recursos naturales de los países ocupados.

El Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO precisa: «Los Estados deberían adoptar las medidas de conservación, ordenación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Éstas, deberían basarse en los datos científicos y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad de los recursos, promoviendo una utilización óptima y su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras». Ello no es posible, mientras los ocupantes británicos exploten ilegalmente los recursos, a través de licencias pesqueras, consolidando esta actividad construyendo puertos con la colaboración de empresas españolas, otorgando licencias y, constituyendo, incluso, sociedades con empresas pesqueras de esta nacionalidad.

En este estado, la Argentina no puede prestar cooperación alguna, porque no solo está poniendo en juego los derechos territoriales y las toneladas que capturan ilegalmente los buques extranjeros habitados por Gran Bretaña, sino que a la luz del reciente Acuerdo de la Unión Europea-MERCOUR estaría aceptando que esas capturas sean tratados como originarias de los Buques de Bandera (los que no son de los Estados Ribereños), según las Reglas de Origen Sección A del citado Acuerdo.

En el momento, que, con motivo del Brexit, Gran Bretaña y con ello Malvinas, como territorio de Ultramar de la U.E., perderán los beneficios arancelarios de pertenecer a la Unión Europea y el MERCOSUR firma un Acuerdo al respecto, el gobierno argentino, colabora con invasores de Malvinas a mantener su economía y comercio.

Desde la creación del INIDEP pocos directores reunieron los requisitos de la ley. Muchos fueron delegados del Subsecretario, en otros casos éste asumió la función y, en ocasiones, se intervino. La presente es una de ellas; pero, los investigadores del INIDEP siempre estuvieron indicándole a los Subsecretarios de turno los límites de la sobreexplotación. Así ocurrió con los Acuerdos Marco con la URSS-Bulgaria, con el de la Unión Europea, con el charteo de calamar o con el festival de permisos de merluza de entonces o del langostino de hoy. Nunca ocurrió que se pusiese el INIDEP al servicio extranjero y mucho menos de quienes ocupan en forma prepotente 1,6 millones de km2 de nuestro territorio marítimo e insular y otorgan licencias pesqueras por 25 años.

Raramente, el Interventor, que pone el INIDEP al servicio de los británicos, es un Almirante retirado de la Armada, que parece conocer muy poco de soberanía nacional y mucho menos de pesca, a juzgar por el rol que cumple a pie juntillas. Su intervención en el Senado de la Nación, el pasado 18 de junio de 2019 es una prueba de ello:

Marcelo Lobbosco, de él se trata, subrayó en esa reunión que el INIDEP «abarca la totalidad de la problemática del Mar Argentino, por ende, tratamos cuestiones que son también comunes a otros países», dejando poco claro a qué otros países se refería, porque, en el Mar Argentino, hay una sola Zona Común, que es la acordada por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 1973 con la República Oriental del Uruguay, no habiendo cuestiones comunes en el Canal del Beagle ni en el llamado “Mar de la Zona Austral”, derivadas del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile, firmado en 1984. No creemos que Lobbosco, incluya dentro de esos países al Reino Unido, aunque es verdaderamente temerario en su informe cuando dice: «hicimos prospecciones -o tenemos previsto hacerlas- dentro de la Zona Económica Exclusiva o, mejor, autotitulada “exclusiva” por los ingleses» al referirse al Mar Argentino que rodea a las Malvinas.

No es, ni una “Zona Económica Inglesa” ni una “Zona Exclusiva Inglesa”. Este Interventor le da legitimidad a la Proclama Nº 4 de 1986 del Gobernador Inglés ilegítimo en Malvinas, que estableció una Zona de Exclusión Pesquera denominada «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías (FICZ)», un arbitraria área de exclusión que, luego se ampliaría, a los límites establecidos por la CONVEMAR y, en la que -como hemos dicho- está prohibida al ingreso de los buques pesqueros argentinos, pero, que el responsable del INIDEP insiste en prestarle servicios a los ingleses, a través de este «Acuerdo de Conservación Conjunta argentino-británica de los recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur» firmado el 28 de noviembre de 1990, destinado a evaluar la situación de los recursos pesqueros desde la altura de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del Golfo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich del sur (Latitud 60ºS), es decir, no solo en la FICZ, sino frente a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida, consolidando la ocupación británica en Malvinas y el Atlántico Sur y Océano Austral.

Llama la atención que, teniendo a su cargo la totalidad de la problemática marítima no haya sido convocado el INIDEP a la hora de licitar las áreas de exploración de hidrocarburos offshore, para el impacto sísmico y físico sobre las áreas sensibles de los recursos, a pesar de que «es necesario una prospección antes, durante y después» y, como bien refieren los investigadores del INIDEP si bien «existe innumerable bibliografía, no es aplicable directamente a nuestros recursos». Aunque el Sr. Lobbosco, entienda, vaya a saber con que conocimiento académico, que estas acciones «afectan de forma diferente según la especie” (sic) (¿?).

También que la Intervención no haya elaborado un informe relativo al daño ecológico que producen las capturas ilegales en el mar argentino por parte de buques extranjeros y, sugerido al Poder Ejecutivo Nacional, las medidas técnicas necesarias para erradicar estas extracciones ilegales de buques españoles, chinos, coreanos etc. con o sin licencia británica. Tal es el desorden, que, en el caso de los cuatro stocks de calamar, del mar argentino, el más importante el del Sur, que los investigadores del INIDEP sostienen que «es el que se comparte con Malvinas (con los británicos en la ZEE Argentina) y, para manejarlo, se necesitan saber todas las capturas. No puede haber un manejo exitoso si desconocemos cuánto se pesca; mucho más cuando afuera se está pescando más que adentro. Si acá hay 70 barcos, afuera hay 300, entonces, todo está muy desbalanceado».
Por otra parte, cuando varios asesores, en esa misma reunión, le preguntaron al Interventor, cuál proyecto de renovación de la flota le parecía más adecuado, en atención a que alguno preveía otorgar cuotas de pesca como incentivo, respondió, que «esos temas, al igual que la sobreexplotación de los recursos no le atañen al INIDEP sino a la subsecretaría», desconociendo, que el Rendimiento Máximo Sostenible de las Capturas le corresponde al Instituto a su cargo, al igual que la determinación anual de especies excedentarias y otras cuestiones relativas a la disposición de los recursos; por cierto, opiniones que fueron contradichas por la Directora Nacional de Investigaciones del INIDEP, que al respecto dijo: «Nosotros elevamos todas las recomendaciones a la autoridad de aplicación y, esta es la que concede las cuotas a la flota, es decir que esta está limitada por la cifra que el INIDEP recomienda. Nosotros somos los responsables de decir: se puede pescar esto».

Al tiempo que dejaba claro el propio Lobbosco, que menos del 20% de los buques pesqueros llevan observadores y aceptaba en silencio que «estamos frente a una reducción de personal; un día de barco sale diez mil dólares, con lo cual, imagínense (los asesores de los Senadores) que a veces no se cuenta con los recursos como para hacer las campañas de todos los recursos y de todos los datos que se necesitarían».

Pero lo alucinante estaba por llegar, el Asesor del Senado disparó la pregunta clave (a modo de anzuelo) sobre el calamar Illex argentinus, el que da sustento a los británicos en Malvinas:
 
“…(transcripción oficial del Senado)
 
-ASESOR: ¿Para el manejo adecuado del calamar estiman necesario un 40% de escape de las capturas para asegurar que la próxima generación de también se exitosa, no es así?
-INVESTIGADOR: SI.
-ASESOR: Pero hablaste también de 300 buques que están pescando afuera, de otra nacionalidad, ¿ese 40% por ciento se escapa también?
-INVESTIGADOR: NO, el 40% de nosotros. Nosotros indicamos: «corresponde cerrar la pesquería porque detectamos que ya estamos en el 40 por ciento de escape. ¿Quién cierra la pesquería? La Argentina»
-LOBBOSCO: Claro.
-INVESTIGADOR: Afuera los 300 siguen pescando. Esta es una pesquería totalmente desregulada. Nada de lo que podamos hacer nosotros acá… Y para el recurso es totalmente negativo, por supuesto.
-LOBBOSCO: Siguen pescando…                                                 …”
 
Un aire de asombro y desolación envolvió a los presentes.             
 
En esta situación, el Sr. Interventor del INIDEP Almirante Marcelo Lobbosco sigue colaborando para que los británicos puedan asegurarse la llegada del Calamar a Malvinas y el sostenimiento de los usurpadores ingleses».

Dr. César Augusto Lerena

Hacienda ya vendió u$s 3.420 millones, un tercio de los dólares autorizados por el FMI

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Algo que conviene aclarar: como es el Banco Central el que concreta la operación (aunque los dólares son del Tesoro), cierta confusión surgió desde que el 29 de abril el FMI autorizó a la autoridad monetaria a intervenir en el mercado de cambios, aún cuando el dólar estuviera por debajo del techo de la desdibujada zona de no intervención.

Desde esa fecha y hasta ahora la autoridad monetaria no vendió ni compró en el mercado de contado, algo que notaron en la plaza pero que además fue confirmado por fuentes del Banco Central. Lo hizo en el de futuros, con los márgenes previstos en el acuerdo con el Fondo. El acuerdo vigente permite al BCRA tener una posición vendida de u$s 1600 millones en julio, de u$s 1300 millones en agosto y de u$s 1000 millones en septiembre. De hecho, uno de los puntos que estuvieron pidiendo algunos funcionarios es la posibilidad de mayor intervención, para tener más respaldo ante una posible corrida cambiaria, con la mayor presión en el dólar a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. Esto último ya fue comentado en AgendAR.

Recordemos que el 15 de abril el dólar estaba a unos $ 42,60 y, una semana más tarde, llegó a los $ 47. Fue en ese momento en el que FMI accedió a modificar la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios, un giro inesperado un tiempo antes.

En abril se volcaron unos u$s 600 millones; en mayo, u$s 1320 millones; en junio, u$s 1080 millones y, en lo que va de julio, u$s 420 millones. Y se continuará por esta vía hasta llegar en unos meses a los u$s 9600 millones.

La demanda de energía eléctrica y gas sigue cayendo

La utilización de servicios públicos -energía eléctrica, gas y agua, en particular- tuvo su peor caída anual y lleva 12 meses en rojo. A pesar de números positivos en algunas actividades, la economía todavía está en recesión.

El Indicador Sintético de Servicios Públicos que difundió ayer el INDEC indicó una caída de 5,8% en abril último en la medición interanual, la contracción más alta del año. Así, acumula doce meses de caída continua. También tuvo una baja del 0,7% en abril en comparación con marzo, en la serie desestacionalizada.

De acuerdo a los datos oficiales, la demanda de energía eléctrica, gas y agua fue una de las más golpeadas, ya que registró una caída del 9,5%, síntoma de que la recesión industrial aún persiste.

La recolección de residuos tuvo una contracción de 12,3% y fue la más afectada, un indicador de la retracción del consumo. Por su parte, el transporte de pasajeros registró una caída interanual de 4,7% y una suba de 6,8% para el transporte de carga; los vehículos pasantes pagos por peajes se contrajeron 11,4%; el servicio de correo postal tuvo una caída de 7,4%; el sector de telefonía registró un descenso de 3,4%.

El uso de servicios públicos no mostró números positivos en abril tampoco en la medición mensual desestacionalizada, a diferencia de otros indicadores sectoriales. Respecto de marzo, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una caída de 0,7%; en la recolección de residuos hubo una reducción de 1,6%; el sector transporte registró una contracción de 3,9% en el transporte de pasajeros y una suba de 2,8% en el transporte de carga; los pagos por peajes consignaron una variación negativa de 0,6%; el servicio de correos tuvo una suba de 0,8%; finalmente, elservicio de telefonía registró una variación positiva de 0,1%.

«En el Centro Científico Tecnológico CONICET de Santa Fe estamos administrando miseria»

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En el Centro Científico Tecnológico CONICET de Santa Fe funcionan el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), uno de los dieciocho que forman parte del CCT Santa Fe. Ulises Sedran es doctor en Ingeniería Química e investigador superior del CONICET. Es director del CCT y también del INCAPE. De él reproducimos este reportaje:

Como a muchos otros institutos del CONICET, el año pasado el INCAPE solo recibió el 40% del presupuesto para gastos de funcionamiento. Hace poco hubo anuncios por parte del Gobierno para paliar la situación. ¿Tuvieron noticias sobre esa decisión?

No, el monto que recibimos el año pasado, que era un 40% de lo recibido en 2017, quedó así. Por otro lado, el CONICET había pedido en 2018 un “presupuesto de base cero”. A cada uno de sus institutos les pidió un presupuesto donde se explique cuánto necesita para poder funcionar. En nuestra zona, todos los institutos se tomaron muy en serio el trabajo y produjeron un presupuesto de base cero, por lo que para este 2019 esperábamos que nos respondieran en base a eso. Y si bien han mejorado la asignación, no es la que elaboramos. Al menos, ya se han entregado las dos cuotas correspondientes a este año, que equivale al 40% del presupuesto total. Esto marca una diferencia con respecto al año pasado pero estamos lejos de estar funcionando como debemos.

¿En qué aspectos los ha afectado más la falta de recursos?

En todas las áreas de nuestra actividad. Aparte del problema con los gastos de funcionamiento, cada grupo de investigación tiene que concursar sus subsidios, muchos de los cuales fueron interrumpidos. Por un lado, está el programa del CONICET, llamado PIP (Programa de Investigación Plurianual), que en algunos casos llevan tres años sin entregar un solo peso. Y por otro, la fuerza de financiación más grande es la de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT, de la Secretaría de Ciencia), con sus PICT. Ahí el panorama es muy variado. Por ejemplo, los de 2016 han recibido algo, a valores de ese año. Los de 2017 todavía no recibieron nada. Y los de 2018 creo que lo iban a recibir ahora. A esto se suma el problema de la reducción en becarios, investigadores y personal de administración y servicios. También la falta de presupuesto para equipamiento, ya que la mayoría son equipos importados y muchos son adquiridos con programas compartidos: la Secretaría pone una parte y exige una contraparte del CONICET. Hace unos años, el CONICET canceló todas las contrapartes, con lo cual se cayeron los contratos.

¿Les ha pasado de no poder pagar servicios básicos?

Con respecto a eso, el panorama es distinto según el lugar. Incluso, dentro de nuestro CCT, tenemos situaciones distintas. De los 18 institutos, 16 tienen una suerte de presupuesto centralizado para sus gastos de energía y agua. Pero no es el caso de todos. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Diamante, hay un instituto de nuestro CCT que tiene que arreglárselas solo. En ese caso, el CCT tuvo que salir en auxilio porque no podía pagar la luz.

¿Tienen investigadores y becarios que se hayan ido por no poder ingresar a carrera o porque el salario no les alcanza?

Quienes más sufren esta situación, en general, son los jóvenes, que naturalmente buscan nuevas perspectivas. En cuanto a investigadores que se hayan ido afuera, no me consta que tengamos. En el período 2000-2003 sí era notable la cantidad de investigadores que se iban. Pero cada vez se reducen más las posibilidades. En la nueva convocatoria, otra vez hay 450 vacantes, de las cuales solo 300 van al CONICET. Con los becarios la situación es más crítica: terminan el doctorado y ni siquiera tienen la oportunidad de entrar al sistema. Además, los salarios en general son reducidos, no pueden competir con la industria. La cuestión vocacional es muy fuerte pero de ningún modo eso justifica que tengan que pasar por la situación que están viviendo.

¿Cómo vienen llevando la falta de presupuesto para equipamiento?

La promesa de CONICET para equipamiento son 300 millones. Creo que de los anuncios que se hicieron es el único que puede llegar a significar un alivio porque permitiría la obtención de aquellos equipos que ya habían sido concursados, subsidiados y en algunos casos licitados, pero quedaron paralizados. En nuestra región tenemos un equipo muy importante, el microscopio electrónico de barrido, que está en esa instancia, por lo que esperamos y necesitamos que esa promesa se concrete.

Usted comenzó a trabajar en el CONICET en la década del ‘80, por lo que atravesó diversos períodos de crisis. Desde su experiencia, ¿cuál diría que fue la época más crítica que atravesó la institución?

Todo el recorrido fue así (dibuja con la mano curvas ascendentes y descendentes). La situación actual es gravísima. Las consecuencias que puede tener esta situación, si no se intenta cambiarla, van a ser muy difíciles de revertir. Los recursos humanos formados con esfuerzo durante años que se están perdiendo no solo destruyen la carrera del profesional, sino también al proyecto y a la institución. Pero recuerdo otras épocas muy malas. La crisis de 1989 afectó a todo el país, pero en 1987 el CONICET había estado muy mal. Había un proyecto concreto de disolución del organismo y de pasar a todos los investigadores a las universidades. Y después tuvimos la crisis de 2001. Esto se resuelve estableciendo a la ciencia como política de Estado, eso te permite prever, programar, avanzar. Pero estamos lejos de eso. Esta crisis nos encuentra, al menos, con una estructura edilicia mejor. Este edificio en el que estamos, por ejemplo, tiene apenas cuatro años.

¿En algún momento pensó en irse?

En 1987 yo ya estaba en la carrera pero era joven y me quería ir. Estaba muy preocupado por la situación. Pero no hablo de irme al extranjero: me quería ir del sistema porque tenía una familia, dos hijos y no llegaba a fin de mes. Esta es la situación de muchos hoy. La diferencia es que en las otras crisis yo era investigador y en esta caso soy directivo de un instituto y del CCT. A los colegas, la frase que les dije fue: “Estamos administrando miseria”.

De la época anterior, en la que hubo un financiamiento sostenido para ciencia, ¿qué faltaba mejorar?

Consolidarla como política de Estado. Este tipo de actividad no puede depender de la visión del Gobierno. Por eso estamos como estamos ahora.