La producción industrial cayó un 8,8% en abril en forma interanual, acumula doce meses consecutivos de baja y sufrió una contracción del 10,6% en los primeros cuatro meses del año, según informó ayer el INDEC.
Los dieciséis rubros industriales que mensualmente releva el INDEC mostraron variaciones negativas interanuales en abril. En los primeros cinco meses del año ningún sector muestra crecimiento en comparación con igual período del año anterior.
La contracción más alta correspondió a la industria de equipos de transporte y fabricación de motos y motocicletas y otros, que sufrió una baja del 48,1%.
Le siguieron la elaboración de artículos de informática, electrónicos e instrumentos de precisión con un 24,2% y la producción de maquinarias y equipos con un 23,5%.
Posteriormente se ubicaron la fabricación de muebles y colchones con un 21,3%, la de autos con una caída del 22,5%, de productos textiles con un 17,9% y las manufacturas de tabaco con una contracción del 16,8% en forma interanual.
El indicador muestra también las caídas en la comparación interanual en la producción de productos de caucho y plástico del 13,9%, la refinación de petroleo del del 8,6%, la industria de insumos para la construcción bajó un 7,2% y la elaboración de productos de metal del 7,1%.
El resto de los rubros industriales registraron bajas menores: la producción de acero y aluminio cayó un 4,7%, la de madera, papel, edición e impresión se contrajo un 3%, en abril en comparación con igual mes del año anterior.
La producción de alimentos y bebidas fue el sector que menos cayó al registrar una contracción del 1,1%.
En los primeros cinco meses del año los rubros con mayor contracción son la producción de motos y motocicletas con un 50,9%, la producción de maquinarias y equipos industriales con un 30,6%, la fabricación de autos en un 21,3%, y la industria textil con un caída acumulada interanual del 17,9%.
Nos parece de interés acercar y traducir para nuestros lectores el informe que ayer publicaron los técnicos del FMI (la «línea», no el Directorio) sobre su visita a China, en el marco del Articulo IV de sus estatutos, para el año 2019. Muestra la visión informada de la burocracia global del Fondo sobre la segunda economía del mundo. Ya eso es un cúmulo de datos a tener en cuenta.
Pero además indica que un país puede recibir la visita y los consejos del FMI sin abandonar sus políticas y el seguimiento de lo que considera sus intereses. O en una forma antigua de decirlo «la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer.
ooooo
El crecimiento económico de China se estabilizó a principios de 2019 y se espera que se modere a 6.2% y 6.0% en 2019 y 2020, respectivamente. La incertidumbre sobre las tensiones comerciales sigue siendo alta y los riesgos se inclinan a la baja.
China y sus socios internacionales deben trabajar de manera constructiva para abordar las deficiencias en el sistema de comercio y permitir un sistema que pueda adaptarse más fácilmente a los cambios económicos en el entorno internacional. China puede desempeñar un papel importante y se beneficiaría de una mayor apertura y otras reformas estructurales que mejoren la competencia.
El progreso en las reformas estructurales ha conducido a una mayor apertura de la economía y un mayor papel para las fuerzas del mercado. Para aumentar la productividad y promover el crecimiento a más largo plazo, se necesitan mayores esfuerzos para reformar las empresas estatales, abrir el sector de servicios y modernizar los marcos de políticas.
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por el Sr. Kenneth Kang, Director Adjunto del Departamento de Asia y el Pacífico, visitó Beijing y Guizhou del 23 de mayo al 5 de junio de 2019 para llevar a cabo discusiones sobre la Consulta del Artículo IV de 2019. La misión sostuvo conversaciones muy constructivas y sinceras con altos funcionarios del gobierno, el Banco Popular de China, representantes del sector privado y académicos para intercambiar opiniones sobre las perspectivas económicas, el progreso y los desafíos de las reformas y las respuestas de políticas.
El primer Director Adjunto del FMI, el Sr. David Lipton, se unió a las discusiones sobre políticas y se reunió con el Gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, el Ministro de Finanzas, Liu Kun, el Presidente de la Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China (CBIRC), Guo Shuqing, y la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) Presidente Yi Huiman, entre otros altos funcionarios.
Al final de la visita, el Sr. Lipton emitió la siguiente declaración:
“Después de la desaceleración en 2018, el crecimiento económico chino se estabilizó a principios de 2019, lo que refleja una amplia gama de apoyo a las políticas. Las tensiones comerciales renovadas, sin embargo, representan una fuente importante de incertidumbre que pesa sobre las expectativas. Nuestras discusiones en las últimas dos semanas se centraron en la agenda política de las autoridades para apoyar a la economía en medio de las crecientes tensiones comerciales, mientras que los avances continuos cambian del crecimiento de alta velocidad al de alta calidad.
“Se espera que el crecimiento se modere a 6.2% y 6.0% en 2019 y 2020, respectivamente, ya que el estímulo político planeado compensa parcialmente el impacto negativo del reciente aumento de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones chinas de US$ 200 mil millones. Se espera que el crecimiento se desacelere gradualmente al 5,5% para 2024 a medida que la economía avanza hacia un camino de crecimiento más sostenible. Se proyecta que la inflación general aumente a 2.3% en 2019, reflejando los precios más altos de los alimentos. Las perspectivas a corto plazo siguen siendo particularmente inciertas dado el potencial de una mayor escalada de las tensiones comerciales.
“El estímulo anunciado hasta ahora es suficiente para estabilizar el crecimiento en 2019/20 a pesar del reciente aumento de los aranceles en los Estados Unidos. No se necesita una flexibilización adicional, siempre que no haya más aumentos en las tarifas o una desaceleración significativa en el crecimiento. La flexibilidad del tipo de cambio debería aumentar para facilitar el ajuste al nuevo entorno externo. Sin embargo, si las tensiones comerciales aumentan aún más, poniendo en riesgo la estabilidad económica y financiera, se justificaría un alivio adicional de la política financiera. Por ejemplo, una expansión fiscal, financiada centralmente, balanceada y dirigida a hogares de bajos ingresos, podría usarse para estabilizar la economía.
“La economía global se beneficiaría de un sistema de comercio internacional más abierto, estable y transparente, basado en normas. China y sus socios comerciales deberían trabajar de manera constructiva para abordar las deficiencias en el sistema comercial y permitir un sistema que pueda adaptarse más fácilmente a los cambios económicos en el entorno internacional. China también puede desempeñar un papel importante y beneficiarse de una mayor apertura y otras reformas estructurales que mejoren la competencia. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China deben resolverse rápidamente a través de un acuerdo integral que respalde el sistema internacional y evite el comercio administrado.
“El crecimiento del crédito y la deuda corporativa se han reducido gracias a los esfuerzos concertados para fortalecer la regulación financiera, reducir el arbitraje regulatorio y mejorar el marco para la supervisión financiera. En el futuro, la prioridad debe ser implementar por completo las reformas regulatorias anunciadas y continuar con las reformas estructurales para reducir las vulnerabilidades aún elevadas. El capital bancario, especialmente para los bancos pequeños y medianos, debe fortalecerse y las regulaciones microprudenciales no deben relajarse, ni siquiera temporalmente, por razones cíclicas o para compensar las condiciones financieras internas más estrictas. Para mejorar la asignación de créditos y la eficiencia, las políticas para aumentar los préstamos al sector privado deben complementarse con un plan integral para eliminar la garantía implícita de las empresas estatales.
“China ha logrado un progreso positivo en la reducción de los desequilibrios externos durante varios años, y la posición externa en 2018 estuvo en línea con los fundamentos de mediano plazo y las políticas deseables. Mejorar la red de seguridad social con un sistema impositivo más progresivo ayudaría a evitar que vuelvan a surgir desequilibrios externos al desalentar el ahorro excesivo de los hogares y aumentar el consumo. Una mayor flexibilidad cambiaria y un mejor funcionamiento de los mercados cambiarios ayudarían al sistema financiero a prepararse para flujos de capital más volátiles.
“El progreso en las reformas estructurales ha llevado a una mayor apertura de la economía y un mayor papel para las fuerzas del mercado. Tales reformas estructurales deberían continuar impulsando la productividad y el crecimiento a más largo plazo. La liberalización de los mercados laborales y de productos y una mayor apertura del sector de servicios aumentaría la competencia y la flexibilidad y permitiría a China beneficiarse aún más de la globalización. La reforma de las empresas estatales debe continuar y ayudar a lograr la neutralidad competitiva endureciendo las restricciones presupuestarias de las empresas estatales y eliminando sus garantías implícitas. La gestión de la economía cada vez más sistémica y compleja de China requiere la modernización de los marcos de políticas hacia marcos más transparentes y basados en el mercado.
«Nos gustaría agradecer a las autoridades en Beijing y Guizhou por las excelentes discusiones, la meticulosa organización y la cálida hospitalidad que nos brindaron durante la visita».
Se puede acceder al original de este informe cliqueando aquí.
La bióloga argentina Sandra Myrna Díaz, junto con su par estadounidense Joanne Chory, fue galardonada hoy con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019 por sus trabajos que ayudan a prevenir el calentamiento global. Pioneras en el conocimiento de la biología de las plantas que pueden moderar el cambio climático, y en la defensa de la diversidad biológica, ambas desarrollaron, por separado, un trabajo que las ubicó en la vanguardia de las nuevas líneas de investigación-
Sandra Myrna Díaz nació en Bell Ville, Argentina, el 27 de octubre de 1961 y se graduó en Biología en 1984 en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se doctoró en 1989. Entre 1985 y 1991 fue becaria en el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de dicha universidad y realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Sheffield.
En 1993 regresó como profesora a la Universidad de Córdoba, donde actualmente es investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, entre otros cargos.
Es miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia de Ciencias de Francia y de The Royal Society (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011). Entre los premios que recibió se destacan los Konex de Platino en Biología y Ecología, el Zayed al Liderazgo en Medio Ambiente, el Bernardo Houssay y el Ramón Margaleff de Ecología.
Durante su carrera, participó en actividades e informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y de la Convención Internacional de Diversidad Biológica. Referencia científica en el área de la ecología y especializada en botánica, formó parte del desarrollo de una herramienta metodológica para cuantificar efectos y beneficios de la biodiversidad de las plantas y la ecología vegetal de los ecosistemas y su aprovechamiento humano en forma de combustible, materiales, medicinas, tintes, alimentación, protección hídrica y otros aportes.
También investigó el papel de la biodiversidad para contrarrestar el cambio global, por ejemplo, mediante el secuestro de carbono atmosférico. Es justamente este tema es que la emparenta con Chory, quien, según recordó el jurado estudia «el desarrollo de plantas capaces de absorber hasta 20 veces más dióxido de carbono del aire que las normales».
El programa consiste en editar genéticamente esas plantas, de manera que puedan absorber más dióxido de carbono, por lo que según valoró el jurado, «se trata de un proyecto de investigación que lucha contra el calentamiento global y, por tanto, el cambio climático».
Miguel Delibes de Castro, presidente de @SECEM_ y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019, nos cuenta quiénes son Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz (@sdiazecology) y por qué son importantes sus trabajos. pic.twitter.com/W6iwoXJG55
En Santa Cruz, un equipo de investigadores del INTA puso en funcionamiento esta herramienta portátil que permite calcular cuánto suelo superficial remueve y transporta el viento. La información servirá para orientar el manejo ganadero y prevenir la erosión en los pastizales.
Cerca del 50 % del territorio argentino es árido y semiárido y está afectado por distintos procesos de erosión. Particularmente en las provincias de Chubut y Santa Cruz, el suelo superficial es removido y transportado por el viento a distancias variables, según las características del suelo y de la intensidad y duración del viento. Para evaluar y cuantificar el impacto real del proceso de erosión eólica en la Patagonia Austral, investigadores del INTA construyeron un túnel de viento portátil.
La pérdida de suelo –por acción del viento– ocurre por falta de cobertura vegetal y genera pérdida de productividad en los pastizales naturales. A lo largo de los años, la mayoría de las investigaciones en erosión eólica se concentraron en zonas de producción agrícola. Por esto, Cinthia Schenkel y su equipo se enfocan en conocer el proceso de erosión que se da en el sur de Santa Cruz para mejorar el manejo de los ambientes naturales y diseñar estrategias de recuperación adecuadas.
Schenkel es especialista en manejo de suelos del INTA Santa Cruz y realiza su tesis de doctorado en base a investigaciones sobre cuantificación y evaluación de la vegetación en los procesos eólicos e hídricos que producen perdida de suelo en la Estepa Magallánica seca.
Como responsable de la puesta en funcionamiento del túnel de viento portátil, Schenkel señaló que “este dispositivo puede ser trasladado para realizar simulaciones de viento a campo en condiciones naturales y, a su vez, controlar la intensidad y duración del viento para conocer el proceso erosivo eólico en pastizales naturales”.
Un motor conectado a una hélice genera una corriente de viento, con una velocidad y duración que puede ser controlada por los investigadores según los parámetros evaluados. “El túnel está compuesto por tres paredes de chapa sin piso, lo que pone en contacto el viento generado con el suelo”, expresó Schenkel y agregó: “Al final de la estructura hay una serie de colectores de sedimentos, sensores de velocidad de viento y sensores de impacto que permiten evaluar intensidad y trasporte de partículas que se pierden por efecto del viento”.
Debido a que el túnel de viento es portátil, puede ser trasladado para realizar simulaciones a campo en condiciones naturales y sirve para evaluar la erosión en distintas áreas ecológicas. “Actualmente el túnel se está calibrando para lograr un ´perfil de viento´ que nos permita simular las características de la región”, indicó Schenkel quien explicó que “el túnel nos permite controlar y regular no sólo la intensidad del viento y sino también los tiempos de exposición, algo que resulta imposible cuando estudiamos el fenómeno con el viento patagónico, de alta intensidad, pero inconstante y turbulento”.
De acuerdo con Gabriel Oliva, especialista del área de Recursos Naturales del INTA Santa Cruz, esta característica de movilidad es muy valiosa para conocer qué ocurre especialmente en las áreas extensas, con suelo fino, suelto y seco y con poca vegetación. “Hasta ahora, solo se cuantificaron las áreas afectadas por erosión en base a imágenes satelitales; gracias al túnel de viento se podrá conocer cuánto suelo se pierde en estas áreas sin vegetación, pero además y como contrapartida, cuantos sedimentos atrapan las estepas patagónicas cuando se manejan adecuadamente desde el punto de vista ganadero”, expresó.
En este sentido, Oliva destacó que “la información generada por esta herramienta de medición permitirá proponer acciones de manejo para preservar los suelos que pierden o ganan sedimentos, nutrientes y materia orgánica con la erosión. Esto afecta la capacidad de producción forrajera y también determina, por ejemplo, la liberación o el almacenamiento de dióxido de carbono, que resulta un servicio ecosistémico importante y determina la huella de carbono de los productos de la ganadería que resultan importantes para la sociedad actual”.
La construcción y puesta en funcionamiento del túnel fueron financiadas por la Fundación ArgenINTA, en el marco de las acciones que desarrolla el observatorio de sequía, clima y erosión de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz del INTA. “Nuestro dispositivo es el segundo construido en el país con estas características”, indicó Oliva quien señaló que es similar al que está funcionando en el INTA Anguil –La Pampa–, un aspecto central para la evaluación y comparación de resultados y experiencias.
En un mundo preocupado por el cambio climático, la necesidad de limitar, y, en el largo plazo, prescindir de los combustibles fósiles se abre camino lentamente. A pesar de poderosos intereses y de la «inercia» ineludible de la gigantesca infraestructura que se construyó a lo largo de décadas y siglos.
La energía nuclear proporciona energía en forma constante, sin «huella de carbono», y suple la irregularidad del sol y del viento y los límites geográficos de las represas. Lo está haciendo también en Argentina. Porque a pesar de todos los vaivenes, desde hace casi 70 años el Programa Nuclear Argentino mantiene un nivel de excelencia. Pero… además de los intereses, existen los prejuicios. En una parte de nuestros compatriotas, todavía existe un temor vago asociado a «lo atómico». Teniendo en cuenta que algunas ONG encuentran más fácil recaudar donaciones apelando a ese fantasma que a amenazas más reales de la contaminación.
Una serie reciente, muy popular, y además bien filmada, ha traído a la atención del público ese tema. Y dio ocasión para esta nota, que lo encara en un lenguaje más accesible ¿Quién, salvo los que trabajan ahí, lee los informes técnicos de páginas y páginas? El autor de esta nota, Alejandro Ciro Álvarez, es profesor de Historia Económica (UBA y UNlaM). Fue asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.
ooooo
Una nueva serie adictiva de HBO, esta vez sobre el accidente en la planta nuclear de Chernobyl –ocurrido en el año 1986 en esa localidad del norte de Ucrania que todavía era parte de la URSS- cautiva con una trama atrapante que nos traslada al mundo sepia de la burocracia soviética. La excelente calidad de la serie, en todo sentido, muestra los estragos materiales y personales que causó el incendio del reactor número 4 de la central nuclear. Imposible no preguntarse si un accidente de esa magnitud puede ocurrir en Argentina, más aún teniendo en cuenta que en la localidad de Lima, a 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran dos centrales nucleares muy potentes, Atucha 1 (potencia bruta de 362 MW) y Atucha 2 (potencia bruta de 745 MW). La tercera se encuentra en Córdoba, en el Embalse del Río Tercero (potencia bruta de 648 MW).
El accidente de Chernobyl, en la planta nuclear Vladimir Illich Lenin, ocurrió el 25 y 26 de abril de 1986. Antes de una parada de rutina del reactor número 4, el personal a cargo comenzó a prepararse para una prueba, consistente en determinar durante cuánto tiempo las turbinas giraban y suministraban energía a las bombas de circulación principales después de una pérdida del suministro eléctrico principal. Esa prueba se había llevado a cabo en Chernobyl el año anterior. Pero en esta oportunidad, debido a un retraso, la realizó el turno de operadores que no había preparado la prueba; fatalmente, pues no conocían los detalles.
En el transcurso de las acciones insensatas que condujeron a la explosión, siempre según consta en el Informe del «Grupo Asesor Internacional de Seguridad Nuclear» del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el accidente, los directivos al mando de la prueba cometieron más de doscientas violaciones a los manuales y reglamentos de operación de la central e impidieron, al menos en dos ocasiones, que la computadora de control cerrara automáticamente la instalación como estaba programado para estos casos.
Cuando quisieron hacer el apagado de emergencia -el botón AZ-5, como se ve en la serie-, ya era demasiado tarde; el reactor estaba en una condición extremadamente inestable. Una característica del diseño de las barras de control causó un aumento dramático de potencia cuando se insertaron sólo parcialmente en el reactor. La interacción del combustible muy caliente con el agua de refrigeración produjo la fragmentación del combustible junto con la rápida producción de vapor y un aumento de la presión. El exceso de presión provocó que la placa de cubierta de 1000 toneladas del reactor se desprendiera parcialmente, rompiendo los canales de combustible y atascando todas las barras de control, lo que generó una explosión de vapor y liberó productos de fisión a la atmósfera.
Aproximadamente dos o tres segundos después, otra explosión arrojó fragmentos de los canales de combustible y del grafito caliente. Nuevamente, como se ve en la serie. Dos trabajadores murieron a consecuencia de estas explosiones. Esa fue la principal liberación de radiactividad. Desde el segundo hasta el décimo día después del accidente, unas 5000 toneladas de boro, dolomita, arena, arcilla y plomo fueron lanzadas al núcleo en llamas por los helicópteros, en un esfuerzo por extinguir el incendio y limitar la liberación de partículas radiactivas. Otros 29 empleados fallecieron en los tres meses siguientes. Según el informe de la OIEA sobre las consecuencias del accidente, redactado por el Dr. Abel J. González, Director de la División de Seguridad Radiológica y de Desechos del Departamento de Seguridad Nuclear de este organismo, unas 1000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día, otras 200.000 personas recibieron alrededor de 100 mSv (la cantidad de radiación se mide en milisievert -mSv-, por ejemplo una radiografía de tórax: 0,1 mSv), 20.000 cerca de 250 mSv y algunos 500 mSv. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. Eran los famosos «liquidadores».
¿Puede ocurrir algo semejante en nuestras centrales? Consultando el material oficial de la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y conversando con especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se pueden hacer algunas puntualizaciones interesantes. En primer lugar sobre el tipo de reactor. El de Chernobyl era un reactor RBMK moderado por grafito y refrigerado por agua en ebullición, peligroso y con pocos márgenes de seguridad, un diseño militar adaptado a uso civil. El RBMK fue la culminación del programa soviético para fabricar reactores refrigerados por agua, basados en sus reactores de producción de plutonio. Si se utiliza agua ligera como refrigerante y grafito como moderador, es posible usar uranio natural como combustible. De esta forma, un reactor de gran potencia puede construirse sin que requiera separación de isótopos, tales como uranio enriquecido o agua pesada. Esta configuración también lo hace inestable.
Atucha 1 es del tipo PHWR (reactor presurizado de agua pesada) refrigerado y moderado con agua pesada (D20), y al igual que Atucha II funcionan con uranio natural y agua pesada. Ambas tienen sistemas de seguridad actualizados, con defensa en profundidad con barreras sucesivas, esfera de contención de hormigón reforzado, separación física entre sistemas de seguridad y vigilancia en servicio, además de tener todos los sistemas certificados por el organismo internacional de energía nuclear (OIEA).
La URSS, en cambio, operaba sus centrales como instalaciones secretas de nivel militar, por ello, hasta el momento del accidente los organismos internacionales no tenían acceso a sus instalaciones. El diseño utilizado en Chernobyl era intrínsecamente inseguro, como lo describe el informe del «Grupo de Trabajo de Expertos de la URSS, Causas y Circunstancias del Accidente en la Unidad 4 Chernobyl y Medidas para Mejorar la Seguridad de Reactores RBMK-Moscú (1991)», un aumento de la temperatura provoca un aumento de potencia.
La mayor dificultad en máquinas térmicas suele ser refrigerar. Los nuestros, al revés que los soviéticos, son intrínsecamente más seguros, de tipo PHWR, reactor de agua pesada presurizada (Pressurized heavy water reactor) y una de sus características es evitar este riesgo al no usar el grafito como moderador.
Por el contrario los RBMK tiene un «coeficiente de potencia positivo», lo que significa que un incremento de la potencia en el reactor tiende a un mayor incremento de la tasa de reacción. Los coeficientes de vacío positivos y de potencia elevados pueden producir condiciones incontrolables y no han estado permitidos en otros diseños de reactores. Fuentes del área nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) afirman que en el caso de las centrales nucleares argentinas, todos los sistemas de seguridad están actualizados y cumplen con las exigencias locales e internacionales proporcionando a la planta elevados niveles de confiabilidad y disponibilidad. Atucha II es una central nuclear de probado diseño al que se le incorporó la experiencia operativa obtenida de Atucha I. Cuenta con sistemas de seguridad actualizados al concepto de defensa en profundidad con barreras sucesivas, doble contención de acero y hormigón, separación física entre sistemas de seguridad y programa de vigilancia en servicio.
La diferencia más grande con el caso de Chernobyl, además de la cultura de seguridad y el apego a los protocolos de los profesionales que manejan las centrales nucleares argentinas es la doble contención estructural; un elemento con el que los rusos no contaban en aquella época, porque se construyó una central barata; el resultado es que los elementos radioactivos carecían de todas estas barreras de protección. En cambio, explican los especialistas locales, la efectividad de los elementos de contención física quedó probada en los Estados Unidos cuando en la central Three Mile Island hubo un incidente, pero no se produjo liberación de radiación al medio ambiente ni hubo personas afectadas. Todas nuestras centrales tienen una defensa estructural de hormigón reforzado (el típico domo), que mantiene encapsulado al reactor y lo protege incluso de ataques militares desde el exterior.
Además están preparadas para un evento del tipo Fukushima, donde el tsunami provocado por el terremoto inundó las instalaciones e inhabilitó los motores Diesel de respaldo para hacer funcionar las bombas de refrigeración. Atucha 1 y 2 tienen sus Diésel de respaldo elevados por encima de la cota de máxima inundación del Paraná. Por último, aunque no menos importante, la realización de pruebas de las características que provocaron el accidente de Chernobyl están bajo estrictas medidas de seguridad, en manos de personal experto y con monitoreo del organismo internacional. Una parada técnica, o una prueba de presión, se programan con mucha anticipación bajo protocolos internacionales. Los informes posteriores al accidente hacen hincapié en la «baja cultura de la seguridad» en la URSS y, podemos agregar, las condiciones políticas de ocultamiento y silenciamiento de las críticas, típicas del régimen soviético.
Ni el tipo de diseño del reactor, ni la cultura organizacional, ni el monitoreo internacional facilitan un evento similar en nuestro país; y a lo anterior hay que sumar las medidas de seguridad y las estructuras de contención, resultando en una probabilidad extremadamente baja de eventos catastróficos, aunque, ni en ésta, ni en ninguna otra actividad industrial humana, existe el riesgo cero. Recordemos que hoy en día alrededor del 40 por ciento, o más, de la energía generada en la Federación Rusa la aportan 11 reactores RBMK basados en el mismo diseño de Chernobyl, aunque se les han realizado importantes modificaciones para prevenir un accidente similar».
ooooo
No resistimos el impulso de agregar un dato económico aportado también por el Dr. Abel González, referente internacional en seguridad nuclear. En 1986, el kilovatio instalado en Chernobyl costaba 200 dólares (de aquella época). El kilovatio Instalado en Atucha I, en cambio, estaba en 1800 dólares (también a valores de ese año). Aquí pagamos nueve veces más que los soviéticos, en costos de construcción de planta medidos contra potencia instalada. La mitad de aquellos 1800 dólares por kw instalado de Atucha I está en mecanismos de seguridad, activos y pasivos, incorporados ya en 1967 desde planos. A fecha de hoy, debido a las sucesivas actualizaciones de seguridad añadidas al diseño original, la proporción de un 50% del costo del kilovatio instalado invertido en sistemas de seguridad de ésa, nuestra primera central nucleoeléctrica, sería aún mayor. Una planta nuclear segura cuesta cara. Una inherentemente insegura, como el RBMK de Chernobyl, que en Argentina no podría haber sido licenciada, puede tener costos sanitarios, ecológicos, económicos y políticos que no se terminan de pagar jamás.
Hace un mes, publicamos una nota que mostraba la fauna salvaje que abundaba en la región, deshabitada por más de 30 años, en los alrededores de Chernobyl. El título: El ser humano es más peligroso que la radiación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazóun planteo presentado por las empresas Barrick y Exploraciones Mineras y confirmó los términos de la ley de protección de Glaciares, que la compañía había cuestionado al considerarla. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron un fallo unificado en el que argumentaron que la empresa no pudo demostrar que la ley que cuestionaban les provocara un daño concreto a sus derechos de explotación de recursos naturales.
Asimismo, agregaron que la provincia de San Juan, que había adherido al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio.
«Ante la falta
de un agravio discernible respecto de una cuestión judiciable, cabe
desestimar el planteo de inconstitucionalidad del trámite por el que
se aprobó la ley 26.639», indicaron los jueces en su fallo.
Las empresas mineras
habían cuestionado el trámite parlamentario que permitió la
sanción de la ley con el argumento de que la cámara de Senadores
que actuó como revisora del proyecto aprobado en Diputados introdujo
modificaciones en la norma.
«La Corte no declaró constitucional la ley, sino que rechazó el planteo porque entendió que no había un caso. Sin embargo, en el voto de la mayoría se hace una valoración del derecho ambiental y al agua y se habla de justicia climática. Eso parece indicar cómo fallarían en caso de que se haga un planteo concreto«, dijo Luis Lucero, socio del estudio Marval, O’Farrell & Mairal especializado en minería.
Fuentes del sector minero indicaron que este fallo generará un perjuicio para la actividad, porque la ley establece un glaciar es «toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente». «Con esa definición prácticamente cualquier proyecto minero se verá afectado«.
En opinión de Lucero es muy difícil estimar cuántos proyectos podrían frenarse con este fallo. La definición de ambiente periglaciar que finalmente se adopte puede hacer que sean cinco o 50, agregó.
Aunque el planteo judicial lo inició Barrick, fuentes de la compañía indicaron que este fallo no afecta al proyecto Veladero, que la empresa tiene en la provincia de San Juan. «No está dentro del inventario de glaciares, así que la mina va a seguir con su actividad normal».
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) informa que el año pasado, la minería generó exportaciones por u$s 3855 millones. Pero asegura que las ventas al exterior del sector podrían llegar a u$s 10.000 millones anuales si se llegaran a destrabar 11 proyectos que cuentan con reservas probadas.
En AgendAR vemos en este tema, además de la pugna de intereses, un conflicto de valores. Los habitantes de las regiones afectadas por la explotación, sienten que las empresas ocupan muy poco empleo local, y al cabo de algunos años se van, dejando sólo agujeros en la tierra y contaminación.
La población de las provincias mineras, en buena parte urbana, como en el resto de la Argentina, tiene otra mirada. San Juan, por ejemplo, era hasta hace no muchos años, una provincia pobre, que subsistía de un mezquino empleo público. Las regalías mineras le permitieron mejorar su infraestructura, y hasta montar una oferta turística apreciable.
El conjunto de la Nación, está obligado a plantearse una evaluación para el largo plazo. La naturaleza no es sólo una propiedad de nuestra generación, sino también de nuestros hijos y nietos, de los argentinos que vendrán.
Comercio Los mercantiles han cerrado su acuerdo paritario, con un aumento del 30%, lo que lleva el piso salarial a $35 mil. También se incorporan sumas no remunerativas en mayo, junio, julio y agosto de este año, y otra en marzo de 2020.
Construcción En la Construcción, un albañil que hace una jornada normal de trabajo se lleva mensualmente en mano unos 20 mil pesos en promedio (entre 17 y 24 mil pesos). En mayo el valor de la hora es de $109 para la categoría ayudante, y casi $119 para el medio oficial. Un sereno recibe $19.750. En la Construcción hay adicionales por zona desfavorable que suman un 10% en el norte de la Patagonia; se incrementa hasta 90% en Santa Cruz y el 100% en zona austral, que es Tierra del Fuego.
Bancarios Otro panorama muy diferente es el de los bancarios, un gremio con fuerte capacidad de presión frente al sector financiero, que pese a la crisis ha mantenido grandes márgenes de ganancia.
La Bancaria ha negociado un aumento salarial a cuenta del 19,5%, “de esta manera el conformado inicial asciende a partir del 1° de abril a $ 44.941,01 más participación en las ganancias (según ROE) 2.029,78; en total $ 46.970,79 mensuales”, informó el gremio a comienzos de este mes de mayo. Además, acordaron un bono en dos cuotas de 12.500 pesos.
Docentes Los docentes fueron gremios en conflicto al inicio de clases, pero finalmente terminaron acordando en Provincia, y también en Capital.
En Provincia, un maestro de grado que recién se inicia sin antigüedad pasó a cobrar 19.200 pesos, y con 12 años de antigüedad, 21.800. En Capital, un maestro de grado con jornada simple y cuatro años de antigüedad a marzo de 2019 gana 20.090 pesos, y con jornada completa 38.000, de acuerdo con la grilla del gremio UTE.
Pero existe una «garantía salarial» que ofreció el gobierno porteño, por la cual ningún sueldo inicial está por debajo de 22 mil pesos en jornada simple, y 44 mil en jornada completa (por grilla son 15 mil y 28 mil pesos). Sin embargo, si bien beneficia a los que recién se inician los docentes con alguna antigüedad reclaman que ganan lo mismo, que se achatan los ingresos y no tienen jerarquía salarial. Un maestro en Capital con diez años de antigüedad gana lo mismo uno que recién se inicia.
Colectiveros Los choferes de colectivos nucleados en la UTA, como pasó este miércoles, son clave para garantizar la efectividad de cualquier paro general. Se considera que están mejor remunerados que otros gremios. ¿Cuánto ganan? Para abril y mayo de este año el ingreso inicial es de unos 28 mil pesos, que incluyen el básico de 24.400 y otros 3.660 de asistencia, un incremento de 25,5% respecto a junio de 2018.
Metalúrgicos Los metalúrgicos, uno de los principales gremios industriales, tienen un salario inicial de 20 mil a 25 mil pesos. Por ejemplo un oficial especializado (en la mitad de la jerarquía salarial) gana 130,44 la hora (desde el 1 de octubre, serán $144).
El convenio de la UOM tiene muchas categorías, pero cuando se observa lo que sucede con el personal mensualizado se tiene una idea más acabada de las remuneraciones en el sector: el personal administrativo va de los 20 mil a los 28,200 pesos entre la 1ra y 4ta categoría; mientras que el personal técnico mensualizado, de los 20 mil en la 1ra categoría (aumentará a 22.400 desde el 1 de octubre), a los 30.900 pesos en la 6ta categoría (34.300 desde el 1 de octubre).
En todos los casos, la inflación corrió y corre más rápido que los aumentos y se ha visto depreciado el poder adquisitivo de los salarios. En 2018 el promedio de los salarios «en blanco» tuvo la mayor caída desde la gran crisis de 2002, con una pérdida de casi 13 puntos.
Sobre la irrupción de monopatines eléctricos en las calles de Buenos Aires, hay diferentes opiniones en la redacción de AgendAR: una es que se trata de un medio de transporte práctico, económico y no contaminante. Otra lo ve como muy inseguro, y que resultará en choques y fracturas a granel. Y una tercera, lo clasifica como una moda porteña, que pasará pronto. Lo que nadie esperaba es que el fondo de inversiones de la petrolera estatal, YPF, debutara con este emprendimiento. Tomamos de la gacetilla enviada a los medios:
Desde una oficina compartida en Silicon Valley, en San Francisco, EE.UU, YPF decidió una pequeña inversión para dar un paso hacia una nueva dirección en sus negocios. Después de una reunión con Travis Vander Zanden, fundador y CEO de Bird, la firma que con los monopatines eléctricos está revolucionando la movilidad mundial, la petrolera decidió asociarse a este emprendimiento, en una pequeña proporción.
De acuerdo con Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, tendrán exclusividad en esta parte del planeta para las soluciones de movilidad humana. “La inversión como socio estratégico de Bird está centrada en acelerar la expansión de la plataforma en América Latina”, explicó.
Vander Zanden es uno
de los ejecutivos-genios según la revista Time. Lo califican de esa
manera, porque nacida en 2017, Bird hace honor a su nombre y vuela
con operaciones en casi todos los continentes. Por cierto, esta
inversión es la punta de lanza de YPF Ventures un fondo cerrado de
la petrolera y que se dedicará a invertir en innovación.
YPF es la primera de la región que armó un fondo innovador. El CEO Daniel González se esmeró este lunes en aclarar que los recursos son de la petrolera y que no llegan al 1% de las inversiones anuales de YPF que escalan a los US$ 4.000 millones. De esa cifra, unos US$ 2.000 millones se destinan a Vaca Muerta. Precisamente, el desarrollo del petróleo y gas no convencional son un motor de la innovación.
En Silicon Valley,
Tomás Ocampo un sub 40 experto en emprendedores, junto al ex Conicet
y doctor en Química, Ignacio Iglesias, y un analista financiero se
dedican a “pescar” start up innovadoras. “La idea es traer al
país tecnologías ya probadas y acelerar el posicionamiento de YPF
en la innovación”, argumentaron.
Resaltan que también
invierten en la Argentina. Un ejemplo es Bioceres, que tiene entre
sus patentes al trigo resistente a la sequía. Otra apuesta es
Sustentator, una empresa argentina fundada en 2009 ppr el emprendedor
tecnológico Daniel Nofal y que se dedica a la ingeniería y la
instalación de las energías renovables.
“No tenemos miedo
a lo que viene, lo abrazamos pero para saber lo que viene hay que
estar ahí”, deslizó Gutiérrez al indicar que están analizando
desarrollos de inteligencia artificial para mejorar las capacidades
de YPF. “Un fondo de Venture Capital permite, tal como sucede en la
exploración petrolera, hacer testeos de riesgo elevado, pero con
bajo capital”, amplió González.
Los periodistas Jesse Drucker y Manuela Andreoni firman en el New York Times esta nota. Para sus lectores, es parte del fastidio que tiene ese prestigioso medio con el Donald. Para nosotros los argentinos tiene otro interés. No porque un ministro de este gobierno esté en el asunto. Como seguramente diría la actual Oficina de Anticorrupción «Técnicamente no es delito». El punto, para nosotros, es como la política y los negocios están indisolublemente mezclados en la sociedad moderna. Y las reglas y los controles deben adaptarse a eso.
PUNTA DEL ESTE, Uruguay — Eric Trump, uno de los hijos del presidente estadounidense Donald Trump, viajó en enero a Punta del Este, un sitio playero en una parte de la costa de Uruguay que sobresale hacia el Atlántico sur.
Eric Trump iba de camino a uno de los más ambiciosos proyectos de desarrollo que la empresa de la familia tiene en curso: una torre frente al mar de 156 condominios y 25 pisos, con una cancha techada de tenis, múltiples piscinas y un helipuerto en la azotea. “Es increíble”, dijo Eric Trump a los reporteros en el viaje. “Tenemos el mejor edificio que haya en todo Punta del Este y en toda América del Sur”.
Pero el rascacielos cilíndrico se está convirtiendo en el más reciente desastre de la extensa cartera de propiedades de la Organización Trump, una cuestión que involucra a una firma inmobiliaria argentina poco conocida cuya sede está en una ciudad fiestera y llamativa que ha sido destino para lavadores de dinero y evasores de impuestos.
Si todo sale a la perfección, la Trump Tower Punta del Este se terminará a finales de 2020, aproximadamente unos cuatro años después de lo programado. Sin embargo, la gente involucrada en el proyecto dijo no estar segura de que se termine ni de cuándo sucederá.
La construcción avanza a duras penas, en parte debido a que actualmente menos de un cuarto de los obreros necesarios están trabajando. La agencia inmobiliaria con sede en Miami que está a cargo de la venta de los condominios demandó al desarrollador local de Trump. Algunos compradores ahora están buscando vender sus unidades, lo cual posiblemente haría que los precios bajen justo cuando el proyecto necesita captar efectivo mediante la venta de nuevas unidades. La torre está deshabitada actualmente.
“Claro que no”, dijo Richard Sampallo, director del sindicato que representa al equipo de construcción, cuando se le preguntó si terminaría para la fecha contemplada de finales de 2020. Al ritmo actual, calcula que se necesitarían otros cuatro años, cuando se cumpliría casi una década desde que arrancó el proyecto.
Como sucede con otros desarrollos internacionales, la Organización Trump no es la que construye la torre de Punta del Este. Más bien otorgó la licencia de uso del nombre “Trump” a cambio de quedarse con una comisión de la venta de unidades. Los problemas de la torre en Uruguay son un microcosmos de los retos que enfrenta la empresa del presidente estadounidense a medida que se juega su futuro en proyectos fuera de Estados Unidos. En febrero, la Organización Trump anunció que suspendería todos los proyectos de hoteles nuevos en su país. En consecuencia, la empresa depende más que nunca de proyectos internacionales a largo plazo, como los de Uruguay, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos.
Para una empresa cuyo propietario mayoritario es el presidente de Estados Unidos, esta estrategia centrada en lo internacional presenta riesgos.
Por ejemplo, según cuatro personas con conocimiento del tema, una figura clave en la concepción del contrato de Punta del Este —quien también trató de vender condominios en el inmueble– es el ahora ministro de Hacienda de Argentina. Ese ministro, Nicolás Dujovne, negoció el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (cuyo financiador más importante es el gobierno de Estados Unidos) un rescate para Argentina.
Además, algunas de las personas que han aceptado comprar condominios han enfrentado problemas jurídicos en sus países de origen, incluyendo acusaciones de evasión fiscal. Según registros inmobiliarios revisados por The New York Times, entre los compradores se encontraban al menos veintiún empresas anónimas registradas en jurisdicciones offshore, o con ventajas fiscales, como Panamá y Belice.
Una parte de las ganancias de cada venta van a la empresa de Trump, que por lo general cobra aproximadamente el cinco por ciento del precio de compra.
Otros desarrolladores internacionales de Trump también se han quedado sin combustible. Un proyecto de hotel y condominio planeado en Baja California, México, nunca pasó de los cimientos antes de ser abandonado en medio de una serie de demandas.
Otra torre en Bakú, Azerbaiyán, sigue sin abrir después de retrasos en la construcción y sobrecostos (los Trump se desvincularon del proyecto después de la elección presidencial de 2016, entre cuestionamientos sobre los vínculos políticos de su socio azerbaiyano). Al menos otros siete proyectos anunciados en otros seis países nunca despegaron.
Los representantes de la Organización Trump y su socio local, YY Development Group de Buenos Aires, se negaron a hacer comentarios.
La tasa de suicidio adolescente en Argentina se ha triplicado en 30 años. «No quería morir, quería que me dejaran en paz», pudo decir Pali al recuperarse. Tenía 13 años, pocos amigos, unos padres que la controlaban «excesivamente en todo» y «sensaciones de tristeza» que no sabía cómo expresar cuando intentó quitarse la vida. La llevaron a un centro de salud y de allí la derivaron a un tratamiento psicológico que la está ayudando a sobreponerse.
Fer, en cambio, no encontró ayuda. Este adolescente argentino de 16 años no pudo hacer frente a la ruptura con su novia, quien era su principal referente afectivo después de haber atravesado una infancia marcada por la violencia de su padre. Esos casos forman parte del informe «El suicidio en la adolescencia. Situación en Argentina», presentado el jueves por Unicef, en el que advierte de que la tasa se ha triplicado desde los años noventa y reclama políticas públicas de prevención.
«Desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad la mortalidad por suicidio en adolescentes se triplicó considerando el conjunto del país«, revela el estudio. Entre 2015 y 2017, último año con cifras oficiales, 12,7 de cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años se auto provocó la muerte en Argentina.
Se trata de la
segunda causa de defunción en este grupo de edad, después de los
accidentes de tránsito: en 2017, fallecieron 450. Sin embargo, el
fenómeno está casi ausente en los medios de comunicación.
Entre 2016 y 2018,
las principales cadenas televisivas argentinas solo informaron de dos
suicidios adolescentes, según datos de la Defensoría del Público
citados por Romina Paolino, de la Dirección de análisis,
investigación y monitoreo del organismo. Al mismo tiempo, faltan
recursos para la asistencia de jóvenes vulnerables, capacitación de
profesionales y redes institucionales que puedan dar respuestas
integradas a situaciones críticas atravesadas por los menores,
asegura Unicef.
«Hace tiempo que los números avisan este aumento. Sin embargo, no tienen lugar suficiente en la agenda ni la respuesta que tiene que tener», afirmó Fernando Zingman, especialista en salud de Unicef, en la presentación del documento el pasado jueves. «Hablás con una directora de escuela y te cuenta que tuvieron casos de tentativas de suicidio y no supieron qué hacer. En las guardias de los hospitales muchas veces el diagnóstico es sutura para un corte o lavado gástrico, sin indagar mucho más», detalló.
Se trata de un
estudio inicial, con resultados no extrapolables pero que sí aportan
algunas pistas. Un bajo nivel educativo, el único indicador de nivel
socioeconómico disponible en los datos oficiales, triplica el riesgo
entre los varones y casi lo duplica entre las mujeres.
Para Zingman, es un motivo más para incentivar «la retención de chicos y chicas en un sistema educativo que sea provechoso y creativo». También hay diferencias por género: los varones tienen tres veces más posibilidades de morir por suicidio que las mujeres. Como hipótesis para este desequilibrio, especialistas en la temática señalan que los hombres suelen tener más dificultades en admitir que tienen un problema y pedir ayuda.
Entre los factores
desencadenantes, Unicef destaca la pérdida de una persona de
referencia para el adolescente, ya sea la muerte de un familiar o una
ruptura amorosa, por ejemplo; el desfase entre expectativas y logros
de tipo educativo, laboral o familiar; y el blanqueamiento y sanción
social de situaciones de violencia. Sin embargo, a menudo para
entender las causas hace falta ir más atrás y analizar factores a
largo y medio plazo que marcaron al adolescente, como abusos
sexuales, falta de contención familiar, patologías mentales mal
atendidas, consumo problemático de drogas y acoso escolar, entre
otras variables. La presencia de adultos o instituciones que
desempeñen un papel protector es clave para que el suicidio no
llegue a concretarse.
Según Zingman,
entre un 10% y 30% de los casos de suicidios consumados de todas las
edades tenían una patología mental grave mal tratada o mal
acompañada. «Si solo tuviéramos una red de contención
adecuada para la patología mental grave este número de suicidios
disminuiría», subraya el médico.
